A pesar de ser un subcontinente signado por la desigualdad en múltiples planos, América Latina fue pionera en cuanto a las medidas de acción afirmativa para aumentar la representación descriptiva de las mujeres, desde el establecimiento de la Ley de Cupo Femenino (1991) en Argentina hasta las actuales reglas de la paridad promovidas en el Consenso de Quito (2007). Ahora bien, ¿qué paisaje nos arrojan hoy estas tres décadas de reformas electorales en la región? Tal y como lo describen Caminotti y Freidenberg, un escenario de mejora en relación a épocas previas pero aún atravesado por la desigualdad real -en contraposición a la igualdad legal- y una gran heterogeneidad intrarregional. De allí que la obra vaya más allá del estudio de las reformas electorales y pretenda, desde una perspectiva comparada, ahondar en otros dos aspectos en base a los cuales se encuentra organizada.

En la primera parte aborda instituciones formales e informales tales como el proceso de selección de candidaturas, la estructura interna de los partidos políticos, el financiamiento público recibido por éstos para promover el liderazgo femenino (y su forma de utilización) y los estereotipos de género reforzados y promovidos por los medios de comunicación. En esta sección se busca comprender qué prácticas de los partidos políticos, en tanto actores estructurantes de la democracia representativa, convalidan un lugar aún marginal de las mujeres en la política. En la segunda parte se desarrollan estudios de caso sobre México, Argentina, Colombia, Perú y Paraguay buscando dar cuenta de las especificidades de la arena subnacional para la competencia y la representación política de las mujeres.

Los partidos políticos son instituciones formales que presentan mecanismos de selección de candidaturas donde informal pero sólidamente se instituyen barreras para la aparición de mujeres en las listas. Así lo muestran tanto Hinojosa y Vázquez Correa para dieciocho países latinoamericanos, como Toppi para el caso paraguayo en el nivel subnacional: resulta insuficiente la existencia de leyes de cuotas o de paridad en las elecciones generales si éstas no se aplican también internamente en los partidos políticos, y viceversa. Aquella tendencia se repite en partidos de distintos países, antigüedad u orientación ideológica, y aunque más de un 25% de los partidos políticos de la región destinen fondos a capacitar a sus militantes mujeres o promuevan su reelección cuando se han mostrado electoralmente competitivas, son también estos mismos actores quienes han cumplido con la legislación inclusiva de manera minimalista, aprovechándose de leyes de cuotas “débiles” y colocando así a las mujeres en puestos poco expectables de las listas o en distritos donde el partido pierde históricamente.

Con escasas excepciones, las instituciones partidarias latinoamericanas han aguardado el influjo ineludible de la autoridad estatal para modificar estas prácticas, a diferencia de lo sucedido en Europa donde las cuotas adoptadas voluntariamente por los partidos políticos se mostraron eficaces. Este rasgo contrario al liderazgo femenino por parte de los partidos políticos latinoamericanos también se evidencia al ver que las mujeres representan más de la mitad de su militancia de base, pero sólo el 11,6% de sus presidencias y secretarías generales, como exponen Llanos y Roza para once países del subcontinente. Asimismo, esta escasa participación en instancias jerárquicas partidarias se ve atravesada por estereotipos de género que colocan a las mujeres en las secretarías de Mujer y Familia en un 70% de los casos, y tan sólo en un 12% en las de Organización. Sobre esto, García Beaudoux desarrolla en su capítulo cómo aquellos conjuntos de creencias sobre las características consideradas típicamente masculinas -racionalidad, fortaleza, agresividad, competitividad- y femeninas -debilidad, sensibilidad, maternalidad, sumisión- son jerárquicamente organizadas y alejan a las mujeres de los puestos de responsabilidad. En particular, analiza cómo los medios de comunicación transmiten y refuerzan estereotipos de género en donde las mujeres aparecen subrrepresentadas e insertas en narraciones tradicionales, con una primacía de su rol como esposas o amas de casa. Esto afecta sus posibilidades de imaginarse en ciertas posiciones por el efecto del “techo de cemento”, que las lleva a autoexcluirse de diversas instancias competitivas de la esfera pública, así como las del resto de la sociedad de verlas como competentes para dichos roles.

Esta promoción de estereotipos de género tradicionales por parte de los medios de comunicación es sustentada por Beltrán Miranda en su estudio del caso mexicano, donde analiza cuánta y qué cobertura recibieron los/as candidatos/as en radio, televisión y prensa gráfica durante el proceso electoral ordinario de 2014-2015 en el Distrito Federal. La autora concluye que, incluso cuando el número de contendientes para los cuerpos colegiados se divide equitativamente entre varones y mujeres, ellos reciben más tiem po de cobertura mediática que ellas, teniendo también más oportunidades para desarrollar sus plataformas de gobierno. Así, un pas como México, donde rigen diversas normas de acción afirmativa, las barreras fácticas siguen sin ser superadas. Dentro de estas normas destacan la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular y la regla de los distritos perdedores, la cual prohíbe postular solamente candidatos de un género en aquellos distritos de mayoría relativa donde el partido no tiene expectativas de ganar la elección. Sobre esta última trabajan Gilas y Christiansson, exponiendo que a pesar de ser una reforma novedosa, no tiene un efecto significativo sobre el porcentaje de mujeres electas en el Congreso de la Unión ni en sus equivalentes estatales. Esto se debe a que la vaguedad de la norma ha permitido una heterogénea interpretación de la misma por parte de los partidos políticos, los cuales continuaron postulando significativos porcentajes de mujeres en distritos perdedores y, más aún, no las han presentado en distritos ganadores. Por añadidura, en contextos de alta volatilidad electoral y/o baja fragmentación del voto, la normativa se mostró estéril.

Atravesados los inmensos filtros que suponen la selección de candidaturas y los estereotipos de género, aparece frente a las mujeres un tercer obstáculo: el de los techos de billetes, es decir, el escaso o nulo financiamiento ofrecido por parte de los partidos políticos para el desarrollo de sus campañas electorales. Este fenómeno es analizado por Estrada Ruiz para los casos de Brasil, Colombia y México, donde existen normativas que compelen a los partidos a invertir parte del financiamiento público recibido en la capacitación y el empoderamiento de sus miembros mujeres. Empero, esta acción afirmativa ha topado, al igual que otras citadas, con una reticencia a ser incondicionalmente respetada en su espíritu por parte de las élites partidarias.

A los factores antes mencionados se añaden las reglas electorales y las características de la competencia partidaria, que Alles analiza para el caso de las legislaturas provinciales argentinas. El autor allí muestra que magnitudes partidarias pequeñas, distritos pequeños y debilidad en las cuotas de género constituyen escenarios adversos para la representación descriptiva de las mujeres de una manera estadísticamente más significativa que las actitudes predominantes frente a los roles de género, la participación femenina en el mercado laboral o los niveles educativos de las mujeres. En relación a estos últimos elementos, el autor señala que deben ser estudiados poniendo la atención en las trayectorias individuales. Es en ese espíritu que Cueva Hidalgo, Freidenberg y Uchuypoma Soria se adentran en los perfiles de las consejeras regionales peruanas para el período 2002-2014. Al hacerlo constatan que las mujeres electas son pocas, de entre 34 y 46 años, con escasa experiencia política previa, mayoritariamente provenientes de movimientos regionales -por contraposición a los partidos nacionales-, y que no desarrollan carreras políticas progresivas a posteriori. Esto responde a factores institucionales, a saber, la debilidad de las cuotas aplicadas, y no institucionales, dentro de los cuales destaca la concurrencia de la cuota, donde las élites partidarias deciden resumir el cumplimiento de tres cuotas en simultáneo postulando a una mujer que sea a la vez indígena y joven. Estos obstáculos limitantes de la ciudadanía activa a nivel local también se presentan en las Juntas Departamentales en Paraguay, donde Toppi describe la existencia de un triple filtro: legal, por una cuota que establece sólo el 20%, con un mandato de posición laxo; partidario, por aplicarse las cuotas solo en las elecciones internas; y electoral, porque no todas las candidatas llegan a ser electas. Estos tres filtros convergen en que las candidatas hayan sido colocadas en posiciones poco expectables, dando como resultado que en 2013 sólo cinco de 17 departamentos tuvieran al menos 20% de representantes de género femenino. De ello concluye, al igual que Hinojosa y Vázquez Correa, la relevancia del papel de los órganos electorales y la justicia electoral a la hora de especificar la aplicabilidad de las cuotas, monitorear su correcto cumplimiento y sancionar a los partidos que no las cumplan. Un escenario similar es el presentado por las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales colombianos, analizados por Batlle. Allí, la representación descriptiva de las mujeres es aún menor en los niveles subnacionales en relación al nacional, explicándose por una ausencia de mandato de posición y la existencia de un voto preferente. Así, en Colombia se constata un escenario generalmente excluyente para la elección de las mujeres, especialmente si éstas compiten en distritos subnacionales alejados del centro.

En suma, como lo exponen Dosek y Muñoz-Pogossian, tanto los factores institucionales como los no institucionales resultan explicativos de la persistencia de la subrrepresentación femenina en la política latinoamericana. Frente a esto, los partidos políticos aparecen como los principales gatekeepers de su acceso, más aún en contextos subnacionales en países federales donde sus élites lideren bajo formatos caudillistas.