I. Introducción

El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) es una organización no gubernamental fundada en el año 2006 con el objetivo de bregar por el reconocimiento social y estatal de las muertes provocadas o atribuidas al accionar de organizaciones armadas argentinas durante la década del setenta. Desde sus inicios, la presidencia fue ejercida por Victoria Villarruel, abogada nacida en la ciudad de Buenos Aires y nieta de un historiador de la Armada Argentina. Bajo la égida de Villarruel, el CELTYV surgió como parte de un entramado de agrupaciones que comulga con el deber de practicar una “memoria completa” (^{Salvi 2012}) -entre las que abundan miradas “triunfalistas” de la dictadura (^{Lorenz 2007}) y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad (^{Ranalletti 2009})-. Sin embargo, el derrotero del CELTYV no se comprende solo a partir de ese entramado. En efecto, las actividades que realiza la asociación y el discurso público de Villarruel exhiben diferencias en relación a colectivos de “memoria completa”. Entre ellas, se destacan la progresiva circunscripción de la denuncia a la lucha por el reconocimiento de las “víctimas del terrorismo” y el distanciamiento con respecto a lecturas reivindicativas de la última dictadura.

En este artículo se examina la forma en que, mediante la apelación al derecho como principio de construcción y adhesión a la causa, el CELTYV actuó como un agente victimizador profesional en la construcción de un colectivo de “víctimas” (^{Barthe 2017}, 2019). Se sostiene que la asociación promovió un conjunto de interpretaciones jurídicas para dotar de legitimidad a la causa de las “víctimas del terrorismo”, a la vez que buscó validar un modo de interpretación experto que permite eludir las aristas controversiales de la “memoria completa” y las definiciones políticas en torno al terrorismo de Estado. El análisis comprende desde la creación de la organización en 2006 hasta el 2017, cuando se produjo un quiebre en las expectativas de las agrupaciones por la “memoria completa” tras el intento fallido de aplicar la ley de reducción de la pena, conocida como “2x1”, a los militares y civiles condenados por delitos de lesa humanidad (^{Goldentul 2019}).

En los estudios temáticamente vinculados es posible encontrar investigaciones sobre los discursos y las prácticas conmemoratorias de las agrupaciones por la “memoria completa” (^{Salvi 2012}) así como trabajos que indagan en la apelación a repertorios de acción humanitarios para la construcción de demandas específicas (^{Frederic 2017}, ^{Goldentul 2019}, 2020, Salvi 2019). Si bien las formas particulares de activismo del CELTYV han concitado menor atención (^{Palmisciano 2018}, ^{Noguera 2019}), nuestro interés por el tipo de profesionalización que se pone en juego en la búsqueda del reconocimiento de las “víctimas del terrorismo” retoma una línea de análisis propuesta por Virginia ^{Vecchioli (2007}, 2009, 2011) acerca de la experiencia de los profesionales del derecho en la lucha por los derechos humanos en Argentina.

Recuperando aspectos del análisis de Pierre ^{Bourdieu sobre el campo jurídico (2000}), ^{Vecchioli (2009}: 42) indica que los abogados expertos en derechos humanos tuvieron un rol central en la “consagración de una manera de intervenir e interpretar el mundo social que supone el reconocimiento de la legitimidad del derecho como medio para interpretar conflictos del orden de la política”. Ello supone que no resulta adecuado asumir una relación de causalidad directa entre la represión estatal y la inscripción de las demandas de los familiares de desaparecidos en la lógica de los derechos humanos, sin reponer la intermediación de los profesionales del derecho en la construcción de la causa (Vecchioli 2007).

Siguiendo dicha línea de trabajo, se argumenta que el enfoque que promueve el CELTYV para el tratamiento de las muertes provocadas por la guerrilla como “víctimas del terrorismo” no resulta autoevidente. Por el contrario, como indica la bibliografía sobre procesos de víctimización, los usos y la eficacia de la categoría de víctima para identificar un grupo no derivan necesariamente de un acontecimiento, sino que son resultado de dinámicas de disputa por el reconocimiento público como tales (Barthé 2019, ^{Pita y Pereyra 2020}, ^{Zenobi 2020}).

A través de la reconstrucción de la trayectoria profesional y política de su presidenta, la aproximación busca dar cuenta de la imbricación entre las formas de evocar diversas experiencias y su anclaje en los espacios sociales y contextos donde ciertas prácticas resultan legítimas y valoradas (^{Ferrarotti 2007}, ^{Donatello 2013}). El análisis se sustenta en una entrevista en profundidad a Villarruel realizada en la oficina de la asociación en la ciudad de Buenos Aires en julio de 2017. Esto obedece a la fuerte imbricación que existe entre la asociación y su figura, tanto en el espacio público como en la dinámica interna del activismo¹. Complementariamente, se recurre a fuentes documentales para contextualizar diferentes aspectos de la trayectoria. A partir de estos materiales el artículo se organiza en tres apartados. En el primero, se busca reconstruir el perfil profesional al que aspira el CELTYV y su particular inscripción en el entramado de agrupaciones por la “memoria completa”. En el segundo, se reconstruyen las redes establecidas con organizaciones extranjeras de víctimas del terrorismo. En el tercer apartado, se aborda el rol del CELTYV como agente victimizador. Estas tres dimensiones conforman un terreno de experiencias heterogéneas -y de aprendizajes derivados de ellas- que resultan cruciales para cifrar el surgimiento y desarrollo del CELTYV.

II. “CELTYV no es un grupo, es una asociación”: profesionalizar la memoria completa

El interés de Villarruel en la temática de los setenta encuentra un antecedente previo en su paso por la Asociación Unidad Argentina (AUNAR), una agrupación presidida por el general Fernando Verplaetsen avocada a reivindicar el papel de las fuerzas armadas en la “guerra contra la subversión”². Así como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo del derecho un principio de reconocimiento ligado al saber experto en el marco de la lucha por los derechos humanos (^{Vecchioli 2007}: 19), la creación del CELTYV supuso un movimiento análogo al interior del conjunto de las agrupaciones por la memoria completa, usualmente fundadas en base a lazos familiares y/ o de camaradería. Aunque el CELTYV se encuentra integrado por familiares de muertos por la guerrilla, como Arturo Larrabure, Isaac Barrios, Sergio Renó y Alicia Longinotti, el ethos profesional y despolitizado que buscó proyectar resulta difícilmente distinguible del rol público que asumió Villarruel como fundadora, presidenta y portavoz de la asociación.

En ciertas ocasiones Villarruel señaló que su familia sufrió atentados por parte de organizaciones guerrilleras; sin embargo, la presidenta del CELTYV tiende a priorizar las credenciales profesionales por sobre la dimensión familiar y personal como fuente de legitimidad en sus intervenciones públicas. Villarruel se licenció como abogada en la Universidad de Buenos Aires y complementó su formación en cursos en el exterior³. Su participación como integrante de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires⁴ y secretaria de la Asociación Internacional de Víctimas del Terrorismo son parte de un repertorio simbólico que la habilita a presentarse como especialista en materia de derechos humanos. De allí que el CELTYV haya sido recibido por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, a principios de 2016. Al ser consultada acerca de por qué había sido la única organización presente en dicho encuentro, Villarruel sostiene: “Nosotros en este tema somos los únicos que tenemos algo construido. CELTYV no es un grupo de personas. CELTYV es una asociación” (entrevista a Victoria Villarruel, 05/ 07/2017). La búsqueda por diferenciarse de agrupaciones de “memoria completa” previas y contemporáneas se tornó explícita en varios momentos de la entrevista.

Respecto de agrupaciones preexistentes al CELTYV, un primer antecedente puede rastrearse hacia el año 1979 cuando, en el marco de la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se creó la Liga Argentina de Víctimas del Terrorismo (LAVT). La principal actividad de LAVT consistió en la elaboración de solicitadas en periódicos para reclamar la investigación de las violaciones a derechos humanos de “todas las víctimas” y no solo por los desaparecidos (^{Salvi 2012}). Durante los primeros años de la posdictadura, el trabajo iniciado por LAVT fue continuado por Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS), una agrupación cuyas principales referentes fueron madres de soldados muertos durante la “guerra contra la subversión”⁵. En el año 1991, luego de que el poder Ejecutivo Nacional decretó los indultos a los ex-comandantes y generales que no habían sido alcanzados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, FAMUS cesó sus actividades públicas y se disolvió.

Si bien existieron tentativas aisladas de mantener el reconocimiento de lo actuado por parte de la dictadura, la escasa trascendencia pública de dichas iniciativas permite señalar, siguiendo a Valentina ^{Salvi (2012}), que la conmemoración de los militares “muertos por la subversión” fue circunscripto al ámbito militar. Sin embargo, Villarruel enfatiza que, a contracorriente, para ella el tema “no estaba cerrado”:

Esperé hasta que en algún momento (…) Se empezó a reabrir a partir del 2003, 2004. En el 2004 se crea el museo de la memoria en lo que era la ESMA. Se reabre totalmente pero yo ya venía con el interés en la cabeza de que acá había que reclamar igual (…) es como que se reabrió y parece que viviéramos en la década del setenta todos los días. En la década del noventa todo eso no era un tema relevante, para mí lo era, pero la mayoría de la sociedad no (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/2017).

Como indica ^{Bourdieu (1989}) acerca de la “ilusión biográfica”, las personas suelen ofrecer un relato coherente y unificado acerca de sus propias vidas. En el caso de Villarruel este tipo de “ilusión” se manifiesta en la forma de evocar sus años de juventud, coincidentes con el repliegue de las memorias militares al ámbito castrense, como un tiempo de “espera” para realizar su proyecto de reclamar por las “víctimas del terrorismo”. Proyecto que encontró condiciones de viabilidad a partir del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), cuando las políticas de memoria y de justicia avivaron las luchas por los sentidos del pasado (^{Lvovich y Bisquert 2008}, ^{Da Silva Catela 2011}, ^{Jelin 2017}) y operaron como un llamado a la acción para el asociacionismo civil militar (^{Goldentul 2019}). En declaraciones vertidas en el diario La Nueva Provincia de la ciudad de Bahía Blanca, Arturo Larrabure reflexionó sobre el significado que tuvo la creación del museo de la memoria en el predio de la ex-ESMA:

Fue un punto de inflexión porque, de alguna manera, yo comparto que haya memoria, pero que haya una memoria completa, donde los protagonistas podamos hablar y contar nuestra verdad (…) Ese fue para mí el momento que marca un cambio de actitud porque hasta entonces llevábamos un dolor muy silencioso, un duelo sin hablar. Y creo que es hora de hablar de una memoria completa, no hemipléjica o parcial (citado en ^{Ferrari 2012}: 24).

La “memoria completa” a la que aludió Larrabure refiere a una consigna que, a finales de la década del noventa, fue institucionalizada por el Ejército durante la jefatura del general Ricardo Brinzoni como un modo de resistencia ante los intentos de revisión del pasado (^{Salvi 2012}). En los años siguientes, un conjunto de agrupaciones promovieron la “memoria completa” en el espacio público movilizados, sobre todo, por la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (Salvi 2012)⁶. La fundación del CELTYV se dio en este marco.

En un momento en el que los vínculos entre algunas organizaciones de derechos humanos y el Estado se fortalecieron (^{Retamozo 2011}, ^{Andriotti Romanin 2015}, ^{Cueto Rúa 2016}), las agrupaciones de “memoria completa” optaron distintas formas contenciosas de presentar sus demandas: movilizaciones y actos en el espacio público, escraches y pintadas en espacios asociados simbólicamente a los organismos de derechos humanos y actividades de acompañamiento y asesoramiento a las personas juzgadas por crímenes de lesa humanidad, entre otras.

En cuanto al CELTYV, si bien mantuvo una cercanía con estas agrupaciones al acompañar diversos actos conmemorativos, el perfil que Villarruel le imprimió a la asociación derivó en un distanciamiento público progresivo. En la construcción de una marca de distinción, el uso del derecho intervino como una herramienta privilegiada. Con ella Villarruel interpreta diferentes dimensiones de los conflictos en torno al pasado reciente y rechaza algunos términos de uso corriente en el entramado de agrupaciones de “memoria completa”, como el concepto de “subversión”: “La famosa palabra que yo no uso nunca porque es una palabra que no tiene contenido legal, yo soy abogada, yo hablo con las palabras que se utilizan legalmente” (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/2017). Desde el derecho también se diferencia de las las agrupaciones que bregan por una “reconciliación” y “clausura” de los juicios de lesa humanidad aunque, en este caso, aclara que su posición en contra de la “reconciliación” es personal y no necesariamente la de la asociación:

Yo creo que acá hay que juzgar y condenar a todos los que hayan cometido delitos. Sea quién sea. A mí no me preocupa. Yo no estoy de acuerdo con la reconciliación si no se basa en la justicia. La reconciliación en cualquier parte del mundo obra cuando hay justicia (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/2017).

Al señalar que “hay que juzgar y condenar a todos” Villarruel procura extender la pretensión punitiva del Estado hacia los crímenes atribuidos a las organizaciones armadas. Esa posición, sin embargo, supone aceptar el curso de los juicios hacia los civiles y militares investigados por delitos de lesa humanidad. En términos generales, la abogada manifiesta un reconocimiento a la legitimidad de las instituciones judiciales como instancia de resolución de los conflictos, aunque las implicancias específicas derivadas de su posición tensionen las relaciones que el CELTYV mantiene con otras agrupaciones y activistas ligados al asociacionismo civil militar.

En una carta publicada por la UP a principios de 2011, María Lilia Genta -hija del escritor Jordán Bruno Genta, asesinado en 1974 por el ERP- expresó su desacuerdo con la orientación del CELTYV: “No me parece ético y, a la postre, tampoco creo que resulte útil la construcción de la otra cara de la mentira”. Cercana a los puntos de vista de los abogados de Justicia y Concordia, Genta expresó la postura de quienes no concuerdan con que los tribunales civiles tengan competencia para juzgar lo que consideran una “guerra justa” ganada por los militares:

La omisión de los militares asesinados por ser militares en las investigaciones del Celtyv, me ofende como argentina y como miembro de la familia militar. Y me ofende por los presos políticos y sus familiares, víctimas actuales de ese mismo proceso de la guerra. (…) No me interesa, tampoco, que una visión jurídica, subsidiaria del mismo Derecho del enemigo, termine, finalmente, por imponer una nueva y falsa historia. (…) No tengo interés en que se juzgue, ahora, fuera de tiempo, en el marco de un derecho espurio a los asesinos de mi padre. Sólo me interesa, sin dejar de asumir el pasado, contribuir desde mi modesto lugar a la pacificación nacional basada en la concordia (Liliana Genta, carta publicada en Boletín de la UP, N.º 55, enero-febrero de 2011).

La forma en que Genta inscribió la muerte de su padre en el marco de una “guerra” constituye un posicionamiento usual entre las agrupaciones por la “memoria completa”. Para este sector, la reivindicación del accionar militar en la “guerra contra la subversión” y el reconocimiento a los muertos provocados por la guerrilla se funden en un mismo reclamo. No obstante, el esfuerzo del CELTYV se orientó a desligar la lucha por el reconocimiento de las “víctimas del terrorismo” de la defensa de los militares presos por delitos de lesa humanidad. Cuestión que implicaría tomar distancia de los discursos de otras agrupaciones y revertir la imagen pública negativa que viene de suyo con la proximidad al asociacionismo civil militar:

A nosotros necesitan asociarnos con lo militar, con lo malo. De alguna manera, en este país está muy demonizado el rol del militar (…) Entonces la mejor manera de ensuciarnos es pegarnos a algo que nosotros no tenemos nada que ver. La víctima no tiene que ver con lo que decidió el gobierno de facto (…) Entonces dejar a la víctima pegada con eso, es la mejor forma de ensuciarla y de cómo seguir justificando que no tenga derechos humanos. Y ese es el discurso que nosotros rompemos y que vamos a tratar de romper en algún momento con mayor éxito (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/2017).

Dado que la legitimidad de una causa en muchas ocasiones resulta inescindible de quien la enuncia, la asociación de Villarruel con “la defensa de los genocidas” (Página/12, 05/08/2018) opera como un límite moral que convierte en “inaudibles” a sus argumentos. Si, como indica Sebastian ^{Carassai (2010}), durante los años de dictadura los integrantes de organizaciones de derechos humanos se encontraron ante la situación de que, para condenar el accionar de las fuerzas armadas debían, en primer lugar, condenar los crímenes de la guerrilla; la situación actual es diametralmente opuesta. Para condenar los crímenes de la guerrilla, primero resulta necesario condenar los crímenes contra la humanidad perpetrados desde el Estado. Esta situación se presentó en una emisión del programa televisivo Intratables a principios de febrero de 2017 al que Villarruel fue invitada para debatir sobre los “años setenta”. Allí el periodista Paulo Vilouta cuestionó la falta de predisposición de Villarruel a expresarse claramente en contra de la dictadura:

- Vilouta: Hay un problema y yo se lo planteaba el otro día a la doctora (…) el tema es que ustedes defienden los derechos de una gran parte de personas inocentes que han muerto pero les cuesta mucho plantear una bisagra sobre el comportamiento asesino que tuvo la Junta Militar en la Argentina. Entonces es la parte donde al no existir una condena, al no haber un reproche… yo el otro le pregunte por Videla, Massera y usted medio como que no me dio una respuesta convincente (…) y esa es la parte que tendrían que condenar con fuerza y contundencia. Me parece que falta esa pata para que les crean o para que digan “che lo que están defendiendo, ojo que no está tan mal”. Pero les cuesta ir a fondo con el otro tema. - Villarruel: (…) se nos está pidiendo un mea culpa cuando yo todo el tiempo he tenido un discurso de respeto a los derechos humanos; entonces no entiendo qué tengo más que decir para satisfacer algo cuando mis hechos hablan por mí… - Vilouta: Sentirlo, Victoria yo te respeto pero… ¿sabes qué pasa?, siento que no lo sentís. - Villarruel: Bueno, lo que vos sientas yo no me puedo hacer cargo (…) yo elijo hablar de lo que no se habla en treinta y tres años de democracia. (Intratables, 2 de febrero de 2017).

Aunque las maniobras retóricas con las que Villarruel buscó eludir el problema de manifestarse en contra de la dictadura (“yo elijo hablar de lo que no se habla en treinta y tres años de democracia”) pueden develar una práctica de “disimulo”, sus aseveraciones también ofrecen indicios e iluminan aspectos sobre los espacios sociales en los que se halla inmersa (^{Donatello 2013}). En Intratables Villarruel se mostró firmemente convencida de la legitimidad de la lucha que sostiene. En principio por una posición construida desde los principios del derecho que es o apunta a ser distintiva de las demandas sostenidas por las agrupaciones de “memoria completa”. Pero además, como veremos a continuación, por la inserción del CELTYV en redes transnacionales de víctimas del terrorismo que operan reforzando la percepción de la validez de la causa que sostienen sus activistas.

III. “Nosotros nos inspiramos en la lucha que llevaron adelante los españoles”: el CELTYV en las redes transnacionales de víctimas del terrorismo

De acuerdo con ^{Vecchioli (2009}: 48), las redes transnacionales de profesionales del derecho fueron un aspecto clave en las trayectorias de los abogados que se consolidaron como expertos en derechos humanos: “La inclusión de los profesionales del derecho en las redes transnacionales de activismo experto impuso una serie de transformaciones en relación a los recursos utilizados en la acción y los principios de legitimidad sobre los que se funda la categoría [del] experto”. En el caso del CELTYV, su participación en una red transnacional en defensa de las víctimas del terrorismo ofreció a la asociación un marco a través del cual mirar la experiencia argentina y habilitó un modo de legitimación en el contexto local.

Villarruel sostiene que luego de recibirse de abogada comenzó a pensar que en la Argentina no había ninguna organización profesional que asumiera la defensa de los derechos de las víctimas provocadas por las organizaciones armadas. Ello la llevó a evaluar las experiencias de otros países, en particular, la de España:

A mí me llevó dos años, casi tres, estudiando haber como lo habían hecho los españoles. Cómo era el enfoque. Cómo era el derecho en este tema. O sea, yo esto lo aprendí después de recibida en la Facultad (…) nosotros nos inspiramos en la lucha que llevaron adelante los españoles. Las víctimas de la ETA para lograr ser reconocidas por el Estado español. La ONG replica en lo que se puede el modelo de los españoles (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/2017).

El modelo español al que alude Villarruel es la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)⁷. Se trata de una organización pionera entre las asociaciones de víctimas españolas (^{Santamaria, 2018}), creada en el año 1981 con objetivos similares a los asumidos por el CELTYV: dar asistencia legal a las víctimas y desarrollar iniciativas de reconocimiento estatal mediante la elaboración de legislación sobre la materia⁸. La inspiración de Villarruel en las luchas de las organizaciones de víctimas en España no es particularmente novedosa. En el análisis acerca del activismo de FAMUS Sandra ^{Gayol y Gabriel Kessler (2012}) indican que dicha agrupación se referenció en la experiencia de las víctimas de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA)⁹ Así como durante la década del ochenta FAMUS buscó en. el exterior un modelo socialmente legitimado, en los años recientes el CELTYV encontró en las redes transnacionales de lucha global contra el terrorismo un espacio

de inserción y legitimación de sus iniciativas a nivel local:

Nosotros trabajamos… desde las víctimas de la ETA, las víctimas del 11 de marzo que es el atentado en Atocha, víctimas de Francia de los últimos treinta años, atentados donde haya habido víctimas francesas, italianas (…) mantenemos relación con ellos, nos nucleamos en una Federación de víctimas, de asociaciones de víctimas y si bien no tiene una acción super intensa, una o dos veces nos encontramos en algún punto del mundo y elaboramos una actividad en conjunto (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/2017).

Las asociaciones de víctimas del terrorismo de diversos países forman lo que Margareth Keck y Katherine Sikkink han denominado como redes transnacionales de defensa de causas. Se trata de actores que trabajan en torno a una problemática, comparten valores, sostienen discursos comunes y realizan un denso intercambio de información entre sí (Keck y Sikkink 1999: 89). Las autoras destacan que lo novedoso de este tipo de redes radica en que actores no tradicionales a nivel internacional desarrollan habilidades para movilizar estratégicamente la información y crear nuevos problemas y categorías¹⁰. En esta línea, es posible mencionar algunas cuestiones que, según la información pública disponible, se presentan como prioritarias en las redes transnacionales de víctimas del terrorismo: fomentar la organización colectiva de las víctimas y sus familiares como un modo de complementar y legitimar la lucha contra-terrorista emprendida por los Estados; promover el juzgamiento de los delitos de terrorismo a partir de la aplicación de la figura de lesa humanidad; y prevenir el terrorismo y la radicalización política mediante la realización de campañas de difusión de sus valores.

En diferentes documentos de organizaciones pertenecientes a la red se reconoce la labor del CELTYV. En 2010, AVT comunicó el fortalecimiento de vínculos con asociaciones internacionales en la lucha contra el terrorismo entre las que incluyó al CELTYV¹¹. Luego, la Radicalisation Awareness Network, un grupo de trabajo vinculado a la Comisión Europea que trabaja en pos de empoderar la voz de las víctimas del terrorismo y en concientizar acerca de los peligros de la radicalización, destacó la tarea llevada a cabo por la asociación en la difusión de sus emprendimientos en redes sociales¹². Por otra parte, CELTYV participó en 2017 de una reunión del Comité de ContraTerrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde se destacó el rol de las víctimas en la lucha contra el terrorismo y se inauguró una placa en “memoria de las valientes víctimas y sobrevivientes del terrorismo alrededor del mundo”¹³. Los vínculos con organizaciones en el extranjero le permiten a Villarruel subrayar la diferencia que existe entre la recepción del CELTYV en el extranjero y en el contexto local:

Nosotros en otros países hemos sido recibidos por autoridades sin ningún problema. Por ejemplo, en 2014 se cumplieron los diez años del atentado en Atocha, en Madrid. Y CELTYV fue invitado con otras ONGs del mundo para asistir a todos los homenajes que se hicieron (…) Y nadie nos barrió como debajo de la mesa para que no apareciéramos. Al contrario, diserté en la sede de la Comunidad Europea en Madrid. O sea… en ningún momento a nadie se le ocurrió esconder a las víctimas de Montoneros o el ERP. Estaba el kirchnerismo de hecho como gobierno todavía (entrevista a Victoria Villarruel, 05/ 07/2017).

Si en Europa el CELTYV no es “barrido debajo de la alfombra”, como sostiene Villarruel, ello puede ser vinculado a dos factores. Por un lado, a que la lucha por las “víctimas del terrorismo” en el exterior no se encuentra atravesada por las lógicas y controversias propias del campo de la memoria y de los derechos humanos de Argentina (^{Cueto Rúa 2016}). En este sentido, un asunto tan problemático e ineludible para el CELTYV en el plano local, como se sugirió en el apartado anterior, refiere al tratamiento de las responsabilidades políticas y jurídicas derivadas de las prácticas revolucionarias y, en términos más generales, de las responsabilidades históricas usualmente observadas mediante el prisma de la “teoría de los dos demonios” (^{Franco 2015})¹⁴.

Por otra parte, que en el exterior el CELTYV pueda eludir la condena moral que supone no pronunciarse claramente en contra del terrorismo de Estado puede ligarse al fenómeno contemporáneo de consolidación del gobierno humanitario (^{Fassin 2016}). En términos de Gabriel Gatti, este supone la “consagración de los derechos humanos como uno de los discursos dominantes para percibir el mundo y sus variantes” (2011a: 524). Uno de los efectos señalados por el autor refiere a las características que asumen las categorías de víctimas cuando son traducidas a figuras legales del derecho internacional: la abstracción de sus condiciones sociales de producción como precondición para su uso en contextos variados. De allí que en el plano internacional el reconocimiento social que porta la categoría de víctima depende más de un proceso de universalización y deshistorización que de las circunstancias históricas particulares del caso. En palabras de Gatti (2011a: 524):

Aquí, siempre, el derecho violenta, en el sentido que conmueve y modifica, la realidad sobre la que se aplica, y lo hace con la legitimidad, de difícil cuestionamiento, de quien aspira a universalizar el esquema básico de los derechos universales, justo aunque etnocéntrico, universal en su pretensión aunque local en su fundación. Bajo el paraguas universalizador de “justicia transicional”, la ingente batería de leyes que dotan de armazón al derecho humanitario internacional (...) opera por doquier de un modo altamente performativo: crea verdad, consenso, secuencias legitimadas de memoria, y al tiempo, contribuye a la creación de nuevos sujetos colectivos, de nuevo las víctimas, los sujetos asistidos por esa batería legislativa.

Así como la experiencia del exilio y la participación en redes transnacionales de profesionales del derecho incidió en los modos de elaborar la causa por los derechos humanos de los desaparecidos, la incorporación del CELTYV en redes de víctimas del terrorismo guarda un efecto similar. Como indica ^{Salvi (2019}: 7), durante la década del setenta las demandas “se realizaban en términos histórico-políticos referidas a la condición de militante de los desaparecidos, [y luego] se desplazaron a una descripción fáctica de las violaciones y de la integridad física y psíquica de las víctimas en tanto sujetos humanos”. Aunque el terrorismo es una categoría sobre la que no existe un consenso jurídico, tanto en el plano local (^{Guariglia 2011}) como internacional (^{Ahmad 2001}, ^{Santamaría 2018})¹⁵, la transnacionalización de las figuras de las víctimas del terrorismo tiene efectos prácticos en los usos que, en Argentina, el CELTYV hace de ella. Como se verá a continuación, a partir de la aplicación de definiciones sobre lo que son los “derechos humanos” el CELTYV busca visibilizar, legitimar y, en cierta forma, crear un colectivo de víctimas.

IV. “Vos sos víctima”: el CELTYV como agente victimizador

“Cuando se crea CELTYV, se crea con una visión muy distinta a la de FAMUS y muy distinta a lo que se había hecho antes”, sostiene Villarruel y agrega: “Nuestro encuadre fue rescatar a la víctima del olvido más allá de si esa víctima fuera civil o uniformado”. Como indican Santiago ^{Garaño y Esteban Pontoriero (2018}) en su análisis sobre los rituales funerarios de los militares muertos en el marco de la “guerra contra la subversión”, durante la década del setenta las fuerzas armadas adoptaron un conjunto de casos emblemáticos como una forma de fomentar el espíritu de cuerpo y reforzar los lazos de camaradería. La reivindicación de los militares muertos continuó como objeto de conmemoración tanto por parte de FAMUS como por las Fuerzas Armadas y desde inicios de la década de los dos mil, de acuerdo a Germán ^{Ferrari (2012}), por las agrupaciones de “memoria completa”. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas los muertos civiles concitaron menos atención pública y sobre la base de la escasa atención en torno al tema el CELTYV encontró la posibilidad de fundar una demanda potencialmente legítima¹⁶.

Dado que Villarruel indica que un aspecto sustantivo de la tarea que asume la asociación es la de “reconstruir una parte de la historia que ha quedado totalmente oculta y totalmente cercenada”, su primer libro, titulado Los llaman… jóvenes idealistas (2009, Sudamericana), se centró en la reconstrucción histórica de la “guerra revolucionaria” siguiendo la línea de análisis de obras previas como Por amor al odio (2000) de Carlos Acuña y La otra parte de la verdad (2005) de Nicolás Márquez. No obstante, con la publicación de Los otros muertos (2014), escrito en colaboración con el abogado Carlos Manfroni¹⁷, la forma de aproximación al pasado comenzó a privilegiar las definiciones legales del derecho internacional como las categorías adecuadas y legítimas para abordar el problema de las “víctimas del terrorismo”.

En dicha obra, presentada como un equivalente al Nunca Más (1984) dedicado a las “otras víctimas”, Villarruel y Manfroni compilan historias de muertes provocadas por las organizaciones armadas y establecen una cifra tentativa de potenciales “víctimas del terrorismo”. Allí los autores postulan que la definición adecuada es la sugerida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos¹⁸, según la cual se considera como víctima:

a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencias de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario (Manfroni y ^{Villarruel 2014}: 15).

Howard ^{Becker (2014}) explica que el establecimiento de una norma instituye, en el mismo movimiento, como desviadas a un conjunto de conductas que hasta el momento no lo eran. En este caso, la introducción de una definición legal extemporánea como norma para sancionar de forma retroactiva un conjunto de delitos, permite crear un universo de “víctimas del terrorismo” hasta el momento no reconocidas por otros ni, en algunas ocasiones, por sí mismas como tales. Bajo estos parámetros, los autores estimaron que las “víctimas del terrorismo” en Argentina comprenden un número que, entre muertos y heridos, superarían los diecisiete mil.

Al ser consultada sobre los motivos que llevaron a la escritura del libro, Villarruel indica que surgió como una necesidad de conocer la cifra de personas que representa la asociación:

Todo ese trabajo de investigación lo debería haber hecho el Estado, hubiese sido mil veces más fácil. Pero cuando nosotros lo iniciamos en el año 2008, el Estado no nos iba a ayudar para eso. Entonces lo teníamos que hacer nosotros. Y lo teníamos que hacer porque necesitábamos cuantificar cuántas eran las víctimas. Sino estábamos con una asociación que no sabía cuantas víctimas representaba. O sea que para nosotros era vital hacerlo (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/ 2017).

Con excepción del proyecto enunciado -pero no concretado- durante el gobierno de Alfonsín de elaborar un equivalente del informe de la CONADEP sobre los muertos atribuidos al accionar de las guerrillas, no se reconocen otras iniciativas estatales durante los gobiernos democráticos para realizar una investigación al respecto. Aunque la presidenta del CELTYV sostiene que el Estado tiene la responsabilidad de identificarlas, el desconocimiento en torno a quienes son o podrían ser “víctimas del terrorismo” en Argentina es una situación que contrasta con las experiencias de otros colectivos en los que las propias víctimas asumen su condición de tales y se movilizan para reclamar por sus derechos (^{Pita y Pereyra 2020}). Por lo tanto, ante la ausencia de movilización y el propio desconocimiento de las “víctimas del terrorismo” sobre su condición, el CELTYV asume la tarea de poner en juego un conjunto de saberes del derecho y recursos para promover su reconocimiento como tales:

Las víctimas pasaron muchos años… imaginate que son de la década del setenta. Hay cuarenta años entre esos hechos y la actualidad. En algunos casos, hay familias de víctimas que están buscando quién las represente. En todo momento han sentido lo que es la soledad de haber sido agredidos y que el Estado no te reconozca en absolutamente nada y han buscado… con el tema de las redes sociales y de internet, eso se ha facilitado. Hay víctimas que llegan a nosotros por su cuenta. Y después hay víctimas que las hemos buscado nosotros porque no saben que son víctimas y no saben que tienen derechos que el Estado les debería reconocer. Entonces también buscamos nosotros a las víctimas, (…) aquel que tuvo siempre en claro que era víctima o aquel que no lo sabía y entonces nosotros les tenemos que informar: “vos sos víctima” (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/2017).

María Victoria ^{Pita y Sebastian Pereyra (2020}: 25) señalan que ser una víctima no se deriva necesariamente de un acontecimiento: “por el contrario, es una condición que se consigue, que en algún sentido se “produce” y que, aun habiendo conseguido acceder a esa condición, en muchas ocasiones es la propia intervención social y colectiva la que se avoca a producir, también, la legitimidad de tales víctimas, ya que no todas gozan del mismo estatus y jerarquía”. En esa línea, las palabras de Villarruel traslucen que el CELTYV opera como un agente victimizador profesional. Como sostiene Barthé (2019), la víctimización es un proceso colectivo y reflexivo en el que los profesionales desempeñan un rol clave puesto que, al poner en juego sus recursos como expertos, pueden legitimar el uso de una categoría de víctima. Sin embargo, Barthé reconoce que muchas víctimas se niegan a aceptar ser nominadas y tratadas de esa forma (2019: 294). Con respecto a estos casos Villarruel sostiene:

Nos hemos encontrado con víctimas que no quieren participar en nada. Por supuesto después de tantos años una víctima se acostumbró a que el Estado no le presta atención, en el mejor de los casos, y, en el peor de los casos, directamente se siente agredida por el Estado (…) Así que hay víctimas que no quieren participar, que no quieren saber absolutamente nada con este tema y es como que lo cierra para siempre. Pero son las menos (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/2017).

La posición de quienes se niegan a exponer públicamente sus historias familiares y prestar adhesión a las iniciativas del CELTYV se inscriben en lo que ^{Goldentul (2021}) denomina como lutos silenciosos en los que la recordación de los muertos se transmite en la esfera privada y familiar. En términos de Michael ^{Pollak (2006}), se trata de memorias subterráneas que no encuentran una inscripción en el espacio público:

En general, la mayoría de las víctimas han vivido su dolor en la intimidad. No lo han difundido, no lo han compartido con el resto de la sociedad. No es que han hecho, qué se yo, manifestaciones reclamando sus derechos o libros. Son personas que en su gran mayoría son ciudadanos comunes, no tenían militancia política. Entonces tener que reclamar al Estado por el reconocimiento de sus derechos humanos es sumamente violento (entrevista a Victoria Villarruel, 05/ 07/2017).

Que el luto silencioso no haya devenido en luto ruidoso (^{Goldentul 2021}), deriva de una concepción pasiva y despolitizada de las víctimas como “ciudadanos comunes sin militancia política”. ^{Pita y Pereyra (2020}: 37) sostienen que ese tipo de operación argumentativa es recurrente en colectivos de víctimas: “gran parte de las víctimas y/o colectivos de víctimas procuran (de)mostrar que, paradójicamente, la politización del caso no tiene intencionalidad político-partidaria, es decir, que no hay un sector, partido o grupo político que apoya y moviliza el caso contra algún otro”. A su vez, los dichos de Villarruel permiten introducir lo que Barthé (2017) denomina como políticas de las causas.

Una de las tareas centrales de los agentes victimizadores consiste en establecer la causas que permiten a un grupo de personas acceder a la condición de víctimas. Si bien el CELTYV no admite dudas acerca de que el fundamento de la condición de “víctimas del terrorismo” se deriva de los crímenes cometidos por organizaciones armadas, esa causa primaria puede ser complementada con explicaciones adicionales acerca de por qué no existe un reconocimiento social o estatal de dichas “víctimas”. En este sentido, Villarruel sostiene que en Argentina prevaleció una “mirada política” de los hechos que, por diversos intereses, niega su condición a las “víctimas del terrorismo”:

La visión histórica que perduró es la de un sector que tenía militancia política, formación política y que desde el 83 en adelante hicieron todo lo posible por reescribir la historia. Y lo lograron. (…) Y entonces eso eliminó a este sector, que era un sector de gente sin militancia política. A diferencia de Madres, Abuelas, que todos tenían militancia política (…) Es muy distinta la situación, entonces lógicamente las víctimas no pelearon por sus derechos. No sabían cómo hacerlo (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/2017).

De acuerdo con Barthé (2019), algunos actores se presentan como relativizadores en tanto que expresan dudas o niegan a un grupo de personas el carácter de víctimas. En ciertos casos, los agentes relativizadores pueden aparecer como victimizadores secundarios que por acción u omisión refuerzan los sentimientos de frustración de quienes se asumen como víctimas (Barthé 2019: 126). En este sentido, si las “víctimas del terrorismo” no fueron reconocidas fue porque, según Villarruel, las organizaciones de derechos humanos “reescribieron” la historia para ocultar las responsabilidades de los integrantes de organizaciones guerrilleras.

Otro factor que para la presidente del CELTYV, explica la ausencia de movilización de las “víctimas del terrorismo” se basa en la carencia de un factor que aúne a las víctimas:

No hay un aglutinante entre ellos. Cuando miras la lista de las víctimas del terrorismo en detalle, encontrás gente de clase social alta, de clase social baja, radicales, peronistas, católicos, judíos, argentinos, extranjeros, uniformados, civiles, niños, adultos. No hay un aglutinante, fue toda la sociedad la agredida por el terrorismo. Entonces cuál es el factor que te aglutina con esa gente. ¿Cuál es el factor que te une a vos como soldado conscripto de Formosa, que tenías veinte años y no tenías un mango partido al medio, que no tenías donde caerte muerto - hasta el día de hoy, los familiares tal vez viven en la mayor pobreza - con el empresario Soldati de una de las familias más pudientes de este país, asesinado cinco años después del atentado de los soldados en Formosa? ¿Dónde está el aglutinante? No hay. ¿Cuál es el punto en común entre ellos? Que son víctimas. Nada más. El dolor nunca te aglutina, a eso voy. El dolor por el dolor mismo… ah somos todos víctimas del terrorismo, está bien pero… el dolor nunca fue un factor de unión. El dolor, al contrario, está dado la pauta en que todas las familias lo vivieron en la intimidad de sus hogares. Ninguna se unió para llevar adelante una acción en conjunto, ni siquiera en atentados comunes (entrevista a Victoria Villarruel, 05/07/2017).

Aunque una lectura recurrente en la producción académica destaca el papel del sufrimiento y el dolor como factores aglutinadores y movilizadores (^{Das 2008}), las palabras de Villarruel dan cuenta de que las emociones son objeto de evaluación moral en las dinámicas del activismo. En su trabajo acerca de las emociones y la política, Diego ^{Zenobi (2020}: 3) propone un desplazamiento analítico de las “emociones movilizadoras” a las “emociones movilizadas”. De acuerdo al autor, este tipo de enfoque “presta especial atención a los modos locales de definir qué es (y qué no es) emoción o sentimiento y a las formas contextuales de valorizarlas (positiva o negativamente)” (Zenobi 2020: 3). Siguiendo esta línea, la interpretación que realiza Villarruel supone una desvalorización del dolor como modo de compromiso con la acción colectiva.

Al desvalorizar el dolor como una emoción que refuerce el compromiso en la lucha por el reconocimiento de los derechos, la abogada jerarquiza el accionar del CELTYV como victimizador profesional. Dado que las “víctimas” son las que padecen y sufren pero no cuentan con los recursos para reconocerse como tales y activar los reclamos por sus propios medios, el CELTYV asume la tarea de informarlas, reconocerlas e intermediar el conflicto entre ellas y el Estado. De acuerdo con Barthé (2019) los profesionales de la medicina suelen ocupar un papel preponderante en procesos de victimización aunque, en este caso, se trata de profesionales del derecho quienes asumen ese rol. En este sentido, el derecho como principio de construcción y adhesión a la causa se presenta en distintas dimensiones del activismo del CELTYV: en la presentación que realiza de sí misma la presidenta y portavoz de la asociación como profesional del derecho; en las formas de intervenir en los debates privilegiando las definiciones legales antes que las políticas; y como fundamento de la creación de una categoría de “víctimas del terrorismo” que, según el CELTYV, lo son en primer lugar y ante todo por la vulneración de sus derechos humanos.

Sin embargo, como señala ^{Zenobi (2020}: 12), la autopercepción de una causa como legítima no implica la aceptación por parte de otros actores. Y, en este caso, el accionar propuesto por el CELTYV no ha resultado particularmente efectivo para interpelar al Estado, a la sociedad y, en cierta medida, a las propias “víctimas”. La principal causa que la asociación promovió, el pedido de reapertura de investigación por la causa de Argentino del Valle Larrabure bajo la figura de delito de lesa humanidad, fue impulsada por el fiscal Claudio Palacín pero no fue admitida en las instancias jurídicas superiores (^{Quaretti 2018}). Tampoco consiguió cobijar a otros casos emblemáticos como el de José Ignacio Rucci, cuya causa fue llevada adelante por sus hijos. Ni logró movilizar a un conjunto sustantivo de las miles de víctimas que consignaron en Los otros muertos.

Los procesos que han incidido en las dificultades que encontró el CELTYV en la legitimación de la causa por las “víctimas del terrorismo” requiere un análisis más pormenorizado. No obstante, es posible apuntar un aspecto que puede ser planteado como un interrogante: ¿es posible desligar la discusión sobre las responsabilidades políticas y jurídicas de las organizaciones armadas de los efectos sociales provocados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura (^{Calveiro 1998}, ^{Gatti 2011}b)? Si en buena medida el trabajo del CELTYV se orientó a disociar dichas dimensiones, no se trata de la única visión entre los familiares de los muertos por las guerrillas. En el libro de las periodistas Carolina Arenes y Astrid Pikielny, Hijos de los 70. Historias de la generación que heredó la tragedia de los 70, Delia Lozano, hija de un empresario asesinado por la Organización Comunista Poder Obrero, ilustra un punto de vista donde ambas dimensiones se conjugan: “tanto dañaron los hijos de puta de los militares, que ni siquiera lo que la guerrilla me hizo a mí, a mi padre, a mi familia, puede encontrar un lugar” (2016: 175).

Conclusiones

El CELTYV presenta una trayectoria particular dentro del conjunto de agrupaciones inscriptas en el entramado de agrupaciones de “memoria completa”. El trabajo buscó mostrar cómo, a partir de un entramado de militancias reivindicatorias de la dictadura, surgió una asociación profesional con el objetivo de disputar los significantes construidos alrededor de la noción de derechos humanos en Argentina. Se señaló que el perfil de la asociación es apenas distinguible del rol público de Victoria Villarruel, en tanto el discurso de la presidenta de la organización tiende a asimilar la trayectoria de la asociación con un proyecto concebido y ejecutado por ella .

En las páginas precedentes se enfatizaron las particularidades del activismo emprendido por el CELTYV como un modo de profesionalizar la lucha por la “memoria completa”. Apelar al derecho como principio de construcción de la causa no es consecuencia natural del crimen que se denuncia sino que, como muestra la bibliografía sobre el rol de los expertos del derecho en las luchas por los derechos humanos, puede vincularse a la inscripción en redes transnacionales de expertos que proveen recursos y saberes técnicos específicos. De allí que los usos de la categoría de “víctimas del terrorismo” por parte del CELTYV no resultan sencillamente inteligibles bajo la óptica del maniqueísmo o de un giro retórico de carácter estratégico. Antes bien, existen condiciones político-culturales que posibilitaron el viraje discursivo y cuya reconstrucción permite comprender el accionar del CELTYV y su relevancia en las controversias sobre el pasado reciente en Argentina. Al recuperar la problemática contemporánea del terrorismo global y las definiciones del derecho internacional humanitario, el CELTYV buscó dar un fundamento legítimo a su rol como agente victimizador y, desde un tipo de reclamo humanitario, eludir aristas controversiales en torno al pasado reciente argentino.

El caso del CELTYV muestra que los discursos de las organizaciones de “memoria completa” no son monolíticos y que la profesionalización en el campo del derecho constituye una dimensión a ser considerada en lo que respecta a las formas de elaborar el pasado. Pero también permite dar cuenta de las dificultades que supone intentar escindir el reclamo de las muertes provocadas por la guerrilla de las discusiones en torno a la memoria y los derechos humanos en Argentina.