I. Introducción

Según un Informe del 2014 del Atlas Mundial de Residuos, la ciudad de San Carlos de Bariloche posee uno de los 50 basurales más contaminantes del mundo y es el único de Argentina que aquí figura¹. Esta situación ha sido retomada por algunos medios y ha generado una reactualización del debate sobre el Vertedero Municipal (que hoy es considerado uno de los principales problemas ambientales de la ciudad) y que, a su vez, involucra diversos actores con posturas distintas: sociales (e.g. la Asociación de Recicladores de Bariloche, la comunidad científica, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales), estatales (funcionarios de los tres niveles de gobierno) y organismos internacionales (como el Banco Interamericano de Desarrollo). Esta situación se refleja muy notoriamente en los resultados de la Encuesta que realizamos en San Carlos de Bariloche junto a un equipo interdisciplinario del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa-UNRN/CONICET) durante el año 2019. Dentro de los principales resultados encontramos que para las 243 personas encuestadas, 115 identifican a los residuos como el principal problema ambiental de la ciudad, seguidos por las cloacas (32) y contaminación del lago (23) entre otras. Es decir, cerca del 50 por ciento de los encuestados han identificado a la cuestión de los residuos como la gran problemática ambiental de la ciudad.

La situación actual del Vertedero denota un estado intermedio entre relleno sanitario y basural a cielo abierto que por día recibe 120 toneladas de residuos y 43.800 toneladas anuales que desborda la capacidad del mismo y obliga a la expansión del mismo (Painehual et al. 2017). Al mismo tiempo, cuenta con 70 trabajadores recicladores nucleados en una Asociación que, formalizados desde el año 2010, realizan su tarea en una planta de separación de residuos acompañados por el Programa Municipal de Separación de Residuos que funciona de manera defectuosamente desde su comienzo en el año 2014.

El problema se acentúa ya que el Vertedero no es tan sólo un problema ambiental ecológico sino que, también, está rodeado de cinco barrios habitados² que son los principales afectados por la contaminación del suelo y agua producto del nulo tratamiento de lixiviados que drenan hacia las napas y, además, del aire ya que se producen quemas sistemáticas de residuos. Por otro lado, la deficiencia en la resolución de esta problemática tiene dos consecuencias de gran impacto social y ambiental: una de ellas es el agotamiento del espacio físico y por eso de la capacidad para la disposición final de residuos todo el municipio y, segundo, una gran red informal de negocios que giran en torno a los residuos que van consolidando una arena de no resolución del conflicto.

Por lo expuesto, la pregunta que se presenta es ¿qué motivos explican que el principal problema ambiental del municipio de Bariloche no se pueda resolver? La principal hipótesis que se sostiene es que no ha existido en la última década la configuración de una coalición Estado-sociedad (Gutiérrez et al. 2018) que permita la cooperación entre actores y que, a su vez, esta coalición no emergió por el no-acuerdo de una visión mínima ante el problema en cuestión. El término “visión mínima” Gutiérrez et al. (2018: 33) lo entienden como “una definición compartida del problema y de su solución sin que ello implique que quienes comparten esa visión adscriban a las mismas creencias ni se identifiquen como parte de un mismo colectivo (…) a su vez, la noción de visión es más amplia que la de objetivo específico porque no se reduce al objetivo de política pública tal como está escrito en una ley o un programa de gobierno”. Por ende, lejos de esta definición, el Vertedero ha significado un tema que se dirime por una puja de intereses político-económicos que no ha podido encontrar en todo el período analizado una visión mínima entre todos los actores en cuestión.

Al mismo tiempo, recientemente en el 2016, existió una experiencia que significó la más cercana a la articulación de acuerdos mínimos sobre la problemática. Surgió con la conformación de la Mesa de Gestión Integral de Residuos de Bariloche en la que confluyeron la Subsecretaría de Medio Ambiente de MSCB, la Asociación de Recuperadores Bariloche (ARB), el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, la Fundación Arelauquen, la Universidad Nacional de Río Negro, la Cámara de Comercio Bariloche y Alliance SRL (grandes generadores). Actualmente la Mesa se encuentra desarticulada y sin continuidad por diversos motivos pero el principal es el sostenimiento de la falta de acuerdo entre actores sobre una visión mínima de la problemática.

Por lo expuesto, el trabajo consiste en una primera etapa de mapeo de actores en los cuales se incluye, mediante entrevistas semi-estructuradas, la siguiente información: visión del problema, visión de solución al problema y articulación con los demás actores en juego. En una segunda etapa, se construyen las principales similitudes de visiones entre los actores y las principales diferencias. Finalmente, se contextualiza con un recorrido de las políticas públicas de los tres niveles de gobierno que han sido implementadas y se analiza la influencia que han tenido las mismas en la (des)coordinación de los actores. Finalmente, este trabajo es abordado desde diversas literaturas que analizan, a partir de distintos enfoques, el vínculo entre sociedad, ambiente y desigualdad ya que se expresa visiblemente en el caso seleccionado.

II. La relación entre ambiente y sociedad, importa

La creciente crisis ambiental que los ecosistemas y la humanidad están presenciando con preocupación global no es un hecho nuevo. Lo que sí es, relativamente reciente, es la generación de datos y estudios a gran escala que nos permiten tomar una dimensión más empírica de la situación. Pero, ¿por qué estamos hablando de crisis ambiental? Para aproximarnos a una respuesta es necesario algunas definiciones previas.

Para comenzar, es necesario reconocer que “naturaleza” y “ambiente” son conceptos que utilizamos para hablar del mismo conjunto o sistema pero en distinto nivel de materialidad siendo el primero más teórico y, el segundo, más específico (Reboratti 2000). Por lo tanto, se entiende al ambiente como “un solo, complejo y dinámico sistema de elementos e interrelaciones que [estando dentro] coinciden con lo que algunos llaman ecósfera o también biosfera” (Reboratti 2000: 14). Entendido así, el ser humano es parte de este sistema dinámico junto a las demás especies que lo conforman pero, al mismo tiempo, se entiende que no es una especie “más” sino que posee la capacidad de modificar y utilizar la naturaleza a gran escala para satisfacer sus necesidades. Esta capacidad fue creciendo exponencialmente durante el tiempo y está relacionado con diversos factores que, como sostiene Worster (1977), nos invita a reconstruir la historia de la ecología para comprenderla mejor y, así, estudiar la relación entre ambiente y sociedad. En consecuencia, un punto de inflexión histórico se da cuando las visiones arcadianas³ (Worster 1977) que sostenían básicamente entender a la sociedad como parte de un gran “todo” impulsado por una fuerza vital en el cual las necesidades de las especies, incluida la humana, podían satisfacerse armónicamente, se comienzan a desplazar por visiones más “imperialistas”. Este enfoque transforma la visión del “todo” por una separación entre ambiente y sociedad. Impulsado por el cristianismo y la era de la razón⁴ (y con ella el rol de la ciencia), la naturaleza comenzó a ser vista como un recurso a dominar, moldear y maximizar para satisfacer las necesidades del ser humano.

A partir de estas dos visiones dicotómicas, ha surgido un continuo que ha sostenido distintas formas de entendimiento para la relación entre ambiente y sociedad. En este contexto y luego de los enormes cambios como consecuencia de la Revolución Industrial (Reboratti 2000) y el crecimiento poblacional exponencial que llega hasta la actualidad, han traccionado consecuencias nunca antes vistas. Es entonces cuando aparecen las primeras visiones catastrofistas que argumentaban que el modelo que la humanidad construyó y consolidó, a partir del sistema industrial, está llevando a una crisis ambiental nunca antes registrada (Carson 1963, Ehrlich 1968, Ehrlich y Ehrlich 2009, Hardin 1968, Meadows et al. 2004). Esta corriente sostiene, en primer lugar, que el crecimiento poblacional a partir de la Revolución Industrial ha tenido un aumento exponencial tal que, las predicciones que Ehrlich (1968) había hecho en su libro The Population Boom, se duplicaron cuatro décadas después (Ehrlich y Ehrlich 2009) ya que, como sostiene el propio autor, aún en su visión catastrofista tuvo un análisis optimista con el futuro que luego corroboró, no fue tal. En segundo lugar, este crecimiento exponencial se da en un contexto en donde las necesidades básicas de toda población no pueden satisfacerse porque la naturaleza, vista como recurso, no da abasto para alimentarla (Ehrlich 1968) y, además, muchas especies comienzan a extinguirse producto de la expansión de la frontera territorial de las sociedades y del aumento de la degradación ambiental producto de la actividad humana. Estos límites del crecimiento fueron estudiados por el Club de Roma⁵ a través del financiamiento para Meadows et al. (2004). Su técnica fue medir, a través de modelos computarizados, posibles consecuencias de límites al crecimiento económico de acuerdo a la variación de distintos factores⁶ que relacionan las necesidades de la humanidad y el límite físico presente en la naturaleza. El hecho central está, entonces, en que la velocidad en la que la humanidad está utilizando la naturaleza para satisfacer sus necesidades sobrepasa la capacidad de carga/absorción que el planeta, al ser finito⁷, tiene para no degradarse. En consecuencia, aquí se abre una pregunta clave que se sostiene hasta la actualidad ¿es posible crecer económicamente y cuidar al ambiente al mismo tiempo?

Esta pregunta es la columna vertebral que la multilateralidad internacional sostiene a través del concepto de “desarrollo sustentable”. Es a partir del conocido “Informe Brundtland Nuestro Futuro Común” que se comienza a pensar esta idea desde la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo. En el mismo se sostiene la premisa que es posible conciliar el desarrollo económico con la administración del ambiente con el objetivo de protegerlo y sostenerlo para no afectar las condiciones de vida de las futuras generaciones (Brundtland 1987) denominando a esto como “desarrollo duradero” o “desarrollo sostenible”. En complementación, Hajer (1995) enmarca el concepto de desarrollo sustentable dentro de la “modernización ecológica” porque considera que el nuevo paradigma es hacia el ambientalismo⁸, y por este motivo, el ambientalismo importa en los términos de los policy-makers y making. La ciencia tiene un rol en ese sentido y es el de modernizar el discurso ambiental para tornarlo dominante desde un enfoque orientado a la eficiencia del desarrollo sustentable y, además, es una forma de enmarcarlo para encontrar un discurso común dentro de la problemática ambiental. Por todo ello, el discurso de la modernización es un discurso del ambientalismo enfocado en las políticas que hacen al desarrollo sustentable.

Sin embargo, también surgieron críticas a este concepto. Una es la hecha por Sachs (1999) que sostiene que el concepto de desarrollo sustentable refiere a un círculo que se retroalimenta entre la sustentabilidad ecológica y la justicia internacional pero que, al mismo tiempo, surgió como una forma de sintetizar las posiciones del Norte y Sur más que clarificar la solución del problema ambiental. Por lo tanto, describe tres formas de abordar el desarrollo sustentable: la primera es la perspectiva de la competencia en la cual el desarrollo sustentable no se contradice con desarrollo económico por lo cual, a fin de cuentas, es lo mismo por lo que, la distinción entre Norte y Sur en el esquema global, se acentúan desde una visión dominante en la cual el Norte es sinónimo de “buen desarrollo sustentable” y el Sur debe ajustarse a esta forma (ajuste ecológico); el segundo, el enfoque astronauta, es cuando la Tierra es observada como un ecosistema único donde la acción humana puede ser medida en forma de modelos. La administración y manejo de los recursos naturales a partir de estas mediciones se vuelve algo importante para el mundo de la política por lo que, la solución del desarrollo sustentable, se vuelve la cooperación internacional donde Sur y Norte no tienen distinción, sino que deben cooperar para solucionar en términos globales el problema ambiental por lo que, en consecuencia, la ecología debe convertirse en el centro de la agenda gubernamental. El tercer abordaje del concepto es la perspectiva hogareña en la cual el foco ya no es a partir de la cooperación internacional sino al contrario: de la descentralización federal de las decisiones. Los derechos de la naturaleza y los derechos de las personas se garantizan a partir de garantizar los medios de vida en su entorno y esa búsqueda es a partir de la descentralización más que de la centralización (en dónde el Norte tiene que reducir enormemente el consumo de los recursos naturales de las regiones del Sur para equilibrar esa balanza desigual). En síntesis, entonces, uno de las principales críticas del autor es que el desarrollo (ya sea sustentable o no) tiene efectos distributivos y que, al mismo tiempo, estos efectos impactan de manera desigual entre los países del Norte del hemisferio y los países del Sur.

Esta distinción de Norte y Sur, medido a partir de los efectos distributivos, es el argumento central que ha sostenido principalmente la Ecología Política Latinoamericana (EPL). Es un campo que emerge con características específicas y particulares de los procesos sociales, históricos, culturales, políticos y epistémicos de SurAmérica⁹ y surge como alternativa a las ecologías políticas anglosajonas y francesas. Por ello, parte de nuevas preguntas específicas de la región, siendo un campo que es parte de los procesos sociales, en torno a la cuestión ambiental a diferencia de las demás tradiciones que examinan externamente a SurAmérica como objeto de estudio. Es por ello que la EPL parte desde la construcción histórica ambiental de la región colocando a la colonización como el momento crucial en el cual comienza la heterogeneidad de las sociedades de la región. Por lo tanto, es necesariamente crítica (Alimonda et al. 2017). En ese sentido, es una elaboración político-intelectual de vanguardia porque, intentando responder las problemáticas actuales, también lo hace construyendo un pensamiento alternativo a los dominantes de la modernidad haciendo que, esta vanguardia, esté enraizada en las coyunturas históricas concretas en la cual los actores están inmersos (Alimonda et al. 2017: 37). Se parte de cinco supuestos: las sociedades Suramericanas son diferentes a las sociedades de Occidente central que predica el “modelo de desarrollo y civilización”; esto lleva a una búsqueda de identidad que sólo se puede encontrar en el pasado histórico ambiental (con la colonización como bisagra); por ello, la referencia a una realidad geohistórica de acumulación por desposesión que trasciende las fronteras nacionales; la desconfianza en las herramientas teórico-prácticas de las ciencias sociales tradicionales y establecidas; y la ubicación en la frontera de la construcción del conocimiento “establecido” proponiendo, en cambio, un conocimiento crítico y revisionista. Es por eso también que la EPL toma distancia de la conceptualización más tradicional del desarrollo sustentable, sino que, situado en la distribución ecológica Norte-Sur, conduce a una política de la diferenciación poniendo énfasis en la construcción de modos de vida alternativos que se basen en las condiciones ecológicas de los territorios culturales (Leff 2017). En complementación a la EPL, la denominada ecología de los pobres (Martínez Alier 2007) sostiene que los mismos, a pesar de no siempre reivindicarse ecologistas, son uno de los mayores defensores de la conservación de los recursos y de un ambiente limpio en diversos contextos. En este sentido, los pobres tienen mejores posibilidades de defender sus intereses en el campo no-económico y, los conflictos ecológicos, son arenas donde los pobres conquistan expresiones a través de muchos discursos los cuales expresan valores no-económicos. En el conflicto inevitable entre economía y ambiente, hay una posibilidad para estudiar la ecología de los pobres que se ha convertido en una fuerza poderosa a favor de la sustentabilidad y que se transforma en movimiento de justicia ambiental (Martínez Alier 2007).

Si bien se sostienen la mayoría de las premisas que la EPL y la ecología de los pobres sostienen, estas visiones tienen una caracterización problemática sobre el rol del Estado. Éste, al ser parte muchas veces de la degradación social y ambiental, ha quedado estático en los análisis de su rol. Es decir, se ha analizado de forma monolítica que no posee contradicciones en su interior y que, al mismo tiempo, tiene políticas coherentes y direccionadas. Sin embargo, al contrario de esta afirmación, el Estado no sólo no es monolítico, sino que, por el contrario, es profundamente heterogéneo y contradictorio. Es, justamente, que esta heterogeneidad intraestatal se enlaza con los efectos distributivos ya que el rol de las políticas públicas es central en la distribución de estos efectos (Gutiérrez et al. 2018). Es por esto que se considera a las políticas ambientales como una acción central en la resolución o no de conflictos socioambientales que, a su vez, involucra a un conjunto de actores que no son necesariamente estatales. Es en esa contradicción que pueden generarse coaliciones Estado-sociedad que construyan una visión mínima en torno al conflicto socioambiental desde el cual, a partir de ésta, se activen posibles soluciones (Gutiérrez et al. 2018).

III. Crisis, residuos y políticas públicas mediante…

La relación entre naturaleza y sociedad, vista en el punto anterior, es posible reconocerla en una multiplicidad de ejemplos. En este artículo nos interesa abordarla desde la problemática de la gestión de residuos y sus consecuencias socioambientales. Indudablemente, este caso a su vez puede ser analizado desde múltiples enfoques teóricos.

Como se detalló en el punto anterior, desde enfoques más estructuralistas la problemática de los residuos forma parte de un conjunto de injusticias socioambientales consecuencia de la división Norte-Sur (Sachs 1999, Alimonda 2007). Estas injusticias son resistidas, padecidas o abordadas por movimientos sociales o ambientales que a partir de su acción conforman nuevos espacios o de reterritorialización del espacio que habitan (Svampa 2012, Soto y Bridshaw 2019).

Otros enfoques, vinculados al análisis de políticas públicas, abordan la problemática de los residuos desde diversas aristas que en ciertas ocasiones no se abordan desde el estructuralismo. Vínculos y dinámicas entre ambiente, actores y políticas públicas pueden analizarse a nivel regional desde un enfoque de políticas públicas. Así, se evidencia que estas dimensiones en reiterados casos comparten muchas similitudes por toda la región latinoamericana (Brandão y Gutierrez 2018). A nivel nacional es posible trazar el mismo paralelismo ya que a lo largo y ancho del territorio y, con grandes diferencias en cantidad de habitantes o tamaño del Estado, la problemática de los residuos atraviesa rasgos comunes en municipios o provincias con indicadores sociodemográficos distintos (Saidón 2020).

Un denominador común para esta situación es la crisis socioeconómica y política que la región atravesó a comienzos de los 2000. Buena parte de los casos en los cuales se estudia la problemática de residuos y configuración de los actores, emergen a partir de las consecuencias de dicha crisis (Brandão y Gutierrez 2018). Esto es importante ya que explica buena parte de la nueva normativa que, en el caso de Argentina, se estructura a partir del 2004 con la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Urbanos (GIRSU) que incorpora, con una perspectiva de contexto, a actores en situaciones de vulnerabilidad social vinculados a la problemática de residuos (Saidón 2020). En esa línea, este artículo es un aporte empírico más que da cuenta de esta situación.

Argentina, al ser un país federal, gran parte de las competencias y responsabilidades de servicios públicos se encuentran descentralizadas. Entre ellas, la responsabilidad por la recolección y disposición final de los residuos. Esto significa que “la cuestión de los residuos” es un tema central en las agendas gubernamentales de los municipios ya que, al mismo tiempo, representan buena parte de su ejecución presupuestaria y que, generalmente, involucra más de una secretaría a cargo (Saidón 2020). Pero al mismo tiempo, con el impulso de la legislación de GIRSU, muchos municipios tendieron a incorporar una perspectiva de inclusión social frente a recolectores, cartoneros, clasificadores, etc. ya que la problemática de los residuos se había convertido en un sustento de vida (o supervivencia en algunos casos) desde la crisis del 2001. Combinando la preocupación por el ambiente y la salud pública con la preocupación por la inclusión social de los trabajadores informales que actuaban en los circuitos de reciclaje (Brandão y Gutierrez 2018).

Estos casos han sido abordados por trabajos que analizan distintas facetas de esos contextos de desigualdad social y ambiente y cómo, desde distintas vías, terminan siendo actores centrales en el proceso de gestión de residuos. Ya sea por la experiencia del emprendedurismo (Gutierrez y Stevanato 2020, Shammha 2020) o las movilizaciones de base (Montera et al. 2018, Moreno 2020) los actores sociales en contexto de vulnerabilidad son uno de los actores principales.

Con estos actores sociales, sumamos al análisis a los actores estatales que muchas veces coordinan, impulsan o descoordinan y frenan iniciativas impulsadas para resolver la gestión integral de los residuos. Por la capacidad de decisión que poseen, también son actores igual de importantes que los anteriores. Diversos trabajos abordan esta cuestión (entre ellos este artículo) y reflejan la importancia de los actores estatales a la hora del avance o retroceso en algunas políticas direccionadas a este tema (Saidón 2020). Vale aquí hacer una distinción analítica. Consideramos a la coordinación entendida desde dos tipos distintos y entrelazados, la coordinación horizontal y la vertical (Acuña 2019). La primera refiere a la coordinación entre áreas de políticas públicas mientras que la segunda remite a la coordinación entre niveles de gobierno: federalismo, gobierno multinivel y coordinación de jurisdicciones que muestran relativa autonomía. En complementación, la coordinación para confluir en una convergencia de políticas públicas requiere de una instancia anterior, señalada por Martínez Nogueira (2010): la coherencia de las mismas.

Así, esta coordinación y coherencia de políticas públicas que intentan llevar adelante los actores estatales en conjunción con actores no estatales, abre una ventana teórica gigantesca. En este artículo, me interesa entender la dinámica de este vínculo desde la noción de coaliciones Estado-sociedad (Gutiérrez 2018) por dos motivos: el primero es realizar un análisis micropolítico, es decir un estudio de caso con problemas y dinámicas específicas y, el segundo, porque considero que el Estado no es una unidad monolítica sino un conjunto contradictorio que muchas veces presenta objetivos e intereses diversos. En estas contradicciones, es posible que actores sociales establezcan vínculos con actores estatales en temas específicos y particulares (en este caso, la problemática de los residuos) y “el Estado” a través de distintos actores que lo representa, pueda ubicarse en ambos lados del conflicto. Así, estas coaliciones Estado-sociedad son grupos de actores sociales y estatales que comparten una visión mínima sobre un problema de política pública y la solución a ser aplicada que se conforman y confrontan (Gutiérrez 2017). Este artículo muestra que la dificultad de conformar esta “visión mínima” entre actores sociales y actores estatales (lo que no significa que no ha existido coalición sino que no la adecuada en términos de “visión mínima”) es uno de los principales factores que explican, en el caso del Vertedero de San Carlos de Bariloche, la prolongación de la problemática a través del tiempo.

IV. El Vertedero de San Carlos de Bariloche: la reproducción del problema socioambiental

La crisis económica, social y política que Argentina atravesó durante el período 2001-2003 significó indicadores sociales extremos que no se habían experimentado nunca antes en la historia. Los niveles de pobreza y de indigencia variaron de provincia en provincia. En Río Negro, los índices fueron en línea con los nacionales y, desagregadamente, también lo fueron para la ciudad de San Carlos de Bariloche. Estos números son importantes para explicar uno de los puntos de partida a la problemática que hoy, dos décadas después, sigue abierta a pesar de múltiples acciones que buscaron resolverla. El Vertedero municipal de la ciudad de San Carlos de Bariloche hoy figura entre uno de los 50 más contaminantes del mundo según un informe del Waste Atlas (2014) pero esta problemática no es nueva sino que, sostenidamente en el tiempo, se ha consolidado. Es a partir del año 2001 que el Vertedero, lugar geográfico donde se venían depositando los residuos de la ciudad, vinculó pobreza y degradación ambiental:

En el 2001 se empieza a laburar desde el Estado. El principal objetivo era sacar a los niños de ahí porque se veían un montón y, a su vez, empezar a generar lazos para hacer la Asociación de Recicladores de Bariloche (Entrevista 1, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 30/11/2019).

La situación social extrema tuvo enormes impactos, fundamentalmente, en los sectores más vulnerables. Tanto así que los residuos de la ciudad se transformaron en materiales de subsistencia para aquellas familias que no podían acceder a condiciones básicas de vida (entre ellas, el acceso a la alimentación). La problemática del Vertedero municipal comenzó a tener visibilidad cuando aumentaron día a día la cantidad de niñas y niños que se visualizaban entre los residuos en busca de alimentos, ropa y demás objetos, además, considerando que en época invernal puede las temperaturas pueden registrar más de -10C°. Ubicado en la zona alta de la ciudad, el Vertedero comenzó sin pausa a transformarse en uno de los problemas socioambientales de mayor impacto y gravedad (De Paz et al. 2016.).

Si bien al comienzo la ubicación geográfica del Vertedero no representaba un riesgo social (Painehual et al. 2017), el crecimiento demográfico y la restricción de acceso a la propiedad de la tierra hicieron que, actualmente, linde con barrios que han ido expandiéndose como se ve en la Figura 1. Según Sánchez, Sassone, y Matossian (2007) el barrio 2 de abril que es todo el que linda con el Vertedero, cuenta con el mayor porcentaje de niños, así como las condiciones sociales más desfavorables de la ciudad en términos de cobertura de salud, nivel de instrucción, asistencia escolar, desocupación, hacinamiento y Necesidades Básicas Insatisfechas en general.

Actualmente, en la ciudad el sistema de recolección es público y lo gestiona el gobierno local desde distintas Secretarías que se han ido modificando. A la fecha de la escritura de este artículo (2019), las tres agencias que tienen competencias (sin una clara delimitación de responsabilidades) son la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Medio Ambiente. Al mismo tiempo, se estima que la ciudad genera alrededor de 120 toneladas por día (44.000 al año). Se estima, ya que no hay una pesaje real de la cantidad de residuos que ingresa al Vertedero, sino que el municipio realiza un cálculo de cantidad de camiones recolectores por día¹⁰. Esta cantidad de residuos está explicada de una manera clara en Painehual et al. (2017: 149):

Promediemos 500 kilos, es decir, media tonelada por metro cúbico. La cantidad de residuos producida en Bariloche en un año ocuparía entonces 88.000 metros cúbicos. Supongamos, exagerando, que la plaza del Centro Cívico tiene 1500 metros cuadrados. Para darnos una idea, si apilamos todos los residuos del año en la plaza del Centro Cívico se haría una pila de casi 59 metros de altura, donde sólo asomaban los 10 metros superiores de la torre del reloj, que tiene 69 metros (aunque seguramente quedaría tapada si tenemos en cuenta el aumento de residuos durante las temporadas de turismo). Y eso, sólo en un año. Lo peor es que la proyección es alarmante. La cantidad de desechos se supone que aumentará, tanto por el aumento de la población como por la producción per cápita de residuos, producto de un aumento del consumo.

A partir de esta breve información, para explicar los 18 años de trayectoria que aquí se analizan, lo primero que hay que advertir es que la situación se haya agravado durante el tiempo no significa que haya sido de una forma lineal y monótona. Al contrario, como en general sucede en casos que involucran una interacción tan grande de actores (como muestra la Figura 2), la heterogeneidad ha marcado la trayectoria y, a pesar de seguir siendo uno de los principales problemas socioambientales de la ciudad, se destacan múltiples experiencias que han marcado posibles soluciones pero que, al mismo tiempo, han sido parciales e insuficientes. Para organizar toda la información disponible teniendo en cuenta esto, se dividirá a partir de tres actores clave (la Asociación de Recicladores de Bariloche ‒ARB‒, el Estado municipal y los actores privados) y, así, se construyen la argumentación desde la conceptualización de coaliciones Estado-sociedad para evidenciar que es la falta de acuerdos sobre una visión mínima de resolución de la problemática lo que ha hecho, hasta el momento, que las soluciones sean parciales y no definitivas.

V. El Vertedero en perspectiva comparada: los casos del Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)

En las secciones anteriores se ha abordado el caso del Vertedero de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro) pero, como ya ha sido estudiado por numerosos trabajos, el problema de la disposición final de los residuos, de su gestión y del impacto ambiental que tiene para distintos ecosistemas como así, también, en la sociedad (principalmente en los sectores más vulnerables) es un problema de extensión y no sólo del caso aquí trabajado con más profundidad. Para ello, aquí se compara con las experiencias que se han dado en el Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) en relación a los mismos temas y problemáticas.

En primer lugar, desde una contextualización regional, podemos afirmar que los regímenes de gestión de residuos y las políticas que se han diseñado a nivel nacional para ello, están vinculados al modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) del Norte global (Brandão y Gutiérrez 2018). A su vez, la provincia de Buenos Aires tuvo un rol de liderazgo en la política nacional de GIRSU lo que significó un rol central en la discusión normativa pero, además, las organizaciones de base compuestas centralmente por cartoneros y trabajadores vinculados a los residuos fueron parte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de la construcción de esa normativa (Brandão y Gutiérre 2018).

Así, estos casos nos permiten comparar con situaciones que temporalmente han sido anteriores y, al mismo tiempo, nos permiten observar cómo han resulto (o no) desde su experiencia con particularidades propias. Así, la crisis ambiental de los rellenos sanitarios en RMBA emerge a fin de la década del 90 cuando llegan a su capacidad límite y el aumento de denuncias vinculada a contaminación ambiental hizo insostenible su situación (Montera et al. 2018). La mayor parte de la disposición final, ante esta situación, los recibe el predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) creada en el año 1977. En la actualidad, el CEAMSE es el relleno sanitario que recibe los residuos de 32 de los 40 distritos del conurbano bonaerense en los cuales, los mismos, han adherido a partir del 2004 a los tres ejes de la Ley GIRSU: reducir, reutilizar y reciclar (Gutiérrez 2015: 15). Por lo tanto, a partir de los tratamientos para abordar las normativas de GIRSU en los distintos distritos, la experiencia de CABA y La Plata marca una interesante experiencia por la cual los actores que promovieron este cambio hacia GIRSU fueron principalmente la organización de recuperadores y ONG ambientalistas, apoyados por legisladores, académicos y otras ONGs (Montera et al. 2018). No sin contradicciones y tensiones entre el pasaje del viejo al nuevo proceso de gestión, estos casos nos permiten reflejar, a diferencia del caso del Vertedero aquí estudiado, una diferencia en el trato de un actor central para la resolución del conflicto: las organizaciones de base vinculadas a situaciones de injusticia ambiental en temas relacionados a residuos urbanos (Moreno 2020). Las mismas, al actuar principalmente en el ámbito local, conocen profundamente la dinámica social y política del problema en cuestión ya que son los principales afectados por esa situación.

VI. Reflexiones finales: la imposibilidad de una visión mínima

Como se argumentó en la primera sección y, en complementación, con la información empírica expuesta, para el caso que aquí se analiza podemos aproximarnos a la hipótesis de que todos los actores intervinientes en este conflicto socioambiental (entendido como el principal problema ambiental de la ciudad) no han podido sintetizar una visión mínima en torno a posibles soluciones que armonicen la relación entre sociedad-ambiente-desigualdad. Si bien han existido experiencias puntuales y parciales de políticas que han logrado coordinar la participación de todos, la mayoría de las acciones han ido por otro camino. El principal actor apuntado como el responsable de bloquear la síntesis de una visión mínima, es el estatal, más puntualmente, el Estado municipal:

No está en la lista de prioridades del Estado. Vos hablas con ellos y siempre están haciendo, siempre la ARB, todo, todo. Pero nunca quisieron resolverlo verdaderamente (…) el principal obstáculo y es el principal actor para resolverlo (el Estado municipal). Desde lo privado podemos empujar pero nosotros nos dedicamos a nuestra empresa (…) estamos medio cansados con el municipio. Ahora vamos a ver que tienen el concejo dividido. El vertedero es un tema político, simple. Se resuelve con voluntad política. Convengamos que el tema de basural es un tema en todo el país, pero hay ejemplo en todos lados de soluciones exitosas (…) la municipalidad tiene que armar una mesa seria de trabajo y esto se resuelve. A seria le llamo que estén el Intendente, el Secretario de Gobierno (Entrevistado 3, directivo de la Cámara de Comercio de San Carlos de Bariloche, 30/11/2019). Hubo mesas de gestión de distinto tipo pero la suspendimos el año pasado porque nos cansamos. Es tiempo y fue el cuento de la buena pipa. Además nos exponemos. Yo soy técnico de gestión e íbamos y no pasaba nada. Nosotros convocamos a muchos actores, dándole seriedad al espacio y no había respuestas. Y entonces, después el empresario, el vecino, se cansa también porque ve que no hay respuestas entonces deja de venir. Así terminamos haciendo nosotros las cosas. Hicimos convenios con privados, puntos verdes paralelamente al municipio. Y fuimos boicoteados también. Y hay un momento que nos cansamos también, porque no podemos pelear con ese monstruo, no es nuestra potestad (Entrevista 1, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 30/11/2019).

En tanto el Estado municipal, al interior de su estructura, también posee una imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las distintas agencias lo que también dificulta una posición más clara y homogénea por parte de éste. Un ejemplo de ello quedó visualizado en la última campaña electoral del 2019 en la cual los candidatos a intendente propusieron soluciones de las más variadas¹³. En suma, hay un vacío entre el Estado municipal y el resto de los actores que están involucrados en el tema que se refleja en el sostenimiento de la problemática aún, incluso, cuando la posiciones son muy similares:

Si el tema es la cantidad de residuos, la solución es trabajar sobre la concientización de clasificación en origen; pero sin que se haga un cuello de botella en la planta por eso también hay que poner a punto la planta. Porque hoy en día son las distintas áreas en su tema y no hay alguien que coordine todas las partes. No hay un actor que pueda coordinar las distintas partes y que tenga la profesión o conocimiento necesario para saber qué protocolo hace falta, qué seguimiento y, también, colaboración con la ARB para que consigan mejores opciones para la comercialización de los materiales (Entrevista 2, funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente de San Carlos de Bariloche, 25/11/2019).

En complementación y en relación a la literatura propuesta, este caso nos muestra la complejidad y heterogeneidad que tienen los conflictos socioambientales. En primer lugar, este caso refleja uno de los tantos que expresa los límites del crecimiento (Meadows, Randers, y Meadows 2004) y los problemas que genera la falta de planificación ante el crecimiento exponencial de la población (Ehrlich 1968). Desde una visión catastrofista se puede sostener que el caso del Vertedero es una consecuencia lógica de lo significa sostener un modelo de desarrollo económico bajo los parámetros actuales de modos de producción y consumo lineal (extracción de la naturaleza, producción, consumo y generación de residuos). Esa visión sostendría que el problema va a empeorar a medida que la población siga creciendo (como se espera para la ciudad) ya que la generación de residuos aumentará al mismo tiempo que se reduce la capacidad de carga del ambiente empeorado, al mismo tiempo, por el nulo tratamiento de lixiviados y gases tóxicos en el Vertedero.

Desde visiones que plantean, por el contrario, que sí pueden coincidir desarrollo económico y protección del ambiente (Brundtland 1987), se puede sostener que el problema no es el crecimiento poblacional en una provincia que tiene una población muy pequeña sino que la coordinación entre políticas públicas y actores sociales no han sido satisfactorias para planificar de una manera más eficiente la gestión integral de residuos. La inclusión del enorme sector científico que posee la ciudad (y que la vuelve una particularidad) a políticas que tiendan a coordinar soluciones posibles junto a los demás actores es la clave para encontrar, a partir de la tecnología (Hajer 1995), formas para proteger y remediar la contaminación del Vertedero. Así, la propuesta de Ciudad Sustentable 2020 es una de las herramientas de gestión que podría darse para una política de modernización ambiental que articule a todos los actores involucrados para la solución de la gestión integral de residuos como principal problema ambiental pero, también, de otras problemáticas ambientales que actualmente afectan a la ciudad (contaminación de lagos, acceso deficiente de muchos sector a un hábitat ambientalmente sano y limpio, entre otros).

En complementación, desde la Ecología Política Latinoamericana (Alimonda, Pérez, y Martín 2017) se puede poner el eje en el conflicto distributivo por el cual la degradación ambiental afecta principalmente a los sectores más vulnerables que viven lindantes al Vertedero (sectores que, además, en gran parte son descendientes y forman parte de la Comunidad Mapuche). Es por eso que, la falta de solución a esta problemática por parte del Estado municipal, genera efectos distributivos de degradación ambiental a un sector particular y no necesariamente al conjunto de la sociedad. Por eso es, justamente, las políticas públicas las que podrían generar efectos distributivos y ahí está la clave para un camino que tienda a la justicia ambiental (Martinez Alier 2008). Sin embargo, este caso también nos muestra que no son solo los pobres los que encabezan la defensa del ambiente como sostiene Martínez Allier (2007) sino que, también, aquí se fundamentó que el sector de producción y servicios, en especial sus direcciones ejecutivas, también están comprometidos con ese debate y realizan acciones en ese sentido.

En síntesis, este caso nos ayuda a observar cómo se materializan los debates en torno a la relación entre ambiente y sociedad y todas las aristas posibles que pueden desprenderse de esta discusión. Sostengo a partir de lo expuesto, que el comienzo de cualquier solución posible en torno a este tema, está en la construcción de una visión mínima entre actores estatales, sociales, científicos y privados que permitan diagnosticar el piso desde el cual se puedan pensar posibles soluciones. La propuesta pública de Ciudad Sustentable 2020 es una arena que puede servir para ello aunque, según algunos testimonios, todavía no fueron incorporados todos los actores. Pero es ahí, en una política pública con mirada integral, que pueden resolverse esta y otras problemáticas ambientales buscando una visión mínima del problema para avanzar con posibles soluciones.

Figura 1 Ubicación geográfica del Vertedero Municipal. Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 Mapa de actores. Fuente: Elaboración propia