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Runa

versión On-line ISSN 1851-9628

Runa vol.31 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ene./jun. 2010

 

ARTÍCULOS ORIGINALES

"Seríamos el espejo de lo que es Villa Pehuenia": Análisis comparativo-regional de los conflictos territoriales del pueblo mapuche en áreas turísticas de la provincia de Neuquén

Sebastián Valverde*

* Doctor en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e Investigador del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Dirección electrónica: sebavalverde@yahoo.com.ar .

Fecha de realización: abril de 2009. Fecha de entrega: mayo de 2009. Fecha de aprobación: Junio de 2009.

Resumen

En la región cordillerana de Norpatagonia (en la provincia de Neuquén) se vienen dando crecientes conflictos territoriales protagonizados por el pueblo indígena mapuche, como resultado de la expansión turística, que posee una importancia central en esta zona.

En el presente trabajo nos proponemos como objetivo analizar desde la óptica de la Antropología Social estas dinámicas, atendiendo a los diversos factores causales y a la vez, a la gran diversidad de situaciones dentro de este fenómeno. Se busca sistematizar estos procesos a partir de una perspectiva comparativa que reúne la experiencia de nuestro trabajo en los departamentos de Aluminé, Huiliches, Lácar y Los Lagos.

Palabras clave: Pueblo Mapuche; Etnicidades; Conflictos Territoriales; Explotación Turística; Neuquén

"We would be a mirror image of what Villa Pehuenia is": Regional comparative analysis of the territorial conflicts of indigenous mapuche people in tourist areas of Neuquén province

Abstract

In the mountain range region of North Patagonia (Neuquén province) increasing territorial conflicts are taking place, carried out by indigenous mapuche people, as a consequence of the expansion of tourism, which is of main importance in the area.

In this article, we intend to analyze these dynamics from the point of view of Social Anthropology, taking into account the different causal factors and, at the same time, the great variety of situations within this phenomenon. We intend to systematize these processes on the basis of a comparative perspective that brings together the experience of our work in the districts of Aluminé, Huiliches, Lácar and Los Lagos.

Key words: Indigenous Mapuche People; Ethnicities; Territorial Conflicts; Tourism Exploitation; Neuquén

"Seriamos o espelho do que é Villa Pehuenia" : Análise comparativa-regional dos conflitos territoriais do povo mapuche em áreas turísticas na província de Neuquén

Resumo

Na região da cordilheira de Norpatagonia (província de Neuquén), vêm ocorrendo crescentes conflitos territoriais protagonizados pelo povo indígena mapuche, como resultado da expansão turística, que tem uma importância central nessa área.

Nesse trabalho, o nosso objetivo é analisar essas dinâmicas da ótica da Antropologia Social, atendendo aos diversos fatores causais e, ao mesmo tempo, à grande diversidade de situações dentro desse fenômeno. Tentamos sistematizar esses processos a partir de uma perspectiva comparativa que reúne a experiência de nosso trabalho nos departamentos de Aluminé, Huiliches, Lácar e Los Lagos.

Palavras-chave: Povo Mapuche; Etnias; Conflitos Territoriais; Exploração Turística; Neuquén

Introducción1

Una de las dinámicas que posee gran trascendencia en la región cordillerana de la provincia de Neuquén,2 es la presencia de crecientes conflictos territoriales protagonizados por el pueblo indígena mapuche3 asentado en esta zona. Las demandas desarrolladas por esta etnia originaria son comparables en su importancia a otras de Argentina y América Latina. Al igual que en otras regiones, este reclamo tiene la característica de agrupar un conjunto englobador de reivindicaciones, como los recursos naturales, el autogobierno y las identidades (Bello, 2004: 95).

En el caso específico del pueblo mapuche, las luchas territoriales han sido uno de los aspectos recurrentes de su historia, y han servido como elemento de cohesión a la hora de iniciar acciones políticas desde la etnicidad (Radovich y Balazote, 2009). De hecho, la identidad étnica, entre los mapuche tiene sus raíces explicativas en la ñuke mapu (madre tierra en mapuzungún ). La tierra, por lo tanto, constituye un aspecto fundamental. El wallmapu (territorio) no sólo es el espacio en el cual se obtiene la subsistencia, sino que simboliza la historia de lucha del pueblo mapuche además de expresar su cultura (Radovich, 2003: 98).

Estos litigios son generados por una multiplicidad de factores. Entre ellos se encuentran los profundos efectos de la expansión turística junto con sus asociadas: privatización y extranjerización de la tierra, urbanizaciones, "puesta en valor" de territorios, etc. Pero también otras explotaciones impactan en estas poblaciones: forestal, agrícola, precarización laboral, etc. Paralelamente, se vienen produciendo múltiples procesos de reconfiguración y movilización étnica, que involucran a comunidades y organizaciones de este pueblo originario, y afectan a estos ámbitos territoriales. En algunos contextos —como las localidades de Villa La Angostura o Villa Pehuenia— estos litigios despiertan grandes controversias, siendo uno de los temas centrales de la agenda política local.

Cabe señalar que este trabajo se enmarca en diversas investigaciones que venimos realizando en la región desde el año 2002, referidas a los efectos sociales de la explotación turística en comunidades mapuche. Nos proponemos como objetivo analizar —desde la óptica de la Antropología Social— los diversos conflictos territoriales protagonizados por organizaciones y comunidades del pueblo mapuche en la zona cordillerana de Norpatagonia, donde el turismo posee una importancia central como fuente de ingresos regionales.

Enfatizamos la destacada heterogeneidad en las condiciones de existencia de las familias mapuche dentro de una misma comunidad, entre diferentes agrupaciones y —en especial— si consideramos distintas regiones. Estas variaciones se explican a partir de una multiplicidad de factores: medioambientales, administrativos, jurídicos, socioeconómicos, políticos e identitarios (Valverde, 2006). Contemplaremos no sólo a las agrupaciones institucionalmente "reconocidas" (que en algunos casos cuentan con gran cantidad de población) sino también la emergencia de "nuevas" comunidades —articuladas en torno a un grupo familiar. Estos pobladores que residen mayormente en los ámbitos urbanos, han iniciado un proceso de re-adscripción étnica mapuche y un reclamo que implica un "retorno" a sus territorios "ancestrales".

En el marco de este propósito general, consideraremos dos aspectos. Por un lado, caracterizaremos los diversos factores causales de estos litigios. En segundo término, pero en directa relación con esto último, buscaremos dar cuenta de la gran diversidad de situaciones englobadas dentro de este fenómeno, asociadas con la heterogeneidad a la que antes aludíamos.

Formulamos como hipótesis que estos conflictos territoriales protagonizados por comunidades y organizaciones indígenas se explican en base a las transformaciones socioeconómicas y políticas que afectan los ámbitos de asentamiento de estos grupos, y las identidades y etnicidades vinculadas a las trayectorias histórico-sociales específicas. Profundizando en esta formulación, consideramos que poseen una relevancia central las especificidades de las jurisdicciones en que se asientan estas poblaciones, la forma en que históricamente han configurado a las agrupaciones indígenas, las modalidades de usufructo y acceso al territorio y la manera en que estos posicionamientos han viabilizado u obstaculizado —en cada momento— la etnicidad mapuche y las demandas territoriales.

Este planteo conlleva una serie de cuestiones teórico-metodológicas en las que se sustentará este trabajo. En primer lugar, recuperaremos una perspectiva que plantea una relación dialéctica entre lo general y lo particular . Es decir, visualizaremos cómo una serie de aspectos regionales —expansión de una determinada rama económica como el turismo, políticas estatales, modificaciones en las mismas, etc.— impactan en los ámbitos locales.

En segundo lugar, la aproximación parte de una perspectiva comparativa y regional . Como contrapartida, no analizaremos estas dinámicas en una comunidad o población en particular. Hemos definido los departamentos de Aluminé, Huiliches, Lácar y Los Lagos de la provincia de Neuquén donde —en los tres primeros casos— en el sector cordillerano se asienta el Parque Nacional Lanín. En un área que abarca una fracción del departamento Los Lagos, y en la zona norte del departamento de Bariloche (en la vecina provincia de Río Negro que no consideraremos en este trabajo) se encuentra el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Por último, hemos asignado centralidad a los procesos histórico-sociales que han configurado —y lo siguen haciendo— a las poblaciones indígenas.

Organizaremos este artículo efectuando una presentación de diferentes conflictos territoriales "emblemáticos". Previamente explicitaremos nuestro marco teórico-metodológico. Luego describiremos las principales características de la región cordillerana de norpatagonia para centrarnos, más tarde, en las políticas desarrolladas en relación a los pueblos indígenas por los diferentes niveles gubernamentales —tanto las que se han venido gestando históricamente como las de los últimos años. Seguidamente analizaremos diferentes litigios territoriales en función del estatus jurídico de las áreas en que se asientan —parques nacionales, provincia y ejidos municipales— y, por último, presentaremos las conclusiones.

Para llevar adelante este trabajo hemos puesto en juego una aproximación etnográfica basada en la realización de entrevistas abiertas y semi-estructuradas, tanto a integrantes de las comunidades indígenas y organizaciones etnicistas, como a diversos sectores involucrados. En torno a esta temática, se han efectuado aproximadamente 30 entrevistas, si bien también se han integrado los resultados de las investigaciones que venimos efectuando acerca del pueblo mapuche de la región desde fines de la década de 1990, y en relación a los efectos de la actividad turística desde el año 2001. En lo que respecta a los referentes vinculados con la temática indígena, hemos entrevistado a técnicos y responsables de programas de desarrollo y de ONG's., abogados de las comunidades y organizaciones etno-políticas, periodistas especializados, integrantes de diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales, miembros de diferentes organismos gubernamentales —provinciales, municipales, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y Parques Nacionales— y altos funcionarios de los mismos.

También se ha aplicado la técnica de la observación participante y de la observación sin participación. En el primer caso, a partir de la intervención en talleres de proyectos turísticos efectuados por las comunidades —mediante el trabajo conjunto que realizamos con la Universidad Nacional del Comahue. En el segundo, a partir de la asistencia a actos y presentaciones públicas de las comunidades y organizaciones etnicistas.

Asimismo, hemos recopilado fuentes de información secundaria en diferentes organismos (Parques Nacionales, bibliotecas, etc.) y fuentes periodísticas. El trabajo de campo se realizó en diversas estadías que tuvieron lugar entre los años 2002 y 2009.

Marco teórico- metodológico

La forma en que han impactado diferencialmente procesos globales en ámbitos particulares, se evidencia en las heterogeneidades registradas en los sujetos. Dado que éstos han atravesado por experiencias sociales e históricas variadas, tales diferencias constituyen un elemento central de este análisis (Achilli, 2005).

La minuciosidad de la experiencia etnográfica nos posibilitará dar cuenta de las prácticas y representaciones de los integrantes de estas comunidades y organizaciones étnicas y el amplio espectro de situaciones incluidas en este fenómeno.

Desde el punto de vista teórico esta propuesta se acerca a la escuela de la Economía Política en Antropología (Wolf, 1993; Comas D´Argemir, 1998; Roseberry, 2001; Narotzky, 2004; Balazote, 2007), que surge en los años 60' en Estados Unidos, pero se consolida hacia los 70' y los 80'. Este planteo, a diferencia de otros, concibe a las culturas (o las sociedades si se prefiere) como partes de un sistema más amplio que las engloba y no como totalidades con una lógica propia. En definitiva, se trata de un intento de comprender el impacto de fuerzas históricas más amplias, sin abandonar por ello el proyecto etnográfico . Así, las transformaciones de las sociedades que son estudiadas por los antropólogos en el ámbito local, deben entenderse necesariamente en interconexión con procesos económicos y políticos de tipo más general —ampliación del sistema capitalista, evolución de las formas neocoloniales, etc.— (Balazote, 2007).

También recuperamos de esta perspectiva un aspecto que consideramos nodal para el análisis de los conflictos territoriales: la articulación dialéctica entre fenómenos caracterizados analíticamente como de orden material y cultural. Retomamos la definición que efectúa Susana Narotzky —a partir de diversos autores como Gramsci, Williams, Thompson y algunos trabajos de Godelier— al señalar: "...las relaciones materiales no pueden separarse teóricamente de sus expresiones culturales que a su vez, son producidas y toman cuerpo materialmente" (Narotzky, 2004: 21).

En directa relación con este aspecto, también deseamos profundizar en el concepto de territorio . Giménez lo ha definido como "...el espacio apropiado y valorizado —simbólica y/o instrumentalmente— por los grupos humanos" (Giménez, 1999: 27). Desde esta perspectiva, tres serían los ingredientes primordiales de todo territorio: la apropiación de un espacio , el poder y la frontera (Giménez, 1999: 27). Por su parte, Bartolomé (1997) ha señalado la relación entre territorio e identidad, como referente donde inscribir la identidad colectiva. Por esto, el territorio es también un factor de cohesión social para los grupos étnicos (Bello, 2004).

Por último y de acuerdo a lo expuesto en estos puntos, retomamos una noción de las relaciones interétnicas en términos dinámicos y relacionales, buscando atender a las contradicciones que se establecen en el marco de un sistema social determinado, donde el rol del Estado-nación en los procesos de configuración de las etnicidades es primordial (Bechis, 1992; Trinchero, 2000; Vázquez, 2004).

La provincia de Neuquén y la región de Los Lagos

Una vez finalizada la denominada eufemísticamente "Campaña al Desierto" que tuvo lugar a fines del siglo XIX, con la consiguiente ocupación de las áreas en que se asentaban las poblaciones indígenas , se procedió a efectuar la organización administrativa que debía asegurar y consolidar esta dominación. Para ello se crearon en 1884 los Territorios Nacionales (Ley Nº 1532) fijándose los límites que corresponden a las actuales provincias patagónicas (Bandieri, 2005).

Neuquén obtuvo el estatus de provincia en el año 1955, y las primeras elecciones de autoridades se efectuaron en 1958.

Durante las décadas subsiguientes, la economía provincial se apoyó en la expansión del gasto público y las rentas provistas por las empresas del Estado nacional, principalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Gas del Estado, etc. En este contexto, el partido provincial local conformado a principios de los 60' —el Movimiento Popular Neuquino (MPN)— consolidó su hegemonía política en estrecha relación con el desarrollo del Estado provincial y con el crecimiento de la economía regional, muy superior al de la nacional. Así es como se fue definiendo el perfil productivo actual, basado en los recursos energéticos provenientes de la extracción gasífera, petrolífera e hidroeléctrica.

En la zona cordillerana aquí considerada, un factor clave en el desarrollo turístico —y regional en general— fue la creación en el año 1934 de la Dirección (luego Administración) de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura. Los parques nacionales que se fundaron a partir de estos años abarcaron la zona de mayor interés paisajístico de esta "región de los lagos".

A lo largo del siglo XX se fue dando un creciente abandono de las actividades agrícola-ganaderas y forestales. Como contrapartida, fue creciendo el desarrollo turístico vinculado a la expansión de la infraestructura y servicios en todas las localidades del "corredor de los lagos".4 Si bien desde los años 70' y 80' ya se venía expandiendo esta actividad, a partir de la devaluación de la moneda —que tuvo lugar en el año 2002— adquirió un particular impulso. Desde ese momento se ha acrecentado la cantidad de turistas, pero también el perfil de visitantes, pautas de consumo, prestigio de los destinos, etc.

Las políticas de Estado y el pueblo mapuche: las "fronteras jurídicas"

Desde su fundación, Parques Nacionales ha ejercido un rol clave en el desarrollo regional, ya que se transformó en el principal referente del Estado nacional sobre el territorio: responsable de su control y de la provisión de infraestructura básica (por ejemplo, de edificios públicos y privados), asignó autorizaciones para la instalación de pobladores y el desarrollo de las actividades en sus territorios.

Una vez conformada la institución, la política hacia los habitantes que quedaron dentro de su jurisdicción fue dual: muy laxa cuando se trataba de ceder territorios a vecinos "prestigiosos" y sumamente estricta en el cumplimiento de la normativa vigente si los aspirantes eran personas de escasos recursos —más aún si eran chilenos e indígenas. Mientras a los primeros les cedieron títulos de propiedad; a los segundos, la Administración de Parques Nacionales (APN) les entregó Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje (PPOP), que no solamente no protegían de una eventual expulsión, sino que suponían una infinidad de trabas para sus ocupantes (Valverde, 2006; García y Valverde, 2007). Además de implicar la obligatoriedad de pagar un canon anual, estos PPOP eran personales e intransferibles, caducando con la muerte del titular (Carpinetti, 2005). Como ha señalado este autor "...resulta evidente la funcionalidad de este mecanismo como para la política de erradicación de pobladores" (Carpinetti, 2005: 40). Pero en muchos casos, ni siquiera los habitantes originarios lograron este estatus de "ocupantes precarios" y la política de la institución fue la expulsión. Esto se ha dado en el Parque Nacional Nahuel Huapi (García y Valverde, 2007), y en algunas áreas del Lanín (Carpinetti, 2005).

En concordancia con esta expropiación de la población de escasos recursos, la institución fue clave en la impronta simbólica otorgada a la zona, contribuyendo a la gestación de una imagen "alpina", concordante con el ideal estético y social (favorecido por cierto parecido físico con Los Alpes) que la clase dominante deseaba para el lugar. Así deben comprenderse las obras de tipo "alpino" realizadas por aquellos años.

Cobran pleno sentido aquí los conceptos de Pierre Bourdieu en relación al "campo burocrático": "...el Estado es el resultado de un proceso de concentración de diferentes especies de capital, capital de fuerza física o instrumentos de coerción (capital económico, cultural o, mejor, informacional, capital simbólico" (Bourdieu, 1993: 52).

No es de extrañar, entonces, el proceso de homogeneización de la población efectuado en las regiones que quedaron bajo jurisdicción de la APN, que implicó la estigmatización deliberada de algunas identidades —como "chilenos" y "mapuche". Como contrapartida fueron exaltados los "pioneros" —categoría muy vinculada a pobladores de origen europeo— y ciertas adscripciones como la de "primeros pobladores" o "pobladores" que contribuyeron a ocultar las adscripciones "indeseadas" para dichas construcciones hegemónicas.

Se observan así importantes diferencias entre las políticas desarrolladas por Parques Nacionales y la provincia de Neuquén. De hecho esta última, a partir de la presencia estatal que antes mencionamos, efectuó una destacada regularización en los 60', en la cual se concedió a un importante número de comunidades indígenas el usufructo de la tierra que ocupaban. Esto explica que en los 80' hubiera en Neuquén más de 30 agrupaciones reconocidas.

Una vez presentadas las diferencias en las políticas institucionales en relación a las poblaciones indígenas, un aspecto central son los cambios que se han venido registrando en las mismas.

De hecho en las últimas décadas, pero con mayor énfasis desde fines de los 90', Parques Nacionales ha efectuado importantes transformaciones con las poblaciones indígenas y criollas de bajos recursos asentadas en "sus" territorios. A partir de un conflicto en el año 1999 con las comunidades mapuche asentadas en los territorios del Parque Nacional Lanín, y en un contexto de recambio político de los diferentes niveles de la APN, surgió el denominado "co-manejo". Esta instancia implica una administración conjunta entre esta agencia y las comunidades asentadas dentro del parque, reconociéndose la preexistencia de las mismas (Carpinetti, 2005).5

En cambio, la provincia de Neuquén no ha efectivizado el reconocimiento de nuevas agrupaciones, lo cual debe entenderse en el marco de cierta reorientación política del Movimiento Popular Neuquino. Por último, los municipios —en especial aquellos que han crecido aceleradamente a partir de la actividad turística— tienden a desconocer y hasta judicializar el reclamo indígena.

Pero estas diferencias en las políticas se vinculan con otro elemento sumamente relevante: la dinámica de usufructo y capacidad de acceso al territorio que plantea cada jurisdicción. Susana Narotzky señala que existen cuatro modalidades principales de apropiación de los recursos: el libre acceso , la propiedad privada , la comunal y la estatal (Narotzky, 2004: 47-49). Nos interesa aquí señalar la propiedad privada , definida por la autora como

...la restricción de los derechos de acceso a un individuo o grupo de individuos, es decir, a un grupo corporativo [La comunal definida como] (...) la regulación del acceso y uso de un recurso por parte de una comunidad. [Por último, la propiedad estatal ] (...) se refiere a los recursos que el Estado controla y cuyo acceso y derechos de uso regula. Muchos de estos recursos se administran para su uso público bajo determinadas condiciones (Narotzky, 2004: 47-49).

Sintetizando lo expuesto en este apartado, es necesario comprender en términos procesuales y dinámicos dos aspectos fundamentales: por un lado, las diferencias institucionales en relación a las poblaciones indígenas; y por otro, la manera en la cual éstas han condicionado el acceso de estas poblaciones —y el de otros sectores— a los diversos recursos. Esto contribuye a explicar la forma que adoptan en los últimos años en cada una de las jurisdicciones, los conflictos territoriales protagonizados por los mapuche. De acuerdo a lo que plantea Narotzky (2004) el acceso diferencial a los recursos posibilita dar cuenta de las relaciones sociales que en cada ámbito se conforman; de allí la importancia de analizar este aspecto. A estas heterogeneidades las denominaremos "fronteras jurídicas", retomando los elementos que componen un territorio definidos por Giménez (1999: 27): el espacio , el poder y la frontera .

Conflictos territoriales en las comunidades reconocidas: propiedad estatal/comunal y disputa por el acceso a los recursos

Antes de dar inicio al análisis de los diferentes conflictos territoriales, es necesario destacar que en estos contextos donde los indígenas son reconocidos, se tiende a "escenificarlos" como parte de la oferta turística local, pero presentándolos en forma ahistórica y folklorizante. Visibilización acorde con la imagen de la Patagonia que se ha puesto de moda, como uno de los últimos lugares "vírgenes" del planeta, todavía por descubrir, donde las poblaciones originarias colaboran en darle ese necesario toque "exótico". Como han señalado Balazote y Radovich para la visibilización de los indígenas que se efectúa en San Martín de los Andes —que ha promovido una imagen de "aldea ecológica"—: "La fricción interétnica es oscurecida por una narrativa que ‘incluye' a los mapuches como parte de un ‘paisaje aldeano' o como parte de un ‘pasado lejano' ya superado" (Balazote y Radovich, 2009: 35).

Ahora bien, retomando el planteo de Narotzky (2004) que desarrollamos en el punto anterior, observamos que en estos casos donde las comunidades se encuentran reconocidas, se trata de una propiedad estatal y a la vez comunal. Es decir, la propiedad es del Estado pero el usufructo le pertenece a las agrupaciones indígenas, ya que recordemos que él mismo regula los derechos de uso sobre sus áreas, pero a la vez limita el acceso de otros grupos, ya que las áreas comunales no se pueden vender.

Uno de los conflictos emblemáticos en el que se han visto involucradas las comunidades de la región, a mediados de los 90', se desarrolla en el área denominada Pulmarí del departamento de Aluminé. Integran esta zona las comunidades Aigo, Currumil, Puel y Catalán, si bien este proceso de movilización incluyó la demanda de reconocimiento de las agrupaciones Salazar (Niengeihual) y Ñorquinco. A fines de los 80' se creó la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) —con una jurisdicción de 112.900 hectáreas aportadas por el Estado nacional y la provincia—, organismo que contaba con el (supuesto) objetivo de atender al desarrollo regional y a las comunidades indígenas.

Lejos de los propósitos explícitos, las políticas de este ente tendieron a desmejorar cada vez más las condiciones de vida de las familias mapuche, a causa de la falta de tierras y de la escalada de medidas restrictivas relacionadas con sus actividades productivas. En términos económicos la imposición de tasas abusivas de pastaje (cobradas en animales o especies), la prohibición de recolectar y vender piñones (fruto del árbol "pehuén" o "araucaria") y las restricciones en la recolección de leña implementadas por la CIP, fueron afectando la supervivencia de las familias (Carrasco y Briones, 1996; Radovich, 2000; Moyano, 2007). En cuanto a la entrega de tierras, una de las principales demandas de los integrantes de las comunidades de la zona para acceder a condiciones mínimas de subsistencia, la política de la Corporación fue sumamente restrictiva: únicamente permitió un uso de 10 mil hectáreas para invernadas (sobre un total de 112 mil hectáreas) disponibles dentro de su jurisdicción (Carrasco y Briones, 1996). No obstante, dicha institución entregó numerosas y extensas porciones de tierras, como "concesiones", a emprendimientos turísticos, algunos en lugares sagrados mapuche, como cementerios.

Este malestar finalmente devino en un destacado conflicto, que produjo la ocupación por parte de los mapuche de la sede de la CIP y de los campos reclamados, al tiempo que se produjeron múltiples episodios de tensión a partir de la detención y procesamiento de dirigentes (Carrasco y Briones, 1996; Radovich, 2000; Moyano, 2007).

Otro de los litigios representativos involucra a las comunidades próximas a San Martín de los Andes.6 Las agrupaciones Curruhuinca y Vera, que residen en las cercanías del centro de deportes invernales cerro Chapelco, han protagonizando —a partir de la expansión de la actividad turística— múltiples disputas por el control territorial de esta preciada área.

La comunidad Vera7 obtuvo su reconocimiento legal y su personería jurídica en el año 1991. Desde fines de los 90', sus integrantes vienen efectuando un reclamo por el territorio ubicado en las áreas en que se asienta este centro invernal, que corresponde al territorio ancestral de la comunidad. En el año 2001, el municipio entregó legalmente las 250 hectáreas que se encuentran en su jurisdicción (la fracción "J"). Las restantes áreas pertenecen a la provincia y son reclamadas por la comunidad. En el invierno del año 2002 tuvo lugar el conflicto —de gran repercusión local— que involucró a la vecina Curruhuinca.8 En el 2003 volvieron a recrudecer los litigios, ya que ante la falta de regularización del lote "69 B" (cercano a la base del cerro), los Vera realizaron una ocupación de las tierras que reclamaban y comenzaron a construir un puesto comunitario (Diario "Río Negro", 13 de enero de 2003). La nota publicada el 30 de enero de 2003 en el diario "Río Negro" es emblemática de este creciente nivel de conflicto:

Mapuches condicionan la temporada invernal. Los pobladores advirtieron que: ‘...si en los próximos días no se firman las escrituras de las tierras que las comunidades mapuches reclaman al pie del complejo Chapelco, la postura de las familias se endurecerá y correrá riesgo el inicio de la temporada de invierno' (Diario "Río Negro", 30 de enero de 2003).

Los Vera lograron finalmente la escrituración de 355 hectáreas del lote "69 B" en marzo del 2003. Entre 2003 y 2008, el reclamo se centró en las 279 hectáreas ubicadas en la base del cerro Chapelco (lote "69 A"). En julio de 2008, a partir de realizar una protesta en la base del cerro, lograron la firma de un acuerdo (ratificado en diciembre del mismo año), por el cual la provincia debía pagar un canon a la comunidad en concepto del uso del espacio territorial por parte de la concesión, y a la vez se efectuaría la titularización de dicho lote (Diario "La Bandurria", 3de diciembre de 2008). Mientras tanto, se avanzaría con los Curruhuinca en un acuerdo similar.

Si bien los casos presentados de ninguna manera agotan la gran cantidad de situaciones registradas, estamos en condiciones de formular ciertas generalidades en relación a estas comunidades "reconocidas".

En primer lugar, tal como señalan Balazote y Radovich, el hecho de contar con la propiedad jurídica de los territorios permite a los indígenas "...enfrentar desde una posición menos desventajosa las presiones del mercado sobre los predios que ocupan" (Balazote y Radovich, 2009: 40). No obstante, esto no exime que se planteen una serie de disputas con otros sectores que también intervienen o bien poseen autoridad o influencias en estos ámbitos territoriales. Los "avances" de inversiones turísticas en los territorios indígenas, pueden afectar la autonomía comunitaria y otras actividades desarrolladas por las unidades domésticas (por ejemplo reduciendo los espacios para ganadería, huertas, posibilidades de extracción de leña, piñones, etc.). Cabe señalar que, en algunos casos, la demora en efectuar las mensuras y titularización permite la venta de los terrenos.

El caso de Pulmarí nos ha posibilitado visualizar cómo, si bien las comunidades cuentan con diversos territorios, el conjunto de las actividades se veía afectado por las crecientes imposiciones (y abusos) de la CIP. Esto mismo podemos afirmar en relación al cerro Chapelco, donde otros agentes inciden en los territorios de estas comunidades, como vimos anteriormente, generando contaminación. Observamos entonces, con cierta regularidad, cómo las comunidades entran en conflicto con el Estado que debería regular —junto con las mismas— estos ámbitos.

En segundo lugar, el hecho de que estas agrupaciones demanden nuevos espacios (aún no reconocidos) es explicable a partir del proceso histórico de conformación de las mismas. Cuando fueron definidas, esto implicó la regularización de un área acotada respecto de una mucho más vasta de la cual los indígenas fueron excluidos, pero que actualmente reconocen como parte de su identidad territorial y reclaman como tal.

En tercer lugar, creemos que un factor vinculado al proceso de "territorialización" de las demandas se asocia con la pauperización social y, en consecuencia, la creciente presencia de las familias indígenas en los territorios que desarrollan diversas actividades para su supervivencia.

En el caso de los Vera, el reclamo territorial que hemos mencionado, se ha dado junto con la instrumentación de los diversos proyectos productivos —huertas, frutas finas, ganadería, forestaciones, etc.— que han implicado una mayor presencia indígena en el territorio. Como nos ha expresado un dirigente: "...a partir de los proyectos la gente volvió a la comunidad y a veces les conviene más que los trabajos en San Martín".

El reclamo por la propiedad comunitaria en áreas de Parques Nacionales

En los casos de comunidades o poblaciones que poseen una situación precaria en términos de tenencia de su territorio, se vienen protagonizando una multiplicidad de litigios, algunos con gran impacto mediático. Aquí los enfrentamientos se agudizan, ya que algunas de estas áreas resultan de sumo interés para diversos emprendimientos y los indígenas no cuentan con el permiso (o éste es precario) para establecerse en dichas áreas.

En lo que respecta a la tenencia de la tierra, una diversidad de figuras jurídicas caracteriza a estos pobladores. En muchos casos se trata de "fiscaleros" (si se encuentran en áreas provinciales), "pobladores del parque" (en parques nacionales) o reclaman derechos —no reconocidos jurídicamente— sobre estos permisos. En otros casos, se establecen en terrenos que han sido titularizados a favor de privados, desconociéndose desde las instancias oficiales la ocupación ancestral indígena, que hubiera impedido la venta.

Siguiendo a Narotzky (2004), aquí estarían presentes la forma estatal (por ejemplo "fiscaleros") o privada, pero estaría ausente la variante "comunal".

Para explicar la falta de reconocimiento de estas comunidades, es necesario considerar como un primer factor, la menor presencia de población indígena sobreviviente de la "Conquista del Desierto" en ciertas regiones.

Pero sobre la base de estas diferencias ha sido sumamente significativo el rol de las políticas que hemos señalado. De hecho, esta ausencia de visibilización pública se da en especial en el departamento Los Lagos, que corresponde a la margen norte del Parque Nacional Nahuel Huapi. Pero además, aquí se da una particularidad: fue recién a partir de la fundación de la APN (en los años 30') que el Estado comenzó a tener presencia efectiva en el territorio. De hecho, las dos localidades de esta jurisdicción —Villa La Angostura (cabecera del departamento) y Traful— corresponden a dos de las siete "villas" turísticas fundadas por Parques Nacionales en aquellos años.

A partir del año 2003 diversos grupos de familias residentes en la ciudad de Villa La Angostura y en parajes próximos, iniciaron una serie de movilizaciones y reclamos judiciales en busca de su reconocimiento como comunidades. Estas demandas efectuadas por el Lof Paichil-Antriao y el Lof Quintriqueo, han despertado un intenso debate en la localidad que continúa hasta nuestros días (Valverde, 2006; García y Valverde, 2007). Hasta el momento, las mismas obtuvieron el reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la APN, no habiéndose efectivizado aún el que asigna la provincia de Neuquén a las comunidades asentadas en su territorio.

En el caso de Quintriqueo (a Paichil Antriao nos referiremos en el próximo punto) al ser reconocida por la APN y asentarse en esta jurisdicción, participa del co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi. A la vez, se encuentra efectuando una cantidad creciente de actividades para el turismo y administra, a partir de un convenio con la institución, un "coto de caza".

En los últimos meses, nuevos grupos familiares que residen en las localidades de la zona —principalmente Bariloche, pero en menor medida Villa La Angostura y El Bolsón— proponen "volver" a su lugar originario en diversas áreas del Parque Nacional Nahuel Huapi. En jurisdicción del departamento Los Lagos del Parque, podemos mencionar el caso de la familia "Quintupuray", siendo muy similar a los de "Huenchupán", "Gallardo Calfu" y "Gallardo" (en Río Negro).

Contrastando con la adscripción étnica que poseen estas familias, sus parientes que permanecieron en el medio rural —como titulares de un PPOP— no efectúan tal auto-reconocimiento, ni poseen filiación con las organizaciones etnicistas regionales. En este sentido, no podemos desconocer las diferencias en cuanto a las trayectorias históricas de quienes han permanecido en el campo en calidad de "pobladores", y otros miembros del grupo familiar que migraron hacia los centros urbanos (analizamos en profundidad este proceso en Valverde, 2009). Estas comunidades están demandando —siguiendo las formulaciones de Narotzky (2004)— derechos de uso comunales en una propiedad estatal. Pero aquí hay ciertas especificidades que favorecen en la actualidad dicho proceso en estas áreas de Parques Nacionales. Dado que los terrenos no se pueden vender —salvo ley del Congreso Nacional, lo cual no es habitual y además implicaría un largo trámite— la interrelación es exclusivamente entre los "pobladores" y este organismo, que además reconoce las demandas mapuche.

En otras palabras, en las posibilidades de acceso al control territorial está ausente un actor no menor en este contexto de valorización turística: los propietarios privados. Los terrenos fiscales en áreas provinciales y municipales, tienen en común con los de la APN ser propiedad estatal, es decir que es el Estado quien legitima el acceso a un determinado (o a varios) grupos. Pero hay una diferencia fundamental: en estos casos los terrenos pueden venderse a privados, y de hecho esto viene produciéndose en los últimos años, acrecentándose esta situación cuanto más urbanos y valorados turísticamente son los diversos terrenos. Esto explica los niveles de conflictividad, ya que otros agentes pueden acceder a áreas que no tienen formalizadas jurídicamente los indígenas. A esto nos referiremos en los próximos apartados, primero para el ámbito provincial, y luego para los municipios.

El reclamo por la propiedad comunitaria en el área provincial

En el marco del intenso conflicto de Pulmarí que tuvo lugar en los 90', una de las demandas era el reconocimiento de las comunidades Salazar (Niengeihual) y Ñorquinco. Con respecto a esta última, investigamos en profundidad diversos aspectos de la identidad mapuche y la relación con las movilizaciones protagonizadas a mediados de los 90' (Valverde et al., en prensa). Específicamente relacionamos la defensa frente a los intentos de privatización territorial, con el proceso de readscripción étnica y la reorganización comunitaria, ya que esta agrupación estaba diezmada desde los años 50', articulada por entonces en torno al cacique "Catrileo" (hasta que fueron expulsados por Parques Nacionales).

Durante los convulsionados años del conflicto de Pulmarí, estas familias debieron enfrentar la presión ejercida por las nuevas concesiones turísticas sobre el lago Ñorquinco, ideal para este tipo de emprendimientos (dados los bellos paisajes cordilleranos que posee). Los terrenos en litigio se asientan en jurisdicción de la provincia y podían venderse. No obstante, la movilización de la comunidad impidió los intentos de construir una villa turística, como nos expresaron los consultados: "Acá se frenó justo, porque hubiera pasado, hoy hubiera sido una villa, ¡sí! (...) estas tierras ¡sabés cómo las quieren comprar!". El proceso rechazado fue el desarrollado en las cercanías del lago Ñorquinco, en Villa Pehuenia,9 en perjuicio de un sector del territorio ancestral de la comunidad Puel. Reiteradamente surge en los relatos el valor que asignan a esta lucha, ya que visualizan cómo la construcción de dicha "villa" turística afectó negativamente esos ámbitos para los pobladores indígenas: "Nosotros hubiéramos sido la villa miseria. Iban a venir toda gente de plata, un ejemplo de lo que es Villa Pehuenia, la comunidad Puel por un lado, y los señores por otro (...). Seríamos el espejo de lo que es Villa Pehuenia".

A partir del trabajo etnográfico realizado, registramos cómo durante las 5 décadas que transcurrieron desde que fueron expulsados por Parques Nacionales hasta que se reorganizaron en los 90', perduraron una multiplicidad de prácticas de la cultura mapuche que se fueron reelaborando y redefiniendo permanentemente en función del contexto (Valverde et al., en prensa). Estas movilizaciones articuladas en torno a la identidad étnica —que podemos considerar como expresiones de la etnicidad— aún cuando poseen un componente de obtención de determinados objetivos puntuales, trascienden el reclamo específico que las motoriza. Por esto, acordamos con las críticas a las posturas que autores como Bartolomé (1997) han denominado genéricamente "instrumentalistas": el hecho que un agrupamiento étnico actúe como un grupo de interés, no significa que deba ser definido como tal, ya que su existencia se da más allá de la obtención de los intereses en cuestión.

El reclamo por la propiedad comunitaria en los ejidos Municipales

Las diversas ciudades de Norpatagonia han recibido, históricamente, importantes contingentes de mapuches del medio rural que se fueron instalando en estos centros urbanos (Radovich, 2003). Muchos municipios —en especial los que han crecido aceleradamente en los últimos años en un contexto de expansión turística y poblacional— vienen protagonizando conflictos con poblaciones indígenas asentadas en sus áreas. No es de extrañar, por lo tanto, que en la actualidad resultan las áreas urbanas las que registran crecientes niveles de conflictividad, ya que inversores privados entran en tensión con indígenas. En muchos casos los terrenos han sido comercializados, desconociendo la presencia ancestral indígena.

Esta situación difiere de otras, como la de un sector de la comunidad Vera o el paraje Payla Menuko de Curruhuinca, asentado en el ejido municipal de San Martin de los Andes, donde el reconocimiento jurídico fue anterior a la valorización turística de los últimos años.

El ejemplo paradigmático son los Paichil Antriao asentados en el municipio de Villa La Angostura, que iniciaron un reclamo territorial y por el reconocimiento como comunidad en 2003, que persiste hasta nuestros días. Las tierras que tradicionalmente ocupa el Lof Paichil Antriao se hallan titularizadas a nombre de particulares ajenos a la comunidad que, aunque nunca tuvieron su posesión, las reclaman como propias. Desde aquel momento, los mapuche se encuentran asentados sobre el cerro Belvedere (área periurbana de la localidad), al tiempo que se han producido múltiples episodios de violencia, desalojos de algunas familias y un proceso de "criminalización de la etnicidad" —a través de diferentes figuras del Código Penal tales como usurpación, amenazas, etc. Esto ha llevado a que los Paichil Antriao reúnan un número muy elevado de los integrantes de agrupaciones mapuche de la provincia de Neuquén procesados.

En este conflicto resultan paradójicas las posturas del Estado en sus diferentes niveles: el INAI le ha otorgado la personería jurídica correspondiente, en cambio, el gobierno provincial y en especial el municipio de Villa La Angostura desconocen su carácter de "comunidad" impidiendo que cuenten con todos los derechos que les asignan las legislaciones.

A diferencia de lo que antes señalábamos, en este caso en que los indígenas no son oficialmente reconocidos, tampoco son "escenificados". Incluso, se opera un fuerte proceso de estigmatización contra el reclamo étnico —como en esta localidad— donde los argumentos se basan en que en la zona había "familias indígenas" pero "nunca fueron comunidad mapuche".

Finalmente, en este mismo sentido, podemos mencionar los litigios en la localidad de Villa Pehuenia, construida, como sabemos, a partir de la desafectación de un sector de la comunidad Puel, lo que ha llevado en los últimos meses a diferentes movilizaciones.

Conflictos territoriales, "fronteras jurídicas" y etnicidad mapuche: final abierto

A partir de la gran cantidad de conflictos territoriales que viene protagonizando el pueblo mapuche en esta región turística, intentamos aproximarnos a esta problemática, abarcando la diversidad de situaciones sin por ello renunciar a establecer ciertas regularidades.

El recorrido investigativo nos llevó a dimensionar las políticas de las diversas jurisdicciones como un aspecto fundamental. Al definir una vasta región, observamos las grandes heterogeneidades en el pueblo mapuche, en la medida en que estos lineamientos incidieron en la conformación de cada espacio social regional y local.

Asignamos centralidad a los procesos históricos por dos cuestiones fundamentales: por un lado, porque nos permiten dar cuenta de la forma en que la inclusión del pueblo mapuche en la dinámica del Estado-nación ha configurado heterogéneamente a estos sujetos. Pero por otro, porque a partir de las múltiples contradicciones que han conllevado dichos procesos, nos ayudan a comprender estos reclamos territoriales . Entre ellas cabe mencionar: el establecimiento de "áreas protegidas" que han negado toda historicidad a estos territorios con la expulsión de la población a las áreas urbanas; el reasentamiento de indígenas en áreas "marginales" donde se establecieron —áreas que paradójicamente hoy son sumamente valoradas turísticamente: por ejemplo el lago Ñorquinco o el cerro Chapelco. Finalmente, la valorización urbana donde hoy pareciera ser el mercado inmobiliario el que tiende a "expulsar", configurando escenarios de alta conflictividad social en localidades escenificadas turísticamente como "aldeas de montaña".

Consideramos, como ha señalado Trinchero (2000), que un factor clave en la construcción de las identidades indígenas lo constituyen las relaciones interétnicas establecidas durante el proceso de formación del Estado-nación.

Parte fundamental de este análisis —que por motivos de espacio no hemos abordado— son los "estigmas" que se construyen desde distintos sectores de la sociedad en relación a estos grupos indígenas, y su incidencia en las identidades y en los conflictos interétnicos y territoriales. También lo son los procesos de construcción de "hegemonía" en cada región.

A partir de la noción de fronteras jurídicas , intentamos visualizar cómo cada ámbito define el campo de límites y posibilidades para el acceso a los diferentes territorios en disputa entre indígenas y otros sectores. Es decir, constituye el "marco" para la constitución de sujetos sociales, ya que también éstos son partícipes fundamentales de la transformación de dicha realidad.

Por esto, remarcamos la necesidad de abordar esta problemática a partir de diferentes niveles de análisis, atendiendo a fuerzas globales —expansión turística, políticas de diversos organismos, etc.— en interrelación con aspectos específicos: cambios que impactan en los territorios, transformaciones productivas en las unidades domésticas, trayectorias de los sujetos y organizaciones étnicas, luchas de cada grupo, etc.

En la hipótesis de trabajo señalamos que las transformaciones socioeconómicas y políticas que afectan las comunidades indígenas, constituyen un factor clave para dar cuenta de estas reivindicaciones territoriales. No obstante, estos cambios no explican por sí solos tales conflictos, ya que también resultan centrales las reconfiguraciones étnico-identitarias vinculadas a las trayectorias histórico-sociales de los dirigentes e integrantes de las comunidades y organizaciones etnicistas. Como han señalado Balazote y Radovich, en relación a estas movilizaciones: "El proceso de revalorización y reemergencia étnica del pueblo mapuche así como también el replanteo de sus prácticas de lucha y el salto cualitativo en los niveles de organización acaecido durante los últimos años, resultan centrales para su comprensión" (Balazote y Radovich, 2009: 40). Un dirigente de la Confederación Mapuche de Neuquén lo resume adecuadamente: "Esto es el fruto de años y años de trabajo" (Balazote y Radovich, 2009: 40).

Recuperando estos aportes y a partir del trabajo etnográfico realizado, es posible relacionar las luchas frente al avance de emprendimientos turísticos con estas construcciones identitarias en su profundidad histórica. De allí, la necesidad de problematizar las disputas por los territorios, atendiendo a sus componentes "materiales" y "simbólicos". Pero a la vez es en las transformaciones de las dinámicas que sustentan la vida, y en los litigios que se dan en los territorios, que se redefine la relación con los mismos y la identidad del grupo. Esto explica que entre los espacios relevantes que las comunidades buscan "recuperar", no sólo se encuentran sitios ancestrales, sino también marcas de las movilizaciones efectuadas —o como ha señalado Alicia Barabas, en su estudio sobre la territorialidad simbólica, "productos de la experiencia vivida" (Barabas, 2004: 113).

Uno de nuestros interlocutores —rememorando los litigios vivenciados— ha sintetizado de esta manera "...pensar como mapuche es defender el territorio, y no dejarlo vender".

Notas

1 Este trabajo se enmarca en el proyecto UBACyT 2008-2010 "Antropología Económica y Etnicidad: Transformaciones productivas y conflictos interétnicos en poblaciones mapuche asentadas en regiones turísticas de Norpatagonia". Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y en el proyecto de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica —PICT 2009-2010: "Pobladores criollos y mapuche asentados en regiones turísticas de Norpatagonia: transformaciones socioeconómicas y conflictos por la apropiación de los recursos", ambos bajo nuestra dirección.

2 La provincia de Neuquén se localiza en el noroeste de la Patagonia argentina, contando, de acuerdo a los últimos registros censales del año 2001, con 474.155 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos —INDEC—, 2001).

3 Los mapuche ("Gente de la tierra", en su lengua originaria el mapuzungún ) constituyen uno de los pueblos originarios de Chile y Argentina que sobrevivieron a los ataques genocidas y etnocidas llevados a cabo a ambos lados de la cordillera de los Andes en el siglo XIX; vale decir, a las campañas militares eufemísticamente denominadas como "Conquista del Desierto" en Argentina y "Pacificación de la Araucanía" en Chile. En la actualidad, este pueblo se asienta en localidades del sur argentino, como las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires; y también en la Octava, Novena y Décima Región del sur chileno (Radovich, 2003). Según datos censales recientes existen 113.680 mapuches en Argentina, siendo uno de los pueblos más numerosos de nuestro país (INDEC, 2006).

4 La población en esta zona ha crecido muy por encima de la media provincial: en el total de Neuquén pasó de 388.833 habitantes en 1991 a 474.155 en 2001 (21,9% de crecimiento), mientras Aluminé ascendió de 4.946 a 6.308 (27,5%), Huiliches de 9.679 a 12.700 (31,2%), Lácar de 17.085 a 24.670 (44,4%) y Los Lagos de 4.181 a 8.654 (107,0%) (INDEC, 2001).

5 En la actualidad, luego del reconocimiento de los últimos años, en total se trata de siete comunidades mapuche bajo este régimen dentro del Parque Nacional Lanín, lo que representa unas 2.500 personas que ocupan aproximadamente 24.000 hectáreas (Carpinetti, 2005).

6 Esta localidad cuenta con 22.432 habitantes (INDEC, 2001). Es la ciudad cabecera del departamento Lácar y el principal centro turístico de la provincia de Neuquén.

7 Esta comunidad se sitúa en la margen norte de la cuenca del Lago Lácar, en el Lote "69" con una superficie total de 775 has. Esta integrada por 46 familias, limitando con el cerro Chapelco, con la comunidad Curruhuinca y con diversos barrios de San Martín de los Andes.

8 Este litigio se produjo en relación al centro de esquí, ya que los arroyos que bajaban del mismo llegaban contaminados al paraje Payla Menuko de los Curruhuinca (ver Valverde, 2006).

9 Villa Pehuenia es una villa turística conformada hace pocos años en el departamento Aluminé, en la costa norte del lago homónimo. Su formación se remonta a la década del 80' a partir de la cesión de un sector del territorio de la comunidad Puel a particulares, proceso que en la actualidad resulta una fuente de conflictos (Balazote y Radovich, 2009).

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