ARTÍCULOS

Familiares de detenidos y abogados de derechos humanos Trayectorias en la construcción de una causa pública

 

Family members of detainees and human rights lawyers: trajectories in the construction of a public cause

As Familias de prisioneiros e advogados de direitos humanos: trajetória na construção de uma causa pública

 

Victoria Pereyra Iraola* y Diego Zenobi**

* Magister en Género y Desarrollo Internacional. University of Warwick, Coventry, Inglaterra.
Correo electrónico: victoria.pereyra@gmail.com
** Doctor en Antropología Social. Investigador Adjunto de CONICET, Universidad Nacional de Buenos Aires; Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina.
Correo electrónico: diego.zenobi@gmail.com

Recibido: 13 mayo de 2016. Aceptado: 26 de septiembre de 2016

 

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Resumen
En la Argentina, los procesos de demanda de justicia impulsados por quienes se presentan públicamente como ífamiliaresí de quienes han sufrido o sufren algún tipo de daño tienen una larga historia. La Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFAD) está conformada principalmente por madres, parejas, hijas y hermanas de detenidos. Colaboran activamente con ellas un grupo de expertas del derecho y profesionales pertenecientes al Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC). Desde una perspectiva procesual, aquí nos centraremos en el análisis de las trayectorias de las referentes de esas asociaciones para mostrar el trabajo de construcción simbólica a través del cual contribuyen al reconocimiento público de los familiares de detenidos como un colectivo específico. Al tiempo que contribuyen a dar existencia social a ese conjunto, estas mujeres se reconocen y van siendo reconocidas progresivamente como portavoces de la situación de los familiares de detenidos.

Palabras clave: Familiares de detenidos; Expertos del derecho; Cárceles; Derechos Humanos; Activismo

Abstract
 In Argentina, social activism around claims for justice that are initiated by those who publicly present themselves as family members of those who have suffered or suffer some kind of harm, has a long history. The Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFAD) is formed mainly by mothers, partners, daughters and sisters of prison detainees. They actively collaborate with a group of lawyers and professionals from the Centro de Estudios de Política Criminal and Human Rights (CEPOC). In this article, we focus on the career paths undertaken by the leaders of both associations to illustrate the symbolic construction through which they contribute to the public recognition of the family members of those detained as a particular social collective. While contributing to the social existence of these group, these women recognize themselves and gradually attain recognition as spokeswomen of the situation of detainees families.

Key words: Families; Lawyers; Prision; Human rights; Activism

Resumo
Na Argentina, a demanda pública de justiça por parte daqueles que se apresentam como "familiares" de quem sofreu ou sofre algum tipo de dano tem uma longa história. A Associação Civil de Familiares de Detidos em Prisões Federais (ACIFAD, com as iniciais em espanhol) é constituída principalmente por mães, companheiras, filhas e irmãs de detentos, e conta ainda com a colaboração de um grupo de juristas e profissionais do Centro de Estudos de Política Criminal y direitos humanos (CEPOC). Este trabalho parte de uma perspectiva processual, com foco na análise das trajetórias de vida dos membros da associaçaõ. O objetivo é refletir sobre o trabalho de construção simbólica no qual esses indivíduos contribuiem para o reconhecimento público de familiares de detentos como um grupo específico. Nessa dinâmica, ao mesmo tempo em que contribuem para dar existência social a esse conjunto, essas mulheres se reconhecem e são progressivamente reconhecidas como porta-vozes da situação dos detentos e suas famílias.

Palavras-chave: Familiares de detidos; Juristas; Prisões; Direitos humanos; Activismo

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Introducción

En las últimas décadas, los colectivos de personas que exigen que sus derechos sean respetados y se haga íjusticiaí por el daño que sufren o han sufrido, han cobrado un creciente protagonismo en la esfera pública. Basta con leer las noticias para encontrarnos con distintas movilizaciones de sujetos que demandan públicamente por haber sufrido algún tipo de daño ocasionado por situaciones de violencia política, catástrofes naturales, inseguridad urbana, entre otros. Con frecuencia ocurre que quienes demandan públicamente no son las víctimas directas sino más específicamente sus familiares. De esta manera, las madres, padres, parejas, hijos e hijas de los afectados exigen que se castigue a los responsables del daño que han sufrido sus parientes.

En particular, en la Argentina, los procesos de demanda de justicia impulsados por quienes se presentan públicamente como ífamiliaresí de quienes han sufrido o sufren algún tipo de daño tienen una larga historia relacionada con los conflictos políticos. Este tipo de demandas se remontan a las primeras décadas del siglo XX cuando, frente a los intensos conflictos sindicales y a las detenciones de dirigentes, fueron creadas comisiones de familiares de "presos obreros"(Vecchioli, 2006). A partir de la última dictadura militar argentina (1976-1983), y en coincidencia con el ascenso de los derechos humanos como una causa internacionalizada (Dezalay y Garth, 2002) y más tarde con la transnacionalización de su activismo (Engle Merry, 2006), los familiares de víctimas del terrorismo de Estado posicionaron en el espacio público sus demandas de un modo protagónico. Estas fueron encabezadas por organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y, hacia los años noventa, la agrupación de H.I.J.O.S. por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio. Luego de décadas de lucha, la causa de los Derechos Humanos cuenta en Argentina con una amplia legitimación social, no exenta de disputas, que encontró eco en la fuerte presencia de políticas públicas estatales implementadas en los últimos años, orientadas a consagrar una memoria sobre el terrorismo de Estado (Guglielmucci, 2012).

En los años noventa, los organismos vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos comenzaron a convivir en la esfera pública con otro tipo de organizaciones articuladas en torno de la lucha contra la impunidad y la violencia policial, las cuales han sido consideradas como un "legado"de aquel movimiento (Pereyra, 2005). En la actualidad argentina podemos encontrarnos con un conjunto de expresiones públicas de demanda de justicia conformadas en torno a una multiplicidad de causas, como por ejemplo, accidentes de tránsito, desastres naturales, incendios, inseguridad urbana, entre otros. Quienes participan en uno y otro tipo de movimientos encuentran en el hecho de presentarse públicamente como ífamiliaresí un rasgo común.

En ese escenario se inserta la presencia de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFAD). Se trata de una organización conformada principalmente por madres, parejas, hijas y hermanas de personas detenidas que tiene como objetivo central atender la situación de las personas detenidas en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, y la de sus familiares. Además, un grupo de profesionales, principalmente abogadas y abogados, pertenecientes al Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC) colabora con la asociación, brindando asesoramiento jurídico gratuito a los familiares de personas detenidas (Zenobi y Pérez, 2015).

Como sabemos, una de las principales dificultades del análisis sociológico radica en que nuestros objetos de investigación son siempre objetos preconstruidos; esto es, son productos de procesos sociales a través de los cuales han sido modelados como tales. De allí las advertencias sobre la necesidad de evitar asumir al objeto de una investigación como algo dado: resulta necesario, en cambio, indagar en el proceso de su construcción social. En este trabajo analizaremos algunos aspectos relacionados con el proceso socialmente creativo a través del cual ciertos grupos, clases, estamentos, son consagrados como tales. A lo largo de tal proceso, algunos agentes que cuentan con un capital particular contribuyen diferencialmente a dar existencia social a esos grupos. Al respecto, siguiendo a Bourdieu, entendemos que debe destacarse el papel que cumple la palabra de ciertos representantes autorizados en tales circunstancias: "Cuando habla el portavoz, es un grupo el que habla a través de él, pero que existe en tanto que grupo a través de esa palabra y de quien es su portador" (Bourdieu, 2005: 76). En tal sentido, aquí nos proponemos abordar la lucha por la visibilización y el reconocimiento que llevan adelante las referentes de ACIFAD y de CEPOC, considerándolo como un trabajo de construcción simbólica a través del cual ellas contribuyen a dar existencia social a los familiares de detenidos en tanto colectivo. A su vez, mostraremos un aspecto central de ese proceso; esto es, el modo en que al tiempo que contribuyen a dar existencia social a ese conjunto, estas mujeres se reconocen y van siendo reconocidas progresivamente como portavoces de la situación de los detenidos y de sus familias.

Este artículo se basa en el trabajo de campo etnográfico realizado en el marco de nuestros respectivos proyectos de investigación. Nuestro interés estuvo centrado en reconstruir el punto de vista de los actores, como modo de acceder a los hechos sociales que los involucran (Balbi, 2012). Como parte de nuestros sendos trabajos de campo también realizamos entrevistas con familiares y profesionales miembros de ambas organizaciones. Como estrategia analítica, aquí nos centraremos en el análisis de las trayectorias de Andrea, presidenta de la ACIFAD, y de Claudia, presidenta del CEPOC. Retomaremos una perspectiva procesual del compromiso militante que destaca el juego que se da entre las posiciones objetivas que atraviesan los agentes y el modo en que van modificando sus formas de hacer y de pensar su compromiso con la causa pública que impulsan (Fillieule, 2001; Becker, 2009).

Las formas de la militancia

La reconstrucción parcial de las trayectorias de Andrea y Claudia que ofrecemos a continuación no está organizada en términos teleológicos. En cambio, está orientada a destacar los nudos más relevantes en función de la construcción de la causa pública que impulsan. Desde ese punto de partida, evitamos dar por supuesta la coherencia y continuidad de los recorridos biográficos (Bourdieu, 1989), y nos proponemos comprender cómo, en cada etapa de la biografía, las actitudes y comportamientos están condicionados tanto por las decisiones y situaciones pasadas, así como por los contextos en los que los actores participan (Fillieule, 2001).

La posibilidad de íayudar a otrosí es, para Andrea, uno de los pilares que sostiene su compromiso actual en ACIFAD, pero que está presente desde su niñez. Su padre, un profesional del derecho, abogado laboralista afín al peronismo pero que no militaba en ningún partido, conocía a sus clientes recorriendo los barrios suburbanos de Buenos Aires. Andrea lo acompañaba en esas visitas por los suburbios, en las que él se ofrecía para defender a los trabajadores de los abusos e injusticias a los que eran sometidos en fábricas y otros lugares de trabajo. A poco de ingresar a la escuela secundaria las cosas cambiaron drásticamente en la familia con la muerte del padre. A partir de entonces, Andrea pasó varios años internada en colegios pupilos, donde recibía catequismo y educación religiosa. Al reflexionar sobre aquella época en la que realizó su escuela secundaria bajo la dictadura militar, Andrea destaca que no tenía interés en el contexto político de ese entonces: "estaba desconectada del mundo, no sabía de dictadura, no sabía lo que pasaba, estaba ausente". Los años pasaron y Andrea conformó pareja en dos oportunidades, tuvo hijos y luego se dedicó a su familia. Hasta los años noventa allí estuvo su prioridad, acaso por eso interpreta aquella situación de desinterés en lo político señalando que "vivía como en otro planeta (…) una señora dedicada a su casa y a sus hijos". Cerca de cumplir los 30 años, comenzó a participar en la iglesia de su barrio organizando un grupo para jóvenes con adicciones. Desde su lectura presente, atravesada por su rol actual como presidenta de la ACIFAD, entiende que "lo político" es una cuestión de relevancia, de allí que muestre la situación de su adolescencia como una "desconexión" en relación con ello. Así es que muestra una continuidad respeto de ayudar, pero un contraste con respecto a lo político, que comenzó a tornarse una cuestión relevante luego de que ella comenzara a militar la causa de las personas detenidas y sus familiares.

A diferencia de la situación planteada arriba, en el caso de Claudia, presidenta del CEPOC, la relación con la política viene de lejos. Su abuelo y sus padres eran socialistas, su madre militaba en el partido, y en la adolescencia, su hermano la afilió a la Federación Juvenil Comunista (La Fede).¹ Varios de sus parientes eran peronistas, algunos de ellos cercanos a la organización armada Montoneros. En ese marco familiar, "la política estaba presente, se leía de política (…) y se hablaba mucho de política". Durante los años ochenta, comenzó a estudiar la carrera de Derecho. Su militancia tuvo en esas épocas uno de sus hitos: el viaje realizado en 1985 a Nicaragua como miembro en las denominadas "brigadas del café"² que apoyaban al Frente Sandinista de Liberación Nacional conducido por Daniel Ortega.

Esa militancia no estuvo exenta de algunos conflictos derivados de la tensión entre la posición orgánica con respecto al partido que Claudia respetaba y su pensamiento crítico. Por ello, si bien actuaba orgánicamente y respetaba las decisiones partidarias, en algunos casos objetaba las posiciones sostenidas por la conducción: "me bajaban la línea del partido, me decían eso y yo la repetía, pero la repetía cuestionando algunas cosas (…)". Así, si bien continuó en La Fede, hacia los años noventa se sumó a participar activamente en un organismo de derechos humanos: la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Tras recibirse de abogada, en el año 1994, ejerció la profesión de un modo liberal, durante casi dos años. Se trataba de una época de necesidad económica que el ejercicio como abogada particular ayudó a sobrepasar. Sin embargo, no estaba satisfecha ni a gusto con su trabajo. Gracias a sus contactos en el mundo de la militancia política y en derechos humanos, hacia finales de los noventa se desempeñó como asesora de algunos legisladores a nivel nacional y provincial del Frente por un País Solidario (FREPASO) y, a fines del 2000, en el Partido Nuevo Encuentro de la Provincia de Buenos Aires.

Los modos en que Andrea y Claudia comenzaron a relacionarse con la prisión son diferentes. El primer contacto de Andrea con la cárcel se remonta al año 2004, cuando su hijo fue detenido por un robo menor. A mitad de ese año había firmado un petitorio elaborado por el padre de un joven secuestrado y asesinado unos meses antes. Se trataba de una iniciativa punitivista con la que pretendía discutir el CEPOC, y que promovía lo que en la Argentina se conoce coloquialmente como ímano duraí.³ La movilización demandaba la reforma de las leyes penales y el endurecimiento de las penas de prisión. Paradójicamente, lo que en ese entonces ella no imaginaba era que alguna vez estaría ídel otro ladoí, defendiendo los derechos de los detenidos.

Dadas las nuevas circunstancias, su trabajo como empleada administrativa en una inmobiliaria se presentaba como un obstáculo para ocuparse de la causa penal iniciada y de la situación del joven detenido. Por ello, Andrea dejó su trabajo a cambio de una indemnización que le permitió vivir por unos meses y, para abaratar costos de vida, decidió vender su departamento y mudarse con sus otros dos hijos a la casa de su madre. Su rutina y la de su familia cambiarían drásticamente, y ahora ella viviría entre su casa, el juzgado y la prisión. En los últimos años, distintos trabajos han estudiado los vínculos entre familia y encarcelamiento, centrándose sobre todo en denotar que los efectos de la pena privativa de la libertad no se limitan a la persona detenida. Se ha mostrado el impacto que causa el encierro del miembro de un hogar en la desestructuración de los vínculos familiares (Pacecca, 2012) y se ha destacado que son las mujeres quienes absorben el mayor impacto de la situación tanto en el contexto extranjero (Bouchard, 2007; Comfort, 2007; Vianello y Sbraccia, 2010; Tourat, 2012) como en el local (Ferreccio, 2014, 2015; Pereyra Iraola, 2016). Esta relación de continuidad entre la situación del pariente detenido y lo que sucede con sus familias está considerada en el concepto de íprisionización secundariaí, que hace referencia a que el encarcelamiento no es algo que le ocurre sólo al detenido sino también a sus familiares (Comfort, 2007), ya que los vínculos que se establecen con la institución carcelaria y sus dinámicas atraviesan la vida cotidiana de los familiares de detenidos.

Mientras que el primer contacto de Andrea con la prisión estuvo relacionado con su experiencia como familiar, en particular como madre, el caso de Claudia es distinto. Ella visitó por primera vez una cárcel en su juventud, como miembro de La Fede. Corría el año 1985 y, junto a otros compañeros de militancia visitaban a algunos presos políticos que aún seguían detenidos desde la dictadura militar en el penal de Villa Devoto de la ciudad de Buenos Aires. Estos primeros contactos con la cárcel fueron para ella el inicio de su interés en el tema: allí se dio "el descubrimiento de un universo de militancia que tiene que ver con lo que pasa en la cárcel". Durante los años noventa ella volvió a la cárcel a visitar a colegas de militancia pero, a diferencia de lo que ocurría en sus visitas de los años ochenta a los presos políticos, en este caso entraba como visita común, y fue sometida por primera vez a la revisación íntima y a la requisa corporal.

Pero la experiencia que permitió a Claudia conocer en profundidad la intimidad de la prisión fue el período de trabajo entre 2001 y 2004, como abogada de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Allí pudo realizar inspecciones y recorridos en distintas cárceles federales del país, a los que califica como demoledores, terribles, por las condiciones de detención y los abusos que documentaba todos los días. Como profesional técnica integrante de un organismo estatal, hacía recorridos por los pabellones para entrevistar a presos comunes con los que se "comprometía con cuerpo y alma." De acuerdo con el camino realizado y el aprendizaje obtenido durante sus años en la procuración, en el año 2004 pasó a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su tarea allí estaría centrada en distintos aspectos relacionados con los sistemas penitenciarios. Desde ese lugar se esforzó por promover acciones concretas, entre las cuales se destaca el hecho de haber logrado desarrollar y publicar el primer registro de muertes en contextos de encierro.

Al ocuparse de las abogadas comprometidas en la causa de los Derechos Humanos, Vecchioli (2006) ha señalado que su posición es construida desde dos frentes: por un lado, se define por el compromiso público y colectivo con una causa, y al mismo tiempo, ese compromiso político se construye sobre la existencia de un conocimiento técnico, una expertise que los posiciona de un modo particular en el mundo del activismo y, sobre todo, en relación con las víctimas y sus familiares. En este sentido, íejercer la profesióní se torna una condición de posibilidad de este activismo jurídico.

Como parte de su activismo, Claudia publicó una serie de libros en los que articula la investigación, la denuncia y la escritura académica. En 2012, junto con algunas colaboradoras del CEPOC, escribió el libro Masacre en el Pabellón séptimo. La obra es una investigación orientada a denunciar que el denominado íMotín de los colchonesí ocurrido en el año 1978 en la cárcel de Devoto, donde murieron carbonizados 65 detenidos; fue en realidad una ímasacreí con implicancias y alcances políticos, en vez de ser un motín ordinario. Allí se afirma que se trató de sucesos que "son los mismos que sufrieron durante la dictadura miles de presos políticos y desaparecidos en cárceles y centros clandestinos de detención, (…) La única diferencia, (…) es que eran presos comunes. Estaban en ese pabellón por cometer pequeños delitos, mínimas incivilidades" (Cesaroni, 2013: 9).⁴ Gracias a la denuncia iniciada con este trabajo, se logró que esa masacre fuera reconocida como delito de lesa humanidad en el año 2014.

Como puede verse hasta aquí, en diversas etapas de la vida de Andrea, la posibilidad de ayudar estuvo presente. Se trataba de acciones a las que ella considera no tanto como militancia sino más bien como como ayuda, de tipo pastoral, solidaria. En cambio, criada en una familia politizada, Claudia se socializó como militante política desde la adolescencia. Desde entonces, ella estuvo vinculada al compromiso con causas impulsadas en el marco de ciertos colectivos. Se trataba de organizaciones políticas partidarias en un principio, y luego, del universo de los organismos y agencias estatales ocupadas de la defensa de los derechos humanos. En el contexto de este desplazamiento, como veremos más adelante, el interés por los presos comunes va a representar un hito en su trayectoria como militante y será un importante capital que la distinga como activista.

El dolor y la búsqueda de reconocimiento de los familiares de detenidos

Como señalamos en el apartado anterior, el modo de vincularse con la prisión se dio de modos diferentes en el caso de Andrea y en el de Claudia. En el caso de la primera establecer esa relación desde su lugar de madre fue la particularidad que otorgó el color a todas las intervenciones relativas a la causa pública que Andrea lleva adelante como presidenta de ACIFAD. Términos emocionales tales como dolor, tristeza, pena, angustia, forman parte corriente del vocabulario que es movilizado en el espacio público por ella y por el resto de las integrantes de ACIFAD. Un vocabulario tal resulta fundamental para el trabajo de institución simbólica del conjunto de familiares de personas detenidas como un colectivo que sufre por la situación de sus parientes.

La apelación al dolor como valor y fuente de legitimidad para la acción polí- tica de los familiares en causas de derechos humanos y demandas de justicia es un tema que ha sido ampliamente explorado en nuestro medio. Según Zenobi (2014), puede reconocerse una cierta matriz interpretativa común que ha organizado ese tipo de análisis: el denominado Modelo de Antígona. Se trata de una lente para observar este tipo de procesos que se inauguró con los estudios pioneros sobre los organismos de derechos humanos y que se consolidó al ser utilizada, transpolada, al estudio de otro tipo de demandas de justicia más recientes. Entre sus principales características, se destaca que este modelo asume: 1) una separación entre público-privado, individual-colectivo, etc.; 2) en segundo lugar supone que el dolor es la causa de que los demandantes "salgan" hacia lo público, impulsando un proceso de politización de las luchas; finalmente aquí interesa destacar que 3) a lo largo de ese proceso, los lazos de sangre legitimarían las intervenciones de quienes se presentan como familiares. En este apartado nos centraremos en mostrar cómo, a lo largo de la trayectoria militante de las mujeres que aquí nos ocupan, ellas van asumiendo la existencia de un cierto colectivo, y señalan a la vez las dificultades para que este sea socialmente legitimado.

Cuando el hijo de Andrea fue detenido, él tenía sólo 18 años. Por esto ella recuerda que en ese momento, los primeros meses de encarcelamiento ella no podía dejar de verlo como su bebé. Ella comenzó a mover y a trabajar sobre la causa de su hijo desde "el dolor de madre porque estaba bajo esa reja". La apelación del dolor de madre como fuente que impulsó a Andrea a intervenir y trabajar por la causa de su hijo refleja la centralidad que toma la figura del familiar en impulsar reclamos (Pita, 2010). En esos primeros tiempos, comenzó a "caminar la cárcel": esto es, realizaba visitas frecuentes al penal, al que llegaba y se retiraba en un minibús compartiendo angustias y esperanzas con las madres de otros detenidos. Además de ir a la prisión a visitar a su hijo, otro espacio comenzaría a formar parte de sus recorridos: el juzgado. Pedir como familiar, pararse en el juzgado como familiar, lograr que la vean como familiar comenzaron a ser acciones cada vez más frecuentes, que tenían resultados que Andrea juzgaba como positivos para la causa judicial de su hijo. A lo largo de ese proceso, ella comenzaba a reconocerse como una madre entre muchas otras madres que estaban atravesando una situación similar:

Todas las semanas estaba ahí en el juzgado, como un soldado, ¿eh? Hasta que un día me agarró el Secretario del Juez (…) y me dijo que la semana que viene iba a haber una fecha para el Juicio. Y ahí yo le digo: í-Ah, no, porque si sacaron a otra madre que esté en la misma situación para ponerme a mí, yo no lo quiero.í Porque me había agarrado una culpa, yo ya tenía compañeras, ya caminaba, ya no era sólo yo. En ese momento, yo ya no me podía bancar, que resolvieran la situación de mi hijo y que se jodiera otro. No era sola (Andrea, entrevista, julio 2015).

Como se puede ver, si bien la decisión de modificar la fecha del juicio implicaba sólo a la persona detenida, Andrea recuperaba aquella situación en primera persona como algo que también la implicaba directamente ella en tanto madre.

Si bien, como hemos señalado al inicio de la sección, el supuesto de que las demandas impulsadas por familiares se ven legitimadas por la apelación a los lazos de sangre forma parte de cierto sentido común académico, el caso aquí abordado permite matizar esa idea ya que, aun cuando los familiares declamen tal legitimidad, esta no siempre es reconocida. Andrea destaca algunas dificultades que enfrentan los familiares de presos comunes para transformar su dolor en fuente de legitimidad y en impulso para la conformación de un espacio de participación. Por un lado, una de las dificultades tiene que ver con la percepción de la íno inocenciaí de los familiares detenidos por los cuales se reclama. Es decir, no sería lo mismo ser familiar de una víctima muerta en un delito que serlo del perpetrador del crimen. Las dificultades que conlleva la concepción de la ívíctima no-inocenteí para la articulación de una causa pública se fundan en las evaluaciones morales que hacen de la situación diversos actores. Entre ellos cabe incluir a los propios familiares que, como ha mostrado Bermúdez (2015), en el caso de los parientes de jóvenes muertos por violencia policial o en ajustes de cuentas, toman la decisión de no denunciar esas muertes ni tornarlas en denuncias públicas. En este caso, también el papel público que asumen madres y esposas, hijas y hermanas de detenidos está sometido a evaluaciones morales sobre las que se fundan disputas e impugnaciones respecto del derecho a demandar. Por otro lado, cabe destacar otra diferencia de relevancia: en este caso no hay muertos, sino personas que sufren malos tratos, torturas, o arbitrariedades diversas por las que reclaman sus parientes. Considerando estas cuestiones, Andrea marca una diferencia entre las demandas que impulsan los familiares de presos y otros tipos de demandas de justicia, delimitándose así desde su mirada, un acceso diferencial a la condición de demandante legítimo:

"Los familiares de los presos bajan su cabeza, porque su hijo es un delincuente (…) el familiar de gatillo fácil tiene miedo a la represalia policial, pero tiene más energía para gritar y para defender su derecho. Que sus hijos estén muertos también cumple un rol. El que viene con el familiar muerto viene con más brío, pero el que viene a reclamar por tortura o por mala alimentación viene como calladito" (Andrea, entrevista, julio 2015).

Estas formas diferenciales de construcción de algunas causas como (i)legitimas también es identificada por Claudia como clave en la fundación de su propia organización, el CEPOC, conformada en el año 2004 por un grupo de abogadas y sociólogas compañeras de la Maestría en Criminología de la Universidad de Lomas de Zamora. La iniciativa surgió a raíz de la preocupación que compartían respecto de los reclamos de reforma penal que surgieron a partir la Cruzada Axel, en el contexto del caso Blumberg. Claudia describe la dificultad que existía para discutir públicamente con el padre del joven muerto porque era un padre doliente y ello presentaba dificultades para la discusión pública con quien estaba legitimado por haber sufrido en carne propia: ella recuerda la máxima según la cual "no se le discute a un padre doliente".

En ese escenario, el relato de Claudia sobre los inicios de su militancia por la causa de los detenidos se encuentra estructurado en torno de la necesidad de militar temas que, según señala, no están legitimados políticamente: se trata de ocuparse "de lo que no se ocupa nadie". Es por esto mismo que marca un contraste con otro tipo de situaciones como las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar: "Yo quería trabajar con las violaciones a los derechos humanos del presente. (…) Yo siento que uno tiene que poner el cuerpo no ya donde están todos los esfuerzos. (…) Si no se ocupa nadie, dejame que yo me ocupe". Así fue como se ocupó de cuestiones a las que "nadie atiende". Por ejemplo, como funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudia impulsó la creación de un registro nacional de muertes en lugares de encierro. Se trata de un registro creado de acuerdo con una metodología que es la que actualmente utiliza la Procuración Penitenciaria. El mismo se propuso contar las muertes que en ese "hasta momento nadie contaba".

Los familiares de los presos comunes formaban parte de ese universo al que "nadie atiende" puesto que, según Claudia, ellos aún no han sido identificados como actores relevantes por política ni institución alguna:

El colectivo de familiares creo que no se ve. Cree que hay un desinterés general por la cárcel, que solo había interés con lo que pasaba adentro. Esta situación ha ido cambiando en los últimos años (…) los familiares tienen necesidades, requerimientos, problemas específicos de su condición de familiares de personas privadas de libertad. Entonces hay que atenderlos como a un colectivo con esas necesidades (Claudia, entrevista, julio 2015).

En el presente apartado hemos señalado que la importancia del amor familiar y el dolor de madre forman parte del proceso de reconocimiento de un cierto colectivo conformado por madres y familiares de presos. Si bien con frecuencia se ha sostenido que la intervención de demanda pública impulsada desde los lazos de parentesco legitiman las demandas de quienes se presentan como familiares en el espacio público, este caso muestra que se trata de un proceso sometido a disputas e impugnaciones moralmente informadas. Así, no hay legitimación a priori de las causas públicas, sino que esta es producto de un trabajo social intenso del que participan múltiples actores, entre los cuales aquí nos ocupamos de los familiares y de los abogados que interactúan con ellos.

La frontera porosa de la cárcel: los íespaciosí de construcción de la causa de los familiares

A medida que Andrea fue posicionándose como familiar de una persona detenida, también fue tejiendo redes y relaciones en torno a las distintas problemáticas que iba identificando como propias. Los estudios clásicos sobre la sociología penal (Clemmer, 1958; Sykes, 1958; Goffman, 1972) han enfatizado la frontera que existiría entre el íadentroí y el íafueraí como determinantes para el estudio de las sociedades prisionizadas. Frente a estas miradas, otras lecturas de la prisión más recientes han enfatizando en la íporosidadí de los muros y en la existencia de un espacio liminal entre el adentro y el afuera (Da Cunha 2004; Baer y Ravneberg, 2008; Moran y Keinanen, 2012; Moran, 2013). Varios de estos estudios se han ocupado de estudiar esta porosidad centrándose en la progresiva continuidad que la cárcel tiene en el desarrollo de las relaciones personales y comunitarias de los y las presos/as, como también en las historias de violencia estatal que sufren en su vida cotidiana (Da Cunha 2004; Kalinsky 2009). Otros estudios también han reflexionado sobre el rol que cumple esa porosidad en la vida cotidiana de los familiares (Comfort 2007; Tourat 2012; Pereyra Iraola 2016). En la mayoría de estos estudios, sin embargo, poco se ha reflexionado sobre la importancia de este espacio en la configuración de causas en torno al reclamo de derechos de los/las presos/as y sus familiares.

El recorrido a través del cual Andrea fue identificando la especificidad de ser familiar de un detenido denota la centralidad que toma la circulación entre el íadentroí y el íafueraí para el impulso de la organización. Es a través de esta circulación por este espacio liminal que ella fue conociendo gente y desarrollando un punto de vista particular sobre la situación de los familiares y de las personas detenidas. Así, la socialización de Andrea como familiar de un detenido se fue forjando a través de la circulación por este nuevo espacio social.

En las primeras semanas en que visitaba a su hijo, Andrea tuvo muchas dificultades y entendía muy poco sobre cómo funcionaba la cárcel. Fue entonces cuando conoció a Ariel, ⁵ un preso que estaba detenido hacía varios años en la misma cárcel que su hijo, que le brindó ayuda al joven cuando éste la necesitó en el interior de la prisión. A través de su relación con Ariel, profundizó sus contactos con la cárcel y fue conociendo a otros compañeros de detención y a sus familiares. Tras esos primeros meses, ella fue habituándose a un mundo que le era previamente ajeno, comenzando a conocer sus reglas y aprendiendo a manejarse dentro de él. A lo largo de este proceso, Ariel también fue constituyéndose en una correa de transmisión entre el íadentro y el íafueraí, al transmitirle a ella las dificultades que atravesaban sus compañeros. Por otro lado, la experiencia de Ariel y su conocimiento del entramado de instituciones y profesionales trabajando en el espacio social carcelario también ayudó a Andrea a conectarse con personas y referentes del íafueraí que conocían la realidad de la cárcel, y que la ayudaron en su búsqueda de encontrar soluciones para los problemas que iba enfrentando.

A su vez, en los viajes hacia la cárcel en transporte público y en los momentos de espera en las filas los días de visita, Andrea comenzó a entablar amistades y a generar contactos con otras mujeres que visitaban a sus parejas y/o hijos en las cárceles. Ella lo describe como un proceso casual, en el cual iba ayudando y respondiendo dudas e interrogantes de las distintas mujeres a las que iba conociendo. Así fue como, a través de las relaciones de proximidad que fue entablando en la cárcel, comenzó a desarrollar una inquietud particular sobre las necesidades que tenían tanto las personas detenidas como sus parientes.

En ese contexto, fueron Ariel y sus compañeros de celda quienes dieron el puntapié inicial para formar una organización al proponer la idea de armar una ícooperativa de familiaresí. Ariel escribió un documento con las primeras ideas sobre esta cuestión, y lo entregó como una carta para Andrea. Esta carta fue el puntapié para que ella enviara un mail a distintas organizaciones sociales solicitando ayuda para comenzar a hacer realidad esa idea.

Como se puede ver hasta aquí, entonces, el impulso inicial para la organización no estuvo dado tanto por el íafueraí de la prisión ni por el íadentroí, sino que surgió de la circulación que se fue generando entre ambos espacios, a través de las prácticas y los intercambios entre Andrea y Ariel, y con otros detenidos, con otras familiares y con profesionales psi y abogados que tenían experiencia de trabajo dentro de la cárcel. De manera tal que el estudio de la trayectoria que culmina en la creación de ACIFAD permite destacar lo relevante de la circulación por ese espacio liminal. En contraste con los estudios que enfatizan las separaciones entre ambos espacios, puede verse la importancia que tuvieron la porosidad y la circulación entre ambos en la construcción de la causa pública que Andrea comenzó a promover junto a otras personas. La manera en que ella fue dándole forma a la causa también denota la búsqueda de hacer tangibles y reconocibles las consecuencias de la cárcel para las familias de las personas detenidas. En este sentido, siguiendo a Bourdieu, el hacer visibles las necesidades asociadas a la circulación entre ambos espacios puede entenderse como una lucha simbólica y una búsqueda política de "hacer tangible aquello que existe pero, al no estar aún reconocido como tal, no parece existir" (Bourdieu, 2008: 136).

Del asesoramiento a la colaboración: ACIFAD se encuentra con CEPOC

Un factor clave para entender el rol que Andrea tomó en la construcción de la causa tiene que ver con sus propiedades sociales, esto es, su capital cultural y simbólico. Andrea presenta algunas particularidades que la hacen parte del grupo de familiares; al mismo tiempo que otras la distinguen. Por un lado, ella comparte un cierto saber, al igual que otros familiares que visitan y ícaminaní la cárcel. Por otro lado, cabe destacar lo señalado al principio de este trabajo respecto de su militancia social desde muy joven, su pertenencia a una familia de clase media con un padre abogado y su acceso a la educación religiosa secundaria. En parte ello explica su sorpresa frente al hecho de que los familiares de detenidos tuvieran lo que llama una "actitud pasiva" al momento de exigir que se respeten sus derechos y los de sus parientes detenidos: "A mí me sonaba raro, porque mi concepción es otra, porque creía en Dios, sabía que todos éramos iguales. Yo tenía esa herramienta (…) tiene que ver con esa posibilidad, con ese acceso a la educación que yo tuve".

Frente a la necesidad de encontrar respuestas a sus problemas en tanto familiar, y a los de las personas que iba encontrando al "caminar la cárcel", Andrea decidió enviar una carta para conseguir el apoyo de organizaciones sociales y de derechos humanos, y así fue como tomó contacto con el CEPOC. Esta organización aportó distintas capacidades para transformar la causa de los familiares de presos en una causa pública. Primero, brindando asesoramiento jurídico para formalizar la asociación; también ayudó a conseguir un lugar físico para la naciente ACIFAD. Asimismo, los profesionales del CEPOC brindaron contactos personales que pudieran ser de utilidad de cara a la resolución de denuncias o pedidos de los familiares que se iban acercando al grupo. Por otro lado, también contribuyó con el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres que participan en la organización para demandar sus derechos en los juzgados cuando los operadores judiciales y los defensores no les contestaban sus preguntas o no les explicaban las cuestiones jurídicas. Asimismo, el acompañamiento de CEPOC las ayudó a capacitarse en temas relacionados con las políticas públicas y permitió posicionar en la esfera pública a las familiares como un colectivo con demandas específicas que debían ser escuchadas:

No teníamos mucha idea ni noción de cómo se estructuraba el Estado, no sabíamos que éramos sujeto de derechos ni reclamar un derecho (…) Primero, las sociólogas hicieron todo un laburo para que nos diéramos cuenta que eso era maltrato, que no teníamos que bancarnos eso, y que en todo caso podíamos pararnos y decir, mire, usted me tiene que explicar mejor porque no entendí. Y, ahí, como que nos fuimos acompañando unas a otras. Bueno, si vos no entendés nada, vamos que nos vamos acompañando (…) Y Claudia nos decía que vayamos a eventos de jueces y funcionarios, que nos presentemos como una asociación de familiares y que no importaba si entendíamos o no entendíamos. Y entonces nos íbamos encontrando con jueces o con otras personas, y en los eventos te empiezan a conocer, y ya empezás a discutir y ahí te van presentando unos con otros (…) Y entonces te dan su teléfono, y cuando una persona te llama, ya podés responder a ese llamado (Andrea, entrevista, julio de 2015).

A partir de este contacto con CEPOC, Andrea comenzó también a socializarse en un lenguaje nuevo, el lenguaje de la militancia. Ella recuerda que la palabra militar no formaba parte de su vocabulario hasta que se cruzó con las integrantes del CEPOC. Para ella, ese término tenía una connotación negativa. Del mismo modo, la "política" era una mala palabra. relacionada con la corrupción y la política partidaria.

Cuando yo empecé, también me daba miedo. Pensaba íEsta Claudia, que dice estas cosas… y si mañana me vienen a buscar y me secuestran un pibe y me lo chupan?í. Ahora, militar una causa es ícargarse al hombroí lo que a uno le interesa o le preocupa y motorizarlo. Ahora entiendo que todos somos políticos, no todo es política partidaria. Nosotros vivimos en este Estado que conformamos nosotros, nosotros somos quienes elegimos a quienes nos van a gobernar, que tenemos incidencia en eso (Andrea, entrevista, julio de 2015).

Si la colaboración del CEPOC resulta relevante para la posición de ACIFAD, para el CEPOC, la conformación de ACIFAD también cumple un rol muy importante en su crecimiento como organización. Y ello porque lo perfila, constituye un cierto capital a través del cual CEPOC construye su posición particular. Al ponerse en contacto con Andrea y sus compañeras interesadas en avanzar en la organización, Claudia sintió que, "todo el conocimiento teórico que tenía, de mi militancia, de la Procuración podía ser puesto al servicio de eso (...) había un encuentro entre esas demandas y lo que nosotros podíamos aportar". Así es como el CEPOC comenzó a ocuparse de un tema ínuevoí, que no estaba en la agenda de otros organismos e instituciones al militar por aquello íde lo que nadie se ocupaí.

Más allá de ello, en la práctica cotidiana, los intercambios que mantienen ambas organizaciones no están desprovistos de negociaciones en torno a las necesidades y prioridades que debe tener el colectivo. Para Andrea, un factor clave en su trayectoria hacia la constitución de la organización de familiares tiene que ver con el reconocimiento de que la experiencia de ser familiar, de caminar la cárcel, tiene un valor especial y distinto al de otros "saberes" como aquel al que identifica como "jurídico". Andrea describe los comienzos de su relación con Ariel como un proceso de aprendizaje esencial en los saberes de la cárcel. Es Ariel quien le enseñó ese "saber", a través del cual ella fue constituyéndose tanto como referente o persona a la que otras familiares consultaban. Para ella, el saber jurídico no resulta suficiente para comprender la realidad de la prisión si no se cuenta con el saber que se obtiene caminando ese espacio.

Entre el saber relativo a "caminar la cárcel" y la experiencia y el aporte técnico de los profesionales, el trabajo en conjunto contribuyó al reconocimiento en distintos foros y organismos públicos de la existencia de un colectivo de familiares de detenidos. La presencia en eventos y la organización de reuniones y otras actividades fue fortaleciendo el capital social de la organización, lo que le permitió ampliar las capacidades de respuesta para aquellos parientes de detenidos que se acercan a ACIFAD. Sintetizando, el encuentro entre las familiares de ACIFAD y las abogadas y sociólogas del CEPOC permitió potenciar los recursos simbólicos de ambas organizaciones, para construir y fortalecer el posicionamiento social de la figura de los familiares de detenidos en el ámbito del activismo carcelario.

Conclusión

A lo largo de sus trayectorias, tanto Andrea como Claudia fueron avanzando en el reconocimiento de un colectivo con una problemática específica -los familiares de detenidos- y así fueron construyendo su compromiso con la causa pública. La construcción progresiva de ese compromiso se dio en torno a ciertas personas concretas con las que ellas se encontraban vinculadas. Ese proceso no se dio sin contradicciones y disputas: ya otros trabajos han destacado las dificultades de legitimación que han encontrado distintos colectivos que se proponen impulsar el activismo carcelario y antipunitivo (Davis, 2003; Bernstein, 2010). A diferencia de lo que se sostiene desde la matriz interpretativa a la que se ha denominado como Modelo de Antígona, según la cual los lazos de sangre son siempre eficaces para legitimar demandas, vimos aquí que ese proceso está abierto a tensiones y disputas por la legitimidad de las posiciones sostenidas por parte de quienes se presentan públicamente como familiares de detenidos.

Bourdieu (1987) afirma que todo trabajo de representación implica la construcción de un grupo a representar. Como vimos, la categoría "familiares de detenidos" cumple un rol central para la constitución de Andrea y Claudia como militantes de esta causa, y ellas también resultan centrales en la promoción de la existencia de tal conjunto. En este sentido, con el objetivo de evitar un abordaje reificador de los familiares de detenidos como un colectivo especifico, aquí nos hemos centrado en el trabajo simbólico y político de su construcción, pero al mismo tiempo, hemos mostrado que ese proceso de construcción se dio en torno a un espacio social objetivo atravesado por múltiples relaciones.

En efecto, vimos cómo el proceso de conformación de la causa fue precedido por el desarrollo de relaciones de proximidad, redes y contactos y la identificación de afinidades y de problemáticas propias que fueron constituyéndose a través de la circulación entre el espacio liminal entre el adentro y el afuera de la cárcel. De manera tal que, si bien la idea progresiva de un "colectivo" en relación con el cual intervenir es paralela a la construcción de la posición militante de Andrea y Claudia y su constitución como portavoces, la construcción de dicho colectivo no puede entenderse sin atender los posicionamientos, redes, afinidades y vínculos que ellas fueron construyendo previamente en el espacio social carcelario.

A medida que las posiciones de Andrea y Claudia en el espacio de la militancia por la causa pública que promueven se fueron modificando, también lo fue haciendo su relación con "la política". Desde la antropología de la política se ha insistido en que aquello que los observadores suelen llamar ípolíticoí y sus términos asociados -como gobierno, Estado, etc.- no deben ser asumidos como aprioris analíticos (Balbi y Boivin, 2008). En cambio, deben ser tratados como categorías a las que los actores sociales atribuyen sentidos específicos, por lo que debemos evitar atribuir a lo político limites fijos y rígidos. En el caso de Andrea, socializada en torno al ayudar y al ser solidaria, luego de la detención de su hijo ella comenzó a recorrer un camino que la llevó a fundar su compromiso en torno a su condición de familiar. Fue desde allí que llegó a constituirse en presidenta de ACIFAD y como tal fue avanzando progresivamente hacia la idea de que impulsar la causa pública de los detenidos y sus familiares era una forma de militancia, no partidaria, pero sí de carácter político. En cambio, criada en una familia politizada, Claudia se socializó como militante política en el marco de ciertos colectivos, yendo desde lo político partidario hacia el universo de los organismos y agencias estatales ocupadas de la defensa de los derechos humanos. Desde allí, ella movió su interés desde causas a las que consideraba ya legitimadas como causas políticas (la de los presos políticos) hacia causas que se esforzó por militar y construir como causas políticas (la de los presos comunes y sus familiares).

Si bien la literatura especializada suele enfatizar el rol de los familiares que reclaman públicamente, aquí nos propusimos mostrar las relaciones de interdependencia que ellos establecen con otros actores con los que trabajan en la promoción y construcción de su causa pública como los profesionales del CEPOC. Ese entrelazamiento modela el rol que cumplen unos y otros actores en la definición de las necesidades y prioridades del colectivo y le da forma al camino que continúan transitando juntos.

Notas

1. Esta es la expresión coloquial con la que es conocida esa agrupación en el mundo de la militancia política.

2. El nombre formal de la iniciativa fue Movimiento de Brigadistas Libertador General San Martín (MBLGSM).

3. Se trataba del petitorio Blumberg. La Cruzada Axel fue una movilización masiva, impulsada por el padre de un joven de clase media-alta de 17 años, que en 2004 fue secuestrado y asesinado. El documento redactado desde la cruzada exigía que las autoridades aumentaran las penas previstas para algunos delitos, que bajaran la edad de imputabilidad de los menores; y también, que la portación ilegal de armas no fuera un delito excarcelable, etcétera.

4. Claudia también publicó otros libros, entre los que se destacan Un partido sin papá, La vida como castigo, El dolor como política de tratamiento, y como coautora, Voces del Encierro: Mujeres y jóvenes encarcelados en la Argentina y Por un régimen penal para niños, sin bajar la edad de punibilidad.

5. En virtud de que Ariel se encuentra detenido, su nombre ha sido modificado para garantizar su anonimato.

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