Introducción

A comienzos de marzo de 2012, el entonces titular de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación viajó desde Buenos a Aires a la República de Angola junto a más de 200 empresarios argentinos, entre los que se destacaba una mayoría de pymes, y una comitiva de funcionarios, encabezados por el canciller Héctor Timerman; el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, y el presidente del Banco de la Nación Argentina, Juan Carlos Fábrega. La textura noticiable de lo que fue la primera misión comercial organizada por Guillermo Moreno estuvo marcada por tropos satíricos, plagados de prejuicios racistas y clasistas, vehiculados a través de los grandes medios de comunicación argentinos. Pocas reseñas se ocuparon de noticiar los fundamentos técnicos del viaje, el estudio previo del mercado, las potencialidades de articular economías complementarias y el hecho de que, para ese entonces, Angola representaba el quinto comprador de productos argentinos, detrás de Argelia, Egipto, Sudáfrica y Marruecos.¹ Los relevamientos de las percepciones de los participantes estuvieron casi ausentes, como el hecho de que cada uno de los empresarios abonó su viaje. Las reacciones críticas se repitieron cuando la entonces presidenta Cristina Fernández (Frente para la Victoria [FPV], 2007-2015) viajó a dicho país en el mes de mayo, en coincidencia con la participación argentina en la Feria Internacional de Luanda. En esa oportunidad, iban a sellarse convenios binacionales de cooperación energética y en áreas específicas (alimentos, maquinaria agrícola y fertilizantes). Los comentarios críticos focalizaron en el “fracaso” del viaje: no se vendió nada.²

Las críticas a las misiones a Angola subrayaban errores de fondo de la política macroeconómica. Especialistas académicos y del comentario de economía política provenientes del sector empresarial privado y de la oposición política dentro y fuera del Estado planteaban la futilidad de ese tipo de políticas públicas, ya que dejaban en evidencia la incapacidad de crear un “clima de confianza” para el crecimiento del país (^{de la Balze, 2013}). Proponían que, en lugar de efectuar arreglos discrecionales de importación y exportación, había que tomar medidas generales para reinsertar al país en flujos financieros internacionales, renegociar las deudas con los bancos de exportación (el Club de París), satisfacer los requerimientos del Fondo Monetario Internacional de “estadísticas confiables” y postergar hasta el año 2015 las decisiones de la justicia norteamericana respecto del pago de los “holdouts”.³ Otras voces subrayaban que la mala performance económica internacional se agravaba por problemas de modales diplomáticos: había que recuperar el “profesionalismo en el manejo de las relaciones internacionales” (^{De la Torre y Rosales, 2015}). En suma, el diagnóstico era que el gobierno carecía de una estrategia seria en materia de relaciones económicas y de tácticas diplomáticas adecuadas.

Más allá de que usualmente asumen un lenguaje económico y/o diplomático, las críticas a las misiones comerciales internacionales son parte de una mirada de conjunto que articula tensamente aspectos técnicos, económicos, políticos e ideológicos. Como tales, son una construcción específica de “la economía nacional como proyecto epistemológico” (^{Hann y Hart, 2011}, p. 34). La economía nacional puede ser un recurso para socavar las políticas de un gobierno en nombre del propio discurso estatal porque es uno de los efectos estructurales que mantienen el poder del Estado-Nación (^{Appel, 2017}). De hecho, la gestión de gobierno subsiguiente convirtió las críticas antes mencionadas en eje de sus políticas. Desde que Mauricio Macri (PRO-Cambiemos, 2015-2019) asumió la presidencia, en diciembre de 2015, trabajó “para volver a integrar Argentina al mundo” a partir de la apertura y desregulación de la economía, el endeudamiento externo masivo y una marcada desindustrialización.⁴ Esto que pareciera un vaivén del posicionamiento externo de la Argentina es parte de un proceso político permanente en el cual se libran disputas mediante del “sistema-Estado -vía tecnologías políticas “gubernamentales” concretas (materializadas, por ejemplo, en viajar a Angola)- que buscan incidir en la “idea-Estado” (^{Abrams, 1988}).

La analítica de la gubernamentalidad, desarrollada por Michel Foucault en los cursos del Collège de France entre 1978 y 1979, propone considerar al Estado como un punto de objetivación de prácticas gubernamentales que tienen por finalidad conducir las conductas de otros en lugar de asumirlo como punto de partida su unidad putativa (^{Castro-Gómez, 2010}). Michael Foucault detectó que la principal metáfora del gobierno es la “nave” cuyo manejo requiere sortear dificultades y llegar a destino, e implica hacerse cargo de la tripulación, los cargamentos, las inclemencias del clima, etc. (²⁰⁰⁶, pp. 122 y 123). Esta es una de las metáforas más recurrentes de las gestiones de gobierno para promover determinadas políticas públicas, como, por ejemplo, la de misiones internacionales o la toma de deuda externa.⁵

En el presente trabajo voy a ocuparme de un tipo de viajes afines al viaje de Moreno a Angola, buscando contribuir, desde un punto de vista antropológico centrado en la etnografía, al conocimiento sobre los valores producidos en torno de las políticas públicas. Examinaré las “misiones comerciales e institucionales de la Región Centro”, un proceso de integración subnacional entablado por los gobiernos de las provincias argentinas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe hacia fines de la década de 1990. En este proceso, los viajes al exterior fueron configurando una política pública ‘regional’ impulsada por las diferentes gestiones y partidos de gobierno que fueron sucediéndose en la región, atendiendo al perfil agroexportador de las provincias socias y al peso de los empresariados locales en la trama socioproductiva.⁶ Focalizo en la relevancia atribuida por “funcionarios” y “empresarios” a esas “misiones”, a partir de relevar una serie de controversias y acuerdos en torno de ellas, desarrollados entre 2005 y 2012. Argumento que el “éxito” de esos viajes no tiene que ver tanto con su contenido aparente (comercial), sino con la producción activa de una dinámica (política) que en este caso tiene al “federalismo” como un valor-en-acción clave para orquestar la praxis regional-estatal.

Este trabajo articula los desarrollos conceptuales de la antropología política y del Estado con una perspectiva etnográfica que, en términos teórico-metodológicos, busca reponer la sensibilidad holística al contexto de significación y producción de relaciones sociales y valores de manera de poder examinar las diversas escalas y coordenadas locales a partir de las cuales diversos actores sociales construyen las dinámicas estatales.

Desarrollé trabajo de campo etnográfico con actores gubernamentales y no gubernamentales de la Región Centro entre 2006 y 2012. Debido a la “opacidad” que envuelve el hacer cotidiano de las “élites” públicas y privadas (^{Verlot, 2001}; ^{Shore y Nugent, 2002}), la observación participante y el registro de las prácticas verbales y no verbales de los actores tuvo lugar mayormente en “eventos” (reuniones institucionales, encuentros, jornadas, talleres, actos y presentaciones). Gracias a haberlos tratado como “situaciones sociales” (^{Gluckman, 1958}) y no como “rebanadas típicas” de un patrón social que vendrían a ilustrar (^{Kapferer, 2015}), los eventos devinieron en instancias clave para acceder a las formas en que los actores se expresan y se relacionan en el proceso regional. También realicé entrevistas abiertas a diversos actores sociales (funcionarios de gobierno y asesores; participantes de los distintos Foros de la Sociedad Civil y funcionarios del Consejo Federal de Inversiones [CFI]), que completé con el análisis etnográfico de fuentes documentales (leyes, decretos, versiones taquigráficas de sesiones legislativas, índices de infraestructura y producción, publicaciones de universidades públicas y privadas, consultorías e informes técnicos de los gobiernos, fundaciones privadas y de organismos como el Instituto de Federalismo de Córdoba y la Bolsa de Comercio), incluyendo el seguimiento sistemático de material periodístico en función del carácter “noticiable” de hechos relevantes para mis interlocutores.

Los viajes como políticas públicas

El descontento con la promoción de viajes institucionales y comerciales al exterior surge de su construcción y ponderación como una política pública. Es decir, responde a sus evaluaciones como tecnología de gobierno (^{Rose y Miller, 1992}) y como forma total de regulación de la economía y sus efectos sobre la agencia y subjetividad (^{Shore y Wright, 1997}). En este sentido, aquello que se presenta como “incapacidades” de una gestión determinada siempre se produce en un contexto de disputas acerca de las formas técnicas y políticas de la gobernanza.

La política pública de misiones comerciales e institucionales al extranjero promovidas por el Estado argentino y el empresariado en la última década tiene como una de sus especificidades el supuesto de que los arreglos contractuales comerciales requieren del conocimiento mutuo, y en este caso, del desplazamiento físico, del viaje. El viaje siempre ha fascinado a los antropólogos, al punto de constituirse en un locus de producción de credenciales profesionales frente a otras disciplinas y marcar la formulación de la pregunta antropológica basada en la alteridad (^{Krotz, 1988}). Aunque las modalidades del desplazamiento (físico y cognitivo) hayan ido variando con las propias transformaciones antropológicas de la relación entre exotismo y extrañamiento, las reflexiones acerca del viaje siempre han sido medulares a la antropología en sus dimensiones biográficas, epistémicas y conceptuales, además de remitir a entornos etnográficos concretos.

Un trabajo pionero sobre el viaje y los viajeros es el estudio de Bronislaw ^{Malinowski (1975}) sobre el Kula. Esta obra habilitó la discusión de supuestos occidentales universalizantes de la ‘economía primitiva’ y del homo œconomicus. El kula animaba toda la vida social trobriandesa pero, a diferencia del costero y el interior, los uvalaku (grandes expediciones de ultramar) eran privativas de los jefes, quienes competían por el honor en esos viajes peligrosos y fascinantes (^{Powell, 1960}). Desde un enfoque diferente, Eric ^{Wolf (2000}) también produjo un análisis canónico sobre el tema; especialmente acerca del tráfico de personas y cosas (desde esclavos a textiles) que introdujo al capitalismo en contextos no occidentales. El gran comercio (usualmente un eufemismo del pillaje) trastocó la acumulación de capital y las formas de “mundialización” de la economía a partir de la articulación de fuerzas múltiples: la acción cotidiana de las personas, sistemas de producción formales y relaciones intersticiales, las instituciones del Estado moderno y las asociaciones entre industria, comercio y militarismo. En esta dirección, otro aporte clásico es el de Sidney ^{Mintz (1996}), quien produjera un análisis fundamental del incremento del consumo en Inglaterra de la azúcar producida en las islas del Caribe, centrado en las transformaciones de la expansión ultramarina que catalizó el comercio de esclavos.

Entre las referencias insoslayables sobre viajes y viajeros también están los trabajos de Marshall ^{Sahlins (1990}), los cuales dieron lugar a estudios etnográficos e históricos comparados acerca de cómo diferentes pueblos del sector Transpacífico organizaron el impacto del capitalismo en lógicas culturales ‘exóticas’ y distantes del fetichismo de la mercancía occidental. La propia literatura acerca del fetichismo -en especial la inspirada en el trabajo de William Pietz (^{Taussig, 1996}; ^{Graeber, 2005})- se centra en las experiencias de viajes y viajeros para examinar históricamente enclaves comerciales interculturales en la costa occidental africana.

Finalmente, una contribución de referencia, aunque no estrictamente antropológica, es la de Mary Louis ^{Pratt (1997}) respecto de la expansión imperial comandada por elites intelectuales y comerciales desde el siglo XVIII. Aquí también los viajeros tuvieron un rol fundamental como exploradores de avanzada del capital europeo (ingenieros, criadores, agrónomos militares), enviados por compañías de inversores debido a sus contactos con las elites locales y sus conocimientos de recursos y mercados locales. Viajar era alegoría del ansia de progreso y un puntal ideológico de la vanguardia capitalista y de las elites criollas. Sin ir más lejos, el tropo y el libro de Domingo Sarmiento ‘civilización y barbarie’ remiten a la experiencia de un viajero avezado.

Esta breve reseña permite contextualizar el marco de sentido antropológico de los viajes y pensar coordenadas para examinar desde la antropología aquellos promovidos por los Estados modernos. Abordar de manera holística a los viajes institucionales y comerciales permite examinarlos como parte de la producción de “efectos” estatales (^{Trouillot, 2011}). Asimismo, permite desnaturalizar su valor de herramientas inocuas al servicio de tomas de decisiones burocráticas económicas y políticas, e incluso examinar cómo opera relacionalmente la construcción de dichos campos. En suma, son un buen lugar para indagar la “gubernamentalidad” como ejercicio compartido de gobierno (^{Foucault, 2006}) que desafía la división normativa entre Estado y sociedad civil, entre público y privado, y entre lo local y lo global de la “topografía vertical del poder” (^{Ferguson y Gupta, 2002}). A continuación, voy a describir cómo operan estas interrelaciones concentrándome en las “misiones comerciales e institucionales de la Región Centro”, tomando como eje de la descripción etnográfica un conjunto de controversias en torno a su valor o importancia.

Controversias en un evento regional

A mediados de marzo de 2012 tuvo lugar la octava Reunión Institucional de la Región Centro en la ciudad de Paraná, la capital de Entre Ríos. Ya había relevado etnográficamente ediciones anteriores del evento, pero esta era la primera a la que iba invitada como colaboradora de un grupo de estudios asentado en la ciudad de Buenos Aires relacionado con la Cancillería argentina. Esto que parecía un zigzagueo de personas y escalas de localidad presagiaba las coordenadas temáticas de las nuevas preguntas de investigación que formularía en el marco de mi interés por comprender cómo los actores construían al “federalismo” como un valor en y un símbolo vivo del proceso regional (^{Gaztañaga, 2010}, ²⁰¹⁶).

Las reuniones de la Región Centro se llevan a cabo desde el lanzamiento formal del bloque interprovincial, en el año 2004. Tienen una frecuencia anual, que se suma a las que mantienen por su cuenta los diversos foros y estamentos que participan orgánicamente del proceso. La principal característica de estos encuentros que movilizan a todos los actores regionales es su simbolismo y ceremonial (^{Gaztañaga, 2012}). Se trata de “eventos ritualizados” (^{Leach, 1976}; ^{Boivin, 2004}) donde sus protagonistas subrayan la importancia de ciertos significados y valores; por ejemplo, los participantes suelen llamar al evento anual de la región “la Cumbre de los Gobernadores”. El título de esa edición era “Infraestructura, recursos hídricos y economía para la integración e internacionalización de la Región Centro”. Además de trabajar esos temas, en dicha oportunidad, el socialista Antonio Bonfatti, gobernador de Santa Fe, recibía la presidencia pro tempore de manos de su par entrerriano, el peronista kirchnerista Sergio Urribarri, quien la había recibido el año anterior del cordobés, el peronista renovador José Manuel de la Sota. En paralelo a los gobiernos, los participantes de los “Foros de la Sociedad Civil” (empresarios, profesionales, organizaciones del trabajo y universidades) también se reunían para poner en común sus evaluaciones acerca de la integración regional y planear acciones a futuro. En total eran dos días: la primera jornada, a cargo de la “segunda plana” de los gobiernos provinciales, estaba orientada al “trabajo en reuniones sectoriales”; la segunda jornada, eclipsada por los gobernadores, se destinaba a las conclusiones de cierre hasta el año siguiente.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de un hotel-casino a orillas del río Paraná, actualmente en manos de una cadena norteamericana que alberga la principal sala de convenciones de la ciudad. La sencilla pompa de la apertura del evento fue coherente con el tono afable de la atmósfera social: las tres banderas provinciales y la argentina de fondo, un presentador que nos invitó a cantar de pie el himno nacional argentino y las escuetas pero amables palabras de bienvenida de las autoridades (la intendenta de Paraná, ministros y secretarios). Tras la apertura oficial, los funcionarios se retiraron raudamente. El grueso de los presentes permaneció en el hotel hasta el atardecer. Eran los participantes de los foros, muchos de los cuales habían viajado ese mismo día, compartiendo el viaje en automóvil o en bus desde sus provincias; algunos se alojaban en hoteles y otros en casas de parientes o amigos; algunos pocos regresaban esa noche a sus ciudades para volver al día siguiente. Iban a trabajar las “propuestas sectoriales para elevar a las autoridades”.

Este tipo de eventos son espacios clave de sociabilidad; las personas se encuentran y tienen expectativas en torno de esos encuentros. Algo similar le sucede a la investigadora. Tras saludar a miembros de diferentes foros con quienes ya había interactuado en otras instancias de la investigación, decidí unirme en ese momento a los empresarios, quienes permanecieron en el enorme salón donde minutos antes se había realizado la apertura. También sesionó allí el foro de universidades. Los delegados sindicales y de los colegios profesionales fueron a otras salas del hotel, al igual que los legisladores de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región.

En un círculo bullicioso de sillas apostado al fondo de la divisoria intangible del salón entre los dos foros, se ubicaron pequeños y medianos productores agropecuarios, industriales, empresarios de servicios, representantes de las bolsas de comercio, titulares de cámaras empresariales y de federaciones y cooperativas agrarias. Éramos más de treinta personas. Cada cual fue presentándose por provincia y rubro productivo. Los temas del día habían sido acordados previamente en una de las tantas reuniones que organizan los empresarios por año: básicamente apuntaban a tratar el balance entre el trabajo realizado y las cosas por hacer, “como foro y frente al poder político”. Pero apenas el coordinador (un importante funcionario de la Bolsa rosarina) terminó de leer el temario, un chacarero entrerriano preguntó retóricamente si no “faltaba gente”. Se hizo un silencio incómodo. Faltaban los cordobeses, explicó el moderador, “porque están reunidos con las autoridades de su provincia”. Sobrevino otro silencio seguido de murmullos que derivaron en una breve pero acalorada discusión.

El problema no era la impuntualidad ni la inasistencia (de hecho, los cordobeses estaban en el mismo hotel), sino que los santafesinos y los entrerrianos estaban allí para sentar compromisos sobre temas que venían trabajando desde años atrás (de reformas tributarias, homologaciones legislativas y esquemas impositivos, y presionar a los políticos), mientras que los cordobeses estaban aparte porque su objetivo era comprometer a las autoridades en más misiones comerciales.

En ese concierto de voces y silencios no había, empero, una disonancia respecto de las misiones en sí mismas; las cuales eran consideradas importantes por todos: “son buenas”, “vienen bien”, “siempre han servido”, “no están en discusión”. El desacuerdo se daba respecto de su ponderación contextual. Es decir, mientras que parecían ser una prioridad para los cordobeses, para los santafesinos y entrerrianos era preferible relegarlas a un segundo plano “en esta etapa consolidada” del proceso regional. Para estos últimos, lo primordial era destinar los recursos materiales y humanos que venía produciendo el foro en pos de “acciones fuertes para todos”, especialmente la reforma impositiva en las provincias de la región.

De todas maneras, la discusión acerca de la ausencia de los cordobeses reveló la desigualdad de saber y poder al interior del foro, cuyos miembros más activos son los de más trayectoria y capital social dentro de la integración regional (varios han sido funcionarios de gobierno y están en contacto permanente con el poder político). Todo indicaba que el conflicto no había comenzado ni iba a ser zanjado allí. De hecho, el documento del foro había sido preparado de antemano por todos los representantes y, tras su lectura, los presentes solamente introdujeron un par de enmiendas para distinguir “recomendaciones” de “peticiones” y pequeñas cuestiones de estilo. ¿Se aprueba? Por unanimidad. Y en cuestión de segundos, el círculo se deshizo en grupitos de conversación donde “el tema” era quiénes iban a ir a la cena con los gobernadores (aparentemente, solo los representantes de los foros y algunos importantes empresarios). La gala requería de invitación y etiqueta apropiadas; sin ninguna de ellas, regresé al hotel sindical donde me alojaba, a pasar notas y reorganizar ideas; me interesaba ver cuáles de esas cuestiones el “sector político” haría suyas, o no, al día siguiente.

Al día siguiente, la importancia de la jornada se presagiaba en los movimientos en el lobby del hotel, donde el despliegue de coches con vidrios polarizados y los ascensores casi colapsados durante la hora previa designada, daban sensación de completo frenesí. Logré subir junto a tres hombres que conversaban animadamente sobre “el trabajo conjunto de los foros de trabajadores y de empresarios”; eran un productor santafesino, un delegado sindical cordobés y el ministro de Trabajo de Córdoba. Cuando llegamos al quinto piso, estaba plagado de medios de comunicación. El retraso de media hora en comenzar aseguró que la ceremonia de cierre fuera “a sala llena”.

Los gobernadores hicieron su entrada triunfal, coronada por fuertes aplausos. Así comenzaron las presentaciones, que siguieron el usual protocolo de reuniones anteriores. En sus exposiciones, cada uno de los políticos ratificó la “centralidad” de las misiones al exterior y la relacionaron con la “acción federal” más importante del día: la firma de convenios con el Consejo Federal de Inversiones. Estos tenían dos objetivos: desarrollar programas regionales sobre temas definidos por los foros y la inserción de la región en mercados externos emergentes mediante misiones institucionales y comerciales. El secretario general del CFI sinceró la importancia del acuerdo cuando le tocó exponer: “es un nuevo convenio, aportando 8 millones de pesos; aquí los gobernadores me han demandado un poquito más ‘¿por qué no puede llegar a 10?’”. Mientras que comentaba el hecho, el mandatario cordobés le susurró algo al oído; ambos sonrieron: “Y bueno, vamos a hacer el esfuerzo”. Los presentes aplaudieron y al fondo del salón los bombos sindicales redoblaron eufóricos.

Al término de las exposiciones, del intercambio ceremonial de presentes y de las chicanas futboleras (tema que acaparó la conferencia de prensa tras el anuncio de creación de una liga de fútbol regional), el poder se retiró de la escena. Con los gobernadores se fueron los flashes fotográficos, los guardaespaldas y la comitiva de funcionarios. El resto de la audiencia se quedó al catering al menos dos horas más. Para muchos, era el fin del evento hasta el año próximo; para otros, continuaba en otras locaciones. Los empresarios lograron comprometer a los gobernadores a una breve reunión donde les entregaron “en mano” el documento del foro aprobado el día anterior y les solicitaron “mayor articulación” con los organismos públicos, “reuniones periódicas” y una “agenda regional conjunta”.

Como en una coreografía practicada y perfectamente ejecutada, el evento culminó con la eficacia simbólica del “conformismo lógico y moral” de las instituciones, que consagró al “poder de actuar sobre lo real actuando sobre la representación de lo real” (^{Bourdieu, 1993}, p. 115). El problema de la prioridad de las misiones que tanto revuelo había causado el día anterior pareció resolverse en ese espacio ceremonial destinado a unir a los presentes. Pero ¿fue realmente así? Para responder esta pregunta, en la sección siguiente examinaré en detalle a las misiones de la Región Centro como una política pública desde su importancia para sus productores, es decir, quienes participan de ellas y con ello construyen su valor.

La importancia de las misiones de la Región Centro

La Región Centro no es una “región geográfica”, aunque comparte su caracterización como objeto de disputas de poder, que supone operaciones de clasificación y luchas por el control del espacio y sus recursos (^{Haesbaert, 2004}). Las provincias socias que la integran (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) pertenecen a variadas regiones geográficas, pero comparten su definición de “centrales” en lo que respecta a sus perfiles agroexportadores y al hecho de que concentran a buena parte del empresariado argentino (^{Gaztañaga, 2012}, ²⁰¹³).

Los actores que participan de la Región Centro también defienden su importancia y legitimidad en las “intenciones de establecer vínculos políticos” como provincias, es decir, como entidades que consideran preexistentes al Estado argentino. Esta legitimidad, plantean, se vio reforzada cuando la Convención Constituyente del año 1994 incorporó la noción de “región” al texto constitucional argentino. El Artículo 124 (y parcialmente el 125) de la Constitución reformada habilitó jurídicamente a que provincias que antes solo mantenían tratados de cooperación pudieran crear “Regiones para el desarrollo económico y social”. Así emergieron las regiones Centro, Patagonia, Nuevo Cuyo y Norte Grande.

Desde su conformación, los ideólogos de la Región Centro y quienes trabajan diariamente en su continuidad han estado abocados a variados proyectos de desarrollo entre los que se incluyen las misiones al exterior. Estos han involucrado a la infraestructura hídrica y vial, al fomento de energías renovables y a la integración de programas educativos y sanitarios.

Las categorías de pensamiento que produce e impone el Estado son, en muchos casos, las que aplicamos al mundo, incluyendo las que aplicamos a nuestros intentos de comprender las propias dinámicas estatales (^{Bourdieu, 1997}). En este sentido, las misiones de la Región Centro suelen ser presentadas institucionalmente como fait accomplis; como hechos concretos que atestiguan la “realidad” de la región y que, indirectamente, permiten contestar críticas de que la integración interprovincial haya sido creada con objetivos “políticos” (y no de desarrollo) para presionar al gobierno nacional. Las misiones son presentadas con cuantificadores “objetivos”, tales como variedad de destinos, duración de los viajes, cantidad y tipo de empresas, volumen de producción involucrada, cronograma de reuniones y sumas de eventos realizados. De una forma u otra, estos parámetros acaban por reificar a la regionalización como una actriz con vida propia (^{Abrams, 1988}). La “Región Centro fue a China”, “firmó acuerdos de cooperación en América Central y el Caribe”, “busca comercializar su producción en Sudáfrica”; así suelen referirlo sus protagonistas.

El primer destino al que “viajó” la región fue China, entre el 11 y 15 de abril de 2005. Los tres gobernadores, un pequeño grupo de funcionarios, sesenta empresarios y los rectores de las principales universidades públicas y privadas integraron la primera comitiva que visitó ese país luego de los acuerdos bilaterales del año 2004. Los destinos subsiguientes fueron Centroamérica (del 20 al 30 de julio de 2005); Sudáfrica (2 al 9 de abril de 2006); Rusia (28 de agosto al 3 de septiembre de 2006); India (7 al 11 de mayo de 2007); Malasia y Singapur (11 al 18 de noviembre de 2009); Hong Kong y Guangzhou (11 al 16 de octubre de 2010); Medio Oriente y el Golfo Pérsico (del 23 de febrero al 5 de marzo de 2011) y Brasil (22 a 27 noviembre de 2012). En contrapartida, las provincias han recibido muchas “misiones inversas” de funcionarios y firmas extranjeras. En los últimos años, en coincidencia con un cisma político entre los gobiernos provinciales, cada provincia también ha estado viajando de manera separada, como parte de la región y también “por fuera”. Por ejemplo, Entre Ríos fue de las pocas provincias “invitadas” a participar de las misiones organizadas por el secretario Moreno y sus funcionarios tuvieron un papel relevante en ellas.

Cada misión implica un extenso proceso de estudio y negociación entre Cancillería, el CFI y los actores locales “públicos” y “privados” interesados en tomar parte. Esto complica cualquier intento de clasificarlas de manera unívoca, salvo que para los actores regionales aquellas mantienen una relación homóloga con la experiencia de un “federalismo verdadero, en los hechos”: es decir, porque las provincias, como entidades subnacionales, viajan al exterior con autonomía relativa. Las misiones invocadas como federalismo en los hechos expresan, desde este punto de vista, una dinámica estructural de “conflicto y cooperación” (^{Gluckman, 1958}). En esta dinámica, el federalismo se conforma en un valor-en acción (^{Graeber, 2018}), ya que no solo adjetiva sino que habilita la creación de políticas y acciones “regionales”.

Una reseña exhaustiva del tratamiento del federalismo argentino excede los límites de este trabajo, el cual se interesa más por los usos de parte de actores políticos situados, que de dar definiciones a priori, sean analíticas u operativas. No obstante, al ser la “perspectiva nativa” una construcción analítica producto del diálogo entre categorías teóricas y categorías nativas (^{Guber, 1991}), que permite “dotar de contenido a abstracciones, imprecisas, polisémicas y ambiguas” como los conceptos de política, Estado, gobierno, etc. (^{Balbi y Boivin 2008}, p. 10), destacaré brevemente algunas líneas teóricas sobre el federalismo que resultan relevantes desde el punto de vista de mis interlocutores y los objetivos de este trabajo.

En las últimas décadas, diversos investigadores han notado la necesidad de revisar las modalidades contemporáneas del federalismo argentino como sistema de gobierno, y de enriquecer el conocimiento de las dinámicas subnacionales, especialmente en provincias y municipios más allá del hiperestudiado conurbano bonaerense. Los estudios sobre la actuación internacional de las provincias han hecho grandes contribuciones en esta dirección (^{Rimoldi, 2007}; ^{Iglesias y Zubelzú, 2008}; ^{Gasol Varela e Iglesias, 2010}; ^{Botto, 2013}), el adoptar un enfoque político-jurídico a tono con la distinción entre política exterior y gestión internacional (^{Frías, 1998} y ²⁰⁰⁴). Estos trabajos también plantean que el conocimiento de “lo subnacional” es fundamental de cara a ciertos “ímpetus” relativamente recientes sobre las condiciones de acción y definición de los niveles de actuación estatales. Por un lado, los procesos de integración donde el MERCOSUR adquirió preponderancia como escenario y actor (^{Midón, 1998}; ^{Bielsa, Lavagna y Rosatti, 2005}); por otro lado, los alcances de la reforma constitucional argentina de 1994 y las transformaciones institucionales donde se puso en juego la descentralización administrativa en el territorio, muchas veces gestionada en el idioma del federalismo (^{Rosatti, 1994}; ^{Hernández, 2000}; ^{Tommasi, 2002}).

Una mirada desnaturalizadora y relacional del federalismo argentino (^{Gibson y Falleti, 2007}; ^{Alemán, 2010}; ^{Falleti, González y Lardone, 2013}) también permitió hacer avances importantes para cuestionar categorías normativas, tales como la de “provincias rentísticas”, o evitar dar por sentada la división entre federalismo político y fiscal; incluso para cuestionar la consideración ortodoxa del vínculo nación-provincias a favor de otras relaciones significativas como los conflictos mutuos entre los propios actores provinciales.

Todos estos trabajos han renovado el estudio del federalismo argentino y permiten subrayar la importancia de sus sentidos contemporáneos como parte de la permanente transformación del Estado como sistema e idea. No obstante, también han tendido a reproducir algunos problemas teóricos y metodológicos típicos detectados por los antropólogos respecto del estudio de la globalización (^{Mathews, Ribeiro y Alba, 2012}; ^{Eriksen, 2014}). En particular, la manera en que se configuran oposiciones del tipo global/local como lo nacional/subnacional, debido a las operatorias de un “pensamiento escalar” (^{Isin, 2007}) que construye a la “globalización” como un proceso inexorable y reifica a los actores locales como designios heterónomos producidos en niveles más altos o abarcadores (^{Tsing, 2000}; ^{Trémon, 2012}). La imagen arquetípica es que los recursos nacionales “bajan” a las provincias y/o municipios; asimismo, que los problemas del federalismo son experiencias “provinciales”, “municipales”, “regionales”, según el lenguaje dominante de la división política, administrativa y fiscal.

Los enfoques neoinstitucionalistas permean en parte las imaginaciones de mis interlocutores, por ejemplo, cuando discuten sobre sobre la coparticipación federal de impuestos; y coexisten con visiones vernáculas de las sangrientas luchas entre “unitarios” y “federales” durante el proceso formativo del Estado-nación, y una adjetivación generalizada del federalismo como “verdadero” en base a su realización práctica: se basa en “hechos” y no en “declamaciones”.

En la Región Centro, el “federalismo verdadero” implica, al menos, tres ejes de praxis. Uno: la hegemonía de los poderes Ejecutivos para definir las políticas públicas “regionales”, donde los poderes legislativos tienen poca injerencia (^{Gaztañaga, 2010}). Segundo: la capacidad para gestionar diferentes “recursos”, ya sea “de” las provincias, los que “bajan” o son “reclamados” a las autoridades nacionales, los “federales” (del CFI y resultantes de negociaciones parlamentarias a nivel nacional) y los “internacionales” (créditos y préstamos). Finalmente, la atribución de valor “regional” a las principales áreas en las que la región se ha materializado como tecnología de gobierno (políticas públicas relativas a educación, deporte y cultura, energía, infraestructura de transporte y la promoción de la producción exportable). Los tres ejes de práctica confluyen en las misiones al exterior: son “institucionales”, motorizadas como política conjunta por los gobiernos provinciales; representan capacidades de las entidades subnacionales para proponer y conducir recursos y objetivos “propios”, y son “logros” salientes de la regionalización.

Respecto de la especificidad de las misiones, tanto los funcionarios como los empresarios gustan de detallar ciertos aspectos como, por ejemplo, el costo de cada viaje (en ese entonces entre 2500 y 5000 dólares estadounidenses). En general, consideran que son accesibles gracias a que el CFI arma “paquetes que incluyen buenos hoteles, traductores, guía turística; todo por el mismo precio”. Los empresarios los pagan y los funcionarios valoran que así ocurra, “porque si no es como sacarlo a pasear y no lo toman con seriedad; es una inversión de tiempo y dinero”.⁷ Funcionarios y empresarios también producen valoraciones complementarias sobre las misiones. Los primeros las consideran expresiones de las “capacidades objetivas” de sus provincias; siendo Santa Fe la segunda exportadora del país, Córdoba la tercera y Entre Ríos la sexta (véase, por ejemplo, ^{Barrionuevo, Iborra y Michelena, 2016}). Para los segundos son “una ventana de promoción con ayuda del Gobierno”; valoración que se hizo presente tensamente en la controversia desatada en el foro regional.

Para comprender la contradicción que aparentemente se expresó en el foro, es necesario vincular la trama etnográfica del valor del federalismo y conectarla con otros aspectos del evento que remiten a las misiones comerciales como políticas de gobierno. Así, en la última sección voy a examinar a estas últimas como dispositivos materiales y simbólicos que no se reducen a acciones sectoriales ni a tecnologías burocráticas abstractas de gobierno, sino que se integran a un “trabajo político” de producción de relaciones personales e institucionales, y que responden a proyectos e imaginaciones estatales de los actores implicados.

Viajar lejos para estar cerca

Una parte fundamental del trabajo de los brokers estatales (^{Cohen y Comaroff, 1976}) incluye anticiparse a los “imponderables” de los viajes. Ya sea brindando capacitación a las empresas, ya sea solucionando problemas imprevistos y también lidiando con la manera de trabajar de “otras” personas. Cuando entrevisté al titular de la cartera de Relaciones Internacionales y Comercio de Entre Ríos, el joven funcionario se posicionó abiertamente como tal. Su visión general coincidía con la que me habían proporcionado los empresarios; de hecho, citó la frase que un entrerriano le había dicho a él mismo: “ir con el Estado es entrar por la puerta grande; ir solo es entrar por la ventana”. Me explicó que la tarea del gobierno es “planificar acciones de promoción comercial”, que incluyen a las misiones, la participación en ferias y exposiciones, y gestionar la recepción de “misiones inversas”.

Compartiendo la pantalla de su ordenador, el funcionario enfatizó que cada viaje requiere de mucho trabajo y meses de preparativos. El “workflow” de tablas, calendarios y documentos que iba enseñándome atestiguaban esa labor: tener estudiado qué empresas conviene llevar según el destino, convocarlas, animarlas, confirmarlas, preparar la logística previa, definir una agenda de trabajo, pautar reuniones concretas y detallarles al máximo (a los empresarios y a otros funcionarios) todo lo que se va a hacer en cada viaje. Este “trabajo técnico” es altamente “personalizado”, subrayó, porque requiere “conocer que hay diferentes tipos de empresarios: los que están esperando la oportunidad y los que no tienen idea” (P.Z., Subsecretario de Relaciones Internacionales y Comercio, Gobierno provincial, Entre Ríos, marzo de 2012).

Al igual que el supuesto de que los tratos comerciales requieren moverse físicamente para conocer a los socios, la dimensión personalizada también se expresa localmente. Esta asume una dinámica de “informalidad” basada en acuerdos de palabra y reuniones pequeñas. Algunos funcionarios han intentado realizar convocatorias oficiales al empresariado, pero sin éxito, ya que han detectado que los “nuevos” se cohíben frente a los empresarios más experimentados. Por otro lado, la informalidad habilita una intimidad, una cercanía, que permite garantizar el éxito del viaje, ya que supone producirlo de manera conjunta, intersubjetiva: “Ir hablando con todos un poquito… viene un tipo y me dice ‘vamos a Etiopía’; no se lo voy a discutir, pero tengo que pensar que le sirva a 20 empresas”, me explicaba el secretario entrerriano. Esta forma de relacionamiento también la ponen en juego durante los viajes. En momentos de ocio, anécdotas compartidas al sortear contratiempos y en las complicidades de las “cosas que se quedan en el destino”, va gestándose una confianza personal que también permite avizorar nuevos contenidos para la política pública. Al estar cerca estando lejos, los empresarios se animan a sugerir, a discutir ideas, a proponer proyectos que, si bien no se plasman como acuerdos por escrito, son insumos para nuevas imaginaciones estatales. En suma, el viaje funciona como un espacio donde la “información” como algo que circula fuera de relaciones sociales particulares se vuelve “conocimiento” dentro de relaciones moralmente enmarcadas (^{Corsín Jiménez, 2011}).

El funcionario, quien había participado del viaje a Angola con Moreno, también se encargó de ilustrarme respecto de la autonomía que tienen los gobiernos locales en estos viajes. En cierta oportunidad, pocos meses antes, él había estado trabajando con Cancillería y con el CFI en la organización de un viaje a México al que iban 150 empresarios argentinos. Sin embargo, dos semanas antes se dio cuenta de que “no tenía buena calidad de agenda”; es decir, en la agregaduría de la Embajada argentina tenían que atender a demasiadas empresas al mismo tiempo y “no les prestaban atención” a los empresarios de su provincia. Entonces, tomó la decisión de enviar una “avanzada”: dos personas, dos semanas antes, dedicadas exclusivamente a “hacer inteligencia” para las 18 empresas de su provincia. La misión fue un “éxito”, me aseguró, y los entrerrianos lograron más acuerdos que los empresarios de otras provincias.

Este último aspecto ilumina dos puntos cruciales del “federalismo en los hechos” que se pone en jugo en las misiones al exterior. Por un lado, dichos viajes dependen formalmente de la Cancillería, bajo cuya jurisdicción recaen las relaciones exteriores en la Argentina: “no somos una cancillería paralela, nos apoyamos en los organismos nacionales”, me aclararon. Por otro lado, si bien las embajadas y consulados prestan sus instalaciones y personal, y colaboran con las actividades antes y durante la estadía en el país de destino, el trabajo localmente producido es aquello que termina definiendo el éxito o el fracaso. En este sentido, lejos de una anomalía institucional, lo consideran una ventaja: “no somos autónomos, pero en las misiones tenemos libertad para ir al lugar que queramos; en este sentido, el federalismo nos funciona”.

Siguiendo el concepto de “proximidad remota” desarrollado por Juan ^{Zhang (2014}), puede pensarse a las misiones al exterior como dinámicas políticas que articulan lo ‘cercano’ y lo ‘lejano’. El desplazamiento encarnado en los viajes constituye a las políticas públicas como acciones estatales territoriales, no en sentido ontológico (donde el ser toma el lugar del estar), sino como un constructo social y, por ello, relativo. Asimismo, la producción ‘total’ de estos viajes implica la gestión personal e institucional de actores concretos y redes de relaciones que desafían la división institucional y estamental de la Región Centro. Por ello, la “justificación” del destino, en lugar de estar atada a consideraciones previas -de tipo comercial y/o institucional como si fueran esferas estancas de lo social-, articula estas esferas de trabajo político. En este sentido, las áreas de comercio de los gobiernos estudian y analizan los destinos como “mercados” (apoyándose en datos propios, en los que elabora Cancillería y también de universidades y fundaciones privadas), pero la tarea de conocer las pautas locales de consumo, de dónde vienen importando esos actores, cuáles son sus preferencias y estilos de negocios, etc., es una dinámica que no se reduce al mercado.

Volviendo a la conflictividad manifiesta en el foro de empresarios de la Región Centro, esta tenía que ver con el significado no explicitado de las misiones: el de producir la “intimidad cultural” (^{Herzfeld, 1997}) que impregna los parámetros a partir de los cuales sus protagonistas miden el éxito del desplazamiento físico como tecnología de gobierno. Dando por tierra con mis supuestos de que lo que había ocurrido en el foro era una contradicción (es decir, que “empresarios” no quisieran más misiones donde vender sus productos), el secretario de Comercio me aclaró ¡al fin! la “utilidad marginal” de esos viajes: “son oportunidades para estar cerca de los políticos; la mayoría de las compañías no vende nada ni firma nada en los viajes”. Y para despejar toda duda, me aclaró que en aquel evento regional se había producido entre los funcionarios una tensión similar, porque no podían consensuar un documento respecto de los mercados “a los que convenía ir”. Los encargados de comercio exterior de Entre Ríos y Santa Fe se enfrentaron con el de Córdoba, quien aseveraba “está medio cocinado Indonesia”. Finalmente, cada cual lo resolvió con su superior: el entrerriano, por ejemplo, envió un mail a “su” gobernador con sus pareceres.

Conclusiones

En ese trabajo examiné las “misiones comerciales e institucionales internacionales de la Región Centro” como una política pública que, lejos de una tecnología burocrática abstracta, expresa y materializa dinámicas políticas concretas y, por ello, sujeta a valoraciones cambiantes. Focalizar en la relevancia atribuida por “funcionarios” y “empresarios” a esas políticas centradas en el viaje al exterior me permitió cuestionar que el “éxito” o “fracaso” de ellas tenga que ver con un contenido normativo a priori; en este caso ligado a un hecho comercial o institucional per se. Al contrario, la imbricación de lo político y lo económico, así como los variados modos de relación entre niveles locales de toma de decisiones y formas de relacionamiento entre actores gubernamentales y no gubernamentales, sugiere que las políticas de gobierno son parte de la misma dialéctica; es decir, de la producción de las dinámicas políticas que luego producen a aquellas.

Desde un punto de vista antropológico, focalizar en las dinámicas intersubjetivas y basadas en el trabajo político de los actores permite tratar al Estado-nación como procesos estructurados a partir de prácticas de gobierno; en lugar del gran disciplinador de la política encarnado en una totalidad unificada y coherente. En nuestro caso, la manera en que los actores producen la existencia del Estado-nación en “encuentros” (^{Aretxaga, 2003}) remite a diferentes espacios y formas de relacionamiento, personales e institucionales, cristalizados en momentos e instancias. Así, por ejemplo, son encuentros los eventos regionales, los viajes al extranjero y sus preparativos, las discusiones y arreglos, los diferentes tipos de reuniones, viajes frustrados, etc. Estos procesos que producen el valor de las políticas públicas son formales e informales al mismo tiempo, y solo parcialmente objetivan los trabajos de una gestión de gobierno. En el caso de las misiones de la Región Centro, dicho valor se objetiva de manera doble. Por un lado, a partir de aquellas, los actores comprometidos en estas políticas valoran la distancia y la proximidad en sus trabajos políticos. Por otro lado, el “éxito” de esos viajes se pondera en base al “federalismo” como un valor-en-acción; ya sea en la producción política de relaciones económicas a nivel nacional e internacional o en la producción de relaciones interpersonales e instancias de interacciones concretas de los actores locales.