Introducción

Lejos de constituir una realidad omnipresente y ahistórica, una expresión inmaculada del punto de llegada de la evolución social, el desarrollo -tal como ha sido concebido desde mediados del siglo XX- consiste en una invención relativamente reciente que ha tenido éxito en su pretensión de organizar la realidad social, a partir de una versión cultural e históricamente particular de esta (^{Esteva, 2000}; ^{Viola, 2000}; ^{Escobar, 2007}).

Inaugurada a mediados del siglo XX, el inicio de la ‘era del desarrollo’ ha sido generalmente identificado con el discurso sobre el “estado de la Unión” proferido el 20 de enero de 1949 por el presidente estadounidense Harry Truman; momento en que la noción de desarrollo se cargó de una “insospechada virulencia colonizadora” (^{Esteva, 2000}, p. 69). Y es, pues, que lo que allí se plantea -por primera vez en esa tonalidad- es una división del mundo entre ‘países desarrollados’ (‘prósperos’ y poseedores de un “acervo de conocimiento técnico”) y ‘subdesarrollados’ (acechados por una serie de afecciones sociales: alimentación inadecuada, economía primitiva y estancada, “pobreza”), vinculados a partir de la expresa intención/obligación, por parte de los primeros, de promover un “programa de desarrollo” capaz de “poner a disposición” de los segundos su “conocimiento técnico y científico moderno”, para que pudieran “crecer y mejorar”.¹

De esta manera, el concepto de desarrollo carece de la inocuidad y altruismo que sus promotores se han empeñado en conferirle. Por el contrario, está cargado de connotaciones secularmente forjadas al calor del colonialismo, la expansión mundial del capitalismo, la consolidación de la racionalidad moderna europea, la producción de percepciones intersubjetivas jerárquicas afines y, no pocas veces, la proclamación de superioridades raciales.

En esa línea, el subdesarrollo devino una denominación performativa capaz de homogeneizar a la ‘otredad’ no occidentalizada (o no lo suficientemente) en una condición considerada inferior, atrasada e indigna, y frente a la que el desarrollo se presentaba como una “vía de escape” (^{Esteva, 2000}, p. 75).

En lo que sigue de este artículo, se busca reflexionar sobre algunas de estas cuestiones (en especial, el eje política y desarrollo) a partir de un caso particular, a saber, el Proyecto de Desarrollo del Área Tabacalera Correntina (en adelante, PDAT), lanzado en 1978. Estrictamente, no se pretende tomar como objeto de análisis dicho proyecto per se, sino más bien atender a una serie de eventos precedentes que revelan al desarrollo ² -al menos en este caso en particular- como un largo proceso de construcción cuya concreción histórica no se reduce a lo acaecido desde 1978 en adelante.

En efecto, en el marco de una investigación sobre una organización política de productores tabacaleros surgida a principios de 1972 -las Ligas Agrarias Correntinas (en adelante, LAC)- he reconocido el intento, por parte de los gobiernos nacionales y provinciales, de implementar una política tabacalera para Corrientes varios años antes del PDAT. Sin haber sido proyectada bajo la categoría de desarrollo, esta exhibía muchas de las propiedades que, por años, caracterizaron al estilo de intervención desarrollista (^{Schiavoni, 2005}) y el “estilo tecnológico” de la modernización agrícola estatal (^{Schiavoni y De Micco, 2008}), a saber: planteaba una rígida brecha entre expertos y agricultores; enunciaba la existencia de problemas en el área y la actividad tabacalera correntina; asignaba el diagnóstico y la definición de dichos problemas a grupos de expertos (especialistas y técnicos) a razón de sus conocimientos científicos y técnicos; asumía que las soluciones a esos problemas debían, igualmente, reservarse a expertos y políticos capaces de formularlas e implementarlas concienzudamente por medio de la planificación; y, a los fines de concretar la misión, creaba una institución especializada compuesta por técnicos y burócratas.

Precisamente, esta política tabacalera devino un frente ferozmente combatido por las LAC en su afán por obtener conquistas e imponer reivindicaciones dirigidas a transformar el área tabacalera, aunque por otra vía y dirección. Esto dio lugar a una disputa con las autoridades provinciales y nacionales que, mantenida discursivamente, constituyó un complemento necesario de la lucha sostenida en las calles.

Así, tras identificar el inicio de esa contienda en el año 1972, este trabajo pretende indagar los primeros meses de esas disputas discursivas, en los que se sentaron las bases y los términos de esos enfrentamientos. Se busca mostrar cómo, entre 1972 y 1976, las construcciones y definiciones técnicas de los problemas que -se entendía- socavaban el desenvolvimiento de una actividad primaria provincial (la producción de tabaco criollo correntino) y las soluciones propuestas debieron ser fuertemente disputadas política y públicamente, por parte de sus promotores (funcionarios políticos y técnicos), con los agentes que tenían no solo sus intereses económicos, sino también su vida vinculada a esa actividad. Este abordaje revela cómo el PDAT logró construirse sobre la ruina dejada por el curso de esta lucha.

El análisis se asienta en un acervo documental y bibliográfico heterogéneo (fuentes hemerográficas, documentos de las LAC y documentos oficiales), producto de un trabajo de campo que, iniciado en el año 2015, consistió en una prolongada indagación documental llevada a cabo en los archivos de diarios provinciales (El Litoral y Época) y la Biblioteca Popular de Goya -Corrientes- (diario Primera Hora), así como una serie de entrevistas realizadas a diferentes protagonistas de la lucha de las LAC, en mayo de 2015 y abril de 2017.³ Esos encuentros con militantes posibilitaron, además, el acceso a materiales originales en posesión de algunos/as informantes consultados/as.

De esta manera, como las/os miembros de las LAC y las autoridades políticas tenían la práctica recurrente de remitir a los periódicos (sobre todo a El Litoral) los “comunicados”, “notas”, “memoriales” y “petitorios” intercambiados, las fuentes hemerográficas se presentan como un recurso inestimable para acceder a estos documentos en los que se materializó la disputa discursiva.⁴

A continuación, se plantea una breve referencia a algunas dimensiones analíticas que, desde lo que se ha llamado la antropología del desarrollo, ofrecen el instrumental sobre el que se asienta el abordaje a realizar. Al mismo tiempo, se incluyen menciones a otros trabajos que, desde la antropología local, han indagado algunos de los elementos analizados aquí, para otros casos y con otros intereses y perspectivas. Seguidamente, se realiza una sucinta descripción de la actividad tabacalera y del área tabacalera correntina. Luego, me referiré al surgimiento de las LAC y el inicio de la disputa discursiva, para cerrar, finalmente, con una mínima pero necesaria mención al PDAT.

Política y desarrollo

De acuerdo con ^{Escobar (2007}), el “discurso del desarrollo” se configuró como un “campo perceptual” (p. 82) y un “campo institucional” (p. 86), capaz de garantizar la reproducción de la práctica discursiva construyendo e incorporando progresiva y selectivamente nuevos objetos, definiendo nuevos problemas, creando nuevas categorías de ‘clientes’ y promoviendo nuevas intervenciones. Encarnado en grupos de “expertos” autorizados a hablar del ‘desarrollo’ y en nombre de él y de llevarlo a todos los puntos del globo que ellos consideraran preciso, devino una verdadera “maquinaria de conocimiento y poder” capaz de abstraer “los problemas de su marco político y cultural, para formularlos como problemas técnicos, y proponer soluciones ‘neutrales’” (^{Viola, 2000}, p. 20).

Esta dimensión particular ha sido profundizada por ^{Ferguson (1990}), quien ha abordado el comportamiento del “aparato del desarrollo” como una “máquina antipolítica” (“‘anti-politics’ machine”). De acuerdo con su planteo, el desarrollo puede funcionar como una “máquina antipolítica” capaz de suspender la política en dos sentidos. En primer lugar, al reducir las causas estructurales y políticas de ciertas cuestiones como la pobreza, trabajo, salarios, la disponibilidad de tierras y recursos, etc., a problemas técnicos o naturales y, por ende, prometer y promover soluciones técnicas a ellas (^{Ferguson, 1990}).

En segundo lugar, los proyectos de ‘desarrollo’ pueden constituirse en instrumentos capaces de posibilitar intervenciones políticas (incluso de Estados extranjeros) sin ser percibidas como tales, y cumplir “operaciones políticas extremadamente sensibles” de manera “casi invisible”, al estar encubiertas bajo “una misión neutral, técnica, a la cual uno no puede objetar” (^{Ferguson, 1990}, p. 256, traducción mía).⁵

La antropología local se ha interesado por estas cuestiones a partir de indagaciones particularizadas tan variadas como los aspectos y actividades de la vida social susceptibles al desarrollo. En el caso del desarrollo rural, el interés por estos asuntos estuvo estimulado por el mismo derrotero disciplinar (^{Ringuelet, 2010}) y la inclinación que las/os antropólogas/os mostraron tempranamente por grupos de agentes sociales (‘campesinos’, ‘agricultores familiares’, ‘sin tierras’, entre otros) que, desde los setenta en adelante, fueron crecientemente construidos como ‘beneficiarios’ de proyectos y programas de desarrollo impulsados desde los gobiernos nacional y provinciales, no pocas veces a partir de convenios con organismos internacionales (^{Lattuada, Nogueira y Urcola, 2015}).

En ese marco, asuntos como los inquiridos aquí han sido frecuentemente planteados en términos de la relación/oposición entre saberes técnicos o científicos y saberes locales o populares. Esta formulación tiende a considerar un aspecto inmanente a las propuestas de desarrollo como lo es el hecho de que este supone siempre la participación de agentes foráneos a los productores, áreas o actividades que se pretende desarrollar. De esta manera, la relación entre saberes es recuperada por la bibliografía como un encuentro conflictivo y complejo entre los agentes externos (expertos, políticos, etc.) y los ‘beneficiarios’, ‘clientes’.

En esa línea, ^{Schiavoni (2005}) ha indagado esta dimensión de acuerdo con los rasgos asumidos por los diferentes tipos de intervención y reconoció dos posturas o enfoques que han caracterizado la actividad de desarrollo rural en la provincia de Misiones. Si bien estas posturas, como tipos ideales, aparecen diferenciadas por prácticas y representaciones conducentes a priorizar, en el caso de la desarrollista, la aplicación de conocimientos científicos por medio de expertos y, en el caso de la populista, la recuperación de los saberes populares en el marco de un replanteo de la condición de los expertos, la antropóloga evidencia cómo, en la práctica, estas inclinaciones aparecen constantemente tensionadas.

La relación entre saberes ha admitido, igualmente, aproximaciones etnográficas como la de ^{Otero y Rodríguez (2008}), dedicada a indagar la construcción de espacios de interacción entre diferentes tipos de pequeños productores agrícolas y técnicos, a partir de dos experiencias organizativas de productores agrarios del nordeste de Misiones. Concebidos como “situaciones de interfase”, desde el enfoque de Norman Long (^{Long y Villarreal, 1993}), las interacciones de ‘productores’ y ‘técnicos’ suscitadas en el marco de procesos de desarrollo son exploradas como espacios de encuentro de saberes locales y científico-técnicos, en los que sobrevienen situaciones de confrontación, consensos, alianzas y adaptaciones.

También, en sintonía con esa corriente, ^{Feito (2016}) inscribe su propuesta de entender las experiencias de desarrollo de agricultores familiares periurbanos de La Matanza (Buenos Aires), como procesos construidos, continuamente negociados y disputados por sus protagonistas (‘beneficiarios’ y agentes externos del desarrollo), al enfatizar la participación activa de diferentes organizaciones de productores tendientes a apropiarse, en favor de sus propios intereses y necesidades, de diferentes propuestas del programa Prohuerta.

En síntesis, a los fines de este trabajo, puede decirse que, como invención histórica, el desarrollo se ha estructurado sobre una dialéctica de problemas y soluciones definida en un marco de relaciones asimétricas de poder entre, al menos, dos conjuntos de agentes sociales (que suelen aparecer discursivamente reificados: países-países; organismos particulares de desarrollo-países; sistemas de Estado nacionales y/o provinciales, ingenieros, técnicos-productores mercantiles, comunidades, regiones, actividades económicas; etc.) erigidos, entre otras cosas, a partir de la posesión/desposesión de determinados tipos de propiedades y conocimientos/saberes (especialmente técnicos y científicos).

Claro que, como lo revelan los mismos estudios mencionados, las disputas abiertas en torno al concepto de desarrollo y sus implicancias, así como la introducción de las llamadas metodologías participativas han tendido a relativizar la brecha entre saberes técnicos y locales. Un aspecto en el que también la antropología local ha venido insistiendo y generando aportes reflexivos (^{Feito, 2004}; ^{Arach, 2008}; ^{Bartolomé, 2014}).

En esta ocasión, se propone indagar las características que estas cuestiones revistieron en el intento por desarrollar el área tabacalera correntina, en un contexto político signado por el ascenso de las luchas sociales pos Cordobazo. Resulta que, en el caso analizado, la autoridad técnica se revela como una condición que debió ser conquistada y garantizada políticamente (por momentos, con altos grados de violencia física), más que derivada de cierta posición experticia de un grupo de agentes (los especialistas o técnicos).

En efecto, cuando en 1978 fue lanzado el PDAT, parecía no caber duda respecto del carácter técnico de los problemas y las soluciones que afectaban a la actividad tabacalera en la provincia. Empero, el estudio del proceso liguista en Corrientes manifiesta que la construcción de tales problemas y soluciones había sido políticamente disputada entre 1972 y 1976, a partir del surgimiento de las LAC. De hecho, no solo la definición de los problemas había sido puesta en discusión, sino también la legitimidad de aquellos agentes autorizados para hablar de ellos y proponer soluciones: de un lado, los productores tabacaleros (con sus saberes nativos, aunque mutados por un contacto con agentes externos)⁶ afectados por las condiciones estructurales y coyunturales en las que se venía desenvolviendo la actividad y, del otro, los gobiernos provincial y nacional y el sector de especialistas encargado por ellos (con sus saberes técnicos).

Una actividad económica en decadencia: la producción de tabaco criollo en Corrientes

En los últimos años, la producción tabacalera argentina se ha concentrado en las provincias de Jujuy, Salta y Misiones. Con su producción de tabacos claros (Virginia y Burley), se dividían el 92% de la producción nacional de la campaña 2016-2017. De hecho, en las últimas décadas, la oferta nacional ha estado hegemonizada por estas dos variedades claras de tabacos exóticos que, para la misma campaña, representaron el 97% del mercado (Ministerio de Agroindustria, 2018).

Así, mientras Jujuy y Salta se han especializado históricamente en el cultivo de tabaco Virginia, Misiones ha hecho lo propio con el tabaco Burley. De esta manera, Salta y Misiones, que habían exhibido una importante producción de dos variedades autóctonas (el criollo salteño y el criollo misionero), evidenciaron una reducción notable del peso relativo de esos tabacos en su producción provincial.⁷

En ese marco, se inserta la provincia de Corrientes con una oferta centrada en una variedad de tabaco oscuro (el criollo correntino); lo que le vale una insignificante participación en el mercado nacional.⁸ No obstante, a pesar de la exigüidad que representa recientemente la producción tabacalera de Corrientes en el total nacional, esta llegó a ser de más del 50% durante muchos años de la primera mitad del siglo XX; incluso en momentos aislados de la segunda mitad, como la campaña 1956-1957 y 1962-1963 (^{Carballo, 1975}; ^{Sonzogni, 1983}). En aquella ‘época dorada’ de la producción tabacalera correntina, la ciudad de Goya se había consolidado en la opinión pública como ‘capital del tabaco’. Claramente, dicho título no se erigía sobre quimeras, sino que existían suficientes datos empíricos que justificaban tal reconocimiento.

Para 1972, el área tabacalera correntina se recortaba con un alcance transdepartamental⁹ al extenderse por los departamentos del centro (Concepción), oeste (Bella Vista y Saladas) y suroeste (Goya, Lavalle, San Roque, Esquina y oeste de Curuzú Cuatiá). Sin duda, el grueso del volumen total producido correspondía a los departamentos de Goya, Lavalle y San Roque, que para la campaña 1973-1974 reunían el 88,24% del volumen total producido (^{Carballo, 1975}, p. 58). Entre ellos, era incuestionable el predominio del departamento de Goya, que descollaba con el 56,20% de la producción provincial. Fue precisamente esta preeminencia histórica de Goya en la producción tabacalera provincial la que condujo a que en 1952 se instalara allí la fábrica cigarrillera “P. Pando y Cía. Ltda.”, que años más tarde sería adquirida por la Philip Morris International.¹⁰ En 1964, esta condición prominente sería finalmente institucionalizada con el emplazamiento, en la misma ciudad, del Instituto Provincial del Tabaco (IPT).

Sin embargo, para 1970-72, el tabaco ya había sido desplazado del primero al segundo lugar de la participación en el valor bruto de la producción agrícola provincial, lo que marcó el inicio de una tendencia a seguir perdiendo posiciones (^{Rofman, Manzanal y Quintar, 1983}). De igual modo, el área sembrada con tabaco describe una parábola que alcanza su punto más alto en la campaña 1974-75 con 29.900 ha, para caer estrepitosamente desde la campaña de 1978-79.¹¹ Por consiguiente, el volumen de producción muestra una tendencia declinante que se intensificó desde 1975, año en que se registró el mayor pico productivo (^{Rofman et al., 1983}, p. 89).

Esta tendencia decreciente de los guarismos representativos de la economía tabacalera correntina estuvo asociada a los cambios en los gustos del consumidor, volcados por los cigarrillos ‘rubios’ en detrimento de los ‘negros’; que vieron descender su participación en las ventas entre 1962 y 1974, cuando pasaron del 52,6% al 27,6%, respectivamente (^{Carballo, 1975}, p. 32).¹² Estas cifras, que continuaron reduciéndose con el correr de los años, tuvieron un alto impacto en la economía tabacalera correntina, en la que los tabacos rubios nunca lograron insertarse significativamente en una producción dominada por el tipo criollo correntino, empleado en la producción de cigarrillos “negros”. En consecuencia, para fines de 1960, se empezaron a sentir los efectos del deterioro de la participación de la provincia en la producción nacional de tabaco, que pasó del 51,88% en la campaña de 1956-1957, al 13,27% en el período 1968-1969 (^{Carballo, 1975}).

Estos guarismos pasan a adquirir mayor importancia al considerarse que, en Corrientes, la producción de tabaco se ha desarrollado, principalmente, en explotaciones de pequeña y mediana escala. Es así como, a lo largo del tiempo, la vida de millares de productores ha estado vinculada a las contingencias inherentes a la producción, comercialización y consumo de esa mercancía.¹³

Por otro lado, a razón de las características adquiridas por el proceso histórico de apropiación privada y en grandes extensiones de la tierra provincial (subsumida al uso de la ganadería extensiva, a las necesidades financieras del ‘erario’ y a una lógica mercantil) (^{Schaller, 1995}), la expansión del cultivo de tabaco -a principios del siglo XX- se efectuó mediante condiciones precarias de tenencia, lo que suscitó la existencia de diferentes formas de renta en carácter de pago por el uso de la tierra. Estas se tornaron un mecanismo constante de apropiación de trabajo o plustrabajo ajenos por parte de los propietarios de los predios.

No obstante, además de la renta de la tierra -que operaba al nivel de la producción y afectaba exclusivamente a los productores no propietarios-, existían otras prácticas por las que, al nivel del intercambio, se esquilmaba a los productores tabacaleros, casi sin distinción de su forma de tenencia. En efecto, ante la ausencia o poca extensión de prácticas cooperativistas, los productores estaban expuestos a un oligopsonio (oferta atomizada y demanda concentrada) que atentaba contra la realización total del valor de su mercancía; por lo que una parte de este era transferida gratuitamente en favor de la industria y/o de los acopiadores.

En consecuencia, la contracción del mercado de los tabacos oscuros impactó duramente en los productores tabacaleros correntinos, que la experimentaron en la depreciación de su mercancía y en el consiguiente empobrecimiento de numerosas capas de familias tabacaleras.

El surgimiento de las Ligas Agrarias Correntinas y el inicio de la disputa

En enero de 1972, tras una concentración multitudinaria, se presentaron públicamente las LAC. Lejos de constituir un evento aislado y circunscrito a los límites de una provincia subsidiaria para la economía del país, el surgimiento de una organización agraria con poder de movilización en el área tabacalera de la provincia de Corrientes significó un éxito más de la actividad que los cuadros del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina (MR) venían desempeñando en la región, desde su fundación nacional, en 1958.¹⁴ En efecto, desde el surgimiento de las Ligas Agrarias Chaqueñas (LACH), en noviembre de 1970, la experiencia liguista prendió como reguero de pólvora en el resto de las provincias vecinas de la región, sumidas en una crisis generalizada de sus cultivos industriales; para luego extenderse, incluso, a Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires (^{Rozé, 1992}).¹⁵

Dicha concentración multitudinaria tuvo lugar en la plaza principal de la ciudad de Santa Lucía -ubicada 29 km al norte de Goya-, a la que concurrieron alrededor de 3000 productores tabacaleros provenientes de distintos puntos del área tabacalera provincial, y adquirió un “carácter de asamblea” -en la que tomaron la palabra numerosos delegados de distintas zonas- que concluyó con la presentación del primer petitorio de las LAC a los representantes del gobierno provincial de facto (El Litoral, 2 de febrero de 1972).

Ese documento, al que llamo petitorio inaugural, es una prueba cabal del trabajo previo que se venía realizando en la zona tabacalera, desde el primer lustro de la década del sesenta, tras la creación del MR. Dicho petitorio fue presentado por los productores tabacaleros en tanto que organizados en las LAC y da cuenta de un detenido tratamiento y reflexión de los problemas más inmediatos que afectaban su desempeño en la actividad y hasta su subsistencia. Estaba estructurado en torno a seis categorías que reunían los intereses del conjunto de los productores tabacaleros de la provincia, en tanto que productores de mercancía, a saber: 1) clasificación del tabaco¹⁶ (“que la clasificación se haga en dos clases” de tabaco); 2) precios¹⁷ (“que se fije un precio mínimo y móvil”); 3) formas de pago¹⁸ (“que el pago se realice totalmente al contado en el lugar y momento de la entrega del tabaco”); 4) control en el acopio (que el directorio del Instituto Provincial del Tabaco pasara a estar integrado “en su mayoría por productores tabacaleros”, “para que se cumpla realmente con las funciones de defensa del productor”); 5) crédito (“que se intensifique el otorgamiento de créditos por parte del Banco” y que se laxen las condiciones a su acceso); y 6) maquinarias (“que la Agronomía Regional entregue más maquinarias y en mejores condiciones”) (Petitorio de las LAC, en El Litoral, 2 de febrero de 1972). Todas reivindicaciones en torno a cuestiones que venían inquietando desde años atrás al grueso de los productores tabacaleros.

De este modo, el mismo acto que marcó el inicio de una nueva organización y su lucha instaló definitivamente en el centro de la agenda política de la provincia, no solo la existencia de problemas inherentes a la producción de tabaco criollo correntino, sino una particular construcción/versión de ellos, con las respectivas medidas a implementar (de allí el nombre de petitorio) en vista de “amortiguar en parte los problemas” (Boletín Las 7 mentiras del gobierno).

El contenido de las reivindicaciones liguistas en Corrientes fue variando a lo largo de los cuatros años en que persistió la organización. En gran medida, esa variación respondió a redefiniciones en las relaciones de fuerza hacia el interior de la alianza de productores tabacaleros que la habían originado.¹⁹ Así, es factible observar, en el petitorio inaugural, la ausencia de reivindicaciones que apuntaran a aquellas condiciones derivadas de la proliferación de formas precarias de tenencia de la tierra (aparcería y ocupación gratuita),²⁰ con sus subsiguientes complementos, tales como: altos montos de renta, inestabilidad económica, despojos inminentes, sujeción a la arbitrariedad de los dueños de la tierra, entre otros.

De hecho, recién para julio de 1972, en ocasión de un Memorial presentado al presidente de facto Alejandro Lanusse (1971-1973) tras su visita a la ciudad de Goya, aparecerían reivindicaciones vinculadas a la cuestión de la tierra. No obstante, no sería hasta mediados de 1973 en que estas pasaron a ocupar un lugar central en la agenda de la lucha liguista, que llegaron, por fin, a reflejarse en el lema del II Congreso de la organización, realizado en mayo de 1974: “Ni hombres sin tierras, ni tierras sin hombres” (El Litoral, 30 de mayo de 1974). Al mismo tiempo, en las reivindicaciones relacionadas con la tenencia de la tierra, fueron ganando peso aquellas que clamaban por la expropiación de los campos y su cesión en propiedad a los productores, por sobre las que se reducían a los montos de renta y la relación con los dueños de las tierras.

Todas estas expresiones -y muchas más-, además de deber su lógica a la lucha liguista y su contexto, jugaron un papel clave, al disputar la construcción del problema tabacalero en Corrientes y sus correspondientes soluciones, que se venía intentando realizar e imponer desde los gobiernos provincial y nacional. Estos, por medio de sus políticos de turno, habían intentado imponer una naturaleza técnica a la cuestión, para cuya solución no tenían en mente considerar los intereses, deseos, esperanzas y cultura de los productores tabacaleros ni tampoco involucrarlos en la toma de decisiones.

De hecho, en esa dirección, el 26 de marzo de 1971, el Decreto Provincial N° 856 había creado el Ente Correntino de Transformación Agraria para la Zona Tabacalera. Al respecto, el gobernador de facto Adolfo Navajas Artaza (1969-1973) dijo que este fue “consecuencia de la investigación socioeconómica realizada en el área con intervención del Ministerio de Agricultura de la Nación”²¹ (Adolfo Navajas Artaza, en El Litoral, 7 de mayo de 1972).

Precisamente, de acuerdo con la nota periodística dedicada a los sucesos del 29 de enero de 1972 (El Litoral, 2 de febrero de 1972), el grupo de representantes oficiales del gobierno había contado, entre otros, con las “autoridades del Ente de Transformación para la Zona Tabacalera, a fin de explicar las soluciones previstas para estos problemas, de acuerdo al programa del referido Ente” (El Litoral, 26 de enero de 1972, énfasis mío). Como parece sugerirse aquí, los gobiernos provincial y nacional ya venían abordando el desempeño de la producción tabacalera en Corrientes, para lo que habían enviado un grupo de científicos sociales que, en carácter de técnicos, habían realizado un minucioso diagnóstico del que resultaron las soluciones correspondientes. De manera tal que, al surgir las LAC, solo hacía falta poner en conocimiento (explicar) de sus miembros, las soluciones previstas a los problemas.

Efectivamente, la respuesta al petitorio inaugural, realizada oportunamente por el gobernador Navajas Artaza el 11 de febrero de 1972, termina por develar dicha intención:

El problema tabacalero no es nuevo para este Gobierno. Desde el inicio de nuestra gestión pusimos especial empeño en intentar las pautas de una transformación económica y social que revierta las actuales condiciones de un área productiva considerada crítica. Del análisis y conclusiones del diagnóstico global efectuado por un grupo de técnicos especialistas surge el Plan 19²² y nuestro decreto Provincial N° 856 que crea el Ente Correntino para la Transformación del Área Tabacalera (Memorial de Navajas Artaza, en El Litoral, 12 de febrero de 1972; énfasis mío).

Asimismo, en el mismo Memorial, Navajas Artaza desacreditaba el planteo señalado en el petitorio de las LAC, y calificó las soluciones allí propuestas como “paliativos” que no valdrían de nada “si no mejoramos la estructura económica de una producción sin alternativas y no esclarecemos al hombre campesino en forma que sea, él mismo, un protagonista de su propio cambio” (Memorial de Navajas Artaza, en El Litoral, 12 de febrero de 1972).

A su vez, la respuesta de las LAC llegó unos días después. En ella se afirmaba:

El plan 19 es totalmente desconocido por los tabacaleros y en su elaboración no hemos participado. De dicho plan se nos proporcionó una copia recién en el día de la entrevista con el gobernador (11-2-72) no obstante, como muestra, para comprobar que el plan fue hecho al margen de nuestra realidad […] Si en 8 años se soluciona el problema a 500, se nos plantea el siguiente interrogante, ¿para solucionar el problema a 7.000 productores serán necesarios 112 años? Si esa es la “solución” que plantea el gobierno, no lo apoyaremos (En El Litoral, 19 de febrero de 1972; énfasis mío).

En lo que respecta al Ente Correntino de Transformación Agraria para la Zona Tabacalera, se agregaba:

En lo que hace el Ente, si nos basamos en la experiencia del Instituto Provincial del Tabaco desde ya podemos adelantar que estaríamos en presencia de un organismo burocrático más, que no aportaría nada a la solución de nuestro problema. Además, en el directorio del Ente, y en toda su estructura no está prevista la participación de ningún productor de acuerdo al ordenamiento legal que lo ha creado (En El Litoral, 19 de febrero de 1972).

Asimismo, en cuanto el supuesto carácter de “paliativo” del contenido del petitorio inaugural, la respuesta deslizaba, a su vez, una clara representación de la percepción que los miembros más prominentes de las LAC tenían del problema de la producción tabacalera hasta el momento:

El gobierno habla que no valdrán paliativos y con ello hace referencia a nuestro petitorio; pero el gobierno recurre a paliativos con el plan de colonización en la medida en que no ataca el problema central del tabaco: la estructura monopólica extranjera de la industria, surgida del plan económico instaurado en 1966 (En El Litoral, 19 de febrero de 1972; énfasis mío).

Y, finalmente, cierra con una no menos contundente conclusión:

Nos invita a caminar una idea que no es nuestra, los problemas reales son nuestros por lo tanto mientras no tengamos participación activa en las soluciones, para buscar la liberación real del tabacalero correntino, dudamos del éxito de la idea presentada (En El Litoral, 19 de febrero de 1972, énfasis mío).

Claramente, el surgimiento de las LAC vino a alterar los planes de los gobiernos provincial y nacional, que se vieron entonces obligados a discutir política y públicamente, no solo las posibles soluciones, sino incluso la construcción misma del problema.

El cambio de planes demandó, ante todo, un intento por devolver, por un lado, el carácter técnico a la definición del problema y las soluciones y, por el otro, restaurar la condición ‘neutral’ de los gobiernos provincial y nacional, capaces de laudar una decisión. Para ello, se llamó a la visita de un Equipo Económico Nacional que, integrado por funcionarios nacionales (miembros del gabinete nacional y el presidente del Banco Central) acompañados por técnicos y asesores, y la participación especial del ministro de Bienestar Social Francisco Manrique, se arrogaría la autoridad de “deliberar” soluciones (El Litoral, 20 de marzo de 1972 y El Litoral, 21 de marzo de 1972).

Sin embargo, el Equipo Económico Nacional también debió soportar la intromisión política de las LAC, que realizaron una concentración a las afueras de la Municipalidad de Goya, para ejercer presión al momento de las reuniones y deliberaciones, al punto que lograron imponer el grueso de las reivindicaciones del petitorio inaugural.

Empero, tras la falta de aplicabilidad de las medidas decididas por el Equipo Económico Nacional, las LAC, en asamblea, se deciden a lanzar su primer “plan de lucha”, el 30 de abril de 1972, por medio de un comunicado que sostenía duras críticas tanto al Equipo Económico Nacional como al gobernador provincial.

La difusión del documento y su polémico contenido obligó al gobernador Navajas Artaza a salir al cruce de las declaraciones liguistas, por medio de un comunicado tendiente a “ilustrar convenientemente a la opinión pública y especialmente al sector tabacalero sobre los resultados obtenidos al presente”. Su contenido, en el que se tildaba de “poco veraces” las consideraciones de las LAC por ser “ajenas a la realidad de nuestro desempeño”, apuntaba a dar cuenta de la ‘sensibilidad’ de las autoridades provinciales y nacionales frente al problema tabacalero, y señalaba “la preocupación y medidas prácticas adoptadas por el gobierno provincial en relación con el problema tabacalero aún antes de la constitución de dichas Ligas”. En esa línea, manifestaba que “fue a solicitud del Gobierno de Corrientes que el Equipo Económico Nacional se constituyó en Goya para solucionar, en el lugar, algunos de los muchos problemas del sector” (En El Litoral, 7 de mayo de 1972; énfasis mío).

El mensaje del gobernador de la provincia suscitaría un nuevo comunicado de las LAC, en la que ratificaban lo expresado y entraban en una nueva disputa política en el plano discursivo, con el Poder Ejecutivo provincial. Así, las LAC replicaban: “No negamos que el equipo económico haya venido a Goya por gestión del gobierno de la provincia. Pero la gestión del gobierno fue forzada por la presión de las Ligas Agrarias”. Asimismo, frente a la referencia realizada -por el gobernador- acerca de la existencia, por iniciativa de su misma gestión, del Ente Correntino de Transformación Agraria para la Zona Tabacalera -en cuanto organismo comprometido en la defensa del productor-, los liguistas fueron más lejos, al indicar que “Desde 1964 [año en que se creó el I.P.T.] se vienen creando instituciones burocráticas, sin sentido social ni práctica, por cuanto no tenemos la conducción de esos organismos los auténticos productores” (En El Litoral, 11 de mayo de 1972).

Esta misma lógica persistió durante toda la lucha de las LAC, no solo bajo el gobierno de facto de Navajas Artaza, sino también en el gobierno democrático de Julio Romero (1973-1976).²³ Así, en los cuatros años de lucha, se sucedieron interesantes disputas discursivas que, en no pocas ocasiones, terminaron por resolverse en las calles.

De este modo, el surgimiento de las LAC dio inicio a una disputa que no culminaría hasta su destrucción política total; lo que no se lograría hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. No obstante, no caben dudas de que la resistencia liguista en Corrientes logró aplazar, por unos años, las definiciones e intervenciones técnicas de los políticos y técnicos.

El Programa de Desarrollo del Área Tabacalera Correntina (PDAT): ‘el desembarco de Normandía’

Las intervenciones técnicas llamadas a traer soluciones al área tabacalera correntina llegaron pocos años después de la destrucción política de las LAC y la desaparición forzada de muchos de sus miembros. En efecto, en el caso del área tabacalera de Corrientes, la ya mencionada metáfora de ^{Escobar (2007}) -“el desembarco de los aliados en Normandía” (p. 87)- adquirió un carácter relativamente más literal con el terrorismo de Estado puesto en marcha por los gobiernos del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Ese fenómeno supuso, entre otras cosas, una deslegitimación total e ilegalización de la actividad de las LAC y la consecuente persecución, captura, confinamiento y -en numerosos casos- muerte, de sus miembros.²⁴

De este modo, al ser política y violentamente aplacada la resistencia de las LAC, se liberó el camino para el retorno de las soluciones técnicas a la problemática tabacalera en la provincia. Estas empezaron a formularse en 1977 y para 1979 ya se encontraban en plena ejecución. Sin embargo, las soluciones técnicas llegaron, esta vez, ungidas de un sentido novedoso, que anteriormente no había aparecido: el desarrollo.

Así, en febrero de 1977, el Ministerio de Economía de la Provincia de Corrientes, “decidido a encarar la transformación socioeconómica de una zona de la provincia, la denominada ‘área tabacalera’”, firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones, en vistas a “la formulación de un proyecto de desarrollo agropecuario para los departamentos de Goya, Lavalle y San Roque” (^{Starnfeld, 1978}, t. 1, p. 1; énfasis mío); cuya tarea fue encargada a la consultora Ing° Esteban Starnfeld y Asociados.

Es decir que aquella “transformación económica y social” de “una producción sin alternativas” de la que hablaba Navajas Artaza en su Memorial del 11 de febrero de 1972 (El Litoral, 12 de febrero de 1972) y sobre la que, decía, debía ser misión del Ente Correntino de Transformación Agraria para la Zona Tabacalera, aparece nuevamente cinco años más tarde, pero concebida y planteada en términos de desarrollo. Esto es, como un cambio que, de acuerdo con el halo semántico del concepto, se presentaba como un “cambio favorable, un paso […] de lo peor a lo mejor” (^{Esteva, 2000}, p. 75).

Ya para 1978, dicho proyecto se encontraba terminado y formulado bajo el título de Proyecto de Desarrollo Agropecuario para los Departamentos de Goya, Lavalle y San Roque, y tras ser puesto en consideración y aprobado por el Poder Ejecutivo provincial, fue elevado a la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. En enero de 1979, por resoluciones N° 55 y 56, se destinaron los fondos nacionales iniciales para su ejecución; y se designó “al titular de la consultora, Starnfeld, para que lo implemente desde el IPT” (^{Sablich, 2014}, p. 62).²⁵

En consecuencia, finalmente, se concretaba el plan original ideado entre 1971 y 1972 de propender a la solución técnica de la problemática tabacalera, por medio de su “transformación socio-económica” al margen de los intereses, deseos, esperanzas y cultura de sus “beneficiarios”.²⁶

El énfasis colocado en la necesidad de transformación socioeconómica se asentaba en

La concepción del presente proyecto […] [acerca de] que el mejoramiento de la producción de tabaco mediante la incorporación de tecnología, o mejoras en la comercialización, o mejoras de precio, por sí solo no resuelve de manera alguna el problema dado que gran parte de los esfuerzos a realizar solo servirían para aumentar el subsidio al resto de la economía rural. Es por ello que consideramos que la acción directa sobre el tabacalero aparcero y ocupantes gratuitos, enfoque que han tenido los anteriores proyectos para el área, no tendría efectos trascendentes. El problema no se reduce al tabaco y sus productores sino que es del área en su conjunto (^{Starnfeld, 1978}, t. 1, p. 3).

Dicho desarrollo fue concebido, entonces, en términos de un programa de “diversificación” productiva que no suponía eliminar la producción de tabaco criollo correntino -“que seguiría siendo la columna vertebral del área, entre otras cosas pues su permanencia aseguraba el flujo de fondos desde el FET” (^{Sablich, 2014}, p. 62)-, sino ‘corregirla’ “en las distintas etapas del negocio, reemplazada parcialmente por otros tipos de tabaco, y complementada con otras producciones” (^{Sablich, 2014}, p. 62).

El plan de diversificación comprendió numerosos intentos fallidos por introducir nuevas actividades agropecuarias, incluso una cuenca lechera que contó con la instalación, en la zona, de una planta perteneciente a La Serenísima, para que acopiara la producción.

Consiguientemente, el PDAT y su concepción economicista y tecnocrática parece haber sido un exponente del fracaso constante en obtener sus propósitos declarados. Dice Sablich (^s/f, p. 6) al respecto:

entender los motivos del fracaso de la cuenca lechera, que luego de ocho años de intentos y esfuerzos se diluyó cuando la empresa levantó su planta de Goya. Lo ocurrido con la cuenca lechera se repitió con la porcicultura, la producción de tabacos burley y virginia, la cuenca frutillera y muchos otros intentos. Quizá la única excepción haya sido la horticultura intensiva.

Consideraciones finales

En este trabajo se ha buscado exponer la construcción del desarrollo en el área tabacalera de Corrientes como parte de un proceso que no se inició y, mucho menos, se redujo a su institucionalización por medio del PDAT en 1978. Al contrario, el artículo revela al programa como la última etapa de una política de los gobiernos nacionales y provinciales que, madurada a principio de la década del setenta, apuntó a transformar el área y la actividad tabacalera provincial.

Ahora bien, a pesar de la continuidad que se le pretende atribuir a todo este proceso, es preciso llamar la atención sobre un clivaje que permite distinguir en él dos momentos. Así, si bien la intención de asentar la transformación del área tabacalera sobre la autoridad técnica de un grupo de agentes (políticos y especialistas) constituyó una constante en las diferentes intervenciones estatales, la instrumentación del concepto de desarrollo como repertorio discursivo institucionalizado devino un aspecto exclusivo del PDAT y la iniciativa de los políticos y técnicos, posteriores a 1976.

De esta manera, el análisis realizado del inicio de la disputa discursiva mantenida -entre 1972 y 1976- por las LAC y los funcionarios provinciales y nacionales permite esclarecer la articulación necesaria que, a razón del curso que adquirieron los eventos, ligó ambos momentos del proceso: en el área tabacalera correntina, el desarrollo como “máquina antipolítica” requirió ser construido política y violentamente.

En efecto, la incapacidad de los gobiernos provinciales y nacionales por imponer y garantizar su legitimidad técnica y política para nominar, describir, decidir y prescribir sobre el problema tabacalero y sus soluciones los llevó a disputar, desacreditar y destruir política y represivamente a las LAC y sus miembros. Lo que, finalmente, consistió en una condición sine qua non para el ‘reenmarcamiento’ de la política de gobierno en términos de desarrollo.

No obstante, una vez instaurado como tal, no cabe dudas de que el PDAT sintetizó la consolidación del desarrollo como una “maquinaria anti-política” (^{Ferguson, 1990}), con relación a los fines proyectados: propender técnicamente a una transformación socioeconómica del área y la actividad tabacalera provincial. De esta manera, tras años de disputas -y con la oposición política de las LAC diezmada-, las disposiciones y tareas de transformación impulsadas por agencias y agentes del “sistema de Estado” nacional y provincial (^{Abrams, 2000}) fueron construidas y justificadas técnicamente. Así, no solo el carácter político del “sistema de Estado” y sus atributos de clase fueron omitidos y diluidos en la imparcialidad de su configuración como instrumento neutral para la implementación de un plan de desarrollo, sino que dimensiones absolutamente políticas como la concentración de la tierra provincial en pocas manos privadas -que data del siglo XIX-; la promoción de la producción tabacalera bajo el sistema de aparcería por parte de la burguesía terrateniente provincial; la concentración y extranjerización de la industria cigarrillera; la organización de la producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes bajo las formas previstas por la consolidación histórica del capitalismo, y su consiguiente estructura de clases; y otras tantas cuestiones más, no fueron siquiera mencionadas ni consideradas como problemas, ni demandaron soluciones de ningún tipo por los planes y programas ejecutados entre las décadas del setenta y del ochenta.

En fin, a fines de la década del setenta, la “mirada del desarrollo” (^{Escobar, 2007}, p. 265) se posó definitivamente sobre un nuevo grupo de beneficiarios: los productores tabacaleros correntinos. Desde entonces, sumas exorbitantes de dinero han sido volcadas al área tabacalera correntina en nombre del desarrollo. Pero, como se ha querido mostrar aquí, en Corrientes, el ‘triunfo’ del “discurso del desarrollo” y su “aparato” presupuso una disputa política en torno a la construcción técnica de los problemas y soluciones de la actividad tabacalera provincial.