Introducción

En noviembre del año 2019 establecimos contacto con Deiker,¹ un joven aficionado a la producción visual y al rap residente de una barriada caraqueña. El contacto se hizo a través de algunos conocidos, quienes nos indicaron que él nos podría guiar en la entrada un conocido barrio “bastión” del oficialismo político en Venezuela. Deiker se mostró dispuesto a conversar con nosotros, fue tajante con sus comentarios, haciéndonos ver como ingenuos o insensatos en nuestra aproximación a los barrios para comprender la violencia. “No tienen que hablar con la gente, ni con los menorcitos ² […] vamos a hablar con los duros porque ellos son los que manejan la verdad de la movida”, nos dijo cuando le comentamos sobre nuestra experiencia previa en otros barrios.

Luego de algunos días, Deiker nos llevó a conversar con unos jóvenes armados que “controlaban” un sector de otro barrio cercano, para adentrarnos en la cercanía que tenían las armas de alto calibre con el común de las personas. Llegamos a esa garita³ junto con Deiker y un amigo de él, José, quien había sido su compañero en una “movida” de rap y grabaciones audiovisuales. Conversamos con los jóvenes por varios minutos; todos eran cercanos a los 18 años de edad. En la conversación nos percatamos de que nos invadía el miedo, pues ese barrio estaba siendo objeto de numerosas incursiones y enfrentamientos con las fuerzas policiales, a pesar de que era una Zona de Paz (explicaremos esta noción más adelante en el texto). Algunos días después de esta visita, dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron asesinados en un sector cercano al que visitamos; sus cuerpos fueron dejados en medio de la calle. En los días siguientes a este evento, en el mismo barrio, aparecieron los cuerpos sin vida de dos jóvenes en un basurero; según la versión periodística, asesinados por miembros de su propia banda como una forma de evitar una retaliación por parte de las fuerzas del orden público.

Luego de estos eventos, nos reunimos nuevamente con Deiker, y le preguntamos sobre cómo entendía él lo que había ocurrido, pues para nosotros era alarmante y preocupante. Él no mostró mayor reacción: “esa es una guerra entre el gobierno y esa banda, eso se sabe”, fue su comentario:

Es mejor no volver allí, no sabemos con quién nos puedan relacionar… pero sí te digo que tenemos que conversar rápido con José (su amigo, quien nos llevó a la garita) porque creo que él se metió a vender droga, en cualquier momento lo van a matar, entonces tenemos que darle rápido, si no lo mata el FAES,⁴ seguro lo mata la banda, él no puede estar en eso así como así.

Contrario a la lógica de investigación que veníamos manejando, con amplios tiempos de familiarización y observación participante, con vinculación en la dinámica de las personas para conocer mejor sus hábitos y prácticas, Deiker nos mostraba la urgencia propia del momento venezolano: o asesinan al joven, o este se va del país, pues la ola migratoria es vertiginosa, principalmente para los hombres jóvenes de los sectores empobrecidos, quienes son las principales víctimas de la violencia policial y delincuencial (^{Monitor de Víctimas, 2018}). Interpretamos el comentario de Deiker como una urgencia por entrevistar; esto, a su vez, nos supuso numerosos cuestionamientos. ¿Cómo llevar a cabo el proceso de entrevista? ¿Sería ético entrevistar a una persona que, por los comentarios de su amigo, puede morir en los próximos días o semanas? ¿Deberíamos interpelarle para que huyera del país? ¿Cómo construir un registro apropiado de la violencia en un contexto donde las personas desaparecen rápidamente de nuestros radares como investigadores? ¿Qué nos permiten hacer las instituciones que promueven nuestra investigación al respecto?

El presente artículo agrupa un conjunto de reflexiones que hemos construido a partir de nuestras experiencias de investigación de campo en Venezuela (^{Mora-Salas, Cronick y Pérez-Mena, 2020}; ^{Pérez-Mena, 2019}; ^{Sánchez y Guzmán, 2018}; Sánchez, ^2020a, ^2020b). Vernos involucrados en situaciones potenciales de peligro, o que nos vean relacionados con fracciones enfrentadas, ya sean víctimas o victimarios, policías o malandros, nos ha supuesto detener las actividades investigativas en numerosas ocasiones para reflexionar sobre las implicaciones que tiene nuestra presencia en el campo, así como también la búsqueda de teorizar sobre la vida de las personas. Inicialmente, indagaremos algunas precisiones contextuales y conceptuales sobre la situación venezolana, para establecer una caracterización sobre el contexto de nuestro trabajo de campo. Posterior a esto, a partir del uso de algunos casos extraídos de la experiencia en terreno, nos aproximamos a una reflexión epistemológica y metodológica sobre las dificultades de trabajar con poblaciones vulnerables en contextos de violencia. Por último, elaboramos algunas reflexiones sobre las implicaciones subjetivas y políticas de producir conocimiento en contextos donde la violencia estructural se materializa en diferentes expresiones sociales, comunitarias, políticas, y por último, armadas.

Venezuela y los operativos policiales militarizados

En los últimos años, Venezuela ha atravesado por una crisis política, social, económica y cultural sin precedentes en su historia contemporánea. Algunos organismos e instituciones internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (²⁰¹⁹), han denunciado que en el país se presencia una emergencia humanitaria compleja. Si bien los diferentes indicadores a nivel internacional dan evidencias del declive en la calidad de vida del venezolano, para quienes buscan comprender la situación desde una perspectiva insider, el contexto supone numerosos retos asociados al fenómeno particular que se pretende conocer.

Junto con la acelerada precarización de las condiciones de vida, Venezuela también se ha situado en el escenario internacional como un foco del conflicto ideológico polarizante entre numerosos países. Desde el uso de la situación venezolana por parte de intereses particulares, como los estadounidenses, rusos y chinos, así como el reto que ha significado para la región los casi cinco millones de venezolanos que han migrado en los últimos cuatro años (^{Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2019}), el conflicto en torno a Venezuela ha originado un estancamiento de las alternativas y soluciones diplomáticas; la polarización de opiniones que giran alrededor del caso de este país, se ha reflejado en quienes condenan el cada vez más autoritario gobierno de Nicolás Maduro, y por el otro lado, quienes atribuyen la debacle a las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos. Si bien el análisis de esta diatriba excede los límites del presente texto, entendemos que las medidas adoptadas en materia de seguridad ciudadana obedecen a lógicas militaristas, recrudecidas en gran parte por este contexto internacional, que buscan mantener el control de la seguridad desde una racionalidad bélica, contrarrestando enemigos o insurgentes, hecho que se ha observado en el país con las numerosas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias a políticos, periodistas, médicos, y, en general, a los disidentes del gobierno nacional.

Partiendo de este contexto general, en nuestro trabajo como investigadores sociales con metodologías cualitativas, hacer indagaciones de campo resulta imprescindible para acceder a las vivencias, condiciones y experiencias de las personas en lugares vulnerables, como lo son los barrios de la ciudad de Caracas. Situarnos en el contexto urbano para comprender el fenómeno de la violencia ha supuesto numerosos dilemas, tensiones y cuestionamientos a la labor investigativa.

Una de las situaciones específicas que nos ha supuesto importantes cuestionamientos tiene que ver con los órdenes armados de cada barrio o localidad. A saber, durante el periodo 2013-2014 el gobierno nacional implementó una política en materia de seguridad ciudadana denominada “Zonas de Paz”, que consistía en delimitar una localidad, ya sea un barrio o caserío, en la cual existiera un dominio armado paralegal, para otorgar una soberanía local a dicho grupo armado a través de la restricción de la acción policial en dichos espacios. El propósito consistió en buscar la reinserción social de los jóvenes en armas mediante la conformación de cooperativas y la entrega de equipos y créditos monetarios, pero, luego de la implementación de la política, las bandas armadas se fortalecieron. Esto supuso una reconfiguración del crimen en la ciudad, que llevó a su sofisticación, y a la articulación entre bandas y centros penitenciarios, en lo que algunos medios de comunicación han denominado una “carta blanca” a la criminalidad (^{Insight Crime, 2014}; ^{Amnistía Internacional, 2018}).

Posterior a la implementación de las Zonas de Paz, el país comenzó a evidenciar signos de retraimiento económico, y con ello, la capacidad de sostener los programas sociales también comenzó su declive. La criminalidad aumentó dada la escasez de formas de inclusión social, la facilidad en la obtención de armas y el contexto de impunidad jurídica creciente (^{Briceño-León, 2018}). Este conjunto de condiciones propició que el gobierno nacional optara por las políticas de mano dura como medida de contención del crimen (^{Ávila, 2017}, ²⁰¹⁸; ^{Antillano y Ávila, 2018}; ^{Zubillaga y Hanson, 2018}). Para el año 2015 se crearon las Operaciones para la Liberación del Pueblo, un plan de seguridad en el cual varios cuerpos de seguridad trabajaban conjuntamente retomar el control de territorios en manos de grupos criminales (^{Ávila, 2017}). Estos fueron sucedidos por los operativos militarizados de las FAES, un grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana. La actuación de estas prácticas policiales vino aunada a un recrudecimiento de la violencia policial en la forma de torturas y ejecuciones de, usualmente, jóvenes varones de sectores populares, presuntamente asociados a actividades ilegales (^{Antillano y Ávila, 2018}; ^{Ávila, 2018}; ^{Zubillaga y Hanson, 2018}). Para 2016, el país registró la cifra de 4667 asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad, la que es, en proporción, la cifra de muertes a manos de la policía más elevada del continente (^{Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, 2017}). El Observatorio Venezolano de Violencia sugirió en sus proyecciones que, para el ²⁰¹⁸ y el ²⁰¹⁹, alrededor del 32% de los homicidios cometidos en el país serían atribuidos a los cuerpos de seguridad. Específicamente en Caracas, ciudad donde realizamos nuestro trabajo de campo investigativo, una investigación realizada por el Monitor de Víctimas (²⁰¹⁹) estimó que el 41% de los homicidios registrados en los dos municipios más poblados de la ciudad ocurrieron como producto de ejecuciones extrajudiciales.

Nuestra entrada en los barrios, por tanto, ha resultado transformada por esta nueva dinámica de violencia, desde la cual la labor de resguardo y vigilancia (conocida entre las personas como gariteo)⁵ por parte de las bandas y grupos armados delictivos se hizo más sutil, a la vez que las labores de inteligencia de los cuerpos policiales -que se valen de las organizaciones sociales adeptas al proceso bolivariano, con figuras como los patriotas cooperantes, personas o milicianos adeptos al gobierno nacional que informan sobre las actividades realizadas en las comunidades, lo que crea un ambiente de profunda desconfianza y vigilantismo perpetuos-, los enfrentamientos prolongados, asesinatos en calles, vías públicas y la escasa labor de protección por parte del Estado, son algunos de los elementos que han configurado los sectores en los cuales llevamos a cabo el trabajo de campo.

El campo de investigación se convirtió también en un territorio minado de tensiones, pues acercarse a un tipo de participante u organización generaba una sospecha sobre el investigador, además de limitar o clausurar las posibilidades de conversar con otros sectores de la localidad. La polarización social y política, proceso imperante en el contexto venezolano, permeó las diferentes esferas de convivencia (^{García-Guadilla, 2003}; ^{Lozada, 2011}), pues hablar con víctimas de los operativos era sinónimo de oponerse al gobierno, al igual que conversar con organizaciones sociales alineadas con el oficialismo generaba la impresión de complicidad con dicha postura ideológica. Cada insumo de investigación fue generado a partir de estas contradicciones.

Un punto de partida: el enfoque cualitativo

El marco epistemológico y metodológico desde el cual nos posicionamos es central para entender las consideraciones que planteamos a lo largo del artículo. Siendo ambos autores de áreas afines en las ciencias sociales, pero con marcadas diferencias en cuanto a nuestra formación metodológica, en aras de ser reflexivos, mencionaremos algunos aspectos generales que caracterizan nuestra relación con el fenómeno de estudio. En primera instancia, comulgamos con una postura paradigmática constructivista (^{Guba y Lincoln, 2012}), desde la cual los límites que separan al investigador de su “objeto” de estudio se diluyen, por lo cual la comprensión de la subjetividad del otro por medio de la propia juega un papel preponderante en la construcción de conocimientos. Desde este posicionamiento, los métodos mediante los cuales nos aproximamos al campo estarán orientados a la interpretación y la comprensión de una realidad situada en un marco sociohistórico.

Cabe acotar que, como parte de las consecuencias de nuestro enfoque epistemológico, es de suma importancia mantener un proceso reflexivo durante toda la extensión de la investigación. Este debe iniciar en el momento en el que el investigador problematiza el tema a abordar, atravesando la toma de decisiones en el campo, muestreo e interpretaciones, y mantenerse incluso a la hora de la escritura y difusión del producto intelectual. La reflexividad, según ^{Parker (2004}, p. 25), es “una manera de atender a la localización institucional de los aspectos históricos y personales en la relación investigativa”; por lo cual, este proceso -más allá de reducirse a una confesión de nuestros sentimientos y pensamientos acerca del fenómeno en cuestión- implica concientizar nuestra posición institucional y política en torno, en este caso, a las ejecuciones extralegales, torturas y amenazas a los familiares de las víctimas cometidas por la policía. Asimismo, las interpretaciones de las prácticas y dinámicas establecidas entre las víctimas de la violencia policial y las instituciones del Estado fueron generadas y devueltas a las personas participantes de las investigaciones. Partiendo de la premisa reflexiva desde la cual el otro es siempre culturalmente diferente al investigador, ^{Rosaldo (2000}) cuestiona el uso de la reflexividad como un superposicionamiento del Yo del investigador por sobre la realidad de los sujetos estudiados: “el vicio de la reflexividad actual es la tendencia para que el Yo abstraído, pierda la objetividad del Otro culturalmente diferente” (p. 5).

Específicamente, hemos trabajado desde tradiciones como la etnografía (^{Scheper-Hughes, 1997}; ^{Fassin, 2007}; ^{Auyero, 2012}) y la teoría fundamentada (^{Strauss y Corbin, 2002}). La primera de ellas hace énfasis en la producción de conocimientos en la familiarización progresiva del investigador con un grupo cultural en su cotidianidad, por medio de porteros e informantes clave, y el uso de observación participante y entrevistas en profundidad en el campo. Por otro lado, la teoría fundamentada se trata de un itinerario analítico que apunta a la construcción teórica situada a partir de la comparación constante entre la información producida inductivamente y las hipótesis que de ella derivan. En general, ambas tradiciones ponen un especial interés en construir conocimiento desde la perspectiva de los participantes.

Uno de los propósitos por los cuales se utiliza tradicionalmente la investigación cualitativa es la posibilidad de mostrar realidades ajenas y diversas, darle voz al otro, y fungir como interlocutores de sus problemáticas (^{Denzin y Lincoln, 2012}; ^{Taylor, Bogdan y DeVault, 2016}). Existen múltiples dilemas acerca de la posibilidad de “dar voz al otro”: algunos señalan el rol de la mirada del investigador en relación con la voz que se intenta proyectar (^{Marroni, 2017}), o la posibilidad de brindar una “multivisión” en contraste con la mirada de uno solo (^{Parker, 2004}). No pretendemos dar una respuesta concreta a dichas cuestiones epistemológicas en este texto, pero sí consideramos que la posibilidad de retratar a un otro vulnerable es uno de los argumentos más robustos a la hora de justificar la aproximación cualitativa ante un tema cargado de violaciones a los derechos humanos, sufrimiento y desigualdad como lo es la violencia policial.

En el contexto latinoamericano, son preponderantes las investigaciones cualitativas que buscan comprender la violencia aproximándose desde métodos cualitativos, integrando diferentes perspectivas, pero ubicándose críticamente ante las diferentes instituciones sociales. Por un lado, trabajos como los de ^{Taussig (1992}), ^{Scheper-Hughes (1997}), ^{Jimeno (2008}), ^{Auyero (2012}), ^{Goldstein (2012}), Adams (2017), por mencionar algunos, se ubican en una tradición que busca comprender los vínculos difusos que existen entre las instituciones legales y las paralegales. Estos trabajos han elaborado perspectivas críticas sobre cómo comprender el Estado en los márgenes sociales (^{Das, 2015}) y exigen dirimir miradas normativistas y moralistas, para avanzar en una perspectiva crítica situada, que comprendan a las instituciones como un proceso social continuo, en el cual el uso de la violencia y, por tanto, el poder, variará dependiendo de los actores y de las condiciones sociales. Así, la opción metodológica es también una apuesta por la ambigüedad propia de los contextos desfavorecidos.

Si bien las perspectivas metodológicas que presentamos no son homogéneas, la investigación en las ciencias sociales y humanas nos permite -e incluso podríamos decir que nos demanda- transformar y proponer metodologías que permitan trabajar con el fenómeno de estudio en cuestión, por lo cual la indagación cualitativa tiene un carácter artesanal (^{Denzin y Lincoln, 2012}). Nos escudamos tras este argumento para elaborar a continuación propuestas metodológicas y reflexivas sobre la investigación cualitativa de la violencia policial, tomando en cuenta el contexto urbano venezolano.

La violencia estructural y la búsqueda de participantes

Tradicionalmente, pensar en violencia policial implica discriminar entre los que sufren la violencia y aquellos que la ejercen, lo que resulta en las categorías maniqueas de “víctima” y “victimario”; que llevan a identificar a la persona sujeta a la violencia policial como una víctima, y al policía como victimario. Al aproximarnos al campo, por las características de los contextos investigados, pudimos dar cuenta de que la mayoría de las personas que accedieron a conversar con nosotros podían relatarnos al menos un episodio de violencia policial.⁶ Muchos de ellos hicieron énfasis en “sus víctimas”: familiares, amigos y vecinos identificados como sanos o inocentes, asesinados por cuerpos de seguridad del Estado en las incursiones militarizadas. Sin embargo, cuando algunos de los participantes se referían a los jóvenes identificados como delincuentes, parecían justificar e incluso aceptar la actuación extralimitada de los funcionarios policiales. Los jóvenes “malandros” difícilmente eran comprendidos como víctimas de una violencia estructural, pues sus trayectorias de vida fueron construidas desde el uso de la violencia como un recurso para la obtención de reconocimiento (^{Zubillaga, 2007}), y en la mayoría de los casos este uso de la violencia fue entendido y significado, por parte del entorno social, como una transgresión y una profundización de la imagen estigmatizada del victimario.

Por otro lado, muestrear participantes que puedan hablar por parte de los jóvenes con trayectoria de vida violenta resulta una empresa difícil. Ganar el acceso a los individuos en el campo es una de las dificultades con las cuales tradicionalmente nos encontramos al realizar investigación cualitativa (^{Taylor et al., 2016}; ^{Creswell y Poth, 2018}). Sin embargo, al trabajar el fenómeno de la violencia policial en este contexto, emergen dificultades particulares. En primera instancia, debido a que, respecto de muchos de los jóvenes que para el momento de nuestras indagaciones era sobrevivientes de la violencia armada o formaban parte activa de la dinámica de la violencia, la tarea de acceder a sus testimonios se complejizaba, pues muchos de ellos estaban en circunstancias de migración, ocultando su pasado violento o huyendo de las retaliaciones de los cuerpos de seguridad, con lo cual se hacían invisibles a nuestras búsquedas.

En segundo lugar, debido a que los participantes vinculados a los jóvenes asesinados, sus familiares y amigos, suelen mantenerse en silencio por miedo a ser juzgados o no ser considerados como víctimas indirectas de la violencia armada, sino más bien atacados debido al sufrimiento que la persona asesinada pudo haber causado en la comunidad (^{Sánchez, 2020a}). De nuevo, la consecuencia de esto es que los allegados a los jóvenes de vida violenta difícilmente se encuentran dispuestos a participar en espacios que permitan relatar su pérdida, registrar su sufrimiento y denunciar la violación de derechos humanos a la cual estuvieron sometidos sus seres queridos; y a veces se niegan a conversar sobre ellos en aras de “pasar la página”,⁷ y mantienen un bajo perfil durante la búsqueda de los investigadores por la desconfianza existente hacia el otro.

Para ilustrar este punto, podemos señalar el caso de Hilde, una participante y portera en una de las investigaciones previamente mencionadas. Tras dos años de sostener múltiples conversaciones con ella y luego de finalizar el proceso investigativo, emigró a otro país. Desde allí escribió “confesando” que no había sido totalmente abierta durante la investigación, ya que nunca nos mencionó que fue madre de un joven supuestamente vinculado con diversas actividades ilegales, quien fue asesinado por la policía en circunstancias sospechosas a mediados de la década. Hilde intentó llevar a los asesinos de su hijo a la justicia, pero la “culpabilidad” de su hijo le dificultó encontrar apoyo en parte de su familia y en su comunidad, por lo cual desistió del proceso de denuncia, y más adelante le resultaría difícil y doloroso abrirse ante nuestra indagación.

Podemos encontrar, en los registros de diversas indagaciones etnográficas realizadas en Latinoamérica, cómo estas brechas entre las víctimas “inocentes” y aquellas “culpables” dificultan a las familias de estos últimos un proceso judicial expedito, así como el acompañamiento social y el asesoramiento legal necesarios para sobrellevarlo. ^{Bermúdez (2016}) señala cómo se establecen fronteras morales alrededor de una asociación orientada a la búsqueda de justicia para víctimas de muertes violentas, las cuales excluyen sistemáticamente a las familias de los jóvenes asesinados involucrados en actividades criminales, ya que se los evalúa a ellos y sus familiares como moralmente reprobables. Asimismo, ^{Vianna y Farias (2011}) reportan en sus casos de estudio cómo se invierten las narrativas en los procesos legales y los policías enjuiciados por perpetrar ejecuciones extrajudiciales se convierten en una suerte de acusadores ante las madres de jóvenes asesinados, quienes denuncian sistemáticamente los asesinatos de sus hijos, pero que, al ser identificados como “narcotraficantes”, estas terminan siendo “enjuiciadas” moralmente en los juzgados, y los asesinatos terminan siendo justificados en la retórica resultante.

La estigmatización del “malandro” y su familia, así como la aprobación por parte de algunos miembros de las comunidades a las prácticas policiales de “mano dura”, que transgreden los derechos humanos de estos jóvenes de vida violenta y contradicen el proceso legal estipulado, dan cuenta del contexto de violencia estructural arraigado en las instituciones e interiorizado en las prácticas sociales y culturales de sectores medios y populares venezolanos. Las profundas desigualdades presentes en este contexto, entre clases sociales, sectores urbanos, e incluso entre habitantes de los barrios, atraviesan a todos los actores que conviven en estos territorios, e influencian de manera innegable sus trayectorias vitales (^{Zubillaga, Chacón y Sánchez, 2020}).

En la aproximación a los familiares y vecinos que también han vivido la violencia de los operativos policiales militarizados, a medida que fuimos registrando el declive en las condiciones sociales y económicas del país, también evidenciamos cómo las circunstancias de vulnerabilidad estructural se hacían más crónicas en el día a día de las personas (^{Burgois, Holmes, Sue y Quesada, 2011}). Prolongados tiempos de espera para tomar el transporte hacia las comunidades; numerosas entrevistas suspendidas pues las personas debían hacer gestiones para conseguir alimentos básicos, gas doméstico, medicamentos; incluso sesiones de trabajo canceladas porque a la comunidad había llegado el servicio de agua luego de meses sin contar con tal servicio. Accedimos a historias en las cuales los hogares vulnerados por los operativos policiales también eran despojados de alimentos, ropa, zapatos y equipos electrónicos por los mismos efectivos de la fuerza. La violencia se evidenciaba no solo en el uso intencional de la fuerza y armas de fuego, sino también en las dificultades para encontrar los insumos básicos de vida por parte de las personas.

Al encontrarnos inmersos en este escenario, nuestra postura no es una apología ante las actividades criminales ejecutadas los jóvenes de vida violenta; sin embargo, consideramos que adoptar una posición “desinteresada” o “neutral” en la búsqueda de las perspectivas que puedan evidenciar la extralimitación policial y denunciar los casos en que estos actores resultan victimizados por ella, implicaría mantener sus voces al margen y el producto de nuestra investigación no haría otra cosa sino perpetuar las lógicas de violencia y los ciclos de venganza que las matizan (fenómenos estudiados por ^{Zubillaga, 2007}, ²⁰⁰⁸); y también legitimar, mediante un proceso académico e intelectual, la estigmatización de estos jóvenes y sus familias, lo que significa a los transgresores de la ley “como enemigos merecedores de un tratamiento duro e implacable” (^{Antillano y Ávila, 2017}, p. 83).

Vale la pena acotar que otros actores íntimamente relacionados con el fenómeno de la violencia policial y muy frecuentemente ignorados por las investigaciones académicas son las instituciones y los funcionarios policiales en sí mismos; como ^{Antillano (2009}, p. 106) sugiere al afirmar que “la policía es frecuentemente extrañada de las preocupaciones ciudadanas y de la atención académica”. Aproximarnos a estos actores en el contexto de creciente autoritarismo del Estado y de limitación de las libertades personales como resultado de ello puede representar un riesgo importante para el investigador, en lo cual profundizamos más adelante; sin embargo, si no damos cabida a estas perspectivas al integrar las concepciones acerca de la violencia policial, podemos caer en la trampa de simplificar el fenómeno y criminalizar indiscriminadamente a los cuerpos policiales y los funcionarios que los constituyen. Sugerimos entonces identificar las voces que no han sido escuchadas y representadas previamente o en la producción intelectual propia, y agudizar el muestreo en función de brindar lo que ^{Guba y Lincoln (1989}) comprenden como equidad, para producir así un registro más plural.

Más allá de nuestra insistencia en adoptar una posición crítica durante la búsqueda de brindar espacios para escuchar y registrar las perspectivas marginadas, ya sea en el planteamiento de nuevas problemáticas de investigación o en la agudización del muestreo dentro de campos de indagación atravesados por la violencia policial, reconocemos que en ocasiones la búsqueda activa y comprometida de estos actores por parte del investigador no es suficiente. Por motivos logísticos, políticos o incluso relativos a otros dilemas éticos del proceso de indagación -tales como poner en riesgo el anonimato y la seguridad de los participantes con quienes ya hemos trabajado- puede que no nos sea posible profundizar en la perspectiva de todos los actores de interés. Por otro lado, puede que la naturaleza ideográfica del problema específico que atañe a una investigación y la tradición metodológica en la que se ubica les impidan a los investigadores trabajar directamente con dichos actores. En ambos casos, sugerimos una solución que podría no ser la que nos permita una comprensión más compleja de la violencia policial, pero servirá para evitar la producción de un conocimiento posiblemente criminalizante, reduccionista y revictimizante; la reproducción de una representación que perpetúe esta visión estigmatizante de los actores en cuestión, presente en nuestros prejuicios o en los relatos de los actores representados:

Es necesario registrar de manera extensa y transparente los procedimientos de muestreo, las hipótesis emergentes de trabajo y las limitaciones con las cuales el investigador se encuentra a lo largo de la indagación (^{Flick, 2008}); haciendo énfasis en los puntos que puedan ser malinterpretados, por su vaguedad u omisión, en detrimento de los actores sociales más vulnerables. A su vez, explicitar aspectos sobre la escogencia de la problemática abordada, las lógicas tras el muestreo y las perspectivas construidas en conjunto con los participantes, como parte del proceso reflexivo del investigador (^{Parker, 2004}).

Sobre la dificultad de dar voz a las víctimas que han sido victimarias

Entre las numerosas complejidades del contexto narrado previamente, es relevante destacar el peso que contiene la estigmatización letal en el razonamiento ciudadano común (^{Zubillaga, 2008}). La vulnerabilidad de las personas de las barriadas contribuye con su caracterización como “lugares de maldad”. Puede ser común, en este sentido, que incluso entre las poblaciones victimizadas por los operativos policiales existan divisiones o fronteras morales (^{Lamont y Molnár, 2002}) para diferenciar entre una víctima “pura”, de una víctima con antecedentes penales.

Este es el caso del trabajo de campo realizado en un sector conocido como “La Planicie”, constituido por unas invasiones a antiguos edificios industriales que cerraron sus actividades por la crisis económica. En este sector, las bandas armadas posicionaron sindicatos y agrupaciones que se sustentaban del cobro de vacunas a las empresas. Exintegrantes de estas bandas hacían vida en las invasiones. Nos acercamos al lugar al enterarnos de las numerosas incursiones policiales que dejaban saldos alarmantes de personas asesinadas y familias vulneradas. Al conocer el lugar, en precarias condiciones, la “portera” que nos llevó nos comentó con duda que ellos vivían de robar comercios y locales, y que era probable que los asesinaran por esa razón, por lo cual allí no tendríamos nada por hacer, pues eran “malandros”. Luego de algunas visitas para conocer el lugar, nos llamaron por teléfono para informarnos que había habido otra incursión de los cuerpos policiales, en las que se llevaron detenidas a una serie de personas, incluyendo a nuestra informante, sin dejar rastros de adónde sería llevada. Pasaron varios días antes de saber su ubicación, la mantuvieron incomunicada sin decirle dónde la tenían retenida. Luego de ser liberada, regresamos a La Planicie para conversar con ella. Se sentía insegura, nos aseguró que “esto nos pasa aquí por ser pobres, hacen con nosotros lo que quieren”; nos pidió que nos fuéramos, quería despedirse de la mejor manera, pero no deseaba seguir conversando con nosotros, pidió no publicar nada sobre su historia y, así como lo enunció, luego de nosotros irnos no pudimos tener mayor contacto con ella pues cambió de número telefónico.

En este sentido, “dar voz” o “visibilizar” puede ser también una apuesta riesgosa no solo para el investigador en el terreno, sino principalmente para el sujeto involucrado en la recolección de información. En la complejidad de los vínculos y la estigmatización letal de la cual son víctimas los habitantes de ciertos sectores -pero también muchos funcionarios policiales-, la peligrosidad de verse vinculado con unos u otros va mucho más allá de las amenazas. Así como el caso de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mencionado al comienzo del artículo, también es resaltante lo que los funcionarios venezolanos entienden por “resistencia a la autoridad”. Esta es una categoría policial para las muertes de personas en presuntos enfrentamientos con los oficiales de seguridad. A lo largo de nuestros trabajos, encontramos cómo las escenas de enfrentamiento eran fingidas por muchos funcionarios, que disparaban al aire, a las paredes de las casas; o colocaban armas y drogas en los cuerpos de los hombres ya asesinados y, en una labor de coordinación aguda, generaban expedientes judiciales para “encochinar” (hacer quedar mal jurídicamente) a los involucrados a partir de catalogarlos como delincuentes o personas con antecedentes penales.

Esta fue una práctica común encontrada en numerosos casos. Desmentir la versión oficial, en un país con una tendencia cada vez más autoritaria en el manejo del Estado, significa posicionarse como adversario al gobierno nacional. En este sentido, “dar voz” puede sobrepasar los límites de la investigación e, incluso, quedar como un romanticismo (^{Abu-Lughod, 1990}) que transforme las subjetividades de los sujetos entrevistados, pues se asumirán como víctimas o afectados inicialmente, cuando esa es una categoría impuesta desde el mundo de referentes del investigador.

Precarización y criminalización de la academia: el investigador entre el abandono, la disidencia y la incidencia

Otro aspecto que nos parece relevante elaborar, que atañe a la producción de conocimientos en el contexto venezolano, tiene que ver con el rol del investigador en cuanto a su cualidad de actor político y, consecuentemente, las diferentes maneras de representar los fenómenos como la violencia que se derivan de la cercanía o del desapego a factores políticos. El escenario de precarización institucional descrito previamente atraviesa también a las universidades y sus centros de investigación, así como a los organismos del Estado, encargados del financiamiento y supervisión de las prácticas de construcción y uso del conocimiento científico (^{Meléndez, 2010}; ^{Aula Abierta Venezuela, 2018}). A su vez, diversas son las organizaciones internacionales y nacionales que señalan las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y las severas limitaciones impuestas a diversas libertades personales por parte del gobierno venezolano (^{Amnistía Internacional, 2018}; ^{ACNUDH, 2019}).

Ambas circunstancias determinan la manera en la cual el investigador se aproxima a los fenómenos asociados a la violencia armada, especialmente aquella ocasionada por parte del Estado, puesto que nos vemos inmersos en una serie de tensiones y resistencias institucionales que dificultan la producción y prosecución de investigaciones que desarrollan este tipo de conocimiento. Son escasas las instituciones que actualmente promueven la investigación sobre la violencia policial; el apoyo económico e instrumental hacia los investigadores de cualquier disciplina disminuye diariamente por parte de las universidades y los centros de investigación nacionales, especialmente en las instituciones públicas,⁸ en parte debido a las dificultades económicas por las cuales atraviesa Venezuela y la imposibilidad que presentan estas organizaciones para distribuir recursos suficientes en empresas de cierta complejidad intelectual y técnica, como pudieran serlo las investigaciones (^{Aula Abierta Venezuela, 2018}). Además, suponemos que abrir campo y mantener vínculos en contextos de profunda desigualdad y pobreza es percibido como un trabajo de alto riesgo por parte de estas instituciones académicas, tanto para los investigadores como para los informantes y para sí mismas. Los miedos a vulnerar a quienes viven en comunidades con las cuales se han labrado vínculos de colaboración tras años de relación comunidad-universidad, a poner en juego la seguridad de los investigadores y el personal docente, e incluso a ser catalogadas por el Estado como disidentes y posteriormente perseguidas o intervenidas, podrían disuadir a las universidades de escudriñar de manera profunda en los relatos de violencia policial.

En cuanto a este último punto, las posibilidades de investigar y denunciar los operativos policiales militarizados son limitadas por la incisiva pertinencia del fenómeno en el conflicto sociopolítico contemporáneo que atraviesa Venezuela. La investigación que pueda contravenir la agenda política del gobierno bolivariano en múltiples ocasiones ha resultado censurada (^{Aula Abierta Venezuela, 2018}) y criminalizada. La apertura de procesos judiciales, detenciones y condenas ha formado parte de dicha criminalización (^{Hocevar, Gómez y Rivas, 2017}). Es así como líderes del gobierno incluso han amenazado, en medios oficiales, con la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado en instituciones académicas que investigan problemáticas sociales álgidas.⁹ De especial interés para nosotros es mencionar la persecución por parte de medios de comunicación oficiales a la cual fue sometido un colega con extensa experiencia de investigación en temas policiales y recientemente en la sistematización de las políticas de mano dura y las operaciones policiales responsables de las crecientes ejecuciones extrajudiciales en Venezuela (^{Ávila, 2017}, ²⁰¹⁸; ^{Antillano y Ávila, 2018}). En una serie de publicaciones del periódico Ciudad CCS -perteneciente a la alcaldía del municipio Libertador en la ciudad de Caracas- se afirma que las cifras analizadas por el investigador en un informe son erróneas o engañosas -aunque se trata de las cifras oficiales del Ministerio Público-, y se le adjudica la intención de perjudicar al gobierno venezolano y la gestión de Nicolás Maduro, a la vez que exige que “se hagan los correctivos” (^{Chacín, 2019}, p. 15). Esta “campaña de estigmatización”, como la llamó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) (²⁰¹⁹), fue seguida de un comunicado de académicos y organizaciones no gubernamentales, asociadas al trabajo con derechos humanos, en el que se rechaza el desprestigio hacia el investigador por parte de la línea editorial de la publicación y se reconoce su trabajo investigativo, la veracidad de los datos, y se dignifica la labor investigativa en un país con una enorme opacidad en las cifras oficiales.

Más allá de las diatribas institucionales y políticas que complejizan la labor académica en el país, algunos investigadores hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de investigación en materia de seguridad ciudadana, financiados por instituciones multilaterales orientadas a la producción de evidencias sobre políticas públicas, la reconstrucción de tejido social o el registro de las realidades venezolanas. Sin embargo, esto contempla ciertas limitaciones para el investigador, quien usualmente se debe ajustar a unas líneas particulares que corresponden a las agendas de acción de dichas instituciones.

Son estas algunas de las tensiones en las que nos encontramos atrapados como investigadores, relativas al contexto institucional académico y político. Como resultado, algunos colegas se ven obligados a adoptar prácticas de ocultamiento de su actividad investigativa, a buscar financiamiento en instituciones que puedan resguardar su seguridad, e incluso a flexibilizar algunos aspectos éticos de la investigación cualitativa tradicional, utilizando seudónimos en notas de campo y omitiendo la producción de consentimientos informados en formato físico, con la intención de que el anonimato de los participantes pueda ser resguardado aun si la información es interceptada por los cuerpos de seguridad.

La investigación es un proceso innegablemente atravesado por las circunstancias institucionales y políticas del contexto y el sujeto que la producen. Esta es una precisión epistemológica asumida por el paradigma constructivista y por los investigadores cualitativistas. Podemos hacer uso nuevamente del proceso de reflexividad sobre las formas de argumentar y enmarcar nuestras interpretaciones, dadas las tensiones producto de nuestro entorno institucional, considerando algunos aspectos como: a) la posición ideológica o política del investigador en un contexto caracterizado por la polarización social y política; b) la vulnerabilidad propia del investigador por su posición en cuanto a las circunstancias de su historia y el fenómeno de la violencia policial; y por otro lado, c) los privilegios que lo protegen y alejan de dicha problemática; d) así como las limitaciones o agendas impuestas de maneras explícitas o implícitas por las instituciones que lo respaldan o financian; e) y sus posibilidades de autonomía en torno a ellas.

En una línea similar, como parte del proceso reflexivo, la intencionalidad del proceso de investigación también es un elemento a esclarecer. Dicha intencionalidad va de la mano con la posición político/ideológica del investigador pues, como advierten ^{Scheper-Hughes (1997}) y ^{Becker (2015}), la búsqueda de involucrar problemas públicos es también una necesidad y urgencia en las ciencias sociales. Ya sea que el investigador se vea movilizado por la necesidad de visibilizar contextos sociales de vulnerabilidad e injusticia (^{Bourgois y Schonberg, 2009}); de construir y trabajar la memoria de los eventos violentos ocurridos (^{Jelin, 2002}); o de buscar alternativas y lenguajes propositivos para los flagelos sociales (^{Jimeno, 2008}), el reconocimiento de esta búsqueda en la historicidad del campo abierto por el investigador es también un insumo necesario para la transparencia del proceso investigativo (^{Flick, 2008}).

Si bien los movilizadores y motivadores para indagar sobre un fenómeno encajan en algunas de las categorías mencionadas, es relevante destacar que, en medio del contexto que narramos a lo largo del presente texto, las formas de representar fenómenos como la violencia policial también podrían variar dependiendo de múltiples razones: el impacto emocional del fenómeno en el investigador, el vínculo generado con la ciudadanía victimizada o el desprecio que pueda sentir hacia las violaciones de derechos humanos (^{Jones y Rodgers, 2019}). No es casual, en este sentido, que en Venezuela sean escasas las investigaciones etnográficas que abordan a los victimarios de la violencia policial: policías, militares, torturadores. Si bien algunas de las investigaciones de las cuales hemos participado se disponen a establecer vínculos con actores armados, la centralidad de las víctimas también impone un orden moral que matiza la representación de la violencia como unidireccional, desbordada y completamente engranda desde los aparatos del Estado venezolano y, en contrasentido, se concibe a las víctimas como receptoras de estos actos.

Las agendas políticas explícitas, como los programas para la no violencia o las iniciativas de derechos humanos, así como las necesidades políticas implícitas, como el autocuidado del investigador de no exponerse ante el Estado, marcarán una posición desde la cual es más accesible, seguro y moralmente plausible posicionarse en consonancia e identificación con las víctimas; posición desde la cual para nosotros es más coherente escribir, publicar y hablar contra la violencia. Esta es una de las condiciones que delimitan y enmarcan los procesos reflexivos de la investigación cualitativa en Venezuela. Desde allí, concebir la incidencia de la investigación con vocación pública representará un desafío formidable, pues las condiciones políticas, sociales y culturales marcarán una clara orientación para la investigación desde el campo urbano.

Si bien no todas las consideraciones previas pueden ser trabajadas por el investigador de manera transparente y explícita en sus publicaciones e informes de trabajo, estas reflexiones podrían formar parte de su proceso interpretativo, e interpelar constantemente su posicionamiento institucional en torno a la violencia policial, lo que matizará en consecuencia, su producción de conocimiento.

Conclusiones y reflexiones

Hemos elaborado algunas ideas con implicaciones metodológicas y epistemológicas a lo largo del texto, producto de nuestras vivencias en el campo. La investigación en sectores populares urbanos venezolanos en el contexto actual, que presenta múltiples manifestaciones de violencia estructural y violencia armada, implica el desenvolvimiento del investigador en un campo lleno de tensiones. Estas tensiones confrontan al investigador con lógicas maniqueas mediante las cuales los actores del campo se relacionan entre sí, con los dilemas éticos y metodológicos que se asoman al buscar la “voz del otro” vulnerable o que ha sido victimizado, con la posición “vulnerable” en la que se encuentra el investigador en un marco institucional tan precario y la posibilidad de ser etiquetado como disidente, y a su vez verse a sí, o a su familia y círculo social, victimizados por la violencia que se encuentra registrando.

Abogamos en primera instancia por la transparencia en torno al uso de los métodos, debido a la naturaleza ideográfica y particularista de la investigación cualitativa, así como a las múltiples limitaciones y problemáticas propias de entrar en el campo, establecer vínculos con participantes y muestrear voces particulares en un contexto tomado frecuentemente por la policía durante sus operativos militarizados. A su vez, apostamos por los esfuerzos que pueda hacer el investigador para permitir la equidad al momento de retratar el fenómeno de la violencia policial, teniendo en cuenta las circunstancias de desigualdad y estigmatización que puedan ocultar algunos relatos, siempre y cuando se resguarde la seguridad de los actores en el campo y del investigador.

Consideramos el uso de la reflexividad como ejercicio indispensable para enriquecer e interpelar la producción de conocimientos del cualitativista en un fenómeno tan polarizante y complejo como el de la violencia. Dadas las precarias condiciones (sociales e institucionales), el artefacto reflexivo cobra mayor sentido, pues dotará al conocimiento producido de una conciencia histórica y política desde la cual el investigador también se ha construido como ciudadano.

Labrar campo y atender a los relatos de jóvenes, familias y comunidades cuyas cotidianidades han sido interrumpidas por la muerte de sus allegados en manos de la policía es una práctica que puede atender a diversos propósitos: la visibilización de la problemática, el registro de memorias traumáticas, la producción de información que permita la denuncia de violaciones a los derechos humanos o el planteamiento de mejoras en políticas públicas. En suma, las fronteras entre la academia y el activismo se tornan borrosas en un contexto que, entre tensiones, nos exige como científicos sociales “dar voz” a las innumerables perspectivas silenciadas.