SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 issue1Reason, race and decoloniality, current requirements for old questions:Papers and citizenships. author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Journal

Article

Indicators

  • Have no cited articlesCited by SciELO

Related links

  • Have no similar articlesSimilars in SciELO

Share


Runa

On-line version ISSN 1851-9628

Runa vol.42 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Apr. 2021  Epub Apr 21, 2021

http://dx.doi.org/10.34096/runa.v42i1.8299 

Espacio abierto - Artículo original

Acortando brechas en torno a las políticas públicas.El caso del “Programa Familias” en Chile

Bridging gaps around public policy.The “Programa Familias” case in Chile

Colmatar lacunas em torno de políticas públicas.O caso do “Programa Familias” no Chile

Inti Fernando Fuica Rebolledo1  * 
http://orcid.org/000-0002-2089-5062

Noelia Carrasco Henríquez2  ** 
http://orcid.org/000-0001-5560-9866

1 Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España.

2 Departamento de Historia. Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Resumen

La antropología del Estado se enfrenta en la actualidad al importante desafío de contribuir de manera renovada al conocimiento de las sociedades complejas contemporáneas. Un foco específico de este campo lo constituye hoy el estudio de las políticas públicas, desde donde se intenta dar cuenta de las formas y contenidos propias de la gubernamentalidad del Estado. El objetivo central de este artículo es aportar a la discusión de algunas brechas identificadas en los actuales desarrollos de este acercamiento, tomando como referente empírico el análisis del Programa Familias en Chile. A modo de resultados, se proponen reflexiones teórico-metodológicas y de carácter aplicado, inspiradas en la teoría del actor-red. El artículo concluye propiciando la potenciación de este enfoque, especialmente necesario en el actual contexto de transformaciones que afectan a la figura tradicional del Estado en Latinoamérica.

Palabras clave: Antropología del Estado; Políticas públicas; Teoría actor-red; Gubernamentalidad; Chile

Abstract

The Anthropology of the State is currently facing the important challenge of contributing in a renewed way to the knowledge of contemporary complex societies. Nowadays, a specific focus of this field is the study of public policies, from which we try to account for the forms and contents of the governmentality of the State. The main objective of this article is to contribute to the discussion of some gaps identified in the current developments of this approach, taking as an empirical reference the analysis of the Programa Familias in Chile. As a result, theoretical-methodological and applied reflections are proposed, inspired by the actor-network theory. The article concludes promoting the strengthening of this approach, especially necessary in the current context of transformations that affect the traditional figure of the State in Latin America.

Key words: Anthropology of State; Public policy; Actor-network theory; Governmentality; Chile

Resumo

A Antropologia do Estado enfrenta atualmente o importante desafio de contribuir de maneira renovada para o conhecimento das sociedades complexas contemporâneas. O estudo de políticas públicas constitui hoje um foco específico desse campo, a partir do qual tenta-se dar conta das formas e conteúdos relacionados à governamentalidade do Estado. O principal objetivo deste artigo é contribuir para a discussão de algumas lacunas identificadas nos desenvolvimentos atuais dessa abordagem, tomando como referência empírica a análise do Programa Familias no Chile. Como resultado, são propostas reflexões teórico-metodológicas e de caráter aplicadas, inspiradas na teoria ator-rede. O artigo busca promover o fortalecimento dessa abordagem, especialmente necessária no atual contexto de transformações que afetam a imagem tradicional do Estado na América Latina.

Palavras-chave: Antropologia do Estado; Políticas públicas; Teoria ator-rede; Governamentalidade; Chile

Introducción

En el Chile contemporáneo, las políticas públicas pueden ser concebidas como expresiones explícitas de la gubernamentalidad neoliberal. Para ilustrar esta afirmación, el artículo desarrolla tres objetivos complementarios entre sí. Primeramente, se propone construir una síntesis teórica de los acercamientos antropológicos al Estado y las políticas públicas. En segundo lugar, se aborda la discusión etnográfica del “Programa Familias”, a partir del material producido y analizado en el marco de la investigación doctoral del primer autor. Entre los principales procedimientos aplicados se encuentra el análisis de documentos secundarios, entrevistas a actores clave y observación participante, tareas llevadas a cabo durante nueve meses en Chile durante el año 2018. El tercer objetivo, derivado del primero, es compartir la reflexión teórica en torno a un acercamiento metodológico crítico para los actuales desafíos de la antropología en tanto disciplina científica y aplicada.

Para poder construir adecuadamente este planteamiento, revisaremos en primer lugar algunos fundamentos teóricos claves en las actuales definiciones del Estado. En segundo lugar, destacaremos elementos propios de la denominada antropología del Estado, que viene a coronar el desembarco de los estudios antropológicos en las sociedades modernas, complejas u occidentales (Marquina, 2004; Díaz, 2015). A continuación, revisaremos algunos planteamientos de la antropología de las políticas (Shore y Wright, 1997a), centrándonos en la vertiente de políticas públicas. A partir de allí, se propone vertebrar el análisis del Estado desde una perspectiva etnográfica, destacando el fuerte vínculo entre estas tecnologías políticas y la gubernamentalización del Estado (Foucault, 2008, 2009; Castro-Gómez, 2010; Irusta, 2014). En el cuarto apartado, se desarrolla la reflexión teórica del caso etnográfico del Programa Familias en Chile, integrando algunos postulados de la teoría del actor-red (Latour, 2008), cuya aplicación respecto del estudio antropológico del Estado posibilitaría la superación de brechas recurrentes entre las “representaciones” del Estado y las “prácticas” estatales, así como de las escalas “global” y “local”.

Finalmente, el artículo concluye con algunas reflexiones y propuestas relativas a las posibilidades de la etnografía del Estado, entendiendo que este abordaje posibilitaría la construcción de conocimiento crítico respecto de su rol, (re)producción y transformaciones, en concordancia con la multiplicidad de elementos, representaciones, escalas, territorios, prácticas y actores que engloba el concepto Estado en nuestras sociedades latinoamericanas.

Sobre el Estado

La problemática del Estado1 ha sido fundamental desde los inicios de las ciencias sociales, y su desarrollo, instalación y expansión fueron ampliamente estudiados por los “padres fundadores” de las disciplinas sociales (Giddens, 2010), siendo fundamental en las reflexiones de la filosofía política previa a la consolidación de las ciencias sociales (Bobbio, 1989; Cohen, 1993). Si bien no son instituciones estrictamente comparables, sus orígenes se pueden rastrear hasta la época de la polis griega, pasando por el Imperio romano y por las instituciones jurídicas propias de la Edad Media europea (Bobbio, 1989; Marcus, 2008). Es así como en la actualidad, hay una ingente cantidad de producción teórica respecto del Estado, lo que hace prácticamente imposible manejar la totalidad de la información existente al respecto (Bourdieu, 2014). En este contexto, buscamos sintetizar una definición operativa del Estado que sea útil para el abordaje etnográfico.

Un primer elemento ineludible en este esfuerzo por comprender los Estados contemporáneos es el proceso denominado por Foucault (2008, 2009) como gubernamentalidad. Este concepto puede ser utilizado como grilla de inteligibilidad para cualquier acción de poder cuya finalidad corresponde a influir la conducta de una población hacia una dirección determinada (Foucault, 2009; Rose y Miller, 2010; Irusta, 2014), pero aquí lo entenderemos en su definición estrecha, referida a la forma específica en que un Estado gobierna a una población (Irusta, 2014).

Es durante los siglos XVII-XVIII, gracias al desarrollo de diferentes saberes en Europa -particularmente de la estadística-, que los Estados obtienen la capacidad de definir a un nuevo grupo social sobre el cual fue factible incidir: la población (Foucault, 2008). Entender a los seres humanos como una agrupación biológica, con comportamientos entendidos ahora como tendencias sociales, aunado a la creciente importancia de la economía política como saber asociado al quehacer estatal, ha posibilitado que el Estado se gubernamentalice y comience a gubernamentalizar -esto es, incidir sobre factores ambientales- a la sociedad (Foucault, 2008). En este escenario, la población no puede ser únicamente mandada, sino que debe ser gestionada o gobernada. Para lograrlo, el Estado depende de la construcción y administración de variables consideradas como influencias ambientales, tales como los impuestos, salarios, epidemias, hambrunas, religión, clima, entre otros (Foucault, 2008). Con estos conocimientos puestos en práctica, en este periodo histórico surgen los denominados mecanismos de seguridad, que no actúan directamente sobre el cuerpo -como los mecanismos disciplinarios-, sino que buscan gobernar a poblaciones complejas hacia comportamientos considerados como normales y deseables para los fines estatales. De esta manera, se incorporan dentro del aparato de intervención la capacidad de acción y decisión de las propias personas gobernadas, bajo el concepto de libertad (Hyatt, 1997; Foucault, 2008; Castro-Gómez, 2010; Ramos Zincke, 2016).

El proceso de gubernamentalización del Estado y su capacidad de incidir sobre la población se cimentó también sobre otros procesos previos de acumulación que se concentraron en el aparato estatal. Por un lado, el acaparamiento de los medios legítimos de coacción física, traducido como el monopolio de la violencia (Weber, 2006). Por otro, la concentración de la legitimidad, de la capacidad de oficializar saberes y de proscribir otros, traducido como el monopolio de lo oficial (Bourdieu, 2014). Entonces, el Estado se va configurando como un complejo fenómeno sociocultural en el cual se condensan largos procesos históricos y culturales de legitimidad y capacidad de coacción. La expresión más profunda de esta complejidad la encontraremos en la capacidad de incidencia sobre poblaciones, mediante acciones indirectas que buscan conducir a las personas hacia comportamientos normales y funcionales al orden social propiciado por el Estado. Si bien Foucault (2008, 2009) centra su pensamiento en el desarrollo del Estado en Europa, sus planteamientos han sido aplicados con éxito para analizar sociedades latinoamericanas (Castro-Gómez, 2010; Ramos Zincke, 2016; Rodríguez y Estrada, 2016). Así también, consideramos en esta construcción los aportes de las miradas etnográficas a las producciones de la intervención pública en las relaciones entre actores del desarrollo en las sociedades latinoamericanas de las últimas décadas (Mastrangelo, 2006; Ulloa y Hernández Ávila, 2006; Escobar, 2007; Long, 2007). En todas estas contribuciones, es posible reconocer múltiples dinámicas de posicionamiento y acción del Estado como estructura de poder, en permanente tensión con las fuerzas de los mercados internacionales y los legítimos intereses de actores y comunidades locales y territorializadas (Svampa, 2018).

De la antropología del Estado

La antropología, como disciplina, tuvo un tardío acercamiento al estudio del Estado. Esto debido a que, cuando se consolidaron las diferentes ciencias sociales ya a inicios del siglo XX, la antropología quedó definida y circunscrita a la producción de conocimiento sobre las sociedades arcaicas, primitivas o simples (Marquina, 2004; Díaz, 2015). En este tipo de sociedades, lo político muchas veces no tiene una expresión explícita y diferenciada, y la disciplina antropológica posicionó al Estado como un verdadero marcador de civilización (Clastres, 1978; Fortes y Evans-Pritchard, 1979; Cañedo, 2011). Más allá de constituir o no un problema, a nuestro parecer, esta llegada tardía a la investigación de las sociedades occidentales dota al enfoque antropológico de una riqueza particularmente interesante para pensar a los Estados-nación y al capitalismo contemporáneo (Hilgers, 2010; Shore, 2010), especialmente al considerar los planteamientos teóricos de Foucault (2008, 2009) sobre la gubernamentalidad como fenómeno diferenciador de los Estados modernos.

No es sorprendente entonces que los primeros aportes que van configurando la antropología del Estado provengan desde otras disciplinas. Uno de estos elementos fundamentales es el fuerte cuestionamiento expresado por Abrams respecto de la propia existencia del Estado:

El estado es, entonces, en todos los sentidos del término, un triunfo del ocultamiento. Oculta la historia y las relaciones de sujeción reales detrás de una máscara ahistórica de legitimidad ilusoria: se las arregla para negar la existencia de conexiones y conflictos que, de ser reconocida, sería incompatible con la autonomía reclamada y la integración del estado. El verdadero secreto oficial, sin embargo, es el secreto de la no existencia del estado. (2015, p. 55)

Si bien el autor clarifica que el Estado sí tiene existencia como hecho social, en la práctica, esta se reduce a ser un proyecto ideológico en permanente construcción. Es así como diferencia entre, por un lado, la idea-Estado, donde se incluye el proyecto ideológico que crea y sostiene al Estado como un elemento de supuesta cohesión social y dominación del territorio. Por otra parte, están los sistemas-Estado, que corresponden a las diferentes instituciones y organizaciones políticas a través de las cuales el Estado ejerce su capacidad de agencia (Abrams, 2015). Mitchell (2015) retoma esta dualidad, y plantea que, para lograr realizar un análisis que integre ambas perspectivas, es necesario incorporar la historia del proceso de construcción estatal. Este autor considera al Estado como un efecto estructural antes que como una estructura propiamente tal, que surge a partir de la organización y coordinación de diferentes prácticas sociales, y performa así una existencia que parece estar separada binariamente: por un lado, los individuos y sus prácticas; por otro, una estructura que se encuentra aparte de los individuos, precediéndolos, conteniéndolos y enmarcándolos (Mitchell, 2015). Si bien esta propuesta teórica supera la dicotomía idea-Estado y sistemas-Estado, aún dice poco respecto de las posibilidades prácticas de indagación.

Es aquí donde la propuesta de una etnografía del Estado (Gupta y Sharma, 2006; Gupta, 2015) emerge como una primera opción para su estudio empírico desde la mirada antropológica. Siguiendo la línea de la existencia dicotómica del Estado, se plantea la necesidad de estudiar empíricamente sus representaciones públicas a partir del análisis de la prensa (idea-Estado), y a la vez el estudio directo de las prácticas propias de la burocracia estatal (sistema-Estado), al momento de entrar en contacto con los ciudadanos (Gupta, 2015). Si bien esta propuesta es seductora, supone el desafío de organizar el análisis y poder dar cuenta de forma ordenada y coherente cómo termina imponiéndose la idea de Estado en el sentido común, y cómo se coordinan sus prácticas para generar este efecto estructural. Es aquí donde las políticas públicas emergen como un elemento de crucial importancia para vertebrar el análisis.

De la antropología de las políticas públicas

Las políticas públicas son herramientas fundamentales para los Estados al momento de gobernar a las diferentes poblaciones, y esta importancia se ve reflejada en la existencia de profesionales que se dedican de forma exhaustiva a analizar y diseñar estas herramientas de gobierno (Olavarría, 2007; Velásquez Gavilanes, 2009; Shore, 2010; Mota Díaz, 2016). Sin embargo, esto no ha acarreado la existencia de una definición universalmente aceptada de lo que constituye una política pública, por lo que, tras un proceso de revisión y síntesis, en el presente artículo las entenderemos como construcciones socioculturales arbitrarias, inherentes a los marcos de sentido vigentes en el Estado. Asimismo, constituyen procesos de toma de decisión y acciones llevadas adelante por las autoridades para intervenir sobre un problema público, intentando gobernar para generar impactos considerados como positivos respecto de una situación definida técnicamente como problemática, por medio de agencias públicas que implementan o gestionan estas acciones (Olavarría, 2007; Velásquez Gavilanes, 2009). Como se puede observar, las políticas públicas ponen en directa relación a las autoridades (que deciden intervenir) con poblaciones (que viven una situación problemática), mediante una acción determinada técnicamente (la política pública).

Con este marco, la importancia del enfoque antropológico hacia estas tecnologías viene dada por el distanciamiento respecto del formato tradicional para definir este proceso. Desde la antropología de las políticas públicas, se cuestiona la pulcritud del proceso de identificación del problema e instalación de la intervención, así como la actitud pasiva de la población intervenida (Shore y Wright, 1997b; Shore, 2010; Mota Díaz, 2016). Sin negar la existencia de esta verticalidad, esta perspectiva posiciona con fuerza la idea de que las políticas públicas son actividades socioculturales, inmersas en los procesos sociales cotidianos y en las prácticas culturales que crean mundos de sentido, en los cuales la política pública es finalmente discutida, creada y aplicada (Shore, 2010). De esta manera, su análisis da cuenta del sustento ideológico presente en las intervenciones, así como de las racionalidades políticas que operan para generar los efectos concretos sobre las poblaciones intervenidas (Shore y Wright, 1997b; Okongwu y Mencher, 2000; Ramírez, 2010; Shore, 2010). En dicho análisis se destacan también las vinculaciones globales que pueden rastrearse en los fundamentos teóricos y los lineamientos empíricos de la intervención (Okongwu y Mencher, 2000; Rodríguez y Estrada, 2016). Asimismo, se busca reconocer cómo las políticas públicas clasifican y etiquetan a ciertos sujetos sociales, a la vez que invisibilizan a otros sectores de la población, regulan y organizan las sociedades contemporáneas, dan forma a identidades e influencian procesos de subjetividad e individuación (Shore y Wright, 1997b; Ramírez, 2010; Shore, 2010).

Con base en estos avances, es que podemos complementar la primera definición de políticas públicas e identificarlas como verdaderos vectores de la gubernamentalidad estatal, ya que constituyen ejemplos claros y prácticos de esta, susceptibles de ser investigados tanto a partir de las prácticas de los actores involucrados directamente en su producción, como mediante los textos y documentos generados por el Estado para su formalización. Entonces, la investigación etnográfica en torno al funcionamiento práctico de las políticas públicas puede ser clave para la comprensión de cómo el Estado logra sostenerse como unidad del sentido común. En dicho contexto, la observación y descripción de las prácticas cotidianas asociadas resultan fundamentales para entender cómo aquel se construye y reconstruye permanentemente en estas prácticas. Allí, el análisis de los documentos de divulgación generados por el Estado y el tratamiento que la prensa entrega a las políticas públicas permitirían la comprensión de los fundamentos ideológicos subyacentes (Gupta, 2015; Fuica Rebolledo, 2017; Restrepo, 2010; Shore, 2010).

La propuesta antes descrita está fundamentada en diversos autores que han planteado la posibilidad de abordar las diferentes escalas (global/local) y los diferentes escenarios (idea-Estado/sistemas-Estado) propios del quehacer estatal por medio de las políticas públicas, como un eje vertebrador que orientaría un análisis holístico del Estado (Shore y Wright, 1997b; Okongwu y Mencher, 2000; Ramírez, 2010; Barragán y Wanderley, 2009). Sin embargo, la revisión de la literatura disponible evidencia una fuerte concentración de la atención puesta en los sistemas-Estado, expresada en las prácticas gubernamentales y sus consecuencias sobre las poblaciones (Hansen, 1997; Eger y Damo, 2014; Luján Verón, 2017; Marins, 2017), así como un énfasis en la mirada sobre lo local (Hansen, 1997; Hyatt, 1997; Vike, 1997; Restrepo, 2010; Eger y Damo, 2014; Luján Verón, 2017; Marins, 2017; Fonseca, Scalco y Castro, 2018). Probablemente, esto sea debido al peso de la tradición de la antropología, enfocada a estudiar culturas independientes y cerradas, así como una presión institucional hacia confinarla a estos espacios (Hastings y McFarlane, 1997).

Afortunadamente, existen también investigaciones que problematizan en torno a la representación del Estado (idea-Estado) (Hyatt, 1997; Restrepo, 2010; Fonseca et al., 2018; Arenas Hernández y Alzate Pérez, 2019) y enfatizan en la escala global de las políticas públicas (Martin, 1997; Pérez, 2010; Arenas Hernández y Alzate Pérez, 2019), en donde por lo general se comienza desde prácticas de sistemas-Estado y escalas locales, y se vincula con la construcción de representación y con los procesos globales que influencian las políticas públicas. Esta importante cantidad de información, que ha sido producida con los citados énfasis, ha posibilitado que existieran articulaciones que problematizan respecto del Estado como macroestructura social, en términos de aquella institución desde donde emana la intervención, y en cómo esta última tributa a la construcción y sostenimiento del aparato estatal (Schwegler, 2008; Restrepo, 2010; Ramos Zincke, 2016; Arenas Hernández y Alzate Pérez, 2019). Esta aproximación al Estado es hacia la cual proponemos acercarnos, con una propuesta para acortar las brechas identificadas entre el estudio de la representación (idea-Estado) y la práctica (sistema-Estado), así como entre los espacios locales y los contextos globales. Esta situación no implica que este enfoque sea estéril, sino que se ha tendido a diferenciar entre la antropología de las políticas (públicas) y la antropología del Estado, en circunstancias en que la primera puede ser una vía especialmente interesante para alcanzar la segunda. Es innegable que las políticas públicas no se pueden separar del Estado, ya que, por definición, son materializaciones prácticas de su gubernamentalidad, por lo que toda antropología de las políticas públicas sería una forma de antropología del Estado, incluso si en sus objetivos o resultados no se termine dando cuenta del Leviatán en su totalidad.

Acortando las brechas: el caso del Programa Familias, Chile

El Programa Familias es una política pública enfocada en la población considerada en situación de extrema pobreza (por ingresos), que consta de diferentes transferencias monetarias condicionadas y una intervención psico-socio-laboral, que busca la superación de esta situación a partir de estos apoyos estatales (Ley 20.595, 2012). El programa forma parte del denominado subsistema Seguridades y Oportunidades (que incluye otros tres programas), el cual a su vez pertenece al Sistema Intersectorial de Protección Social (que incluye otros subsistemas) (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). El Programa Familias es el nombre actual de esta política pública, fruto de la reformulación realizada al Ingreso Ético Familiar2 durante el año 2016, como consecuencia del cambio de coalición política en el gobierno ocurrida durante 2014. Este cambio puso énfasis en los elementos comunitarios para la superación de la pobreza, aunque no modificó la lógica condicionada de las transferencias ni la intervención enfocada en la familia (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). A su vez, el Ingreso Ético Familiar fue parte importante del programa de gobierno durante el primer mandato de Sebastián Piñera (2010-2014) y de su promesa de acabar con la pobreza, por lo que se instauró como ley en 2012, en reemplazo del anterior Chile Solidario y Programa Puente (que funcionaba como política pública desde el año 2002). Estos cambios no implicaron modificaciones a la lógica de funcionamiento del programa (transferencias e intervención), pero sí mayor focalización en la idea de que las personas, con su propio esfuerzo, son instadas a generar un nivel adecuado de ingresos para superar su condición de pobreza (Ministerio de Desarrollo Social, 2012; Fuica Rebolledo, 2017). De ahí que la lógica condicionada de las transferencias prime por sobre una lógica de derechos, y la intervención se centre en generar habilidades laborales y/o de emprendimiento (Ahumada, Monreal y Tenorio, 2016; Vargas y Socías, 2016). Más allá de los cambios de gobierno, y a pesar de los diferentes énfasis identificados, existe una fuerte continuidad en la lógica de fondo del programa, sea en su versión inicial, denominada Puente; en la intermedia, concebida como Ingreso Ético Familiar; o en la contemporánea, centrada en las familias (Martin, 2016; Vargas y Socías, 2016). Es importante mencionar que los fundamentos de la política asistencial que marcan la intervención del Estado sobre las familias no son nuevos en Chile, sino que existe una importante tradición en este sentido: las visitadoras y asistentes sociales que emergieron como respuesta ante la cuestión social de inicios del siglo XX en el país (Illanes, 2007; Rojas, 2019) son referentes de esta tradición aún vigente en la intervención del Estado.

En términos de representación pública, el IEF fue profundamente alabado y bien recibido por la prensa hegemónica en Chile, así como presentado a la ciudadanía por el gobierno como una herramienta importantísima para la superación de la extrema pobreza en el país (Fuica Rebolledo, 2017). La idea-Estado que se transmitía es de un carácter profundamente neoliberal, ya que se identifican como principios fundamentales, respecto de las personas a intervenir, las ideas de individualismo, mérito, competencia, emprendimiento, integración y consumo. En términos de la propuesta estatal que subyace a la intervención, los principios reconocidos son los de estabilidad política, crecimiento económico, focalización de recursos, libertad de elección y un rol subsidiario del Estado (Fuica Rebolledo, 2017). De ahí que podamos afirmar sin ambages que estamos frente a una gubernamentalidad neoliberal que da forma a esta tecnología política chilena (Foucault, 2009; Castro-Gómez, 2010). Es más, sus lineamientos -apoyo psicosocial y transferencias monetarias a los sectores extremadamente vulnerables- se corresponden de manera casi exacta con lo que Foucault (2009) identificó como impuesto negativo, la principal política social propuesta por el neoliberalismo norteamericano analizada por el autor en su curso del Collège de France del año 1978-1979.

El Estado chileno no es el único en implementar una política pública de este estilo, por el contrario, se trata de toda una tendencia en la región latinoamericana durante el siglo XXI. México y Brasil fueron los primeros impulsores de estos programas de transferencias monetarias condicionadas, y se han expandido rápidamente a casi la totalidad de los países de Latinoamérica, como parte de los ajustes estructurales impuestos tras el Consenso de Washington a los Estados de la región, diseñados por organismos internacionales tales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (International Poverty Centre, 2006; Correa, 2009; Martínez y Soto, 2012; UNASUR y CEPAL, 2014; Cena y Chahbenderian, 2015). El Programa Familias está inmerso en un movimiento regional que da forma a una lógica compartida de abordar la pobreza desde los Estados, en consonancia con las directrices del concierto global.

La teoría del actor-red y su aplicabilidad para la antropología de las políticas públicas

Si bien esto nos da una idea de cómo esta política pública representa la idea-Estado global existente en Chile, nos preguntamos ¿cómo vincular esta representación global, desde una perspectiva situada, con el accionar práctico del Estado? Una propuesta que puede resultar útil es la teoría del actor-red (Latour, 2008). Esto implica hacer esta vinculación mediante el rastreo de las asociaciones entre diferentes actores, ya que lo propiamente social -en este caso expresado en lo propiamente estatal- es justamente el resultado de estas relaciones entre actores (Latour, 2008). Desde esta perspectiva, lo que produce el efecto estructural de mayor tamaño es el mayor número de conexiones que concentra un actor. Por ejemplo, el Banco Mundial está conectado con más actores que una AFI3 y se lo puede vincular a un mayor número de actores a partir de estas conexiones, por lo que parece responder a una escala mayor que el profesional en terreno (Latour, 2008). Comprendiéndolo así, el Estado puede ser visto como una serie de nodos, de concentraciones de conexiones, que actúan de forma más o menos independiente, incluso en ocasiones de forma contradictoria, sin dejar de estar vinculadas entre sí; por lo que no podemos tomar como punto de partida la unidad del Estado. Los ejemplos etnográficos demuestran que éste existe en multiplicidad de espacios, agencias, organizaciones, niveles y centros (Gupta, 2015) y que, por lo mismo, seguir una política pública puede ser muy útil para tener un eje estructurador que vincula directamente esta multiplicidad (Shore y Wright, 1997b; Ramírez, 2010; Shore, 2010). A partir de este eje, se hace posible identificar con mayor claridad las asociaciones que, por un lado, se sucedieron en algún punto pasado en el tiempo y ya se han ensamblado, que se mantienen relativamente estables en el tiempo,4 pero también aquellas asociaciones que performan al Estado y que constituyen su efectiva incidencia cotidiana (Latour, 2008; Mitchell, 2015).

El Estado chileno actúa también como mediador de las directrices globales, esto es, como un actor que no solo reproduce, sino que modifica activamente estos lineamientos, los cuales se gubernamentalizan por medio del accionar práctico y empírico de embajadores, negociadores, legisladores, políticos y sus asesores, entre otros muchos actores humanos y no humanos susceptibles de ser identificados en este proceso.

Aplicando al caso etnográfico

En el caso del Programa Familias, la reconstrucción etnográfica considera desde los comités de expertos del Banco Mundial que asesoraron a los gobiernos en torno a las políticas públicas de pobreza5 hasta los funcionarios del Departamento de Diseño Metodológico del Ministerio de Desarrollo Social (en adelante, MDS), que actualizan la metodología de intervención. Más en detalle, la etnografía del Estado aplicada al caso podría abordar: a. el análisis de las comunicaciones por canales oficiales y extraoficiales entre los equipos nacionales del Programa Familias presentes tanto en el MDS como en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (en adelante, FOSIS); b. la descripción de los lineamientos que los encargados nacionales entregan a los encargados regionales del programa en las distintas oficinas de FOSIS; c. la observación y descripción de la relación que FOSIS establece con la totalidad de municipalidades presentes en cada región por medio de sus asistentes técnicos regionales, apoyos provinciales y gestores familiares; y d. la observación y análisis del vínculo establecido finalmente entre el AFI y las personas en situación de extrema pobreza seleccionadas como usuarias del Programa Familias. La indagación etnográfica también puede incluir a los actores no-humanos que actúan como mediadores, como serían, en este caso, la Ley 20.595, que delimita los márgenes de acción de los funcionarios estatales; las carpetas de intervención que cargan consigo los y las AFI y que entregan los lineamientos metodológicos que se deben seguir en la intervención; o el Registro Social de Hogares que, mediante el cruce de bases de datos y algoritmos complejos, selecciona a las familias usuarias del programa (Latour, 2008; Ramos Zincke, 2016). Este es un listado de carácter ilustrativo de las posibilidades que este enfoque provee, y claramente no agota todas las posibilidades de indagación. Para su reforzamiento, se hace conveniente partir de los discursos y prácticas situadas en actores humanos y no humanos partícipes de un sistema-Estado, desde un ángulo crítico y disponible para atender a sus engranajes simbólicos y prácticos. En la epistemología actor-red:

Debemos resistirnos a la pretensión de que los actores sólo tienen un lenguaje mientras que el analista posee el meta-lenguaje en el que está ‘encastrado’ el primero. Como dije antes, a los analistas sólo se les permite poseer algún infra-lenguaje cuyo rol es simplemente ayudarlos a estar atentos al metalenguaje, plenamente desarrollado, de los actores, una descripción reflexiva de lo que dicen. (Latour, 2008, p. 77)

Los discursos y las prácticas de los actores ya nos entregan una visión bien desarrollada de la idea-Estado presente en su quehacer, y reconocerlos como una forma de comprender la representación más general del Estado es un buen camino para cerrar esta brecha. En este caso, ejemplificaremos con una serie de verbatim proveniente de las entrevistas realizadas, que agrupamos en dos visiones muy diferentes provistas por los actores respecto del Estado.6

En primer lugar, se considera al Estado como institución proveedora de prestaciones hacia la población: “yo parto de la base, con el enfoque de derechos, que la gente tiene derechos por el ser ciudadano de un Estado que el Estado le entregue ciertos mínimos ¿cachai? Mínimos sociales” (alta funcionaria Subsistema Seguridades y Oportunidades, MDS, Santiago, junio 2018). Esta visión está presente en los funcionarios y las funcionarias ministeriales, a pesar de que muchas veces entra en contradicción con las propias atribuciones que posee el Estado para intervenir: “En términos bien, bien bien positivos, el programa es ambicioso en el sentido de poder trasladar esta visión que se tiene, de, del Estado subsidiario y del Estado como asistencial, a eh, el Estado facilitador del empoderamiento” (funcionario Programa Familias, FOSIS, Concepción, octubre 2018).

Si bien existen estas visiones más críticas, también hay algunas que posicionan el accionar estatal en general, y del Programa Familias en particular, en términos positivos. Es decir, consideran las intervenciones hacia la población como beneficios: “En general, el Estado da apoyo a las familias, a los grupos vulnerables que existen en la población, personas en situación de calle, los adultos mayores, los más chicos. Eh, son todos beneficios” (funcionaria Secretaría Regional Ministerial, MDS, Concepción, agosto 2018). Se valora especialmente el acercamiento del Estado hacia la población antes excluida: “La gente que estaba más postergada, o más, sí, más alejada de lo que es el Estado. Que carecía mucho de información, del funcionamiento de sus derechos, de sus beneficios” (alta funcionaria Programa Familias, FOSIS, Concepción, octubre 2018).

Finalmente, un tercer componente dentro de esta idea-Estado como proveedor de ciertos beneficios hacia la población está fuertemente ligada a las transferencias monetarias, como un valor positivamente evaluado por la población a intervenir:

El otro factor es el tema de los niños que ven, si los niños que hay dentro de la composición familiar, cuántos serían más menos los bonos que ellos podrían acceder. Y si tienen, eh, pensiones o algún tipo de subsidio que reciban por parte del Estado. (funcionaria Programa Familias, FOSIS, Concepción, noviembre 2018)

Todo parece indicar que la definición del Estado presente en funcionarios de todos los niveles registrados (nacional, regional7 y local) se corresponde en gran medida con la idea-Estado asociada al deber de proveer derechos a sus ciudadanos, como parte del contrato que los vincula (Bobbio, 1989). Emerge como tensión en estos discursos si el Estado debe quedarse únicamente en una función subsidiaria y asistencial -que es como actúa hoy en día- o si debe expandir sus capacidades para proveer derechos. Sin perjuicio de esta tensión, hay consenso en torno a que los actores estatales deben manejarse dentro de los marcos legales, y encuadrados por estos, efectuar la intervención de la mejor forma posible.

La otra visión del Estado presente de manera muy extendida en los discursos de los funcionarios y las funcionarias de todo nivel corresponde a la concepción del Estado encarnado en quienes lo performan en el contacto directo con las poblaciones intervenidas: “Las familias tienen una alta valoración a este acompañamiento psicosocial. A que haya un profesional que represente al Estado, que se acerca, que le pone cara al Estado, y al municipio. Y eso pa’ mí tiene un valor muy alto” (alta funcionaria Programa Familias, MDS, Santiago, mayo 2018). El acompañamiento psicosocial, más allá de las transferencias monetarias, es visto como un activo invaluable, ya que tiene un impacto directo en la subjetividad de la población respecto del Estado: “En este caso, brindar acompañamiento psicosocial. Por lo tanto, además y le dice cuál es el resto de la oferta que tiene el Estado. Por lo tanto, cierto, yo como Estado me humanizo. Y toco tu puerta” (alto funcionario Programa Familias, FOSIS, Santiago, octubre 2018). Esta tarea es realizada por funcionarios/as de dos tipos: en primer lugar, el gestor familiar -contractualmente vinculado a FOSIS-, encargado de encontrar a la familia y asegurar su participación del programa; y después, quien toma la responsabilidad de llevar adelante intervención es la AFI -contractualmente vinculada al municipio, pero cuyo salario es financiado vía convenio por FOSIS-: “El apoyo provincial ve la parte técnica cómo se implementa. El gestor familiar es el primer contacto que tiene el Estado con la familia” (funcionario Programa Familias, FOSIS, Concepción, octubre 2018). En este caso, la idea-Estado que prima es la de una institución que se acerca a la población a intervenir mediante el accionar directo y territorializado de sus funcionarios, quienes efectivamente materializan al Estado al entrar en contacto con la población.

Estas visiones son divergentes entre sí, pero dan cuenta de cómo los propios actores que sostienen al Estado cotidianamente entienden, relatan y conceptualizan al Leviatán. Considerando a estas definiciones como parte de un metalenguaje absolutamente desarrollado, es importante destacar esta visión dual, que se relaciona de forma bastante directa con la propuesta teórica: por un lado, una idea-Estado más general, una definición global de lo que se entiende por Estado, respecto de la función social que este cumple. Por otra parte, una definición que destaca el encuentro situado entre el Estado y la población, centrada en el sistema-Estado del que forman parte los entrevistados y las entrevistadas, enfocada en la materialización individualizada del Estado por medio de sus funcionarios. Si bien divergen, están también conectadas por las relaciones que se establecen dentro del propio Estado, y entendiendo también que quienes materializan al Leviatán en el cara-a-cara lo hacen en tanto este está actuando como una institución que provee beneficios a sus ciudadanos y ciudadanas.

A modo de cierre

Desde sus comienzos, el enfoque antropológico que relevamos ha destacado como “La construcción del estado varía claramente de acuerdo con la manera en la que se colocan los diferentes actores. Por tanto, es importante situar una determinada construcción simbólica del estado con respecto al contexto particular en que se realiza” (Gupta, 2015, p. 125). Si bien es innegable esta multiplicidad de miradas, sigue siendo necesario tensionar el conocimiento producido etnográficamente con las teorías más generales del Estado, que nos puedan entregar definiciones más abstractas y globales (Marcus, 2008). Para lograrlo, las políticas públicas se erigen como un eje vertebrador, tanto del trabajo de campo como del análisis, que ha probado ser especialmente fructífero para dar cuenta de la gubernamentalidad estatal (Shore, 2010, Rodríguez y Estrada, 2016; Arenas Hernández y Alzate Pérez, 2019). Desde esta perspectiva, las políticas públicas dejan claros rastros de su actuar como vectores explícitos de gubernamentalidad, expresados en leyes y documentos, integradas de forma directa con algunos elementos de los sistemas-Estado. Ello permite una pesquisa etnográfica que centra su atención en lenguajes y relaciones, la que cuenta con todos los elementos para ser llevada adelante con éxito (Shore y Wright, 1997b; Ramírez, 2010; Díaz de Rada, 2011; Gupta, 2015). En este mismo sentido, pero desde un plano teórico, las políticas públicas forman parte inherente del quehacer estatal, ya que integran de forma no contradictoria las tradicionales “escalas” del accionar político (desde lo global hasta lo local, pasando por lo nacional y lo regional), y sintetizan el vínculo práctico entre las representaciones generales (idea-Estado) y sus materializaciones prácticas (sistemas-Estado). Consideramos que mediante el trabajo etnográfico y la aplicación de la epistemología práctica propuesta por Latour (2008), podemos explicitar resultados que traslucen representaciones nacionales y globales del Estado y su rol social. En el caso aquí presentado, nos hemos enfocado en la utilización de algunos verbatim para ilustrar la potencialidad del abordaje propuesto, pero con la incorporación de resultados de observación directa y el innegable valor como mediadores de importantes actantes no-humanos, el análisis no escalar del Estado se enriquece todavía más.

Desde la teoría del actor-red (Latour, 2008), se contribuye a difuminar oposiciones y a recoger la complejidad, y esto permite reconocer en el Programa Familias un caso que puede ser referencial o paradigmático de un tipo de políticas públicas ampliamente difundidas en Latinoamérica para el abordaje estatal neoliberal de la pobreza. Allí se conjugan y tensionan las “recomendaciones” de organismos internacionales con la efectiva capacidad de movilización de recursos del Estado, lo que perfila formas de gubernamentalización de la pobreza propias y representativas para nuestra región.

Para finalizar, una pequeña reflexión en torno a lo que sucede en diferentes territorios mientras se elabora este artículo. Somos testigos de diversos procesos de disputa política en Latinoamérica, en donde interactúan organizaciones globales como el Fondo Monetario Internacional, Estados-nación, corporaciones transnacionales, actorías territoriales y también comunidades de base. En estas disputas, ha quedado de manifiesto que el seguimiento etnográfico a la gestión pública es un imperativo metodológico para el quehacer antropológico crítico en los países del sur global. En el desafiante escenario que supone la pandemia de la COVID 19, los gobiernos han debido disponer un conjunto de herramientas que dan cuenta de los límites y los nuevos desafíos de la gubernamentalidad estatal contemporánea. La atención antropológica debe enfocarse entonces, más que nunca, en las implicancias y los alcances éticos y prácticos de estas formas de gubernamentalizar la crisis en los Estados latinoamericanos.

Agradecimientos

El primer autor agradece al Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT, Chile, que financia sus estudios doctorales a través de Becas Chile, folio 72190277.

Referencias bibliográficas

Abrams, P. (2015). Notas sobre la dificultad de estudiar el estado. En P. Abrams, A. Gupta, y T. Mitchell (Eds.), Antropología del Estado (pp. 17-70). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Ahumada, K., Monreal, T. y Tenorio, L. (2016). Representaciones sociales de género : La (s) mujer (es)/madres como un instrumento para el Desarrollo en el Programa gubernamental chileno Ingreso Ético Familiar. Revista CS, 18, 159-181. doi: https://doi.org/10.18046/recs.i18.1943Links ]

Arenas Hernández, S. L. y Alzate Pérez, V. D. (2019). Políticas públicas como tecnologías de gubernamentalidad: una propuesta investigativa a partir del estudio de la lucha anticorrupción. Opera, 25, 55-74. doi: https://doi.org/10.18601/16578651.n25.04Links ]

Barragán, R. y Wanderley, F. (2009). Etnografías del Estado en América Latina. Presentación del dossier. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 34, 21-25. [ Links ]

Bobbio, N. (1989). Estado, gobierno y sociedad: por una teoría general de la política. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

Bourdieu, P. (2014). Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France (1989-1992) (P. Champagne, R. Lenoir, F. Poupeau, y M. C. Rivière, Eds.). Barcelona: Anagrama. [ Links ]

Cañedo, M. (2011). Introducción. En M. Cañedo y A. Marquina (Eds.), Antropología política. Temas contemporáneos (pp. 13-39). Barcelona: Bellaterra. [ Links ]

Castro-Gómez, S. (2010). Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. [ Links ]

Cena, R. y Chahbenderian, F. (2015). El abordaje estatal de la pobreza en Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13(1), 123-136. doi: https://doi.org/10.11600/1692715x.1316260914Links ]

Clastres, P. (1978). La Sociedad contra el Estado. Barcelona: Índice, Artes gráficas. [ Links ]

Cohen, R. (1993). Antropología política. En A. Marquina (Ed.), El ayer y el hoy. Lecturas de Antropología política. Volumen I. Hacia el Futuro (pp. 97-126). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. [ Links ]

Correa, N. (2009). Programas de Transferencias Condicionadas: aportes para el debate público. Economía y Sociedad, 71, 74-80. [ Links ]

Díaz de Rada, Á. (2011). El taller del etnógrafo. Materiales y herramientas de investigación en etnografía. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia . [ Links ]

Díaz, R. (2015). El ‘quehacer’ antropológico en el campo del Estado: una mirada desde la antropología social. Santiago de Chile: Universidad de Chile. [ Links ]

Eger, T. J. y Damo, A. S. (2014). Money and morality in the Bolsa Família. Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology, 11(1), 250-284. doi: https://doi.org/10.1590/s1809-43412014000100009Links ]

Escobar, A. (2007). La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. (D. Reyes, Ed.). Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana. [ Links ]

Fonseca, C., Scalco, L. M. y Castro, H. C. de. (2018). Etnografia de uma política pública: controle social pela mobilização popular. Horizontes Antropológicos (Vol. 24). doi: https://doi.org/10.1590/s0104-71832018000100010Links ]

Fortes, M. y Evans-Pritchard, E. E. (1979). Sistemas Políticos Africanos. En J. Llobera (Ed.), Antropología política (pp. 85-106). Barcelona: Anagrama . [ Links ]

Foucault, M. (2008). Seguridad, Territorio, Población. Curso del Collège de France (1977 - 1978). Madrid: Ediciones Akal. [ Links ]

Foucault, M. (2009). Nacimiento de la Biopolítica. Curso del Collège de France (1978 - 1979). Madrid: Ediciones Akal . [ Links ]

Fuica Rebolledo, I. F. (2017). Representaciones del Ingreso Ético Familiar: expresiones de la Gubernamentalidad chilena. perifèria. Revista de recerca i formació en antropologia, 22(2), 48-66. doi: https://doi.org/10.5565/rev/periferia.615Links ]

Giddens, A. (2010). Sociología (6a ed.). Madrid: Alianza Editorial. [ Links ]

Gupta, A. (2015). Fronteras borrosas: el discurso de la corrupción, la cultura de la política y el estado imaginado. En P. Abrams, A. Gupta y T. Mitchell (Eds.), Antropología del Estado (pp. 71-144). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica . [ Links ]

Gupta, A. y Sharma, A. (2006). Introduction: Rethinking Theories of the State in an Age of Globalization. En A. Gupta y A. Sharma (Eds.), Anthropology of the State. A reader (pp. 1-41). Oxford: Blackwell Publishing. [ Links ]

Hansen, H. P. (1997). Patients’ bodies and discourses of power. En C. Shore y S. Wright (Eds.), Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and power (pp. 88-103). Abingdon: Routledge. [ Links ]

Hastings, D. y McFarlane, G. (1997). Anthropology and policy in Northern Ireland. En C. Shore y S. Wright (Eds.), Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and power (pp. 261-281). Abingdon: Routledge . [ Links ]

Hilgers, M. (2010). The three anthropological approaches to neoliberalism. International Social Science Journal, 61(202), 351-364. doi: https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2011.01776.xLinks ]

Hyatt, S. B. (1997). Poverty in a “post-welfare” landscape. Tenant management policies, self-governance and the democratization of knowledge in Great Britain. En C. Shore y S. Wright (Eds.), Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and power (pp. 217-238). Abingdon: Routledge . [ Links ]

Illanes, M. A. (2007). Cuerpo y sangre de la política. La construcción histórica de las visitadoras sociales (1887-1940). Santiago de Chile: LOM Ediciones. [ Links ]

International Poverty Centre (2006). Social protection: the role of cash transfers. Poverty In Focus. [ Links ]

Irusta, A. (2014). El concepto de Gubernamentalidad, la economización de la política y el problema del estado en Michel Foucault. Philosophia, 74(2), 39-59. [ Links ]

Latour, B. (2008). Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires: Ediciones Manantial. [ Links ]

Ley 20.595. Crea el Ingreso Ético Familiar que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer (2012). Valparaíso: Congreso Nacional. Recuperado de https://www.leychile.cl/N?i=1040157yf=2012-05-17yp=Links ]

Long, N. (2007). Sociología del desarrollo. Una perspectiva centrada en el actor. Ciudad de México: CIESAS. [ Links ]

Luján Verón, D. (2017). Entre la autonomía y la dependencia. Lobby, clientelismo político e idea de estado en los contextos locales chilenos. Polis (Santiago), 16(48), 133-154. doi: https://doi.org/10.4067/s0718-65682017000300133Links ]

Marcus, A. (2008). Interrogating the neo-pluralist orthodoxy in American anthropology. Dialectical Anthropology, 32(1-2), 59-86. doi: https://doi.org/10.1007/s10624-008-9053-xLinks ]

Marins, M. T. (2017). Repertórios Morais E Estratégias Individuais De Beneficiários E Cadastradores Do Bolsa Família. Sociologia y Antropologia, 4(2), 543-562. doi: https://doi.org/10.1590/2238-38752014v4210Links ]

Marquina, A. (2004). Introducción. En A. Marquina (Ed.), El ayer y el hoy. Lecturas de Antropología política. Volumen I. Hacia el Futuro (pp. 13-28). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia . [ Links ]

Martin, E. (1997). Managing Americans. Policy and changes in the meanings of work and the self. En C. Shore y S. Wright (Eds.), Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and power (pp. 239-257). Abingdon: Routledge . [ Links ]

Martin, M. P. (2016). Cambio o continuidad de las políticas de protección social en Chile en gobiernos de centroizquierda y centroderecha. Reforma y Democracia, 64, 193-224. [ Links ]

Martínez, R. y Soto, E. (2012). El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina. Política y Cultura, 37, 35-64. [ Links ]

Mastrangelo, A. (2006). “Nuestro sueño es un mundo sin pobreza” Un estudio etnográfico sobre el banco mundial. Avá. Revista de Antropología, 8, 1-22. [ Links ]

Ministerio de Desarrollo Social. (2012). Informe de Política Social 2012. Santiago de Chile. [ Links ]

Ministerio de Desarrollo Social. (2016). Claves del Proceso de Fortalecimiento del Subsistema Seguridades y Oportunidades. Santiago de Chile. [ Links ]

Ministerio de Desarrollo Social. (2017). Informe de Desarrollo Social 2017. Santiago de Chile. [ Links ]

Mitchell, T. (2015). Sociedad, economía y el efecto del Estado. En P. Abrams, A. Gupta y T. Mitchell (Eds.), Antropología del Estado (pp. 145-186). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica . [ Links ]

Mota Díaz, L. (2016). La colonialidad del saber en la enseñanza de políticas públicas en instituciones de educación superior en México. Estudios Políticos (Medellín), 49, 239-259. doi: https://doi.org/10.17533/udea.espo.n49a13Links ]

Okongwu, A. F., y Mencher, J. P. (2000). The Anthropology of Public Policy: Shifting Terrains. Annual Review of Anthropology, 29, 107-124. doi: https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.29.1.107Links ]

Olavarría, M. (2007). Conceptos Básicos en el Análisis de Políticas Públicas. Instituto de Asuntos Públicos. Santiago de Chile: Departamento de Gobierno y Gestión Pública, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. [ Links ]

Pérez, F. (2010). Laboratorios de reconstrucción urbana: hacia una antropología de la política urbana en Colombia. Antipoda, 10, 51-84. [ Links ]

Ramírez, M. C. (2010). Presentación. La antropología de La política pública. Antipoda, 10, 13-17. doi: https://doi.org/10.7440/antipoda10.2010.02Links ]

Ramos Zincke, C. (2016). La producción de la pobreza como objeto de gobierno. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. [ Links ]

Restrepo, A. M. (2010). Las políticas públicas como mecanismos de reproducción del Estado: una mirada desde la política pública de juventud de Bogotá. Antípoda, 10, 85-106. [ Links ]

Rodríguez, N. M. y Estrada, M. del R. (2016). Tácticas de gobierno en la política de protección de tierras de la población desplazada en Colombia: Una etnográfica del Estado. AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana, 11(3), 381-404. doi: https://doi.org/10.11156/aibr.110305Links ]

Rojas, C. (2019). Ayudar a los pobres. Etnografía del Estado social y las prácticas de asistencia. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado . [ Links ]

Rose, N. y Miller, P. (2010). Political power beyond the State: Problematics of government. British Journal of Sociology, 61(SUPPL. 1), 271-303. doi: https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2009.01247.xLinks ]

Schwegler, T. (2008). Trading Up: Reflections on Power, Collaboration, and Ethnography in the Anthropology of Policy. Anthropology in Action, 15(2), 10-25. doi: https://doi.org/10.3167/aia.2008.150202Links ]

Shore, C. (2010). La Antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la “formulación” de las políticas. Antipoda, Revista de Antropología y Arquelogía, 10, 21-49. doi: https://doi.org/10.7440/antipoda10.2010.02Links ]

Shore, C. y Wright, S. (Eds.). (1997a). Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and power. Abingdon: Routledge . [ Links ]

Shore, C. y Wright, S. (1997b). Policy. A new field of anthropology. En C. Shore y S. Wright (Eds.), Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and power (pp. 9-39). Abingdon: Routledge . [ Links ]

Svampa, M. (2018). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. San José de Costa Rica: CALAS. [ Links ]

Ulloa, A. y Hernández Ávila, L. (2006). La construcción del nativo ecológico. Universitas humanística, 61, 295-301. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n61/n61a15.pdfLinks ]

UNASUR, y CEPAL. (2014). Transferencias de ingresos para la erradicación de la pobreza. Dos décadas de experiencia en los países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Santiago de Chile. [ Links ]

Vargas, L. H., y Socías, F. (2016). El subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar de Chile desde un enfoque de derechos: análisis de su trayectoria y de sus desafíos futuros. Revista Opera, 18, 183-202. doi: https://doi.org/10.18601/16578651.n18.10Links ]

Velásquez Gavilanes, R. (2009). Hacia una nueva definición del concepto “política pública”. Desafios, 20, 149-187. [ Links ]

Vike, H. (1997). Reform and resistance. A Norwegian illustration. En C. Shore y S. Wright (Eds.), Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and power (pp. 195-216). Abingdon: Routledge . [ Links ]

Weber, M. (2006). Bureaucracy. En A. Gupta y A. Sharma (Eds.), Anthropology of the State. A reader (pp. 49-70). Oxford: Blackwell Publishing . [ Links ]

1 . En el presente artículo, utilizaremos el concepto Estado para designar a los contemporáneos Estados-nación, también denominados Estados modernos (Bobbio, 1989).

2. También usaremos la sigla IEF para referirme a este momento de la política pública analizada.

3. Apoyo Familiar Integral. Corresponde a los y las profesionales encargadas de llevar adelante el seguimiento e intervención del Programa Familias, y quienes entran en contacto directo de forma cotidiana con las familias seleccionadas como usuarias del programa.

4. Un ejemplo de este tipo de relaciones podrían ser aquellas reguladas por ley, para el caso del Programa Familias, la Ley 20.595 (2012).

5. Información presente en varias de las entrevistas de la tesis doctoral del primer autor.

6. El presente artículo se centra en la exposición de la propuesta teórico-metodológica para la realización de estudios etnográficos en Latinoamérica que sean fructíferos para la práctica de una antropología del Estado. Es por esto por lo que nos centramos únicamente en extractos de entrevistas, como ilustrativos de los alcances de esta propuesta, y no incorporamos en esta ocasión otros datos obtenidos mediante observación participante ni análisis documental.

7. Administrativamente, Chile se divide en el país (nación), regiones, luego en provincias y finalmente en municipios. El Programa Familias tiene oficinas y encargados/as de carácter nacional y regional.

Financiamiento La investigación doctoral del Inti Fernando Fuica Rebolledo está financiada por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT, Chile, mediante la Beca Chile folio 72190277.

Recibido: 27 de Noviembre de 2019; Aprobado: 23 de Julio de 2020

Correo electrónico: inti.fuica.rebolledo@gmail.com.

Correo electrónico: noeliacarrasco@udec.cl.

Biografía Inti Fernando Fuica Rebolledo es sociólogo, formado en la Universidad de Concepción. Actualmente cursa estudios doctorales en Antropología Social y Cultural, en la Universitat Autònoma de Barcelona. Noelia Carrasco Henríquez es antropóloga, doctora en Antropología Social y Cultural. Actualmente es académica del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, Chile. Lidera y colabora activamente en varias investigaciones, así como en programas de formación en pregrado y posgrado.

Creative Commons License Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons