RESEñA

Iñigo González-Ricoy y Axel Gosseries (eds.), Institutions for Future Generations, NuevaYork, Oxford University Press, 2016, 432 pp.

Institutions for Future Generations, editado por Iñigo González-Ricoy y Axel Gosseries, es sin duda una de las obras más completas sobre justicia intergeneracional: 24 artículos dedicados a diferentes aspectos de esta problemática. La obra comienza con una parte introductoria compuesta de dos artículos. Uno está escrito por los editores, quienes explican cómo está dividida la obra y hacen algunas aclaraciones conceptuales. El otro está escrito por Michael K. MacKenzie, quien presenta las diferentes fuentes y manifestaciones del cortoplacismo, como el incentivo de los políticos a maximizar la cantidad de votos y la presión de los grupos de interés. Los 22 artículos restantes están organizados en tres bloques.
El primero contiene cuatro artículos teóricos que abordan cuestiones conceptuales y normativas sobre la justicia intergeneracional. En el primero, Nicholas Vrousalis ofrece posibles respuestas a tres preguntas: ¿Cómo los beneficios que perciben las diferentes generaciones deben ser medidos: en términos de recursos, capacidades o satisfacción de preferencias? ¿Cómo deben ser distribuidos a través de las generaciones: según requerimientos de igualdad, suficiencia o maximización de la utilidad? ¿Requiere la justicia tomar en cuenta los intereses de todas las futuras generaciones, o solo de las que son más cercanas temporalmente? Stéphane Zuber, por su parte, también se enfoca en la medición de la justicia intergeneracional. Aborda el interrogante de cómo comparar costos y beneficios entre diferentes generaciones y analiza cómo evaluar el impacto de acciones actuales en generaciones futuras (más precisamente, discute la cuestión del "ahorro justo").
En su contribución, Anja Karnein evalúa si es posible representar los intereses de futuras generaciones, en vista de que, como no existen, no pueden elegir representantes ni emitir opinión sobre su desempeño. Sostiene que tal representación es posible, siempre que haya una amplia y sincera deliberación en la que nos preguntemos si las políticas en discusión serían aceptadas por las futuras generaciones si estuvieran participando del debate. Finalmente, Axel Gosseries explora la relación entre la idea de "soberanía generacional" (que una generación no se vea afectada por decisiones de otras generaciones) y las propuestas institucionales introducidas en los capítulos subsiguientes. Se pregunta si tales propuestas impactan en esta soberanía, y en caso afirmativo si la restringen o la promueven.
El segundo bloque, conformado por ocho artículos, está dedicado a analizar propuestas institucionales que buscan promover políticas a largo plazo. Primero, Ludvig Beckman y Fredrik Uggla proponen la institución de un "Ombudsman de las Futuras Generaciones". Destacan que esta alternativa es políticamente viable, probablemente efectiva, y saludable en términos de legitimidad democrática. Luego, Simon Caney sugiere reformas institucionales para incrementar la rendición de cuentas en lo referente a cómo las políticas adoptadas afectarán a personas futuras; por ejemplo, un "Manifiesto para el Futuro", y un "Comité para el Futuro", que forme parte de la legislatura y que monitoree que las acciones políticas sean conforme al manifiesto.
Por su parte, John Broome y Duncan K. Foley proponen la emisión de "Bonos del Clima Mundial", a través de un "Banco del Clima Mundial", para financiar el cambio de combustibles fósiles a energía renovable y la compensación para quienes en el presente sufrirían pérdidas por eso. Sostienen que, así, podría lidiarse con el cambio climático sin requerirle un sacrificio especial a personas actuales ni a futuras. El cuarto artículo es de Iñigo González-Ricoy, quien repasa las principales formas que pueden adoptar las cláusulas constitucionales dirigidas a proteger a generaciones futuras. Además, analiza cómo su constitucionalización puede contribuir a una asignación de costos y beneficios adecuada a través de las generaciones. Posteriormente, Dennis F. Thompson propone la conformación de un cuerpo independiente (como una asamblea de ciudadanos) que sea responsable de proteger el elemento democrático del futuro sistema político. Argumenta que, como no podemos prever las necesidades de futuros ciudadanos, debemos garantizar que al menos tengan control democrático sobre las decisiones que los afecten. Luego, Marcel Szabó introduce la idea de un "Fondo Patrimonial Común", financiado por un impuesto del 1% al volumen total del comercio internacional, para solventar las iniciativas relacionadas con preservar las condiciones de vida de personas futuras.
El séptimo artículo es de Kristian Skagen Ekeli, quien analiza dos modelos alternativos para la representación política de futuras generaciones: el "modelo de la franquicia limitada" y el "modelo de la regla de submayoría". El autor explica por qué el segundo modelo es superador. Por último, Chiara Cordelli y Rob Reich desarrollan una propuesta sobre los tipos de objetivos intergeneracionales que las fundaciones filantrópicas deberían perseguir.
Finalmente, el tercer bloque contiene diez artículos que discuten propuestas para incrementar el largoplacismo en instituciones que tienen otros objetivos directos. En primer lugar, adoptando una perspectiva deliberativista, y con el fin de profundizar el proceso democrático ya existente, Simon Niemeyer y Julia Jennstål evalúan la institucionalización de "mini-publics", que consiste en la elección azarosa de un conjunto de ciudadanos para que deliberen sobre decisiones que afecten la equidad intergeneracional. Luego, Juliana Bidadanure analiza la posibilidad de introducir "cupos juveniles" en el Parlamento para combatir el cortoplacismo. Según la autora, esta inclusión es deseable puesto que generalmente la gente joven (por debajo de los 30 años) tiene una mayor preocupación por el largo plazo. Por su parte, Michael K. MacKenzie, autor de uno de los capítulos introductorios, propone crear una Cámara independiente en el Parlamento, cuyos miembros serían elegidos azarosamente, aunque limitado por algún mecanismo para asegurar la representación de todos los grupos políticamente relevantes. Esta Cámara tendría el objetivo de filtrar iniciativas puramente cortoplacistas, devolviendo proyectos de ley a otras cámaras para que vuelvan a discutirlos y los modifiquen.
El cuarto artículo estuvo a cargo de Claudio López-Guerra, quien desarrolla una propuesta para incentivar a los políticos a considerar, en la toma de decisiones, los intereses de la población (actual y futura). Consiste en requerirles experimentar las consecuencias de sus propias decisiones en un pie de igualdad con la ciudadanía promedio (por ejemplo, requerirles que se atiendan en hospitales públicos). Así, tendrían incentivos para tomar decisiones más prudentes y sensatas, lo que también impactaría favorablemente en generaciones futuras. Por su parte, Karl Widerquist propone que el gobierno empiece a desarrollar un endowment permanente de la ciudadanía, para financiar el gasto público y un ingreso ciudadano incondicional. El autor argumenta que esta estructura distribuye más equitativamente los beneficios económicos entre diferentes generaciones. A su vez, Virginie Pérotin propone la formación de compañías que sean propiedad de (y administradas por) los trabajadores (el ejemplo paradigmático es el de las cooperativas). De esta forma, las compañías tendrían una perspectiva a largo plazo, de la que, según argumenta la autora, típicamente carecen las clásicas corporaciones con fines de lucro, atraídas casi exclusivamente por generar ingresos y crecimiento a corto plazo.
La séptima contribución estuvo a cargo de Jonathan White, quien reflexiona sobre cómo incentivar a los partidos políticos a encarar proyectos a largo plazo, lo que en general se ve desalentado por objetivos inmediatos, como ganar las próximas elecciones. El autor propone que cada partido adopte una constitución por la cual se comprometa pública y claramente a alcanzar ciertos objetivos a largo plazo, de forma tal de obligar a futuros miembros. Inspirado por las discusiones en teoría jurídica sobre interpretación constitucional, desarrolla la idea de una "constitución viva", para comprometer al partido político con fines de largo plazo, pero sin impedirles evolucionar para adaptarse a las circunstancias de cada época. Luego, Danielle Zwarthoed se enfoca en las instituciones universitarias. Explica por qué incorporar alumnos y ex alumnos a los consejos de administración de las universidades las incentivaría a tomar decisiones de largo plazo, ya sean estas decisiones de naturaleza educativa, financiera, de recursos humanos, etcétera.
El noveno artículo, escrito por Joakim Sandberg, trata el tema de los fondos de pensión. Sostiene que, por su considerable impacto en el comercio y en general en la sociedad, deben asumir mayores responsabilidades por los efectos a largo plazo. La idea es que deberían desplazarse del modelo estándar, que pone énfasis en los deberes hacia los beneficiarios de esos fondos, a un modelo nuevo, que contemple deberes sociales y ambientales independientes establecidos en función de los intereses de las generaciones futuras, y que a veces incluso prevalezcan sobre los intereses de los beneficiarios actuales. Finalmente, Thomas Baudin y Paula Gobbi abordan el tema de la reducción de la fertilidad como forma de reducir a largo plazo la explosión demográfica. Al evaluar cuál es la forma más eficaz de reducir la fertilidad en países en desarrollo, concluyen que el Estado, en lugar de enfocarse solo en proporcionar los medios para que la gente pueda tener menos hijos (por ejemplo, distribuyendo gratuitamente anticonceptivos), debería también modificar las "causas profundas", como el nivel educativo de las madres.
Insitutions for Future Generations es, en definitiva, una obra indispensable para todos los que, en el campo de la justicia intergeneracional, estamos interesados en traducir teorías normativas con cierto nivel de abstracción a políticas públicas concretas. (Ezequiel Spector, Universidad Torcuato Di Tella, espector@utdt.edu)

Recibido el 18 de junio de 2018; aceptado el 2 de agosto de 2018.