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Apuntes de investigación del CECYP

versión On-line ISSN 1851-9814

Apunt. investig. CECYP  no.21 Buenos Aires jun. 2012

 

TEMA CENTRAL

¿Herederos de Mayo y la Constitución de 1853?
Liberalismo y antiliberalismo en el debate sobre la reforma constitucional de 1949

 

Ricardo Martínez Mazzola1*

1. * CONICET - UNSAM - UBA.


 

 

El peronismo constituye desde hace décadas un objeto privilegiado de las ciencias sociales argentinas, al punto que se puede afirmar que la "sociología científica" alcanzó una importante legitimidad social a partir de la promesa de poder suministrar la clave de un fenómeno al que se suponía esquivo y enigmático. El interés inicial nunca se apagó: prueba de ello son los innumerables trabajos que, en los últimos años, se propusieron iluminar distintos aspectos -desde la política provincial a la vida cultural, desde las políticas sociales a la imagen de la mujer- del popular movimiento.

Mucho menos numerosas, en cambio, han sido las indagaciones acerca del espacio político no peronista, un espacio que, en general, las ciencias sociales percibieron como meramente reactivo. El ejemplo paradigmático de tal interpretación se halla en la obra del padre de la sociología científica argentina, Gino Germani (1962), quien pensó al antiperonismo como un caso de "movilización secundaria", opuesta a la "movilización primaria" llevada adelante por los seguidores de Perón.2 Las miradas "revisionistas" que desde fines de los '60 revisaron las tesis germanianas no discutieron el carácter reactivo del antiperonismo, por eso la indagación por las fuerzas políticas no peronistas siguió siendo escasa.

La situación comenzó a cambiar cuando, en años recientes y de mano de trabajos como los de Bisso (2002), García Sebastiani (2005 y 2006), Fiorucci (2006) y Nallim (2006), comenzó a imponerse una nueva mirada que habilitó el interés acerca de las fuerzas opuestas al peronismo. Para esta interpretación -que, ¡cuándo no! retoma algunas lejanas intuiciones de Tulio Halperin Donghi (1956)- existiría una continuidad entre antifascismo y antiperonismo. Lejos de ser una mera respuesta reactiva a la movilización peronista, el antiperonismo retomaría ciertas "pautas de entendimiento político" (García Sebastiani 2005) nacidas en el combate a los gobiernos conservadores de los años '30 y consolidadas durante los años que siguieron a la revolución de junio de 1943.

En este trabajo no intentaremos saldar la cuestión acerca del carácter continuista o reactivo del antiperonismo sino más puntualmente -y partiendo de una perspectiva que subraya el carácter co-constitutivo de las identidades políticas en oposición-, abordar las reconfiguraciones que los discursos peronista y antiperonista experimentaron en una coyuntura específica: la del proceso que condujo a la reforma constitucional de 1949.3 En particular, nos proponemos dar cuenta del modo en que, en la disputa entre ambos, se profundizó una oposición que desde tiempo atrás venía dividiendo el mundo político e intelectual argentino; definida por el clivaje liberalismo- antiliberalismo.4 La posición ante la tradición5 liberal se convirtió, así, en un parteaguas en el que se expresó, y profundizó, el enfrentamiento entre ambos campos políticos.

Organizamos el artículo en cuatro partes. La primera se centra en el debate acerca de la necesidad de la reforma constitucional, con epicentro de la Cámara de Diputados de la Nación, única con presencia de la oposición. La segunda reconstruye los principales argumentos sostenidos por peronistas y antiperonistas en la campaña con vistas a las elecciones de Convencionales Constituyentes. La tercera analiza las disputas en la Convención Constituyente, que concluyeron con la, anunciada, partida de los convencionales radicales. Finalmente, en el epílogo se señalan las divergentes miradas que sobre el texto constitucional mismo, pero también sobre su vigencia en la Argentina futura, esbozaron peronistas y socialistas. El artículo se cierra mostrando cómo el énfasis en el carácter co-constitutivo de las identidades permite echar luz sobre la significación de la coyuntura de la reforma constitucional en una historia más larga de las tradiciones políticas argentinas.

En el Parlamento: el debate acerca de la necesidad de la reforma

El enfrentamiento entre quienes reivindicaban la tradición liberal y aquéllos que la cuestionaban antecedía con mucho al peronismo, y se había acentuado durante los duros combates de 1945. Sin embargo la disputa por el liberalismo que se escenificaría en el proceso de la reforma constitucional no suponía la mera continuidad de las disputas de los "orígenes del peronismo". Y ello porque el triunfo peronista de febrero de 1946, que sumió a las fuerzas opositoras en un fuerte cuestiona-miento, derivó en una reevaluación de sus perspectivas.

Los cambios eran particularmente notorios en un Partido Comunista que había pasado de denunciar el "naziperonismo" a considerar que, ante una fuerza dividida entre sectores "progresistas" y "reaccionarios", era necesario "criticar lo negativo y apoyar lo positivo" (Gurbanov y Rodríguez 2008: 5-6). Alcanzaban también a un radicalismo en el que la triunfante corriente intransigente6 explicaba la derrota electoral por la dilución de las tradiciones radicales bajo las banderas liberales de la "Unión Democrática" y se proponía superar al peronismo en la radicali-dad de las políticas propuestas, y también en la eficacia de la identificación del propio colectivo con la nacionalidad (Altamirano 2001: 44-45). Incluso en el Partido Socialista, la fuerza que más virulentamente mantenía la oposición al peronismo, se escuchaban voces que subrayaban la necesidad de dejar de lado la narración en clave liberal y civilizatoria, predominante en el partido (Martínez Mazzola 2011), para desenvolver una perspectiva social que permitiera reactivar la identificación socialista.

Por otra parte, en sus primeros años de gobierno, el peronismo triunfante había disminuido la dureza de su prédica antiliberal presentándose como un movimiento capaz de sintetizar, y superar, al conjunto de las tradiciones políticas persistentes. La "querella del liberalismo", no ocupaba, así, el centro del debate político a comienzos de 1948. Sería en el debate sobre la reforma constitucional que tal querella volvería al centro, contribuyendo a acentuar la denegación de cada bando por el otro.

Aunque los rumores acerca de que sería impulsada una reforma constitucional comenzaron a oírse desde poco después de la llegada de Perón al poder, y que a comienzos de 1947 el jefe del bloque peronista de la Cámara de Diputados, Eduardo Colom, presentó un proyecto para que se declarara la necesidad de la reforma, fue solo en 1948, luego del triunfo electoral en los comicios legislativos del 7 de marzo, que el tema comenzó a ocupar el centro de la agenda política. Quien confirmó que se buscaría la reforma constitucional fue el propio Perón que, en su mensaje de apertura de las sesiones parlamentarias, llamó a modernizar la Carta Magna. El Presidente enfatizó la necesidad de "actualizarla en lo que sea incompatible con los tiempos modernos" y completarla en los aspectos en que estuviera incompleta. Pero más que definir cuáles serían los aspectos a modernizar y los elementos que debían agregarse para completarla, Perón centró su intervención en un tema espinoso: el de la reelección presidencial, respecto a la que se mostró contrario. Dirigiéndose a los peronistas preocupados por consolidar las tareas en curso los tranquilizó, señalando que en cuatro años las reformas que darían al país una nueva fisonomía estarían cumplidas, a la vez que señaló que en las propias filas había una pléyade de hombres jóvenes capaz de continuar su obra. Señalando los peligros de que todo estuviera concentrado en un solo hombre, el Presidente sostuvo que se debía pasar del "personalismo" hacia una organización estable y consolidada; se debía cambiar al hombre por la bandera. (Perón 1998a: 150)

Aunque buena parte de los opositores desconfiaron de las palabras de Perón, al que acusaron de buscar solamente la reelección, otros centraron su crítica en las "banderas" que el peronismo se proponía levantar. En particular los socialistas, que desde hacía años venían denunciando la amenaza de la implantación de un régimen totalitario, vieron a la reforma constitucional como el elemento decisivo que concretaría tal amenaza. La postura se dejaba ver ya en el manifiesto que abría el primer número de El Socialista7, publicado ese mismo 1° de Mayo. El documento planteaba diez consignas de lucha, la octava de las cuales rezaba "por la Defensa de las Libertades Republicanas y contra la Reforma Regresiva de la Constitución". A continuación se demandaba "que toda reforma se realice cuando haya libertad e igualdad política entre los argentinos" (Partido Socialista, 1948a). Se esbozaba aquí el primero de los argumentos que los socialistas esgrimirían contra la reforma -y contra quienes, aun dentro de las propias filas socialistas, sostenían que era necesario participar en ella-: el monopolio de la palabra y las medidas represivas hacían imposible avanzar el tipo de reformas que los socialistas deseaban. El segundo argumento, que también sería repetido hasta el hartazgo, afirmaba que la inclusión de los derechos del trabajador en la Carta Magna servía de cortina de humo para velar reformas retardatarias.

A mediados de agosto, una Cámara de Diputados aun convulsionada por la expulsión del diputado radical Ernesto Sanmartino8, comenzó a debatir acerca de la necesidad de la reforma. Aunque buena parte de las intervenciones giro en torno a cuestiones de procedimiento, 9 y otras versaron acerca de la necesidad de modificar el artículo 77° de la Constitución,10 que vedaba la reelección presidencial, pero muchas se interrogaron acerca de los fundamentos del viejo orden constitucional y los de aquel que lo reemplazaría.

Abrió el debate el diputado peronista bonaerense Vicente Bagnasco quien, al fundar el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, argumentó en clave historicista subrayando los males de mantener un texto constitucional que era fruto de la elite burguesa de 1853, gobernada por un temperamento racionalista del XIX que pretendía que el cuerpo social se amoldara a la cuadrícula de conceptos forjados por la razón pura. El diputado bonaerense explicó que si no podían definirse los artículos a reformar, como pedía la oposición, era porque "El anacronismo y la lesión está en el numen inspirador y no en la letra. La obra reparadora debe ser de conjunto, de forja y no de buril". (Cámara de Diputados 1948: 2658)

Más audaces fueron los juicios que sobre la Constitución del 53, y sobre la tradición liberal en que se asentaba, vertió el diputado peronista Joaquín Díaz de Vivar. Citando a Carl Schmitt, el viejo militante radical antipersonalista sostuvo que toda constitución respondía a las necesidades económicas y sociales del pueblo en que se gestaba, agregando que el propósito del Constitucionalismo del XIX había sido defender la libertad burguesa y la concepción romana de la propiedad, elementos que habían caído en crisis. Explicó que, frente a ello, una revolución como la "nacional peronista", que repudiaba el "supercapitalismo" y aspiraba a establecer un estado social que velara por el hombre debía llevar su ethos al derecho público y modificar

Una Constitución que imposibilita la intervención estatal en los problemas de la economía...una Constitución que protege la propiedad privada con sus perfiles clásico, ...una Constitución que sólo es expresión de un sector de la población . una Constitución, en suma, que cumplió brillantemente su destino al servir a la democracia política, resulta ya, en mi opinión, angosta e inadecuada para proteger y dar vigencia a una democracia social (Cámara de Diputados 1948: 2667).

Una evaluación más matizada de la vieja Constitución fue la que propuso John William Cooke. El joven diputado peronista consideró que la Carta Magna tenía mucho de fracaso y mucho de triunfo. El triunfo, sostuvo, venía del alma nacional signada por un sentido democrático e igualitario y por el respeto por el ser humano. El fracaso, argumentaba en una intervención de fuerte tono revisionista, se relacionaba con el encandilamiento de los teóricos constitucionales con los modelos norteamericano y europeo. Agregó que sobre el texto constitucional se habían montado una serie de "mitos", a los que se propuso develar:

En lo económico nos habían adscripto a teorías liberales pretendidamente universales...A su amparo los derviches del librecambio convirtieron a nuestro país en una especie de sociedad anónima con asiento en lejanos países y con empresarios que representaban al mítico capital extranjero. También se nos sostuvo la falacia de que la libertad individual presuponía la absoluta libertad económica, creando así el absurdo de que democracia política y capitalismo fueran términos de un silogismo falsa y maliciosamente difundido. (Cámara de Diputados 1948 1948:2685) Cooke aclaraba que él no creía que los males del país fueran fruto de la Constitución del 53, sino de otras causas -el espíritu antinacional, el predominio de las doctrinas universales, del espejismo de la superioridad de lo europeo-; sin embargo, afirmaba que esa Constitución no podía hacer nada para evitarlos ya que se podía apelar a ella, mal o bien interpretada, para dilapidar las riquezas argentinas.

La última fundamentación de la posición oficialista no estuvo a cargo de uno de sus legisladores sino del Ministro del Interior, Angel Borlenghi. La intervención del antiguo dirigente gremial socialista se abrió con una diatriba contra el liberalismo. Afirmó que la vieja Constitución individualista ya no reflejaba el pensamiento del pueblo argentino ni era intérprete de la voluntad nacional, y subrayó que los derechos individuales consagrados en forma absoluta menoscababan a los sociales, el excesivo resguardo a la propiedad privada impedía avanzar hacia la conversión de la economía capitalista en una economía social al servicio de la colectividad. El cambio era visto como parte de una evolución universal:

El liberalismo ha sido superado, ha cumplido su ciclo, ha beneficiado a una clase social, ha perjudicado, indiscutiblemente, a la mayoría del pueblo trabajador y, en la actualidad, tiene también que ceder paso y dar lugar al pueblo, a la masa, al elaborar una auténtica constitución democrática (Cámara de Diputados 1948: 2703-2704)

Altamirano (2001: 35) señala que el proyecto de reforma constitucional "perseguía el objetivo de conferir rango constitucional a los preceptos de la Nueva Argentina". Así lo señalaba el propio Borlenghi cuando, al fundar la necesidad de la reforma en el Senado, explicaba que una constitución no era sólo un texto a cumplir sino también la "guía y norma del pensamiento del pueblo al que rige", por lo que explicaba la necesidad de la reforma "por el imperativo de introducir en la Carta Magna los fundamentos filosóficos de la revolución peronista." (Cámara de Diputados 1948: 117).

Eran justamente esos fundamentos los que se propusieron cuestionar los radicales desde sus bancas de la Cámara de Diputados. Así Alfredo Vítolo sostenía que si una Constitución era "una limitación al poder, un conjunto de restricciones a los que tienen el poder y la fuerza", lo que se proponía era lo contrario: "un proceso de concentración de poderes en el Poder Ejecutivo" (Cámara de Diputados 1948: 2659). El diputado radical iba más allá y afirmaba que, al sancionar una reforma sin deliberación previa y sin definir los puntos a modificar, la mayoría peronista estaba llevando adelante un golpe de estado11. En vena liberal, concluía:

Lo que el pueblo argentino quiere no es una reforma constitucional, sino que los diarios puedan emitir sus ideas sin censura previa, que las radios estén al alcance de todos los ciudadanos y que las tribunas parlamentaria y pública puedan ser usadas sin restricciones por los hombres de mi partido y de todos los partidos políticos. El problema hoy es de seguridad del derecho, de legalidad. (Cámara de Diputados 1948: 2661)

También Ricardo Balbín partió de la afirmación oficialista de que la reforma buscaba la profundización de los principios de la revolución peronista, ante lo que se preguntó por cuáles eran. El líder del bloque radical contrastó las exhortaciones de Perón a la paz y el respeto con la acentuación de la legislación represiva, la ruptura de los habeas corpus, la expulsión de un legislador opositor y el "absurdo concepto nacionalista" que buscaba limitar la participación política de los argentinos nacionalizados, con la centralización política impulsada por el gobierno. Ante las voces que argumentaban que las transformaciones impulsadas por el movimiento gobernante se asociaban con la evolución del mundo y con las nuevas teorías acerca de la organización social, el líder radical distinguió:

En algunas partes, se pone en aplicación con justo criterio, haciendo un equilibrio entre lo que podría llamarse lo material de la vida y el concepto espiritual del hombre. En muchos países, cuando el Estado tomó para sí el derecho de hacer felices a los hombres en la medida que el Estado quería, mediante una legislación de este tipo, se oyó decir con frecuencia: ¡qué importa que falte un poco de libertad si ahora estamos más satisfechos que antes! Y esos pueblos murieron luego en el hambre, en la miseria, en la desesperación (Cámara de Diputados 1948: 2670)

Un cariz más histórico tomó la intervención de Ricardo Rojas, quien afirmó que el peronismo había ido matando lentamente a la Constitución Nacional y que el debate no era más que una "función de pompas fúnebres". El viejo profesor negaba la novedad del intento de Perón explicando que retomaba los proyectos fracasados de Uriburu y que el 4 de junio era un producto del 6 de septiembre. Consideraba al peronismo como última etapa de la crisis iniciada cuando los militares habían entrado en la Casa Rosada, y citaba como prueba la participación de Perón en la asonada septembrina. (Cámara de Diputados 1948: 2696) Pero los antecedentes referidos por el diputado radical no se limitaban a las dos décadas anteriores sino que se remontaban a dos siglos, construyendo una oposición entre tradiciones que atravesaba los siglos y las fronteras nacionales:

.en las corrientes históricas de la Argentina hay unas que tienen su raíz en la colonia, otras que se inician con la revolución. La corriente histórica que ha hecho la Argentina, tiene hombres que la representan, y esos hombres son (.) Moreno, Sarmiento, Yrigoyen. La otra corriente, la que tiene entroncamiento colonial, es la que tiene un héroe en Alzaga, a quien buscan reivindicar algunos peronistas e hispanistas, lo que ningún argentino puede aceptar (...) Esa corriente colonial, por consiguiente antiargentina, tiene otra expresión en Rosas; y en la actualidad el peronismo representa la misma corriente (...) Es la regresión a la colonia. Por eso el maridaje con Franco, por eso esta fiesta de la reconquista (...) por eso ha venido el movimiento de revisión de la historia argentina, que trata de dar vuelta a nuestros héroes para permitir la entrada de las ideas totalitarias. (Cámara de Diputados 1948: 2698)

Sin embargo no todos los legisladores radicales aceptaban la identificación de su tradición política con la liberal. Así el intransigente cordobés Antonio Sobral subrayó que la defensa de la autonomía de la personalidad humana, elemento que algunos legisladores peronistas impugnaban como fundamento del sistema liberal, no era un rasgo privativo del liberalismo sino una herencia cristiana que impregnaba a toda la civilización moderna. Era tal concepción la que se plasmaba en la "Profesión de fe doctrinaria", un texto alejado de la perspectiva pluralista que otros legisladores radicales buscan subrayar, y al que Sobral citaba largamente sosteniendo que la UCR no era "un simple partido" sino "el mandato patriótico de nuestra nativa solidaridad nacional". (Cámara de Diputados 1948: 2688). Lo que proponía el cordobés era, en todo caso, una distinción entre lo rescatable y lo negativo de la tradición liberal. Lo que valoraba no era "la organización social a base de un máximo de libertad individual" sino aquello que excedía al liberalismo moderno y sus fallas "la defensa de aquel mínimo de libertad, que es proyección de la dignidad ética del individuo y de la autonomía del espíritu." (Cámara de Diputados 1948: 2890)

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma en la madrugada del 14 de agosto. El número de votos obtenido -noventa y seis contra treinta y cuatro-, superaba los dos tercios de los presentes pero no los del total de miembros de la Cámara, lo que suscitaría la eterna discusión posterior. El Senado, cámara en la que no había representantes de la oposición, aprobó el proyecto el 27. En los días que siguieron Perón promulgó la ley 13 233, que declaraba la necesidad de la reforma. Cuando, a fines de septiembre, el Ejecutivo convocó a elecciones de constituyentes para el 5 de diciembre, la campaña electoral ya había comenzado.

Desde la tribuna: La campaña electoral

El 3 de septiembre Perón dio comienzo a la campaña electoral del peronismo con un discurso radiofónico. En él apeló a un argumento historicista explicando que aunque la Constitución del 53 había sido buena para la Argentina "cuando era una pequeño pueblo de pastores" ya no servía para "una Nación de dieciséis millones de habitantes, llegando ya a los mayores adelantos de la industria moderna" (Perón 1998a: 374). El Presidente recordó que la revolución peronista había iniciado una nueva etapa con cambios en lo político, en lo social y lo económico, cambios que debían ser desarrollados "en los fundamentos básicos de la Nación misma" de modo de darles carácter permanente. Explicó que quienes se oponían a la reforma constitucional eran los "politiqueros de siempre" que vencidos en la lucha que buscaban bloquear la consolidación de las conquistas populares. Se trataría, concluyó Perón, de sectores que "desahuciados por las masas laboriosas" no tienen posibilidad de avanzar por lo que buscan no retroceder y "una Constitución anticuada que se le presenta como un baluarte donde quemar los últimos cartuchos de su engaño". (Perón 1998a: 378)

Argumentos similares, pero planteados en un tono más incendiario, serían los que el Presidente vertería, cuatro días más tarde, en un acto en la ciudad de Santa Fe. Señaló que ante la búsqueda de incorporar a la Constitución las prescripciones sociales se levantaban "los viejos vendepatrias" caducos en su influencia pero no en su maldad. Pero a la denuncia siguió lo que parecía un llamado a la acción, y luego de recordar que una vez había encargado que cada descamisado comprara tres metros de cuerda, advirtió "no me va a temblar la voz el día que ordene que los cuelguen a todos". (Perón 1998a: 401) Luego de recordar que había ofrecido paz y colaboración a los opositores, el Presidente recobró el tono amenazante: "si quieren guerra, van a tener guerra. Y, por sobre todas las cosas, sepan que, si se deciden por la guerra, de esa guerra ellos o nosotros vamos a desaparecer." (Perón 1998a: 402)

Pero no todos los discursos del oficialismo tuvieron un tono incendiario. En la alocución que a mediados de septiembre pronunció el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Domingo Mercante en la Universidad de La Plata se combinaban la crítica de las consecuencias del individualismo liberal que habría guiado a los constituyentes del 53, con el rescate de algunos de sus prohombres. Mercante inició su intervención dando cuenta -con tono didáctico y en un planteo de vagas reminiscencias schmittianas-, de los fundamentos de la doctrina liberal:

La constitución de 1853, al igual que el Liberalismo del siglo XIX, tiende a paralizar el Estado en un mínimo de acción, a neutralizarlo lo más posible frente a la Sociedad y a sus luchas de intereses, para que los sectores económicos del capital y del trabajo se desenvuelvan libremente dentro de sus esferas, pues, en virtud de una legalidad inmanente, de un determinismo natural, lograrán por sí solos crear el equilibrio. (Servicio de Informaciones 1950:110)

El gobernador afirmó que la aplicación de principios liberales había tenido consecuencias históricas muy negativas: las empresas no habría competido del modo en que postulaba la teoría liberal sino que habrían constituido monopolios que controlaban la producción; la sociedad se habría ido haciendo cada vez más desigual; los trabajadores se habrían visto sometidos a la explotación extrema y a la amenaza de desocupación; el Estado había devenido prisionero de las empresas capitalistas. La supresión de esos males, subrayaba Mercante, se hallaba en la propuesta de Perón quien, habiendo percibido la crisis de los principios burgueses nacidos de la Revolución Francesa había sentado las "Nuevas Bases" argentinas, superadoras de las "Bases" de Alberdi.

Sin embargo, más allá de las críticas, Mercante planteaba una recuperación parcial del liberalismo del que valoraba el reconocimiento de la libertad personal, principio al que considera parte "del acervo de la civilización cristiana" (Servicio de Informaciones 1950:111) Mercante tampoco parecía adoptar la perspectiva histórica revisionista sostenida por algunos de sus correligionarios. Así lo deja ver cuando afirma que las nuevas realidades jurídicas y los nuevos derechos consagrados por la reforma constitucional serían consecuencia de "esa nueva batalla de Caseros de la historia argentina, contra la tiranía de los intereses particulares, que es el 17 de octubre de 1945". (Servicio de Informaciones 1950:113)

El tono final de la campaña oficialista, relativamente pacífico, lo marcó el propio Perón en un discurso radial pronunciado el 3 de diciembre. En él planteó una lectura social de la disputa de la hora, así como de los proyectos constitucionales sostenidos por oficialistas y opositores. Durante cien años, explicó, el país había sido regido por una clase gobernante y una constitución; la clase gobernante había sido substituida, era hora de cambiar la Carta Magna. Con tono contemporizador explicó que los peronistas no abominaban de la Constitución vigente sino que consideraban que era necesario adaptarla a los tiempos modernos, al gobierno del pueblo y a las nuevas concepciones de libertad económica y justicia social. Dirigiéndose a los opositores, a quienes "puedan estar ofuscados por la pasión o perturbados por el odio", los llamó a la realidad en tanto "elementos formativos de ese pueblo que todos componemos" y les recordó que todos tenían la obligación de respetar las obligaciones del conjunto. Los que rechazaban la reforma de la constitución, subrayó, tenían la oportunidad de votar por los constituyentes que sostenían tal postura, a la vez que advirtió que luego deberían todos deberían aceptar el veredicto de las urnas. Los calificativos más duros no se dirigieron, entonces, a quienes impulsaban el voto contrario a la reforma sino hacia aquellos que, impugnando la convocatoria misma, sostenían posturas abstencionistas. En tono terminante, concluyó: "cuando se deciden los derechos del pueblo, hay un solo delito infamante para el ciudadano, no estar en uno de los bandos en lucha o entre los dos". (Perón, 1998a: 532)

Las palabras de Perón no hacían más que registrar los debates en que la convocatoria a elecciones de Constituyentes había sumido a las fuerzas de la oposición. Las primeras respuestas a los planteos peronistas no vendrían del radicalismo- paralizado por la disputa entre quienes se mostraban partidarios de la abstención y quienes consideraban que era necesario concurrir a las urnas para desde allí sostener las propias propuestas e impugnar las oficialistas-, sino de un Partido Socialista mayoritariamente encolumnado tras una posición abstencionista.12

El 27 de agosto, y al mismo tiempo que se votaba en el Senado, el PS llevó adelante un acto en la Casa del Pueblo, conmemorando el primer aniversario de la clausura de los talleres de La Vanguardia. El principal orador fue Américo Ghioldi, último director del periódico, quien argumentó que esa clausura, junto a las que habían sufrido otros periódicos opositores, había dejado al cincuenta por ciento del país sin un órgano en el que expresar su pensamiento. Haciendo referencia al debate constitucional, el líder socialista sostuvo que la persecución a la prensa no nacía de un mero capricho presidencial sino que -lo mismo que la persecución a los parlamentarios o la regulación de los gremios-, constituía un momento de una guerra que buscaba destruir instituciones democráticas para, a través de la reforma de la Carta Magna, completar la estructuración del "neo fascismo argentino". (La Vanguardia, 31-8-1948)

El 31 de agosto La Vanguardia publicó un número extraordinario dedicado a la reforma de la constitución. En él se señalaba que no se trataba de un proyecto aislado sino de un paso en un largo proceso, iniciado el 4 de junio, orientado a un fin: "la substitución de la república democrática por la 'república fascista' que predicó Mussolini antes de morir y que dejó como herencia a fascistas alpinos y andinos que quisieran recogerla." Ante el augurio de que la nueva constitución establecería "todas las disposiciones para consolidar el autoritarismo militarista y el neo-fascismo peroniano", el periódico llamaba a la resistencia, pero no en nombre del socialismo sino de un liberalismo que, teniendo como contrafigura al rosismo, y que constituiría la verdadera tradición argentina. Así concluía:

.la reforma será eminentemente regresiva y se caracterizará por su antiliberalismo, centralismo, militarismo, clericalismo y neo-fascismo...En pocos años hemos perdido las instituciones libres. Rosas vuelve. Cubiertos de sudario las instituciones de la libertad, constituirán sin embargo un lugar de encuentro para los buenos argentinos amantes de su historia y leales a su destino. (La Vanguardia, 31-8-1948).

Cuatro días más tarde, en un nuevo mitin frente a la Casa del Pueblo, Nicolás Repetto denunció la gravedad de un intento reformador que, advertía, no se detenía ante las voces en contrario ni ante los procedimientos institucionales. El líder socialista no dudaba que la voluntad oficialista de reforma lograría imponerse y auguraba que la obra revolucionaria del peronismo sólo podrá ser deshecha por una nueva revolución. Tal había sido el modo -señalaba dejando ver una lista de antecedentes históricos que, como tantas otras veces combinaba la crítica al caudillismo latinoamericano y el fascismo europeo- en que habían concluido las experiencias de Rosas, Porfirio Díaz, Ibáñez, Vargas, Mussolini y Hitler. La apuesta conspirativa se hacía explícita en el llamado final: "Desde hoy deben iniciarse en todo el país los trabajos necesarios para derribar al régimen que se instaurará mañana. Si una revolución impone una constitución reaccionaria, otra la deroga para substituirla por una mejor". (El Socialista, 14-9-4198)

A comienzos de octubre -y desoyendo los planteos de quienes, apelando a la tradición concurrencista del PS, proponían participar de las elecciones para impulsar una "reforma socialista de la Constitución"13- el Consejo Nacional del PS decidió no presentar candidatos a las elecciones que el 5 de diciembre eligirían a los convencionales constituyentes, llamando en cambio a votar en blanco o con el lema "contra la reforma fascista de la constitución" (El Socialista, 12-10-1948). La Declaración con la que el Consejo justificaba tal determinación, se abría con una síntesis de los obstáculos que enfrentaba la acción de los opositores; en la que se unían tradicionales planteos liberales, como la denuncia de la ausencia de libertad de prensa, de la violencia contra los opositores, y del uso partidario de los recursos públicos, con los argumentos con los que la psicología social había abordado a los fascismos europeos. Así se denunciaba que "la apelación reiterada y sistemática a la movilización de las masas" y "la utilización de los métodos de la psicología de guerra tendiente a organizar la masificación indiferenciada y fanatizada del pueblo" colocaban a los trabajadores en la imposibilidad de actuar autónomamente. Las elecciones, se denunciaba, eran una "trampa", lo que era agravado por la negativa oficialista a definir los puntos que serían reformados. El resultado, se auguraba, sería la instauración de un "orden jurídico fascista" en el que no habría una verdadera constitución. El planteo era explicado en clave francamente liberal: si el fin del constitucionalismo histórico era poner límites al poder absoluto, el fin de "las pretendidas 'constituciones' fascistas (era) la organización de la desigualdad, el despotismo y la entrega del poder absoluto a una sola persona". (El Socialista, 26-10-1948)

Eran esas circunstancias, se argumentaba, las que habían llevado a que un partido que siempre había concurrido al comicio, se abstuviera de presentar candidatos. Como podemos ver los miembros del Consejo Nacional tomaban en cuenta el argumento esgrimido por quienes proclamaban la necesidad de participar en los comicios -el histórico rechazo socialista a las prácticas abstencionistas- y lo tomaba para sí, subrayando que las circunstancias en que se realizaba la convocatoria eran tales y la amenaza tan grave, que el Partido Socialista se veía forzado a adoptar una decisión sin precedentes, llamando al voto en blanco o impugnado. Se subrayaba, asimismo, que la posición adoptada no implicaba la renuncia a la lucha, e instaba a los afiliados y a las fuerzas opositoras en general en redoblar esfuerzos en el combate a la amenaza fascista que se vislumbraba por detrás de la "pirotecnia oficialista". Dejando ver la continuidad de la concepción pedagógica de la política (Martínez Mazzola 2011), a la vez que una difícil amalgama de identificaciones, el documento concluía:

"Leales con la clase trabajadora, con el socialismo, y con la Argentina histórica de Mayo, el Partido Socialista al adoptar su actitud declara que inicia la crítica a fondo de la regresión fascista, convencido de que "los errores nacidos en la mente, deben ser corregidos en la mente del pueblo..." (ES, 26-101948)

Las posiciones sostenidas por el PS merecieron duras réplicas por parte de la prensa peronista. El 7 de septiembre el diario El Laborista, publicado por sectores cercanos a Mercante, explicaba que los argumentos socialistas nacían "del resentimiento y de la sensación de definitiva derrota". El diario peronista denunciaba el recorrido histórico del PS: un curso que se abría con "una fundación con miras antipatrióticas y sin sensibilidad argentina" y que, pasando por alianza con el conservadurismo y la oposición a la nacionalización del petróleo, se cerraba con la negativa a la necesidad de reformar la Constitución. Con esa negativa, se subrayaba, los socialistas de la Casa del Pueblo -término con el que se pretendía subrayar que no se trataba de todos los socialistas, ni de los más verdaderos - "niegan, simultáneamente, que las conquistas sociales logradas por el trabajo deban ser amparadas y legalizadas por la más democrática de las vías: la constitucional" (El Laborista, 7-9-1948)

Al avanzar la campaña electoral las críticas de la prensa peronista se harían aún más duras. El 10 de noviembre el periódico El Líder- editado por colaboradores del Ministro del Interior Angel Borlenghi, él mismo un viejo militante socialista-, enjuiciaba no sólo al PS argentino sino al entero movimiento socialista internacional. El Líder denunciaba que la prédica abstencionista de los socialistas, fundada en la necesidad de luchar contra el "absolutismo fascista" era un "embuste crapuloso y miserable". Y ello, sostenía invirtiendo las acusaciones que los socialistas y otros opositores hacían al gobierno, porque eran los socialistas quienes "facilitaron el acceso al poder de los fascistas en Italia, nazistas en Alemania, comunistas en Rusia y nacionalistas en Alemania". Luego de pasar revista a lo sucedido en los casos citados, el diario peronista, retomando argumentos de la tradición sindicalista, explicaba que los socialistas nunca habían sido capaces de movilizar a las masas trabajadoras y que, en cambio, habían obrado como freno para la contención del movimiento obrero. El Líder concluía subrayando que no era necesario ir a Europa para observar tales traiciones sino que la propia historia del PS argentino mostraba que no estaba con los trabajadores sino con la oligarquía y el imperialismo capitalista, justamente los sectores "que impulsan, alimentan y sostienen al fascismo, al nazismo, al dollfussismo y a todos los agrupamientos de enemigos del pueblo. (El Líder, 10-11-1948)

Pero los socialistas no eran los únicos blancos de la prensa peronista. Justo a un lado del artículo que denunciaba la connivencia entre socialismo y fascismo, El Líder publicaba otro que juzgaba duramente al dirigente radical Ricardo Rojas. A las palabras del viejo escritor, que sostenían que la UCR nunca había prohijado una reforma total de la constitución ni había sido una fuerza revolucionaria, se contraponían las propuestas del radical salteño Joaquín Castellanos, en particular su proyecto de expropiación de tierras, del que se subrayaba nada tenía de común "con el pensamiento liberal de la Constitución de 1853 ni con su filosofía." El diario peronista sostenía que las palabras de Rojas representaban un triste responso para el radicalismo, una fuerza a la que enterraba "restándole las pocas virtudes que lo adornaban y anexándole renunciamientos, cobardías y estulticias abominables". (El Líder, 10-11-48: p. 4)

Las críticas a Rojas se relacionaban con el papel que el viejo dirigente, Presidente de la Convención Nacional, había tenido en la asamblea partidaria que en el mes de octubre había decidido el curso que la UCR seguiría ante la reforma constitucional. El debate había sido duro y las posiciones encontradas: los sectores unionistas sostenían que el radicalismo debía abstenerse para no legalizar con su concurrencia un proceso de reforma al que consideraba ilegal, los intransigentes planteaban la necesidad de participar de los comicios para defender las propias propuestas y denunciar desde la tribuna la política oficialista. Finalmente, y a partir de la mediación de Rojas, se adoptó una postura intermedia: la UCR presentaría candidatos a las elecciones de convencionales constituyentes, como proponían los intransigentes, pero se prohibía que los convencionales electos apoyaran reformas a la Constitución.

La posición adoptada no dejaba de plantear paradojas. Ellas se dejaban ver en el comunicado que la conducción de la UCR de Tucumán emitió a mediados de noviembre. El documento denunciaba que el oficialismo había absorbido todos los medios de propaganda, prensa, radios, etc. y los usaba para pedir reconocimiento popular y explicaba que, si en tales condiciones la UCR concurría a los comicios no era "para disputar mayorías, sino para reencontrar el destino del partido con los sufragios que le acompañen, que contendrán, sin lugar a duda, el espíritu rebelde de los hombres libres de la república" (La Nación, 14-11-1948)

Dos días más tarde la UCR iniciaba su campaña electoral con un acto en la Casa Radical de Buenos Aires. Entre los principales oradores se hallaba Arturo Frondizi, quien afirmó que en la Argentina la disputa no se daba, como en otros países, entre gobierno y oposición, sino que enfrentaba dos campos diametralmente opuestos, cabalmente irreconciliables. Para definir los elementos constitutivos del propio campo, el líder de la intransigencia porteña planteó una clara reivindicación de la Constitución de 1853 a la vez que explicó que los principios del liberalismo constituían valores inseparables del ideario y la emoción radicales. Agregó, dejando ver lo profundo de la diferencia que lo separaba del campo adversario, que si el radicalismo había hecho propuestas de reforma constitucional, había sido con sentido progresista "y no para modificar substancialmente el estilo de vida de los argentinos". El discurso concluyó con una declaración que hacía visible la difícil posición adoptada:

La UCR va a esos comicios no para hacer un cotejo numérico con el adversario sino para demostrarle a la República que permanece en pie, dispuesta a todos los sacrificios y con auténtica capacidad revolucionaria, inmune a sobornos, superior a todos los castigos, una gran fuerza moral que inspira su acción en las esenciales tradiciones argentinas. (La Nación, 16-11-48)

A continuación hizo uso de la palabra Emilio Ravignani, dirigente del unionismo porteño quien, dejando traslucir la reciente disputa en la Convención radical, recordó que el punto de coincidencia entre los radicales era que no habría reforma de la Constitución. Subrayó que si la UCR iba a la Convención Constituyente era sólo para oponerse, que ningún contrato la ataba al debate por tratarse de "una discusión nula desde su origen por la forma en que fue votada la ley y por lo que la reforma destruye de los pactos nacionales". (La Nación, 16-11-48)

El acto se cerró con las palabras de Ricardo Balbín quien, adoptando argumentos similares a los de Frondizi, afirmó que la UCR no se enfrentaba a un partido adversario sino a un Estado convertido en instrumento político. En base a tales consideraciones se preguntó por los fines que guiaban al gobierno a plantear una consulta electoral como la del 5 de diciembre. Respondió argumentando que al oficialismo no le bastaba con silenciar a la oposición sino que debía llevar adelante una campaña de publicidad constante. Por ello, explicó, el radicalismo no debía interesarse especialmente por un proceso de reforma constitucional viciado de nulidad sino que, antes bien, debía preocuparse por el proceso más amplio de reforma de todo lo argentino. Sus palabras finales -llamando a la construcción de una "oposición moral "que resistiera resistir las presiones y prebendas, y subrayando que, en la hora, viejas palabras como libertad y democracia cobraban "un nuevo sentido de lucha"- parecían apuntar más allá de las filas radicales para dirigirse a un espacio antiperonista más amplio. (La Nación, 16-11-48)

Sin embargo, por el momento la postura oficial de la UCR no parecía contar siquiera con el aval de toda la dirigencia radical. Así lo dejaba ver la decisión de las autoridades salteñas, jujeñas y riojanas, sosteniendo la abstención (La Nación, 17-11-1948).14 Incluso en la Provincia de Buenos Aires, bastión de los intransigentes, comenzaron a nuclearse los grupos que sostenían la necesidad de la abstención. (La Nación, 2311-1948) A la prédica de los abstencionistas el Comité Nacional de la UCR respondió con un comunicado en el que instaba a los "correligionarios" a votar. El documento reconocía que la reforma se encaraba en momentos en los que no existían las condiciones necesarias para la "libre colaboración ciudadana", pero repetía que si a pesar de ello la UCR había optado por la concurrencia era porque en sus filas prevalecía "la convicción de que la única forma eficaz de oponerse a los designios oficialistas es la elección de constituyentes que voten negativamente los arbitrarios proyectos de reforma, entre los que se destaca el que tiende a facilitar la reelección del primer magistrado". Dirigiéndose a quienes mantenían el apoyo a la tesis abstencionista, el texto les recordaba la inoportunidad de abrir el debate en vísperas electorales. Ante lo que percibía como una amenaza "a la concordia entre los radicales", y atendiendo a los temores de los opositores internos que denunciaban el riesgo de quedar asociados a los planes oficialistas,15 el documento se cerraba declarando: "Frente a los comicios del 5 de diciembre, la UCR no quedará sumida en la inacción, sino que actuará con el propósito ya expresado en el prólogo de su carta orgánica de "desechar como anacrónica y regresiva e incompatible con la civilización actual, toda tentativa que tienda a conculcar las libertades públicas, a restaurar los gobiernos electores, o a crear entre los argentinos privilegios, exclusiones o proscripciones, por razón de sus convicciones políticas." (La Nación, 29-11-1948)

En los comicios del 5 de septiembre, y como esperaban incluso los opositores, el peronismo consiguió un triunfo rotundo obteniendo1.590.334 votos frente a 834.436 de la UCR y 85.535 del PC. Los votos en blanco, opción impulsada por el PS y otras fuerzas opositoras, solo fueron 180.000. El peronismo alcanzaba110 convencionales frente a 48 del radicalismo, asegurándose mayoría absoluta en la Convención Constituyente

En la Convención Constituyente

La Convención Constituyente inició sus sesiones el 24 de enero. Ya desde la sesión preparatoria los radicales intentaron plantear su impugnación total. El encargado de llevarla adelante fue el convencional Moisés Lebensohn, quien sostuvo que, antes de avanzar en cuestiones reglamentarias, el cuerpo debía debatir su propia legitimidad. Los argumentos del bonaerense no se centraban, como los de otros radicales, en el trámite legal de la convocatoria sino que, más profundamente, denunciaban que en una situación política caracterizada por el control oficial de las radios y el cierre de los medios de prensa opositores toda deliberación era imposible. El líder intransigente explicaba que la UCR impugnaba a la asamblea porque en el país no existía el clima indispensable para el debate de ideas, ya no existía República sino solamente "una ficción que encubre la amarga realidad de un Estado de nuevas formas totalitarias". (Convención Nacional Constituyente 1949: 18) La centralidad del tópico antitotalitario, que diferenciaba a Lebensohn concluía -lo mismo que en el caso de los socialistas con quienes el intransigente había compartido la militancia antifascista- en una exaltación de la tradición de Mayo y Caseros. Así, al debatirse si las sesiones podían ser presididas por una fotografía de Perón16, el hombre de Junín declaraba:

Tenemos dos tradiciones los argentinos. La tradición que nace en Mayo, la tradición del decreto de honores, la de Mariano Moreno, que funda la austeridad republicana argentina, en cuyo origen entronca la filiación histórica del radicalismo. Tenemos otra tradición: aquella que la sombra infausta de la tiranía colocó al pie de los altares sagrados de la efigie del tirano. (Convención Nacional Constituyente 1949: 60)

Los combates simbólicos continuaron cuando los convencionales radicales subrayaron la necesidad de realizar un homenaje tanto a los constituyentes de 1853 como a Justo José de Urquiza. Al fundar la propuesta, Alfredo Calcagno dejaba ver que el planteo no era hagiográfico: en los convencionales del 53, argumentaba, se celebraba "la transformación de la arbitrariedad en gobierno responsable, del abuso en garantías individuales, del despotismo en libertad, de la barbarie en civilización y cultura". Las alusiones al presente también eran claras en la celebración de Urquiza "por su prescindencia absoluta en los debates". Por otra parte las palabras de Calcagno también buscaban acentuar la vinculación entre la situación presente y la que había hecho nacer a la UCR. Así señalaba que había sido en momentos en que la Constitución era violada por los gobernantes y beneficiarios del poder, que se había alzado el radicalismo "con la fuerza incontrastable de su fe cívica, en defensa de la democracia, de los fueros de la ciudadanía, de los derechos y garantías que consagra la constitución" (Convención Nacional Constituyente 1949: 65). El convencional bonaerense, aludiendo a los comentarios de los legisladores peronistas acerca de las proyectos radicales de reforma constitucional, explicó que si la UCR había propuesto la modificación de la Constitución, había sido para ponerla a tono con los tiempos nuevos y los cambios sociales, políticos y económicos del mundo, pero que nunca había planteado que debía quitarse del texto constitucional "cualquiera de las limitaciones y restricciones del poder", restricciones que, recordaba, los constituyentes habían incorporado a la Carta Magna con el fin de "trabar en toda forma la instauración del despotismo". (Convención Nacional Constituyente 1949: 66)

Esa interpretación liberal de la Constitución como un freno al poder, reiterada una y otra vez por los legisladores radicales,17 sería blanco de la crítica de varios convencionales peronistas que más bien pensarían como "organización del poder". Quien sostuvo con más claridad tales argumentos fue el Presidente de la Comisión que había formulado el anteproyecto de reforma constitucional, Arturo Sampay quien, en implícita polémica con la concepción restrictiba sostenida por los convencionales radicales, definió a la Constitución como una estructura de leyes fundamentales que cimenta la organización política del Estado, fijando sus fines y enunciando sus medios para conseguirlos, y que establece, además, la manera de distribuir el poder político y elegir a los hombres que lo ejercen. Dicho en otras palabras, es el orden creado para perseguir el fin perseguido por una comunidad política, y la que instituye y demarca la órbita de las diversas magistraturas gubernativas (Convención Nacional Constituyente 1949: 269)

La definición fundaba la distinción entre dos aspectos de la Constitución: el orgánico, que montaba el aparato gubernativo, y el dogmático, que establecía los objetivos que aquel aparato debía alcanzar. Sampay destacaba que los principales aciertos del texto de 1853, y los que explicaban su pervivencia, se encontraban en la dimensión orgánica -y principalmente en la erección de un Poder Ejecutivo fuerte18- en tanto los aspectos que se debía reformar se situaban fundamentalmente la parte dogmática. Para dar cuenta de los principios que informarían la nueva constitución, el jurista declaraba, citando a Perón, la nueva concepción política que sostenían los reformistas: "el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado" (Convención Nacional Constituyente 1949: 273). Tal perspectiva, explicó, se apoyaba el postulado que afirmaba que el hombre tenía un fin último que cumplir y no adscribía su vida al Estado, al que solo asignaba el bien temporal de resguardar las condiciones para esa finalidad superior. En un intento de subrayar una perspectiva cristiana que desmintiera las acusaciones al peronismo, Sampay explicaba que el totalitarismo era la contrafigura de la concepción política propuesta ya que degradaba al hombre a la situación de ser "el instrumento del Estado divinizado", un Estado que no perseguía como fin la dignidad de la persona sino "afianzar una raza considerada biológicamente superior, o la dictadura de un estamento económico, o de la clase política violenta que busca la guerra para la gloire de l'Etat" (Convención Nacional Constituyente 1949: 273)

Sentada la diferencia con los planteos totalitarios, Sampay dirigía su crítica al laissezfaire. Toda interacción humana, explicaba, era política, pasible de regulación estatal, agregando que el grado de intervención estatal dependía de contingencias históricas ya que esa intervención tendía a compensar "la inferioridad contractual, la situación de sometimiento en que se halla el sector de los pobres dentro del sistema del capitalismo moderno, falto de moral o caridad" (Convención Nacional Constituyente 1949: 274) Haciendo visible la matriz conservadora, y aun reaccionaria, en que se fundaba su perspectiva, el entrerriano explicaba que el planteo se apoyaba en una regla descubierta por De Bo-nald: si la intervención crecía con la amoralidad de los hombres, "la intrínseca inmoralidad del capitalismo moderno" y el ethos que había impuesto a la vida eran los factores que explicaban la necesidad de funcionamiento de la función reguladora del Estado. Era en contraposición a ese capitalismo moderno, y a la concepción liberal que lo fundamentaba, que Sampay definía el sentido de la revolución peronista:

Si se sume al hombre en la miseria, le resulta muy difícil la virtud, y si no cuenta con una economía estable que le de seguridad para el mañana y confianza para el porvenir (...) pierde todo estimulo para la vida pública y está obligado a someterse a la voluntad de quien es económicamente más fuerte (.)Este sesgo, cumplido en nuestro país por la revolución nacional, y que la reforma se propone constitucionalizar, es lo que el general Perón llama conversión de la democracia política en democracia social(.) (Convención Nacional Constituyente 1949: 274)

A continuación Sampay reconstruía lo que esa concepción de la democracia social implicaba en términos de derechos de los trabajadores, de la familia, de los ancianos. Definía también lo que en ella se entendía por justicia social y que función se daba a la propiedad privada y a los servicios públicos. Pasando luego a los principios políticos que informaban la parte dogmática de la constitución, subrayaba que la propuesta de reforma incorporaba la prohibición de establecer distinciones en base a criterios raciales. Buscando responder a las acusaciones opositoras, Sampay declaraba a la universalidad del género humano como un valor cristiano, lo que lo llevaba a concluir que la negación de los mismos hacía de la negación de esa universalidad hacía del nacionalsocialismo alemán el más tremendo ataque contra el cristianismo y la peor de las herejías. La democracia, concluía, era una criatura cristiana y no podía haber democracia si se aceptaban las diferencias raciales. (Convención Nacional Constituyente 1949: 283)

Pero, nuevamente, a la crítica del nazismo seguía la de la neutralidad estatal, piedra basal de la tradición liberal. Luego de afirmar que toda democracia supone un "un acuerdo profundo de los espíritus y las voluntades sobre la base de una vida común", explicaba que "el yerro esencial del liberalismo burgués" había sido el concebir a la sociedad democrática como un campo abierto a todas las concepciones básicas de la vida común, aún a las que podían ser destructoras de la libertad y del derecho. Con apenas veladas referencias schmittianas, 19 Sampay remitía el problema político a un fundamento metafísico y aun teológico: el agnosticismo burgués había hecho de la democracia

una sociedad sin ideas sobre sí misma y sin fe en sí misma, desarmada en el orden intelectual como en el orden político frente a quienes usan de la libertad para destruir la libertad o para seducir a las masas y suscitar en ellas el impulso de querer libertarse de la libertad (Convención Nacional Consti-tuyente1949: 284)

La reforma constitucional, celebraba, desterraba tales usos "torcidos" de la libertad y repudiaba de la vida política los dos tipos de totalitarismo: el que glorificaba un Estado o una raza, y el que se basaba en "el mito de una clase social deificada" que encubre un "tremendo imperialismo nacionalista" que penetra el orden nacional de otros países "mediante los partidos comunistas que se extienden como abanico sobre el mundo desde el comando único del Cominform" (Convención Nacional Constituyente 1949: 284).

Sampay argumentó que los cambios propuestos en el nivel dogmático de la Constitución hacían necesarias ciertas transformaciones en su estructura orgánica, en particular "el vigorizamiento de los dispositivos de defensa del orden público democrático" (Convención Nacional Constituyente 1949: 288). Y el jurista daba cuenta de ellos a través de una reconstrucción histórica que, nuevamente, debía mucho a los planteos schmittianos. Los mecanismos de defensa del orden público, explicaba, no podían ser los mismos que se había dado la Constitución del 53, "hecha para actuar en el lago apacible del panorama mundial de mediados del siglo XIX, cuando estaba en pleno auge el optimismo ochocentista y cuando se tenía conciencia histórica de vivir en un mundo de absoluta seguridad" (Convención Nacional Constituyente 1949: 288) La barca estatal, argumentaba, ya no se deslizaba sobre aguas mansas sino que debía enfrentar la tremenda tempestad nacida de la lucha entre dos o tres potencias que dividían el mundo en zonas de influencia a las que intentaban de ampliar por medios que minaban el frente interno de sus víctimas. Pero el argumento de Sampay pasaba de las relaciones internacionales al conflicto ideológico y, adoptando los tópicos del anticomunismo, advertía sobre la amenaza del "más tremendo de los totalitarismos" que, disfrazado a través de partidos nacionales, actuaba para convulsionar a la clase obrera y "estragar los cuadros de las fuerzas armadas" (Convención Nacional Constituyente 1949: 289) Era por tales estragos, argumentaba, que se reformaba el artículo 18° de la Constitución sometiendo a la justicia militar los delitos por intentos subversivos en el ejército. Al mismo objetivo pacificador, explicaba, apuntaba otra de las innovaciones cuestionadas por los opositores, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo decretara el "Estado de Alarma".

Sampay concluyó su intervención relacionando las señaladas circunstancias críticas y amenazantes con la espinosa cuestión de la reelección presidencial. Aunque dio otras razones para modificar el artículo 77° -la fidelidad al principio democrático a la que repugnaban los límites a la potestad del pueblo elector, la madurez de la sociedad argentina que invalidaba las "razones sociológicas" por las que en otros países latinoamericanos se rechazaba la posibilidad de reelección, los incentivos positivos que la reelección creaba en la conducta presidencial- su principal argumento fue que "las circunstancias excepcionales" que vivía el país obligaban a la reforma. Sostuvo que la Argentina experimentaba "un profundo proceso revolucionario de superación del liberalismo burgués", un proceso que los sectores populares habían llevado adelante guiados por el liderazgo excepcional de Perón. Era el papel constitutivo del liderazgo presidencial, que a la vez precedía y daba consistencia a la revolución peronista, el que fundaba la necesidad de eliminar de la Constitución los obstáculos a la reelección de Perón. (Convención Nacional Constituyente 1949: 291-292).

Las argumentaciones de Sampay suscitaron la dura respuesta del convencional cordobés Antonio Sobral, quien afirmó que desde la fecha el jurista entrerriano sería considerado "el teórico del absolutismo" que venía a alterar la vida de la república. Frente a ello, y con un argumento tradicionalista, afirmó que el radicalismo no se apoyaba en "ideas foráneas" sino en el estilo de vida argentino amenazado por la reforma. El cordobés, autor él mismo de un proyecto de reforma constitucional, se propuso explicar esas reformas desde el espíritu de la vieja Constitución y de "la idea del hombre argentino". El radicalismo, subrayó, venía defendiendo a la Constitución y a ese hombre, desde hacía más de cincuenta años, lo que contrastó con los cinco años "de sensualización y negación" representada por el peronismo. Subrayó que, ante "el rompimiento del orden constitucional" planteado por el peronismo, el radicalismo no se proponía hacer un despacho en disidencia sino "formular la tremenda acusación ante la historia y, por lo tanto, ante el espíritu mismo de la Nación." (Convención Nacional Constituyente 1949: 294)

A continuación Sobral cuestionó la propuesta de modificación del artículo 15° de la Constitución -por el que se declaraba que dado que el Estado no reconocía "libertad para atentar contra la libertad" tampoco podía reconocer a las organizaciones que sustentaran principios contrarios a las libertades individuales reconocidas por la Constitución-afirmando que libraba a los ciudadanos a la voluntad de los funcionarios encargados de definir a qué prácticas se entendía como atentatorias contra la libertad. Luego de preguntar cuáles serían esas libertades individuales - si la de desenvolverse sin opinar contra las doctrinas peronistas, publicar un diario sin denunciar la inmoralidad administrativa, la de opinar sin atacar las facultades dictatoriales del Presidente- denunció que el nuevo orden jurídico representaba "un sistema defensivo de la dictadura instaurada" (Convención Nacional Constituyente 1949: 300). Y concluyó augurando, en contra de quienes afirmaban que sólo afectaría a los partidos antidemocráticos, que el sistema excluiría a la UCR y a todas las fuerzas políticas opositoras.

La última palabra radical fue de Moisés Lebensohn. El dirigente bonaerense comenzó su intervención señalando que concordaba con las palabras de Perón que afirmaban que el proyecto de reforma implicaba la consolidación de la revolución peronista, ante lo que se preguntó por el carácter de esa revolución. Distinguió así entre una revolución que buscaba una transformación económica y social que afianzara las libertades esenciales, una revolución anhelada por el pueblo y la que constituía la razón de ser del radicalismo; y una "revolución-mito", creada por la propaganda oficial y que buscaba mimetizarse con la querida por el pueblo. Señaló que también movimientos contemporáneos como el nazismo y el fascismo se amparaban bajo el nombre de revolución nacional y apelaban a una fraseología revolucionaria y declamaban "con una exuberante demagogia anticapitalista alternada con el réquiem del régimen liberal". Sin embargo, advertía, estos movimientos apoyados por los grandes monopolios no combatían al capitalismo lesivo de la economía popular sino contra el "liberalismo espiritual, contra las libertades civiles y políticas" (Convención Nacional Constituyente1949: 327). Lebensohn denunció la monopolización de los medios radiales, la propaganda política que se impartía en las escuelas, la subordinación de los sindicatos a la estructura del estado y preguntó:

"La repetición de frases estereotipadas en el cine, la radio, la prensa, la escuela, el cuartel, el sindicato dirigido, la reiteración de estados conmocionales provocados con artificiosa habilidad, permitió a las dictaduras europeas crear el clima de sugestión que hipnotizó a inmensas muchedumbres.¿Qué de extraño tiene, pues, el éxito de estas mismas técnicas en nuestras tierras...?" (Convención Nacional Constituyente 1949: 330)

El líder intransigente continuó haciendo críticas a la estructura de poder concentrada en el ejecutivo. Una estructura que, se felicitó, no podía consolidarse sin la continuidad del Presidente. El artículo 77° de la Constitución, sostuvo, constituía "la garantía suprema de las libertades populares y la última valla contra la arbitrariedad" ya que aunque un gobernante pudiera avasallar derechos, su poder tenía un límite cierto e infranqueable. Era ese límite, advertía, el que se buscaba remover con la reforma y por ello, señalaba, el radicalismo votaría en defensa del orden democrático y las libertades fundamentales y contra una reforma orientada a fortificar y perpetuar el absolutismo gobernante. Lebensohn pensaba a la reforma como la coronación de una estrategia de destrucción del pensamiento democrático. Una estrategia que, juzgaba, había alcanzado su resultado final: ya estaban dadas "las condiciones totalitarias" (Convención Nacional Constituyente1949: 335). Retomando la mirada en términos de manipulación, concluyó:

Frente a este régimen que intenta reducir a nuestro pueblo a la categoría de masas manejables y moldeables al redoble de las consignas de propaganda(...) afirmamos nuestra absoluta convicción en la lealtad del hombre del pueblo con el destino nacional (.) en el libre albedrío negado por los mecanismos de comprensión espiritual que caracterizan a la actual dictadura. Desvalidos de pode material, sin prensa, sin radio, sin aulas y sin armas, sin bancos ni gobiernos libramos esta batalla (...) con victoriosa confianza en la prevalencia final de los ideales que nutrieron la historia argentina, serenos y seguros, porque son nuestros la razón y el futuro. (Convención Nacional Constituyente 1949: 338)

La intervención de Lebensohn se cerraba dejando caer una bomba cuyos ecos resuenan hasta hoy: "La representación radical deja de seguir permaneciendo en este debate, que constituye una farsa." (Convención Nacional Constituyente1949: 339) A las palabras de Lebensohn siguió la partida de los convencionales radicales,20 quedando solo los peronistas en la Convención.

El cuerpo, sin embargo, contaba con quórum y siguió deliberando. El primer orador en hacer uso de la palabra luego de la salida radical, el santafesino Italo Argentino Luder, afirmó que la actitud de abandonar la asamblea representaba un claro síntoma de la decadencia de, "un sector político (que) ha extraviado su cauce histórico y desleído su destino; (.) ha apagado los fanales que lo unen a la tradición democrática y cívica del país y cegado las fuentes de su vitalidad espiritual y ética" (Convención Nacional Constituyente1949: 339). Sostuvo que al creer que con su oposición a la reforma defendían "la legalidad formal del estado de derecho" los radicales cometían un craso error ya que, explicó, oponer a las profundas transformaciones del proceso social la inmutabilidad del texto constitucional implicaba correr el riesgo de que la realidad sociológica arrasara el estatuto jurídico fundamental.

Al dar cuenta de tal realidad Luder retomó la crítica al liberalismo agregando al cuestionamiento al individualismo, repetidamente planteado por otros convencionales, la denuncia de los efectos de la concentración de la producción. En tanto los sujetos de derechos defendidos por la vieja constitución acababan absorbidos por las grandes corporaciones y dejaban de ser propietarios las garantías a la propiedad privada pasaban a redundar casi exclusivamente en las grandes empresas mono-pólicas e impersonales. En ese extremo, sostenía, la propiedad privada devenía un instrumento de opresión, "provocando por reacción el auge de las teorías colectivistas". La intervención de Luder enjuiciaba esos "dos rostros igualmente monstruosos" y les contraponía la síntesis superadora implicada en la tercera posición peronista:

"...para nosotros la libertad no es un cadáver putrefacto, según la expresión de Mussolini, ni es un prejuicio burgués, como quería Lenin; ni tampoco aceptamos como válido el aforismo de Lord Acton, para quien la pasión por la igualdad hace vana la esperanza de libertad. Para nosotros, libertad e igualdad no son principios antitéticos, sino complementarios (...) Trabajamos para mostrar al mundo como la justicia social, virtud de raíz cristiana, puede superar el trágico individualismo que conturba a Occidente: ni capitalismo deshumanizado que cohonesta, con la invocación a la libertad, la explotación al trabajador; ni totalitarismo, que al socaire de una pretendida nivelación económica, ahoga la libertad bajo un sombrío fanatismo materialista" (Convención Nacional Constituyente 1949: 344)

Finalmente, en la madrugada del 8 de marzo, la Convención Constituyente aprobó por unanimidad el despacho de mayoría presentado por la Comisión Revisora de la Constitución. En los días siguientes se pasó al debate artículo por artículo, pero el proyecto no sufrió modificaciones de importancia.

Epílogo

El 1° de mayo, en el discurso que dio inicio a las sesiones parlamentarias del año 1949, Perón buscó sintetizar el sentido de la reforma constitucional. Comenzó su intervención señalando que la vieja Carga Magna estaba "anticuada" y explicó que quienes afirmaban lo contrario sostenían ideas anticuadas o, directamente, servían a las clases acomodadas. En referencia a los primeros subrayó que la libertad individual no podía ser un derecho ilimitado, y en esta ocasión no lo fundó en la primacía del interés social, sino en las condiciones que tal libertad absoluta posibilitaba a la acción de quienes negaban "la esencia misma de la libertad". En referencia a las cláusulas constitucionales que vedaban la propaganda antidemocrática, y en una clave que recordaba al discurso católico, Perón -retomando implícitamente el argumento antimodernista y católico que responsabilizaba al liberalismo de los excesos del totalitarismo ya fuera comunista o fascista-, sostenía:

"Únicamente al amparo de un inconsciente liberalismo incontrolado se ha hecho posible la propaganda de regímenes de despotismo que han acabado con la implantación en naciones de tipo democrático, de sistemas de tiranía de izquierda o de derecha. A quienes tal posibilidad no les inquiete y no vean la precisión de precaverse contra ella, será porque en el fondo desean y añoran una dictadura capitalista o una dictadura proletaria, según la posición que ocupen dentro de la organización social." (Perón 1998b: 246)

Pero la intervención de Perón no se proponía solamente celebrar la reforma constitucional, sino también apaciguar las tensiones exacerbadas en el proceso de reforma. Por ello, su discurso se cerraba con un tono pacificador. El Presidente afirmaba que los opositores de la hora se hallaban "ofuscados por la pasión", pero decía confiar en que el tiempo aquietaría las pasiones y permitiría ver a la constitución reformada desde una nueva perspectiva" (Perón 1998b: 248)

Pocos signos había, sin embargo, que permitieran señalar que los opositores abrazarían esa nueva perspectiva sobre el texto constitucional. Pocos días después de su aprobación La Vanguardia publicó un duro editorial que señalaba que con la nueva Carta Magna, que representaba "el resultado querido y obligado de la revolución rosi-nacionalista", se había "consolidado el fascismo". A los tópicos, ya añejos, de la prédica antiperonista del socialismo se agregaba en esta ocasión una declaración que no dejaba de plantear un sombrío panorama futuro. Si la Constitución era, según habían confesado los propios oficialistas, "La Constitución de Perón y para Perón" ella duraría "lo que dure Perón". (La Vanguardia, 15-3-49)

Más doctrinaria pero similarmente combativa era la posición que sentaba el editorial que El Socialista publicaba en la víspera del 25 de Mayo. En él se planteaba una dura requisitoria del estatalismo de la nueva Constitución al que se contrastaba con la filosofía de la Carta de 1853 en la que la palabra Estado no figuraba "sino incidentalmente y nunca con la significación de la matriz única de la vida argentina" que le daba el nuevo texto. Los argentinos, se denunciaba, habían sido manipulados "en nombre de la falsa teoría del Estado ultrapotente que exige la anulación del hombre, la guerra implacable al individualismo y la supresión de los derechos de prensa, gremial, reunión, etc." El editorial señalaba que las invectivas contra los pretendidos efectos desintegradores del individualismo, eran seguidas de la erección de una doctrina que justificaba la persecución política, el unicato monolítico y el personalismo aberrante; cambio doctrinario que, a la vez, iba acompañado del endurecimiento de la represión contra el delito político al que todo "Estado monolítico" tenía por "el delito esencial, metafísico, el delito de los delitos". La nueva Constitución, se afirmaba, había erigido "un régimen de unicato totalitario" con un centralismo semejante al del "politburo" soviético. Retomando el viejo tópico de "las dos argentinas" y planteando una escisión absoluta en la comunidad política, el editorial concluía:

Esta realidad y esta Argentina oficial reclaman de los socialistas y demócratas que representan la Argentina invisible y eterna la fidelidad al pensamiento de Mayo que es el pensamiento de la revolución en permanencia operada en el hombre, por el hombre, para el hombre. El 25 de mayo es la fecha magna de la libertad histórica argentina. ¡Con Mayo trabajemos el pecho de los argentinos para la causa de la Libertad, de la Democracia y de la verdadera Justicia Social! (El Socialista, 24-5-1949) Reflexiones finales

La aprobación de la nueva constitución marcó un hito decisivo en el transcurso de los años peronistas. Para el oficialsimo, la reforma constitucional planteaba un punto de llegada, la consolidación de la institu-cionalidad prometida por la revolución peronista. Para la mayor parte de los opositores, ella representó un punto de no retorno para buena parte de los actores no-peronistas, que a partir de ese momento radicalizarían sus estrategias políticas. Y ello porque en las disputas por el sentido de la constitución, se acentuarían las perspectivas que asociaban al peronismo con el totalitarismo. A primera vista ello puede resultar sorprendente. La constitución aprobada en marzo incluía, como habían advertido los opositores, la reelección presidencial así como la figura del "estado de conmoción" y no incorporaba el derecho de huelga; sin embargo los derechos y garantías individuales no habían sido sustancialmente disminuidos ni se habían adoptado las propuestas cor-porativistas que muchos opositores, en particular los socialistas, había anunciado. Ello no impidió que la dirigencia antiperonista denunciara que el nuevo texto constitucional había implantado un régimen que llevaba la concentración de poder a niveles exorbitantes.

El proceso que había desembocado en la reforma constitucional representaba así, más que la escenificación de las oposiciones políticas subyacentes. Dejando de lado las posiciones más moderadas esbozadas en el período 1946-1948, los radicales colocarían el centro de su prédica en la defensa de las libertades civiles amenazadas por un gobierno peronista al que calificaban de autoritario y aun totalitario. Mientras tal prédica no era nueva en los sectores identificados con el unionismo, sí implicaba un cambio en los sectores intransigentes, que hasta el momento habían subrayado su vínculo con la verdadera tradición nacional-popular -el yrigoyenismo al que se contrastaba con el peronismo- e intentado superar al oficialismo en el terreno que éste proclamaba como propio: el de los derechos sociales, el nacionalismo y la planificación económica.

Aunque menos drásticamente, la predica socialista también sufriría una inflexión a partir de la reforma constitucional. Desde 1946 los socialistas habían combinado la interrogación acerca de los fundamentos económicos y sociales del peronismo con la denuncia como una regresión civilizatoria emparentada con el rosismo y el nazismo. A partir de 1948 las voces de quienes se preguntaban por la enigmática realidad que fundaba el peronismo, se harían menos audibles. Con la evaporación de toda interpretación social de los fenómenos- reemplazada por una mirada "cívica" que, cuando no reducía al peronismo a una regresión civilizatoria, lo abordaba en clave de aberración psicológica- el PS se sumiría en un culto casi absoluto a la tradición liberal a la que identificaba con la tradición nacional sin más.

El peronismo experimentaría una simétrica transformación. Luego del triunfo electoral de 1946 Perón había adoptado un discurso pacificador que lo colocaba por sobre las distintas tradiciones políticas argentinas.

Planteaba así un discurso superador que hacía posible recuperar temas o figuras de esas tradiciones, lo que, para el caso de la tradición liberal, se haría notorio con el rescate que se haría de varios de sus principales prohombres al nombrar los ferrocarriles en 1947. A partir de 1948 el discurso peronista acentuaría una distinción que, planteada durante los duros combates de 1945 y comienzos de 1946, había sido luego asor-dinada: la que diferenciaba, y aún oponía, liberalismo y democracia. Los dirigentes peronistas, y entre ellos el propio Perón, se presentaban como los "verdaderos demócratas" y desmentían que la negación del liberalismo implique totalitarismo. Por el contrario, argumentaban adoptando un discurso de matriz católica, eran los propios males del liberalismo los que han llevado a la respuesta, excesiva y extrema, del totalitarismo, en tanto el propio movimiento se definía como en una tercera posición, de síntesis, fundada en la primacía de la comunidad.21

El predominio del discurso liberal en las fuerzas antiperonistas ha sido frecuentemente señalado; pero menos ha sido subrayado que tal adhesión potenció, y a la vez fue potenciada por el marcado tono antiliberal que fue adoptando la prédica peronista. A diferencia de lo sucedido con la tradición democrática - disputada por los distintos espacios que intentaron apropiársela para hablar en su nombre y erigirse como los "verdaderos democráticos"- peronistas y antiperonistas aceptaron colocarse en diferentes veredas de la frontera que separaba a quienes reivindicaban la tradición liberal de quienes la impugnaban. El resultado fue la acentuación del antiliberalismo de los peronistas, así como la reactivación del discurso liberal que, desacreditado desde fines de los años 20, revivió en un espacio antiperonista en el que operó como un punto de articulación.

Notas

2. Para la conceptualización del an-tiperonismo por parte de Germani véase Azzolini (2010).

3. Llamativamente, el proceso de la reforma constitucional de 1949 ha sido escasamente estudiado por la historiografía y las ciencias sociales. Dejando de lado los abordajes generales acerca de los años peronistas, que realizan comentarios solo incidentales sobre el tema, los trabajos sobre la reforma constitucional han sido raros -pueden citarse los artículos de Ramella (2004) y Segovia (2004), planteados desde la historia del derecho, el artículo de Zanatta (1999b) que aborda la vinculación entre Estado e iglesia católica, el de D'Iorio (2007) que aborda los vínculos entre Perón y Carlos Astrada y los capítulos que Dotti (2000) le dedica a las intervenciones de Díaz de Vivar y Sampay- y centrados exclusivamente en el espacio político peronista. Creemos que estos rasgos se relacionan con que, abandonada ya la mirada meramente reactiva, subsiste aun otro prejuicio en la interpretación de las fuerzas no peronistas su carácter inmóvil. Ello ha permitido que las percepciones acerca del antiperonismo pasaran del año 46 al 55, de la participación en la "Unión Democrática" al apoyo a la Revolución Libertadora.

4. Sobre las contestaciones que, desde fines de los años 20 venía sufriendo el liberalismo argentino, véase Devoto (2002), Halperín Donghi (2003 y 2004), Quattrocchi-Woisson (1995), Svampa (1994) y Zanatta (1996, 1999),

5. Partiendo de los planteos de Aboy Carlés (2001) entendemos a la tradición no como algo fijo, simplemente explicado en la permanencia y el arraigo del pasado, sino como un proceso constitutivamente atravesado por intervenciones que recrean el sentido de un pasado dado. Las tradiciones chocan, dialogan, se hibridan entre sí, y al hacerlo experimentan una constante (re)invención, reinvención que no debe ser vista como mera continuidad con el pasado, pero tampoco como la simple manipulación de ese pasado por parte de un sujeto racional y reflexivo - del tipo que Zizek ha denominado como "estratega sublime"- que obrara a voluntad sobre una materia social informe. Las prácticas articulatorias que construyen y reconstruyen una tradición no se dan en un vacío discursivo sino en un campo parcialmente objetivado por la sedimentación de las prácticas articulatorias pretéritas. La acción, y en particular la acción política de cada tiempo opera, y no puede dejar de operar, sobre esos sentidos sedimentados, reproduciendo y a la vez "traicionando" las tradiciones que son su herencia.

6. La "intransigencia" reunía a un vasto y heterogéneo conjunto de agrupaciones que -cuestionando la estrategia de acercamientos con otras fuerzas adoptada por la conducción partidaria, por ello llamada "unionista"-, planteaban la necesidad de reafirmar la identidad radical. El fracaso de la estrategia "unionista" en las elecciones de 1946 llevaría a los intransigentes, particularmente fuertes en distritos estratégicos como Córdoba y Provincia de Buenos Aires, al control de la estructura nacional de la UCR, en tanto los derrotados "unionistas" se refugiarían en el poderoso Comité de la Capital Federal. (Persello 2007)

7. Tal era el nombre del periódico oficial que el PS comenzó a publicar luego de la clausura de los talleres de La Vanguardia en agosto de 1947. De todos modos La Vanguardia siguió publicándose en forma semi-clandestina, en una con menos páginas y una aparición irregular.

8. En la sesión del 5 de agosto de 1948 la Cámara de Diputados había decidido, por 104 votos a favor y 42 en contra, expulsar de su seno al diputado radical por la Capital, Ernesto Sanmartino, de quien se cuestionaban términos que eran considerados injuriosos para el Presidente y los legisladores peronistas.

9. Los aspectos en discusión eran cuatro. En primer lugar los diputados radicales denunciaron que la sesión había sido convocada de urgencia y sin citar a los legisladores opositores. En segundo lugar si la necesidad de la reforma debía ser aprobada como una ley, lo que suponía su promulgación por el Poder Ejecutivo, o como una declaración del Legislativo. En tercer lugar si debían definirse o no los artículos a reformar por la Convención Constituyente. En cuarto lugar, y lo que suscitaría los mayores debates, si la necesidad de la reforma debía ser aprobada por los dos tercios del total de los miembros de cada cámara o si bastaba con los dos tercios de los legisladores presentes.

10. Tal necesidad fue sostenida por Eduardo Colom quien presentó a la limitación planteada en la Constitución del 53 como un anacronismo. Dirigiéndose a los opositores, el presidente del bloque peronista recordó su pasada militancia yrigoyenista y señaló que entre los legisladores radicales había muchos que décadas antes habían abogado por la reelección del viejo líder. (Cámara de Diputados 1948:179) En una línea similar el diputado Alfredo García sostuvo que en la política americana los movimientos se conducían con el "sentido originario del caudillo", tal como había sucedido con Yrigoyen y sucedía con Perón. Pero García no hablaba como viejo militante yrigoyenista sino como un dirigente obrero, por lo que luego de destacar los derechos que los trabajadores habían obtenido bajo el peronismo, declaraba: "Los obreros argentinos tenemos un líder argentino que recogiendo nuestras ansias ha formulado el decálogo que resume nuestras aspiraciones. Es muy cierto que ese decálogo se ha hecho bandera para esta reforma de la Constitución. Es necesario, entonces, que sea incluido en la Constitución; no puede quedar afuera después de haber hecho punta en el movimiento nacional. Entendemos como un reclamo imperioso de la hora, como una impostergable necesidad que hay que admitir, la reelección del Presidente de la República". (Cámara de Diputados 1948: 187)

11. Para hacerlo gráfico, Vítolo preguntaba si después de un 4 de junio y de un 17 de octubre el país no tendría su 18 brumario (DSHCD, 1948: 2659).

12. A fines del mes de junio se había reunido en la ciudad de Mar del Plata, el 36° Congreso Nacional del PS. El resultado de la deliberación fue una Declaración dirigida a "los trabajadores" en la que se translucían las dificultades para conciliar la oposición a la propuesta peronista de reforma constitucional con la larga tradición reformista del PS. Por un lado, declaraba que el PS no se opondría jamás a una reforma constitucional que se diera en un régimen de libertad e igualdad políticas; por otro, denunciaba como peligrosa y aviesa una reforma impulsada por un régimen que monopolizaba la propaganda y negaba las libertades públicas. Similar dualidad se dejaba ver en el planteo respecto a los derechos del trabajador: si por un lado se señalaba que la declaración que se pretendía incluir en la constitución era sólo una "cortina de humo" para hacer pasar la cláusula de reelección que permitiría la perpetuación de un régimen militarista y clerical, por otro se declaraba que los socialistas no se oponían a tales derechos a la vez que se advertía que la declaración de los mismos no debía acompañarse de la supresión formal y de hecho de los derechos del hombre y del ciudadano. En los derechos del trabajador parecía verse, entonces, algo más que un recurso oportunista para invisibilizar la cláusula de reelección, en ellos se percibía el vehículo para una concepción del derecho contraria a la matriz liberal a la que el PS adhería. (Partido Socialista, 1948: 15)

13. Los sectores más críticos de la conducción- principalmente dirigentes sindicales, líderes juveniles y militantes de la izquierda socialista- se nucleaban en torno a la revista Unidad Socialista. En ella se recordaba que el PS siempre había planteado la necesidad de avanzar en reformas constitucionales que hicieran más democrática la organización política del Estado. Tales antecedentes llevaban a concluir que si el PS rechazaba avanzar hacia una reforma constitucional lo hacía por desconfiar de su propia fuerza o de la capacidad del pueblo argentino. Era frente a tal desconfianza que Unidad socialista afirmaba su postura: "creemos en la sensibilidad práctica del pueblo y de sus masas laboriosas, como así también en su capacidad. Y suponemos que si alguien tratara de propiciar una reforma regresiva, el pueblo la repudiaría. Y que, por el contrario, la masa popular apoyará la reforma constructiva" (Unidad Socialista 1: 1946)

14. Incluso en la Provincia de Buenos Aires, bastión de los intransigentes, comenzaron a nuclearse los grupos que sostenían la necesidad de la abstención. (La Nación, 22-11 y 23-11)

16. La discusión había surgido por una donación que a la Convención Constituyente había hecho la Fundación Eva Perón, donación que incluía entre varios objetos -un crucifijo, una bandera, una efigie de San Martín- una fotografía enmarcada del General Perón.

17. Un ejemplo extremo se encuentra en el largo dictamen con el que el convencional radical Víctor Alcorta sostuvo la improcedencia de la Reforma Constitucional. El santiagueño se preguntaba por la doctrina filosófica que guiaba al régimen argentino y, luego de un largo recorrido teórico que pasaba por Alexis de Tocqueville, Joseph Schumpeter y, sobre todo, Friedrich von Hayek, afirmaba que el Estado de derecho no existía en la Argentina y que el "Ser" de la república de su tiempo era contrario a la libertad y la personalidad. (Convención Nacional Constituyente 1949:123)

18. Sampay explicó que la fortaleza de la figura presidencial, contraria a las posiciones doctrinarias del liberalismo, se debía las particulares circunstancias que habían debido afrontar los constituyentes del 53'. Agregó que era esa figura la que había hecho posible que, en el momento de la irrupción de las masas en política con Yrigo-yen, la Argentina pudiera iniciar el viraje "desde un Estado abstencionista y neutro hacia un Estado económico y cultural" (Convención Nacional Constituyente 1949: 271). El jurista agregó que fue en ese punto que se inició la crisis de la parte dogmática de la constitución que se vio afectada porque los intereses afectados por las políticas de Yrigoyen, propusieron "la petrificación de su letra y su espíritu" con el fin de impedir que el poder político enfrentara al poder económico.

19. Para la compleja relación que la argumentación de Sampay, planteada principalmente desde el personalismo católico, mantiene con la obra de Schmitt, véase Dotti (2000: 142-144).

20. Los socialistas aplaudieron el abandono de la convención y señalaron, no sin ironía, que era positivo que, aunque tarde, los radicales se hubieran colocado el terreno correcto. Así La Vanguardia subrayaba que la actitud adoptada dejaba ver que los socialistas habían tenido razón desde el comienzo al considerar que la convención era una farsa a la que no se debía legalizar presentando candidatos. La nota se cerraba dejando ver una solidaridad más amplia que la socialista, al reconocer que el PS no había sido la única fuerza que había adoptado la decisión correcta ya que similar actitud había sido adoptada "por no pocos radicales, individualmente, y colectivamente los de Salta, Entre Ríos y otras, además de los elementos opositores independientes, demócratas progresistas, y concentración obrera y los demócratas nacionales" (La Vanguardia, 13-3-49)

21. Tal sería el argumento de fondo de la intervención que Perón realizaría, sólo un mes después de concluida la Convención Constituyente, en el Congreso de Filosofía de Mendoza.

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