TEMA CENTRAL

Política, cultura y el "problema de las drogas" en la Argentina, 1960-1980s

 

Valeria Manzano*

* IDAES-UNSAM /CONICET
He trabajado ese contexto en Manzano (2014b). Esta contribución sintetiza materiales y hallazgos de esa investigación más amplia, realizada con una beca del Programa "Drogas, Seguridad y Democracia en America Latina" del Social Science Research Council. Sobre el prohibicionismo de la década de 1920, ver Davenport-Hines (2002), Courtwright (2001), Campos (2012).

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Resumen

Desde las perspectivas de la historia cultural y política, este ensayo analiza cómo el así llamado"problema de las drogas" emergió en la Argentina de la década de 1960 en estrechavinculación con los imperativos políticos de la Guerra Fría, en particular con las doctrinasde seguridad nacional. Asimismo, muestra que la figura del toxicómano se entretejió conlas ansiedades generadas por la irrupción de los y las jóvenes en la escena política y cultural.Un amplio espectro de actores proyectó sobre el toxicómano los rasgos socioculturalesdel "enemigo interno" al mismo tiempo que estableció límites para la sociabilidad y lamovilización política de los jóvenes en general, tanto en contextos civiles como militares.

Palabras clave Políticas de drogas; toxicomanía; historia; juventud

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Al despuntar la década de 1970 se reactualizó en la Argentina la discusión sobre el "problema de las drogas". Como en otros países americanos y europeos, en la década de 1920 había tenido lugar un primer momento de intensa preocupación por las "toxicomanías". En sintonía con los mandatos elaborados por los primeros organismos transnacionales enmarcados en la Sociedad de las Naciones, legisladores argentinos como el Dr. Leopoldo Bard promovieron una tanda de legislación prohibicionista que apuntaba al control de la producción y distribución de lo que por entonces se denominaba "narcóticos" y "alcaloides"-en lo sustantivo, los opiáceos y la cocaína. Sancionadas en 1924 y 1926, respectivamente, las leyes 11.309 y 11.321 reformaron el artículo 204 del Código Penal al imponer penas a quienes, estando autorizados, expendieran aquellas sustancias sin receta médica y a quienes lo hicieran sin estar autorizados. Más allá de que los legisladores y el jefe de la recientemente creada Brigada de Alcaloides (dependiente de la División de Moralidad de la Policía de Buenos Aires) discutieron formas de penalizar al consumo de aquellas sustancias, este último acto siguió amparado por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que no autoriza la injerencia estatal sobre los actos privados de los individuos que "no ofendan el orden y la moral pública, y no afecten a terceros".¹ Cinco décadas más tarde, la construcción de un "problema de la droga" en la Argentina viró en sus fundamentos y en sus alcances: antes que el trafico y la distribución, en la década de 1970 importaba el consumo y, de modo más especifico, los consumidores, a quienes se representaba como jóvenes, varones, y pertenecientes a los sectores medios y trabajadores de la sociedad. El conglomerado de expertos que participó de la configuración de ese problema-médicos, psiquiatras, periodistas, policías, algunos políticos-lo articuló como uno de fundamental importancia para la nación en su conjunto. El consumo juvenil de un amplio abanico de sustancias psicoactivas devenidas ilegales era entendido como un problema de seguridad nacional.

Al igual que en otros países de América Latina, en la Argentina la creación de un problema de las drogas en las décadas de 1960 y 1970 se entrelazó con los imperativos políticos de la Guerra Fría. En primer lugar, el gobierno del general Alejandro Lanusse (1971-3) decidió cooperar activamente con los organismos internacionales de control de narcóticos, como el Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD, Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas). Mucho antes que el BNDD y, después, la Drug Enforcement Administration (DEA, Administración de Control de Drogas, creada en 1973) establecieran oficinas en Colombia y Perú para librar batallas mucho más crueles en la nueva "guerra a las drogas", ya lo habían hecho en la Argentina tras haber identificado al país como un lugar de tráfico de heroína y, en menor medida, de cocaína hacia Estados Unidos. A diferencia de lo sucedido en Colombia y Perú en la década de 1970, sin embargo, las autoridades argentinas tomaron las ofertas de fi-nanciamiento y de capacitación de personal policial ofrecidas por aquellos organismos no tanto, ni fundamentalmente, para "combatir" a la producción y al tráfico de sustancias ilegalizadas como para apuntar a la vigilancia y el control de los presuntos "toxicómanos".² En segundo lugar, tanto las autoridades nacionales como los nuevos expertos interpretaron al problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional y asociaron a los "toxicómanos" con la figura del enemigo interno. Esencialmente anticomunistas, las ideologías de la seguridad nacional justificaron y orientaron proyectos políticos represivos cuyos objetivos eran lograr la desmovilización popular, avanzar en una senda de liberalización económica, y preservar los "valores occidentales y cristianos" ante las amenazas de enemigos externos o internos. Los estudiosos de las ideologías de seguridad nacional en América Latina han señalado, con razón, que los significados de "subversión" y "enemigo interno" fueron lábiles (Pion-Berlin, 1989; García, 1995: 39-40). En la Argentina de la década de 1970, los expertos más influyentes en la creación de un problema de las drogas sostuvieron que el consumo debilitaba al "frente interno" mediante la propagación de ideas y estilos de vida hedonistas que allanaban el camino para la "subversión" de las jerarquías y las costumbres tradicionales. Con el correr de la década de 1970, esas voces "expertas" se unieron a multitudes de argentinos que reclamaban el "orden" que los militares que impusieron la última y más dramática dictadura (1976-1983) se comprometieron a restaurar.

Este ensayo se basa en la historiografía sobre los regímenes de construcción social de los adictos con el objetivo de contribuir al campo emergente de la historia de las drogas en Argentina. Los historiadores sociales y culturales que han trabajado sobre América del Norte y Europa Occidental han señalado que, durante el siglo XX, la construcción de la figura del adicto ha sido crucial para dramatizar los estereotipos raciales (Musto, 1999; Acker, 2002; Carstairs, 2006) y de género (Zieger, 2005), posibilitando el control estatal sobre las poblaciones no blancas y sobre áreas urbanas que se consideraban propensas al desorden social y sexual. Este ensayo muestra que en Argentina de la segunda mitad del siglo XX, la figura del toxicómano estuvo menos asociada con las minorías étnicas o sexuales que con una categoría sociocultural basada en la edad, es decir, la juventud. A partir de la década de 1960 y hasta bien entrada la década de 1980, por otra parte, un amplio espectro de actores proyectó sobre el toxicómano los rasgos socioculturales del enemigo interno al mismo tiempo que estableció límites para la sociabilidad y la movilización política de los jóvenes en general. En este sentido, este trabajo entra en diálogo crítico con los estudios que han identificado que el problema de las drogas-sus expertos, sus debates y sus usuarios-ha sido uno de los legados de la última dictadura militar (Aureano, 1997; Epele, 2010). Este ensayo muestra que la creación de este problema no sólo precedió sino que ayudó a generar un consenso para la imposición de proyectos autoritarios y represivos, algo que en términos legislativos cristalizó en la ley 20.771, sancionada en 1974. Revirtiendo las coordenadas básicas del mandato constitucional, la ley 20.771 penalizaba la tenencia de una amplia gama de sustancias, aun si fuera para el uso personal, previendo penas de 1 a 6 años de prisión y/o auspiciando la obligatoriedad de tratamientos de rehabilitación. Debatida y sancionada durante un gobierno civil, esa ley fue la herramienta por la cual los "toxicómanos" podían ser-y de hecho, en números considerables, fueron-sometidos a prisión, sumándose a la muy ampliada población que, desde marzo de 1976, habitó un sistema penitenciario regido por autoridades militares; o debían internarse para su "rehabilitación" en espacios también regidos por instituciones estatales. A pesar de que se hayan registrado voces disonantes, en la década de 1980, en el contexto de la transición a un orden político democrático el "problema de la droga" siguió constituyendo un punto de confluencia para la articulación de proyectos cultural y políticamente represivos.

La creación de un problema de las drogas

En 1968, el Gral. Juan Carlos Onganía, al frente de la denominada Revolución Argentina (1966-1970), proclamó una reforma del Código Penal. Epítome de lo que el politólogo Guillermo O'Donnell (1995) ha denominado un régimen burocrático-autoritario, su primer objetivo era lograr el "desarrollo" del país para lo cual se consideraba primordial desactivar la movilización popular y anular la esfera política, empezando por la supresión del Congreso, la prohibición de la actividad pública de todos los partidos políticos, el establecimiento de límites para el funcionamiento de los sindicatos, y la intervención en las universidades. El régimen también pretendía difuminar un espíritu ultramontano y moralista, algo que se expresaba en la expansión de la censura cultural y en las campañas para controlar la vida nocturna juvenil (Manzano, 2005). Irónicamente, al igual de lo que sucediera en ese mismo año con la reforma del Código Civil, que ampliaba las posibilidades de que los matrimonios pudieran divorciarse (Cosse, 2010), la reforma del Código Penal decepcionó a quienes esperaban encontrar ese espíritu ultramontano volcado a la política de drogas. El Código limitaba los delitos relacionados con drogas a la producción y el tráfico, sin penalizar la tenencia de estupefacientes para el consumo personal.³ En primer lugar, este hecho ayuda a evitar una interpretación que vincule de manera automática a los regímenes autoritarios con la legislación de drogas de tipo represiva. En segundo lugar, este hecho indica que, en 1968, el consumo de drogas ilícitas no era aún percibido como un problema significativo, algo que cambió dramáticamente en los años siguientes.

En la segunda mitad de la década de 1960, los medios de comunicación y los voceros policiales acordaban que la Argentina no tenía un grave problema con las drogas. De hecho, a mediados de la década de 1960, los medios se habían centrado sólo en un experimento que un grupo de psicoanalistas desarrollaba desde fines de los 1950' que incluía el uso de ácido lisérgico con el fin de fortalecer los "trabajos del inconsciente."⁴ La experiencia fue legendaria, en parte porque la siguieron actores, cineastas y algunos intelectuales de izquierda. Para 1967, sin embargo, era prácticamente imposible conseguir el medicamento en los laboratorios locales. También en 1967, algunos informes ya incluían la palabra "marihuana". Además de explicar las características del cannabis y comentar que era importado de Brasil y Paraguay, el semanario Primera Plana organizó una "fumata." Los organizadores concluyeron que no generaba adicción y recordaron a los lectores que no era ni "un alcaloide (no produce efectos secundarios)" ni "un narcótico (no produce hábito)."⁵ Esta anotación era significativa: la marihuana no estaba entre las sustancias que el Código Penal concebía como ilegal de producir o distribuir para usos no médicos.

El consumo de marihuana se fue extendiendo entre grupos juveniles en la intersección de las décadas de 1960 y 1970. En sus memorias, el periodista y emprendedor contracultural Enrique Symns comenta que su encuentro con la marihuana se produjo a fines de la década de 1960 en los bares de la calle Corrientes. Desocupado y errante, pronto se convirtió en un "pequeño dealer" y estableció sus "oficinas" en bares ubicados en distintos puntos de la ciudad, desde el barrio de Constitución hasta la zona más cercana a Retiro (Symns, 2009: 33-43). A pesar de reconocer que no constituía un "problema público," a principios de 1968 Siete Días informaba a sus lectores que en los enclaves "hippies" de los alrededores de Retiro, como la calle Florida, era posible "oler a marihuana todas las noches."⁶ Representantes de lo que se entendía como cultura "hippie", los jóvenes atraídos por la música rock como músicos, poetas y fans habían colonizado esas áreas de la ciudad. Un ex participante en esa escena recuerda que muchos en verdad consumían marihuana, que era un bien barato pero importado y, por lo tanto, su oferta tendía a ser errática. Por otra parte, desmintiendo a la policía y a los relatos sensacionalistas, señala que él (y sus amigos) casi nunca consumían marihuana en espacios públicos.⁷ Tal vez esto explica porqué en agosto y septiembre de 1970, en una serie de razias "anti- marihuana" en el centro de Buenos Aires, la Policía Federal logró confiscar sólo un par de cigarrillos cada noche, un hecho que desalentaba a los más entusiastas propagandistas de las redadas.⁸

A diferencia de experiencias contraculturales en otros países, las que tuvieron lugar en la Argentina fueron menos dependientes del uso de LSD y otros alucinógenos fuertes. Como lo ha sostenido el historiador David Farber, en los Estados Unidos el consumo de LSD fue clave para la forma en la que al menos algunos de los grupos contraculturales en la década de 1960 encontraran una "persistente salida de las normas y reglas que conformaban la cultura a la que habían estado destinados a habitar" (2002: 18). Sobre todo después de la penalización del LSD en 1966, por lo menos algunos hippies estadounidenses cruzaron la frontera y ayudaron a expandir la escena contracultural en México. Los hippies locales y "extranjeros," como lo mostró Eric Zolov (1999: 150-4), participaron en viajes psicodélicos en busca de y nutridos por drogas alucinógenas, como el peyote. Probablemente muchos de sus pares argentinos compartían el mismo deseo, pero no se disponía de drogas con facilidad. Symns dice haber consumido ácido lisérgico recién en su larga estadía en Brasil a comienzos de la década de 1970 (Symns, 2009: 63-92). Por su parte, en una de las pocas memorias publicadas por un rockero y auto-identificado hippie, Miguel Cantilo señala que incluso entre aquellos que, como él, estaban ansiosos de probar LSD, su oferta dependía de que algunos viajeros al exterior corrieran el riesgo de traer o de la creatividad de "personajes que producían ácido en forma artesanal, en intentos por lo general infructuosos" (2000: 90-2). De manera análoga Meneca Hiquis, una ex participante de La Cofradía de la Flor Solar, una de las mayores experiencias de vida comunitaria en Argentina, aclaró que el grupo utilizó sólo en ocasiones "un poco de ácido", mientras que el consumo de marihuana era mucho más extendido (Castrillón, 1998: 59-60).

El consumo de marihuana y, en lo fundamental, de anfetaminas, fue más allá de las experiencias contraculturales o de la sociabilidad ligada al rock. Aunque se carece de estadísticas confiables, el psicoanalista Mauricio Knobel produjo lo que fue quizás el estudio más serio de los patrones de consumo de drogas entre los estudiantes universitarios. Sus resultados indican que, en 1972, un 6 por ciento había fumado marihuana, en comparación con sólo el 2 por ciento que declaró haber tomado LSD o cocaína. Sin embargo, tanto los resultados de Knobel como otros elaborados por un equipo de toxicólogos en 1971, también centrado en estudiantes universitarios, hallaron que se hacía un uso mucho más extendido de anfetaminas, un "hábito" entre el 25 por ciento de los estudiantes de los últimos cursos de la universidad que supuestamente los ayudaba a atravesar largas noches de estudio.⁹ Distintos tipos de anfetaminas inundaron el mercado argentino durante los 1960', al punto que algunos psicólogos de izquierda creían que los laboratorios norteamericanos habían desatado ese boom no solo para lucrar sino también para contener la movilización política en las periferias.¹⁰ Como se analiza más adelante, sin embargo, algunos ex guerrilleros afirmaron haber tomado anfetaminas para ser políticamente más productivos. Asimismo, algunos rockeros decían que las usaban para ampliar su productividad artística, como fue el caso de José Alberto Iglesias, alias Tanguito (1946-72). Padre fundador de la cultura del rock local, Tanguito participó en los naufragios, la práctica colectiva de vagabundear por Buenos Aires durante toda la noche, anfetaminas mediante, cantando y tocando la guitarra. A partir de 1971, la prensa publicaba informes sobre sus detenciones frecuentes y la Policía Federal solía enviarlo a internarse en el nuevo pabellón para toxicómanos del Hospital Neuropsiquiátrico Borda.¹¹

Todos los actores involucrados en el "caso Tanguito" jugaron un papel clave en el cambio abrupto en la percepción pública sobre el "problema de las drogas". La policía, los toxicólogos y algunos personajes políticos con creciente influencia pública aunaron esfuerzos para aprobar legislación represiva y crear nuevas instituciones antidrogas. La Policía Federal fue vital en la creación de un problema de drogas. Entre 1920 y 1970, la Policía Federal hizo frente a todos los asuntos ligados a las drogas con una modesta Brigada de Alcaloides compuesta por no más de cinco agentes. Como lo recordaba su ex jefe, Jorge Manassero, la Brigada llevaba un expediente por cada toxicómano identificado durante esas décadas: "todos los expedientes", sostuvo, "entraban fácilmente en una caja de zapatos." En su opinión, "todo empezó a cambiar a fines de la década de 1960."¹² Fue recién en 1971 cuando la Brigada de Alcaloides, dependiente hasta allí de la División de Seguridad personal, alcanzó el estatus de División de Toxicomanía, una señal de la gravedad que las drogas habían alcanzado para la fuerza y, supuestamente, para de la sociedad en su conjunto. Según estadísticas policiales, apenas nació la División las detenciones relacionadas con las drogas se multiplicaron, sobre todo entre la categoría lábil de "detenidos en prevención" -esto es, quienes estaban en compañía de supuestos traficantes- que pasó de 1.410 en 1970 a 2.610 en 1971, incluyendo 619 varones menores de edad y 405 mujeres menores de edad. Los datos policiales mostraban, además, que el tráfico de marihuana se había disparado en un período de dos años: mientras que en operativos realizados en 1969 se habían incautado 9 kilos, en los primeros seis meses de 1971 se habían incautado 57 kilos.¹³ La publicidad de estas cifras (de dudosa fiabilidad) fue fundamental en la legitimación de la División, que también presionó activamente para la ampliación de la legislación de drogas. En este último sentido, la División insistió en la inclusión de la marihuana en la lista oficial de las drogas prohibidas, una demanda que encontró apoyo entre los editorialistas y especialistas legales.¹⁴ Fundamentalmente, en 1971 fue avalada por los expertos en toxicología que, amparados en desarrollos recientes en la legislación internacional (especialmente la Ley de Control y Prevención del Abuso de Drogas, aprobada por el parlamento norteamericano en 1970) impulsaron la aprobación de la Ley 19.301, prohibiendo la venta de anfetaminas sin triple receta médica e ilegalizando la marihuana.

La División de Toxicomanía trabajó en estrecha colaboración con médicos y psiquiatras especializados en toxicología, expertos que se habían convertido en las principales autoridades en el "problema de las drogas". Desde fines del siglo XIX, las facultades de medicina de las principales universidades del país abrieron cátedras de toxicología, y la investigación sobre los efectos psíquicos del consumo de ciertas sustancias también había atraído la atención de prestigiosos psiquiatras, como el Dr. Gregorio Bermann. Durante la década de 1960, los toxicólogos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) centraron sus esfuerzos de enseñanza e investigación en el estudio de las múltiples causas y efectos del consumo de drogas. En 1966, los miembros del departamento de toxicología de la UBA lanzaron la Fundación de Asistencia Toxicológica (FAT) con el objetivo de ofrecer tratamientos gratuitos a los consumidores y sus familias. La competencia profesional y personal de los dos principales toxicólogos de la UBA, Alberto Calabrese y Emilio Astolfi, terminó por asegurar su productividad. En 1968 crearon, de manera separada, el Centro de Investigación y Asistencia Toxicológica y el Centro para la Prevención de las Toxicomanías (Weissman, 2002: 178-91). A su vez, otro toxicólogo prominente, el Dr. Horacio San Martín, dirigió un equipo interdisciplinario de psiquiatras, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales en el primer pabellón de adictos en el Hospital Borda, donde la Policía Federal llevaba a Tanguito.

Tanguito era emblemático de la figura del toxicómano tal cual iba surgiendo a principios de la década de 1970. En este sentido, el equipo interdisciplinario del Hospital Borda colaboró para delinear los contornos de esa figura. Entre 1970 y su interrupción en 1974, el equipo llevó a cabo una experiencia influenciada por las terapias de grupo, la terapia familiar y el psicodrama. Asimismo, inspirado por la anti-psiquiatría, el equipo interdisciplinario propuso crear vínculos horizontales entre pacientes y expertos. En la práctica, sin embargo, la vida en el pabellón se parecía bastante poco al modelo. Como ocurrió con Tanguito, la mayoría de los pacientes había sido llevado al hospital por la policía y su voluntad de someterse a tratamiento era, como mínimo, dudosa. En el segundo semestre de 1971, los 47 pacientes eran varones de entre 16 y 26 años de edad, con domicilio en Buenos Aires y provenientes de las clases media baja y trabajadora. Nacido en una familia trabajadora de Caseros, Tanguito reunía el perfil demográfico típico. También era parte del 60 por ciento de pacientes con familias "desagregadas".¹⁵ Asimismo, Tanguito cumplía los requisitos culturales. El Dr. San Martín describió a sus pacientes como jóvenes que se rebelaban contra su familia y las normas sociales, algo visible en su atuendo (compuesto de "jeans, camisas de colores y sandalias"), así como en otros síntomas, como "el gusto por la música rock."¹⁶ Esa representación fundía componentes generacionales, genéricos y culturales en una figura delineada por expertos, difundida por los medios de comunicación y, más grave aún, perseguida por la División de Toxicomanía. Algunas interpretaciones, de hecho, culpan a agentes de la División por la muerte de Tanguito en un tren inmediatamente después de escapar del hospital. Mientras que algunos culpan a los médicos por el fracaso del proceso de desintoxicación en el hospital, otros creen que, después de encontrarlo, los miembros de la División lo golpearon hasta dejarlo inconsciente (Pintos, 1993: 193-201). En 1971, sin embargo, toxicólogos y agentes de policía tomaron su muerte como una prueba más de la gravedad del problema de las drogas en el país.

Médicos toxicólogos y agentes policiales formaron un triángulo con algunos políticos conservadores que, tras la convocatoria a elecciones para marzo de 1973, intentaban trazar puentes con potenciales votantes. Las revueltas populares que irrumpieron en Corrientes, Santa Fe, y Córdoba en mayo de 1969 marcaron el final político del régimen de Onganía y el inicio de una movilización social y política de gran envergadura en el que los jóvenes se convirtieron en protagonistas clave. Al asumir como presidente, el Gral. Lanusse negoció con el exiliado Juan Perón un llamado a elecciones. Lanusse y algunos miembros de su gabinete querían participar e hicieron uso de recursos estatales para respaldar sus candidaturas. Tal fue el caso del capitán Francisco Manrique, Ministro de Bienestar Social. Manrique estratégicamente escogió a "los padres" como blanco de su campaña política y cultural. A finales de 1971, los medios reprodujeron ampliamente la carta que una mujer de una familia acomodada escribiera a Manrique para contarle de "la pesadilla" de su hija con la marihuana y las anfetaminas, y para pedirle que el gobierno "afronte de una vez el problema de las drogas."¹⁷ Manrique construyó su perfil político en ligazón con la problematización de las drogas. A principios de 1972, mientras la Policía Federal hacía razzias anti-marihuana que involucraban a músicos famosos, como Luis Alberto Spinetta, Manrique anunciaba la creación de la Comisión Nacional de Toxicomanía y Narcóticos (CONATON).¹⁸ Presidida por el Ministro e integrada por delegados de la División de Toxicomanía y las cátedras de toxicología de la UBA, entre otros, la CONATON tenía como objetivo coordinar las políticas para detener el tráfico y el consumo de drogas.

La creación de la CONATON fue impulsada en gran medida por la llegada de representantes del gobierno de Richard Nixon. La administración Nixon jugó un papel crucial en el lanzamiento global de una "guerra a las drogas," un tipo de aproximación que llevaba al paroxismo el paradigma prohibicionista al sostener la necesidad de coartar la producción y venta de ciertas sustancias para así poder contener el consumo, que en Estados Unidos parecía haber llegado al corazón mismo de los jóvenes de clase media blanca y universitaria-como lo mostraban las imágenes del famoso Festival de Woodstock con las que Nixon ilustró su primera gran convocatoria "guerrera" en 1969 (Davenport-Hines, 2002: 422-430). Esa convocatoria también fue central para la redefinición de las relaciones hemisféricas, ya que a partir de ella el gobierno de Nixon promovió la creación de un sin número de comités y agencias (Gootenberg, 2009: 308-9). Las agencias norteamericanas habían identificado (correctamente) a la Argentina como un país de tráfico y llamaban a desbaratar a varios grupos organizados, comenzando por la "mafia corsa". Responsable de la mayor parte de la heroína que entraba en Estados Unidos, "la conexión francesa"-como se la llamaba-tenía una filial en Buenos Aires. Organizados alrededor de la figura legendaria de Auguste Ricord, una docena de hombres con trayectorias oscuras como paramilitares durante la guerra de Argelia llegó a Argentina a finales de 1950 y localizó al país en un cuadrilátero de la distribución de heroína que incluía Estambul, Marsella, Buenos Aires y Nueva York como destino final (Aguirre, 2008). A partir de 1968, varias incautaciones de heroína en vuelos que llegaban a Nueva York desde Buenos Aires advirtieron a los agentes de narcóticos de los Estados Unidos sobre los movimientos de los corsos, lo cual sirvió para justificar la apertura de la primera oficina de América del Sur de BNDD en Buenos Aires. El haber posibilitado la apertura de esta oficina era un signo más de la voluntad del gobierno argentino de "cooperar" con su par norteamericano. De hecho, para los representantes norteamericanos que recorrieron América Latina para investigar las respuestas gubernamentales al "problema de los narcóticos", la Argentina ocupaba un sitial de privilegio: era el único país de América del Sur que había firmado un tratado con Estados Unidos por el cual el embajador de ese país y el Ministro de Bienestar Social presidían una comisión binacional destinada a la "lucha contra las drogas". El gobierno norteamericano se comprometió a proporcionar capacitación, equipamiento y "recursos materiales y humanos."¹⁹

La firma de ese tratado con el embajador norteamericano y la creación de la CONATON señalaban la disposición del gobierno argentino para afrontar el que ya se denominaba como "problema de las drogas." Tras el desmantelamiento global de la "conexión francesa" en 1972, en la Argentina el tráfico y los traficantes interesaban bastante poco. El foco de atención estaba puesto fundamentalmente en los consumidores y en los significados políticos del consumo. En la reunión inaugural de la CONATON, por ejemplo, Manrique indicó que "el consumo de drogas corroe la moral de los jóvenes y los mueve a seguir a grupos que tratan de subvertir el orden social", concluyendo que "la droga" era un problema "de seguridad y de salud."²⁰ Desde este punto de vista, el consumo de drogas despejaba el camino para la "subversión." En la Argentina de los tempranos 1970', los significados de "subversión" eran tan variados como las impugnaciones políticas y culturales al status quo.

Drogas y Seguridad Nacional

Al mismo tiempo que Manrique insistía en la gravedad del problema de la droga entre los jóvenes, una cohorte juvenil entraba en modos renovados y expandidos en la escena política, ya sea en el marco de partidos, grupos estudiantiles o guerrilleros. Los jóvenes que participaban de las vertientes políticas más radicalizadas rechazaban el consumo de drogas en general, aunque por supuesto existieron excepciones a la regla. Al igual que en la mayoría de los proyectos revolucionarios que, en América Latina, favorecían la lucha armada, los grupos revolucionarios en la Argentina también produjeron normas para modelar los comportamientos de sus militantes. Por ejemplo, en sus códigos escritos, los dos grupos más grandes, el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT- ERP) y los Montoneros, explicitaban que la sexualidad "legítima" había de ejercitarse en relaciones heterosexuales y monógamas.²¹ Aunque no mencionaran el uso de drogas, ex militantes recuerdan que fueron tomadas en serio. Las anfetaminas, o pastillitas, eran las únicas aprobadas, probablemente porque no se identificaban como "drogas " en la cultura pública. Un ex militante del PRT- ERP recuerda que tenía recetas médicas (proporcionadas por un médico del partido) para obtener pastillitas para enfrentar tareas especiales, tales como "hacer guardias frente a un batallón toda la noche." Mientras tanto, al recordar sus experiencias con Montoneros, el ex militante Luis Salinas recordaba que tomó "un montón de pastillitas" para soportar "noches de no dormir, días yendo de aquí para allá."²² El consumo de anfetaminas era concebido como una herramienta para aumentar el rendimiento de los militantes, ya que las pastillitas los mantendrían activos y les ayudarían a mantener la concentración. Los Montoneros y el PRT- ERP, sin embargo, se opusieron firmemente el uso de otras drogas, especialmente la marihuana, una posición compartida no sólo por los grupos de la mayoría de izquierda en América Latina sino también, con el correr de los 1970', por la ex "nueva izquierda contracultural" de Alemania e Italia (Weinhauer, 2006; Giachetti, 2002).

Entre los militantes revolucionarios en Argentina, el rechazo al consumo de drogas se basó en premisas políticas, culturales e ideológicas. En primer lugar, los grupos revolucionarios prohibían el uso de drogas ilegales por razones de seguridad: no podían tolerar que sus militantes fueran a la cárcel por tenencia de drogas. Algunas memorias indican tanto la dificultad como la voluntad de cumplir con la norma. Una ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios en el marco de la Juventud Peronista (JP) recuerda que expulsaron a un chico que tenía fama de fumar marihuana porque "nos ponía a todos en peligro" (Robles, 2004: 40). En segundo lugar, muchos militantes se oponían al consumo de drogas como parte de una postura más amplia contra el "neo-colonialismo. " En 1972, en una mesa redonda con estudiantes secundarios, por ejemplo, una chica de 18 años vinculada a un grupo peronista explicó que los hippies locales, a quienes asumía como consumidores de drogas ilegales, eran "todos snobs, individualistas, producto de la propaganda cipaya." Un chico de 16 años miembro de un grupo trotskista, por su parte, sostuvo que los hippies eran la punta de lanza por la cual los "yanquis" colonizaban a los jóvenes, "hipnotizándolos."²³ Los valores relacionados con el "hippie" se encontraban en las antípodas de los asociados al militante revolucionario. Tercero, muchos militantes creían que el consumo de drogas era parte de un proyecto más amplio: el imperialismo norteamericano, en esta versión, usaría las drogas como medio para debilitar la resistencia juvenil. Articulada en la obra de algunos intelectuales de izquierda, la narrativa que anudaba imperialismo, debilitamiento mediante drogas y juventud atravesó a la izquierda revolucionaria.²⁴

Al otro lado del espectro político, las fuerzas de seguridad habían utilizado desde hacía mucho tiempo una lógica similar que concebía a las drogas como una herramienta para debilitar la moral de los jóvenes. Por ejemplo, en 1961, el coronel Rómulo Menéndez delineaba los principios básicos de esa concepción en un artículo publicado en una revista clave para la formación castrense. Menéndez argumentaba que el comunismo intentaba desacreditar todas las ideas e instituciones establecidas, promoviendo así la "angustia, la confusión, y la necesidad de algo en qué creer." La gente joven "cuyo carácter está todavía en formación" habría sido especialmente susceptible a la desmoralización a la que las drogas también contribuían. En su opinión, la cooptación comunista era el paso siguiente a la desmoralización.²⁵ Esta concepción se extendió rápidamente: en 1963, grupos católicos de "defensa de la familia" se unieron a políticos conservadores de todo el espectro político en una amplia movilización para exigir que el gobierno no permitiera que "las fuerzas duales de las drogas y la pornografía se propaguen entre los jóvenes." Dos de los oradores de la movilización, ambos pertenecientes a la Unión Cívica Radical (UCR), entendían que los "comunistas usan drogas para debilitar la moral de los jóvenes primero y obtener la servidumbre a su causa después."²⁶ Conforme avanzaba la década de 1960, esa letanía devino sentido común entre las fuerzas conservadoras y ayudó a forjar un vínculo entre juventud, drogas y subversión.

Cuando, ya en la década de 1970, los y las jóvenes se volcaron masivamente a la militancia revolucionaria, diferentes actores se esforzaron por encontrar pruebas de aquel vínculo. Algunos medios muy activos en la creación de la figura del enemigo interno, por ejemplo, promovían una ligazón entre militantes de organizaciones guerrilleras y el tráfico o consumo de drogas. Ya en 1970, el diario La Razón insistía en que el líder Montonero Mario Firmenich explotaba las redes de tráfico de drogas para conseguir dinero y armas.²⁷ También hubo menciones a las drogas en representaciones de acciones espectaculares llevadas a cabo por grupos guerrilleros. En enero de 1974, por ejemplo, el PRT- ERP atacó a un batallón del Ejército en Azul, Buenos Aires, en el que varios soldados y una docena de guerrilleros murieron. En su cobertura del episodio, la prensa magnificó las conclusiones de un supuesto informe psiquiátrico sobre los "70 jóvenes guerrilleros", que estipulaba que el ERP habría planeado el ataque midiendo el tiempo de los efectos de las drogas (no identificadas) que les fueron suministradas a los combatientes. Debido a un "error de cálculo", los psiquiatras proseguían, los guerrilleros llegaron al lugar del ataque sufriendo todos los posibles efectos secundarios de las drogas y así se convirtieron "en sus peores enemigos."²⁸ Muy rápidamente, algunos grupos radicalizados reiteraron su oposición al consumo de drogas e impugnaron la "operación de propaganda orquestada por la CIA y la derecha peronista."²⁹

Aunque exagerada, la referencia a una alianza entre la CIA y la derecha peronista reflejaba la firma de un nuevo tratado sobre drogas entre el Ministerio de Bienestar Social y la Embajada de Estados Unidos. Tras las elecciones de marzo de 1973, José López Rega, el ex policía, ultrade-rechista y secretario privado de Juan Perón, fue nombrado Ministro de Bienestar Social. Como Manrique había hecho anteriormente, López Rega también trató de impulsar su carrera política problematizando las drogas. En agosto de 1973, López Rega amplió los acuerdos bilaterales existentes con la firma de un nuevo tratado con el recientemente nombrado embajador de Estados Unidos, Robert C. Hill. Ambos acordaron facilitar el acceso de la Argentina a recursos financieros y apoyo técnico con el fin de ampliar "los aspectos de inteligencia tendientes a detener el comercio interior y exterior de drogas." En una conferencia de prensa, sin embargo, López Rega hizo público lo que debía permanecer en las sombras: "nuestro compromiso mutuo", dijo "es luchar contra el mal de las drogas y de la subversión."³⁰ De ese modo, reforzó la politización del problema de las drogas concebida en términos de seguridad nacional.

La participación directa de López Rega en el tratamiento de cuestiones de drogas tuvo dos consecuencias importantes. En primer lugar, el Ministerio de Bienestar Social comenzó a recibir muchos más fondos que los asignados en los presupuestos anuales del Congreso. El Ministerio no tuvo que rendir cuentas de qué hacía con esos fondos ni a los legisladores argentinos ni a las autoridades estadounidenses. Algunas investigaciones mostraron que parte de los fondos suministrados por los Estados Unidos fueron canalizados para la creación de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) (Verbitsky, 1986: 42-3). En segundo lugar, los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos le permitieron a López Rega crear un cuerpo legal para la represión de cuestiones vinculadas a las drogas. En 1975, la División de Toxicomanía se expandió (abarcando ahora seis brigadas) y envió a la mayor parte de sus miembros a entrenarse en los Estados Unidos.³¹ Por otra parte, el aumento del financiamiento para el Ministerio sirvió también para la creación del Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO). Entre 1973 y 1975 el CENARESO actuó como un brazo del Ministerio de Bienestar Social. Curiosamente, López Rega no escogió a ninguno de los toxicólogos más reconocidos del país (como Calabrese, Astolfi o San Martin) para liderar el CENARESO sino que designó al Dr. Carlos Cagliotti, un médico con escasa -y hasta entonces oscura-- trayectoria, quien participó en la elaboración de la Ley 20.771.

En historia de las políticas de drogas en la Argentina, la Ley 20.771 representa el primer marco legislativo totalmente dedicado a los narcóticos. Sin embargo, encuadrada en la historia política y cultural, la Ley 20.771 constituye un eslabón más en la cadena legislativa tendiente a delinear y contener la figura del enemigo interno. Esa cadena legislativa se eslabonó a lo largo de 1974 y marcó el inicio de un proyecto represivo dirigido a restaurar la autoridad del Estado en todas las esferas de la vida social y cultural. Supuestamente en respuesta a los ataques del PRT- ERP al Batallón de Azul, el Congreso aprobó una reforma del Código Penal elevando las penas para quienes se "alzaran en armas" contra las fuerzas represivas estatales, allanando el camino para la participación militar en la represión interna. Un mes más tarde, el Congreso aprobó una ley regulando la actividad sindical y otra que, en esencia, prohibía la política estudiantil en las universidades (Franco, 2012). El Ministro de Educación, asimismo, prohibió la política estudiantil en las escuelas secundarias e instó a los directores a denunciar cualquier "actividad ilegal" a la policía. Deslizándose hacia la regulación de la sexualidad, un decreto firmado por el ministro López Rega y el presidente Perón restringió la distribución de la píldora anticonceptiva y prohibió la difusión de información sobre la anticoncepción en un esfuerzo por "moralizar a la juventud" (Manzano, 2013). En septiembre, casi al finalizar el año legislativo 1974, López Rega y la presidenta Isabel Martínez, viuda de Perón, enviaron un proyecto de ley al Congreso para abrir el debate sobre la legislación de narcóticos. La Ley 20.771, que surgió de ese debate legislativo, forma parte de ese clima represivo iniciado en 1974 que apuntaba, en lo sustantivo, a limitar la actividad política y cultural-en especial en lo referente a la sociabilidad juvenil.

El Congreso aprobó la Ley 20.771 en septiembre de 1974. Fuertemente influenciados por propuestas e información suministradas por el CENARESO, López Rega e Isabel Martínez, en nombre del Poder Ejecutivo, instaban al Congreso a aprobar la nueva normativa para "detener la ola de adicción a las drogas " que, según ellos, se había "incrementado en un 500 por ciento en los últimos dos años." Refiriéndose a la edad de los supuestos adictos, el mensaje del Ejecutivo afirmaba que "el futuro de la patria" estaba en peligro y, haciéndose eco de uno de los mitos acerca de las drogas, le recordaba a los legisladores que en "cada adicto hay un traficante potencial." Los legisladores respondieron como era de esperarse. Además de incrementar las penas para quienes produjeran o distribuyeran "toda sustancia estupefacientes y psicotrópica" -por definición, toda sustancia que generara hábito- la nueva ley concebía como "delitos agravados" aquellos por los cuales personas mayores de edad incitaran a menores al consumo de drogas "en las puertas de escuelas, clubes sociales, plazas y otros espacios públicos o privados." Asimismo, la ley incluía tres novedades cruciales. En primer lugar, todos los delitos relacionados con las drogas pasaban a ser sujetos de la justicia federal, es decir, a ser tratados por el sistema judicial más alto del país. Esa decisión se ligaba a una interpretación básica que situaba al problema de las drogas como un asunto de "seguridad nacional." En segundo lugar, la ley estipulaba que la posesión de drogas, aún en el caso de ser para consumo personal, se penalizaría con uno a seis años de prisión. Por último, la ley especificaba que todos los detractores, si demostraban tener una "adición física o psíquica a las drogas," deberían someterse a tratamientos de rehabilitación obligatorios.³²

La ley 20.771 estableció fuertes lazos entre la juventud, drogas y subversión, que acarrearon al menos tres consecuencias importantes en el bienio que medió entre la aprobación de la Ley y el último golpe militar. En primer lugar, la ley situó al problema de las drogas en la esfera de la seguridad nacional. A diferencia de Colombia, donde el problema de las drogas también se enmarcó pronto como uno de seguridad nacional pero centrándose en el tráfico (Britto, 2010), en la Argentina fueron el consumo y los consumidores quienes supuestamente desafiaban la seguridad nacional. La letanía que se construyó desde principios de la década de 1960 ganaba adeptos. Así, a fines de 1975, el arzobispo de Rosario difundía ampliamente una carta indicando que "nuestras familias están perdiendo a sus jóvenes en manos de la violencia política, la promiscuidad y la drogadicción."³³ La conexión entre juventud, drogas y "subversión" político-sexual se volvía tan omnipresente como las referencias a las instituciones amenazadas: la familia y la nación. El "adicto" devenía, entonces, en una las muchas caras del enemigo interno que requería, además, un tratamiento específico. En segundo lugar, así, mediante la obligatoriedad del tratamiento de rehabilitación la Ley 20.771 representó una estrategia para la vigilancia médica del "toxicómano". Como lo ha señalado el poli-tólogo Guillermo Aureano, la figura del toxicómano no preexiste sino que se construye a través de intervenciones médicas y legales que definen sus características. Asimismo, Aureano ha mostrado que la policía, antes que un agente pasivo, mediante la vigilancia y las detenciones también contribuye activamente con la definición de quién es y cómo es el toxicómano. Aureano sitúa el origen de esta figura en las postrimerías de la última dictadura militar. Durante la transición a un régimen democrático, señala, el toxicómano ganó visibilidad, un signo del autoritarismo persistente en las instituciones y la sociedad (Aureano, 1997). Sin embargo, la Ley 20.771, crucial para la creación de la figura del toxicómano, se originó bajo el gobierno civil anterior y de alguna manera contribuyó a reforzar un discurso en torno al "orden social" que pronto encontraría más y más adeptos entre civiles y militares. En tercer lugar, mediante la ilegalización de la tenencia para el consumo y el refuerzo de la vigilancia policial sobre espacios de sociabilidad juvenil, la Ley 20.771 trazaba una línea difusa entre toxicómanos potenciales y "reales". La División de Toxicomanía amplió sus posibilidades de controlar, hostigar y encarcelar personas, en especial en lugares concurridos por jóvenes. Como consecuencia del hostigamiento policial, por ejemplo, desde fines de 1974 muchos lugares dedicados a conciertos de rock cerraban sus puertas, mientras que algunos de los músicos y poetas cruciales de la cultura del rock en la Argentina comenzaban sus exilios (Manzano, 2014a). Mientras tanto, en 1975, algunos informes periodísticos daban cuenta de las innumerables redadas policiales en escuelas y plazas.³⁴

La articulación del problema de la droga en el marco de la seguridad nacional tuvo consecuencias concretas en la vida cotidiana de los jóvenes. A mediados de la década de 1970, la juventud personificaba una cultura contestataria y la legislación y las políticas relacionadas con las drogas fueron instrumentos para contener lo que los actores conservadores identificaban como "caos". Junto a los cambios legales, la política represiva iniciada en 1974 adquirió formas cada vez más sangrientas. Entre 1974 y 1976, los grupos parapoliciales como el Comando Libertadores de América y la Triple A intensificaron sus actividades. En una especie de división del trabajo, mientras las fuerzas de seguridad regulares se concentraban en los combatientes guerrilleros, las fuerzas para-policiales se centraron en los militantes sociales y políticos. Organizaciones para-policiales asesinaron a unas 900 personas entre finales de 1973 y principios de 1976: la mitad de las víctimas eran miembros de grupos juveniles peronistas (Gillespie, 1982: 216; García, 1995: 65). Los jóvenes, sobre todo aquellos cuyas opciones políticas y culturales eran disonantes con el status quo, encarnan al "enemigo interno" que los militares que impusieron la última dictadura procurarían combatir.

El orden y la seguridad empiezan por casa

A tres semanas de impuesto el último golpe militar, la revista Gente, gran defensora del régimen, publicó una foto de media página de cuatro adolescentes pintando una pared, con el título "Pongamos la casa en orden."

"No, no son miembros de un grupo político", un copete explicaba a los lectores, "son estudiantes de una escuela técnica que decidieron pintar las paredes de la escuela, que estaban llenas de pintadas de reuniones políticas y conciertos de rock: se trata de un síntoma, y uno bueno, de que algunos jóvenes ya han entendido que el orden empieza por casa."³⁵ En unas pocas semanas, de acuerdo al copete, los efectos del nuevo régimen se habrían extendido incluso hasta los medios más productores de desorden, el de los roqueros y militantes políticos. Esos cuatro adolescentes, por su cuenta, habrían comenzado a restaurar el orden que Gente y millones de argentinos comunes y corrientes aparentemente deseaban. Muchas instituciones civiles (la jerarquía de la Iglesia Católica, los medios de comunicación dominantes y asociaciones empresariales) respaldaron abiertamente el nuevo régimen, mientras que amplios sectores sociales desarrollaron una suerte de "consenso reactivo" (Novaro y Palermo, 2003: 24-5) otorgándole a los militares una tácita carte blanche para hacer lo que fuera necesario para "restaurar el orden."

En dos formas interrelacionadas, el orden y la seguridad nacional comenzaban "en casa". Primero, las doctrinas transnacionales de seguridad nacional adquirían significados al discutirse e implantarse domésticamente. En "casa" en la Argentina, esas doctrinas adquirieron aún más la claridad y aceptación al cruzarse con las ansiedades generadas por grupos específicos, como la juventud. En una narrativa conocida que ganó credibilidad con el transcurso de los 1970', la juventud representaba el eslabón más débil, ya que habría estado expuesta a las fuerzas duales del "liberalismo" -en términos de moral sexual y patrones culturales - y del "comunismo". Las drogas se visualizaban como un hilo que unía la liberalidad cultural y el comunismo y, por lo tanto, miembros de la policía, toxicólogos y miembros del espectro político, entre otros, habían podido situar el problema que estaban creando en el marco de la seguridad nacional. En segundo lugar, esas voces "expertas" explicaban las raíces del desorden social y político en términos de la "disolución de la vida familiar." En especial desde las esferas del régimen se culpó a la institución familiar del abandono de sus deberes en la socialización de las generaciones más jóvenes. Una semana después del golpe, el presidente Gral. Jorge R. Videla precisaba lo que la Junta entendía por "subversión," planteando que no se trataba solamente de "poner bombas en las calles" sino también de la propagación de "todos los conflictos sociales," incluyendo "la lucha entre padres e hijos."³⁶ La restauración de los principios de jerarquía y disciplina se consideraba crucial para derrotar a la "subversión," lo cual requería del trabajo mancomunado de todos los que ocupaban puestos de autoridad, incluyendo a los padres. Sin embargo, a los ojos de las nuevas autoridades, los padres no siempre podían cumplir con esas exigencias y el Estado debía intervenir como un padre sustituto para los jóvenes.

El CENARESO fue una de las instituciones que el Estado promovió como un "padre sustituto" para los jóvenes identificados como toxicómanos. Irónicamente, en la segunda mitad de la década de 1970 el equipo de psicólogos del CENARESO hizo uso de una de las teorías más cuestionadas desde las esferas oficiales: el psicoanálisis. Como la mayoría de sus colegas en sus consultorios, estos profesionales apelaban a la psicoterapia y usaban al psicoanálisis como su lente interpretativa básica. Uno de los equipos de CENARESO postuló que la adicción a las drogas era sintomática de una perversión del deseo de la madre, lo cual impedía la resolución del vínculo edípico.³⁷ Psicólogos y trabajadores sociales, asimismo, sistematizaron información sobre antecedentes familiares de los pacientes usando un marco psicoanalítico deudor de nociones patriarcales. Así, detectaron que había más probabilidades de adicción en familias en las que los adultos hacían uso de "drogas legales" como el alcohol, tanto como en "familias mal integradas": el cincuenta por ciento de los pacientes, aseguraban, habían crecido en familias donde, literal o figurativamente, no había "autoridad paterna".³⁸ Al menos en lo concerniente a la valoración de la autoridad patriarcal, los profesionales del CENARESO compartían un núcleo ideológico fuerte con los discursos del régimen sobre el lugar de lo familiar en el orden social. Esto le permitía al jefe de la institución, el Dr. Cagliotti, afirmar que el CENARESO se erigía como un "padre" para los jóvenes que habían "renacido" en el tratamiento. Entre fines de 1973 y mediados de 1981, un total de 4.481 jóvenes-varones, ya que hasta 1979 el CENARESO no atendía a mujeres-había concluido un año de terapia y muchos de ellos ya habían abandonado al "padre sustituto" tras haber internalizado principios de orden y disciplina.³⁹

La División de Toxicomanía, por su parte, concebía a la juventud en general como víctima potencial de la toxicomanía e intentaba diseminar principios de orden y disciplina en todas las esferas de la vida juvenil. Casi una década después de la creación de la División, la Policía Federal publicó directivas para el reconocimiento y la interacción con toxicóma-nos. El Manual Policial de Toxicomanías se dirigía a todos los agentes de la fuerza para que "actualizaran sus perspectivas frente a los nuevos enemigos." En la interpretación de lo que se representaba como un mal cada vez mayor, el Manual también señaló a los cambios socio-culturales acaecidos en la familia. Rechazando las dimensiones edípicas de las teorías psicoanalíticas, el Manual culpaba a la disminución de la autoridad patriarcal por la permisividad creciente que sentó las condiciones culturales para "la curiosidad y la experimentación" con las drogas entre los más jóvenes.⁴⁰ En la medida en que ligaba las toxicomanías con la juventud, y que proponía entender a la fuerza policial como "guardiana de la moral y las costumbres públicas", el Manual insistió en el desarrollo de tareas preventivas, es decir, de vigilancia de actividades y grupos juveniles. El Manual dedicaba así tantas páginas a la descripción del funcionamiento orgánico de diferentes sustancias como a las formas en que los agentes debían buscarlas (y encontrarlas) en casas particulares, plazas y conciertos de rock como así también en los cuerpos y atuendos juveniles. Tal meticulosidad se complementaba con el mandato de jamás "perder de vista que el joven adicto es un enfermo y no un criminal."⁴¹ Este último mandato parece haber quedado en pura retórica, ya que la práctica distaba mucho de esa mirada médica.

Desde la sanción de la ley 20.771, los agentes policiales contaban con un marco que les permitía enviar a prisión a los toxicómanos "reales" o potenciales en función del hecho de detectarles-o "plantarles"-sustan-cias psicoactivas ilegalizadas, aun para uso personal. Las estadísticas de la población carcelaria, especialmente para la década de 1970, son fragmentarias, y los estudios sobre el sistema penitenciario de la época han puesto el foco en los prisioneros políticos, antes que en los "comunes". Los pocos análisis sobre las condiciones de las cárceles en el contexto del terrorismo de estado coinciden, sin embargo, en que la militarización del servicio penitenciario implicó el recrudecimiento de los vejámenes y las torturas para "políticos" y "comunes" por igual (Barberis, 1987; D'Antonio y Eidelman, 2010). Como un ejemplo extremo de tal recrudecimiento, una investigación reciente reconstruyó la masacre del Pabellón Séptimo de la Unidad Penitenciaria No.2, en Villa Devoto. En la noche del 13 al 14 de marzo de 1978, tras un altercado de rutina que ponía en evidencia la violencia cotidiana de los guardianes hacia los "comunes" (en concreto, un guardia ordenó apagar un televisor a la mitad de una película) y el aparente desafío a la orden por parte de los presos, las autoridades del penal decidieron una requisa sorpresiva y particularmente violenta. A la mañana del 14 de marzo, unos 50 guardias armados ingresaron al Pabellón golpeando indiscriminadamente a todos los presos, quienes en un esfuerzo conjunto los repelieron. Una vez afuera del pabellón, los guardias tiraron con armas de fuego y gases lacrimógenos, y los presos se agazaparon tras los colchones, que empezaron a quemarse. Ante el incendio, los penitenciarios dejaron las puertas cerradas y continuaron el tiroteo. El resultado fueron 64 presos "comunes" muertos-por asfixia y quemaduras, o por disparos de armas de fuego. Entre esos 64 presos masacrados se encontraban al menos siete que cumplían condenas por violación a la ley 20771, incluyendo a Ariel Colavini (ingresado a fines de 1977 por tenencia de dos cigarrillos de marihuana); Horacio Santonin y Pablo Menta (ingresados en 1976 tras haber "defraudado" a un farmacéutico, aparentemente para conseguir más anfetaminas que las permitidas); y Luis María Canosa, German Jascalevich y Gian Piero Gambarella, detenidos dos semanas antes de la masacre en la esquina de Las Heras y Pueyrredon por "tenencia de estupefacientes" (Cesaroni, 2013: 190-2, 228, 300).⁴²

El Dr. Elías Neuman, un abogado criminalista que actuó en defensa de muchos jóvenes procesados por cuestiones vinculadas a las drogas y que además llamó la atención rápidamente sobre lo inexacto de referir como "motín" a la masacre del Pabellón Séptimo de la Cárcel de Villa Devoto (1985: 5-9), fue uno de los primeros profesionales en plantear que los jóvenes identificados como adictos sufrieron toda suerte de apremios y torturas en las comisarías y las cárceles dictatoriales. Brindándole a Neuman su testimonio en 1984, un joven que se auto-identificaba como ex adicto recordó que fue detenido varias veces en la década anterior por delitos relacionados con drogas y que invariablemente fue "tratado como un criminal, golpeado y torturado."⁴³ En su contexto, esas palabras tenían una resonancia especial en la arena pública, ya que traían al debate algunas de las conclusiones a las que había llegado la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el organismo que investigó el funcionamiento de los 340 centros clandestinos de detención que las fuerzas de seguridad habían establecido en todo el país durante el régimen militar. Aunque ahora la cifra de personas hechas "desaparecer" se estima en alrededor de 20.000 (a diferencia de las 8.900 indicadas por la CONADEP), el informe Nunca Más estableció claramente que el secuestro, la detención, la tortura y el asesinato fueron los mecanismos fundamentales del terrorismo de Estado en la Argentina. Además, el Nunca Más indicaba que, más allá de su condición de estudiantes, empleados o trabajadores, el 69 por ciento de las personas "desaparecidas" tenían entre 16 y 30 años de edad en el momento de su secuestro.

Hacia 1984, sin embargo, amplios sectores de la sociedad argentina creían que era posible y deseable juzgar y condenar a los responsables de los crímenes del terrorismo de estado y ese mismo marco de apertura habilitó a que otros-menos-intentaran repensar el "problema de las drogas", un problema que había estado estrechamente vinculado a proyectos autoritarios. Durante la breve "primavera" que siguió a la elección de Raúl Alfonsín como presidente en octubre de 1983, diversos actores políticos y culturales intentaron situar a las drogas dentro de un discurso demo-cratizador. En este contexto, algunas voces pidieron abiertamente la legalización de la marihuana. En agosto de 1983, por ejemplo, la revista Cerdos & Peces inició una campaña para la legalización de la marihua-na.⁴⁴ A diferencia de lo que sus predecesores hicieron una década antes, asimismo, durante la década de 1980 las ramas juveniles de varios partidos trotskistas también apoyaron la legalización del cultivo y consumo de marihuana.⁴⁵ La prensa también registró cambios en las percepciones de algunos médicos, atentos a los usos políticos de la figura del toxicómano. Los doctores Santiago Calabrese, de la FAT, y Cagliotti, del CENARESO, apuntaban ahora a unificar los esfuerzos de las áreas de salud y educación para iniciar una sostenida campaña de prevención del uso de drogas entre adolescentes. Aunque ambos sostenían que los padres y docentes debían entrenarse para leer "señales" en los comportamientos de los adolescentes que indicaran posibles conductas adictivas, Calabrese hacía hincapié en que esas "lecturas" no debían canalizar una "mirada represiva" que terminara por "cortar toda creatividad" e "imponer una total homogeneidad del tipo 'no te metás'".⁴⁶ Esa frase, "no te metás," capturaba la crítica a una supuesta relación de complicidad y tolerancia entre amplios sectores de la sociedad civil y el régimen militar. El Dr. Calabrese trató de disociar sus esfuerzos de prevención de cualquier vínculo con soluciones autoritarias.

Los debates sobre el autoritarismo y la democracia se filtraron también en algunas decisiones judiciales. En verdad, incluso el Dr. Neuman reconocía que, entre 1974 y 1984, algunos jueces cuestionaban constantemente, en su práctica, el artículo sexto de la Ley 20.771 que penalizaba con prisión o rehabilitación compulsiva a aquellos que poseyeran drogas para consumo personal.⁴⁷ Esos jueces actualizaban, en sus decisiones, un viejo debate ideológico y político sobre el papel del Estado como árbitro de las acciones y decisiones individuales, un debate que llegó con fuerza al centro de la escena en 1986, durante el caso Bazterrica. Guillermo Bazterrica era el guitarrista de Los Abuelos de la Nada, condenado a un año de prisión por violar el artículo sexto de la Ley 20.771. Atento al nuevo contexto, su abogado procuró darle un perfil político al caso y solicitó declarar inconstitucional al artículo sexto. El caso llegó a la Corte Suprema, que en 1986 efectivamente declaró la inconstitucionalidad de dicho artículo. En un fallo dividido, el Dr. Enrique Pettrachi, portavoz de la mayoría, sostuvo que "en nuestra sociedad en la que, a consecuencia de los últimos años, los hábitos de conducta, modos de pensar y formas culturales autoritarios se han entronizado (...) no menos esencial que la lucha contra la proliferación de las drogas es la afirmación de la concepción, escrita en nuestra Constitución, por el cual el Estado no puede ni debe imponer ideales de vida a los individuos, sino ofrecer el marco de las libertades para que ellos elijan."⁴⁸ El fallo Bazterrica era ilustrativo de una voluntad de renovación de la sociedad y la cultura argentinas de acuerdo a ideales democráticos y liberales como parte de un esfuerzo por remover los restos de autoritarismo político y cultural.

Como la "primavera" postdictatorial, esa voluntad de enmarcar la discusión sobre drogas en ideas liberales y democráticas duró poco tiempo. Los discursos y actores alineados con soluciones autoritarias y represivas encontraron un aliado inesperado en los imperativos económicos y políticos que acecharon la presidencia de Alfonsín. A fines de 1985, durante su primer encuentro con Ronald Reagan, Alfonsín manifestó su desacuerdo con la participación de los Estados Unidos en la guerra contra los Sandinistas en Nicaragua pero, llamativamente, dio su aprobación a la "guerra contra las drogas." Como lo recordara Jaime Malamud Goti, un ex colaborador de Alfonsín en política exterior, la aprobación de la versión de Reagan de la guerra contra las drogas (que incluía ataques directos contra los cultivos de coca en Bolivia, por ejemplo) tenía que ver con la necesidad de acceder a un paquete de ayuda financiera, cuya aprobación estaba sujeta a la aplicación de una serie de políticas respecto a las drogas. Malamud Goti recordaba que el gobierno de Alfonsín tenía otras prioridades (como el aumento de la inflación, la deuda externa y los efectos políticos de los juicios contra la cúpula militar) y, en general, se pensaba que el tráfico y consumo de drogas no constituían un grave problema (Malamud Goti, 1994). Sin embargo, el acuerdo de Alfonsín con la aproximación "guerrera" de su par norteamericano terminó por alentar a miembros de su propia fuerza política, la UCR, quienes promovían marcos regulatorios aún más duros que la Ley 20.771. El diputado Lorenzo Cortese era la vanguardia de este enfoque. Convencido de que el tráfico se reduciría al reducir el consumo, Cortese elaboró un proyecto de ley de estupefacientes que aumentaba las penas por tenencia para el consumo personal. Ese proyecto recibió el apoyo de un sector de legisladores peronistas y de la mayoría de los medios de comunicación, embarcados en una campaña que, ahora, ligaba juventud, drogas y delito.⁴⁹ Esa campaña marcó y acompañó el giro a la derecha de la presidencia de Alfonsín en sus últimos tres años.

Conclusiones

La reactualización de un "problema de las drogas" en la Argentina, desde fines de la década de 1960 hasta fines de la de 1980, se entrecruzó con un proyecto autoritario más amplio que posicionó a la juventud como el epítome del caos cultural y político. A diferencia de regímenes de construcción del toxicómano en los cuales minorías étnicas o discursos del control sexual o genérico jugaron un rol fundamental-por ejemplo, en los Estados Unidos y en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX (Spillane, 1998; Seed, 2006)-, en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX distintos actores proyectaron sobre los jóvenes, varones, los atributos del toxicómano. La creación de legislación e instituciones policiales y médicas anti-drogas, que se amplió y diversificó a comienzos de la década de 1970, permitió que la figura del toxicómano fuera tomando forma en el mismo esfuerzo por "contenerla".

El proyecto autoritario y represivo que modeló la oleada prohibicionista de la década de 1970 surgió antes de la imposición de la última dictadura militar y persistió más allá de la transición a un régimen democrático. Médicos, policías, think tanks militares y políticos se apropiaron del discurso transnacional de la "guerra contra las drogas" para lidiar con aspectos vinculados al consumo y, especialmente, los consumidores (reales o potenciales) de sustancias ilícitas. A diferencia de lo sucedido en Perú y Colombia en las décadas de 1970 y 1980, la particularidad de la versión argentina de la "guerra contra las drogas" se basó en el "blanco": antes que el tráfico y la distribución, interesaban quienes se representaban como los consumidores por excelencia, esto es, jóvenes cuyas opciones políticas y estilos de vida cuestionaran dimensiones de la vida familiar, cultural y política. El marco legislativo instaurado en 1974 permitía "contener", a partir de la vigilancia, el horizonte de la prisión y el mandato de tratamiento obligatorio, a todos aquellos que se encontraran en posición de ser concebidos como toxicómanos, "reales" o potenciales. La sanción de esa legislación, y el avance del discurso prohibicionista que anudaba sentidos de juventud, desorden y subversión, precedió a la imposición de la última dictadura militar y, a su manera, contribuyó a diseminar un clamor de "orden". Fue en el contexto del terrorismo estatal, sin embargo, cuando esa legislación comenzó a ponerse en práctica de manera sostenida, algo que fue de la mano con la "profesionalización" de la División de Toxicomanía y, con ella, la ampliación de la población de "toxicómanos" que experimentó la tortura y los apremios en las cárceles dictatoriales y/o que, voluntaria o-lo más probable-involuntariamente encontró un "padre sustituto" en el CENARESO. La breve "primavera democrática" asociada al nombre de Raúl Alfonsín no alcanzó para desarticular la madeja institucional y discursiva que dio forma al "problema de las drogas". Muy por el contrario, aun cuando fuera por razones de índole económica, desde el propio gobierno de Alfonsín surgieron las coordenadas básicas para perpetuar una aproximación a las drogas y sus usuarios que, en lo sustantivo, continuó sirviendo a la articulación de un amplio proyecto político-cultural autoritario.

Notas

2. Para Perú y Colombia, ver Gootenberg (2009) y Britto (2010), respectivamente.

3. Código Penal de la República Argentina y sus leyes y decretos complementarios (Buenos Aires: Zavalía, 1968), 201; Jorge Lopez Bolado, Drogas y otras sustancias estupefacientes (Buenos Aires: Pannedille, 1971), 70-85.

4. "Alucinógenos: hacia la terapia surrealista," Confirmado No. 5, 4 de junio de 1965; 38-9; "Paraísos artificiales," Panorama No. 46, marzo de1967, 35-9; sobre esa experiencia, ver Plotkin (2001: 172-5).

5. "¿Hacia la generación de la marihuana?," Primera Plana No. 254, 7 de noviembre de 1967, 46-9.

6. "Vivir en el cielo," Siete Días No. 37, 23 de enero de 1968, 50.

7. Entrevista con Mario R. (nacido en Buenos Aires en 1949), Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.

8. En busca de drogas," La Razón, 13 de agosto de 1970, 8; "Espectacular operativo nocturno", La Razón, 21 de agosto de 1970, 9; "El flagelo de la marihuana," La Razón, 1 de septiembre de 1970, 8.

9. Mauricio Knobel y Ursula Scheuer, "Adicción a las drogas en general y a los psicofármacos en particular entre los estudiantes universitarios," Revista Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia, Vol. 4, No. 2, septiembre de 1973, 235-55; Emilio Astolfi, Armando Maccagno, Jorge Kiss, "Uso, abuso y dependencia de drogas (estadísticas de estudiantes)," Revista Chilena de Pediatría, Vol. 44, No. 3, 1973, 261-4.

10. Hernán Kesselman, "Las drogas: un purgatorio artificial", Nuevo Hombre No. 1, 21 de Julio de 1971, 1; Hugo Vezzetti, "Anfetaminas y derivados: uso y producción," Los Libros No. 1974.

11. "Hippies y drogas," La Razón, 21 de agosto de 1970, 11; "Muerte blanca", La Razón, 19 de marzo de 1971, 7, y "Muerte blanca en Buenos Aires," La Razón, 17 de abril de 1971, 5.12. Fondo de Ayuda Toxicológica, Entrevista con Jorge Manassero, en Antecedentes Históricos (Buenos Aires: FAT, 1999), 16-7.

13. Policía Federal Argentina, Superintendencia Técnica (Buenos Aires: Dirección de Estadísticas, 1972), 83, 85, Centro de Estudios Históricos de la Policía Federal (CEHPF).

14. "Marihuana, el revés de la trama," Mundo Policial No. 5, julio de 1970, 62; "Código y drogas," Clarín, 7 de marzo de 1971, 12; Jorge López Bolado, Drogas y otras sustancias estupefacientes (Buenos Aires: Panedille, 1971), 84-92.

15. "Variables socio-culturales relacionadas con la toxicomanía," en Vivir entre adictos: Experiencia terapéutica multidisciplinaria en un servicio hospitalario, Horacio San Martín et al (Buenos Aires: s/e, 1976), 82-90.

16. Horacio San Martín, "Servicio 30 Bis," en Vivir entre adictos, 4-5. Ver también "Debate sobre toxicomanía", La Razón, 2 de mayo de 1971, 8 y "Aumentarán los toxicómanos," La Razón, 18 de octubre de 1971, 8.

17. "Manrique ante un caso conmovedor," Clarín, 14 de septiembre de 1971, 9.

18. "Redada anti-droga," Clarín, 16 de febrero de 1972, 11; "Asombra el grupo de drogadictos encabezado por un conjunto beat," La Razón, 21 de febrero de 1972, 6; "Otro golpe a las drogas," La Razón, 22 de febrero de 1972, 4.

19. The World Narcotics Problem: The Latin American Perspective (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1973), 35-8.

20. "El tráfico de drogas," La Razón, 18 de febrero de 1972, 8.

21. Para esos códigos escritos, ver Luis Ortolani [bajo el seudónimo de Julio Parra], "Moral y proletarización [1972]," Políticas de la Memoria No. 5, 2004-2005, 99-100; y "Código Penal Revolucionario,1975," Lucha Armada No. 8, 2007, 124-7.

22. Entrevista con Luis Salinas, 0260, Archivo Oral de Memoria Abierta.

23. "Hablan los jóvenes: lecciones para adultos," Panorama No. 249, 1 de febrero de 1972, 36

24. Horacio González Trejo, Formas de alienación en la cultura argentina (Buenos Aires: Carlos Pérez, 1969), 57; Graciela Clemente, "Los argentinos y la droga," Redacción No. 17, Julio de 1974, 78-80.

25. Rómulo Menendez, "Las Fuerzas Armadas y la defensa nacional," Revista Militar (Revista del Círculo Militar), No. 660, 1961, 13-7.

26. "Gran proceso público a la corrupción," La Razón, 8 de noviembre de 1963, 5.

27. "Extremistas y traficantes," La Razón, 27 de septiembre de 1970, 6; "Las drogas y la política," La Razón, 23 de agosto de 1971, 6.

28. "Procedimientos antisubversivos: informe psiquiátrico," La Razón, 30 de enero de 1974, 1.29. "La propaganda contrarrevolucionaria," El Combatiente No. 106, 6 de febrero de 1974, 10; "La CIA y las drogas," Liberación No. 20, 15 de mayo de 1974, 32.

30. "Se firmó un tratado bilateral de lucha contra la droga," Clarín, 20 de agosto de 1973, 12.

31. Policía Federal, Memoria, 1975, 221-22, 268-9, manuscrito en CEHPF.

32. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, vol. 2, 19 de septiembre de 1974, 2856-68.

33. "Peligro de dominación marxista," Boletín AICA No. 981-2, 16 de octubre de 1975, 140-6.

34. "Redadas en Plaza Irlanda," Clarín, 15 de marzo de 1975, 22, y especialmente "Drogas, los tentáculos de la corrupción," Siete Días No. 445, 12 de diciembre de 1975, 90-5.

35. "Pongamos la casa en orden," Gente No. 560, 15 de abril de 1976, 17.

36. "El primer mano a mano con el presidente," Gente No. 560, 15 de abril de 1976, 4.

37. Bruno Bulacio, De la drogadicción: contribuciones a la clínica (Buenos Aires, Paidós, 1986), 6770.

38. Equipo CENARESO, Cuadernos del CENARESO No. 15: Familia y drogas, 1976; Lic. Juan Luis González y AS Graciela Furia, Cuadernos del CENARESO No. 21: Aspectos familiares y sociales del uso indebido de drogas en la Argentina, 1977, Archivo CENARESO.

39. Dr. Carlos Cagliotti, "A quiénes y por qué tratamos,"; Equipo CENARESO, Cuadernos del CENARESO No. 52: Actualización de las tendencias del uso indebido de drogas, 1982, Archivo CENARESO.

40. Policía Federal, Manual policial de toxicomanías (Buenos Aires: Editorial Policial, 1979), 27-31.

41. Ibid, 260-74.

42. Luis María Canosa es el "Luis María" al que menciona su amigo Carlos "Indio" Solari en la letra de la canción "Toxi, Taxi", incluida en Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, La mosca y la sopa, 1991.

43. "Pablo," en Diálogos con drogadictos, Elias Neuman, ed. (Buenos Aires: Galerna, 1984), 189-90.

44. Enrique Symns, "Despenalizar la marihuana," Cerdos & Peces No.1, Agosto de 1983, 2.45. "Fumo sí, narcos no," El porteño No. 77, Mayo de 1988, 14-5.

46. Dionisia Fontán, "Juventud y droga: mirar sin prejuicios," El periodista de Buenos Aires No. 10, 17 de noviembre de 1984, 48-9, también "El tabú de la droga," Cerdos & Peces No. 2, Septiembre de 1983, 4.

47. "La droga López Rega," El periodista de Buenos Aires No. 19, 18 de enero de 1985, 48.

48. Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Bazterrica Gustavo Mario/Sobre tenencia de estupefacientes, 29 de agosto de 1986," Boletín de Fallos Vol. 308, 1392.

49. "Drogas, se viene la noche," El porteño No. 81, Septiembre de 1988, 48-9.

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