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Apuntes de investigación del CECYP

versión On-line ISSN 1851-9814

Apunt. investig. CECYP  no.26 Buenos Aires dic. 2015

 

TEMA CENTRAL: Miedo

Tráfico de cifras: "Desaparecidas" y "rescatadas" en la construcción de la trata como problema público en la Argentina

Traficking in numbers: "Disappeared" and "Rescued" in the construction of human traficking as a public problem in Argentina

 

Cecilia Inés Varela y Felipe González1

1. Universidad de Buenos Aires - CONICET // Universidad de Buenos Aires.


Resumen

El cambio de milenio ha visto el surgimiento de una campaña global contra la trata de personas que ha tenido un marcado énfasis en el combate contra distintas modalidades del comercio sexual. Tanto a nivel global y en diferentes contextos nacionales la construcción de la trata de personas como problema público se ha valido de la producción y difusión estratégica de una serie de cifras y estadísticas, por un lado, con el objetivo de instalar la problemática en la agenda pública y por el otro, de difundir acciones gubernamentales de combate contra la trata de personas. En el presente artículo proponemos un análisis de la construcción de la trata de personas como problema público en la Argentina a través de la política de los números utilizada por organizaciones de la sociedad civil y por burocracias estatales. Señalamos las diferentes operaciones partir de las cuales las cifras fueron producidas y puestas en circulación por estos actores, y cómo esto responde a orientaciones políticas e intereses determinados.

Campañas; trata de personas; política de los números; comercio sexual.

Abstract

The turn of the 21st century has seen the emergence of a global campaign against human trafficking with a strong focus on different modalities of commercial sex. Both at the global and local levels the construction of human trafficking as a public problem has relied on the strategic production and dissemination of a series of numbers and statistics aiming, on one side, to compel public attention to the problem, and on the other side, to publicize government actions in the fight against trafficking. In this pa-per we propose an analysis of the construction of human trafficking as a public problem in Argentina describing the politics of numbers used by non-governmental organizations and government agencies. We show the different operations used by these actors to manufacture and disseminate these numbers, and how these process responds to specific political com-mitments and interests.

Campaigns; human trafficking; politics of numbers; sexual market.


 

El cambio de milenio ha visto el resurgimiento de la trata de personas como uno de los principales temas que ocupan la agenda global contemporánea; denunciada como una "forma contemporánea de la esclavitud" y uno de los "crímenes más lucrativos a nivel internacional", la trata de personas ha acaparado la atención de estados, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, medios de comunicación y el público en general. Ligada a diversas formas de explotación laboral, sexual y tráfico de órganos; la campaña global contra la trata ha tenido sin embargo un claro enfoque sobre lo que se ha definido como "trata de mujeres con fines de explotación sexual." Así, tanto en espacios transnacionales como locales, la construcción del problema de la trata de personas y las respuestas institucionales han asumido un claro énfasis sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual, relegando a un segundo plano otras modalidades de explotación.

Si con la llegada del nuevo milenio hubo una "explosión de discusión" en torno a la trata de personas (Chin y Finckenauer 2012), fue la década de 1990 en la cual la temática comenzó a tomar estado público con motivo de una confuencia de factores. Por un lado, el fin de siglo vio la caída de la Unión Soviética, el incremento de los movimientos migratorios globales, especialmente de mujeres, y el aumento de las desigualdades económicas, tanto en el plano global como en las economías nacionales. Será en este contexto, que los desplazamientos de mujeres de los países de Europa del Este hacia Europa Occidental y Estados Unidos para ingresar en el comercio sexual proveerán a los medios de comunicación de historias de mujeres traficadas para el mercado sexual. La puesta en circulación de estas historias no residía en su capacidad de ilustrar las trayectorias de las mujeres migrantes en la economía global -infinitamente más heterogéneas y complejas-, sino en su potencial sensacionalista (Soderlund 2005). Por otro lado, la confuencia de actores, intereses y agendas políticas ayudaron a galvanizar el problema de la trata. Así, las campañas contra la violencia hacia las mujeres en espacios supranacionales y transnacionales; la creciente preocupación en las agendas nacionales e internacionales por el crimen organizado transnacional, el control de las fronteras y el incremento de los fujos migratorios y, en los Estados Unidos, la alianza de grupos feministas abolicionistas2 con organizaciones cristianas articulados en la promoción de una política anti-prostitución; confuyeron en la actual campaña global contra la trata, imprimiéndole un fuerte sesgo hacia el comercio sexual (Kapur 2005; Weitzer 2007; Bernstein 2010).

En atención a nuestras coordenadas espacio-temporales, es necesario ubicar el problema de la trata y la prostitución en el marco de esta campaña global y destacar su inserción singular en la agenda local (Varela 2012). En el presente trabajo nos proponemos analizar cuál fue el papel de la "política de los números" en tanto conjunto de acciones que crean, seleccionan, promulgan y diseminan números por parte de actores interesados (Andreas & Greenhill 2010) en la configuración local de la campaña contra la trata de personas; a través de la cual, primero las organizaciones de la sociedad civil y luego el estado, han construido y divulgado distintas cifras sobre la trata de personas.

La política de los números en la construcción del problema público de la trata de personas

La campaña global ha articulado lo que Zheng (2010) define como el "discurso hegemónico sobre la trata de personas." En este se subsumen todas las formas de tráfico y trata de personas bajo la modalidad de trata sexual al mismo tiempo que se iguala todo comercio sexual con la esclavitud sexual. Su forma asume la de un esquema alarmante, simplista e idealizado, donde en una lógica binaria, víctimas y victimarios perfectos entretejen una narrativa que elimina cualquier tipo de ambigüedad moral (Soderlund 2005; Zheng 2010; Molland 2012). Así, por un lado, este discurso elabora la figura de la víctima perfecta o adecuada articulando un conjunto de estereotipos de género tradicionales, donde la inocencia sexual y la pasividad de las mujeres son centrales (Doezema 2004; Vance 2004; Agustín 2009; Chin y Finckenauer 2012; Molland 2012; Iglesias Skulj 2013). Por otro lado, los tratantes son descriptos como villanos perfectos, tan violentos como peligrosos, son miembros de sofsticadas redes criminales que actúan impunemente a lo largo de fronteras y tienen conexiones con otras formas de delito organizado. Asimismo, las redes de trata suponen una amenaza para las sociedades en las que actúan, atentan contra la seguridad de los estados e incluso el orden mundial (Chin y Finckenauer 2012; Molland 2012). En este contexto, la construcción de la trata de personas como problema público, tanto a nivel global como en escenarios locales ha sido caracterizada por otros trabajos como pánico moral (Weitzer 2005, 2007; Hill 2011; Rubin 2011; Daich 2013; Williams 2013). El concepto de pánico moral refere a la articulación de problemas sociales donde la preocupación y miedo sobre determinada condición, episodio, persona o grupo que amenaza los valores e intereses de una sociedad se construye rápidamente y las reacciones a la amenaza percibida son con toda probabilidad exageradas o equivocadas (Goode y Ben-Yehuda 1994; Cohen 2002; Thompson 2014). Dicho concepto nos permite iluminar algunas dimensiones de la emergencia de la trata de personas como problema público. Entre ellas nos interesa destacar aquí la desproporcionalidad por la cual la "amenaza o el peligro son vividos como más importantes que cuando se los evalúa de una manera más realista" (Thompson 2014: 25). Si bien no siempre es posible señalar cuáles criterios objetivos podrían determinar la proporcionalidad o no de la preocupación o reacción a determinado problema, sí hay casos donde no es difícil encontrar indicadores de desproporcionalidad (Goode y Ben-Yehuda 1994; Cohen 2002; Thompson 2014). Thompson señala que uno de estos indicadores de desproporcionalidad puede ser rastreado en la "exageración de las estadísticas o incluso su fabricación con el fin de señalar un problema social como excepcionalmente amenazante" (2014: 26).

Como han señalado múltiples trabajos (Feingold 2010; Warren 2010; Bon-thuys 2012; Weitzer 2012), el discurso dominante sobre la trata de personas ha sido articulado con un conjunto de "números de miedo" (Best 2014), esto es, cifras, estadísticas, estimaciones y porcentajes puestos en circulación por una diversidad de actores, tanto en escenarios globales como nacionales, con variadas motivaciones e intereses: visibilizar el problema, señalar la magnitud y extensión del fenómeno, justificar la intervención estatal y la asignación de recursos, señalar las acciones y "éxitos" de organismos gubernamentales en su lucha contra la trata de personas, entre otros. Estos números de miedo, articulados generalmente bajo la dupla de cantidad de víctimas y de ganancias generadas, son un elemento clave en el discurso hegemónico de la trata y permiten denunciarla como un "fagelo" por su supuesto alcance, tamaño y crecimiento "exponencial".

Estas cifras divulgadas a nivel global por diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales han sido duramente criticadas por carecer cualquier rigor científico y metodológico, ser conceptualmente confusas, estar sesgadas políticamente e incluso haber sido completamente inventadas en muchos casos (Wijers y Lap Chew 1997; Grupo Davida 2005; Tyldum y Brunovskis 2005; Goodey 2008; Feingold 2010; Jordan 2011; Blanchette-da Silvia 2012). Sin embargo, esto no ha impedido su amplia circulación acrítica en medios de comunicación, publicaciones de organismos estatales, campañas de visibilización e incluso en la literatura académica. Al desplegarse estas cifras en el contexto del consenso que el pánico moral genera en torno a la amenaza que implica la trata de personas, el escrutinio público sobre estos números se ve inhibido y desalentado.

Como hemos señalado, nos interesa indagar la manifestación local de esta política de los números. En este trabajo analizamos cuál fue el rol de los números promovidos, conjuntamente con las explicaciones y narrativas asociadas a ellos, en la construcción y disputa por la propiedad del problema público de la trata de personas. Siguiendo a Gusfeld utilizamos problema público para "designar el proceso a través del cual un estado de hecho deviene en objeto de refexión y protesta pública al mismo tiempo que se convierte en un objetivo y recursos para la acción pública" (Gusfeld 2003: 71, la traducción es nuestra);3 y por propiedad del problema público a "la capacidad de crear la definición pública de un problema e infuir sobre ella." (Gusfeld [1981] 2014: 76). Así, el desplazamiento de la propiedad del problema público es el criterio a partir del cual distinguimos dos etapas de la campaña anti-trata en la argentina. En la primer parte del trabajo abordamos el primer período (2007-2011), en el cual las organizaciones de la sociedad civil dominaban la cuestión. En la segunda parte del trabajo analizamos el segundo período (2012-2014) en el cual distintas burocracias estatales disputaron exitosamente su propiedad. Nos interesa mostrar cómo en este desplazamiento la "política de los números" jugó un papel central y analizar las operaciones a partir de las cuales las cifras fueron producidas y puestas en circulación a los fines de generar una "consciencia pública" del problema.

Las cifras de las organizaciones

Desde fines del año 2006 y durante el año 2007 se crean y formalizan, sobre la base de experiencias de activismo previas, un conjunto de organizaciones anti-trata: la Campaña ni una mujer más víctima de las redes de prostitución, el Programa Esclavitud Cero en la Fundación el Otro, la Fundación María de los Ángeles y la Fundación La Alameda. Utilizamos el término "anti-trata" para dar cuenta de un campo heterogéneo de organizaciones sociales con distintas trayectorias y experiencias formativas, cuyo rasgo común es proponerse acciones de visibilización, concientiza-ción y combate hacia la trata de personas.4 En esta primera etapa, el arco amplio de estas organizaciones criticaba duramente el proyecto de ley que tipificaba el delito de trata de acuerdo a los criterios fijados por el Protocolo de Palermo y empujaba hacia una definición del delito que borrara toda distinción posible entre prostitución forzada y libre.

Al compás de la visibilidad que va adquiriendo la temática en la agenda pública argentina, las organizaciones anti-trata cobran cada vez más un papel relevante como especialistas consultados en los medios de comunicación. En esta primera etapa contaban con la propiedad del problema público (Gusfeld 2014) y en tanto "palabra autorizada", las cifras puestas en circulación por estas organizaciones van a adquirir un rol central en la construcción del problema. Así, la cifra de 476 mujeres "desaparecidas" en manos de redes de trata prolifera a partir del año 2007 en diversas fuentes periodísticas e informes de organizaciones no gubernamentales, en algunos casos consignando a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como fuente de la información.5 El uso del término "desaparición" contiene, por su parte, una singular connotación en el campo político argentino. No solamente remite a la ausencia de rastros y pistas del paradero de una persona buscada por sus familiares o conocidos, sino que también es el significante que condensa y vehiculiza la experiencia histórica del terrorismo de estado y las demandas de "memoria, verdad y justicia" por los delitos de lesa humanidad.

¿Cuál es el origen de esa cifra de 476 "desaparecidas" atribuida originalmente en ocasiones a OIM? En el marco de su Programa AVOT,6 OIM contabilizaba a las personas asistidas en casos de trata vinculados al comercio sexual y la explotación laboral (tanto mujeres como varones). Así, en una doble operación, la cifra de 476 víctimas asistidas por una organización intergubernamental (independientemente del curso judicial del caso si este existiere y al margen de la radicación de la denuncia por búsqueda de paradero) comienza a ser presentada como un dato referido a "mujeres desaparecidas" en manos de redes de trata y explotación sexual. Esta operación por la cual la cifra desplaza su referente desde "víctimas asistidas" (mujeres y varones por explotación sexual y laboral) a "mujeres desaparecidas", es un caso típico de lo que Best (2001) denomina transformación del significado, generándose así "estadísticas mutantes". Una vez producida la transformación, la cifra es replicada en distintas informaciones periodísticas tanto como en materiales e informes de distintas organizaciones anti-trata.

La "Asociación Civil Casa del Encuentro"7 es la organización que centró su estrategia de visibilización en la tematización de la trata como desaparición forzada. Así, en el quinto aniversario de la desaparición de Marita Verón,8 el día 3 de abril del 2007, retomando una consigna histórica del movimiento de derechos humanos en la Argentina, convocan a una manifestación pública frente al Congreso de la Nación para reclamar por la "aparición con vida de las mujeres desaparecidas en democracia y castigo a los responsables". La consigna elegida fundía la retórica del movimiento de derechos humanos en la Argentina con la militancia feminista y buscaba interpelar a un gobierno que hacía suyas las demandas históricas por "memoria, verdad y justicia" del movimiento de derechos humanos en Argentina.

Desde aquel momento la organización ha difundido cifras alarmantes respecto del secuestro-desaparición de mujeres por redes de trata en diarios de gran tirada y otros medios de comunicación. En una nota publicada en el diario Clarín en junio de 2008, Fabiana Tuñez, directora ejecutiva de la organización, denuncia la existencia entre 550 y 600 chicas de entre 13 y 24 años, a quienes denomina las "nuevas desaparecidas". De acuerdo a la nota periodística ese número debe sumarse a las "476 víctimas que se esfumaron entre 2002 cuando Susana Trimarco salió a buscar a su hija, Marita Verón, y 2006", alcanzando un total de 1.026 víctimas.9 En marzo de 2010 en el diario La Nación, la misma asociación alerta sobre la desaparición de 600 mujeres secuestradas por redes de trata de personas en los últimos meses y Tuñez, transmitiendo un clima de emergencia, afirma: "por cada mujer que encontramos, desaparecen 7".10 En el mes de diciembre en el mismo diario, posicionadas como la "ONG que elabora la única estadística disponible sobre el secuestro de mujeres para el tráfico sexual" señalan que en últimos 18 meses "desaparecieron 700 mujeres".11

Es significativo, por su parte, observar la abismal distancia entre el amplio número de "desaparecidas" denunciado en los medios de comunicación y el escueto listado de casos reales, identificados con nombre y apellido en la página web de la organización. Las cifras alarmantes de 600 o 700 mujeres desaparecidas a manos de las redes de trata, contrastan así con 13 mujeres denunciadas como posibles víctimas de redes de trata en su página web,12 o incluso con la cifra total de 17 mujeres13 denunciadas públicamente como "desaparecidas" en las diversas acciones de visibilidad pública hasta el año 2011. La tematización de estos casos como "desaparición" privilegiaba su asociación con las "redes de trata" y excluía explicaciones alternativas tales como el abandono voluntario del hogar o la posibilidad de que estas mujeres hubieran resultado víctimas de otros delitos. De la entrevista realizada a Tuñez en agosto del 2011 no se desprende ninguna metodología sistemática de documentación de casos:

Éstas son la experiencias que nosotras tenemos en concreto, por eso estamos hablando de esa cantidad de víctimas, en las cuales hemos tenido intervención, ya sea en forma directa, o ya sea a través de asesoramiento vía Internet, vía teléfono. Porque a nosotros nos llaman personas y familias de todo el país, la realidad es ésta. Así que ya estamos hablando de más de 600 víctimas. (…) Son los casos en las que nosotras hemos tenido intervención. No existen estadísticas oficiales con respecto a las desapariciones de trata de personas, esas son las estadísticas que hay, que no son estadísticas en realidad, son producto del trabajo y de los casos que hemos relevado.

Así, las fuentes de esta información, además de las mencionadas anteriormente se compondrían de acuerdo a la entrevistada de:

(…) los comentarios de las familias sobre las víctimas con las cuales hemos tenido contacto. Nos dicen que en el prostíbulo en el que estaba había dos paraguayas, una dominicana, el resto eran de Misiones, de Mendoza…

La metodología de recolección de datos se basaría en las referencias de terceros respecto de la presencia de mujeres en prostíbulos, las consultas telefónicas o a través de Internet por búsquedas de paradero de mujeres y los casos efectivos en que se brindó asistencia. Todos esos casos serían contabilizados homogéneamente como mujeres "desaparecidas" por redes de "trata", independientemente de la existencia de una denuncia judicial por búsqueda de paradero, de la existencia de algún indicio efectivo de su inserción en el mercado del sexo e incluso al margen de la voluntad de la persona de permanecer en el circuito del sexo comercial. El paradigma trata-desaparición impulsado por la Casa del Encuentro produce así una doble simplificación: por un lado, cada mujer en el mercado del sexo es percibida como una "desaparecida" y, por otro lado, cada mujer buscada por sus familiares y conocidos es una "desaparecida" que ha resultado víctima de una red de trata. Por este camino, prostitución y "desaparición" se van convirtiendo en términos intercambiables.

Tal como ha sido señalado en la introducción, las lógicas de construcción y circulación de la información respecto de la cantidad de víctimas responden a los intentos de presentar los datos de acuerdo a una orientación de un proyecto político establecido a priori y sensibilizar a la opinión pública. La posibilidad de colocar una cifra en circulación, independientemente de que dicho número responda a una estrategia que presuma de mayor o menor cientificidad, es clave en los procesos de construcción de la problemática de la trata en la agenda pública y ha sido ampliamente documentada (Grupo Davida 2005; Cusick et al 2009; Laínez 2009; Feingold 2010; Jordan 2011; Bonthuys 2012; Kirsten et al 2013; O´Brien et al 2013; Fedina 2014). Como señala Gusfeld (2014) las categorías simbólicas utilizadas para construir el problema público modelan la percepción que tenemos de éste y están ligadas a los tipos de responsabilidad causal y política asignada,14 Así, las inserciones en el mercado del sexo como "desapariciones" excluyen la posibilidad de que las mujeres se inserten a través de algún tipo de decisión autónoma y las "desapariciones" de mujeres en clave de "trata" cancelan explicaciones alternativas como el abandono voluntario del hogar, tal como veremos más adelante. Estas formas de imputación causal están a su vez ligadas a los tipos de responsabilidad política asignadas. Dentro del paradigma trata-desaparición (responsabilidad causal) emerge el sistema penal como la herramienta adecuada para intervenir sobre el problema (responsabilidad política). No es tanto que estas imputaciones causales sirvieran para derivar a posteriori responsabilidades políticas definidas, sino más bien que responsabilidades políticas y causales se refuerzan mutuamente.

La lealtad anti-prostitución de la campaña global contra la trata ha sido extensamente abordada por una línea de trabajos (Kempadoo 2005; Weit-zer 2005; 2007; Saunders 2005; O´Connel Davidson 2006; Chuang 2010; Doezema 2010). En América Latina, un conjunto de estudios ha mostrado la articulación táctica de la campaña con las perspectivas abolicionistas sobre la prostitución, (Blanchette-Silva 2012, 2013; Piscitelli 2013; Varela 2013, Daich 2013; Lamas 2014, Daich y Varela 2014, Venson 2014). En este marco, la posición de la Casa del Encuentro abreva en una tradición abolicionista y desde allí puede desprenderse - aunque pudiera considerarse simplista - la imposibilidad de una incorporación al mercado sexual a través de una decisión autónoma. Justamente, la narrativa trata-desaparición, al apuntar al secuestro como forma de reclutamiento predominante para el mercado del sexo, más que dar cuenta de unos "hechos" objetivos de la realidad, refuerza discursivamente la idea de que ninguna mujer elegiría el trabajo sexual sino mediara algún tipo de violencia. Pero nos interesa detenernos en el segundo componente de la clave trata-desaparición: las "desapariciones" de jóvenes mujeres son imputadas causalmente a la "captación por redes de trata".

Esta clave de inteligibilidad propuesta originalmente por la Casa del Encuentro tuvo cierto éxito entre la militancia feminista, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y finalmente entre un público más amplio. En un corto período las organizaciones anti-trata desarrollaron lo que Lowenkron (2012) denomina una "pedagogía del miedo" y pusieron exitosamente en circulación un discurso que inscribe cualquier ausencia de una joven mujer de lo que se reconoce como su hogar como una "desaparición" bajo la hipótesis de un delito de "trata". Mientras que las redes sociales replican pedidos de ayuda desesperados de familiares y conocidos con imágenes de las jóvenes – la experticia de las organizaciones anti-trata dicta incluso que la rápida difusión de la foto colaboraría en la "liberación" de la víctima por parte de los tratantes - , algunos casos suelen alcanzar visibilidad en los medios de comunicación. Las denuncias involucran predominantemente a jóvenes de sectores subalternos y, en la mayoría de los casos, las jóvenes son halladas; pudiéndose rastrear las lógicas que subya-cen a las denominadas "desapariciones" en un conjunto de cuestiones muy alejadas de un delito de trata de personas. Sin embargo, las noticias sobre el hallazgo o retorno de las jóvenes no circulan con la misma fuerza, alimentándose así – por la mera repetición de noticias alarmantes - la percepción de un aumento de las "desapariciones". La narrativa que denominamos trata-desaparición observa con preocupación y alarma la movilidad de las jóvenes mujeres por fuera de las estructuras familiares, presenta el espacio público como inherentemente hostil para ellas y ratifica a la familia nuclear como el espacio más seguro. De este modo, propuso exitosamente una radical inversión de las perspectivas feministas que habían situado los mayores peligros para las mujeres dentro del ámbito doméstico/privado.

En la Argentina no existe un registro unificado a nivel nacional de personas perdidas. Los únicos datos disponibles pertenecen el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas creado en el año 2003 en la esfera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En la medida en que la narrativa trata-desaparición involucra siempre jóvenes mujeres,15 estos informes pueden ser fructíferamente utilizados para interrogar dicho paradigma y explorar las "versiones de la realidad" que fueron excluidas en la construcción del problema público (Gusfeld 2014). Así, por un lado, los informes del Registro (2011, 2012, 2013) coinciden en señalar que las denuncias por "extravío" de jóvenes mujeres triplican la de los varones en su mismo rango etario (12-17). Pero, por otro lado, los informes atribuyen responsabilidades causales distanciadas del paradigma trata-desaparición: la principal causa de extravío en esta franja de edad es atribuida al abandono voluntario.16

A través de la experiencia de las asistencias prestadas por el equipo social, los informes del Registro destacan la "feminización del abandono de hogar" y señalan un conjunto de temas ligados al alto porcentaje de "abandono de domicilio" en las jóvenes: violencia de género, sobrecarga de tareas domésticas, cuestiones ligadas al embarazo adolescente, límites opresivos para el uso del tiempo libre y restricciones en la posibilidad de establecer relaciones sexo-afectivas. Se incluye también como elemento explicativo el hecho de que las jóvenes tiendan a conformar de manera más temprana unidades domésticas por fuera de la familia nuclear. Los informes se muestran así informados por los estudios socio-antropológicos de la familia en su intersección con los estudios de género y muestran las tensiones que atraviesan los agrupamientos familiares en los sectores subalternos: las presiones del mercado y las reglas de colectivización de los recursos, las tensiones intergeneracionales, los modos diferenciales de crianza en varones y mujeres que autorizan diferentes grados de libertad y autonomía en cada caso. De las entrevistas realizadas con los operadores del Registro y otros operadores sociales que se desempeñan en defensorías zonales, se desprende también que la tematización de una búsqueda de paradero – siempre en el caso de las jóvenes mujeres - como un caso de "trata" constituye muchas veces una estrategia rápida y eficaz de las familias para dar visibilidad al caso y obtener atención de las burocracias estatales que tienen atribuciones sobre la cuestión, especialmente las judiciales. Así, emerge un uso táctico de los mecanismos y recursos estatales para forzar el retorno de la joven a la unidad doméstica.

De este modo la información producida por el Registro, sugería otro escenario, uno más complejo y matizado, que contrastaba con el estado de alarma social en torno a la captación violenta de jóvenes para redes de trata de personas. Desde esta perspectiva, vemos reemerger el viejo tema de la "fuga de hogar", que otrora fuera patrimonio y jurisdicción de los jueces de familia bajo la ley de Patronato. Desde una perspectiva histórica, Manzano (2014) ha abordado la preocupación que surge en la década del 60 en torno a las "fugas" de las jóvenes mujeres y su asociación al mundo de la "dolce vita". El análisis del caso Norma Perenjek17 en una clave de drama social, permitía vislumbrar como la sociedad había comenzado a registrar que las mujeres estaban abandonando (metafórica y literalmente) sus hogares y enfrentando los roles domésticos tradicionalmente asignados, tanto como encarnando transformaciones en la esfera de la sexualidad (fundamentalmente el sexo premarital). Las ansiedades que despertaban las "fugas de hogar" atribuidas al fantasma de la "dolce vita", un destino de hedonismo y desenfado sexual, mostraban, una desestabilización de la autoridad patriarcal, tanto como un nuevo estilo de vida donde la libertad sexual constituía un valor central.

Décadas después, la categoría "abandono" del Registro se formulaba explícitamente en rechazo a la noción de "fuga de hogar" por sus connotaciones policiales y la asociación que ésta producía entre "menores" y criminalidad. La perspectiva proporcionada por el Registro sobre la circulación de las jó-venes18 - en clave de "abandono voluntario"-, no alcanzó mayor visibilidad en el campo del debate sobre la trata de personas, dominado por la clave trata-desaparición. No la logró en la primera etapa en la que las organizaciones de la sociedad civil contaban con la capacidad de crear la definición pública del problema e infuir sobre ella, esto es, dominaban la propiedad del problema público; pero tampoco en la segunda etapa en la que estado comenzó a ganar "poder, infuencia y autoridad para definir la realidad del problema" (Gusfeld 1981:77), como veremos a continuación. Aceptar la atribución causal que proponía el Registro o al menos, admitir su ingreso en el campo de debate, comportaba la posibilidad de sopesar una interpretación que desestabilizaba el lugar de la familia nuclear como espacio natural de crianza, afecto y cuidado. Además, la debilidad política de las explicaciones construidas por el Registro – en su competencia con explicaciones y asignaciones de responsabilidad construidas por otras burocracias estatales y organizaciones de la sociedad civil residía en la imposibilidad de identificar un enemigo claro y externo con intencionalidades precisas. En otras palabras, se trataba de responsabilidades causales que difícilmente podían traducirse en responsabilidades políticas, y más precisamente, judiciales. En este sentido las categorías simbólicas del Registro no se basaban en un esquema idealizado y prístino de "víctimas" y "victimarios". Aun cuando los informes dejen intocada a la familia nuclear como el espacio privilegiado para la crianza y establecimiento de lazos afectivos -se trata de abordar los "problemas" de la familia-, las interpretaciones propuestas en torno al "abandono voluntario" colocaban en entredicho la asociación entre mujeres, esfera doméstica y familia, tanto como contestaban los ideales de inocencia sexual y pasividad de las jóvenes.

Por ese camino, la cifra de 600 o 700 "desaparecidas" por "redes de trata" se impuso en la definición del problema público. Estratégicamente inventadas y puestas en circulación, las cifras fueron una de las herramientas a las cuales apelaron las organizaciones anti-trata para demandar la mo-dificación de la ley de trata. La estrategia devino exitosa tanto porque la ausencia de estadísticas oficiales respecto de este delito constituía un vacío sobre el cual se proyectaban estos números, como porque apelaba a un símbolo políticamente indisputable. La cifra era, en este sentido, doblemente "irrefutable". Por un lado, como sostienen Goode y Ben-Yehuda "si, en primer lugar, no existe ninguna evidencia externamente validada, y no hay desafíos potenciales a las estimaciones que uno pueda proponer, casi cualquier estimación potencialmente creíble puede ser ofrecida" (1994: 99, la traducción es nuestra). Al no disponer el estado de cifras de mujeres mayores de edad "desaparecidas" o estadísticas criminales sobre el delito de trata, no se hallaban disponibles conocimientos que pudieran competir en la definición pública del problema.

Por otro lado, la "desaparición" es en la Argentina el símbolo político que –a través de la lucha de los organismos de derechos humanos por más de tres décadas– ha servido para señalar que justamente aún en ausencia de evidencias materiales (fundamentalmente bajo la forma de ausencia de los cuerpos) el estado debe tomar responsabilidades por los delitos cometidos y proveer justicia.19 Más aún, la figura del "desaparecido" se encuentra íntimamente ligada en su genealogía histórica a la idea de víctima inocente, esto es, una forma de recusar las responsabilidades que los sujetos puedan haber tenido –sobre todo bajo la forma de su compromiso político– con los sucesos en los que se han visto involucrados (Crenzel, 2010).20 Así, como categoría simbólica surgida de una experiencia histórica singular de enorme impacto en los modos de hacer y pensar la política en Argentina, la figura de la "desaparecida" por "redes de trata" permitía proyectar una nueva serie de inocencias: la de las mujeres en el circuito de sexo comercial quienes no debían resultar responsabilizadas por las violencias eventual-mente padecidas; y las de las jóvenes quienes al circular por fuera de las estructuras familiares corrían el riesgo de ser sexualizadas por un régimen de género que les asigna el lugar de "chicas fáciles" o "putitas". Si el discurso de la "desaparición" había constituido en los años de la transición democrática una forma de disputar las perspectivas negacionistas de los crímenes ocurridos durante el terrorismo de estado, como repertorio político consolidado y disponible para los feminismos permitía, en este nuevo contexto, visibilizar las violencias contra las mujeres a través de un marco de interpretación afín a un público más amplio, declamar su inocencia, trazar responsabilidades causales y políticas y demandar al estado una toma de posición. Pero claro está, tanto como echaba luz sobre algunos temas, dejaba otros entre sombras. Tanto como proveía un símbolo poderoso e indisputable, suprimía las heterogeneidades y modelaba unas víctimas (tal vez demasiado) "perfectas".

Las cifras del estado

Si en un primer período las ONG retuvieron sus capacidades para definir el problema público, hacia el año 2011 distintas burocracias estatales buscaron posicionar su propia experticia. En ese proceso, uno de los elementos claves fue la difusión de sus propias cifras de víctimas "rescatadas" por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.21 Esta dependencia se encuentra integrada por un equipo interdisciplinario compuesto por las divisiones específicas de las fuerzas de seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados y su función declarada es brindar asistencia a las víctimas hasta el momento de su declaración testimonial. Las psicólogas y operadores sociales de la Oficina son las encargadas de realizar la primera entrevista con la "presunta víctima", luego de la cual informarán si la persona se encuentra en condiciones de declarar en sede judicial y elevarán un informe al juez que instruya la causa.

Si bien otras burocracias estatales produjeron cifras en torno a la cuestión de la trata de personas,22 los números propuestos por la Oficina de Rescate fueron los que mayor difusión alcanzaron en los medios de comunicación. A partir de las elecciones primarias de Agosto del 2013, a través de las redes sociales, comenzaron a difundirse las estadísticas de "víctimas rescatadas" a un ritmo mensual. La gráfica estaba acompañada del eslogan impulsado por la Oficina desde su creación "Sin clientes no hay trata" acompañado por un código de barras como símbolo de la mercantilización de los cuerpos y la leyenda "Política de estado" en la esquina superior derecha.


Gráfico 1. Total de víctimas rescatadas desde la sanción de la Ley 26.364 hasta el 31 de marzo de 2013. Trata de personas. Políticas de estado para su prevención y sanción, Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 2013.

Tanto la gráfica producida como las publicaciones realizadas por la Oficina con estadísticas de "víctimas rescatadas" (Gatti 2013) no explicitan ninguna definición operacional de "víctima" de trata. La noción de "víctima" parece autoevidente, circulando así de manera ambigua entre el mundo judicial y el mundo sociológico (Venson y Pedro 2014). Los informes y protocolos de actuación de la Oficina no proveen criterios para deslindar víctimas y no víctimas, más bien insisten en el hecho de que las víctimas generalmente no se autoperciben como tales:

(...) hay un factor de vital importancia que agrava los problemas a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad y los servicios de asistencia a las víctimas: hablamos de la naturaleza de las víctimas, las que presentan un comportamiento totalmente diferente al de la víctima de cualquier otro delito. En principio, porque muchas de estas víctimas no se reconocen como tales. Además, por lo general, cualquier tipo de delito se muestra dispuesta a cooperar con las fuerzas de seguridad para intentar esclarecer los hechos. En el caso de las víctimas de Trata, por el contrario, y debido a las amenazas recibidas contra su persona o sus familiares, la cooperación se torna más dificultosa" (Gatti 2013: 10, el resaltado es nuestro).

La categoría "víctima" funciona como un a priori de toda la intervención de "rescate". Es tanto previa a la definición judicial sobre los acontecimientos que producirán los operadores judiciales en el curso del expediente judicial, como independiente de las formas bajo las cuales las personas se autorepresenten. Como señala Gatti (2013) la "naturaleza" de las víctimas de trata es tal: sus víctimas "niegan" su condición y suelen no "cooperar" en las investigaciones judiciales. El lenguaje utilizado para presentar esta perspectiva exhibe ecos de la jerga policial tanto como se vale de términos provenientes del campo psi. Así también se reconoce el padecimiento de efectos postraumáti-cos en las víctimas que inhabilitarían su capacidad de discernimiento (Gatti 2013).

La apelación a la ausencia de "cooperación" de las víctimas, tanto como a los "efectos post-traumáticos" que impedirían asumir dicha condición, presenta como técnica una cuestión que comporta un posicionamiento político. La definición del delito de trata ha estado atravesada desde sus inicios por la discusión en torno al estatuto de la prostitución (Varela 2013, 2014). Así, la idea de que las víctimas no cooperan (en su formulación policial) o que niegan su condición (en su versión psi) o bien que el consentimiento es irrelevante (en su formulación jurídica), se alinea con las perspectivas que entienden la prostitución como violencia de género y no admiten la posibilidad de que una persona ofrezca sexo comercial a través de una decisión que pueda ser considerada autónoma.

De acuerdo a Kitsuse y Cicourel ([1963] 2012) las estadísticas de la criminalidad refejan las lógicas organizacionales de las burocracias estatales involucradas más que la recurrencia de determinada práctica calificada como criminal. Desde esta perspectiva se trata de observar procesos de trabajo, definición de categorías, formas de procesamiento de la información, tanto como formas de dar publicidad o restringir el acceso a los datos (Pita-Olaeta 2010). Kitsuse y Cicourel proponen distinguir dos tipos de reglas: por un lado las reglas interpretativas formales (oficiales) de las organizaciones y por otro, las reglas no oficiales utilizadas por el personal de dichas organizaciones en sus actividades de registro y procesamiento de la información y que incluyen tratamientos diferenciados según raza, clase, genero, etcétera.

Esta perspectiva ilumina algunos de los asuntos que pretendemos abordar aquí: ¿Cuáles son las reglas utilizadas para definir a una persona que ofrece sexo comercial como "víctima de trata"? Las características de esta indagación hacen que ésta se limite a echar luz sobre los primeros tipos de reglas, mientras que la observación de la segundas requeriría la construcción de otro andamiaje metodológico. Así, hemos identificado al menos tres reglas interpretativas formales (oficiales) en el procesamiento de la información. En primer lugar, tal como se desprende del fragmento que hemos presentado y de los protocolos de actuación de la Oficina de Rescate, no hay criterios explícitos que permitan deslindar víctimas y no víctimas, más bien se insiste en la imposibilidad de que las víctimas se asuman como tales. En este sentido, el primer criterio (regla formal) señala que las formas de auto-percepción de los sujetos sobre sus condiciones de inserción en el mercado y la voluntad que manifesten o no de seguir participando del comercio sexual es irrelevante en la definición de la condición de víctima. En cuanto al segundo criterio, "los indicadores preliminares para la identif-cación de víctimas de trata" 23 no remiten a hechos concretos que puedan haber involucrado a las personas entrevistadas (los cuales podrían ubicarse en la cadena "típica" de la trata formulada en términos legales como "captar, transportar, trasladar, acoger") sino que remiten a un arco amplio de indicadores de vulnerabilidad de los posibles entrevistados (ser migrante, menor de edad, desconocer el idioma, entre otros). Por último, el análisis de las cifras proporcionadas por el Ministerio de Seguridad a través del sistema SisTrata,24 sobre la base de la información proveniente de la Oficina de Rescate, nos ha permitido inferir un tercer criterio. Lo particular aquí es que su uso sistemático indicaría que se trata de un criterio formal, pero no se encuentra consignado de manera pública en los protocolos de actuación ni en la difusión de cifras que realiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El Ministerio de Seguridad, distingue entre "víctimas con indicios de trata" (sexual o laboral) y "víctimas por delitos conexos", aunque finalmente se suman ambos subtotales, renglones más abajo, dentro de la categoría "víctimas rescatadas". Las cantidades de "víctimas rescatadas" coinciden finalmente (con escasas diferencias) con los números de "víctimas" totales provistos por la Unidad de Rescate por cada año.25 A través de la consulta realizada por correo electrónico al Ministerio de Seguridad nos fue suministrada la siguiente definición de la categoría "víctimas por delitos conexos":

Víctimas por otros delitos (ej.: Explotación económica Art. 127 CP)": Son aquellas personas que no presentan indicios de ser posibles víctimas del delito de trata de personas, pero que presentan indicios de ser víctimas de otros delitos, en especial los considerados conexos al delito de trata de personas, entre los cuales se encuentran los siguientes:

•     Infracciones a la ley de proflaxis 12.331

•     Infracciones a la ley de estupefacientes 23.737

•     Reducción a la servidumbre art. 140 Código Penal

•     Tenencia ilegal de armas

•     Otros delitos del Título III del Código Penal "Delitos contra la integridad sexual"

•     Tráfico ilícito de personas

•     Infracciones a la ley migratoria 25.871

Así, el tercer criterio indica que en la producción de cifras de "víctimas rescatadas" se incluyen un arco de delitos que van desde aquellos vinculados a la explotación económica de la prostitución ajena (Artículo 127 del Código Penal)26, pasando por delitos considerados "conexos" como la ley 12.331 que penaliza el regenteo y administración de "casas de tolerancia" hasta delitos que por sus características no son considerados delitos "con víctimas" (ley 23.737 o tenencia ilegal de armas).27 También se incluyen delitos como el tráfico ilícito de personas (definidos en el capítulo 6 de la ley migratoria 25.871)28 junto con infracciones a la ley migratoria imputables a quienes permanezcan en el país de manera irregular. Esta definición abre un conjunto de preguntas en torno a cómo se ha producido el procesamiento de la información: ¿Quiénes serían consideradas/os "víctimas" cuando en un allanamiento por "trata de personas" se detectara la presencia de estupefacientes o la tenencia ilegal de armas? ¿Cuántas veces sería contabilizada una "víctima" cuando se detectara un posible delito de "tráfico ilícito de migrantes" junto con una situación migratoria irregular? Y si aún, no encontráramos ninguno de los delitos enunciados precedentemente ¿Cómo podría una persona ser considerada "víctima" de sus eventuales infracciones a la ley migratoria 25.871? ¿Quiénes resultarían las "víctimas" de la tenencia ilegal de armas y las infracciones a la ley de estupefacientes 23.737? A los fines de este trabajo, lo que nos interesa destacar es que gracias a este tercer criterio la pluralidad y heterogeneidad de delitos e ilegalismos incluidos en la categoría "delitos conexos" permite incrementar y multiplicar la cifra de "víctimas rescatadas" por fuera de las situaciones plausibles de ser definidas como tales de acuerdo a la definición del delito de trata de personas presente en nuestro marco normativo. Finalmente, las cifras son publicitadas como "víctimas rescatadas de las redes de trata" tal como se muestra en las Imágenes 1 y 2.

La representación de las víctimas por delitos conexos en el universo presentado de "víctimas rescatadas" no es para nada menor. Así, si consideramos los números provistos por el SisTrata para el período 2011-2013 (años para los cuales contamos con el detalle de víctimas por "delitos conexos") y desagregamos las víctimas por "delitos conexos", los números de víctimas descienden de 1.632 a 938 víctimas (2011), de 1.708 a 976 víctimas (2012) de 917 a 509 víctimas (2013). En el siguiente gráfico se observa que las víctimas de trata sexual solo constituyen el 13,17% de las víctimas rescatadas para el año 2011, el 24,48% para el año 2012 y el 24,53 % para el año 2013.


Gráfico 2. Víctimas de Trata Rescatadas por tipo de explotación y delitos conexos (2011 - Junio 2013).

Los argumentos reseñados muestran las maneras bajo las cuales los números de "víctimas rescatadas" han sido infacionados a partir de la creación de categorías atrápalo-todo. En primer lugar, cada persona que ofrece sexo comercial puede potencialmente ser identificada en un allanamiento u otro tipo de procedimiento como una "víctima", independientemente de la definición judicial de los acontecimientos y las formas de autopercepción de los sujetos involucrados en el comercio sexual.29 A su vez, la inclusión de la categoría "delitos conexos" permite abarcar una multiplicidad de infracciones a la ley migratoria y otros delitos -incluso algunos de los cuales se caracterizan por constituir delitos sin víctimas-, tanto como multiplicar las víctimas en tanto las personas que se insertan en el mercado sexual podrían ser definidas simultáneamente como víctimas de más de uno de los tipos penales considerados, o resultar "víctimas" de delitos e "infractoras" a la ley migratoria al mismo tiempo. Por último, en la medida en que muchas mujeres que ofrecen sexo comercial rechazan abandonar su inserción en el circuito del sexo comercial, pueden ser identificadas como "víctimas" en más de una ocasión.

Así, las cifras no revisten mayor potencialidad para informarnos sobre la dinámica o magnitud del delito de trata, pero sí nos informan sobre las prácticas de persecución de las burocracias estatales y sus rutinas de registro. La publicidad que reciben las cifras, por períodos exhibidas a ritmo mensual, muestran su carácter altamente político en tanto aspiran a mostrarse como indicadores de una exitosa gestión pública en la lucha contra la trata.30

La política de los números desplegada por la Oficina de rescate fortalecía las responsabilidades políticas que detentaba el estado sobre el problema. ¿Pero no podría resultar la multiplicación de "víctimas rescatadas" - cada vez a una velocidad mayor –, de manera inversa, un signo de debilidad de la política pública? En este sentido la Oficina buscó remodelar responsabilidades causales y políticas en una doble vía. En primer lugar, apuntó a la "mutación" de las redes de tratantes, quienes en virtud de la presión de la persecución penal habrían sofsticado sus mecanismos. En segundo lugar, en el marco de las disputas abiertas entre el poder ejecutivo y sectores del poder judicial por los proyectos de reforma de la administración de justicia, potenciadas por el escándalo suscitado luego del fallo absolutorio por el secuestro de Marita Verón (en diciembre de 2012), la Oficina cargó abiertamente sobre el poder judicial señalando que este último habría sido "el obstáculo más grande" a la hora de aplicar la ley de trata y lo hizo responsable por la revictimización de las víctimas en el ámbito judicial.31 Así las responsabilidades se redefinían apuntando al perfeccionamiento de los villanos y la identificación de nuevos enemigos al interior del campo estatal, caracterizados por su falta de escucha y sensibilidad hacia las víctimas.

Por último, el porcentaje visiblemente menor de posibles víctimas de trata sexual sobre el total de "víctimas rescatadas" contrasta con el uso frecuente que reciben estas "estadísticas" por parte de activistas de organizaciones no gubernamentales o funcionarios gubernamentales quienes asocian estas cifras únicamente con el comercio sexual. A modo de ejemplo, en la semana previa al Mundial de Futbol 2014 celebrado en Brasil, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas puso en circulación un spot a los fines de alertar sobre la trata de mujeres con fines de comercio sexual. La escena transcurre en un bar en Rio de Janeiro: en un contexto de alegre bullicio varios jóvenes varones con camisetas argentinas festejan y celebran un eventual triunfo argentino. Uno de ellos se acerca con una cerveza desde la barra y entusiasmado les cuenta a sus compañeros que le han ofrecido "unas chicas para festejar". Instantáneamente se hace un profundo silencio y la respuesta de sus amigos no se hace esperar: "fracasado" "pecho frío" "amargo" "muerto" "cualquiera" "mufa". A continuación una voz en off masculina dice:

En los grandes eventos deportivos miles de mujeres y niñas son captadas para ser sometidas a explotación sexual. No manches la camiseta. Desde 2008 el estado nacional rescató 6604 víctimas de trata. Llamá-nos al 145, línea gratis las 24 hs en todo el país. Paremos la trata.

La interpelación apela a un conjunto de valores propios de una masculini-dad hegemónica para proponer una identificación con el rechazo del sexo comercial a través de un guión heterosexual. Dejando de lado esta cuestión, lo que nos interesa plantear es que el spot plantea una línea de continuidad entre la prostitución y la trata de personas con fines de comercio sexual y propone como lógica comprobatoria de esta asociación la cifra de "víctimas rescatadas." Las cifras totales de "víctimas rescatadas" (6.604 al mes de junio de 2013) son así asociadas unidireccionalmente al comercio sexual, mientras que al menos la mitad de esos casos se corresponden a inserciones detectadas en otros mercados de trabajo.32

Refexiones finales

En este trabajo hemos buscado mostrar cómo las organizaciones anti-trata y burocracias estatales con competencias en esta cuestión desplegaron una "política de los números" para, en el primer caso, posicionar el problema de acuerdo a una orientación política preestablecida y, en el segundo caso, como forma de presentar una gestión exitosa en la materia. Hemos analizado los procesos, lógicas y operaciones a través de los cuales estas cifras han sido producidas y puestas en circulación, colaborando en la producción de un clima de "pánico moral" en torno a un conjunto de actividades vinculadas al sexo comercial.

Si bien las cifras que hemos analizado no fueron producidas bajo criterios y lógicas de trabajo que puedan presumir cientificidad -ellas son más bien el resultado de procesos de "transformación" en el primer caso y de la creación de categorías "atrápalo todo" en el segundo- en tanto números, parecen arrastrar significados de precisión y univocidad terminando por imponerse exitosamente como una forma de definir el problema público de la trata de personas en la Argentina. Así, cada activista, funcionario y periodista que pretenda ingresar en el debate público sobre estos temas rinde algún culto a estas cifras para autorizarse como interlocutor.

Como señala Aradau (2013) la producción de saberes en torno a la trata de personas es indisociable de la producción de la ignorancia. Vale preguntarse, entonces, cuáles son las ignorancias que estas cifras, volcadas una y otra vez en el debate público han producido, y, en su envés, cuáles sujetos han resultado autorizados como portadores de conocimientos a través de su producción. No se trata de que las cuestiones en torno a la verdad/falsedad de las cifras no tengan relevancia alguna. Sin duda, existen aproximaciones más y menos rigurosas a los fenómenos y en lo que antecede hemos mostrado que las metodologías –en un sentido amplio- que han producido las "cifras de la trata" en nuestro contexto probablemente se ubican entre aquellas de menor rigor, sino son en algunos casos directamente deshonestas.

Pero, se trata también de captar que estas cifras valen en tanto legitiman a algunos saberes y sujetos como portadores legítimos de conocimiento, mientras que deslegitiman otras voces y perspectivas. Así, las cifras de "desaparecidas" impulsadas por la Casa del Encuentro al establecer una ecuación entre prostitución y violencia, excluían de plano las voces de las mujeres que a través de algún tipo de decisión autónoma permanecieran en el mercado del sexo comercial. Las cifras de "rescatadas" impulsadas por la Oficina de Rescate, a su vez, anidaban en una serie de presupuestos que explícitamente establecían que las mujeres en el circuito del sexo comercial no pueden constituir sujetos epistémicos, esto es, sujetos capaces de producir saberes legítimos en torno a sí mismos, sus condiciones de existencia y sus proyectos migratorios y laborales. El borramiento de las voces de las organizaciones de trabajadoras sexuales, las cuales no fueron consideradas interlocutoras legítimas por parte de las organizaciones anti-trata ni las burocracias estatales durante este período, es signo también de esta deslegitimación de algunas perspectivas. En esta misma operación, emerge a través de las organizaciones de la sociedad civil y las burocracias estatales el campo de la experticia anti-trata, sujetos legítimos de saber y especialmente portadores de "cifras".

Así, la política de los números se encuentra íntimamente conectada a la emergencia de una experticia con amplias capacidades para tomar decisiones sobre la vida de los sujetos en el mercado del sexo comercial tanto como a la deslegitimación de algunas de sus perspectivas. Es por ello que deviene necesaria la pregunta de Spivak (2011): ¿puede el subalterno hablar? Esto es, ¿puede hablar quien por definición no puede tener palabra? Y más aún: ¿puede hablar quien no posee una "cifra"?

 

Notas

2. El feminismo abolicionista considera tanto a la trata como a la prostitución femenina como una violación a los derechos humanos de las mujeres. Desde esta perspectiva, la prostitución constituye una forma extrema en la que se manifesta la dominación patriarcal y la violencia de género, resultando inadecuada toda distinción entre prostitución forzada y libre. Esta perspectiva señala que dado que ningún ser humano puede consentir su propia explotación, el consentimiento prestado o la presencia de engaño y/o coerción no constituyen elementos relevantes a los fines de identificar una situación de trata. Otras perspectivas feministas conciben la oferta de servicios sexuales como el fruto de una decisión que comporta diferentes grados de autonomía relativa, considerando a las mujeres que optan por su ejercicio como "trabajadoras sexuales" y demandando por este camino, la protección de sus derechos.

3. Gusfeld, señala también que "los problemas públicos no son disfunciones de un sistema social, por el contrario son circunstancias que son percibidas como patológicas a través del prisma de una cultura pública. Los problemas públicos no son datos de la naturaleza (…). Aparecen como tales porque algunos de sus aspectos son presentados como contrarios al interés público y porque se consideran transformables o erradicables (…)." (2003: 69, la traducción es nuestra). La refexión de Gusfeld se inserta en una larga tradición de la sociología de los problemas públicos (véase Cefai y Pasquier 2003; Cefai 2014).

4.  Solo una parte minoritaria de estas organizaciones proviene del feminismo y de un abolicionismo que denominamos "histórico", en tanto y en cuanto podemos rastrear a sus activistas desarrollando acciones de militancia respecto de esta cuestión en las décadas de los 80 y los 90. Para una historización del movimiento anti-trata en la Argentina véase Varela (2012).

5. Infobae, 24 de septiembre de 2010 http://goo.gl/OxBv7c. Las Juanas, "Construyendo prevención" http://goo.gl/17VtCj. Informe 2007 Fundación El Otro: http://goo.gl/D99EBW. Susana Trimarco también adjudica el número de 476 mujeres desaparecidas en redes de prostitución a la OIM a través de una entrevista en Clarín http://goo.gl/c3FwRp.

6. A partir del año 2004 la OIM puso en marcha el "Programa de asistencia a las víctimas de trata de personas" (AVOT), el cual tenía como objetivo la protección, retorno y reintegración de las víctimas de trata de personas.

7.  Esta organización se funda en el año 2003, desarrollando inicialmente acciones por la visibilidad lésbica e impulsando diversas iniciativas contra la violencia de género.

8.  Marita Verón es una joven tucumana secuestrada en abril del 2002 mientras se dirigía a realizar un control médico. Su madre, Susana Trimarco, emprendió su búsqueda y los primeros indicios apuntaron a una red de prostíbulos riojanos conectados con los poderes políticos locales. En el marco de la causa, se realizaron allanamientos en varios prostíbulos - dentro y fuera de la Rioja - en los cuales se encontraron mujeres que dijeron ejercer la prostitución contra su voluntad.

9. "Explotación sexual: desde 2007 desaparecieron 550 mujeres", Clarín, 4 de Junio de 2008.

10. "Trata de personas, un delito que crece", Diario La Nación, 28 de Marzo de 2010.

11.  "700 mujeres secuestradas en 18 meses", Diario La Nación, 2 de Diciembre de 2010. Véase también con esa misma información Diario Tiempo Argentino, "5000 prostíbulos en todo el país", 26 de abril de 2011.

12. Rastreo realizado en junio del 2011 en lacasadelencuentro.org. Bajo la entrada "Mujeres y niñas desaparecidas por las redes de trata": Evelyn Espinosa López, "Peli" Mercado, María Elena Moreno, Florencia Sire, María Luz Galarza, María Cristina Quevedo Luquez, María Victoria González Ríos, María auxiliadora Figueredo Guillem, Otoño Uriarte, Marita Verón, Andrea López, Fernanda Aguirre, Florencia Penacchi. Valga mencionar que el cuerpo de Otoño Uriarte fue encontrado sin vida en la localidad de Cipoletti el 24 de Abril del 2007. El defensor de la familia Uriarte ha considerado que el motivo de la agresión fue un ataque sexual. Por su secuestro y asesinato inicialmente se procesaron cuatro personas, que fueron sobreseídas en el 2014. Por otro lado, la justicia ha acreditado el secuestro de Fernanda Aguirre, dictando sentencia condenatoria para la esposa del principal sospechoso, el cual apareció muerto en la celda en la que se encontraba detenido. Por el rescate de Fernanda Aguirre fueron solicitados 2000 pesos que fueron pagados por su padre, pero Fernanda nunca fue liberada ni encontrada posteriormente. María Luz Galarza, quien había abandonado su hogar voluntariamente con otra adolescente, fue localizada por la policía provincial el 13 de abril del 2009 en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Evelyn Espinosa López apareció con su pareja en Perú en septiembre del año 2011. El dato nos fue brindado por Sebastián Aldasoro, estudiante de periodismo, quien pudo hablar con su familia y chequear la información a través de Missing Children. La aparición de estas dos últimas personas no ha sido consignada en la página web e incluso hasta la fecha (septiembre 2015) mantiene las fotos y nombres de las dos jóvenes como desaparecidas.

13.  Además de las mencionadas en la página web, surgen los nombres de Rita Esther Méndez, María Santa Moreira, Yamila Fernández, Roció Marini, Romina Romero y Mirtha Aguirre. De ellas han aparecido con vida Rita Esther Méndez, Yamila Fernández, y Roció Marini (quien fuera secuestrada por dos semanas). Sin vida han aparecido los cuerpos de Romina Romero (habiéndose caratulado la causa como suicidio) y Otoño Uriarte (véase nota al pie precedente).

14. Para Gusfeld (2014; 81) la responsabilidad causal es "cuestión de creencia o cognición, es una afirmación de la secuencia que fácticamente responde por la existencia del problema", mientras que la responsabilidad política afirma que "alguna persona o alguna dependencia está obligada a hacer algo respecto del problema, a erradicar o aliviar la situación perjudicial". La relación entre ambos tipos de responsabilidad es compleja. No necesariamente la responsabilidad política se deriva a partir de la responsabilidad causal. Bien puede suceder lo inverso, de modo tal que "una creencia en la realidad política otorga credibilidad a las teorías causales que sustentan ese locus" (2014; 122).

15.  Fabiana Tuñez, por ejemplo, en la entrevista realizada sostuvo que la mitad de las "desaparecidas" eran menores de edad.

16. Para el año 2010 se muestra que la causa principal del extravío de niños/as en esa franja es el "abandono de domicilio" (59,39 % del total y 62,46% considerando solo las niñas), pero la cantidad de casos "sin datos" todavía podría parecer significativo para extraer conclusiones definitivas (19,6 %). Para el año siguiente, la categoría "sin datos" baja al 3,8 %, habiendo mejorado los mecanismos de registro, y se atribuye el 72,71 % de los casos de extravío en la franja 12-17 al "abandono de domicilio" Lamentablemente para ese año no se encuentran los datos discriminados por sexo. Para el año 2012, la causa predominante de extravío sigue siendo el "abandono voluntario de domicilio" (74 %), pero no disponemos de cruce por sexo y edad. (Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas 2011, 2012, 2013). De acuerdo al Informe de Gestión 2010 del Registro solo fueron derivados a la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Delito de Trata de Personas 7 casos que representaban el 1,77% del total.

17.  Norma Perenjek era una estudiante de colegio secundario cuya desaparición, en el invierno de 1962, constituyó un acontecimiento de enorme repercusión pública.

18. La idea de "circulación de las jóvenes" se inspira en el concepto de "circulación de niños" propuesto por Fonseca (1998) para discutir las perspectivas que partían de las prenociones de "niños de la calle" o "menores infractores" para pasar a analizar las dinámicas de las configuraciones familiares de los sectores populares en el Brasil.

19.   En otro punto, ambas apelaciones a la figura del "desaparecido/a" presentan diferencias notables. Los organismos de derechos humanos desde fines de la década del 70 (fundamentalmente a partir de la experiencia temprana del CELS) construyeron un repertorio sólido y sofsticado de documentación de casos a través del cual se detallaban información fáctica sobre los secuestros, torturas, lugares de detención y se compilaba nombres de víctimas y perpetradores (Basualdo, 2011). Estas estrategias permitían en aquel momento enfrentar las perspectivas negacionistas de los crímenes ocurridos. Este repertorio de prácticas disponibles para documentar casos no tuvo mayores reapropiaciones por parte de las organizaciones anti-trata.

20.  Sobre todo en relación a lo que algunos autores han denominado régimen de una memoria ciudadana, el cual predominó hasta mediados de los años noventa (Crenzel 2008). A mediados de esa década comienzan a aparecer discursos que ponen en relieve las trayectorias militantes de ese pasado modelando un régimen de una memoria militante (Rabotnikof 2007) De todos modos ambos regímenes coexisten en yuxtaposición y tensión y la memoria ciudadana, aunque criticada y desacreditada en el ámbito del movimiento de derechos humanos, sigue constituyendo una interpretación válida para amplios sectores (Messina 2014).

21. La Oficina fue creada en el ámbito de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a través de la Resolución 2149 (de fecha 06 de agosto de 2008).22.  UFASE, actual PROTEX, Subsecretaria de Política Criminal, Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.23.  Protocolo de actuación del Programa Nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. Resolución 1932/12 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

24. Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas, creado por Resolución del Ministerio de Seguridad N° 848/2011).

25.  Es interesante destacar que el Ministerio de Seguridad utiliza con mayor cautela la categoría "víctimas con indicios de trata" (el resaltado es nuestro).

26. El artículo 127 del Código penal penaliza a quien "explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, mediando engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción". En diciembre de 2012 ese tipo penal fue reformado de acuerdo a las demandas establecidas por las organizaciones abolicionistas. Así en la actualidad es un delito explotar "económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima".

27. De acuerdo a la dogmática penal en ambos casos se trata de delitos "de peligro".

28. El artículo 116 de la ley 25.871 define como tráfico ilegal de personas "la acción de realizar, promover o facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio."

29. Si bien la irrelevancia atribuida a la autopercepción que los sujetos tengan de su participación en el comercio sexual se encuentra habilitada, ya claramente, a partir de la reforma de la ley de trata a partir del año 2012, llamamos la atención sobre este asunto porque popularmente la "trata" es asociada a las inserciones forzosas en el mercado. En contraste con esta percepción del sentido común, el tipo penal creado en el año 2008 y reformado en el 2012, considera como criminales un conjunto de arreglos económicos existentes en el mercado con independencia de la voluntad de las personas de permanecer en dichas inserciones y de la disposición de amplias libertades ambulatorias. La ley de trata sancionada en el año 2008 seguía los lineamientos propuestos por el Protocolo de Palermo definiendo la trata de personas mayores de edad como "la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de 18 años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta". En el 2012 la ley fue reformada de acuerdo a las demandas de las organizaciones abolicionistas, eliminándose las distinciones entre víctimas menores y mayores de edad. Así el delito de trata pasó a ser el "ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países".

30. Tal como ha sido señalado por otros estudios, estas cifras construidas con metodologías de escasa rigurosidad se integran en una cadena circular a través de niveles locales y globales jerarquizados y parecen ganar confabilidad en la medida en que son reproducidas de uno al otro nivel (Blanchette-Da Silva 2012). Así, por ejemplo, el informe de Naciones Unidades del año 2012 retoma los números provistos por la Oficina de rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para los años 2008, 2009 y 2010, presentando estas cifras como casos de trata "detectados". Finalmente, junto con otras informaciones provistas por otros estados nacionales – a través de diferentes legislaciones y criterios de registro – se compondrán cifras que servirán para elaborar diagnósticos en los espacios supranacionales desde los cuales se enviarán recomendaciones a los países. En este pasaje de nivel - tanto como en la replicación mediática de las cifras a nivel local - las cifras ganan confabilidad y parecen refejar objetivamente unos hechos vinculados a la trata de personas y el comercio sexual.

31.  Infojus Noticias, 3 de Julio de 2013 http://goo.gl/A7mzNJ. Nacional Mendoza, 24 de Septiembre de 2015 http://goo.gl/KpwT8p. Telam, 3 de Julio de 2013 http://goo.gl/A6a9wd.

32. Esta asociación entre eventos deportivos internacionales y la trata de personas con fines de explotación sexual no es la primera vez en realizarse. Así, por ejemplo, para la Copa Mundial de Futbol en Alemania del año 2006, circulo ampliamente la cifra de 40.000 mujeres que serían traficadas a dicho país para satisfacer una explosiva demanda de mujeres; si posteriormente se demostró que no hubo un incremento del comercio sexual ni de mujeres traficadas, esto no impidió que para la Copa Mundial en Sudáfrica del año 2010, se volviera a repetir la misma cifra de 40.000 mujeres y niñas en peligro de ser traficadas a dicho país; nuevamente las predicciones no se cumplieron. Estos y otros casos han sido analizados por distintas investigaciones, las cuales no han encontrado evidencia empírica de un aumento de la trata sexual y/o la prostitución con ocasión de estos eventos deportivos al mismo tiempo que han desestimado estas predicciones desde una lógica económica y logística (Hennig et. al. 2006; Bonthuys 2012; Richter et. al. 2012; Kirsten et. al. 2013, Lepp 2013).

 

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