Tema central: Naturaleza

Dinero y sentimientos: Valuación económica y la naturaleza de la "Naturaleza"¹

 

Marion Fourcade²

1. Traducción: Zacarías Abuchanab, Daniel Fridman y Luisina Gentile. Edición: Daniel Fridman. Traducido de: Fourcade, Marion, 2011. "Cents and Sensibility: Economic Valuation and the Nature of 'Nature'", American Journal of Sociology 116 (6): 1721-77. Traducido con el permiso de University of Chicago Press.
Versiones anteriores de esta investigación fueron presentadas en la conferencia anual de la Society for the Advancement of Socio-Economics de 2004, la miniconferencia de 2004 de la sección de teoría de la American Sociological Association, la reunión anual de la American Sociological Association en 2009, el Center for the Study of Law and Society y el Energy and Resources Group en la Universidad of California, Berkeley, los departamentos de sociología de las universidades de Harvard, Arizona, Northwestern, Cornell, Columbia, Michigan, Brown, California - San Diego, el Center for Advanced Studies en el Social and Behavioral Sciences, the Warwick Business School, el Centre de Sociologie Européenne, el STS group en la Universidad de Michigan, la conferencia sobre Valuation and Price Formation on Markets en la Villa Vigoni en 2009, la conferencia sobre Innovation, Organizations and Society en la Chicago Booth School of Business, 2009, el workshop Paradigms of Risk Assessment en la Universidad de California, San Diego, 2009, y la conferencia de History of Recent Economics en ENS-Cachan, Paris en 2010. Agradezco el apoyo financiero de la National Science Foundation (SES award 0849052). La autora reconoce, aunque sin implicar, los útiles comentarios a versiones anteriores o presentaciones, por parte de Tom Beamish, Jens Beckert, Irene Bloemraad, Vicki Bonnell, Michael Burawoy, Craig Calhoun, Bruce Carruthers, Aaron Cicourel, Elisabeth Clemens, Erin York Cornwell, Christian Davenport, Frank Dobbin, Steven Epstein, Philippe Fontaine, Herbert Gans, Thomas Gieryn, Olivier Godard, Michael Hanemann, Andreas Hess, Cori Hayden, Kieran Healy, Daniel Kluttz, Greta Krippner, Michèle Lamont, Roi Livne, John Lucy, Andrei Markovits, John W. Meyer, Yuval Millo, Dawne Moon, Chandra Mukerji, Woody Powell, Stanley Presser, Dylan Riley, Akos Rona-Tas, Abigail Saguy, Charles Smith, Sandra Smith, David Stark, Olav Velthuis, y Viviana Zelizer. Finalmente, los evaluadores del American Journal of Sociology ofrecieron muchas observaciones valiosas que han sido reflejadas en la versión final de este artículo.

2. Universidad de California, Berkeley.

 

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¿Cómo medimos el valor de las cosas? Los economistas ofrecen dos respuestas sencillas: la primera, el dinero es una medida suficiente para establecer la "utilidad" que obtenemos de las mercancías; la segunda, el comportamiento de los consumidores, por ejemplo, lo que las personas están dispuestas a pagar, es un indicador suficiente del valor de las cosas (Samuelson 1983). Para la teoría económica, entonces, las mercancías básicamente valen su precio de mercado. Esto podría aplicarse a manzanas o computadoras, pero ¿qué pasa con los bienes que dejamos fuera de la esfera del intercambio económico, ya sea porque no pueden ser alienados físicamente o porque hay dilemas morales respecto del proceso del intercambio económico mismo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con "bienes únicos" como los órganos del cuerpo o los animales que viven en la naturaleza? ¿Qué ocurre con emociones (Berezin 2005) tales como el amor, la belleza estética, la justicia, la felicidad o el honor familiar? ¿Poseen un valor monetario en sí mismos? Y en ese caso, ¿cómo lo calculamos?

Un enfoque frecuente, ejemplificado en la crítica filosófica de la mercantili-zación desde Karl Marx ([1844] 2007) hasta Margaret Radin (1996) es negar la legitimidad de la monetización de los bienes no comerciales, alegando que la aplicación de la lógica pecuniaria contaminaría las emociones, borraría cualidades únicas y específicas y degradaría sentimientos morales. En lo que Zelizer (2000) describe como la perspectiva de los "mundos hostiles", ciertas cuestiones deberían mantenerse separadas del dinero y ser aprehendidas a través de formas alternativas de medición de "valor" y justificaciones racionales en general (Boltanski y Thevenot 2006). Sin embargo, esta postura no tiene mucho lugar en nuestras sociedades modernas. De hecho, estamos constantemente midiendo "bienes peculiares" a través del dinero. Lo hacemos informalmente en nuestra vida cotidiana (Zelizer 1994, 2005) y lo hacemos más formalmente a través de la intervención de organizaciones (por ejemplo, Zelizer 1979; Healy 2006 y Almeling 2007). Por supuesto, el alcance y la magnitud de aquello que queda entrelazado al dinero varían según tiempo y espacio. Por ejemplo, la compra y venta de personas desapareció ampliamente como institución. Remunerar con dinero el trabajo de niños y niñas se ha vuelto algo condenable. Sin embargo, en la mayoría de los países es perfectamente aceptable gastar dinero para retribuir a una organización por el "servicio" de obtener un bebé (Zelizer 1985). De igual manera, ofrecer una compensación monetaria por un asesinato ya no podrá hacer que el perpetrador pueda escapar de su condena. Al igual que la esclavitud, la institución de pagar dinero en compensación por un asesinato está en retirada, pero uno puede fácilmente comprar, en un mercado bien establecido en Chicago o Londres, un permiso para emitir una determinada cantidad de gases tóxicos.

Estos ejemplos sugieren que la valuación de bienes peculiares se ha ido transformando a lo largo del tiempo desde un proceso dominado por "la tradición y las costumbres" (Simmel [1907] 1978, pp. 358-59) hacia otro altamente racionalizado e impersonal manejado por tecnologías e intermediarios especializados. Moviéndose cuidadosamente alrededor de los reparos éticos de las sociedades a las que sirven, las instituciones sociales modernas dedican una considerable cantidad de tiempo y esfuerzo a medir aquello que parecería ser imposible de medir y otorgando valor a lo que parecería estar más allá de la valuación, al servicio de mejorar sus propias capacidades para el cálculo, elaborar nuevas oportunidades de ganancias, o expandir su autoridad jurisdiccional.

De este modo, acciones legales han generado indemnizaciones a los estados por las enfermedades relacionadas con el tabaco de sus pacientes de Medicare; estas indemnizaciones se basan en cálculos sobre el valor de las vidas humanas acortadas o derrochadas en enfermedades y tratamientos. Gobiernos y agencias de ayuda internacional realizan encuestas para evaluar los costos y beneficios materiales y subjetivos de inundar un cañón entre las montañas para construir una represa (Espeland 1998). Las corporaciones realizan cálculos complejos para estimar el desempeño de sus empleados y conectar estas evaluaciones a un sistema de recompensas laborales y económicas. Por último, las tecnologías de medición y valuación conforman la columna vertebral de regulaciones normativas de todo tipo, desde la promoción de la biodiversidad, prácticas de trabajo justo, o procesos de producción ecológicos (Bartley 2007).

Métodos recientes (de apenas 50 años de antigüedad), que mayormente caen bajo el manto práctico de la contabilidad y de la economía, conforman el núcleo del aparato técnico que las instituciones modernas despliegan para realizar estas evaluaciones. Para quienes no son expertos, estos métodos pueden parecer complejos, extraños y arbitrarios: no sólo su historia está entrelazada con controversias técnicas y filosóficas, sino que su autoridad es contingente, dependiendo del contexto social en que estos son puestos en acción. Entonces, en primer lugar ¿cómo son imaginadas estas tecnologías de la valuación económica? ¿Cómo lograron instalarse y cuáles son sus efectos?

El problema: dinero y sensibilidades

Este artículo busca indagar los procesos y condiciones socio-históricas a partir de los cuales se atribuye valor económico (monetario) a algo que normalmente se encuentra fuera de la esfera del intercambio mercantil. La dificultad -pero también el verdadero logro teórico- de este ejercicio proviene de esta aparentemente benigna condición: socio-históricas. Este término sugiere que los procesos de valuación económica son eminentemente contingentes -respecto de la política, la época o el contexto social-. Sin embargo, como quiero demostrar aquí, estos procesos son contingentes de modos que se ajustan a patrones sociales, y por lo tanto inteligibles por medio de un análisis sistemático.

Las variaciones temporales, culturales e institucionales en las bases sociológicas del valor económico motiva el diseño de investigación de este artículo, el cual fue elegido no sólo para llevar a cabo una aproximación práctica a los asuntos teóricos que están involucrados, sino también para poder desarrollar potencial analítico a través del uso sistemático del método comparativo. El análisis presentado aquí se basa en una investigación en profundidad sobre tres episodios de valuación de bienes no comerciales, desde fines de los 70 hasta fines de los años 2000 (incluyendo algunas referencias sobre episodios similares ocurridos antes y después de este período). Concretamente, los casos examinados aquí se centran en cómo ciudadanos comunes y sus voces expertas buscan comprender y calcular el valor monetario de pérdidas no comerciales asociadas a derrames de petróleo en gran escala en Francia y en los Estados Unidos. ¿Cómo encuadran las personas en estos diferentes contextos sociales su necesidad de ser recompensados monetariamente por la contaminación del medio ambiente, por los animales empetrolados, o por la muerte de los microorganismos que conforman el ecosistema marítimo? ¿Cómo intentaron establecer esos valores en la práctica, a través de procesos legales? ¿Y por qué la medición económica concreta de la "naturaleza" varió tanto a lo largo de estos casos?

El análisis empírico a continuación demuestra que los procesos de valuación económica están profundamente conectados con otros aspectos de la organización social -principalmente la ley, las políticas públicas, la experticia económica y el conocimiento sobre el medio ambiente. Sin embargo, no se propone solamente señalar que los métodos usados para ponerle precio a la naturaleza están socialmente construidos (por ejemplo, histórica y geográficamente). Como señala Hacking (1999) lo que nos interesa cuando hablamos de construcciones sociales son determinados productos sociohistóricos (en este caso, valores monetarios) y determinados procesos sociohistóricos (en este caso, la valuación económica). Lo que intentamos comprender aquí es un ciclo empírico abarcativo: qué sucede al interior de los métodos de valuación, que sale de allí -aquello que es "construido"- y cuáles son las consecuencias de estas construcciones.

A partir de este abarcador enfoque, el presente artículo contribuye a debates teóricos importantes en la intersección entre sociología económica y cultural. En primer lugar, ofrece una crítica sutil al concepto de "perfor-matividad" de la economía -o la capacidad de los modelos y tecnologías económicas para rehacer el mundo a su semejanza (Callon 1998; MacKenzie 2006). En particular, demuestro que la mera disponibilidad de tecnologías económicas no garantiza sus efectos performativos, por la simple razón de que estas tecnologías podrían no conseguir suficiente apoyo institucional o político, o bien que porque no resuenan lo suficiente con los reclamos culturales que supuestamente representan. De hecho, los métodos económicos para la valuación de la naturaleza se presentan en varias formas, e implican formas muy diferentes de calculabilidad. Por supuesto, ninguna es accidental; tanto los métodos en sí mismos como la calculabili-dad que encarnan son el producto de procesos sociales específicos que son de gran relevancia para el resultado "performativo" en sí mismo.

La presente investigación también se nutre de la literatura sobre "conmensuración" o "el proceso de transformar diferentes cualidades en una métrica común" (Espeland y Stevens 1998, p.314). Al igual que los sistemas de rankings (Espeland y Sauder 2007), el dinero tiene el poder de aplanar, abstraer y homogeneizar cualitativamente cosas diferentes. De esta manera, en el mismo sentido en que para Marx ([1887] 1990, pp. 163-77) la valuación en dinero del "trabajo abstracto" encerraba un amplio espectro de condiciones sociohistóricas, el precio de una naturaleza en abstracto de hecho representa una variedad de experiencias sociohistóricas con vida silvestre, paisajes y lugares específicos. Más aún, si el resultado de la conmensuración monetaria parece homogéneo, -cada derrame de petróleo es diferente, pero todos ellos pueden resumirse a una cantidad de dinero- el proceso obviamente no lo es. De hecho, si el dinero es uno solo, las técnicas monetarias de conmensuración (o de valoración económica) son numerosas y variadas. La producción, selección y aplicación de estas técnicas son por lo tanto extraordinariamente contingentes y profundamente políticas, generando preguntas sobre "pruebas de fuerza" científica y los procesos de "traducción" y "reclutamiento de aliados" (Latour 1987) que las sostienen. Como mostraré a continuación, el análisis comparativo a través del tiempo y el espacio nos proporciona un gran potencial analítico, revelando patrones que no serían visibles de otra manera.

Esto nos lleva a un tercer debate -el enfoque de "economías de la grandeza", popularizado por Luc Boltanski y Laurent Thévenot (2006). Como señalé anteriormente, el dinero representa sólo uno de los ejes a partir de los cuales comúnmente evaluamos qué cosas tienen "valor" -esto resulta evidente en los casos aquí analizados-. Tanto personas como organizaciones frecuentemente invocan distintos principios (algunas veces incompatibles) para pensar el valor de lo que llamamos "el medio ambiente" (Thévenot, Moody, y Lafaye 2000; Godard 2004). Por ejemplo, ingenieros y funcionarios públicos pueden resaltar cuestiones como el desarrollo económico de una región o el uso eficiente de los "recursos" naturales; los pueblos originarios de Estados Unidos defenderán su historia colectiva y su identidad arraigada en ciertos lugares físicos (Espeland 1998); críticas filosóficas (por ejemplo, Ackerman y Heinyerling 2004; Sagoff 2004; Satz 2004) y movimientos ecológicos llamaran la atención sobre el derecho de las especies no-humanas, nuestro responsabilidad moral para con las futuras generaciones, la deseable meta de lograr la biodiversidad, o la belleza de los paisajes naturales.

En lugar de dejar de lado las justificaciones políticas, ambientales o éticas de la naturaleza por ser simplemente "inconmensurables" con la vara medidora del dinero y por lo tanto irrelevantes para comprender la valuación económica, debemos analizar cómo -en una era de conciencia ambiental en alerta- éstas logran influenciar e incorporarse en las técnicas de valuación económica aplicadas a la naturaleza. En efecto, la cuestión no es tanto descubrir si la naturaleza puede (o debe) ser monetizada o no, como usualmente se encuadra este debate. En todos los casos que discuto más abajo fue monetizada: los pájaros empetrolados y las playas valían algo que las personas trataron de expresar en términos monetarios. Por lo tanto, el problema analítico más interesante tiene que ver con cómo, y por medio de que fantásticas pero muy concretas operaciones, las personas reducen diferentes economías de la grandeza aplicadas a la naturaleza -en otras palabras, nuestra sensibilidad por la naturaleza- a dólares y centavos: no sólo a cantidades absolutas de dinero absolutos sino también a técnicas espe-tíficas que generan esas cantidades. Este artículo, en resumen, demuestra cómo las técnicas de valuación económica, y las formaciones sociales que las acarrean, se relacionan con las categorías comunes de juicio y experiencia -y de hecho, las incorporan, traducen o reproducen de varias maneras. Traslada el debate sobre las "economías de la grandeza" desde el análisis del discurso y la "justificación" hacia el análisis de prácticas e instituciones y sus consecuencias materiales en términos de valores económicos.

Introduciendo los casos

Estos casos probablemente sean muy conocidos. Los derrames de petróleo son eventos poco frecuentes, pero cuando ocurren es muy probable que no pasen desapercibidos. Mientras escribía estas líneas en la primavera de 2010, una tubería rota de la plataforma petrolera en desuso Deepwater Horizon estaba arrojando un torrente de petróleo en el Golfo de México, causando una de las mayores catástrofes ecológicas causadas por el hombre en los Estados Unidos y una gran tragedia económica para las comunidades adyacentes de Louisiana, Alabama, Texas y Florida. Este accidente ahora está alimentando una maraña demandas legales de enormes proporciones, que se centran en una sola pregunta: ¿cuánto debería pagar British Petroleum (y otras compañías asociadas) por este desastre?

De algún modo, el desastre de Deepwater Horizon parece una dramática reedición de episodios anteriores, acontecidos en otros lugares. Derrames similares han ocurrido en muchos lugares alrededor del mundo, resultado (en la mayoría de los casos) de accidentes en plataformas y buques petroleros. Algunas regiones son especialmente vulnerables a estos eventos debido a su ubicación geográfica: el Golfo Pérsico, el Mar del Norte, el Canal de la Mancha y el Golfo de México. Tanto Francia como Estados Unidos, por ejemplo, tienen miles de kilómetros de costa expuestos a un gran tráfico marítimo; no sorprende que ambos hayan experimentado devastadores desastres ecológicos en la forma de derrames de petróleo a gran escala.

El hundimiento de los barcos Amoco Cádiz y Erika en la costa de la Bretaña Francesa (el primero en el distrito norte en 1978 y el segundo en el distrito sur en 1999), y el de la plataforma del Exxon Valdez en Prince William Sound (Alaska) en 1989, fueron particularmente llamativos por sus impactos políticos y económicos. El tratamiento que las autoridades políticas, expertos económicos y científicos y los tribunales dieron a estos eventos revela algunas enigmáticas diferencias en los significados y derechos de acceso a la naturaleza, en las técnicas de evaluación de daños, en los resultados monetarios del proceso de compensación, y en las restauraciones ecológicas que se realizaron. Las víctimas fueron conceptualizadas de manera diferente en los dos países: en Francia, eran los usuarios locales de la costa; en los Estados Unidos, se trataba de "el público norteamericano" como un todo. También los métodos que se utilizaron para sostener las demandas de compensación fueron radicalmente diferentes: los economistas expertos que trabajaron para estimar el daño ecológico en el caso del Exxon Valdez calcularon el valor subjetivo que tenía para los individuos el medio ambiente arruinado en el derrame, siguiendo un método conocido como "valuación contingente". Expertos franceses trabajando con desastres similares en Francia se basaron en distintos métodos, desde estimar el precio real de la biomasa destruida en estos derrames, hasta calcular el costo de una supuesta reparación del medio ambiente. Por último, la "naturaleza" resultó valer mucho más en Estados Unidos que en Francia. ¿Será que el medio ambiente es más simplemente más preciado? ¿O acaso el dinero juega un rol distinto en cada una de estas dos sociedades? ¿O quizás ciertas técnicas de valuación económica son más efectivas que otras? ¿O será que todas estas hipótesis sean correctas y están conectadas de alguna forma?

El argumento: una sociología de la valuación económica

Una sociología de la valuación económica debe resolver tres enigmas analíticos. Al primer enigma lo llamo el "por qué" de la valuación monetaria, y se refiere al lugar generalizado del dinero como medida para otras formas de valor. Como sugerí en el comienzo de este artículo, no hay nada natural en transformar cosas en equivalentes monetarios. Usar o no el dinero como criterio para medir el valor, así como el alcance de ese uso, es un fenómeno social que debe ser estudiado en referencia a otros fenómenos sociales -instituciones, estructura social y cultura-. En todos los ejemplos a los que aludiré más adelante, las "víctimas" francesas de la contaminación petrolera eran, desde el inicio, más ambivalentes respecto a la monetización del medio ambiente que sus pares norteamericanos. ¿Por qué?

Al segundo enigma lo llamo el "cómo", y se refiere a las técnicas específicas y argumentos que legos y expertos pueden usar para producir valor monetario donde el valor es difícil de producir. David Stark resume este enigma: "¿Qué cuenta?... ¿Qué tiene valor, y a través de qué medidas?" Y también "¿Quién cuenta?" (Stark 2009, pp. 6,25; véase también Bruszt y Stark 2003). Las técnicas de contabilidad también son construcciones sociales que emergen y ganan autoridad en contextos sociales particulares y sólo tienen sentido en relación a los sistemas de conocimiento, relaciones sociales y narrativas culturales que prevalecen en estos contextos. Es también en este punto que la política local se vuelve importante para comprender los resultados- ésta influencia que métodos son desarrollados, cuáles son seleccionados y dotados de autoridad, y cuáles son puestos de lado o descartados. En el caso de los derrames de petróleo, las "víctimas" (otra categoría socialmente construida) francesas y norteamericanas invocaron diferentes métodos y diferentes tipos de expertos para desarrollar sus reclamos de compensación económica por daño medioambiental. De esta forma, otro desafío central de esta investigación es entender por qué las personas en estas dos sociedades occidentales y desarrolladas terminaron promoviendo distintos tipos de tecnologías de valuación.

Al enigma final lo llamo "y después qué?" Aquí hago hincapié en las consecuencias sociales del proceso de valuación económica una vez que ha sido llevado a cabo- o el circuito de retroalimentación entre la valuación económica y las representaciones y prácticas sociales-. Por ejemplo, ¿de qué forma las valuaciones económicas de la naturaleza y las tecnologías en que éstas se apoyan afectan el modo en que experimentamos e interac-tuamos con el medio ambiente no-humano? Como señala Simmel, la relación entre el valor subjetivo y el valor objetivado no es unidireccional sino dialéctica. Esto se debe a que las condiciones de compra y los sacrificios monetarios implicados en la adquisición de un objeto convierten al proceso de intercambio en algo altamente personal y por lo tanto, magnifican el valor que atribuimos a este objeto: "Investimos a los objetos económicos de una cantidad de valor como si fuese una cualidad inherente a ellos y luego los trasladamos al proceso de intercambio, a un mecanismo determinado por esas cantidades, a una confrontación impersonal entre valores, del que regresan multiplicados y más disfrutables en su último propósito, que es también su punto de partida: la experiencia subjetiva" ([1907] 1978, p.78, el énfasis es mío). En otras palabras, las personas pueden extraer disfrute subjetivo y estatus del hecho de saber y mostrar que algún bien que les pertenece alcanza un precio elevado -sentimientos como éstos pueden ser, por ejemplo- una de las razones principales por las que existe el mercado del arte (Velthius 2003; Beckert 2010; Karpik 2010). Como sucede en la naturaleza o en la vida, ¿es posible que el proceso de valuación económica en sí mismo sea una causa de la creciente percepción de que "no tienen precio"? Para decirlo de otra manera, ¿será que el dinero magnifica nuestra sensibilidad ecológica?

Este artículo está organizado de la siguiente manera. La primera sección ofrece una discusión teórica general sobre lo que llamé anteriormente el "por qué" de la valuación: presenta las condiciones culturales e institucionales generales bajo las cuales diferentes sociedades son más o menos propensas a monetizar lo que yo conceptualizo como "bienes peculiares"; esta sección también considera las particularidades culturales de la naturaleza en tanto objeto de valor. La segunda sección se centra en las variaciones en la organización de la valuación económica a través de un estudio empírico de la compensación por daño ambiental en tres grandes derrames de petróleo en Francia y en Estados Unidos. La tercera sección cierra el circuito analítico considerando las consecuencias de las diferentes valuaciones de la naturaleza en estos casos. Por último, concluyo con la centralidad del proceso de valuación para la producción y reproducción de la cultura como un todo.

El porqué: las condiciones generales de la valuación económica

La aceptación del dinero como medida de valor

¿De dónde proviene la aceptación del dinero como una medida de valor? Buscando en trabajos clásicos de la literatura sociológica, podemos aventurar tres respuestas interrelacionadas: cultura política, religión e instituciones. De este modo, Tocqueville señalaba en La Democracia en América ([1835/1840] 2000) que las "sociedades democráticas" (que celebran a los individuos comunes y conciben a las distinciones de nacimiento como repulsivas) tienden a promover una visión del dinero particularmente positiva. En los Estados Unidos, por ejemplo, el dinero es visto como el gran agente de igualación social, el medio por el cual aquellos nacidos en la pobreza pueden lograr por sí mismos la misma posición social que los ricos. El análisis sarcástico de Veblen ([1899] 1994:33) sobre la "clase ociosa" norteamericana muestra, a fin de cuentas, el deseo casi universal y moralmente cómodo por la emulación pecuniaria en su país, cuyos ciudadanos están movidos por el deseo competitivo de alcanzar "una comparación favorable respecto de otros hombres". Cooley y Mitchell fueron aún más allá, celebrando el dinero como un gran "agente de racionalización" (descripto en Zelizer 1994, pp. 8-10) que aceita los engranajes del motor capitalista y sostiene la promesa de movilidad social.

Es menos probable que ocurra este tipo de igualación, nos recuerda Tocqueville, en "sociedades aristocráticas" como Francia o Inglaterra porque estos logros pecuniarios nunca van a lograr borrar completamente los privilegios de nacimiento y los legados mentales de la sociedad feudal. Las personas en el Viejo Mundo pueden, por lo tanto, otorgar un gran valor al desapego simbólico del afán por lo material (incluyendo la empresa capitalista), ya sea porque son ricos y "poseen (dinero) sin inconvenientes" o porque son pobres y "perdieron las esperanzas de tenerlo o no están lo suficientemente familiarizados con él para desearlo" ([1835/1840], 2000:507). De aquí la mayor ambivalencia hacia el dinero, un "espantoso nivelador" (Zelizer 1994), que no sólo desafía el orden social sino que también amenaza con diluir la creatividad personal y las cualidades únicas dentro de una sola medida de valor.

Según esta línea de análisis, entonces, las diferencias nacionales en las actitudes hacia el dinero están enraizadas en la cultura política y sus relaciones con la estructura social. Pero también podemos mencionar otras fuentes de variación. La herencia religiosa es otra variable importante a tener en cuenta a la hora de analizar las diferencias entre sociedades respecto de la actitud hacia el dinero. Max Weber ([1930] 2002) afirmó hace bastante tiempo que la participación en asuntos mundanos era legitimada de manera diferente en las distintas doctrinas religiosas, y que éstas inspiraban diferentes prácticas económicas y diferentes actitudes respecto del auri sacra fames (el esfuerzo por el dinero). Así, el legado espiritual del Calvinismo sustentó una aproximación racional y sistemática hacia la adquisición de riqueza, luego secularizada en un imperioso deseo hacia adquisiciones materiales para "cada individuo nacido dentro de este mecanismo" (Weber 2002:120). Haciendo eco de los aportes de Weber, John Tropman argumenta que la ética protestante sostiene una visión transformadora del dinero, en la que el dinero se vuelve un reflejo del carácter de una persona. El catolicismo, por el contrario, promueve una concepción más instrumental del dinero, la cual está plagada de aprehensión moral: "La visión de la ética católica sobre el dinero es ambivalente respecto de la sospecha. El dinero es bueno, como lo son también otras muchas cosas. Pero tenerlo no te hace bueno, mejor, o el mejor; no tenerlo no te hace malo, peor o el peor" (Tropman 2002:50).

Por las razones culturales arriba delineadas (un país predominantemente católico con legados feudales) deberíamos sospechar que las barreras simbólicas contra "aquello que puede decir el dinero" y contra la monetización son más rígidas en la Francia moderna que en los Estados Unidos de hoy en día. Las evaluaciones empíricas sobre las diferencias culturales entre Francia y Estados Unidos también así lo sugieren. En la encuesta de los Word Values de 2005, por ejemplo, a los encuestados se les preguntaba si se veían parecidos a alguien para quien era importante "ser rico, tener un montón de dinero y cosas caras". Un enorme 42% de encuestados franceses expresó la máxima distancia posible respecto de una persona así ("para nada como yo") mientras que un 33% enfatizaba su diferencia ("no es como yo"). Por el contrario, los porcentajes correspondientes para los encuestados norteamericanos fueron, respectivamente, 23% y 39%: así, mientras en ambos países una mayoría expresaba su distancia social, la "frontera simbólica" estaba más claramente delineada en el caso francés. El estudio cualitativo de Michèle Lamont, quien acuñó el concepto, también muestra esta diferencia cuantitativa básica. En dos libros sucesivos (1992, 2002), Lamont documenta la prominencia retórica del desapego de razones pecuniarias, así como un énfasis en la integridad personal por encima del éxito material en los hombres franceses de clase media y obrera a quienes entrevistó. En los Estados Unidos, por otro lado, Lamont encontró que sus encuestados se sentían mucho más cómodos con el tema del dinero, conectándolo al mérito y al esfuerzo, y viéndolo como una promesa de control, libertad, igualdad y respeto (Lamont 1992:66; 2002:75) así como también una medida del éxito. Finalmente, varios contribuidores de un volumen que Lamont coeditó junto a Laurent Thevenot (Thevenot et al. 2000) arribaron a conclusiones similares en sus estudios comparativos del mundo de las editoriales, el movimiento ambientalista, las elites económicas y el público de arte a ambos lados del atlántico: en todos estos escenarios, encontraron que los entrevistados franceses hablaban del efecto contaminador de la riqueza y el dinero en la ética personal y el juicio estético, mientras que sus pares norteamericanos exhibían mucha menos antipatía.³

La aceptación institucional del dinero como medida de valor

Lo que mencionamos anteriormente sugiere que el mejor punto de partida para estudiar el lugar que el dinero tiene en la sociedad no sería algún deseo individual pre-social, como sostiene la economía, sino las prácticas y las representaciones sociales. El uso del dinero como una medida de valor es por entero una institución social que encapsula varios aspectos de la organización de una sociedad: sus políticas, las orientaciones religiosas dominantes y la estructura social. Moviéndonos ahora a un nivel intermedio, podemos articular cómo los arreglos institucionales enmarcan y canalizan concretamente demandas de valuación económica.

Sabemos que las organizaciones -cortes, organismos públicos, hospitales, corporaciones- juegan un rol central en el delineamiento de las condiciones bajo las cuales los "bienes peculiares" pueden (o no) pueden dar lugar a transacciones económicas (Healy 2006). La razón es que estas instituciones regularmente presupuestan, compensan y ponen precio a todos estos bienes como resultado de sus misiones institucionales. Por ejemplo, la cuestión de si el medio ambiente natural debe ser o no monetizado y cómo se llevará a cabo el proceso de valuación, emana en general de las oficinas y salas de conferencia de organismos públicos y de los jueces. Al reflexionar sobre por qué y cómo las sociedades formulan demandas de valuación, debemos mirar dentro de esas organizaciones especiales cuya función es producir valor económico allí donde los valores no son fáciles de encontrar -y las que, por lo tanto, moldean la legitimidad y la práctica de la valuación para la sociedad en general. Más abajo discutiré dos de estas instituciones, la administración pública y el sistema jurídico, y evaluaré cómo pueden llevar a cabo su función de valuación de maneras diferentes en distintos momentos y lugares.

La legitimidad política y el ascenso del análisis de costo-beneficio

Todos los estados buscan cuantificar sus acciones, de cierta manera. Según Theodore Porter (1995) las sociedades modernas tienen una característica "confianza en los números" -una consecuencia histórica de la centralización política, el progreso de una economía comercializada, la educación masiva y el proceso de legitimación democrático (véase también Cohen 1982; Kula 1986). El uso sistemático de la cuantificación en las decisiones de política pública presupone un modo específico de autoridad política, aquella anclada en la autoridad de la racionalidad de los especialistas más que en las costumbres o en el liderazgo personal. Como dice Amartya Sen (2000, p.935) haciendo eco de Max Weber "[la demanda por la valuación explícita] es una demanda poderosa por una articulación más completa, lo que implica el rechazo de la frecuente postura, bendecida por la tradición, de que podríamos saber qué está bien sin saber por qué está bien. A riesgo de simplificar demasiado, la valuación explícita es parte de la insistencia en un enfoque racionalista que demanda una explicación acabada de las razones para tomar una decisión, más que apoyarse en convicciones no razonadas o una conclusión derivada implícitamente".

Porter (1995) da una versión de este argumento más historizada, aunque no totalmente diferente, cuando interpreta el ascenso de la valuación centrada en el mercado (o análisis costo-beneficio; en adelante ACB) en los Estados Unidos desde 1930 como una consecuencia de la evolución de las instituciones políticas de ese país. Con sus poderes expandiéndose rápidamente durante la primera mitad del siglo XX, sostiene Porter, los funcionarios públicos norteamericanos se encontraron con la necesidad de mitigar la desconfianza pública en la acción del estado, y de tener que reivindicar la autoridad federal y ejecutiva frente a la vorágine de demandas políticas contradictorias que provenían del congreso y de los estados. Los conflictos de la Era Progresiva establecieron que movilizar expertos era el único modo en que las burocracias profesionales podían elevarse por encima de las refriegas políticas. Hacia los años 30', la eficiencia de costos era el modo con el que los funcionarios norteamericanos justificaban el rol crecientemente proactivo de gobierno (por ejemplo, en el control de inundaciones). En los Estados Unidos, el desplazamiento hacia ACB estuvo entonces apoyado por una "desconfianza en conocimientos expertos desarticulados" y una "sospecha hacia la arbitrariedad y la discreción", ambas profundamente arraigadas en una cultura política recelosa del poder del gobierno (1995, p.199). Como veremos a continuación, es bajo este régimen político que los métodos económicos para la valuación de aquello que es "difícil de valuar" han florecido en este país: por ejemplo, proyectos de inversión pública (como la controversia de la represa de Orne en La lucha por el agua (Espeland 1998)) empezaron a tomar cada vez más en consideración el medio ambiente en sus análisis de costo-beneficio.

Cass Sunstein ofrece una interpretación similar, a pesar de concebir más explícitamente a los métodos de costo-beneficio como un instrumento normativo de la gobernanza democrática y celebrar su difusión como un gran logro del gobierno norteamericano que llevó a incrementar la eficiencia y la legitimidad política. En contra de las críticas que ven al balance de costos como un vehículo antidemocrático de la opacidad tecnocrática, Sunstein sostiene que el uso extendido de este método "protege los procesos democráticos al exponer la responsabilidad por las consecuencias a la vista del público" (2002, p.9) y ayuda a resolver controversias judiciales entre actores, grupos de interés y agencias regulatorias. De este modo, el análisis de costo beneficio promete resolver no solamente problemas económicos de asignación de recursos sino también problemas políticos. Por esta razón, desde 1970 el poder ejecutivo expandió gradualmente el lugar de los ACB en todas las agencias regulatorias, convirtiendo efectivamente al gobierno de los Estados Unidos en un "Estado Costo-Beneficio".

Aunque la valuación costo-beneficio puede ser vista como el corolario de la expansión de la dominación burocrático-legal en un estado democrático, esto no significa que todas las sociedades van a justificar su práctica de la misma manera, ni que van a implementarlo en las mismas cantidades. Por ejemplo, Porter sostiene que el mundo administrativo francés siguió una trayectoria diferente hacia la cuantificación de la de los Estados Unidos. Allí "la confianza en los números" tomó una forma más distintiva, más tradicional, que fue delineada por una tradición administrativa poderosa que tuvo sus raíces en un entrenamiento matemático de alto nivel (véase también Desrosières 1999; Fourcade 2009). Aunque el Estado francés se haya comprometido en grandes proyectos de inversión pública desde los tiempos de la monarquía absoluta - y los ingenieros públicos franceses están dentro de los precursores más distinguidos de la microeconomía moderna (Ekelund y Hebert 1999)- la mayor independencia y el mayor status de la tecnocracia francesa, junto con un menor escrutinio político sobre sus actividades, permitieron que los tecnócratas individuales y líderes políticos retuvieran mucha más autoridad en el proceso de la toma de decisiones. Como resultado, la práctica de ACB (y sus muchas ramificaciones, como la política de evaluación pública) ha sido mucho menos expansiva allí; y también ha quedado -si seguimos el análisis de Sunstein- mucho más aislada de la disputa "democrática" por parte de grupos organizados.

Intenciones legales y la "vara medidora del dinero"

La ley es otro escenario clave a considerar cuando analizamos los mecanismos institucionales a través de los cuales las sociedades producen valor para cosas "invaluables" tales como la vida, la salud, el amor o la naturaleza. El hecho de que una buena parte de la actividad legal, a través de la función central de la compensación de daños, está dirigida a proveer razones para dichos valores hace al sistema legal particularmente interesante desde el punto de vista de una sociología de la valuación. Por ejemplo, una de las funciones sociales de los juicios por contaminación y de las conciliaciones legales es proveer un valor para el medioambiente, aunque a posteriori, al atribuir un valor monetario al daño ecológico a causa de la contaminación.

No hay ninguna razón obvia por la cual la compensación por perjuicios, hacia un individuo o hacia la "sociedad", deba ser monetaria. Podría ser física (por ejemplo, la pena de muerte o cortar la mano de un ladrón), social (encarcelar a alguien o forzar al perpetrador de una violación a casarse con su víctima) o psicológica (mostrar arrepentimiento en la corte o humillación pública). Sin embargo, es un hecho que tanto en sistemas legales altamente formalizados como en aquellos que no lo están tanto, el dinero siempre ha sido considerado un instrumento privilegiado para lo que Durkheim llama "ley restitutiva", esto es, un tipo de sanción cuyo propósito es restituir el statu quo "atrasando el reloj como manera de restaurar el pasado, en la medida de lo posible, a su estado normal" (incluyendo hacer que la parte que pierde el litigio cargue con el costo de la administración de justicia) [1893] 1984:68). A pesar de esto, las diferencias culturales e institucionales persisten respecto del alcance aceptable del dinero como un instrumento de compensación en distintos contextos socio-legales (Saguy 2000; Kagan 2001). En los Estados Unidos, por ejemplo, el dinero es ampliamente utilizado tanto de una manera restitutiva, represiva o disuasiva, y claramente en la forma del daño punitivo, cuya intención no es reparar un perjuicio sino castigar al perpetrador de una violación. Sunstein et al. (2002) argumentan que esto se debe al rol central de los jurados populares en los Estados Unidos: porque los miembros de los jurados son (y esta caracterización ha sido objeto de algunas controversias) "intuitivamente retribucionistas" guiados ante todo por consideraciones morales, éstos tienden a conceder grandes y arbitrarias sanciones punitivas. Por el contrario, el daño punitivo no existe en varios países (por ej. Francia o Japón) y la compensación usualmente se centra solamente en el mero perjuicio económico (la compensación de un perjuicio moral siendo reducida al pago de un sólo "franco simbólico" o euro o una disculpa pública).⁴

Lo que hace único al lugar del dinero dentro del sistema legal de los Estados Unidos, sin embargo, no es simplemente su alcance como un instrumento de compensación sino el hecho de que los procesos de compensación han adquirido una creciente forma racionalizada, apoyándose en especialistas expertos para producir valor económico más que -por ejemplo- la tradición o el sentido común de los jueces y jurados. Este es un patrón bien establecido en los sistemas legales de common law, donde la cultura del "descubrimiento" y de la evidencia experta generalmente favorece la incorporación de todas las formas de conocimiento externo en un esfuerzo competitivo por presentar "hechos" observados desde determinado punto de vista (Ja-sanoff 1995; Golan 2004). Expertos en estadísticas, económica y contabilidad entran entonces en el ámbito legal como proveedores de estándares cuantificables en la toma de decisiones, proveyendo -como veremos en el caso del Exxon Valdez- al sistema legal con tecnologías sofisticadas para establecer el valor donde el valor es difícil de identificar o de calcular. Esto no es solo debido a que estas disciplinas están particularmente bien po-sicionadas para llevar a cabo este trabajo de valuación -de hecho, Ronald Coase afirma que lo que le otorga a los economistas una gran ventaja sobre otras disciplinas y profesiones es que son capaces de utilizar "la vara medidora del dinero"- sino también a que la lógica analítica de la microecono-mía neoclásica ofrece un lenguaje individualista para traducir sentimientos sobre aquello que vale ("utilidades", en jerga disciplinaria) de un modo culturalmente razonable en el contexto político norteamericano. Como demostrare más adelante, hacia fines del siglo XX esta lógica analítica pudo ser utilizada para darle estatus económico a la idea misma de "naturaleza".

Especificidades culturales de la "naturaleza" como objeto de valuación monetaria

¿Pero en qué consiste una idea como esta? En las dos secciones anteriores, sugerí que analizar los modos en los que diferentes sistemas sociales adscriben valor monetario a bienes intangibles como la "naturaleza" requiere una reflexión general sobre el significado y el lugar del dinero y de las tecnologías de valuación monetaria dentro de estos sistemas sociales. Sin embargo, es también indispensable examinar la valuación de bienes intangibles como dependiente del significado cultural de los bienes a ser evaluados. Por ejemplo, ¿es la más generalizada valuación monetaria de la naturaleza en Estados Unidos (en comparación con Francia) una cuestión del "dinero" en ese país o de la "naturaleza" en ese país? En otras palabras, debemos tomar en cuenta las especificidades de la naturaleza como una formación cultural, o como un ensamblaje social, y comprender los modos específicos que está entrelazada con diferentes "economías de la grandeza" -es decir, con los distintos principios a los que la gente hace referencia cuando quiere reclamar justicia (para utilizar una conceptualización popularizada por Boltanski y Thevenot (2006)). Al igual que el dinero, la naturaleza es una "construcción profundamente humana. Esto de ningún modo quiere decir que el mundo no-humano es de alguna manera irreal o producto de nuestra imaginación. Pero el modo en que describimos y comprendemos el mundo está tan entrelazado con nuestros propios valores y afirmaciones culturales que los dos nunca puede ser del todo separados. Lo que queremos decir cuando decimos "naturaleza", dice tanto de nosotros mismos como de las cosas a las que etiquetamos de esa manera" (Cronon 1995a:25).

Estados Unidos: La naturaleza entre zona virgen y mercancía

La idea de lo natural, de la naturaleza virgen, por supuesto no es ninguna excepción para este reduccionismo sociológico: lo natural, lo salvaje, es también, una "invención cultural" (Cronon 1995b:79). El concepto surge en un determinado momento -fines del siglo XIX- y encuentra su desarrollo más logrado en un tipo particular de sociedad -los Estados Unidos-. Los románticos europeos han escrito sobre la naturaleza salvaje, indómita, y especialmente sobre esta naturaleza salvaje en el Nuevo Mundo (como Chateaubriend y Byron) con gran lirismo. Pero por esta misma razón -no había ningún equivalente en el Viejo Mundo- en Estados Unidos la idea de las vastas tierras "vírgenes"⁵ se entrelazó con los mitos políticos fundacionales de la nación: la frontera, el individualismo, la libertad. Como tal, esta idea tuvo un carácter emocional que no apareció en otros lugares. "Lo salvaje" era cómo la clase media alta urbana y educada de la Costa Este de Estados Unidos, que nunca o casi nunca tenía que confrontarse con la dura realidad de "vivir en lo salvaje" en sus vidas cotidianas, reinterpretó la idea de la frontera como una experiencia nacional primordial a ser celebrada y preservada. Como sostiene Thoreau "lo salvaje fue lo que mantuvo "nuevo al Nuevo Mundo" (citado en Nash 2001 p.102). También preservo moralmente puro al Nuevo Mundo: la persistencia de ficciones pastorales de una gran superficie de tierras vírgenes sirvió también para oscurecer los procesos capitalistas que estaban juntando las ciudades con el interior del territorio (Cronon 1991).

El gobierno federal tuvo un rol central para convertir esta inclinación cultural de separar "hombres" de "naturaleza" en una realidad política y legal. Separando grandes cantidades de tierras bajo la política de parques nacionales durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, y asumiendo la responsabilidad de su preservación, el gobierno federal legitimó la conceptua-lización de la naturaleza virgen como un bien inalienable de interés público (Runte 1997). Por supuesto, los Estados Unidos estaban en una posición privilegiada para hacer esto: desde sus inicios el gobierno de Estados Unidos era un terrateniente que no tenía punto de comparación ni siquiera con la Francia absolutista o incluso con ningún otro país del mundo. La mayor porción del actual territorio del país -incluyendo, de manera importante, Alaska- fue comprada a poderes extranjeros (Francia, España, México, Dinamarca) o ganada a cambio de perdonar deudas o victorias militares. El gobierno de Estados Unidos también obtuvo tierras por cesiones y tratados de los estados con las poblaciones de americanos nativos. "En varios momentos de los últimos 200 años, el gobierno federal tuvo el título de propiedad de alrededor de cuatro quintos de la tierra en América" (Wolf 1981, p.449). Las agencias federales de Estados Unidos actualmente manejan el 13% del territorio actual del país (incluyendo grandes pedazos de los estados del oeste) más la casi totalidad de toda la masa continental sumergida.

La contraparte de esta política de adquisición voraz fue el no menos vigoroso otorgamiento de una gran cantidad de acres a estados y localidades (para fines públicos como educación, por ejemplo), a individuos a través de ventas y entregas de tierras para promover regiones del país, y por último a compañías (de ferrocarriles, aceite, gas natural, minería y madereras) a través de cesiones y arrendamiento. Activo en ambos lados del comercio de tierras, los Estados Unidos lucían como un desarrollador y agente inmobiliario, haciendo negocios con agentes privados tanto en la tierra como en el agua (pensemos en los derechos de exploración y perforación en el lecho marino). A medida que el rol del gobierno como promotor y desarrollador se expandía en el siglo XX, los espacios naturales como por ejemplo tierras y ríos, también se volvieron lugar de reclamos de recuperación (para irrigación, generación de energía eléctrica o uso militar).

La tensión cultural entre lo "útil" y lo "bello", lo "comercial" y lo "inalienable" no se expresó en ningún lugar mejor que en Alaska. Alaska fue la mercancía por excelencia: la tierra más extensa que había sido comprada y por lejos el estado más grande del país, tres veces más grande que el segundo,

Texas. Sin embargo, desde el descubrimiento de petróleo en Prudoe Bay en 1968, Alaska también se convirtió en el área petrolera más grande de América del Norte, y probablemente albergue la más importante reserva de gas natural, rindiendo miles de millones de dólares anuales en ganancias corporativas, regalías e impuestos.

De este modo, Alaska se convirtió en una paradoja: por un lado, una gran oportunidad económica, que experimentó una incomparable fiebre por el petróleo en los 1970s; por otro lado, la "meca de la naturaleza virgen" por excelencia (Nash 2001, p.275), la última frontera americana. Alaska no era verdaderamente tierra de nadie, totalmente prístina, segura para la presencia de Americanos Nativos, representantes icónicos de una conexión mágica con la naturaleza (Gibson 2009). Si el concepto de naturaleza virgen tuvo un lugar especial en la cultura estadounidense, entonces Alaska, con sus remotos y agrestes paisajes era su más acabada encarnación simbólica, y de hecho la batalla para preservarla de esa manera después de su constitución como estado en 1959, significó la mayor movilización conservacionista en toda la historia norteamericana. Esto llevó a la decisión, en 1980, de proteger cerca de 100 millones de acres (un área más grande que California) en las tierras federales de Alaska, lo que hizo que el tamaño del Sistema de Parques Nacionales llegue a más que duplicarse. De ser la mercancía más barata en 1867 -toda la compra de Alaska se hizo por el equivalente de alrededor de 108 millones de dólares- la misma tierra se había vuelto tan invaluable que ninguna parte de ella podía ser vendida o cedida. Esta fluctuación histórica de Alaska, entre la economía de la grandeza "verde" y la "mercantil" (para usar la frase de Boltanski y Thévenot, no pudo no influenciar el modo en que el accidente de la Exxon Valdez fue percibido y enfrentado.

Francia: La naturaleza entre la Cultura y la Agricultura

Francia, por supuesto, no tiene a Alaska ni a nada remotamente parecido a la experiencia de Alaska y su relevancia cultural. Por el contrario, el efecto del hombre en el paisaje allí es palpable en todos lados: el territorio que constituye a la Francia moderna ha ido asentándose a lo largo de los siglos, desdibujando una barrera conceptual entre el reino de la naturaleza y el reino del hombre. Francia era un país populoso, y también un país de pequeños terratenientes antes de 1789 (Tocqueville [1856] 1998:283; Beckert 2007). A diferencia de Inglaterra o de Prusia, los cada vez más empobrecidos nobles franceses tuvieron que vender muchas de sus tierras a comuneros en los siglos que precedieron a la Revolución Francesa, de modo tal que la revolución sólo aceleró el proceso de fragmentación de tierras que ya estaba desarrollándose. Algunos académicos (Barraque ' 1985: 24) incluso argumentan que la realidad política de una densa estructura de propiedades pequeñas y privadas destinadas a la agricultura pudo haber sido uno de los mayores impedimentos para la reivindicación de una "naturaleza virgen" en la cultura, la política y hasta la ciencia francesa. En esta cosmología, no es la naturaleza sino la civilización rural la que tenía que ser defendida frente a los avances de la industrialización capitalista y los grandes designios de ingenieros y administradores estatales.

El dominio del estado por sobre el ambiente físico en particular fue omnipresente en Francia. Como Chandra Mukerji (1997, 2007, 2009) ha demostrado, la monarquía absoluta fue un régimen intensivamente territorial que movilizó el mundo natural en un extraordinario esfuerzo para desplegar sus fuerzas militares y políticas vis-a-vis visitantes extranjeros y poderes locales. Desde los jardines de Versailles hasta el Canal de Midi, la monarquía -y los regímenes siguientes, tomaron a la tierra y a la naturaleza bajo su control- planificando y rediseñando el paisaje al mismo tiempo en que se disciplinaba el mundo social que vivía allí, algunas veces provocando un gran resentimiento.⁶

En su lucha por inscribir el poder político dentro del ambiente físico, los gobernantes franceses aseguraron a los ingenieros públicos posiciones especiales, honores y prerrogativas. Los regímenes no sobrevivieron pero los ingenieros públicos sí lo hicieron, llevando adelante la continuidad de las instituciones francesas hasta el día de hoy. Los ingenieros todavía dominan la administración técnica francesa, organizando sin tregua la modernización del país a través del manejo racional del espacio - y así, la continuación de la importancia de los proyectos públicos de infraestructura para el "esplendor" del Estado y su legitimidad política (Hecht 1998; Pritchard 2004). La utilización tecnológica de las fuerzas naturales para servir a las necesidades económicas del país ha estado además fuertemente vinculada a la construcción de la identidad nacional francesa, modelando además a veces la construcción de identidades locales.⁷

Entonces, ¿cuál es el lugar de la "naturaleza" en este mundo? Por supuesto, el lenguaje y las ideas ambientalistas existen también en Francia, pero se arraigaron de manera muy diferente. En parte, debido a que la experiencia con la naturaleza está vinculada con la vida rural, a la que los parisinos e incluso las elites provinciales miran con desdén (en una inconfundible expresión de violencia simbólica), las apelaciones morales para defender la pureza y la virginidad de la naturaleza están mucho menos omnipresentes en los escritos franceses del siglo XIX que en los escritos americanos del mismo siglo. El primer parque nacional de Francia, el Parque nacional de Vanoise, recién se creó en 1963 -mucho después de su par en los Estados Unidos (Yellowstone, en 1872) y unas tres décadas después de una ley de 1930 que habilitaba esa posibilidad al proteger "monumentos nacionales y sitios con un interés artístico, histórico, científico, legendario o pinto-resco".⁸ Además, el proceso sólo fue completado tras una serie de arduos compromisos con las comunidades locales. Quizás aún más relevador sea que hasta la creación del Ministerio de Medio Ambiente en 1971, el marco político francés para la protección de espacios naturales (entendidos principalmente como paisajes) se derivó de un marco postrevolucionario para la conservación de construcciones y monumentos- la politique du patrimoine. De esta forma, la protección de la naturaleza recae ampliamente bajo la responsabilidad de autoridades culturales, al igual que los museos y castillos.⁹

En efecto, el entendimiento cultural de la naturaleza como lieu de vie, una realidad práctica en la que se vive, donde las personas ocupan de facto un lugar central, domina los proyectos políticos de los ecologistas franceses -en contraste con los más radicales enfoques conservacionistas que encontramos en Estados Unidos, donde se le atribuye a la naturaleza virgen una base moral especial. Francia, afirma Michael Bess (2003), es una sociedad "verde claro", donde lo natural, lo social y lo tecnológico se entremezclan. Nacidos un una naturaleza hecha por el hombre casi por completo, los teóricos ambientalistas franceses "tienden a estudiar cómo la naturaleza y la identidad humana se entrecruzan, más que sentirse inclinados a relacionar sus visiones con alguna teoría de la justificación última del valor ambiental" (White-side 2002, p.3) Así, los asuntos medioambientales de la Francia de posguerra estuvieron articulados menos alrededor de la especificidad de la naturaleza como un objeto político y los derechos de las especies no-humanas que desde el punto de vista de una crítica más amplia hacia la sociedad moderna. Por ejemplo, contra el capitalismo como modo de producción (Gory 1983), en contra del progreso científico y en defensa de la tradición, en contra de la centralización política y en defensa de las identidades locales y terroirs. En todas estas cosmologías políticas, tratar de determinar el valor de la vida y espacios no-humanos "como tales" -del modo en que se presentó en los derrames del Amoco Cadiz y el Erika- es un problema excesivamente raro. Entonces, ¿cómo esta forma particular de sensibilidad por la naturaleza -este conflictiva interrelación entre (principalmente, aunque no exclusivamente) lo "industrial" y lo "doméstico" (en la conceptualización de Boltanski y The-venot [2006])¹⁰ en las experiencias francesas del mundo natural- afectan el modo en que se enmarcó la valuación en estos casos? ¿Y cómo esta última difiere del proceso llevado a cabo luego del accidente del Exxon Valdez?

He sugerido hasta ahora que los supuestos culturales sobre el lugar del dinero en las relaciones sociales, los legados institucionales sobre las formas legítimas de expertise que pudieron servir de soporte en el proceso de valuación, y, finalmente las construcciones culturales del mundo natural como un objeto de valor pueden dilucidar no solamente que el dinero es aceptable como un criterio de medición para valuar la naturaleza sino también cómo la valuación monetaria de la naturaleza puede llevarse a cabo en casos concretos. Si las secciones anteriores se ocuparon de las condiciones generales de la valoración monetaria, incluyendo aquellas pertenecientes a la valoración de la naturaleza, entonces esta sección se ocupará de los detalles prácticos de la valuación económica en sí. Lo que sigue es una demostración empírica de la importancia de las tecnologías económicas para los resultados monetarios, usando como ilustración la valuación de los daños ambientales en dos configuraciones sociales diferentes. Recogí material de los derrames petroleros del Amoco Cádiz y el Exxon Valdez durante viajes que realicé a Bretaña (en 2002 y 2003), Alaska (en 2006), y Chicago (en 2009). En Francia, relevé varias decenas de cajas de relatorías de reuniones del Syndicat Mixte de Protection et de Conservation du Litoral du Nord-Ouest de la Bretagne (la principal organización involucrada en el reclamo por daño ecológico en el derrame petrolero del Amoco Cadiz), documentos legales y correspondencia, informes expertos y la cobertura mediática del hecho (Archives du Syndicat Mixte, Pleumeur-Boudou). En Chicago, obtuve transcripciones de testimonios del juicio por el derrame petrolero del Amoco Cadiz. A su vez, realicé nueve entrevistas en profundidad con demandantes, expertos y abogados familiarizados con el caso del Amoco Cadiz en Francia (más dos en Estados Unidos). En Alaska, realicé once entrevistas en profundidad con individuos (ciudadanos locales, ecologistas, abogados y expertos) involucrados en el caso Exxon Valdez, llevando a cabo a su vez un relevamiento de la cobertura mediática, informes expertos y documentos legales presentados ante la corte. A su vez, tuve importantes, pero más informales, conversaciones con muchos más actores locales en ambos países. Finalmente, revisé la literatura relevante en economía ambiental y derecho ambiental, así como también la literatura de las ciencias ecológicas. Mi investigación fue guiada por el deseo de entender cómo los efectos no comerciales de los derrames fueron entendidos y tratados y cómo fueron confeccionados los métodos de valuación para formular una cuenta monetaria de los "daños" sufridos por el paisaje natural y la vida silvestre. Ahora iré al núcleo empírico de este análisis: las mareas negras de 1978 y 1989.

El 16 de Marzo de 1978, el buque petrolero Amoco Cádiz, con 227.000 toneladas de petróleo crudo en sus depósitos, se encalló en las Rocas de Portsall, a tres millas de las costas de Bretaña, Francia, después de experimentar una falla en el dispositivo de dirección en medio de una tormenta. El 17 de Marzo, el navio se hundió y se partió en dos. El 24 de Marzo se quebró en tres. Para el inicio de Abril, el derrame de petróleo se extendió sobre 125 millas de la costa de Bretaña, empetrolando las playas de 72 municipios y varias rios conectados al mar.

La limpieza de la religión, asumida y coordinada enteramente por el estado francés, tardó meses. Diez mil soldados y miles de voluntarios se trasladaron al área para ayudar con lo que era el peor desastre ecológico en la memoria francesa. Botes pesqueros fueron amarrados por más de dos meses sin actividad. Criaderos de ostras fueron totalmente destruidos y no se recuperarian por años. El turismo de verano, el cual proporcionaba una parte considerable del ingreso anual de Bretaña, fue seriamente afectado. En el momento, el incidente resultó en la mayor pérdida de vida marina registrada en un derrame petrolero: millones de moluscos muertos, erizos marinos y otros organismos fueron arrojados a la costa, contando con una cifra de aves muertas que asciende a los 22.000. Se necesitarían años para que el medio natural se recuperara, y algunas especies (tales como frailecillos y focas) fueron irreparablemente perdidas. Para algunas comunas francesas, este fue el segundo mayor derrame petrolero en apenas 10 años.¹¹ La gente estaba enojada.

Hasta el día de hoy, el Amoco Cadiz permanece como el mayor derrame marítimo desde un buque en el que el petróleo llegó a las zonas costeras. Pero está muy lejos de ser el único. La base de datos International Oil Spill registra, entre 1960 y 1995, 1.720 derrames de al menos 10.000 galones, incluyendo 43 derrames de más de 10 millones de galones (ITOPF 2011). Si bien el volumen anual de derrames de buques de carga ha disminuido pronunciadamente desde el pico de la década de 1970, la era de los derrames a gran escala no ha terminado, como nos recuerda el hundimiento del Prestige en las costas de España y la explosión de la plataforma Deep Horizon en el golfo de México en 2010.¹² La figura 1 brinda una representación de los derrames más dramáticos desde buques desde finales de 1960, dividido en dos categorías: en la costa y fuera de la costa. En efecto, muchos de los derrames de petróleo ocurrieron lejos de la tierra o en largos períodos de tiempo¹³, por lo tanto son menos visibles. Por ejemplo, uno de los más grandes, el del Atlantic Empress, se dispersó en el mar. Gran parte de las 252.000 toneladas de petróleo del buque Castillo de Bellver se quemó en el barco, mientras cruzaba las costas de Sudáfrica. Finalmente, si un derrame toma relevancia pública, si será limpiado, o si existirá compensación, dependerá especialmente de la ubicación del accidente- reflejando desigualdades de poder mundiales-. En cambio, derrames constantes de las tuberías oxidadas y rotas en el delta del Níger no han logrado llamar la atención internacional a pesar de las desesperadas movilizaciones de las poblaciones locales cuyos medios de vida se encuentran damnificadas (Vidal 2010).

Por el contrario, la suciedad del fiordo de Alaska en 1989 provocó una enorme repuesta pública y privada, y aún mantiene un lugar especial en la memoria americana como uno de los eventos que cristalizaron el sentimiento ecológico del país y más allá. Los indios Chenegos lo llaman el "día en que el mar murió". El 24 de Marzo de 1989, el buque petrolero Exxon Valdez, después de una maniobra fallida realizada por un piloto no supervisado por su capitán, quien estaba borracho, se encalló en Bligh Reef en Prince William Sound cerca de Valdez, Alaska, derramando 30.000 toneladas de crudo. En una región conocida por su belleza natural y si diversidad ecológica, la devastación fue enorme. Para Agosto, el petróleo había alcanzado más de 1000 millas de orilla, produciendo la muerte de miles de aves y mamíferos de mar, así como también de salmones y huevos de arenque. El servicio estadounidense de Pesca y Vida Silvestre estimó la mortalidad directamente relacionada con el derrame en el rango de 350.000 de aves y de 3.500 de otras especies marinas (estas son estimaciones de mínima, tal como reporta NOAA en su website). Los pesqueros fueron dramáticamente afectados el año del derrame - algunos comerciantes no pudieron ni siquiera recuperarse (McCammon 2003).

 

Figura 1. Incidentes individuales seleccionados (1967-2007), en toneladas de petróleo derramadas (incluye sólo embarcaciones). Los datos provienen de la International Tankers Owners Pollution Federation. Los incidentes en los que el petróleo alcanzó la costa (provocando daño ambiental mucho más visible) están indicados con barras oscuras y un rótulo.

Los derrames del Amoco Cadiz y Exxon Valdez fueron puntos de inflexión clave para el desarrollo de una conciencia ambiental en cada pais. El hundimiento del Amoco Cadiz sigue siendo el sexto a nivel mundial en términos de magnitud de lo producido por el derrame, y conserva un carácter traumático que lo convierte en la vara de medida con la que son evaluados otros casos de contaminación en Francia. Por su parte, el Exxon Valdez no es el peor derrame petrolero sufrido por Estados Unidos en términos de tonelaje, pero su ubicación - en una zona natural de Alaska - le dio una dimensión simbólica y ecológica que eventos anteriores similares no habían logrado.

Mientras que los dos incidentes se encuentran separados por poco más de 10 años, ambos dieron lugar a acciones legales que fueron iniciadas y llevadas a cabo en Estados Unidos (al ser Amoco una compañía americana, el juicio por el Amoco Cadiz fue en Chicago). El acuerdo extra-judicial entre la Exxon Corporation y los gobiernos federal y estaduales fue alcanzado en 1991, y el veredicto final del Amoco Cadiz fue emitido en 1992, lo cual permite un buen diseño comparativo. La tabla 1 brinda un resumen de los principales hechos con respecto a los dos litigios.

 

Tabla 1. Comparación de las consecuencias políticas y económicas de dos contaminaciones petroleras

Incidente	Amoco Cadiz	Exxon Valdez
Cuándo y dónde	1978 - Francia	1989 - Alaska, Estados Unidos
Petróleo derramado	227.000 toneladas	30.000 toneladas
Principales medidas legales	Juicio (Corte de Apelaciones de Estados Unidos, séptimo Circuito, Chicago, enero de 1992).	Acuerdo entre el estado de Alaska, el gobierno federal y la Exxon Corporation (9 de Octubre de 1992). Demanda colectiva
Costos de limpieza	Pagados por el gobierno francés y municipios locales	+ $2.000 millones de dólares + intereses: limpieza pagada en parte por la aseguradora y en parte por la Exxon Corporation (1.200 millones de dólares)
Cargos penales y civiles	Ningunos.	+ $1.000 millones de dólares en acuerdo con los gobierno federal y estatal por daños a los recursos naturales del público. - Multa: $25 millones de dólares - Resarcimiento penal por los daños causados a los peces, vida silvestre y tierras: $100 millones de dólares - Indemnización civil: $900 millones de dólares pagados a un fideicomiso por 10 años (+ una estipulación que permite a los gobiernos federal y estatal reclamar $100 millones de dólares por la restauración de los recursos naturales).
Demandas privadas, daños reales	$61 millones de dólares (alrededor de $200 millones con intereses de pago retrasados) para todos los reclamantes: la compensación incluye costos de limpieza, compartidos entre el estado francés (alrededor del 86% del total) gobiernos locales y demandantes particulares (14%). N.B.: los reclamos de los demandantes por "perjuicio moral" no fueron reconocidos.	- Indemnización a pescadores comerciales: $287 millones de dólares (agosto de 1994). - Acuerdo con los nativos de Alaska: $20 millones de dólares (agosto de 1994). - Otras acciones legales.
Daños punitivos	Ninguno.	$500 millones de dólares (Corte Suprema de EE.UU. 25 de Junio de 2008).
Cambios políticos inmediatos atribuibles al derrame	Rail d'Ouessant (cambio de la ruta de navegación marítima); IOPCF (fondos internacionales para compensación por derrame petrolero).	Oil Pollution Act (1990).

NOTA: Los valores no incluyen pagos de intereses, excepto cuando se indica.

Las diferencias más obvias tienen que ver, primero, con el precio de los desastres, y segundo, con su impacto político. De la misma manera que el derrame petrolero de Santa Bárbara de una plataforma en mar abierto en 1968 dio lugar a un torrente de preocupación y legislación ambiental (Mo-lotch y Lester 1975), el derrame del Exxon Valdez precipitó una dramática revisión de la Ley de Contaminación de Hidrocarburos de Estados Unidos en 1990 (Ley Pública 1001-280, 101^st Congress, 18 de Agosto de 1990). El incidente fue también sancionado por un rápido y gran trato extra-judicial de 1,025 trillones de dólares con la Exxon Corporation por la sola compensación de los daños ambientales (o el "daño de los recursos públicos naturales").¹⁴ Además, Exxon gastó más de 2.000 millones de dólares en la limpieza del área,¹⁵ pagaron 300 millones de dólares en compensación (económica) por daños, y se les pidió un desembolso de 500 millones de dólares en daños punitivos.¹⁶ Por el contrario, el anterior desastre del Amoco Cadiz, que derramó más de seis veces el tonelaje del Exxon Valdez, terminó con un compensación mucho más modesta de 61 millones de dólares (200 millones con interés), después de una prolongada y cara batalla internacional. Aunque haya sido en ese momento la mayor indemnización por contaminación ambiental sancionada por un tribunal, resulta insignificante comparado con el acuerdo del Exxon Valdez, negociado tan sólo un año antes. Que las acciones de Amoco hayan subido después de la primera adjudicación del daño sugiere que "Amoco la sacó barata", como comentó un observador legal en ese momento (Chicago Sun-Times, 12 de Enero de 1988). Las repercusiones políticas en Francia del desastre del Amoco Cadiz fueron también menos dramáticas: las rutas de navegación alrededor de Bretaña fueron cambiadas para aumentar la seguridad, y el marco normativo internacional sobre seguros fue expandido para dar cabida a grandes derrames futuros (que ha demostrado ser inadecuado desde entonces en varias ocasiones).

Ciertamente, una mayor conciencia ecológica y movilización a finales de la década de 1980 explican en parte la diferencia de los resultados en los dos casos. Como apunta André Hoffman (2001, p163), los derrames de petróleo que se producen en distintos periodos son vistos "en función de los estándares del momento...Los ejecutivos de Amoco reconocen que el derrame de Cadiz de 1978 fue manejado en gran parte como una cuestión marítima. El contexto de 1969 y 1978 permitían estas el hecho de que los demandantes fueran extranjeros afectó el resultado.¹⁷ Finalmente, las reglas por las cuales los casos fueron evaluados difieren. En pocas palabras, el procedimiento legal para el caso del Amoco Cadiz fue un litigio de responsabilidad civil americana (tort law), pero el caso fue juzgado de acuerdo a la ley francesa. Sin embargo, el Juez MacGarr (el juez federal del distrito encargado del caso), reconoció en su pronunciación sobre responsabilidad de 1984 que la Ley Francesa y Americana no diferían mucho en este tema.¹⁸ En todo caso, el contexto jurídico del caso Amoco Cadiz hace que sea especialmente interesante para nuestro propósito porque el procedimiento americano obligó a las partes francesas a formular las razones explícitas para justificar las demandas en cuanto a la valuación económica de la vida silvestre no-comercial, lo cual probablemente no hubiera ocurrido en una corte francesa.

Así, tal vez más interesante que los resultados finales de ambos juicios (pero a la vez conectada estrechamente con éstos) es la gran discrepancia en la formas en que los demandantes de las dos regiones construyeron sus casos - confiando en formas muy diferentes de organización política, diferentes concepciones de "naturaleza", y diferentes formas de expertise y herramientas científicas para valuar el daño-. En el caso Amoco Cadiz, hubo un importante incomodidad incluso hasta en la forma de hacer demandas respecto a la "naturaleza" como tal. Las propias víctimas, aunque oportunistas, se mostraron escépticos sobre la legitimidad del reclamo ecológico, y el estado francés que era también demandante, resultó ser notablemente insolidario. En consecuencia, cuando el dinero de compensación fue desembolsado a los demandantes del caso Amoco en 1994, muy poco se utilizó para beneficiar el medio ambiente natural. En su mayor parte, sirvió para construir nuevos edificios municipales, escuelas, instalaciones portuarias y rutas. Por el contrario, la cuasi totalidad del acuerdo del Exxon por los daños ecológicos fue para financiar protección ecológica, prevención y esfuerzos de control. Entender estas diferencias en relación al marco analítico propuesto anteriormente es el propósito de la siguiente sección.

Naturaleza dentro de la Ley

Los derrames petroleros del Amoco Cadiz y del Exxon Valdez son probablemente los de mayor perfil entre en la historia si exceptuamos el derrame reciente en el golfo, cuyos resultados son aún inciertos. Ambos causaron un considerable número de acciones legales separadas, iniciadas por una amplia gama de demandantes (no menos de 330 demandas civiles fueron presentadas después del incidente del Exxon Valdez). Los motivos de los reclamos legales en este tipo de eventos son diversos y complejos. Las poblaciones locales pierden de muchas maneras diferentes. Cualquier persona que recibe su sustento directa o indirectamente del mar o de la costa puede ser damnificada económicamente cuando "la marea negra" compromete el uso de este recurso natural, así como las comunidades de las que estas personas forman parte. Los residentes locales deben abandonar el uso recreativo de la costa y el mar y, en algunos casos (por ejemplo, los nativos de Alaska), toda una forma de vida dependiente del mar. Todo esto podría ser considerado como una fuente considerable de stress psicológico y social (Picou, Cohen y Gill 1999). En la demanda colectiva del caso Exxon Valdez, por ejemplo, los abogados trataron sin éxito de presentar demandas por daños emocionales y daños sociales generalizados entre las poblaciones locales. En el caso del Amoco Cadiz fue señalado también el daño moral, pero característicamente tomó una forma diferente, mucho menos individualizada. Con la fuerza de las identidades locales en Francia, así como las quizás antiguas prácticas institucionales que protegen el carácter singular de los lugares geográficos (muchas veces ofreciendo reconocimiento formal como marca registrada), los municipios de Bretaña argumentaron que sufrieron pérdidas por el daño a su imagen (perte d^image de marque).¹⁹

En un derrame petrolero, la "naturaleza" pierde también en sus propios términos, y de modo muy visible: animales - aves, pescados, plancton, crustáceos, algas y mamíferos acuáticos - mueren por el contacto con el petróleo, y como resultado otros por debajo en la cadena alimentaria (incluyendo algunos animales terrestres), son afectados también. Los efectos inmediatos son dramáticos; pero los efectos a largo plazo son más complejos de evaluar. La vida silvestre no hace reclamos legales en su propio nombre, entonces, ¿quién debe hacerlo? Antes de que los tribunales puedan ordenar o supervisar acuerdos monetarios que pongan un valor a los daños a los recursos naturales, deben resolver un problema político-legal: ¿Qué es la naturaleza y a quién le pertenece? En otras palabras, ¿qué, sobre la naturaleza, ha sido dañado, y quién tiene la capacidad legal para reclamar la reparación por ello?

Estados Unidos: La doctrina de la custodia pública

Lo que da forma a la relación legal del gobierno estadounidense con la naturaleza, y especialmente con aquellos esteros y tierras sumergidas cuyos "recursos naturales" son dañados en caso de un derrame petrolero, es la tradición legal de la "custodia pública" (public trust). Para entender este concepto debemos, una vez más, regresar a la peculiar historia de Estados Unidos como una economía de colonización. A diferencia de los equivalentes europeos, los cuales se establecieron en contra de - o junto a- las bien arraigadas propiedades feudales, el gobierno de los EE.UU. enfrentó sólo unos pocos conflictos por reclamos personales de tierras (el reclamo de los nativos fue violentamente diezmado desde el principio). La afirmación de un dominio "público" era por lo tanto natural. En Francia, por el contrario, la tierra estaba mucho más ligada a los derechos de propiedad establecidos tiempo atrás y a las identidades locales. De modo que tanto la noción de propiedad estatal como la conmensuración monetaria de las áreas territoriales que tenían un carácter histórico distintivo aparecían más amenazantes.²⁰

En la práctica, la noción de custodia pública ha sido invocada a lo largo de la historia de Estados Unidos para sustentar una amplia gama de usos estatales de tierras y canales acuáticos, desde la promoción del crecimiento económico (por ejemplo: derecho de paso a los ferrocarriles), hasta la preservación de ríos, arroyos o terrenos, de hecho cualquier lugar considerado para servir al público, ya sea comercial o no (Selvin 1987). Importantes legislaciones ambientales, tales como el Rivers and Harbors Act sw 1899 (55th Congress, 3 de marzo), la Migratory Bird Treaty Act de 1918 (5Ü1 Congress, Sess. II, 13 de julio), la enmienda de 1977 al Clean Water Act (95th Congress, Sess. I, P.L. 95-217, 28 de diciembre) y la Oil Pollution Act de 1990, todas reflejan la conceptualización que los gobiernos (principalmente los estados y, en algunos casos, el gobierno federal) son propietarios de las poblaciones de vida silvestre "en custodia" en nombre de la sociedad (Lueck 1989; Hahnemann, s.f.). De este modo, los gobiernos asumen la propiedad exclusiva de los "recursos naturales", aunque los individuos tengan reclamos secundarios en tanto ciudadanos (y por lo tanto pueden cuestionar a los gobiernos en los tribunales por fallar en su misión pública).

La doctrina de la "custodia pública" significa que la demarcación entre las partes públicas y privadas afectadas, en caso de una contaminación marítima, es bastante nítida. Sin duda, esta presunción legal causó gran rencor en los ecologistas y las poblaciones locales de Alaska, quienes culparon tanto al estado de Alaska como a la Guardia Costera de EE.UU. por no mantener a salvo el canal, por su pobre gestión en la limpieza posterior y por su manejo secreto de datos de la investigación; en una palabra, por el incumplimiento de su mandato de "custodia pública". Estos sentimientos, sin embargo, no les dan derecho para demandar directamente a Exxon por los daños a los recursos naturales.

Francia: ¿la tragedia de los anticomunes?

En la Ley Francesa, el mar es res communis: le pertenece a la comunidad, de hecho a todo el mundo, y no puede ser apropiada de manera privada. Por otro lado, las especies animales no protegidas (por ejemplo, peces y crustáceos), han sido consideradas tradicionalmente res nullius: no pertenecen a nadie en particular, pero pueden ser apropiados de manera privada. Finalmente, el estado tiene el derecho de regular la utilización de res nullius y res communis. En 1976, se aprobó una ley en Francia para mejorar la protección del medio ambiente que especificaba nuevas reglas de conducta cívica entre la ciudadanía: la ley hizo a cada individuo, así como a todas las organizaciones privadas, responsables de la calidad y la protección del medio ambiente natural. Sin embargo, había una desventaja en esta definición expansiva. Primero, desde el momento en que cada uno es responsable, ninguno es responsable en última instancia. Segundo, la ley en efecto "privatizaba" la naturaleza: le daba derecho a cualquier individuo u organización de formular reclamos para colocarse como representante de la naturaleza en un tribunal (Huglo 1990: 147; de Paulin 1993: 67). Esto crea una situación análoga a la que describe Heller (1998) como "la tragedia de los anticomunes": como todos compiten por proteger y especialmente para actuar como representantes de la naturaleza, nadie puede efectivamente hacerlo, tanto por razones legales como por razones financieras.

Encontramos esta lógica caótica en el juicio por el Amoco Cadiz. Después del incidente, el resentimiento en contra del gobierno escaló a niveles altísimos entre la población que vivía en el área donde se produjo el derrame. Para 1978 el estado francés había fracasado no sólo en prevenir cuatro accidentes de buques petroleros en la región sino también en iniciar acciones legales contra las partes responsables.²¹ La llegada de otro derrame de petróleo en el Départment des Cotes du Nord en 1980 (Tanio, 26.000 toneladas) disparó una serie de huelgas y protestas callejeras, a las que las autoridades respondieron con irritación e indiferencia (véase Ouest-France 1980). Sin duda, este conflicto tenía matices políticos: el départment en ese momento se ubicaba a la izquierda políticamente, mientras que el gobierno nacional estaba a la derecha. La hostilidad contra el estado nacional se intensificó por el conflicto regionalista, que había empezado en la década de 1960, y que había propugnado un beligerante renacimiento cultural de la identidad bretona.

El resultado de este antagonismo es que las comunas intentaron afirmar su autonomía política respecto del gobierno nacional. 72 comunas, así como dos départments, se unieron para formar un "comité de justicieros" y más tarde un "gremio" con el objeto de apoyar las acciones legales de la región para proteger y defender los intereses de los residentes locales (y asegurarse de que cualquier compensación se distribuya localmente, en lugar de ser apropiada centralizadamente).

El partido socialista francés ganó la presidencia y una mayoría aplastante en la cámara de diputados en 1981, generando una oportunidad para una mayor cooperación entre el gobierno y las autoridades electas de Bretaña. La pregunta acerca de "a quién pertenece" la naturaleza contaminada por el derrame petrolero del Amoco Cadiz fue finalmente resuelta por un acuerdo escrito en la primavera de 1983, cuando el gobierno francés abandonó la porción referida a las costas en el reclamo por daños ecológicos, dándosela a las poblaciones locales. A cambio de esto, las comunas abandonaron todos los reclamos administrativos en contra de las autoridades estatales por negligencia en el control del tráfico marítimo (Vigipol 1983).²² De acuerdo con los términos del acuerdo, las ciudades de Bretaña obtuvieron aquellas partes del "daño ecológico" que involucraban la recuperación de (a) los costos incurridos o previstos para la restauración de las cosas marítimas; (b) la pérdida de disfrute de los residentes locales (c) el "pretium dolo-ris" (literalmente el "precio de la tristeza" en la ley francesa), es decir los daños morales sufridos por la población local. Finalmente, las asociaciones medioambientales fueron designadas para recuperar aquellos daños sufridos por biotopos no comerciales y aves. En efecto, dos de las organizaciones, la Liga para la Protección de las Aves (LPO) y la Sociedad para el Estudio y la Protección de la Naturaleza en Bretaña (SENPN), terminaron buscando compensación por su trabajo en el tratamiento y rehabilitación de las aves, mientras que los municipios buscaron indemnización por lesiones a todos los otros biotopos no comerciales. En contraste con el caso Exxon Valdez, en el que los gobiernos fueron capaces de hacer valer un derecho exclusivo sobre todas las especies silvestres afectadas, en el caso del Amoco Cadiz la vida silvestre fue dividida entre los intereses en disputa.

La Ley en la Economía

Una vez que la distribución de los derechos legales fue establecida, los diversos reclamos debían ser demostrados utilizando números, figuras y métodos legítimos. Pero ¿Cómo iban a realizar las víctimas este proceso? ¿Cómo se tradujeron los daños sufridos por la naturaleza en daños sufridos por gente? Hay, en términos generales, tres categorías de pérdidas a considerar: (a) pérdidas económicas directas, medibles en referencias a mecanismos normales de mercado (por ejemplo, las pérdidas de ingresos experimentadas por los pescadores, productores de ostras y la industria del turismo); (b) las pérdidas de uso de actividades no-mercantiles (por ejemplo, las pérdidas recreativas de los aficionados a la pesca deportiva o las de los residentes que no pueden utilizar la playa durante meses); y (c) las pérdidas no-mercantiles y no-utilizables que encuadran a la naturaleza como tal (por ejemplo, los daños a la vida silvestre no-comercializable). Es la última categoría la que nos interesa aquí.

Amoco Cádiz: El costo de producción de la Naturaleza

A pesar de que ser prácticamente insignificantes en comparación con el volumen de trabajo científico al momento del derrame petrolero del Exxon Valdez, los esfuerzos de investigación alrededor del hundimiento del Amoco Cadiz parecían realmente trascendentales en ese momento. De hecho fueron muy superiores a cualquier esfuerzo previo para eventos similares, como el naufragio del buque Torrey Canyon en Inglaterra, el cual había recubierto las costas de Cornwall y Bretaña con 100.000 toneladas de petróleo en 1967. Tan pronto como el petróleo del Amoco Cadiz llegó a las orillas, "toda la zona del derrame se convirtió en un laboratorio a cielo abierto" (NOAA 1983, p.132). Equipos de biólogos identificaron las playas y las rocas que no habían sido alcanzados por el petróleo para establecer una referencia, y documentaron las pérdidas ecológicas donde el petróleo se había asentado. Se experimentó con diversas técnicas de limpieza, ayudando a abrir nuevos caminos en el conocimiento de los derrames petroleros. Se realizaron varias encuestas entre la población local a fin de estimar las pérdidas económicas y medir los cambios en los patrones de recreación.

Es importante remarcar que estos estudios involucraron actores de ambos lados del Atlántico. Standard Oil de Indiana (propietario de Amoco) financió una gran cantidad de investigaciones científicas, aunque sus subsidios hayan sido administrados principalmente por Agencias Federales de Estados Unidos y adjudicados tanto en EE.UU. como en Francia. Las mismas agencias federales gastaron a su vez $1,5 millones de francos franceses (valor de 1978) de su propio dinero para financiar investigación económica referida al derrame petrolero del Amoco Cadiz - más de dos veces la cantidad empleada por el gobierno francés para propósitos similares (véase la tabla 2).

La medición de los daños no mercantiles prosiguió en varias direcciones. Una parte utilizó la pérdida de disfrute del área utilizada por residentes y turistas como un indicador de "pérdidas de reputación" (pertes d'image de marque) sufridas por ciudades costeras, pueblos y negocios. Los daños a los recursos naturales, por el contrario, fueron estimados de dos maneras: la primera, agregando los actuales y futuros gastos necesarios para la restauración de los hábitats costeros y la rehabilitación de las especias dañadas (con aves y focas separadas del restos de los biotopos no productivos) y, en segundo lugar, a través de una cuantificación de la pérdida del potencial productivo del medio marino.

Claude Chassé, un especialista en el ambiente marino local y en ese momento director de investigación del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Brest, realizó el primer estudio utilizado por la parte francesa para demandar por daño ecológico (Chaseé 1978). Sobre la base de un riguroso registro de cómo les fue a las distintas especies durante el desastre, calculó el volumen global de la "biomasa" (o la masa de organismos que viven en la zona afectada) perdida durante el derrame. Ese volumen podría entonces ser valuado de varias maneras diferentes, pero el objetivo del ejercicio era esencialmente medir la disminución de la capacidad del ecosistema para servir a las necesidades económicas y no-económicas de los humanos como resultado del derrame.²³

Para completar la evaluación ecológica, Chassé comparó los niveles de bio-masa de zonas afectadas y no afectadas por el derrame. Asumió un impacto uniforme del derrame petrolero en todas las áreas afectadas y utilizó la tasa de supervivencia de las especies marinas de vulnerabilidad media (dos especies de caracoles) como punto de referencia para modelar el comportamiento de todo el ecosistema durante el derrame de petróleo. En total, el proceso produjo una pérdida ecológica total aproximada de 220.000 toneladas de biomasa húmeda, que luego ajustó a escala para obtener la proporción estimada de daños a los recursos naturales (préjudice écologique) sufridos por cada ciudad (Chassé 1978). El paso final y más importante consistió en calcular un equivalente monetario para la biomasa perdida. Para esta parte del proceso, Chassé proveyó un inventario de las diferentes especies que componen el ecosistema afectado (camarones, peces, caracoles, erizos, etc.) y le otorgó a cada especie un valor monetario, usando el precio medio de mercado de su pariente comercializable más cercano.²⁴ Por ejemplo, diferentes especies de caracoles pudieron ser valuadas utilizando el precio medio de mercado del "caracol bigorneau", un caracol barato que es objeto popular de consumo local; de manera similar, el valor de todos los camarones perdidos pudo ser calculado promediando los precios de mercado de dos especies de camarones comestibles. Una vez contados a través de este método, se estimó el valor de una tonelada de biomasa húmeda en el monto aproximado de 4.000 francos franceses de 1978).²⁵

 

Tabla 2. Costos de investigación asociados al derrame petrolero de Amoc-Cadiz según el origen de los fondos y el tipo de investigación.

Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA 1983, p.133). Nota: Incluye costos de investigación que pudieron registrarse hasta la primavera de 1980.

El método de biomasa pudo determinar el costo de producir ciertos stocks de recursos naturales. En otras palabras, utilizando varias especies como inputs, reconstruyó el valor de la naturaleza a lo largo de una curva de costos. Sin embargo, expertos económicos rápidamente señalaron que el enfoque era erróneo: dado que los precios de especies comerciales eran el resultado de mecanismos de mercado, uno no puede asumir el precio de labiomasa sin tomar en cuenta qué pasa a lo largo de la curva de demanda (Assaf, Kroetch, y Mather 1986; Bonnieux y Rainelli 2002, p.174). Por ejemplo, si 220.000 toneladas de caracoles, peces y camarones hubieran sido enviados al mercado en la víspera del derrame, no habrían sido absorbidos al precio de mercado del 15 de marzo de 1978. En cambio, los precios pudieron haber caído abruptamente, quizás hasta llegar a cero, causando que una gran parte de la biomasa sea efectivamente desechada. Visiblemente preocupados por haber alistado a biólogos para producir estimaciones monetarias de los daños ecológicos, los propios expertos económicos de la parte demandante declararon rotundamente que "la valuación de las especies no-comerciales de peces que no tienen un impacto recreacional directo, es algo que está fuera del ámbito del conocimiento económico".²⁶

El tribunal se puso del lado de los escépticos, y en su sentencia de 1988 cuestionó seriamente la validez de las estimaciones de daños, escribiendo que "la valuación de la biomasa es compleja, atenuada, especulativa y llega a conclusiones en base a una cadena de suposiciones, una deficiencia en cualquiera de las cuales podría afectar el resultado final" (U.S. District Court for the Northern District of Illinois, Easter División 1988: 23).

Anticipándose a la catástrofe que se avecinaba, los demandantes mismos abandonaron esta línea de argumentación a mitad del proceso de descubrimiento y armaron a las apuradas una nueva evaluación de costos basada en varios ambiciosos programas de implantación ecológica futura (SETAME 1982). Sin embargo, el juez la rechazó también, fundamentalmente porque (1) el medio marino se había recuperado del derrame de forma natural 10 años después del desastre, y (2) el plan propuesto era, de hecho, un intento de mejorar - no simplemente restaurar - la naturaleza. En efecto, la idea de repoblar el mar con langostas y orejas de mar parecía servir más a la conveniencia de los pescadores locales que a retornar el medio ambiente a su estado original, como la prensa de Chicago que cubría el juicio remarcó con cinismo (Drell 1986).²⁷

Un problema más serio tuvo que ver con la falta de claridad en la propiedad o en la administración fiduciaria de derechos sobre la biomasa que vive en las costas de Bretaña. Según la visión de un juez americano, la compleja negociación política entre el estado francés, los municipios y las asociaciones ambientales alrededor de las demandas de daños no era convincente. La formulación de demandas morales sobre la "biomasa" realizada por los municipios locales (más allá de sus propios gastos y las pérdidas comerciales de los individuos que vivían en ellos) parecía especialmente problemática. Como escribió el juez en un fallo: "La corte no tiene que lidiar, sin embargo, con esta pregunta sobre los daños debido a su conclusión de que este reclamo de daños está sujeto al principio de res nullius y no es compensable por ausencia de legitimidad de alguna persona o entidad que la reivindique. [...] La corte acuerda que el derecho de reclamar por daños al interés del Estado en preservar el ecosistema fue transferido por el estado a las comunas mediante un acuerdo escrito" (Cotes du Nord Ex. 9660), pero ni el estado ni las comunas están calificados para presentar reclamos por los daños al ecosistema en el dominio público marítimo (McGarr 1988:23).

El Derrame del Erika: Las lógicas locales y colectivas confirmadas

Esta zona gris se aclaró parcialmente en un reciente fallo por el derrame petrolero en Erika, esta vez juzgado en el sistema legal francés (Tribunal de Grande Instance de Paris 2008). El incidente más serio de un petrolero que se produjo en Francia desde 1980, el hundimiento del Erika en diciembre de 1999 liberó 20.000 toneladas de petróleo en el Golfo de Vizcaya en el sur de Bretaña.²⁸ Aunque haya sido un derrame de mucho menor volumen que el del Amoco Cadiz, el Erika fue un incidente notablemente destructivo debido a su ubicación (cercano a una reserva natural) y a la pesadez y toxicidad del petróleo volcado. La población de aves en particular fue diezmada, y algunas especies llegaron a perder el 80% de sus ejemplares.

Como en el caso del Amoco Cadiz, el estado francés y sus ministros declinaron la posibilidad de formular una demanda ecológica por el derrame petrolero del Erika y se focalizaron en cambio en obtener compensación por los gastos en personal y en material utilizado durante la limpieza del lugar.²⁹ Una vez más, las localidades costeras - municipalidades, departamentos y regiones - argumentaron que debían ser compensadas por las pérdidas en su imagen. Asociaciones ambientales, tales como Greenpeace y la Liga para la Protección de Aves, apuntaron por los daños a la vida sin valor comercial, pero debido a la especialización de la Liga sólo las aves fueron consideradas seriamente. Cada parte, en suma, presentó diferentes demandas sobre el medio ambiente, que justificaron con el uso de diferentes métodos. La unión de ciudades, departamentos y regiones financió un estudio económico que se basaba en diversos métodos económicos para estimar los daños no comerciales sufridos por los usuarios de áreas costeras, basado en una encuesta de recolectores de mariscos.³⁰ Los reclamantes dividieron las demandas (370 millones de euros) entre sí utilizando números relativamente arbitrarios (30 millones de euros para una región, 20 millones para un departamento, 10 millones para un pueblo). La Liga para la Protección de las Aves simplemente multiplicó el número de aves que murieron en sus clínicas por el precio que se utiliza comúnmente en los tribunales franceses para calcular la compensación en casos de violación de restricciones a la cacería. Por último, el departamento de Morbihan basó sus demandas en un programa de restauración de la costa (Hay 2007).

La decisión del juez francés en el caso Erika sugirió que sólo los solicitantes que pudieran demostrar un papel de custodia en asuntos ambientales tenían derecho a recibir compensación por esta categoría de daños. Por lo tanto adjudicó una compensación monetaria al departamento de Morbihan teniendo en cuenta que administraba una reserva natural y para la Liga para la Protección de las Aves a causa de la destrucción de las especies protegidas que la asociación decía proteger. Sin embargo, la lógica usada por el juez para el cálculo de estas compensaciones se basó estrictamente en la contabilidad fiscal. En el caso de la Liga para la Protección de las Aves, la compensación se ofreció en base a los recuentos reales de aves perdidas, utilizando las estimaciones del valor de los costos de reemplazo proporcionados por la Oficina Nacional de la Caza: 75 euros por pájaro muerto.³¹ En el caso del departamento de Morbihan, el juez basó su cálculo de compen-sación ecológica en el impuesto que el departamento recibe anualmente a fin de gestionar sus 3.000 hectáreas de reserva natural. Sólo 662 hectáreas de la reserva fueron contaminadas, por lo que el juez calculó su compen-sación sencillamente como la cantidad del impuesto anual (2.300.000 de euros) x superficie afectada (662 de 3.000 hectáreas) x dos años de tiempo de recuperación, en total alrededor de 1 millón de euros, un monto muy pequeño comparado con el acuerdo por el Exxon Valdez). Esta sentencia fue confirmada luego de una apelación (30 de marzo de 2010) y se amplió aún más por el reconocimiento de las demandas específicas de las regiones y ciudades, a las que se les otorgaron compensaciones por "daños a su pa-trimonio natural" por un total de varias decenas de millones de euros - por lejos la indemnización por daño no-económico más grande.

Aunque algunos ecologistas franceses se mantuvieron (y lo siguen haciendo) por principios en una posición en contra de la monetización de la naturaleza, no hay duda de que los reclamantes de Bretaña que presentaron los reclamos de daños ecológicos a la Corte de Chicago en 1980 vieron los potenciales beneficios simbólicos y materiales de esta estrategia, así como los que se movilizaron en Francia después de la catástrofe del Erika.³² Al mismo tiempo, no es ilógico concluir que el conflicto político con el gobierno francés sobre la legitimidad de estos reclamos tuvo consecuencias trascendentales para el resultado definitivo de ambos litigios. Los derechos legales superpuestos y no exclusivos de los ciudadanos individuales, asociaciones civiles y cuatro niveles administrativos (pueblos, departamentos, regiones y el estado nacional) a hablar en nombre de la vida silvestre y el paisaje plantean un reto obvio. Pero aun suponiendo que la cuestión de la posición legal pudiera dejarse de lado, la demostración "científica" y la valuación de los daños al medio ambiente son dos proposiciones altamente costosas, que requieren un nivel de compromiso financiero raramente alcanzado por individuos y actores colectivos pequeños como municipalidades y asociaciones ambientales (Lascoumes 1994). Una "democracia técnica" (Callon, Lascoumes y Barthe 2009) es por necesidad una democracia financieramente estratificada: los ciudadanos comunes que deseen entrar en un debate político dominado por consideraciones técnicas se enfrentan a altos costos y barreras de entrada. Este fue un punto especialmente doloroso en el litigio del Amoco Cadiz: con el juicio que llevándose a cabo en Estados Unidos, las víctimas del derrame petrolero se enfrentaron a un umbral especialmente difícil de prueba contra la empresa Amoco, lo cual tuvo enormes consecuencias financieras para ellos y tal vez para el resultado también. Los costos de expertise y legales incurridos durante el litigio fueron tan grandes que, por ejemplo, el gremio de comunas se encontró varias veces al borde de la quiebra. En un episodio particularmente difícil, el gobierno francés rescató a la organización, que ya no tenía dinero; a cambio ésta aceptó abandonar el reclamo por daños ecológicos durante la apelación.³³

Exxon Valdez: La Naturaleza como utilidad

Tensiones políticas como éstas obviamente no sólo ocurrieron en Francia. Tampoco las poblaciones de Prince William Sound y las autoridades gubernamentales después del incidente del Exxon Valdez se apreciaban mucho. Estas poblaciones acusaban a funcionarios estatales y a la Guardia Costera de EE.UU. de guardar vínculos espurios con la industria del petróleo y dudaban de su determinación en el proceso judicial contra Exxon. Lo que pasó, sin embargo, rápidamente contradijo estas expectativas. En parte porque la indignación de la gente era tan alta, la legislatura estatal presupuestó inmediatamente 35 millones de dólares para el Departamento de Leyes del Estado de Alaska para litigar e investigar, dándole un papel pro-tagónico en el procesamiento de reclamos ecológicos. Al final del proceso, la oficina había gastado cerca de 67 millones de dólares en investigaciones que documentaban los diferentes tipos de daños (económicos, ecológicos y sociales) causados por el derrame, y había negociado un acuerdo de 1.025 millones de dólares con la Exxon Corporation como compensación por "daños a los recursos naturales públicos."

Sin embargo, no había nada sencillo acerca de este número. En general, fue el resultado de un proceso muy idiosincrático de la política del "salir del paso" - negociaciones entre Exxon y el entonces gobernador de Alaska en un contexto de evaluación científica del valor económico de los "recursos naturales" perdidos o damnificados en el derrame. Las primeras consultas con especialistas en recursos naturales habían revelado que los métodos de valuación de "uso pasivo" o "uso perdido", también conocidos como "valuación contingente", tenían el potencial para generar el alto nivel de compensación monetaria que los funcionarios oficiales estaban buscando - una compensación suficiente para disuadir adecuadamente el comportamiento potencialmente dañino de Exxon en el futuro y al mismo tiempo indemnizar satisfactoriamente a la población. La legislatura asignó grandes sumas de dinero para la batalla legal, por lo que la Fiscalía comisionó a algunos de los más eminentes investigadores en el área de economía ambiental para llevar a cabo una evaluación de los daños al valor de no uso o pasivo causados por el derrame inmediatamente después del incidente (este estudio fue publicado más tarde como Carson et al. 1992). Sin embargo, los métodos de valuación de los daños al valor de "no uso" del medio ambiente eran polémicos, y la economía ambiental estaba entonces en una posición muy subalterna con respecto a las corrientes principales de la economía. Para sortear este problema y dar mayor credibilidad a toda la empresa, el estado de Alaska contrató a asesores de alto perfil y del centro de la disciplina, incluyendo al economista ganador del Premio Nobel, Robert Solow. Para entonces Exxon ya había hecho lo mismo y contrató a su propio nobel de Economía como consultor científico (Kenneth Arrow). En un esfuerzo para montar una crítica del método, la compañía también patrocinó un simposio de alto perfil sobre valuación contingente (Cambridge Economics, Inc. 1992) y un libro (Hausman 1993).³⁴

Una breve historia de la valuación contingente

La valuación contingente es una técnica específica de la valuación de los recursos naturales, que se remonta al desarrollo del ACB en el contexto de proyectos de inversión pública a gran escala en Estados Unidos. Las historias convencionales se remontan hasta la Gran Depresión para encontrar el origen de esta línea de trabajo. Encargada por disposición de la Ley de Control de Inundaciones de 1936 (74th Congress, Sess. II, P.L 74-738, 20 de Junio) de la misión de ofrecer protección contra las inundaciones cuando los beneficios de los proyectos federales de agua excedían sus costos, el Cuerpo de Ejército de Ingenieros de EE.UU. alentó una reflexión metodológica que ayudó a justificar sus intervenciones al contar valores no mercantiles como beneficios (Hanemann s.f.; Porter 1995). En 1947, un economista de recursos naturales en la Universidad de California, Berkeley, Ciriacy-Wantrup, propuso preguntar a las personas en una encuesta cuánto más estarían dispuestos a pagar por cantidades adicionales un bien colectivo extra mercantil -un método que permitiría la construcción de una función de demanda. En 1967, John Krutilla (otro economista y fundador del think tank de economía ecológica Resources for the Future) sugirió que los individuos pueden valorar no solamente el disfrute de ciertos bienes no-mercantiles sino simplemente el saber que "especies raras y diversas, ambientes naturales únicos, u otros "bienes" existen, incluso si estos individuos no contemplan hacer uso activo o beneficiarse de manera más directa de ellos" (por ejemplo, el valor o utilidad del Gran Cañón para mí incluso si no tengo ninguna intención de ir allí o la utilidad que derivo de saber que existen pandas gigantes; cita de Portney 1994:4-5; véase también Krutilla 1967).

En términos prácticos, el método consiste en determinar la cantidad de dinero que el público estaría dispuesto a pagar (WTP, del inglés willing to pay) para evitar o la compensación que debería recibir para estar dispuesto a aceptar (WTA, del inglés willing to accept) degradaciones especificadas en bienes o servicios públicos o privados. Estos "valores de existencia" son determinados solicitando a la gente directamente, en una encuesta, que expresen sus preferencias usando el dinero como medio. De acuerdo con Carson et al. "el método de valuación contingente elude la ausencia de mer-cados para los servicios proporcionados por recursos naturales, ofreciendo a los consumidores mercados hipotéticos en los que tienen la oportunidad de comprar o vender los servicios en cuestión. Debido a que los valores obtenidos son contingentes al mercado hipotético particular descripto al encuestado, este enfoque es llamado método de valuación contingente" (Carson et al. 1992:11.12).

La creación de la Agencia de Protección Ambiental y la aprobación de importantes protecciones ambientales en la década de 1970 intensificaron los esfuerzos intelectuales alrededor de la valuación no-mercantil. En 1979 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. y la Oficina de Rehabilitación (Bureau of Reclamation) estaban obligados a utilizar tanto valuación de costos de viaje y los llamados métodos de valuación contingente (basados en encuestas) para valorar "beneficios de recreación en proyectos con altos niveles de visita" (Loomis 2000, p.340). En 1980, a raíz de la catástrofe ecológica en Love Canal, el Congreso aprobó la Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA, 96th Congress, Sess. II, P.L. 96-510, 11 de Diciembre), la cual, entre otras cosas, adoptó los dos métodos para "valuar la pérdida en la existencia y en el valor de recreación de sitios tóxicos y derrames de sustancias peligrosas" (Loomis 2000:340). Esta ley, sin embargo, no proporcionó las directrices para evaluar el valor de los recursos naturales, una responsabilidad delegada al Departamento del Interior en 1982. Este organismo produjo una interpretación restrictiva de la ley: las estimaciones de valuación contingente podían ser utilizadas sólo si fueran menos del costo de restauración de los recursos naturales y si el valor de uso no podía ser determinado. En estas circunstancias, no pasó mucho tiempo para que aparecieran litigios legales desde los estados, que entendían el costo de restauración de un recurso natural como un piso en lugar de un techo de la evaluación del valor, y de la industria, que vio a CERCLA como una puerta abierta para la sobrevaluación de los daños medioambientales. En 1986, una decisión judicial histórica (Ohio v. Deparlamento del Interior de Estados Unidos) dio reconocimiento formal al método, al especificar qué daños de no uso de los recursos naturales podían ser compensados usando el método de valuación contingente cuando el valor de uso no podía medirse, una decisión que más tarde fue confirmada y ampliada (Hanemann s.f..; Ofiara 2002; Thompson 2002).

El primer gran estudio de valuación contingente - el proyecto Glen Canyon Dam - fue realizado por la Oficina de Rehabilitación a mediados de 1980. Para entonces las agencias federales habían empezado a exigir entrenamiento especial en métodos de valuación contingente de sus investigadores, y la Oficina de Protección del Medio Ambiente convocó a un simposio sobre el tema (Hanemann 1994). Sin embargo, es realmente con el incidente del Exxon Valdez en 1989 que el método empieza a recibir cuidadosa atención científica.

Desde el punto de vista de la ciencia económica, la valuación contingen-te se basa en la misma lógica subyacente a las "preferencias reveladas": al solicitar a los individuos que proporcionen un equivalente monetario de su pérdida de utilidad y luego sumar los valores obtenidos en esta forma, esencialmente reconstruye una curva de demanda donde no hay ninguna. Se construye un mercado hipotético donde no existe ninguno. El verdadero, fundamental "valor" del medio ambiente no es definido de acuerdo a alguna noción universal o estándar ético sino como un agregado de preferencias individuales - la utilidad que la gente deriva de saber que algún lugar extraordinario que podrían visitar alguna vez (pero probablemente no lo hagan) existe. Sin embargo, en comparación con la metodología económica estándar de "preferencias reveladas" (Samuelson 1938) mediante la cual las pre-ferencias individuales son inferidas de acuerdo al funcionamiento real de los mercados, el paso a "preferencias declaradas" representa un paso concep-tual importante que ha sido muy controvertido en economía y psicología, por razones obvias.³⁵ Como método basado en encuestas, es también caro, y se han hecho cada vez más onerosos a causa de las más exigentes directrices científicas que se agregaron al método desde el episodio del Exxon Valdez (Arrow et. al. 1993; Smith 2004: 16). De modo que los métodos de preferencias reveladas (basados en el valor cambiante de la venta de viviendas, variaciones locales en el turismo y formas de evitar conductas, como el no uso de playas contaminadas) se siguen utilizando con mucha más frecuencia en los casos de contaminaciones menores (Chapman y Hahnemann 2001).

Poniendo precio a Prince William Sound

Según el equipo económico que asesoraba al estado de Alaska, la pérdida de "valores de uso pasivo" de los estadounidenses en el derrame petrolero del Exxon Valdez ascendía a 2.800 millones de dólares. Este número, es importante señalar, fue mucho más allá del tratamiento y los costos de re-emplazo por los animales afectados, la mayoría de los cuales ya habían sido de todos modos cubiertos por Exxon.³⁶ Entonces, ¿cómo se derivó? En consonancia con el enfoque descripto anteriormente, el estudio de valuación contingente trataba las perdidas medioambientales desde la perspectiva del consumo pasivo y no-económico del estrecho de Prince William Sound por personas que no tenían participación o interés productivo o recreativo en el lugar. Para obtener estimaciones prudentes que limitaran los posibles sesgos, los científicos sociales determinaron que el estudio no debía medir ni los valores de uso perdidos de las comunidades costeras de Prince William Sound, ni los de la población de Alaska, sino los de toda la población de Estados Unidos en su conjunto (estos valores de uso perdidos serían en consecuencia casi completamente pasivos).³⁷ Los ecologistas habían, de hecho, argumentado lo mismo: "Los abogados de la Federación Nacional de Vida Silvestre sostienen que los damnificados incluyen aún los ciudadanos que no tiene planes de visitar alguna vez Alaska, porque simplemente saber que una región inmaculada estará ahí para futuras generaciones tiene un valor en sí mismo, conocido como el valor de legado, que un jurado puede estimar cuando se presentan estudios económicos" (Feder 1989). En claro contraste con el enfoque francés, que privilegiaba la producción y el medio local, la encuesta no incluyó a nadie de Alaska y se realizó en una serie de lugares representativos de los 48 estados contiguos de Estados Unidos. A cada entrevistado se le presentó información sobre los daños ambientales conocidos por el derrame de petróleo del Exxon Valdez, se le dijo que este tipo de accidente podría repetiste si la situación actual se mantenía inalterada, y se le preguntó cuánto estaría dispuesto a pagar "por un programa realista que impida con certeza futuros daños" en las zonas en consideración (Carson et al. 1992:8).

El estudio reveló que el hogar promedio americano estaría dispuesto a pagar 31 dólares por un programa de este tipo. La cifra de $31 por hogar, cuando se multiplica por 91 millones de hogares estadounidenses, dio un total de disposición a pagar (o pérdida de utilidad) para la nación de Estados Unidos de 2.800 millones de dólares (eventualmente se llegó a un acuerdo por 900 millones, además de un posible adicional de 100 millones, si nuevos daños no previstos aparecieran después de un tiempo, lo cual ocurrió).³⁸ La discrepancia con el litigio del Amoco Cadiz, que todavía estaba en curso en ese momento, fue notable. El punto efectivamente no pasó desapercibido para los gobiernos que justificaron en un memorando el acuerdo por el Exxon Valdez: "A pesar de que el derrame petrolero del Exxon Valdez fue un sexto del tamaño del más grande del mundo, que involucró al Amoco Cadiz, Exxon está pagando 6 veces la cantidad concedida a los demandantes franceses después de 12 años de litigio, por el daño ambiental causado por el derrame del Amoco Cadiz - y el pago de la indemnización del Amoco Cadiz sigue siendo suspendido por apelaciones. El acuerdo extrajudicial propuesto es por lo tanto ventajoso no sólo por su tamaño, sino también porque se ha alcanzado rápidamente, evitando los riesgos del juicio, que el gobierno cree sustanciales y proporcionando un financiamiento adecuado para el medio ambiente en el momento en que se necesita" (U.S. District Court, District of Alaska 1991, pp. 4-5).

Algunos meses después, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito reconoció la misma discrepancia en su juicio final sobre el caso Amoco Cadiz: "Amoco no tiene motivos para sus lágrimas de cocodrilo. Exxon gastó 2 mil millones de dólares para limpiar el petróleo que Exxon Valdez derramó en Alaska; aceptó pagar otros mil millones por daños [a los recursos naturales públicos] y una multa de $125 millones. A Amoco solo se le pedirá pagar la suma de 61 millones de dólares más intereses para reparar un derrame que no sólo era más grande, sino que también ocurrió en una zona de mayor densidad de población. Llamar a los $61 millones el resultado de demandas fraudulentas o infladas (tal como lo hizo Amoco durante el juicio) desafía la credulidad (U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit 1992).

El caso del Exxon Valdez ofrece un poderoso ejemplo del singular rol jugado por los economistas dentro del sistema legal - y específicamente en el sistema legal americano de finales del siglo XX - y las consecuencias de este rol en la construcción social del valor. Los economistas describen sus métodos e intervenciones como moralmente neutrales: el propósito del método, argumentan, es diseñar criterios claros para la toma de decisiones cuando se precisan valuaciones en el gobierno y en los tribunales - no involucrarse en un debate filosófico sobre el valor intangible. Pero tal separación entre lo práctico y lo filosófico es, desde luego, sumamente artificial. El presente estudio ha sugerido que los métodos económicos siempre llevan grabados historias políticas y filosofías morales. Esto también implica - y este es un punto que voy a desarrollar a continuación - que los métodos de valuación económica no son neutrales en sus efectos: son, efectivamente, performati-vos (Callon 1998, MacKenzie 2006) de determinadas posiciones morales y formas de organización social. Así, al tratar el valor del "patrimonio natural" de Bretaña como una propiedad de sus pueblos, regiones, departamentos y asociaciones medioambientales, y al diseñar instrumentos de valuación y esquemas de compensación que se ajusten a ese tratamiento, las instituciones francesas incrustaron las demandas ecológicas dentro de una cosmología política, heredada de una historia de feudalismo reprimido, donde a los lazos locales y "corporativos" - el "individualismo colectivo" como señala Tocqueville ([1856] 1998, p.163) - se les concede reconocimiento simbólico pero no mucho más. De manera similar, al representar el valor de Prince William Sound como un agregado de utilidades individuales, el método de valuación contingente depende fuertemente de la idea de un supuesto "público" formado por ciudadanos individuales y de la concepción de la naturaleza como una idea abstracta, en contraste con una realidad vivida (de hecho, una demanda judicial separada por parte de las tribus nativas de Alaska, en la que argumentan daño a su modo de vida especial y colectivo, fue rechazada en la corte). El uso de una encuesta para representar el estado de ánimo de estos ciudadanos de cara al derrame encarna simbólicamente esta cosmología democrática, y estuvo obviamente alineado con una larga tradición de utilizar la opinión pública para justificar decisiones públicas (Igo 2007). Finalmente, la adopción de este método sirvió para justificar un acuerdo sin precedentes, que, por la mera cantidad de recursos que aseguró para monitoreo y restauración ecológica, tuvo un impacto dramático tanto en la zona local del derrame como en las ciencias ambientales y en la política en general.

¿Dónde fue la plata? Un consejo fiduciario, el Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, está ahora administrando los $900 millones recibidos en compensación por el estado y los gobiernos en nombre de la ciudadanía. La organización, cuya misión es supervisar la restauración y la futura protección ecosistema afectado, también empezó a financiar estudios a gran escala sobre ecosistemas después de 1993. Para septiembre de 2008, 178 millones de dólares, el 18% de los fondos desembolsados por el consejo habían sido destinados a investigación científica y restauración (Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council 2009).³⁹ Como resultado, Prince William Sound y las áreas adyacentes han estado entre los ecosistemas más estudiados y monitoreados en el mundo, y por ello están seguramente entre los mejores entendidos por la ciencia ambiental. Otro 37,7% del dinero fue utilizado para adquirir parcelas de tierra, principalmente de las tribus nativas americanas, destinándolas a "hábitats protegidos".⁴⁰

La magnitud de los estudios ecológicos financiados por el consejo fiduciario (especialmente durante los años de Clinton) colaboró con un cambio de enfoque analítico en las ciencias ecológicas, de las mortalidades agudas de especies individuales hacia los efectos retardados e indirectos del petróleo en el ecosistema completo, estudiando cadenas tróficas enteras a lo largo del tiempo.⁴¹ El hecho de que muchos estudios pudieran documentar estos efectos de largo plazo alteró tan dramáticamente los métodos científicos para investigar la eco-toxicidad del petróleo, y ulteriormente el conocimiento científico del fenómeno, que muchos ven estos estudios como evidencia de un cambio de paradigma en las ciencias ecológicas (Peterson et al. 2003; Ott 2005; Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council 2009; Hunt 2009) . El dinero del derrame petrolero del Exxon Valdez - y la manera en que fue gastado - ha sostenido así una nueva jurisdicción científica que, a través de su trabajo, ha convertido a los "recursos naturales" en aún más frágiles, complejos y necesitados de protección que antes del accidente.

Podemos especular que este nuevo consenso científico tendrá un gran impacto en la forma en que serán comprendidos los daños del derrame petrolero del Golfo de México de 2010. Como resultado de un mayor escrutinio, emergerán nuevas fuentes de vulnerabilidad allí también: puede verse, por ejemplo, la intensa cobertura mediática de los efectos nocivos de las persistentes "plumas de petróleo" submarinas en el océano profundo (Gillis 2010) , una versión aún más remota, invisible y abstracta de la "naturaleza". Sería totalmente razonable imaginar que estos nuevos efectos registrados se incorporen en futuros ejercicios de valuación y que tal vez suban aún más el precio de "los daños a los recursos naturales públicos".

En línea con la noción cultural dominante de "naturaleza como zona virgen", el método económico ideado por los economistas de Estados Unidos para calcular el valor monetario del medio ambiente en el caso Exxon Val-dez se sirvió de en un concepto estrictamente subjetivo - la noción de naturaleza salvaje e intocada, sin ningún uso activo por personas. El resultado del proceso de valuación, expresado en las acciones del concejo fiduciario, ayudó a fortalecer la realidad material de la cual surgió esta concepción de naturaleza en un principio. Ponerle precio a Prince William Sound no lo degradó, sino todo lo contrario. En cambio, lo sacralizó en el sentido Durkheimiano de convertirlo en una cosa "apartada y rodeada de prohibicio-nes".⁴² El mayor conocimiento de los ecosistemas locales marinos le dio al área mayor personalidad, un carácter más especial; la política de adquisición política de tierras hizo algo similar para las tierras de alrededor, protegiéndolas de la intervención humana - excepto de los designios de los ecologistas, los altos sacerdotes de la naturaleza. Así, el método contingente de valuación logró para la naturaleza lo que la prima de seguros había logrado para el significado de la responsabilidad parental al término del siglo XIX (Zelizer 1979). En lugar de profanar naturaleza mediante la monetización, la valuación de los "usos pasivos" perdidos dio forma a un nuevo, aunque racionalizado, tipo de "celebración ritual" por el cual los responsables de la naturaleza (en este caso, los gobiernos) indican la relación particular y la responsabilidad de la gente para con el mundo no-humano; al hacerlo también dio forma a esta relación enfatizando la "utilidad" subjetiva de la naturaleza como una idea y permitiendo que tal concepción tenga mayor inserción en la política, el derecho y en la ciencia ecológica. A través de este proceso de institucionalización, no es imposible pensar que un nuevo conjunto de "preferencias individuales" fueran realmente endógenas a las técnicas que se supone deberían simplemente revelarlas (Willinger 1996).

Este proceso cultural contrasta fuertemente no solamente con los resultados del litigio del Amoco Cadiz sino también de manera más general con el enfoque todavía propugnado por el estado Francés y la Oil Pollution Compensation Funds, de la cual Francia es miembro; las cuales han puesto fuertes límites a la noción de daño ecológico. De hecho, el esquema de compensación limitado en los recientes incidentes de Prestige y Erika muestra que la valuación económica del medio ambiente continúa siendo polémica en Francia, y en Europa continental en general. Si el reciente veredicto (16 de Enero de 2008; confirmado en apelación) sobre el derrame petrolero del Erika marca nuevos rumbos legales en Francia al reconocer la legalidad de los reclamos por daños ecológicos por la destrucción de especies protegidas (préjudice écologique), del monto de la indemnización fue de todos modos escaso. La compensación ecológica más importante - la de la reserva natural de Morbihan - fue calculada usando un tiempo de recuperación de solamente dos años; posiblemente no sea coincidencia que dos años fue justamente la cantidad de tiempo que los expertos económicos identificaron en otro testimonio como lo necesario no para la recuperación de la naturaleza sino para que la población local reanude sus actividades de ocio tales como la pesca y la recolección de mariscos.

El hecho es que el expertise reunido por las víctimas francesas estaba supeditado a una relación totalmente diferente con la naturaleza, como así también con dinero. Los métodos económicos de valuación siguen levantando considerables sospechas en Francia, particularmente entre ecologistas y funcionarios públicos. Noté esta desconfianza en varias entrevistas que realice en Bretaña. Un experto económico lamentó varias veces el menosprecio de los ecologistas por la monetización, así como lo que para él era un visceral sesgo anti-económico, como las principales razones del malogrado cambio hacia las evaluaciones de biomasa en el caso del Amoco Cadiz. Otro entrevistado, un organizador local a cargo de coordinar el juicio del Amoco Cadiz en Chicago, expresó su repugnancia por el alienante espiral judicial y financiero en el que los demandantes de Bretaña terminaron como resulta-do del litigio, haciendo eco de los hallazgos de Jasanoff's (2007) sobre las enormes asimetrías de poder entre las culturas de conocimiento y justicia en Estados Unidos e India en el caso Bhopal. Para Jean-Baptiste Henry, y de hecho para todos los bretones que conocí, debe hablarse del juicio del Amoco Cadiz fundamentalmente en términos políticos. En octubre de 1992, poco tiempo después de que la Corte Federal de Apelaciones presen-tara su veredicto final, Henry dio un discurso (1992) para celebrar la "her-mosa lucha" librada por el David de Bretaña, "una estructura de pequeñas firmas familiares que no están integradas de manera perfecta a la economía capitalista", en contra del Goliath de Amoco Corporation, "el más poderoso oligopolio en la economía mundial". A su vez, no dejó ninguna duda sobre sus sentimientos respecto a las demandas financieras de justicia y a la aplicación de una lógica monetaria a la naturaleza:

¿Me atreveré a sugerir que hubiéramos experimentado nuevos problemas si nuestras demandas financieras hubieran sido todas cumplidas? Por mi parte, creo firmemente que ponerle un precio a algo que no tiene precio, y estoy pensando específicamente en el daño ecológico, es por naturaleza degradante. No caigamos en el mismo terreno de aquellas personas cuyas graves faltas buscamos castigar: no olvidemos que es la misma sed de dinero la que causó la catástrofe inicialmente.

En verdad, los valores que hemos defendido a través de estos 14 años de lucha están en otra parte. Digo y repito que esto fue una "lucha" más que un "juicio". El juicio era solamente el arma, o más bien el lugar, de nuestra lucha. Los medios que hemos usado para defender nuestro medio ambiente son la verdadera evidencia del valor que le otorgamos. (Y efectivamente, por qué no decir más simplemente 'nuestra tierra'?). Y estos medios no son sólo financieros. ¿Podremos alguna vez cuantificar la suma de energías, bondades, aptitudes y dedicación que hemos gastado en estos últimos 14 años todos los que estamos aquí presentes?" (Henry 1992).

Para Henry, lo invaluable de las costas de Bretaña significaba que quizás nunca se debió haber puesto precio a sus recursos naturales vivos. Hay dos razones para esto. La primera razón tiene que ver con la inconmensurabilidad del medio ambiente: en su universo político-cultural, "ser vendible... es ser común" -lo opuesto a ser no-común, incomparable, único, singular y por lo tanto no intercambiable con nada más" (Kopytoff 1986, p.69). La segunda razón tiene que ver con el efecto contaminador del dinero - esta visión se basa en una crítica de larga data del dinero (véase, por ejemplo, Marx [1844] 2007) como un medio que desprecia todas las esencias reales, corrompiendo las motivaciones de las personas y todas las relaciones sociales.

Es importante resaltar, por supuesto, que el dinero trae este tipo de "carga moral" a todas partes (Carruthers y Espeland 1998: 1395). Sentimientos similares estuvieron presentes también en el contexto de Alaska, por ejemplo. En las comunidades pequeñas e integradas que viven en Prince William Sound, las relaciones personales fueron emponzoñadas por las dife-rencias individuales obtenidas en las remuneraciones financieras durante el proceso de limpieza y en las estimaciones de indemnizaciones por daños punitivos. Aún bajo condiciones sociológicas diferentes, había una sensación dominante (aunque no universal), de que más, no menos, dinero era necesario para reivindicar a la gente. Lo "invaluable" de la naturaleza tenía un sentido completamente distinto allí. Cuando hablé con una prominente activista ambiental en Alaska en 2006, ella sugirió que el acuerdo de $1000 millones había sido demasiado bajo, de hecho desvalorizando el daño real causado por Exxon al mundo no-humano y probablemente no afectando a la empresa lo suficiente como para que modificara su comportamiento. En este contexto social, era el precio más alto posible, en lugar de la ausencia de precio, la verdadera marca de lo invaluable. El "después qué" del proceso de valuación tuvo un resultado muy distinto en cada entorno social.

El dinero y la (re)producción cultural de las sensibilidades naturales

Tal vez no sea una coincidencia que el más importante estudio comparativo e histórico de cómo los sistemas sociales adquieren coherencia cultural, Fabrication of Labor de Richard Biernacki, comience con un problema de valuación monetaria: ¿cómo los empleadores alemanes y británicos del siglo XVIII solucionaron el problema de poner precio al trabajo en sus fábricas textiles? Pequeñas diferencias en las prácticas de valuación, por ejemplo la mano de obra pagada por cantidad de nudos tejidos (Alemania) o por pieza o tejido acabado (Inglaterra), fueron extraordinariamente significativos para guiar a cada país en caminos diferentes con respecto a su dinámica de acumulación, el cálculo de productividad y ganancia, la articulación de los reclamos de los trabajadores, la organización del movimiento obrero e incluso el discurso de la economía política. Biernacki conecta las diferencias en las prácticas de fijación de salarios de cada país con el momento de ingreso al capitalismo y la organización de las fábricas en cada uno.

El presente estudio plantea un punto similar. La valuación económica es tan reveladora precisamente porque es mucho más que un proceso de conmensuración monetaria: es, mucho más poderosamente, un proceso de "definición" o de construcción social en un sentido sustantivo (Smith 2007), que incorpora todo tipo de suposiciones sobre el orden social e imaginarios socialmente estructurados acerca de lo que "vale". La valuación económica, en otras palabras, no se encuentra fuera de la sociedad, sino que incorpora en su propia confección marcos evaluativos y juicios que pueden ser conectados con configuraciones político-institucionales y conflictos específicos. La diferencia entre los procesos para reclamar valor en Francia y Estados Unidos no giró simplemente en torno cuál debía ser el precio de una "naturaleza" supuestamente equivalente y cómo ese objeto debía ser conmensurado monetariamente. En cada caso, la gente - poblaciones locales, funcionarios judiciales, abogados, agentes estatales - tuvo que lidiar con preguntas como quiénes habían sido las víctimas "damnificadas" y qué "era" ese particular ítem intangible - un patrimonio colectivo, estético, y productivo para los residentes locales, o la vida silvestre protegida y en gran medida imaginada -.⁴³ Pero a través del proceso de valuación, cambiaron eso también. En otras palabras, la categoría cultural de naturaleza depende también de los métodos - legales, económicos y ecológicos - que fueron movilizados para representarla.

Los usos, tecnologías y discursos alrededor del dinero siempre condensan sistemas de relaciones sociales completos, ofreciendo una lente para ver la propia organización social. Lo que es cierto de las prácticas de fijación de salarios estudiadas por Biernacki es también cierto del sistema de impuestos (por ejemplo, Schumpeter [1918] 1954) o de las indemnizaciones monetarias en el sistema judicial. Por lo tanto, la pregunta por la monetización de los recursos naturales en Francia y Estados Unidos destapó una enorme caja de pandora: nos recuerda que la naturaleza no es nunca "naturaleza" como tal sino un ensamblaje de relaciones que involucran humanos y no-humanos (Latour 1994) definido y realizado conjuntamente en políticas de estado, normas legales, compromisos políticos, tecnologías económicas y teorías ecológicas; en los paseos a lo largo de la costa, los mariscos recolectados para la cena, los modos de vida de los pescadores y la arena caminada por los visitantes; en las afirmaciones de los científicos y las políticas de los funcionarios públicos; y en las ideas y emociones que paisajes que quizás nunca hayamos visto evocan en un supuesto "público": nosotros.

 

Tabla 3. Resumen del argumento

Factor	Exxon Valdez	Amoco Cadiz / Erika
Experiencia de / relación con la naturaleza	Realidad "natural", abierta: tierra virgen	Vivida, realidad político-cultural
¿Quién habla en nombre de la naturaleza?	El estado y los gobiernos federales, hablando en nombre de los individuos que conforman el público de EE.UU.	Organizaciones con un rol específico de custodia: poblaciones locales, "colectivos" (ej: regiones, villas, asociaciones)
Objetivo de las acciones legales por daño natural	Resarcir al público estadounidense por el daño ("make the public whole")	Recuperación de los costos económicos
proceso de valuación	Utilidad subjetiva de los usos pasivos	Costos de custodia y reparación, pérdidas reputacionales colectivas
Evaluación del daño	La recuperación de la naturaleza toma un largo tiempo: todavía en curso luego de 20 años.	La gente se recupera rápido: 2 años en el caso del Erika
Indemnización monetaria	Grande	Pequeña
Usos de la indemnización	En ciencias ecológicas y protección de hábitats	Usos ecológicos dispersos y pequeños
Naturaleza	Invaluable - el precio más alto; la naturaleza como un concepto subjetivo que debe ser separado y sacralizado	Invaluable - Sin precio o con muy bajo precio; naturaleza como "patrimonio" para la gente con un arraigo emocional fuerte

Los tres accidentes que traté aquí están todos ellos asociados con importantes cambios legales, económicos y científicos, tales como la institucionalización del método de valuación contingente en los Estados Unidos, el nombramiento oficial del préjudice écologique en Francia y la ciencia de los ecosistemas. Las nuevas tecnologías hicieron "re-ensamblar lo social" en formas que no eran previsibles (Latour 2005). Sin embargo, en última instancia el resultado sí se parece al punto de partida: la sensibilidad natural vivida en cada país es, en gran medida, históricamente consistente, como sugiere la síntesis del argumento que se presenta en la Tabla 3. Las instituciones jurídicas, económicas y científicas, cada una siguiendo su propia lógica, se las arreglaron para mantenerse mientras al mismo tiempo cambiaban, haciendo de esto de una manera que no era ni planeada ni determinada a priori (de hecho el proceso visto desde cerca resulta increí-blemente caótico), pero lo suficientemente coherente como para que la reproducción de sensibilidades naturales en cada caso parezca haber sido sobredeterminada por todos lados. Quizás sea esta inefable sensación de sobredeterminación y coherencia lo que llamamos "cultura".

Notas

3. Véase, en especial, los capítulos de Thevenot, Camus-Vigne, Weber y Heinich en Lamont y Thevenot (2000). De hecho, la única instancia en el libro en donde la relación entre el dinero y el "valor" es percibida como problemática en Estados Unidos es cuando ciertos proyectos culturales financiados con fondos públicos son percibidos como abusivos de los pagadores de impuestos por ser moralmente ofensivos. En aquellos casos, descritos por Nathalie Heinich (2000), es el dinero (público) que es corrompido por el arte, y no al revés.

4. Para una mirada atenuante, véase Feldman (2000).

5. Por supuesto, esas tierras fueron "vírgenes" e "inhabitadas" una vez que las poblaciones nativas fueron removidas por guerra, enfermedad o fueron forzadas a desplazarse.

6. Desde luego, Estados Unidos también tiene una gran tradición de obras públicas patrocinadas por los gobiernos federales y estaduales, desde el Canal Erie hasta la Autoridad del Valle de Tennessee o el sistema de autopistas interestatales. De manera característica, sin embargo, la historia de estos proyectos está plagada de controversias políticas, y las empresas públicas que administraron estos sistemas han sido presionadas para operar como (y a veces en competencia con) corporaciones privadas (Dobbin 1994).

7. Las reformas descentralizadoras son un buen ejemplo de la extensión de la penetración de esta lógica política a nivel local. Lejos de mantener a raya los impulsos voluntaristas de actuar sobre los paisajes, estas reformas frecuentemente convirtieron a los alcaldes en grandes arquitectos de sus ciudades. Véase también Hecht (1997) sobre cómo los tecnócratas estatales franceses se las ingeniaron para reclutar a los políticos locales para sus proyectos modernistas.

8. La elección de palabras habla por sí misma: el término "pintoresco" (pittoresque en francés) refiere originalmente a una representación artística (gráfica) de los paisajes, particularmente paisajes hechos por la mano humana.

9. La misma diferenciación leve entre mundo "humano" y "no-humano" puede ser vista también en la duradera convergencia entre la protección de la vida silvestre y la de los animales domésticos en el derecho francés.

10. La cité (o justificación discursiva) doméstica se refiere a la defensa del patrimonio local.

11. En 1967, el barco petrolero Torrey Canyon se quebró en las costas de Gales, derramando petróleo pesado. Parte del derrame (30.000 toneladas) cruzó el canal y se asentó en las Cotes d~Armor. Como uno de los actores lo describe: "la atmósfera estaba... vea, fue la primera vez. Entonces, aunque fue un desastre, había mucha excitación porque era la primera vez, por lo que teníamos el entusiasmo para encontrar métodos para limpiar, para pelear esa cosa y estar organizados. Por supuesto, tuvimos que luchar contra esta emoción del descubrimiento. Pero nunca nos preguntamos por qué, por qué pasó. la respuesta fue pobre, no muy bien coordinada. No había movimiento... por lo que el Amoco Cádiz vino como una remake. Pero una remake nunca es como la original" (Entrevista n° F3, 20 de junio de 2002).

12. El Prestige derramó 60.000 toneladas de petróleo pesado en Galicia, España, en noviembre de 2002.

13. El derrame de petróleo de Guadalupe Dunes, que se originó en continuas fugas de tuberías, pasó desapercibido durante 38 años, a pesar de haber derramado, durante todo el período, la mayor cantidad de petróleo y diluyentes de una sola fuente en suelo de EE.UU. en toda la historia (Beamish 2002).

14. Después del fracaso de un acuerdo con el Departamento de Justicia para declarar a la firma culpable y reducir la sentencia, un gran jurado federal en Anchorage acusó a la Exxon Corporation y a su filial de cinco cargos penales (dos cargos de delito grave (felony) contra las Ley de Seguridad de Puertos y Vías Acuáticas y la Ley de Cargamento Peligroso, de 1972, y tres delitos menores (misdemeanor) contra la Ley de Agua Limpia, la Ley de Residuos, y la Ley de Aves Migratorias) el 27 de Febrero de 1990 (Keeble 1999:269).

15. Esto es aproximadamente 100 veces el costo de la limpieza del Amoco Cadiz: $50.000 por tonelada de petróleo en comparación con $545 del segundo.

16. La Corte Suprema de Estados Unidos presentó el veredicto final del caso el 26 de junio de 2008.

17. En su tesis doctoral sobre el Amoco Cadiz, Odriozola encontró que los tribunales de Estados Unidos eran generalmente respetuosos de las reclamaciones francesas y que "el resultado del litigio fue muy favorable para los franceses" (1993:99). Por otro lado, la Corte de Apelaciones de EE.UU., Circuito Séptimo (Chicago), que dictó la decisión final sobre el caso en 1992, encontró la menos favorable indemnización en el caso del Amoco Cádiz algo embarazosa en vista de la enorme indemnización por el Exxon Valdez. La compensación ni siquiera cubría por completo los costos de limpieza pagados por el gobierno francés y las municipalidades afectadas por el derrame: el juez dictaminó que el estado francés había "despilfarrado" y "negligente" en sus operaciones de limpieza, errores por los que el juez pensaba que Amoco no debía ser considerado responsable.

18. La principal diferencia legal es que la ley francesa imposibilita daños punitivos; este artículo, sin embargo, no se enfoca en los daños punitivos, el cual es un tema separado de la compensación del daño ambiental, por lo que no discuto la demanda judicial colectiva en el caso del Exxon Valdez.

19. Esta demanda, indemnizable dentro de la ley francesa, fue rechazada por el juez de EE.UU.

20. Estoy en deuda con un evaluador anónimo por un comentario extremadamente útil sobre este punto.

21. Torrey Canyon, 18 de Marzo de 1967, 123.000 toneladas. Olympic Bravery, 24 de Enero de 1976, 800 toneladas. Bohlen, 15 de Octubre de 1976, 2.000 toneladas. Amoco Cadiz, 16 de Marzo de 1978, 227.000 toneladas.

22. El arreglo fue conocido confidencialmente como los "acuerdos de Matignon". En este punto, puede verse también Barzel (2004, p.85), que provee un testimonio de primera mano de las relaciones entre el gobierno francés y las comunas/gremios. Más tarde, las comunas abandonaron sus reparos en el caso del derrame petrolero del Tanio (1980) al aceptar una indemnización monetaria de la International Oil Pollution Compensation Fund a cambio de un préstamo del gobierno francés para ayudar a financiar los exorbitantes costos legales relacionados con procedimiento legal del caso Amoco Cadiz.

23. Vale la pena señalar que este método ha sido utilizado varias veces en tribunales franceses desde el desastre del Amoco Cadiz. Véase, por ejemplo, dos casos judiciales (Rouen, 30 de Enero de 1984, y TGI Bastiat, 4 de Julio de 1985) mencionados por Huglo (1990, p.152) y de Raulin (1993, p.78, n.122).

24. Un método similar fue utilizado en los Estados Unidos después del derrame petrolero del Zoe Colocotroni en Puerto Rico (1973). Una diferencia importante fue que las estimaciones de precios para las diferentes especies provenían de varios catálogos de proveedores de suministros biológicos en lugar de mercados al contado (Brans 2001, p.110).

25. El método de biomasa también sirvió para estimar el volumen de los cultivos de pesca comercial perdidos en 1978 y en los años subsecuentes. Este método utilizó la conocida relación entre biomasa bentónica y la producción de pescado comercial.

26. Tribunal de Distrito Estadounidense para el Distrito del Norte de Illinois, División Este. En "Re: Oil Spill by the "Amoco Cadiz" off the coast of France on March 16, 1978." MDL Docket no. 376. Deposition of Lewis J. Perl, 6 de Mayo de 1985, p.507.

27. El juez, sin embargo, reconoció la legitimidad de los costos reales (ya ejecutados) de rehabilitación incurridos por algunas partes privados, tales como los gastos incurridos por las asociaciones voluntarias que administraron clínicas de aves durante el derrame. Pero esas compensaciones fueron de muy poco dinero.

28. Otras 11.000 toneladas fueron extraídas de los restos del barco. Se estima que entre 100.000 y 150.000 pájaros se perdieron en el accidente del Erika.

29. Antes del derrame del Erika, el plan de contingencia, el cual el gobierno activa en caso de un desastre importante - Plan POLMAR - no incluía ninguna provisión específica referida al medio ambiente natural.

30. Dos tercios de las demandas (o aproximadamente 237 millones de euros) fueron para la recuperación de actividades como la pesca deportiva y las caminatas a lo largo de la costa (usos recreativos), mientras que un tercio (o aproximadamente €137 millones) fueron independientes del uso (véase Bonnieux 2006; Direction des Études Économiques et de l'Évaluation Environnementale 2008).

31. La organización fue finalmente indemnizada con €680.000, lo cual incluía una compensación por sus gastos durante las operaciones de rescate.

32. Véase el capítulo de evaluación ecológica del principal estudio francés del impacto económico del derrame petrolero del Amoco Cadiz, el cual concluye: "Vivimos en una sociedad comercial, que desprecia y no valora lo que no es evaluado, donde los intereses en conflicto sólo tienen su peso financiero para representarlos. Por eso debemos traducir todos los aspectos de la catástrofe en términos monetarios, aunque los daños estéticos, la repulsión, los desbarajustes morales y ecológicos experimentados por las poblaciones locales vayan mucho más allá del dinero. Debemos hacer retroceder los límites de la ciencia económica para disuadir y prevenir (Bonnieux, Daucé y Rainelli. 1980, p.91).

33. Sin embargo, la corte federal de apelaciones, en su fallo final (1992, postExxon Valdez) lamentó esta movida, sugiriendo que el daño ecológico podría haber sido, de hecho, compensable. Véase re Oil Spill by the Amoco Cadiz, 954 F.2d 1279, 1331 (7th Cir. 1992). Sobre la pregunta de cómo las inequidades políticas y sociales entre partes pueden ser traducidas en inequidades de litigación, véase Fourcade y Livne (2010).

34. Exxon pudo haber perdido la batalla del Exxon Valdez en particular, pero su involucramiento jugó un rol en la subsecuente evolución del debate sobre valuación contingente. Un selecto panel de NOAA codirigido por Robert Solow y Kennet Arrow (Arrow et al. 1993) siguió a las publicaciones patrocinadas por Exxon. A pesar de que el panel apoyó el método de valuación contingente para medir valor de no uso en casos de evaluación de daños, lo sometieron a requisitos metodológicos draconianos que lo hicieron muy caro e impráctico excepto en grandes desastres (Bateman y Willis 1999, Smith 2004).

35. Véase Hausman (1993) y Diamond y Hausman (1994) para un resumen de las principales críticas.

36. Por ejemplo, el costo de reemplazar a los animales perdidos en el derrame fue finalmente valuado en 22.000 dólares cada una en el caso de las águilas calvas, 11.500 las nutrias marinas, y 50.000 las orcas.

37. Estas pérdidas fueron "pasivas" porque prácticamente ninguno de los encuestados tuvo chances de usar activamente el área, ya sea para propósitos recreativos u otros (Carson et al. 1992). Inicialmente hubo también alguna discusión acerca de si incluir poblaciones fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, esta consideración fue eliminada por tres razones: "1) En términos prácticos quedaron eliminados los costos de encuestas en otros muchos países, 2) los reclamantes demandaban en nombre de los estadounidenses, y 3) esto se ajustaba a nuestro (en referencia a los investigadores de valuación contingente) principio conservador de 'en caso de duda elegir el curso de acción que produzca menor valor'" (intercambio de e-mails con Stanley Presser, 29 de noviembre de 2004).

38. Esto es conocido como "clausula de reapertura" del acuerdo. Véase Rodgers et al. (2005) para una defensa apasionada de la necesidad de hacer cumplir la reapertura. En 2006, los gobiernos presentaron un proyecto de reapertura por 92 millones de dólares por daños de largo plazo que no habían sido contemplados en 1991. Al momento de este escrito, la demanda estaba aún siendo considerada por la Corte de Distrito estadounidense en Anchorage.

39. Nótese que esto se suma la investigación realizada para el juicio, así como los considerables fondos que ya habían sido destinados para estos temas por las agencias federales (NOAA) y las agencias estatales (Departamento de Pesca y Juego).

40. Esta política, sin embargo, ha sido altamente controversial para los pueblos nativos de Alaska. El trabajo de campo que conduje en Alaska reveló una relación a veces muy tensa entre los grupos nativos y los ambientalistas.

41. El Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council patrocinó cuatro grandes estudios de ecosistemas. El más crítico de éstos puede haber sido el proyecto de Nearshore Vertebrate Predator (NVP) de $6,5 millones, el cual demostraba que la recuperación de especies claves (particularmente aquellos que se alimentan de invertebrados) todavía se veía comprometida 8 años después del derrame (véase Ott, 2005. pp. 295-316). En efecto, las últimas evaluaciones realizadas por el Consejo fiduciario (2009), declararon que varias especies no se habían recuperado aún.

42. Quizás valga la pena recordar aquí la definición completa que Durkheim da de religión, como "un sistema unificado de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas y rodeadas de prohibiciones - creencias y prácticas que unen a sus adherentes en una misma comunidad moral, llamada Iglesia" (2001:46).

43. Estoy profundamente en deuda con los evaluadores anónimos que me impulsaron a clarificar este punto. Véase también Beckert (2010).

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