RESEÑAS

Marina Franco, Un enemigo para la Nación. Orden interno, violencia y subversión, 1973-1976, Buenos Aires, FCE, 2012, 346 páginas

Hay una pregunta abierta desde la posdictadura, a partir del derrumbe político y la magnitud de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado: ¿cómo fue posible? Esa pregunta no apunta ya a los ejecutores, a los responsables criminales, sino al aparato estatal y a la sociedad civil, a las dirigencias, los partidos y las organizaciones. No puede decirse que no haya trabajos previos, incluso muy tempranos, como un artículo de Guillermo O'Donnell, "La cosecha del miedo", que fue escrito antes del final de la dictadura. Pero faltaba una investigación sólida, bien fundada, apoyada en un rastreo sistemático de las fuentes, sobre el período 1973-1976.
El libro investiga a la vez en las fuentes políticas (en los partidos, los sindicatos, el Estado) y en la opinión pública y los medios. Y en ese corpus complejo muestra las afinidades, las recurrencias, los lazos profundos que sostienen lo que podría llamarse una configuración sobre la política y sobre la violencia, que revela una época. Esa perspectiva sobre los acontecimientos, que señala relaciones y continuidades, permite pensar la represión y la masacre perpetrada desde 1976 como el desemboque de condiciones, tendencias y conflictos profundamente arraigados en la sociedad y en la cultura política.
La transición a la dictadura podría ser un título para esta investigación. En efecto, no sólo las democracias, también las dictaduras son construcciones sociales, políticas y culturales. Reconocerlo implica dejar de lado las hipótesis conspirativas que imaginan un actor militar autónomo, separado del sistema político, esencialmente golpista, una suerte de ejército extranjero de ocupación. Leída a partir de lo que sabemos que vino después, la investigación de Marina Franco proporciona una nueva lente para indagar las relaciones complejas que la dictadura mantenía con la sociedad política, con el peronismo en particular. En efecto, usualmente, cuando se hace referencia a los componentes civiles del poder ejercido por las Fuerzas Armadas no se piensa en los discursos y las demandas provenientes del peronismo político o sindical.
El lugar del actor militar en el escenario político gobernado por el peronismo queda ilustrado en una suerte de parábola que se abre, el 25 de mayo de 1973, en la Plaza de Mayo, cuando miles de voces gritaban "Se van, se van, y nunca volverán", y se cierra hacia fines de 1975 (después del decreto que autorizaba a "aniquilar el accionar de elementos subversivos" en el curso del Operativo Independencia en Tucumán) con una solicitada de las 62 Organizaciones que ofrecían su "solidaridad a las Fuerzas Armadas, integradas hoy plenamente a esta gesta emancipadora" (p. 245). En apenas dos años casi nadie, no sólo en el peronismo sino en el discurso público y en los partidos mayoritarios, guardaba memoria de la dictadura militar anterior, de Onganía a Lanusse. Y junto con el tópico de la nación agredida y amenazada por la "subversión", retornaba algo del lazo originario entre peronismo y Ejército, pero esta vez respecto de un destacamento uniformado que, como era de público conocimiento, descargaba una represión ilegal y terrorista sobre la guerrilla y sobre la sociedad tucumana. Uno de los capítulos más logrados y originales del libro ilumina precisamente ese camino a través del cual las Fuerzas Armadas fueron convocadas y rehabilitadas como un actor decisivo, puestas "en el centro de la escena" por el propio sistema político (o el fracaso del sistema político) y por la sociedad. Aquí valen dos observaciones.
Por un lado, la representación de un curso gradual anterior a 1976, una escalada de violencia y represión que cercenaba libertades y derechos, está cerca de la representación que tenían los actores; me refiero a los que sufrían esa represión o podían sentirse amenazados por ella. En verdad, el corte abrupto dictadura/democracia se instala a posteriori a partir de la magnitud que alcanza el sistema integral de represión, orgánica y estatal, desde marzo de 1976. Y se consolida con las formas de resistencias que nacen en nombre del Estado de derecho y que relegan las funciones de seguridad, que son la otra cara, probablemente más decisiva, del Estado. Es decir que esta exploración, en su efecto sobre las memorias todavía vivas, viene a ser un redescubrimiento que restituye una experiencia cercana de ese tiempo anterior. En esa dimensión temporal más corta y más próxima, el libro opera como una intervención sobre los usos del pasado: rellena lagunas y sobre todo rehace e interroga los relatos autocomplacientes provenientes de las memorias políticas.
Por otra parte, el tiempo corto de los acontecimientos (1973-1976) queda situado en una duración más larga de figuras, representaciones y fantasmas del enemigo interno dentro de la constelación doctrinaria, básicamente militar, de la defensa nacional y la seguridad. El anticomunismo se convierte, en ese tiempo largo, en un núcleo duro y persistente, que se remonta a la dictadura de Uriburu pero también a las leyes de represión del comunismo en el primer peronismo, y a la cláusula incluida en la Constitución de 1949. Por supuesto, en tiempos más cercanos a los acontecimientos abordados en este libro, la serie de la "seguridad nacional" incluye el Plan Conintes y las posiciones conocidas del general Onganía.
Frente a las visiones simplificadas de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, ese tiempo más largo permite plantear la cuestión del Estado, su funcionamiento y sus agentes (no sólo militares, sino de las fuerzas policiales, la justicia, los gendarmes y los penitenciarios) que se plegaron sin mayores conflictos ni resistencias a la empresa de represión y exterminio. Si el Estado como organización y como cultura institucional ya estaba en gran parte preparado para esa empresa, esa disposición no se lograba en el tiempo corto de los setenta y tampoco dependía, obviamente, sólo del peronismo. Es un tema pendiente para otras investigaciones, sobre todo por sus consecuencias: la construcción de políticas de Estado diferentes en materia de seguridad se enfrenta con esa dimensión, menos explícita pero muy resistente, de reglas, prácticas asociadas a los dispositivos de seguridad y represión construidas a lo largo de décadas. Es decir, los ilegalismos estatales y el avance sobre los derechos también tienen una historia, que no involucra sólo a los jefes y los oficiales militares.
El "golpe", como quiebre institucional, se revela bajo otra luz si se advierte que depende de un proceso más largo, de pequeños golpes institucionales (algunos no tan pequeños, como el estado de sitio) en ese tiempo corto 1973-1976; y del tiempo más largo de la edificación de una cultura estatal anticomunista.
Vuelvo sobre un nudo problemático del libro y de las discusiones que puede suscitar: la relación entre peronismo y dictadura. Señalar las continuidades en el vocabulario, la construcción del enemigo, la doctrina de la seguridad, puede hacer pensar que la faena represiva podía haberse llevado a cabo sin derrocamiento del gobierno de Isabel Perón. El ex general Videla en sus recientes declaraciones parece decir eso: no necesitábamos dar un golpe para reprimir; parece pensar en una salida a la Bordaberry. Pero ahí hay un problema, que también se revela en la serie más larga: el peronismo ha sido considerado alternativamente como la barrera contra el comunismo o como una forma autóctona de ese mismo peligro interno. Por eso, creo, no podía prosperar una fórmula a la Bordaberry (más allá de si efectivamente alguien la propuso). Videla también dice otra cosa que se contradice con lo anterior: teníamos que "disciplinar" a la sociedad (parece que estuvo leyendo en estos años: nadie decía "disciplinar" en sus tiempos de dictador). Es claro que ese propósito apuntaba a eso que Tulio Halperin ha llamado la "sociedad peronista" y eso no podía hacerse con el peronismo en el gobierno. Ahí hay, entonces, una paradoja o una encrucijada, en la relación entre peronismo y dictadura: el peronismo (el partido, los dirigentes, sectores importantes del sindicalismo) podían acompañar o favorecer esa acción represiva de las Fuerzas Armadas sobre la izquierda del movimiento, pero no iban a acompañar (y de hecho no lo hicieron) esa otra tarea de disciplinar a la sociedad. Porque esa tarea suponía la voluntad (que también tiene una historia más larga) de extirpar la cultura peronista en la sociedad. Ése es un nudo problemático en la investigación sobre ese período y sobre las relaciones menos visibles entre la dictadura y el sistema político.
La escena de la guerra es parte central de la configuración política y moral explorada en este libro. Y no es el resultado espontáneo de las doctrinas y las prácticas de seguridad, que como se dijo son muy anteriores. Requiere otros ingredientes: discursos, proclamas, acciones. Y otros agentes: los "partidos armados", que no son parte central de la investigación. Hubo prácticas legales y clandestinas, decisiones políticas, discursos, que buscaban imponer su propia doctrina y su propia estrategia; y empujaban hacia un escenario de guerra después del cambio de régimen, en mayo de 1973. Todo eso también tiene una historia más larga. Como es sabido, en el campo político, en el peronismo sobre todo, nadie se desarmó y nadie estaba dispuesto a pacificar la expresión de los conflictos. Los resultados de esa cultura y de la moral de la guerra se ven en la investigación; sobre todo en esa fuente extraordinaria que son las delaciones y los testimonios, surgidos desde las bases de la sociedad, de quienes querían incorporarse o colaborar con esa contienda. Seguramente muchos no estaban dispuestos a matar o a arriesgar su vida y delegaban en las Fuerzas Armadas (o en la Triple A) el ejercicio de la violencia represiva. Pero la confirmación, la "autorización", si se quiere, de ese escenario bélico, que se ejercía desde el liderazgo máximo de Perón, y de los jefes políticos y sindicales, tenía efectos sobre la sociedad. Guillermo O'Donnell lo dijo tempranamente, en el artículo citado: la implantación autoritaria, desde arriba, "suelta los lobos en la sociedad" y estimula diversos despotismos. ¿Cuánto hay de guerra efectiva y cuanto de escenario o imaginario de guerra? Tulio Halperin ha hablado de "guerra civil larvada". Más que una respuesta taxativa y definitiva me parece importante mantener abierta la indagación de esa configuración que no puede abordarse sin las figuras de la guerra.
Finalmente, está el tratamiento de la violencia insurgente, es decir, para decirlo en términos de la época, el problema de la guerrilla. La autora rechaza, con buenas razones, la calificación de "terrorismo de izquierda" y prefiere "partidos armados", que en efecto da cuenta mejor del carácter de esas organizaciones. Al mismo tiempo, no alcanza con hablar de violencia en general. Los partidos armados ejercían diversas formas de violencia: propaganda armada, "expropiaciones", copamientos, sin contar con el plan fracasado de implantar un foco rural. Si es evidente que esas acciones no se engloban bajo la categoría de terrorismo, no puede decirse lo mismo de los asesinatos sistemáticos (represalias), que han formado parte del arsenal del terrorismo a lo largo del siglo XX, por lo menos. Raúl Zaffaroni, se consigna en el libro, rechaza el término como calificación jurídica de un delito "por sus riesgos e imprecisiones" (p. 321). Pero los criterios que fundan una verdad en los códigos no son los mismos que regulan las búsquedas del historiador. No se ven las ventajas de suprimir el término terrorismo para referirse a cierta metodología y calificar algunas acciones. El término, además, tiene una larga historia en los debates sobre la violencia en la tradición revolucionaria. El riesgo es que con él se suprima un problema, la relación entre los medios y los fines, la moral y la revolución, que ha reaparecido en el debate abierto por la carta de Oscar del Barco sobre los asesinatos ejecutados tempranamente por el EGP.
¿Cómo situar la acción de la guerrilla y sus efectos sobre el escenario político en esos años? Por un lado, por su sola existencia desafiaba al Estado y el monopolio de la violencia legítima. El pacto constitucional exigía desarmarla y en ese sentido no podría haber discusión entre los partidos que se atenían a ese pacto (que no eran, desde luego, los partidos revolucionarios). Si no se desarmaban por la acción de la política sólo quedaba el camino de la represión. Al mismo tiempo, se ve en el libro, esa represión mezclaba (o articulaba) medidas legales e ilegales; e iba más allá de las organizaciones armadas para implantar el autoritarismo y la restricción de libertades en la sociedad. Además, esa represión se ubicaba en un tiempo más largo y una lógica estatal (la seguridad) que siempre se ha situado por encima de las garantías y los derechos. Ese proceso arrastra al gobierno y a gran parte de la oposición. En verdad la oposición, sobre todo el radicalismo, oscila entre admitir la legitimidad de la represión y denunciar las formas clandestinas.
La otra cuestión toca a las modalidades de las acciones armadas y de la represión, sobre todo cuando la guerrilla, ya derrotada, recurre a los asesinatos que obviamente alientan y refuerzan esa caracterización global que iguala subversión, terrorismo e izquierda. Algo ha cambiado en el curso de los acontecimientos.
Porque en Ezeiza ya hubo torturas y fusilamientos, pero todavía era un enfrentamiento y no un plan deliberado de asesinar. Lo importante es que hacia fines de 1974 ya no se trata sólo de una escalada de guerra sino de terror recíproco, que pronto involucra a las Fuerzas Armadas, cuando se convierten en blancos de las acciones de represalia. El desemboque en las modalidades de exterminio perpetradas por la dictadura excede, entonces, la lógica de la guerra. La decisión de intervenir por parte del actor militar probablemente ya se había tomado: eran parte del sistema político desde mucho antes. Pero la modalidad, el terrorismo de Estado, dependió de esas otras condiciones, de una escalada ya no sólo de violencia, sino de terror.

Hugo Vezzetti

UBA / CONICET