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En una serie de informes escritos en el verano de 1949 y de circulación restringida entre los integrantes del gabinete nacional, Juan Domingo Perón identificó a los partidos Socialista y Comunista como los principales opositores a su gobierno. A diferencia de la Unión Cívica Radical y las fuerzas conservadoras, el Partido Socialista era considerado como una verdadera oposición ideológica que debía ser combatida.1 Si bien el presidente sostenía que el socialismo había perdido su caudal electoral en manos del peronismo y señalaba que habían surgido grupos disidentes que rechazaban la estrategia de la conducción partidaria, la debilidad ideológica del peronismo y de algunos de sus dirigentes exigía una acción contundente para neutralizar su influencia en la sociedad civil y, especialmente, en el movimiento obrero.2 Los informes recogían los argumentos económicos que los socialistas difundían en contra del gobierno en una coyuntura especialmente compleja signada por la reforma constitucional y la crisis del sector externo.3 El análisis del presidente sostenía que, pese a la pérdida de representación parlamentaria nacional, la intervención del Partido Socialista continuaba teniendo un impacto importante en la escena política.4
En este artículo nos proponemos indagar las intervenciones de Rómulo Bogliolo, Américo Ghioldi, Nicolás Repetto y Alfredo Palacios en torno a las políticas económicas peronistas, sus objetivos y resultados. Se trata de un grupo de dirigentes que se identificaban como los intelectuales del socialismo local y pretendieron ser reconocidos como voces autorizadas en los saberes relacionados con la economía política y las políticas económicas y sociales.5 De este grupo de dirigentes y exparlamentarios socialistas, se destacó la figura de Bogliolo como economista y director de la Revista Socialista (1930-1947), órgano partidario de difusión de los debates ideológicos del socialismo internacional.6 En la década de 1930, el Partido Socialista avanzó en una renovación de sus ideas económicas en el contexto de la crisis capitalista más profunda hasta entonces. En esta coyuntura de crisis de las corrientes dominantes en economía, la renovación ideológica encabezada por un grupo de intelectuales y dirigentes socialistas condujo al Partido a integrar nuevos problemas y proponer otras políticas que fueron incorporadas al programa partidario en 1938.7 Entre ellas, se encontraban la planificación económica, la creación de sociedades mixtas y el aliento al crecimiento industrial. En cambio, los socialistas mantuvieron sus prevenciones frente al proteccionismo industrial y ratificaron su ortodoxia monetaria. En la segunda posguerra, los socialistas debieron posicionarse frente a las reformas económicas peronistas y los nuevos fenómenos que, como la industrialización, la crisis del sector externo y la inflación, ponían de manifiesto las transformaciones estructurales de la economía local.
A partir de una exploración de la prensa partidaria, libros y folletos editados por el Partido y dirigentes mencionados, analizamos los cambios en las concepciones socialistas, sus fuentes intelectuales y las interpretaciones sobre las coyunturas que atravesó la economía durante el primer peronismo. Específicamente, estudiamos el problema de la planificación y el intervencionismo estatal, las políticas monetarias y crediticias, y las medidas asociadas con la redistribución del ingreso y el incremento de los salarios reales. Estas problemáticas recibieron la mayor atención por parte de los socialistas, lo que pone de manifiesto los cambios y continuidades en el pensamiento económico del Partido. Las posturas de los dirigentes e intelectuales revelaron las tensiones entre sus posiciones en el Partido, los saberes adquiridos en torno a las cuestiones económicas en diálogo con los cambios en el movimiento socialista europeo, y los debates sobre el papel del Estado, la planificación, las políticas económicas y de ingresos durante la década peronista.
En la última década, la historiografía sobre el Partido Socialista ha sufrido una intensa renovación, avanzando en el análisis de las complejas relaciones entre esa fuerza política y el peronismo. De esta forma, los estudiosos han abordado cuestiones como el papel de los dirigentes socialistas en el movimiento obrero, las conflictivas relaciones entre la dirigencia socialista y la élite peronista, y las tensiones internas que produjo la pérdida de la representación parlamentaria nacional.8 En el plano de las ideas, Osvaldo Graciano realizó los primeros análisis sobre las posturas de los socialistas frente a la economía peronista.9 El autor sostiene que el estudio de los problemas económicos del país conformaba una tarea de larga raigambre y una práctica sistemática en el campo de las izquierdas. Además, Graciano afirma que esta prolífica producción intelectual constituyó a los partidos de izquierda en “lugares de producción de un conocimiento económico que resultó constitutivo de sus prácticas y tácticas políticas”.10 De esta manera, interpreta que el análisis económico del peronismo fue particularmente relevante a la hora de la definición de la estrategia partidaria socialista.
En este artículo pretendemos revisitar el tema con el propósito de analizar las posturas socialistas en el marco de las controversias económicas de las décadas de 1940 y 1950. La crítica socialista al peronismo apuntó a cuestionar el impacto de las políticas de ingresos y a disputar, en el plano de las ideas, las políticas intervencionistas y planificadoras. La labor intelectual de los dirigentes socialistas cuestionó así los principios económicos sobre los cuales el peronismo quería consolidar su legitimidad en la lucha política, en un momento en que la ideología peronista estaba en un proceso temprano de consolidación.11
Este artículo se organiza en dos apartados. El primero presenta brevemente las posturas del Partido Socialista frente al golpe militar de 1943 y el nacimiento del peronismo, así como sus estrategias durante el primer gobierno de Perón (1946-1952). El segundo tiene como objetivo analizar las ideas económicas partidarias entre las décadas de 1930 y 1950; ante todo, abordamos la renovación de las ideas económicas del socialismo en la década de 1930 y seguidamente analizamos las críticas de los dirigentes e intelectuales del Partido a las políticas peronistas. Allí estudiamos los análisis de los socialistas sobre la planificación peronista, las políticas monetarias y fiscales, y el problema de la redistribución del ingreso. Finalmente, presentamos algunas consideraciones sobre el lugar del análisis económico en la estrategia del Partido frente al peronismo.
El Partido Socialista frente al golpe militar y el peronismo
En junio de 1943, un golpe militar organizado por una logia de coroneles derrocó al gobierno de Ramón Castillo y puso fin al régimen neoconservador instaurado en 1932. La caída de este régimen, basado en la manipulación del sufragio, fue recibida con expectativa por parte de las fuerzas políticas opositoras. La Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, entre otros, tuvieron inicialmente posiciones de cautela frente al derrocamiento del presidente Castillo, al que acusaban de restaurar el fraude electoral y mantener una posición neutralista frente a la Segunda Guerra Mundial que apenas ocultaba su simpatía con las potencias del Eje. Sin embargo, la esperanza de que la intervención militar diera lugar a la reimplantación del sufragio libre y un acercamiento a los Estados Unidos y los aliados se disipó muy pronto. La lucha interna entre facciones militares y la confusión inicial sobre la orientación del nuevo gobierno militar dieron paso a posturas más definidas, de clara matriz autoritaria, social-católica y neutralista. A fines de 1943, la prohibición de la actividad de los partidos políticos, la censura impuesta a las radios y la prensa, y la implantación de la enseñanza religiosa en la escuela pública culminó un proceso de definiciones políticas. Meses antes, la represión del comunismo y de un sector del movimiento obrero había atizado el enfrentamiento entre las fuerzas de izquierda y el gobierno del general Pedro Ramírez.
En ese contexto, el Partido Socialista construyó una caracterización del gobierno militar como una prolongación de los regímenes fascistas europeos. Esta identificación se proyectó luego a la caracterización del peronismo. De esta manera, en 1946, Américo Ghioldi sostuvo “la Argentina parece ser la cabeza de futuras operaciones de nuevos planes internacionales de las fuerzas derrotadas en la Guerra […] Al defender la causa de la libertad para nosotros promovemos también la defensa de la libertad en el continente en los años venideros”.12
Para Ghioldi el fascismo debía ser interpretado como una aceleración de la fuerza animal, de lo irracional, la manifestación de una enfermedad del cuerpo social. El exdiputado y otros dirigentes como Repetto sostuvieron que el peronismo era una mezcla de formas y modelos extranjeros, los totalitarismos europeos, con la reaparición de las corrientes nacionalistas locales, que reivindicaban la figura del gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas como un caudillo nacionalista y autoritario que había combatido a los grupos unitarios y liberales entre 1829 y 1852. Esta interpretación conducía a Ghioldi a definir la coyuntura de 1946 como un momento de “restauración rositotalitaria”.13
En su análisis del Partido, Carlos Herrera ha mostrado que las posturas del socialismo frente al peronismo fueron modificándose no solo como consecuencia de sus conflictivas relaciones con el gobierno de Perón, sino también por las controversias que se registraban en el interior partidario. Los primeros tiempos estuvieron marcados por la derrota socialista en las elecciones de 1946 y la pérdida de representación parlamentaria. Además, el gobierno adoptó una política muy dura frente al Partido Socialista. Si bien el proceso distó de ser lineal, la limitación de las libertades públicas y la censura impuesta a los medios opositores impactaron fuertemente sobre el Partido que había concentrado su actividad en la movilización y la discusión en la esfera pública. La represión policial de los actos partidarios y la clausura de La Vanguardia (1947) conformaron momentos decisivos. Como ha mostrado Herrera, hacia 1950 se consolidó en el Partido la “hipótesis de Ghioldi”: la caracterización del peronismo como fascismo e incluso como totalitarismo. Esta interpretación se basaba en factores psicológicos antes que en un análisis histórico de la experiencia peronista. Es por ello que Herrera sostiene que la caracterización del peronismo como fascismo o totalitarismo conformaba un uso polémico antes que analítico de esas categorías. La interpretación totalitaria del peronismo se convirtió en la base de la estrategia de la dirección partidaria.14 Para 1951, cuando Perón logró la reelección presidencial, el socialismo, con la excepción de los pequeños grupos liderados por Enrique Dickmann y Dardo Cúneo, que serían expulsados de sus filas en esos años, se involucró en las conspiraciones militares que se propusieron derrocarlo.15
Las posturas económicas del Partido Socialista
De la Gran Depresión a la Guerra
Las relaciones entre los partidos socialistas y los Estados nacionales habían sido (y continuarían siendo) complejas, contradictorias y en permanente reconfiguración tanto en el plano del debate teórico como en lo concerniente a las políticas públicas. La Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión inauguraron una nueva etapa en las concepciones sobre el papel del Estado en la economía en el movimiento socialista europeo; el Estado no debía ser concebido como instrumento de dominación de la burguesía sino que constituía un complejo de instituciones, agencias e instrumentos que permitían avanzar en reformas estructurales con la participación de la clase trabajadora, los sindicatos y los sectores medios.16 La emergencia de economistas y expertos de la planificación se acentuó con los efectos de la crisis. Especialmente relevante fue la influencia del belga Henri De Man,17 quien formuló junto con un equipo de expertos un Plan du Travail que se propuso la creación de una economía mixta y planificada como un sendero para estabilizar la democracia y alentar la transición al socialismo.18 Aunque finalmente el Plan fue aplicado parcialmente, en parte por la desconfianza que algunas de sus propuestas despertaban en el líder del Partido Obrero Belga, Emile Vandervelde, su propuesta, junto con las de otros economistas alemanes y británicos, tuvieron una gran influencia en el movimiento socialista internacional.
El Partido Socialista en la Argentina no escapó a la reformulación del papel del Estado. En el plano de las concepciones económicas, si bien pueden encontrarse antecedentes en la primera posguerra, los cambios más apreciables se produjeron luego de la crisis mundial. Entonces, un pequeño grupo de intelectuales entre los que se destacaron Bogliolo y José Luis Pena, propiciaron una renovación ideológica apoyados en las nuevas corrientes favorables a la planificación y la intervención del Estado en la economía.19 En este sentido, una intervención clave de esta corriente fue la publicación de La economía colectiva en 1932. En ese libro, Bogliolo sostuvo que, en el contexto de la crisis capitalista, “las conquistas de la democracia van llegando a su máximo dentro de la organización social actual”.20 Los grandes adelantos tecnológicos, la alta desocupación en las economías industrializadas y la pobreza predominante en buena parte de la población del mundo establecían las condiciones para iniciar las transformaciones en el orden social. En consecuencia, el Partido debía acelerar su marcha. La democracia socialista requería “crear los órganos capaces de liquidar los restos de la vieja sociedad y para dar el paso a la nueva sociedad socialista”.21 Para ello, era imprescindible preparar a las clases trabajadoras y los recursos técnicos para una nueva etapa: la democracia socialista. Frente a la racionalización capitalista, resultaba imprescindible la planificación. Inspirado en las ideas de De Man y de economistas socialdemócratas alemanes y laboristas británicos, Bogliolo proponía la planificación de la economía mediante la creación de una Comisión de Planes Económicos que, integrada por representantes del Estado, los consumidores, los sindicatos y las universidades, elaborara planes de expansión y racionalización de la producción y el comercio, y de incremento de la capacidad de consumo de las masas. Considerando las particularidades de la economía argentina en la que el sector agrario exportador continuaba teniendo una importancia crucial en la generación del ingreso, las propuestas de Bogliolo ponían el acento en una planificación del comercio exterior, que debía ser fomentado mediante convenios comerciales y la eliminación de las políticas que lo dificultaban, especialmente el proteccionismo. En cambio, consideraba impensable cerrar la economía, ya que un mercado interno de solo once millones de habitantes no podía consumir lo que el país producía.22 Siguiendo las propuestas de la Internacional Socialista, proponía la reducción de la jornada laboral, el seguro contra la desocupación, las vacaciones pagas y la regulación del mercado de trabajo. Esta planificación socialista era pensada como parte de una planificación mundial, imprescindible para salir de la crisis del capitalismo.
En esee texto, pero también en intervenciones de otros dirigentes como Alfredo Palacios, Julio Víctor González y Emilio Dickmann, la crítica al capital extranjero y al accionar de los monopolios en el campo y las ciudades se convirtió en un problema clave para los socialistas.23 Al final de la década, estas propuestas se incorporaron al programa del Partido. En efecto, el 24° Congreso Socialista de 1938 propondría, junto con el mantenimiento de la ortodoxia monetaria y la reforma agraria, la planificación económica, la nacionalización de las grandes empresas de servicios públicos controladas por el capital extranjero y la explotación fiscal del petróleo.24
La historiografía ha discutido hasta qué punto esta corriente favorable a la planificación e intervención estatal influyó sobre la dirigencia partidaria, y cómo durante la Segunda Guerra la estrategia del Partido se reorientó a la defensa de la democracia, la lucha contra los fascismos y la apelación a la ciudadanía antes que a la clase trabajadora.25 Ambos programas no eran incompatibles ya que la planificación servía también para movilizar el apoyo de amplios sectores sociales, pero el predominio de la defensa de la democracia y las libertades públicas colocó las nuevas propuestas económicas en un segundo plano.
En cualquier caso, las cuestiones económicas continuaron concitando la atención de los socialistas. Así, por ejemplo, el inicio de la Segunda Guerra enfrentó a la economía argentina a una compleja coyuntura, con las dificultades para la exportación de cereales y la amenaza del impacto recesivo del cierre de los mercados externos. En noviembre de 1940, el gobierno a cargo del vicepresidente Castillo respondió con el Plan de Reactivación Económica, elaborado por Federico Pinedo y Raúl Prébisch.26 La coyuntura se presentaba como grave pero el Plan no fracasó por sus contenidos, que fueron discutidos en el Parlamento, sino por la crisis política desatada por la restauración del fraude electoral. No obstante, el Plan de Reactivación Económica recibió la crítica del Partido. El Grupo Parlamentario Socialista rechazó el programa de financiamiento por el otorgamiento de poderes especiales al Poder Ejecutivo y el peligro de una excesiva emisión monetaria que se traduciría en inflación. También censuró las reformas previstas en el Banco Central. Por el contrario, reclamó la reducción del déficit fiscal, el financiamiento de la adquisición de cosechas por medio del margen de cambios, la colocación de un empréstito y el uso de los fondos destinados al pago de la deuda externa. Al mismo tiempo, relanzó sus propuestas de incremento de los impuestos a la renta, una ley de salario mínimo, la rebaja de los arrendamientos rurales y la aplicación de la ley de colonización.27
En el aspecto industrial, el Partido mantuvo su oposición al proteccionismo y rechazó la propuesta de crear un sistema crediticio para la industria. Consideró que la Guerra crearía las condiciones para el surgimiento de la “industria sana” sin recurrir al emisionismo, y reclamó la intensificación del comercio exterior “entorpecido por los espurios intereses proteccionistas”.28 No obstante, el senador Palacios propuso la elevación de aranceles para brindar seguridad a la industria en la posguerra. De esta manera, recogía la crítica que Pena había realizado a la postura librecambista en su libro ¿Patrón oro y librecambio?, publicado en 1936.29
En realidad, los socialistas habían comenzado a sostener posturas algo matizadas en torno a la cuestión industrial en la década de 1930. El proceso de sustitución de importaciones liderado por ramas de mano de obra intensivas había conducido a revaluar el papel de la industria. Si bien el Partido no abandonó el ideal librecambista, la dirigencia analizó los problemas del empleo industrial y la distribución del ingreso. Así, por ejemplo, frente a la primera crisis textil de 1938, Repetto sostuvo en el Parlamento que las causas residían en la sobreproducción local de “industriales improvisados”, pero también de maniobras de dumping de países como Japón e Italia, y de la reducida capacidad de consumo de la clase trabajadora.30
A pesar de estos matices, la perduración de esta postura contraria al cierre de la economía se expresó en un nuevo ensayo de Bogliolo sobre la planificación; en 1945 afirmó que el proteccionismo era nocivo para el futuro de las exportaciones tradicionales y que, al mismo tiempo, implicaba fomentar la industria por medio de “la eterna explotación de la interna capacidad adquisitiva de las masas”.31
Otras problemáticas que recibieron la atención de los socialistas durante esos años fueron las cuestiones monetarias y fiscales. En 1942, frente a una iniciativa del gobierno de Castillo de creación de nuevos impuestos, entre los que se destacaba un tributo móvil a las exportaciones, los socialistas reclamaron la eliminación de los gastos fiscales excesivos, la introducción de los impuestos directos y el rechazo a la ampliación de facultades monetarias del Banco Central, que consideraban como resultado de las “corrientes papelistas imperantes en los ambientes políticos del país”.32
En 1945, Bogliolo retomó sus propuestas de 1932 y propuso un amplio programa de intervención estatal:
un Consejo Económico Nacional daría las directivas generales así como los elementos indispensables de cada región y del país. Un instituto central de crédito pondría al servicio de la magna empresa las sumas requeridas. Una Junta del Comercio Exterior sabría adoptar las medidas para la colocación de nuestros productos y la adquisición de los extranjeros. El organismo nacional de seguros permitiría manejar ese ramo de la economía. Y, controles adecuados para el comercio interior y los servicios públicos darían la posibilidad de mantener el abastecimiento de productos y servicios a precios y condiciones satisfactorias.33
El examen de la economía peronista
Los proyectos de Bogliolo parecían anticipar las iniciativas que tomaría el gobierno de Perón con la nacionalización del Banco Central y los depósitos, la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), la nacionalización de empresas de servicios públicos y la constitución del Instituto Mixto Argentino de Reaseguros (IMAR). Sin embargo, la distancia entre las propuestas de Bogliolo y las del nuevo gobierno era considerable. Si bien el clima de ideas mundial era favorable a la planificación estatal para garantizar el pleno empleo y el crecimiento económico, se trataba de la confluencia de dos tradiciones ideológicas con fundamentos diferentes. La planificación del gobierno de Perón articulaba contenidos del corporativismo, el pensamiento social católico y los economistas keynesianos. En contraste, los socialistas retomaban el ideario de los economistas socialdemócratas. En especial, las políticas del gobierno laborista de Clement Attlee fueron observadas con gran expectativa en el movimiento socialista internacional. El avance de las nacionalizaciones en diversos sectores e industrias, los problemas de organización bajo control estatal y de representantes obreros, y las dificultades de la planificación laborista conformaron una experiencia fundamental.34 En 1951, la Internacional Socialista reunida en Frankfurt sostuvo la lucha por la democracia política y económica, la planificación, la elevación del nivel de vida de la población, la reforma agraria, la industrialización y el control público o por medio de cooperativas de grandes empresas como paso para la creación de un nuevo orden social.35 Si bien ratificó la crítica al capitalismo y caracterizó al comunismo como nuevo imperialismo, el encuentro marcó la evolución de los partidos socialistas y socialdemócratas de occidente hacia el neorrevisionismo y el “atlantismo”.36
A partir de la asunción de Perón a la presidencia, en junio de 1946, el socialismo inició una etapa de intensa labor intelectual destinada a estudiar las políticas económicas del primer peronismo, sus fundamentos teóricos y sus resultados. No era esta una tarea nueva para un partido que había hecho del análisis crítico de la economía una práctica central de su labor.37
Las primeras medidas económicas tomadas incluso antes de la asunción de Perón brindaron una ocasión para reforzar la tesis del peronismo como fascismo y la política de nacionalizaciones como el avance de un modelo de capitalismo de Estado. En ocasión de decretarse la creación del IAPI, la nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios, La Vanguardia sostuvo que “los socialistas jamás hemos creído que bastaba poner en manos del Estado la propiedad de los medios de producción para considerar cumplido su ideal. Al contrario, saben que si ese Estado no es fruto de la evolución democrática sino de la creación de una camarilla inescrupulosa, el resultado será la dictadura, un régimen totalitario”.38 Frente a la política de estatizaciones, los socialistas propusieron la socialización, a través del cooperativismo que hacía “posible la socialización indefinida de las empresas económicas sin comprometer las libertades públicas”.39 Estas concepciones -tributarias de la influencia de los socialismos belga y francés- constituían el sendero para eludir los riesgos del control estatal de las empresas.40 Por cierto, la discusión sobre cómo organizar los servicios e industrias no estaba del todo saldada, incluso en aquellos gobiernos que el Partido Socialista observaba como modelos de “planificación democrática”: la experiencia laborista británica.41
La instauración por decreto 15349/46 de un régimen de sociedades mixtas tampoco recibió el apoyo del Partido. Los socialistas habían sido pioneros en el intento de sancionar una ley que posibilitara la creación de este tipo de sociedades. En efecto, en 1932, el diputado Américo Ghioldi había presentado un proyecto de creación de un régimen legal específico con el propósito de favorecer su aplicación en el sector de las empresas de servicios públicos “ya que parece ser que es la forma que entre nosotros la economía pública penetrará a la economía privada”.42 Según los representantes socialistas, las sociedades de economía mixta conformaban una forma transicional entre la economía capitalista y la socialista, y no una figura societaria que permitía la colaboración pública y privada, como sostenía el oficialismo peronista en la segunda posguerra. El proyecto socialista de 1932 incluyó una serie de prescripciones, como la definición de la sociedad como una empresa privada, la limitación del voto de los accionistas a uno sea cual fuere su participación en el capital societario, y el derecho de veto de los representantes estatales, todo lo cual parecía configurar una variante de las cooperativas. La definición de las sociedades mixtas como empresas privadas consolidaba la independencia y autonomía del Estado en “todos los aspectos: presupuestal, técnico, económico y administrativo”.43 Por tanto, eludía el peligro de la estatización, el control burocrático de las empresas y el capitalismo de Estado.44
Los socialistas no solo rechazaron la estatización como modelo, sino que también lo vincularon al equipo económico peronista integrado por los empresarios industriales Miguel Miranda y Rolando Lagomarsino como presidente del Banco Central y secretario de Industria respectivamente. Se trataba de la consolidación de una “nueva oligarquía” que, junto con el predominio de “las corporaciones de economistas católicos en el Ministerio de Agricultura” y el desplazamiento de los laboristas, confirmaba la naturaleza reaccionaria del peronismo.45 Siguiendo el análisis del Partido, Bogliolo consideró que “el hecho peronista” conformaba un brote totalitario conducido por el Ejército y la Iglesia Católica. “Los nuevos dueños del Estado”, entre los que se ubicaban los empresarios industriales que adherían al peronismo, constituían sectores capitalistas reaccionarios que se ensañaban contra el socialismo y el “movimiento obrero libre”.46
Las primeras medidas tomadas por el gobierno de Perón para luchar contra la inflación, como la “Campaña de los 60 días” que empleó a la Policía Federal para sancionar a los infractores, alentaba a Bogliolo preguntarse si “¿Es esa la ‘política económica’, impuesta a puntapiés, la clase de ‘política obrerista’, que duplica las ganancias capitalistas de las grandes empresas?”. En su análisis, el economista sostenía que los principales beneficiarios eran los grandes industriales. La participación obrera en el nuevo movimiento era solo “una expresión degenerada de la conciencia anticapitalista de la masa proletaria”.47
Cuando en octubre de 1946, Perón presentó el Plan Quinquenal, el Partido Socialista halló una ocasión para discutir las ideas económicas del peronismo. A diferencia del Partido Comunista, que encontró algunas dimensiones positivas en el Plan, como por ejemplo su énfasis en el desarrollo de la siderurgia, el Partido Socialista lo censuró severamente.48 El análisis partía de reafirmar la caracterización del peronismo como una experiencia fascista.49 En un acto organizado por la Junta Metropolitana, los socialistas interpretaron que la “política ultraproteccionista” de industrialización y los preparativos militares tenían como objetivo “la marcha hacia la autarquía o la integración de algún espacio o territorio económico, tal como lo concebían los partidarios de las teorías mussolinianas o hitleristas de nuevo orden”.50 Repetto lo condenó por “su tendencia totalitaria y su propósito de preparar y llevar el país a la guerra”.51 Esta lectura del Plan estaba emparentada más al imaginario socialista del peronismo como fascismo que a un análisis económico de los proyectos oficiales.
No obstante, la crítica a la planificación peronista tuvo también una dimensión teórica. La planificación era, según los dirigentes partidarios, necesaria y deseable. Por tanto, rechazaban de plano las críticas de raíz neoclásica que sostenían algunos economistas y los círculos empresarios ajenos a la industria. Bogliolo incluso recusó las críticas liberales a la planificación, al publicar un primer y original análisis sobre las ideas de Friedrich Hayek, un economista de la escuela austríaca que en The Road to Serfdom (1944) argumentó contra la intervención del Estado y sostuvo la tesis de la incompatibilidad entre democracia y planificación. En su libro, Bogliolo rechazó la tesis de Hayek sobre la inexistencia de una vía intermedia entre la planificación centralizada y el libre mercado. Por el contrario, sostuvo que la planificación democrática y socialista era opuesta a la planificación totalitaria: “[…] ni el nazifascismo ni el comunismo ruso ni el Consejo Nacional de Posguerra Argentino pueden confundirse con el socialismo democrático”.52 Para el economista, la planificación bajo una dictadura era solo un capitalismo de Estado, “‘socialización’ del trabajo y del trabajador por una camarilla adueñada del poder”. El nuevo gobierno no tenía planificación sino una política económica “infantil e inescrupulosa” que conduciría a la crisis. La “justicia social” era solo una parodia, considerando la caída de la producción y la elevación de los precios.
La prédica a favor de la planificación no desapareció del repertorio socialista, aunque como veremos quedará opacada por el tratamiento de los nuevos problemas macroeconómicos. Al comienzo de la década de 1950, Bogliolo retornará a la propuesta de una planificación democrática opuesta a la “planificación totalitaria”. Entonces, los socialistas habían reforzado su condena a los totalitarismos, incluido el comunismo.53 El economista reclamaba al socialismo y a las fuerzas opositoras la elaboración de una planificación bien estudiada. Poco antes, en 1948, el triunfo de la corriente intransigente había conducido a la Unión Cívica Radical a adoptar el Programa de Avellaneda de 1945 y las Bases de Acción Política de 1947, en donde se proponía un plan de nacionalizaciones y control público de vastos sectores de la economía, una “reforma agraria inmediata y profunda”, y la “democratización industrial”.54 En una crítica apenas velada hacia este giro ideológico del principal partido opositor, Bogliolo sostuvo que “hay que trazar un plan concreto y tener el ánimo listo para llevarlo a la práctica. Si no todo es declamación”.55 Con excepción de grupos conservadores liderados por Reynaldo Pastor y Federico Pinedo, la planificación era reivindicada por la mayoría de las fuerzas políticas.
Junto con el problema de la planificación, la crítica económica al peronismo se basaría en el tratamiento de las políticas monetarias y financieras, y de sus efectos sobre la distribución del ingreso. En los dos planos, el diagnóstico socialista adquirió mayor densidad y se consolidaría en los primeros meses de la nueva administración. En lo relativo a las políticas monetarias y fiscales, muy pronto los socialistas acusaron al gobierno de conducir al país a la bancarrota. Las políticas expansivas eran la causa de una inflación monetaria que, aunque todavía no podía percibirse, tendría efectos muy negativos. Nada de esto era nuevo, pero la dimensión del incremento del gasto público, el endeudamiento y los fines improductivos que tenían las políticas peronistas perjudicarían a los asalariados. Tan temprano como en 1947, advertían que sobrevendrían años de “vacas flacas”.56
En mayo de 1948, Ghioldi señaló la gravedad de la “crisis de divisas” que “obliga a restringir las importaciones”. El dirigente socialista subrayaba que la crisis era resultado de “una planificación sin plan”. Discutiendo el análisis oficial, el exdiputado sostuvo que los gastos públicos crecían a mayor ritmo que la renta nacional y, por lo tanto, eran el origen de la inflación local. El ascenso de los precios no constituía el resultado del desequilibrio temporal entre oferta y demanda, como argumentaba Miranda, sino el resultado de la emisión monetaria.
Ghioldi rechazaba también la esperanza de algunos miembros del gabinete de Perón en que las compras de alimentos argentinos en el marco del Plan Marshall constituirían una “tabla de salvación” para la economía argentina. Según Ghioldi, el plan se basaría en la compra de alimentos norteamericanos y a precios cercanos a los internacionales, lo que impediría al IAPI colocar la producción exportable.57 Este diagnóstico anticipó la evolución de la economía argentina, ya que para fines de 1948 se afrontaría una aguda crisis de balanza de pagos y se esfumaría la esperanza de las compras de los Estados Unidos.
¿Cuáles eran los objetivos de la política oficial? Según Ghioldi, “una inflación deliberada para los gastos en defensa militar y como estímulo a un industrialismo de bases artificiales”, una “autarquía, cuyo ideal consiste en no importar nada”.58 El talón de Aquiles era la crisis de divisas y ello había conducido al gobierno a introducir las primeras rectificaciones por parte de Miranda: el congelamiento de precios, la convocatoria a los empresarios y al capital extranjero, y el pedido a los sindicatos para impulsar una mayor productividad de la mano de obra.
El análisis más sistemático de la cuestión fue presentado por Bogliolo en su libro Política monetaria y financiera, publicado en 1949. En su estudio, Bogliolo sostenía que el peronismo continuaba y profundizaba las políticas monetarias y financieras implementadas desde 1932. Retomando las posturas que habían presentado en la década de 1930, el autor afirmaba que desde entonces los gastos públicos no paraban de crecer de manera desmedida, frente al aumento menor de la renta nacional. Para financiar los crecientes gastos, los gobiernos habían recurrido al endeudamiento público, el incremento de los impuestos y la emisión monetaria. Con Perón, los incrementos del gasto público habían alcanzado su punto más alto, y ello había sido acompañado por un mayor desmanejo presupuestario. El presupuesto presentado al Congreso no daba cuenta del incremento de los gastos, debido a las cuentas especiales, los recursos empleados en las empresas públicas, el redescuento del Banco Central y “la caja” del IAPI, entre otros. La crítica socialista revelaba la complejidad de la composición del gasto público, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para manejar y disponer de recursos, y la disminución de las atribuciones del Parlamento. Para los socialistas, la política de dinero barato beneficiaba a la “nueva oligarquía”, en detrimento de los asalariados.
El destino de esos recursos extraídos de la comunidad no podía ser más negativo. Según Bogliolo, predominaban los gastos improductivos; para 1948, el 50% era destinado a fines militares y políticos; un 28% a los “gastos técnico-burocráticos, y el 9% a la creciente deuda pública.59 El 13% restante era destinado al Ministerio de Instrucción Pública.
La expansión del gasto público había sido propiciada durante el período de Miranda con el argumento de que venía a evitar la deflación y la desocupación. Sin embargo, como observaba Bogliolo, el impulso del gasto lejos de ser anticíclico había atizado la inflación y “la carrera entre precios y salarios”:
El uso de los dineros públicos para estimular la producción y la ocupación es aconsejado en momentos de crisis cíclica. Cuando toda la actividad se paraliza se explica la inyección estatal. Pero en nuestro país, desde 1943, la ocupación es total. La producción llega al máximo y los medios de pago sobran. El gobierno en vez de aprovechar las enormes entradas de excedentes para amortizar realmente la deuda pública y prepararse para cuando efectivamente llegase la crisis económica, aumentó sus gastos, aumentó la circulación monetaria, siguió una política bancaria expansionista y provocó males mayores que los esperados.60
Si bien podía dudarse de que en 1943 la economía argentina hubiera alcanzado ese nivel de actividad, el impulso fiscal y monetario entre 1946 y 1949 había alcanzado niveles sin precedentes y difíciles de justificar desde una perspectiva heterodoxa o keynesiana.
El espectacular aumento del gasto público se había financiado por medio de la emisión monetaria, el aumento de la deuda pública (con la colocación de títulos en las Cajas de Jubilación recientemente creadas) y de los impuestos. Los socialistas rechazaban estas políticas expansivas. Incluso cuestionaban el incremento de la presión impositiva, a pesar de que el sistema impositivo había mejorado su progresividad, ya que hacia 1948 los recursos provenientes de los tributos directos superaban por primera vez en el siglo XX a los originados en los impuestos indirectos que recaían sobre los consumidores y asalariados.61 La mejora en la progresividad del sistema impositivo no era problematizada en los documentos socialistas a pesar de que el Partido había sostenido históricamente la necesidad de una amplia y progresiva reforma impositiva.
La renuncia de Miranda y la nueva política económica implementada por el equipo de Alfredo Gómez Morales no atenuaron las críticas de los socialistas. En 1951, Bogliolo publicó otro libro dedicado al estudio de la cuestión. Como en su trabajo previo, allí sostenía la ortodoxia monetaria oficial del Partido. Al mismo tiempo, recusó los supuestos fundamentos de la política peronista. Empleando referencias de John Maynard Keynes y Hjalmar Schacht, el presidente del Reichsbank y ministro de Economía de Hitler hasta 1937, rechazaba las políticas monetarias expansivas que estaban acelerando la pérdida de valor del peso. Ni Keynes ni Schacht se habían apartado de la doctrina monetaria que objetaba las fluctuaciones de su valor por sus efectos redistributivos negativos. En cambio, el equipo económico peronista afirmaba que las políticas fiscales y monetarias servían como instrumento de redistribución. Además, con la reforma monetaria de 1949, por medio de la Ley 13571 que estableció la suspensión de la obligatoriedad del Banco Central de mantener reservas en oro y divisas por el 25% del circulante, el gobierno peronista rompía con el último dique contra la emisión descontrolada. Más interesante aún, Bogliolo describía con agudeza los efectos de la inflación, que creaba inicialmente la ilusión de riqueza para mostrar luego sus efectos regresivos, en especial para los asalariados.62
La crítica a las políticas expansivas iba acompañada de un análisis de la evolución de la renta nacional que mostraba cómo crecía lentamente. Si el autor reconocía, con fuentes diversas, un crecimiento industrial importante, el aumento no había sido mayor que durante la década de 1930. El crecimiento no se debía a las políticas expansivas, como argumentaba Gómez Morales en su libro.63
El planteo de Bogliolo era “detengamos la inflación” mediante una política de estabilización. La inflación todavía no mostraba su peor rostro: algunos seguían ganando mientras otros perdían, pero terminaría perjudicando a todos los sectores económicos. Había que evitar la “hiperinflación”. Para ello, la Argentina necesitaba ajustar los gastos a los ingresos públicos y no emitir moneda: “Con una década de prosperidad podremos dar valor firme a nuestro peso. […] Solo necesitamos tener un ministro de Hacienda que no emita billetes y, si fuera capaz de colocarse a la altura de un Terry, podría quemar unos cuantos millones”.64
Los resultados de las políticas fiscales expansivas desmentían la propaganda oficial en relación con la redistribución de los ingresos. Este tema ocupaba desde mediados de la década de 1940 un lugar central en el análisis de los socialistas. En 1946, Bogliolo había publicado un breve estudio de la evolución de las condiciones de vida durante la Guerra. De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 1939 y 1945, los precios habían ascendido un 111%, pero el economista estimaba que los salarios se habían incrementado en apenas un 30%. Solo el aumento del número de miembros de la familia empleados permitía a las familias no percibir el fenómeno y creer en el incremento de los ingresos. Para Bogliolo, era claro que la política de aumentos salariales en un período de desorden monetario y financiero aseguraba el deterioro de los salarios reales.65 De esta forma, los socialistas refutaban la propaganda de la Secretaría de Trabajo y Previsión y la proclamada identificación del coronel Perón con la “justicia social”. La estimación de los socialistas se acercaba más a la evolución real de los salarios en la Capital Federal durante la guerra que, a pesar del apoyo oficial a las reivindicaciones de los trabajadores a partir de 1943, solo había registrado una parcial recuperación de lo perdido en los años iniciales de la Guerra.66
A fines de la década de 1940, en una coyuntura marcada por la crisis del sector externo y la aceleración de la inflación, Bogliolo retomó la cuestión. Empleando cifras y estadísticas oficiales, mostraba que los asalariados no habían ganado poder de compra; mientras que entre 1945 y 1947 el costo de vida había aumentado un 63%, los salarios habían aumentado un 66%, lo que explicaba las constantes huelgas y reclamos salariales de los trabajadores. Más allá de las cifras, parece claro que las conclusiones que derivaba de las estadísticas oficiales, “aceptando que los datos sean fidedignos”, no reflejaban el proceso redistributivo. Según Bogliolo: “El pueblo no puede ir ya a una confitería, a un café, a una peluquería ni comprar un diario o una revista, un útil para el colegio, un juguete, un libro sin comprobar que todo cuesta el triple. Eso lo sabe el pueblo y no necesita discursos oficiales para consolarlo”.67
El economista identificaba otro sector social entre los más perjudicados por el incremento de la inflación a fines de la década de 1940. Se trataba de un segmento de las clases medias integrado por “jubilados, pequeños rentistas, profesores, profesionales modestos”. Estos sectores no podían defenderse de la inflación que, para los socialistas, era alentada por el gobierno para favorecer a los industriales y las casas exportadoras de la producción primaria.68
A comienzos de la década de 1950, Bogliolo abonó nuevas evidencias a la hipótesis socialista del deterioro de los salarios durante el peronismo. Sostuvo que la masa de salarios y sueldos representaba el mismo porcentaje que en 1944, mostrando que no se había modificado el patrón distributivo del país: “la situación obrera, en materia de salarios, poco ha variado”. Esta evolución permitía comprender los orígenes económicos de las huelgas reprimidas por el peronismo. Y aunque reconocía, por primera vez, el mejor cumplimiento de las leyes laborales, recordaba que el precio pagado era muy alto: el sometimiento de los sindicatos al Estado.69
En abril de 1953, el 39° Congreso partidario reunido en Mar del Plata emitió una resolución en la que ratificó su análisis económico: los precios seguían aumentando por encima de los salarios y solo la plena ocupación había ofrecido el recurso a la clase trabajadora para cubrir el costo de la vida mediante el empleo de varios miembros de la familia. Empero la crisis de 1952-1953 estaba provocando cierre de fábricas y desocupación, lo que hacía más dramática la situación de los trabajadores. Para frenar la inflación, el Partido reclamó la reducción de los gastos públicos, el incremento de los salarios y la sanción de una ley de salario móvil de “acuerdo a las necesidades y características de cada zona”.70
Un año más tarde, en junio de 1954, luego de la lucha desatada por los sindicatos para la renovación de los convenios colectivos, el Partido consideró crítico el estado de los salarios reales y reclamó un aumento general “sin dilación”. Al mismo tiempo, calificó al peronismo de una contrarrevolución institucional y económica, recordando a los trabajadores que los aumentos de salarios tenían como límite la disminución de los beneficios. Ese límite era el del peronismo. Solo el socialismo constituía la fuerza política capaz de emprender la “verdadera liberación”, consistente en el cambio de régimen económico por un “sistema donde el móvil de la producción sea el servicio de las necesidades de la sociedad”.71
Consideraciones finales
A partir de la construcción de un diagnóstico sobre el naciente peronismo, el socialismo analizó sus políticas económicas y su impacto sobre las condiciones de vida de los sectores populares. A pesar de la primacía asignada a la dimensión política por parte del Partido y la consolidación de su identidad como una fuerza democrática y liberal, la crítica económica continuó siendo central en la definición de las estrategias partidarias.
Las políticas monetarias y fiscales peronistas fueron inicialmente muy expansivas. Al mismo tiempo, el peronismo proclamó como sus objetivos la redistribución del ingreso y el control nacional de varios sectores de la economía que consideraba estratégicos: las finanzas, los servicios públicos y el comercio exterior. Estas ideas no eran una innovación del peronismo ni constituían una novedad en el escenario de las economías occidentales, más bien respondían a un clima de época y a las reformas económicas que se estaban imponiendo como respuesta a los problemas del capitalismo en las economías centrales en la segunda posguerra.
Los socialistas habían presenciado una renovación ideológica considerable en la década de 1930, incorporando las ideas de la planificación, la intervención y la regulación del Estado en la economía. Muchas de estas y otras propuestas socialistas compartían ciertas similitudes con las que propondría el peronismo en el poder. Sin embargo, los dirigentes socialistas analizaron con dureza las políticas peronistas. Las intervenciones de los socialistas revelaban las tensiones propias del papel de los dirigentes en el Partido y de su diagnóstico sobre la naturaleza del peronismo y los saberes económicos. En el plano de las ideas, si bien los socialistas continuaban apoyando la planificación, la regulación estatal y las nacionalizaciones como instrumentos de política económica, las distancias que los separaban de las propuestas peronistas eran considerables. Por un lado, la tradición ideológica del socialismo se distanciaba de las ideas económicas del peronismo, cercanas al corporativismo y el pensamiento social-católico. En cambio, los socialistas eran partidarios de la planificación democrática y veían en las reformas del laborismo de Clement Attlee un camino deseable. Por otro lado, si bien el Partido Socialista se renovó ideológicamente a partir de los años treinta, incorporando nuevos problemas y temas, mantuvo la ortodoxia en el plano monetario. Gastos públicos equilibrados y el rechazo al financiamiento monetario del déficit fiscal conformaron principios económicos que abonaron la censura a las políticas monetarias y fiscales aplicadas a partir de la década de 1930 y, particularmente, a las políticas muy expansivas del peronismo entre 1946 y 1949. Los socialistas criticaron la expansión del gasto público, las políticas crediticias a favor de la industria y el financiamiento de esas políticas por medio de la emisión monetaria. Por un lado, la expansión del gasto público era desaconsejable en una economía que, a juzgar por sus análisis, no presentaba problemas graves en lo relativo a la ocupación y el crecimiento. Por el otro, la emisión monetaria solo generaría la pérdida del poder de compra de los salarios. Incluso, luego del desplazamiento de Miranda, Bogliolo censuró las políticas del equipo económico y cuestionó los supuestos fundamentos keynesianos de la orientación económica de Gómez Morales.
El control del Estado sobre empresas, la apropiación estatal de parte del ingreso de los productores pampeanos y la redistribución regresiva del ingreso que, según estimaban, generarían las políticas fiscales y monetarias, fundamentaron su oposición a las políticas económicas del peronismo. Los socialistas advirtieron también los problemas de las políticas del IAPI en los mercados externos y los riesgos de la apuesta de Miranda en un contexto internacional marcado por la hegemonía de los Estados Unidos. En cambio, otras dimensiones de la economía, que habían sido tradicionalmente objeto de estudio de los socialistas, fueron menos exploradas. Así, por ejemplo, la reforma impositiva del peronismo no fue tematizada, a pesar de la importancia que el tema fiscal tenía en el pensamiento económico del Partido. En relación con las políticas distributivas, las estimaciones socialistas de la evolución de los salarios reales no percibieron el proceso distributivo, al menos en el período 1946-1949. En realidad, desde un comienzo, los socialistas sostuvieron que el gobierno de Perón no ofrecía a la clase trabajadora ni siquiera recompensas económicas. Las críticas a la economía peronista se complementaban muy bien con la interpretación del peronismo como una “variante criolla” del fascismo.
Por cierto, la intervención de los socialistas formó parte de una discusión más amplia que involucró a economistas e ingenieros, dirigentes políticos y empresariales. En este sentido, las controversias económicas en la década de 1940 se intensificaron y encontraron diversas vías de difusión, aun en un contexto de restricciones impuestas a las libertades públicas y la prensa opositora. Las críticas del Partido Socialista a la economía peronista se apoyaron en información estadística que, más allá de su calidad, conformaron una interpretación sólida y al mismo tiempo parcial del impacto de las políticas peronistas, que incluso reclamó la atención del gobierno de Perón.
