ARTÍCULOS

PROYECTOS DE GRAN ESCALA, COMITÉS POPULARES E INTEGRACIÓN: "LOS PRECURSORES DE SALTO GRANDE"

LARGE SCALE PROJECTS, POPULAR COMMITTEES AND INTEGRATION: “PRECURSORS OF SALTO GRANDE”

 

María Rosa Catullo¹

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de La Plata. E-mail: mcatullo2000@yahoo.com.ar

Fecha de recepción: 24 de agosto de 2016 Fecha de aceptación: 21 de agosto de 2017

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RESUMEN

El presente artículo se refiere a procesos de integración regional en países del Mercosur a partir de grandes emprendimientos hidroeléctricos binacionales. En particular, analiza un "movimiento trasnacional" relacionado con la represa argentino-uruguaya de Salto Grande cuyo primer Convenio fue firmado en diciembre de 1946. En dicho Convenio se creó un ente binacional que construiría la represa, denominado Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). El trabajo se centra en la labor de los "Comités Populares" situados en las ciudades argentinas y uruguayas que bordean al río Uruguay, especialmente en la ciudad de Concordia (Argentina) y Salto (Uruguay) a favor de la concreción de la presa. Se destaca que sus integrantes fueron entrevistados por la autora durante su extenso trabajo de campo realizado en el año 1993 para su Tesis Doctoral; datos que nunca fueron utilizados con anterioridad y que merecen una relectura a la luz de la historia de la represa.

Palabras clave: integración regional - movimiento trasnacional - represa de Salto Grande -Argentina - Uruguay

ABSTRACTThis article refers to regional integration processes in Mercosur countriesfrom large binational hydroelectric enterprises. In particular, it analyzes a "transnational movement" related to the Argentine-Uruguayan Salto Grande dam whose first agreement was signed in December 1946.
In that agreement a binational entity that would build the dam, called Technical Commission of Salto Grande (CTM), was established. Thispaper focuses on the workof the ''popular committess" located in the Argentine and Uruguayan cities bordering the river Uruguay, especially in the city of Concordia (Argentina) and Salto (Uruguay) for the realization of the dam. It is important to note that its informants were interviewed by the author during her extensive fieldwork conducted in 1993 for her Doctoral Thesis. Context in which it presents infomation that were never used before and that deserve a reinterpretation in light of the history of the dam.

Keywords: regional integration - transnational movement - Salto Grande dam - Argentina -Uruguay

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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo nos centramos en procesos de integración regional en países del Mer-cosur a partir de grandes emprendimientos hidroeléctricos binacionales, especialmente situados en la Cuenca del Plata. Ésta está conformada por el sureste de Bolivia, Paraguay, este de Brasil, este de Uruguay y centro y este de Argentina. Las dos cuencas más importantes son la del río Paraná y la del Uruguay, en la cual nos focalizamos.

Se aclara que para la producción de la Tesis doctoral sobre la que se basa este trabajo, se realizó un estudio comparativo de los procesos de relocalización de las ciudades de Nueva Federación (Argentina) y Villa Constitución (Uruguay), producto de la construcción de la represa binacional de Salto Grande. Se tomó en cuenta el marco sociopolítico y jurídico de ambos países y de la propia represa y se desarrolló, en consecuencia, una etnografia multilocal (Marcus y Fischer, 1986:90-95), para entender la relevancia de la participación de los actores sociales locales, regionales, nacionales e internacionales en tales procesos de relocalización. El trabajo de campo se efectuó en el año 1993, durante 9 meses, y fue en varias ciudades argentinas y uruguayas, centrándose en Nueva Federación en la margen argentina y Villa Constitución en la margen uruguaya. Así, tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo de los denominados "precursores de Salto Grande", en particular de las ciudades de Concordia (Argentina) y de Salto (Uruguay), a partir de informantes regionales y de la historia oral y escrita de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. En este trabajo se explicita este movimiento de integración regional, desde ambas visiones.

Estos proyectos binacionales se sitúan en áreas de fronteras, y en ellas existen diferentes tipos de relaciones, que pueden ir desde la cooperación hasta el conflicto, pero nunca son neutras.

Diferenciamos tres formas de integración. Una primera forma de integración binacional está dada por las relaciones que son definidas por los intereses de las propias poblaciones fronterizas y no son planificadas. Ejemplo de estas relaciones, que muchas veces terminan siendo conflictivas, son las luchas por la tierras entre campesinos paraguayos y los denominados por Marcia Sprandel como 'brasiguayos', en la frontera Brasil-Paraguay. Sprandel investigó extensamente estos conflictos en su Tesis de Maestría (1992) y luego en artículos posteriores (2000). Posteriormente, María Paola Ayala Godoy retomó el tema, analizando no solo las dificultades sociales, sino las diplomáticas (2014). Un segundo tipo de relación integrativa se da a través de la planificación regional que tiene por objetivo el desarrollo de la propia región fronteriza. Ejemplos de esto son las acciones de los denominados Comités de Fronteras, que están conformados por miembros de los poderes nacional y regional. Otro ejemplo es la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) que está integrada por diez delegados, cinco de Argentina y cinco de Uruguay, y que fuera constituida en febrero de 1975 (para mayores datos, consultar: www.caru.org.uy). El tercer tipo de integración, que es la que nos interesa en este trabajo, es aquella que parte de las estructuras estatales de orden nacional, las cuales deciden construir lo que el antropólogo brasileño Lins Ribeiro ha denominado Proyectos de Gran Escala (Lins Ribeiro 1985, 1987), tal el caso de la represa de Salto Grande.

CUESTIONES DE FRONTERAS

Dado que en el presente artículo se analiza una temática de fronteras, no podemos dejar de abordar el tópico -sin pretender realizar un análisis exhaustivo- sobre el cual existe una vasta bibliografía desde las Ciencias Sociales, y en particular desde la Antropología, sobre las definiciones del concepto frontera, las relaciones fronterizas, los conflictos fronterizos en países de Europa y América Latina y, en particular, de países del Mercosur.

En las últimas décadas las fronteras internacionales han sido objeto de estudio de un número cada vez mayor de investigadores de las ciencias sociales y humanas. El resultado es una diversificación de los intereses que reúne, actualmente, un número consistente de investigadores, de áreas disciplinares muy diversas, y de líneas de investigaciones más especializadas, como por ejemplo, cuestiones de movilidad, de las identidades fronterizas, entre otros.

En Europa, por ejemplo, se habla de una antropología de las fronteras, que se ha formado como una especialización de la antropología política y que comenzó a visibilizarse con los cambios políticos ocurridos a partir de la década de 1990, que llevaron a la alteración del mapa político de Europa por procesos de independencia en el este europeo y, casi simultáneamente, la eliminación de otras fronteras. Asi, podemos referirnos a la desagregación de Yugoeslavia y de la Unión Soviética, en el primer caso, y la remoción de fronteras internas entre los países de la Unión Europea, en el segundo. Un ejemplo, es el trabajo de M. F. de Amante (2014) sobre la frontera luso-española que se centra en cuestiones de seguridad.

En América Latina, también los antropólogos han trabajado sobre zonas fronterizas, a partir de las relaciones dadas por el Mercosur, es decir, desde la década de 1990. Dos de ellos han sido Gordillo y Leguizamón en sus trabajos sobre el río Pilcomayo -en la frontera entre Argentina y Paraguay, por la construcción de obras públicas (cfr. Gordillo y Leguizamón 1997; Gordillo 2000)- cuyos trabajos de campo fueron dirigidos por el colega Hugo Trinchero, quien también ha continuado trabajando en la frontera del río Pilcomayo (cfr. por ejemplo, 2004).

Son varios los autores que plantean la polisemia del término frontera y su dualidad, entre ellos, Grimson (2000) y Gordillo (2000) que ilustran con la terminología inglesa frontier y border. Gordillo y Leguizamón (2002) se refieren a la frontera del río Pilcomayo en este doble sentido: a) como frontera internacional, o sea, como límite territorial entre las juridicciones de distintos Estados-nación (border); y b) como frontera en tanto espacio de articulación entre sistemas con dinámicas socioeconómicas heterogéneas: frente de inversiones estatales y capitalistas y zona poblada mayormente de grupos indígenas (frontier) (2002:15), pero no se quedan solo con estas definiciones. Como expresa Grimson (2005) en su trabajo "Fronteras, estados e identificaciones en el Cono Sur" -donde realiza un repaso de los trabajos sobre fronteras y un estado de situación- en lugar de hacer un estudio sobre el término "frontera", los científicos sociales, y en particular los antropólogos, realizaron una diversidad de estudios sobre zonas fronterizas. En lugar de efectuar una historia semántica, hicieron una historia territorial, relacional, sociocultural, de espacios fronterizos específicos. Es decir, apelaron a la etnografía.

No se trataba solo de tematizar las fronteras estatales y, aunque había un fuerte énfasis empírico que se valoraba, tampoco se trataba de empirismo. Se trató más bien de ir a las zonas fronterizas estatales "con una perspectiva abierta que permitiera detectar y comprender no sólo la multiplicidad y mixtura de identidades, sino también sus distinciones y conflictos. No sólo las combinatorias transfronterizas, sino también las lógicas locales de disputas interfronterizas" (Grimson 2005:2). Ir a las fronteras para mostrar la contingencia e historicidad del límite no implicaba enfatizar exclusivamente sus cruces, sino también las luchas de poder y las nuevas formas de nacionalismo. En este sentido, las fronteras políticas ofrecían un territorio, especialmente productivo, no solo porque allí convivían poblaciones que supuestamente adscribían a nacionalidades diferentes, sino también porque eran espacios con peculiar interés e intervención del poder estatal.

En este sentido, podemos alegar que pensar problemas políticos y culturales desde las fronteras implicó romper con una cierta tradición, proceso que también contaba en América Latina con nuevos desarrollos -como el de García Canclini (1992) y Cardoso de Oliveira (1997)-. En el Cono Sur, las perspectivas más expandidas de las ciencias sociales tenían y tienen, fuertes características centralistas; las historias y los procesos políticos son pensados desde las grandes ciudades. Así, las fronteras, no tendrían relevancia. Sin embargo, recuperar la dimensión de agencia (Giddens 1979) de las propias poblaciones fronterizas -en lugar de universalizar su supuesta "resistencia" al Estado-nación- puede revelar que, en muchos casos, hay una dialéctica entre "arriba" y "abajo". De ese modo, las regiones de frontera a menudo tienen un impacto crítico en la formación de las naciones y de los estados. De esta manera, las comunidades fronterizas pueden ser agentes de cambios so-ciopolíticos significativos más allá de su localidad e incluso más allá de su estado (Grimson 2005:3).

Por todo lo expuesto, Grimson expone que estos científicos sociales comenzaron a sospechar que la afirmación realizada por Alvarez (1995), entre otros, de que la frontera entre México y Estados Unidos es la frontera por excelencia del mundo contemporáneo, laboratorio de todas las fronteras, era simplemente una nueva manifestación de etnocentrismo y que el estudio de otras fronteras implicaría una visión más compleja y diversa de las relaciones limítrofes.

La relevancia de esos problemas históricos surgió del propio trabajo etnográfico sobre los procesos socioculturales en las fronteras contemporáneas. Esto ha quedado plasmado en diversos trabajos (Escolar 2000; Karasik 2000; Vidal 2000) en los cuales se comenzó a concebir el estudio antropológico de las comunidades fronterizas simultáneamente como el análisis de la vida cotidiana del estado, de las poblaciones y de las relaciones entre ambas.

SIGNIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE GRAN ESCALA Y SU IMPACTO SOCIAL.

LA REPERESA DE SALTO GRANDE

La instalación de grandes represas, como la de Salto Grande, es comprendida como un Proyecto de Gran Escala (de aquí en adelante, PGE). Estos proyectos involucran aspectos complejos y multidimensionales que comprenden factores técnicos, económicos, políticos, socioculturales y ecológicos relacionados en un intrincado juego de mutuas interacciones y condicionamientos. Por sus dimensiones, dependen de grandes movimientos de capital y mano de obra y engloban la presencia de un número significativo de actores sociales (Catullo 1996:45). Entre estos actores colectivos se destacan instituciones financieras, empresas consorcistas responsables de los emprendimientos, empresas consultoras, entes gubernamentales y las poblaciones regionales y locales que ocupan las áreas destinadas a alojar las obras en cuestión (Catullo 2006:37).

Así, en torno a una gran represa se vuelve visible un mundo de empresas nacionales para tener mejores relaciones con los gobiernos, y presionar sobre gobiernos y entidades financieras para que se decida la construcción de una nueva represa. Como señala Lins Ribeiro (1987), los PGE son algo más que obras de ingenieria y algo menos que proyectos de desarrollo.¹

Estos proyectos presentan una lógica particular y tres dimensiones interrelacionadas: a) el gigantismo, pues son proyectos que implican grandes movimientos de capital y de mano de obra; b) el aislamiento, ya que en general están ubicados en zonas aisladas, por lo que relacionan esas zonas con sistemas económicos más amplios, y c) la temporalidad, es decir, el acotamiento temporal de los PGE (Lins Ribeiro 1987:9). Los PGE se inician por la planificación, están sustentados en la racionalidad técnico-científica y son legitimados por discursos ideológicos basados en el progreso y el desarrollo. La conceptualización de las represas hidroeléctricas como PGE, es relevante para analizar la participación de los diversos sectores involucrados pues permite contraponer a la centralización de la planificación y a los procesos de legitimación de estos PGE, la acción y la organización de las poblaciones afectadas.

La represa de Salto Grande se sitúa sobre el río Uruguay y está localizada en el paraje denominado Ayuí (provincia de Entre Ríos, Argentina), 13 km al norte de la ciudad uruguaya de Salto (departamento de Salto) y 18 km al norte de la localidad argentina de Concordia (provincia de Entre Ríos). Situada a 6 km aguas abajo del Salto Grande propiamente dicho, dista 520 km de Montevideo (capital de la República Oriental del Uruguay) y 470 de Buenos Aires (capital de la República Argentina). Planificada como un complejo hidroeléctrico de propósitos múltiples -producción de energía, navegación, riego, usos domésticos y sanitario- ha tenido siempre una funcionalidad primaria: el aprovechamiento del río Uruguay para la generación de energía eléctrica. Si bien sus orígenes se remontan al año 1946, su construcción se inició el 1° de abril de 1974. Se inauguró el 21 de junio de 1979, cuando la primera turbina fue puesta en funcionamiento, y quedó oficialmente terminada en mayo de 1983, al ponerse en marcha la última turbina (Catullo 2006:57-58).

La represa de Salto Grande, con una potencia total instalada de 1.890 megawatios, produjo un embalse de 140 km de longitud y 783 km², que afectó 30.000 ha en la margen argentina y 45.540 en la uruguaya. Inundó áreas rurales y centros urbanos en el noreste de la provincia de Entre Ríos y el sudeste de la provincia de Corrientes (Argentina), y en los departamentos de Salto y Artigas (Uruguay). En consecuencia, fueron relocalizadas 12.000 personas en la margen argentina y 8.000 en la margen uruguaya, que habitaban áreas urbanas: la ciudad de Federación² y el poblado de Santa Ana (provincia de Entre Ríos) y Villa Constitución³ y el pueblo de Belén (departamento de Salto, Uruguay) (figura 1) (Catullo 2006:58).

Figura 1. Ubicación de la represa de Salto Grande

La represa de Salto Grande fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por Fondos Especiales creados por cada país para tales fines. Su construcción estuvo a cargo de un ente binacional argentino-uruguayo creado en el año 1946: la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (en adelante, CTM), conformada por una Delegación argentina y otra uruguaya, integrada por cinco miembros cada una, uno de los cuales ejerce la Presidencia de la Delegación. A su vez, la presidencia del ente binacional es ejercida en forma rotativa por el Presidente de cada Delegación. Desde 1970, y durante toda la etapa de construcción de la represa, el Presidente de cada Delegación, junto con un "técnico", es decir un ingeniero, formaban el Comité Operativo. En diciembre de 1982, la CTM resolvió dar por finalizada las actividades de este Comité y creó la Dirección Ejecutiva, constituida por un integrante de cada delegación, pudiendo ser su Presidente cualquier delegado integrante de la Dirección. La CTM depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país y ha estado siempre en fluida relación con el Poder Ejecutivo y, desde el año 1994, por cartas reversales firmadas por los Presidentes doctores Carlos S. Menem y Alberto Lacalle, el ente binacional perdió su autarquía y autonomía económica y todas las ganancias pasaron a los ministerios de Economía de Argentina y de Uruguay, quienes deciden el porcentaje que le otorgan al ente. Esta decisión política tuvo importantes consecuencias, no solo para los empleados de la CTM, quienes tuvieron una quita en sus salarios, sino -lo que consideramos más significativo- para la política de desarrollo regional que, por primera vez, la Delegación Argentina estaba encauzando junto con los municipios afectados desde 1993, pues cortó la mayoría de los microemprendimientos iniciados. En la actualidad, ambas delegaciones de la CTM están a cargo del mantenimiento y de la administración de la represa.

SALTO GRANDE... UN POCO DE HISTORIA

Consideramos importante realizar una indagación histórica respecto a la represa. Los primeros proyectos para el aprovechamiento del río Uruguay para fines energéticos datan de fines del siglo pasado. En 1890 el ingeniero argentino Gregorio T. Soler formuló el primer anteproyecto para la realización de la futura obra binacional. En 1907, el ingeniero uruguayo Juan T. Smith planteó la idea del aprovechamiento hidroeléctrico del Salto Grande al Poder Ejecutivo de Uruguay (Poenitz et al. 1992:8-11). En 1912, el ingeniero francés Mauricio Mollard presentó otro proyecto al Senado argentino. Entre 1920 y 1928 el gobierno uruguayo elaboró otros dos proyectos. En Argentina, en 1928 se publicó el proyecto Gamberales-Mermoz y el proyecto del diputado entrerriano B. Horne en 1936. Estos estudios oficiales desarrollados en ambas naciones llevaron a la convicción de que la represa de Salto Grande era perfectamente realizable y que lo que faltaba era una decisión política (Poenitz et al. 1992:13).

El 13 de enero de 1938 se suscribió el primer documento oficial de carácter binacional, luego de una serie de incidentes en las islas del río Uruguay. Por el Artículo 2° de esta Acta se acuerda el relevamiento hidrográfico del río Uruguay y el artículo 5° designa de interés común el aprovechamiento de su fuerza hidráulica, "ambos países acuerdan promover la designación de una Comisión Técnica Mixta Argentino Uruguaya que procederá al estudio respectivo e informará a la brevedad posible a ambos gobiernos para los efectos de su realización" (CTM 1981:15).

La Segunda Guerra Mundial frenó el desarrollo de grandes obras hidroenergéticas y, en consecuencia, los estudios sobre Salto Grande fueron dejados de lado. Recién a mediados de la década de 1940, la llegada al gobierno argentino del general Juan Domingo Perón, la estabilidad del gobierno institucional en Uruguay con la presidencia de Luis Battle y los proyectos de industrialización nacional de ambos países, fueron factores que incentivaron las tratativas para el aprovechamiento hidraúlico de Salto Grande.

El 30 de diciembre de 1946 se suscribió el Convenio Argentino-Uruguayo para el aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay, en la zona del Salto Grande con el propósito de obtener el mayor beneficio de las disposiciones naturales que ofrecen los rápidos del río Uruguay, en la zona de Salto Grande, para el desarrollo económico, industrial y social de ambos países y, con el fin de mejorar la navegabilidad, aprovechar sus aguas para la producción de energía y facilitar la vinculación de sus comunicaciones terrestres..."

(CTM 1981:19).

Por el artículo 2°, se designó una Comisión Técnica Mixta compuesta de igual número de delegados de Argentina y Uruguay y dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país. Se estipulaba que ésta "tendrá a su cargo todos los asuntos referentes a la utilización, repre-samiento y derivación de las aguas del río Uruguay" (Idem: 20). Por el artículo 3°, se acordaba el orden de prioridad de las diversas utilizaciones de las aguas: 1°) utilización para fines domésticos y sanitarios; 2°) utilización para la navegación; 3°) utilización para producción de energía; 4°) utilización para riego. Asimismo, se tomarían las medidas necesarias para la conservación de la riqueza ictícola.

En el artículo 4° se precisaban las Obras Comunes, constituidas principalmente por la presa, que serían costeadas por partes iguales y las Obras No Comunes (e.g., obras complementarias, indemnizaciones y expropiaciones a realizarse en cada territorio) que estarían a cargo de cada gobierno y por cuenta de ellos (Idem.:20-21). Es decir, que la Argentina debía expropiar, indemnizar y planificar un programa de relocalización para las poblaciones de Federación y de Santa Ana y Uruguay expropiaría a las poblaciones de Constitución y de Belén.

En julio de 1948 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 13.213 por la cual se ratificó el convenio suscrito en 1946. Posteriormente, el distanciamiento del gobierno uruguayo con el gobierno argentino -especialmente durante la segunda presidencia de Perón- llevó al cese de las actividades de la CTM y el proyecto de Salto Grande entró en una nueva etapa de receso.

Solo después de la caída del general Perón, en el año 1955, y reiniciadas las relaciones entre ambos gobiernos, resurgió el proyecto de Salto Grande, esta vez con una participación de las poblaciones ribereñas uruguayas y argentinas.

LOS COMITES POPULARES

Antes de tratar cómo actuaron los Comités Populares, quisiéramos explicar cómo tuvimos acceso a ellos. En Brasilia, mientras cursábamos el doctorado, en un banco coincidimos con una mujer que hablaba español, un español rioplatense. Era Nora Ravagni viuda de Andrade Ambrosoni, es decir la viuda del que fuera Diputado por el departamento de Salto y por el Partido Socialista, Jorge Andrade Ambrosoni, quien participó a su vez de los Comités Populares, y que falleciera en octubre de 1986. Nora, residente y amante de la ciudad de Salto, no solo nos brindó su casa, sino también las conexiones necesarias para poder entrevistar a otros integrantes de estos Comités y documentación personal sobre ellos. A esto debemos sumar la documentación encontrada en la sede de la propia CTM (Delegación Argentina y Uruguaya).

En 1956, con una situación política diferente en el Río de La Plata, como expresamos mas arriba, nació el espíritu visionario y emprendedor de hombres y mujeres de las ciudades ribereñas del río Uruguay, con el deseo de rescatar el Convenio de 1946 y luchar por su cumplimiento. Se iniciaron movimientos populares en forma simultánea en localidades litoraleñas uruguayas, argentinas y del sur del Brasil que se unificaron en un "Comité Central Pro Aprovechamiento Hidraúlico del río Uruguay". Este Comité fue el germen del "Comité Popular Pro represa de Salto Grande", con sede en la ciudad de Salto. (Poenitz et al. 1992:23). Además, en cada ciudad, existían los Comités de ciudades. Estos eran pluripartidistas y multigeneracionales, es decir, que en ellos estaban representados comerciantes, industriales, políticos, estudiantes de las ciudades capitales de los departamentos litorales del Uruguay y de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, en Argentina (por ejemplo, Salto y Paysandú [ROU]); Concordia y Concepción del Uruguay (RA) (Integrante del Comité de Salto, entrevista personal, Salto, 1993). Estos movimientos fueron eminentemente urbanos y tuvieron como ciudades-base a Salto y Concordia. En palabras de uno de los integrantes del Comité Central de la ciudad de Salto: "es uno de los ejemplos mas precisos de participación popular en una obra pública" (entrevista personal, Salto 1993).

Las características principales de las acciones del Comité Popular fueron: 1) un trabajo que se apoyó, como ya destacáramos, en los pueblos de las márgenes del río Uruguay; 2) mantener relaciones directas con las mas altas autoridades de ambos países, incluidos los presidentes de la Nación, ejerciendo una presión constante ellas; y 3) eficiente utilización de los medios de comunicación para difundir la problemática de Salto Grande y sus objetivos. Las tareas del Comité Central y de los Comités de ciudades se dirigieron, en principio, a dos metas: difundir entre los pueblos ribereños los beneficios que reportaría la represa y presionar a los gobiernos de los dos países para que la Comisión Técnica Mixta reiniciara sus actividades, a partir de la designación de las respectivas delegaciones (entrevista personal, Concordia, 1993). Este último objetivo comenzó a ser alcanzado el 6 de febrero de 1957, cuando el Consejo de Gobierno de Uruguay, inició las tareas para lograr la integración de la delegación argentina ante la CTM. Pocos días después, el general Pedro E. Aramburu y el almirante Isaac F. Rojas -que presidían el gobierno de facto argentino- recibieron a una delegación binacional del Comité y apoyaron la reorganización de la delegación argentina ante la CTM. Esto fue un importante paso a favor de la represa pues la obra de Salto Grande era concebida, en la margen argentina, como un proyecto peronista y no contaba con el respaldo oficial desde la caída del gobierno justicialista.

Otro objetivo fundamental del Comité se concretó el 13 de agosto de 1958, fecha en que el Parlamento uruguayo ratificó el Convenio binacional de 1946. En este sentido, es importante remarcar que el Comité Popular siempre destacó los puntos del convenio de 1946, que sustentaba un proyecto de propósitos múltiples, que fuera el motor del desarrollo regional, que beneficiara a ambos países pero, particularmente, a la región donde se localizaba el proyecto y que sería afectada, en mayor o menor grado, por éste, o sea, los departamentos de Salto, Artigas y Paysandú, en Uruguay y los departamentos de Concordia, Federación (provincia de Entre Ríos) y de Monte Caseros (provincia de Corrientes), en la margen argentina. El modelo de desarrollo en el que se basaron fue el de las represas del Valle del río Tennessee (EEUU), que fueran iniciadas en 1933 por la Autoridad del Valle Tennessee (TVA) y cuyo objetivo era el desarrollo planificado de toda la cuenca del río (consultar, por ejemplo El caso de las represas del río Tenessee 2001). Pero, poco a poco, el proyecto de Salto Grande fue desviándose de ese modelo.

Desde principios de 1960, las empresas encargadas del suministro energético en Argentina y del combustible con que se alimentaban las centrales generadoras iniciaron presiones que tendían a bloquear el proyecto para no perder el mercado o para adueñarse de la obra (Barrios 1991:35). Otros focos de oposición eran los proyectos hidroeléctricos planificados por cada país: Chocón-Cerros Colorados, en Argentina, y Palmar, en Uruguay.⁴

Pero las manifestaciones y presiones de los Comités Populares a favor de la construcción de la represa de Salto Grande continuaron y llegaron a su máxima expresión en el año 1964, cuando miles de salteños -acompañados por integrantes del Comité Popular de la ciudad de Concordia- marcharon sobre Montevideo para reclamar una decisión favorable del Consejo de Gobierno (entrevista personal, Salto, 1993) Un año después, el Comité Popular alcanzaba otro de sus objetivos principales: la firma del Tratado de Límites del Río Uruguay -que tuvo una amplia y profunda discusión por parte del parlamento uruguayo- en el mes de abril de 1961, el cual fue ratificado en diciembre de 1965.

Mientras en Uruguay, la movilización a favor de Salto Grande llegaba hasta las más altas autoridades, en Argentina, bajo dictadura militar, los intereses de los impulsores regionales no eran escuchados. Ya en 1967, el presidente uruguayo general Oscar Gestido designó una nueva delegación ante la CTM e incluyó en ella a Jorge Andrade Ambrosoni, representante del Comité Popular salteño y político de claras ideas socialistas que bregaba por el cumplimiento del Convenio firmado en 1946. Este acto significó la institucionalización del movimiento regional a favor de un proyecto integral de propósitos múltiples. A partir de este hecho, coexistían claramente dos proyectos. El primero, un proyecto de aprovechamiento integral del río Uruguay, sustentado por el Comité Popular; el segundo, un proyecto de construcción de una usina hidroeléctrica que los dos países necesitaban y que estaba sustentado por el sector eléctrico uruguayo y argentino y por las empresas transnacionales con grandes intereses en el área eléctrica argentina.

Todo cambió con la muerte del presidente Gestido, a fines de 1967. En 1968, ignorando todo lo elaborado por la CTM, los gobiernos intercambiaron notas reversales para dinamizar la construcción de la represa de Salto Grande. Desde ese momento, el proyecto de propósitos múltiples, acorde al espíritu del convenio de 1946, quedó solo en el discurso, ganando la opción de un proyecto eminentemente sectorial, de generación de electricidad. En la margen uruguaya, se perdió toda relación entre la delegación uruguaya ante la CTM y los impulsores regionales del proyecto. La Delegación Uruguaya ante la CTM pasó a ser un sector a merced del organismo a cargo de la política energética nacional: Usinas y Teléfonos del Estado (UTE) y del Poder Ejecutivo. La región litoral norte de Uruguay perdía una opción real de descentralización a través de un proyecto integral de desarrollo regional.

También en la Argentina, la delegación nacional ante CTM pasó a estar al mando del gobierno central y del ente a cargo de la política energética del país: Agua y Energía. Estos organismos centrales, conforme a intereses muy lejanos a los de la región afectada por la represa de Salto Grande, han definido y aún definen el costo que uruguayos y argentinos pagan por la energía generada por dicha represa.

Recién a partir del año 1998, la CTM (Delegación Argentina) ha estado colaborando con diferentes emprendimientos, construcción de barrios nuevos en la ciudad Nueva Federación y subvenciones a escuelas rurales del departamento de Concordia y Federación.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Este marco histórico del Proyecto de Gran Escala y de la Comisión Mixta de Salto Grande, o sea, del "propietario", nos muestra que la política centralizadora de la CTM y la concepción ingenieril de la obra, focalizada en la producción de energía, se forjó en los años anteriores al inicio de la obra y de los programas de relocalización para las poblaciones afectadas. Funcionarios argentinos y uruguayos de la Comisión Técnica Mixta, que han trabajado desde el inicio de la construcción de la represa, han ratificado esta postura ingenieril, parcial del ente binacional, el cual dejó de lado lo estipulado por el Convenio de 1946: que Salto Grande fuese un obra de propósitos múltiples. Esta concepción tuvo como resultado que no se evaluarán las consecuencias ecológicas y sociales de la obra para tomar las precauciones pertinentes. Como expresara un funcionario de la CTM, "a los técnicos de CTM solo les interesaba hacer la represa y dar solución al problema energético de Argentina y de Uruguay. No se vieron los otros problemas. No se tenía un panorama total, global de las consecuencias de la represa" (entrevista personal, CTM, 1993).

En síntesis, se explicitó que el proyecto de Salto Grande tuvo un movimiento importante al que podemos denominar "trasnacional" ya que pasó las fronteras nacionales; un movimiento fronterizo de integración que desde 1956 hasta 1967 (muerte del presidente de la República Oriental del Uruguay) luchó a su favor. Un movimiento de actores regionales urbanos quienes se basaron en un modelo de desarrollo local, regional y nacional. De esta manera, estos actores legitimaron, a través de un discurso desarrollista, el Proyecto de Gran Escala y apoyaron la creación de un "propietario", la CTM, con absolutos poderes que, posteriormente, dejó de lado las problemáticas regionales en pos de políticas desarrollistas de orden nacional y de intereses de sectores privados nacionales y transnacionales.

Por último, la CTM reconoció a los integrantes de los Comités Populares en el año 1992 como "Precursores de Salto Grande", sus nombres quedaron escritos en el bronce, en una placa ubicada cerca del edificio central de la zona de la represa de Salto Grande (margen argentina), en un documento coordinado por el profesor Erich L. W. Edgar Poenitz -que consideramos importante exponer que es el historiador entrerriano mas relevante de la región- junto con otros historiadores de la ciudad de Salto y Concordia, incluido el escribano Enrique A. Cesio quien perteneció a los Comités Populares y a quien tuvimos la oportunidad de conocer y entrevistar. Este escrito denominado "Cuando los pueblos y los gobiernos quieren..." deja para siempre a los Precursores dentro de la historia del proyecto de Salto Grande, desde la visión de los actores regionales urbanos y desde la visión institucional de la CTM.

Sin duda, no fue un objetivo del trabajo de campo investigar sobre estos Comités Populares. Evidentemente fue un hecho "serendipico" de mi estadía en las ciudades de Salto y Concordia. Y a su vez, aclaramos que este artículo no trata de las poblaciones relocalizadas dada la construcción de la represa de Salto Grande, que fueran ya examinadas en otros artículos (cfr, por ejemplo, Catullo, 1999, 2003, 2006; Catullo y Brites 2015) sino, tomando a Silvio Coelho dos Santos, de actores afligidos por el impacto global y reconocidos por derechos difusos de este emprendimiento (Santos y Henriques, 2001); conceptos que comprende a estos actores regionales, quienes en un ejemplo de integración y cooperación regional, trabajaron mancomunadamente a favor de la concreción de un proyecto de desarrollo local, regional y nacional.

NOTAS

¹    Con frecuencia, este tipo de obras son presentadas, incluso en la literatura especializada, como grandes proyectos de desarrollo, grandes obras de ingeniería, megaobras, megarrepresas, entre otras calificaciones. Como señala el autor, estas denominaciones suelen estar teñidas de "ideologismos" cuando se da por descontado que éstas "generan" desarrollo, o reducidas a un tecnicismo que las define como un producto de la ingeniería.

²    Denominamos ciudad de Federación a la planta urbana existente hasta la relocalización poblacional, iniciada en marzo de 1979. El actual asentamiento es la ciudad Nueva Federación, mientras que designamos Remanente Vieja Federación al área no inundada del exemplazamiento.

³    Designamos con el nombre de Constitución a la planta urbana existente hasta el traslado de población que se inició en 1979; en tanto que al asentamiento actual lo denominamos Villa Constitución.

⁴    En 1967 el gobierno de facto argentino decidió iniciar la construcción de la represa Chocón-Cerros Colorados, mientras en Uruguay, se continuaba con la represa de Palmar.

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