ARTÍCULOS ORIGINALES

Los derechos humanos, una verdad evidente de la democracia en la Argentina¹

Emilio Crenzel²

 

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Resumen
Este trabajo examina el proceso de constitución de los derechos humanos como una «verdad evidente», un valor que se inscripto en la cultura política local, tras la recuperación en 1983 de la democracia en la Argentina. Para ello, analizaré tres procesos que considero medulares: la renovación de la presencia, a mediados de los años setenta del Siglo XX, de la cultura de los derechos humanos a escala internacional; las características que asumió la transición de la dictadura a la democracia en el país y las principales iniciativas estatales desplegadas para tramitar las violaciones a los derechos humanos y, por último, la conformación de un movimiento de derechos humanos heterogéneo, tenaz, creativo y con fuertes lazos con las redes trasnacionales de derechos humanos. Se propone que estos procesos, impulsados por actores de naturaleza disímil, y que desplegaron sus acciones en diferentes escalas y escenarios, estuvieron fuertemente relacionados. Finalmente, se postula una ponderación posible de su incidencia en diferentes coyunturas y a lo largo de la historia para intentar, así, explicar la intensa presencia de los derechos humanos desde el retorno de la democracia en la Argentina.
Palabras Clave: Argentina; Democracia; Derechos Humanos; Verdad; Evidente

Abstract
This paper examines the process of establishing human rights as a «self-evident truth», a value that is registered in the local political culture, following the recovery in 1983 of democracy in Argentina. To do this, I will discuss three core processes: the renewal of the presence, in the mid-seventies of the twentieth century, of the culture of human rights at the international level, the characteristics assumed by the transition from dictatorship to democracy in the country and the major state initiatives deployed to deal with human rights violations and, finally, the formation of a heterogeneous human rights movement, tenacious, creative and with strong ties to the transnational human rights networks. It is proposed that these processes, driven by actors dissimilar nature, and deployed their actions at different scales and stages, were strongly associated. Finally, it is postulated a possible consideration of its impact on different joints and along the story to explain the intense presence of human rights since the return of democracy in Argentina.
Keywords: Argentina; Democracy; Human Rights; Evident; Truth

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Introducción

En un libro maravilloso, Lynn Hunt relata que Thomas Jefferson, uno de los autores de la declaración de independencia de los Estados Unidos, afirmaba que el espíritu de esa proclama radicaba en sostener «como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, independientes y que de esa creación reciben derechos inherentes, inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad».³

Hunt destaca que esta fórmula se reitera en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuya elaboración participó Jefferson y el marqués de Lafayette, y se pregunta qué procesos hicieron posible que un propietario de esclavos y un aristócrata creyeran, a fines del Siglo XVIII, que estos derechos eran una evidencia de sentido común.

Invito, entonces, a leer a Hunt. Estas páginas están alentadas por un objetivo similar. Examinar, sucintamente, cómo se constituyeron los derechos humanos en una «verdad evidente» de la cultura política y el ordenamiento institucional de la Argentina desde la restauración de la democracia en 1983. Para ello, analizaré tres procesos que considero medulares: la renovación de la presencia, a mediados de los años setenta del Siglo XX, paralela a la comisión de los crímenes de Estado en la Argentina, de la cultura de los derechos humanos a escala internacional; las características que asumió la transición de la dictadura a la democracia en el país y las principales iniciativas estatales desplegadas para tramitar las violaciones a los derechos humanos y, por último, la conformación de un movimiento de derechos humanos heterogéneo, tenaz, creativo y con fuertes lazos con las redes trasnacionales de derechos humanos. Se propone que estos procesos, impulsados por actores de naturaleza disímil, y que desplegaron sus acciones en diferentes escalas y escenarios, estuvieron fuertemente relacionados. Finalmente, se postula una ponderación posible de su incidencia en diferentes coyunturas y a lo largo de la historia para intentar, así, explicar la intensa presencia de los derechos humanos desde el retorno de la democracia en la Argentina.

La renovada presencia de los derechos humanos

El 24 de marzo de 1976 una Junta militar perpetró un nuevo golpe de Estado en la Argentina. La dictadura anuló los derechos civiles y políticos de toda la población, pero se distinguió de sus predecesoras por implementar, mediante la desaparición de personas, una política de exterminio clandestino que también la distinguió de la represión implementada por el resto de las dictaduras de la región.⁴

En paralelo, mediante políticas de libre mercado y apertura económica, buscó desmantelar el modelo de acumulación basado en la sustitución de importaciones, anular el poder de los sindicatos y los derechos sociales logrados hasta mitad de los años setenta.⁵

La dictadura de 1976 evidenció que la incorporación de derechos no reviste un carácter lineal y progresivo, como presuponían las teorías que los postularon como fruto de generaciones sucesivas; desmintió la asociación imaginada entre el monopolio estatal de la fuerza y la pacificación del espacio social y quebró la representación, construida en el país tras décadas de intensa intervención en la vida pública, que proponía al Estado como garante de los derechos individuales y colectivos.⁶

La dictadura argentina terminó por reconfigurar el mapa político del Cono Sur latinoamericano. Golpes militares habían tenido lugar en Brasil (1964), Bolivia (1971) y en Chile y Uruguay (1973). De hecho, coordinó con estas dictaduras el «Plan Cóndor» para acabar con la subversión en la región. Sin embargo, fuera del Cono Sur se producía un proceso político inverso. Desde inicios de los años setenta a partir del activismo por los derechos civiles para las minorías étnicas, del movimiento feminista, de grupos de oposición a la guerra de Vietnam y al Apartheid y de la sensibilidad y empatía para con los perseguidos que despertaron las crueles dictaduras del Cono Sur, se conformaron diversas organizaciones y redes trasnacionales de defensa de los derechos humanos. Si bien su expansión inicial asumió una orientación norte-sur, pronto alcanzaron una presencia destacada en América latina.⁷

Organizaciones como Amnesty International y Médicos sin Fronteras, fundadas en 1961 y 1971 respectivamente, recibieron un reconocimiento global en la década del setenta del Siglo XX, momento en que el cual se fundaron otras organizaciones significativas como Human Rigths Watch (1978). Precisamente, los exiliados políticos del Cono Sur recurrirán a estas organizaciones. Amnesty tuvo un papel especialmente destacado denunciando, mediante una campaña internacional específica, la tortura y la prisión política en Uruguay (1976) y realizando, ese mismo año, una inspección en la Argentina tras recibir centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos, luego de la cual publicó un informe condenando a la dictadura militar.⁸

En paralelo, James Carter, presidente de los Estados Unidos (1977-1980), hizo de los derechos humanos uno de sus principales argumentos, en el marco de la «Guerra Fría», de la lucha contra el comunismo. Sin embargo, impulsó consecuentemente su defensa en el hemisferio occidental donde gobernaban autocracias y dictaduras militares instauradas con el impulso de Washington. En este contexto, instituciones antes despreciadas como apéndices del imperialismo, como la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, fueron revalorizadas por los familiares de los presos y desaparecidos y los exiliados políticos. Precisamente, la CIDH realizó en Septiembre de 1979 una inspección en la Argentina tras recibir miles de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Su informe, publicado en 1980, condenó a la dictadura responsabilizándola de las desapariciones forzadas, la aplicación sistemática de la tortura, la existencia de presos políticos sin proceso, y otros abusos.⁹

Para mediados de los años setenta y ochenta, la cultura de los derechos humanos había alcanzado, también, a los partidos socialistas y comunistas europeos quienes desplazaron de sus plataformas y programas la «dictadura del proletariado» e incorporaron la defensa de la democracia, de los derechos humanos, civiles y políticos. Estas organizaciones hicieron sentir su influencia entre los exiliados argentinos y del resto del Cono Sur poniendo a su disposición, tras la derrota de los proyectos revolucionarios, una cultura de izquierda que integraba a la lucha socialista la defensa de estos valores.

Las redes trasnacionales y las organizaciones supra estatales se constituyeron en vehículos clave en la transmisión de la cultura de los derechos humanos a las organizaciones de familiares de las víctimas y de derechos humanos de la Argentina. En primer lugar, dieron cabida a sus denuncias en sus boletines e informes, lideraron campañas internacionales e intercedieron para que los perseguidos accedieran con sus reclamos a los parlamentos europeos, el Congreso de los Estados Unidos, la prensa y las asociaciones profesionales internacionales amplificando a escala global sus audiencias. En segundo lugar, pusieron a su disposición su oficio para recibir y clasificar las denuncias, mediante la elaboración de formularios estandarizados, la constitución de archivos sobre la represión y el procesamiento de los datos obtenidos mediante variables seleccionadas, lo cual permitió tornarlos inteligibles e ir comprendiendo la naturaleza del sistema represivo. En tercer lugar, proveyeron a los denunciantes locales de un léxico y un vocabulario específicos para ejercer sus demandas basado en lo que Thomas Laqueur ha denominado la «narrativa humanitaria». Ésta, sostenía su condición veracidad, en un estilo semejante a una presentación técnica a la justicia. Privilegiaba la descripción fáctica, realista y en detalle de los secuestros, las torturas padecidas, las características de los lugares de cautiverio, la presentación de los nombres de las víctimas, sus edades y sexos, nacionalidades, creencias religiosas, ocupaciones y profesiones y, cuando se conocían, los nombres de los perpetradores. El relato de los crímenes de Estado asumió, así, un carácter factual y los sufrimientos corporales de los perseguidos se convirtieron en su locus de memoria.¹⁰ En paralelo, en base a estas variables sociodemográficas y socioeconómicas, ajenas a la matriz política en que se basó la represión, las redes trasnacionales clasificaban y presentaban a los desaparecidos presos y asesinados. Procuraban, de este modo, reconstruir la materialidad de los crímenes y elaborar una verdad basada en pruebas desechando las referencias a los compromisos políticos e ideológicos de quienes padecieron y perpetraron las violaciones así como de las causas y el contexto histórico-político en los que tuvieron lugar.

Así, la influencia cultural de estas redes modificó la narrativa sobre la represión hasta entonces dominante en el país al proponerla como un enfrentamiento entre víctimas y victimarios, desplazando la matriz de la lucha de clases o la antinomia entre el pueblo y la oligarquía, predominantes entre la militancia radicalizada antes del golpe. Con igual sentido, desplazaron la legitimación de la violencia por los principios del liberalismo político que aseguraban el derecho a no ser torturado, asesinado o arrestado arbitrariamente.

La influencia de estas redes en la configuración en la Argentina de la cultura de los derechos humanos no menguó tras la recuperación de la democracia en 1983. En esa década comenzó a conformarse a escala global el campo de la «Justicia transicional», cuyo objeto es la elaboración de políticas públicas para tramitar masivas violaciones a los derechos humanos en el pasaje de la guerra a la paz y de la dictadura a la democracia.¹¹ Ello se tradujo en la circulación en el país de diversos expertos que prestaron su asesoramiento en materia de justicia penal internacional y en prácticas tan variadas como la antropología forense, la genética, las políticas de reparación y de constitución de sitios de memoria.¹²

Así, las redes trasnacionales y los organismos supra nacionales de derechos humanos colaboraron intensamente con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada por el presidente Alfonsín en 1983 para investigar el destino de los desaparecidos proveyendo sus acervos testimoniales; en el juicio a las Juntas, siendo testigos de la fiscalía; recomendando y exhortando, como en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al gobierno del presidente Menem para que dictase leyes de reparación económica a los presos políticos y familiares de desaparecidos, o contribuyendo, como en el caso de la «Coalición Internacional de Sitios de Conciencia», a pensar la creación de lugares y programas para la trasmisión intergeneracional de la memoria. Finalmente, la internacionalización del sistema jurídico de protección de los derechos humanos incidió en 2003 para la reapertura de los juicios a los perpetradores de las desapariciones mediante la solicitud de un juez español de extraditar a 46 miliares requeridos por violaciones a los derechos humanos.

En síntesis, la presencia y expansión a escala global de la cultura de los derechos humanos desde mediados de los años setenta del siglo pasado hasta la actualidad permeó la conformación y el perfil del movimiento de derechos humanos en la Argentina; sus portavoces transnacionales se convirtieron en interlocutores a los cuales la dictadura y luego los gobiernos constitucionales no pudieron ignorar, y sus intervenciones se sucedieron en momentos clave de la elaboración de la verdad pública sobre los crímenes, de su tramitación en la justicia y su transmisión inter generacional.

Podría argumentarse, con razón, que esta presencia global de los derechos humanos afectó, también, al resto de los países de América latina. Asimismo, como demostraron investigaciones previas, estas redes modelaron la cultura de denuncia de otras comunidades políticas opuestas a las dictaduras del Cono Sur, como la del exilio político uruguayo.¹³ Ciertamente, pese a estas similitudes, los derechos humanos no se integraron a sus culturas políticas e institucionales con la intensidad que lo hicieron en la Argentina. Examinemos, entonces, otros factores explicativos.

El Estado y los derechos humanos

La transición política de la dictadura a la democracia en la Argentina se inscribió, también, en un proceso internacional, la emergencia de una «tercera ola» de democratización.¹⁴ Sin embargo, se diferenció del resto de las transiciones del Cono Sur de América latina. Por un lado, la derrota en la guerra de Malvinas, y la pérdida consecuente de capital político, le impidió a la dictadura imponer una transición pactada que incluyese limitaciones al tratamiento de las violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, el triunfo en las elecciones de 1983 del radical Raúl Alfonsín, supuso el arribo a la presidencia de un candidato dispuesto a procesar judicialmente a los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos. De hecho, tras asumir el 10 de diciembre de 1983 Alfonsín anuló, por inconstitucional, la ley de «autoamnistía», ordenó enjuiciar a siete jefes guerrilleros del «Ejército Revolucionario del Pueblo» y de «Montoneros» y a las tres primeras Juntas de la dictadura y creo, como se dijo, la CONADEP para investigar el destino de los desaparecidos.

Tras recibir miles de denuncias de familiares y sobrevivientes de las desapariciones, examinar documentos oficiales e inspeccionar cerca de cincuenta Centros Clandestinos de Detención en todo el país, el 20 de septiembre de 1984 la CONADEP entregó al presidente su informe Nunca Más el cual se convirtió en un Best Seller, vendiendo 600 mil ejemplares hasta 2012 y fue traducido al Inglés, Italiano, Portugués, hebreo y Alemán. Tanto la CONADEP como su informe se constituyeron en modelos de otras comisiones de la verdad del continente que tramitaron pasados de violencia política, dictaduras y guerras civiles. Incluso, a partir de la experiencia de la CONADEP, las Comisiones de la verdad se generalizaron como herramienta de la justicia transicional a escala internacional.¹⁵ En nuestro país, Nunca Más derrumbó en la esfera pública el monopolio de la interpretación ejercido hasta entonces por las Fuerzas Armadas sobre los desaparecidos, al postular el carácter sistemático de las desapariciones, el alcance nacional del sistema clandestino y la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en su implementación.¹⁶

Por su parte, la propuesta de justicia del Ejecutivo buscaba materializar un castigo ejemplar, desde una perspectiva disuasiva de la pena, que estableciera a la democracia y a la ley como fronteras que evitarían la reiteración del uso ilegal e ilegitimo de la violencia. Los juicios fueron rechazados por las Fuerzas Armadas que demandaban el reconocimiento por su victoria ante la subversión y discutidos por los organismos de derechos humanos que reclamaban que actuase la justicia civil y el «juicio y el castigo a todos los culpables».¹⁷

El juicio a las Juntas, desarrollado entre abril y diciembre de 1985, supuso una decisión excepcional en el tratamiento de la violencia estatal en la Argentina al demostrar que aún quienes detentaron el poder del Estado no estaban al margen de la ley.¹⁸ A nivel internacional, desencadenó en los años ochenta del siglo XX la implementación en «cascada» de la justicia penal como herramienta de la justicia transicional a escala global.¹⁹

Sin embargo, las políticas estatales en materia de justicia penal no fueron lineales. Alfonsín impulsó las leyes de «Punto Final» (diciembre de 1986) que establecía que, tras sesenta días, se extinguirían las causas de aquellos no citados a declarar y de «Obediencia Debida» (mayo de 1987) que consideraba todo acto, excepto la sustitución del estado civil, la sustracción de menores y la usurpación de propiedad, como ejecutados bajo estado de coerción y subordinación a órdenes superiores. Por su parte, el presidente Carlos Menem, peronista, dictó el 7 de octubre de 1989 y entre el 29 y 30 de diciembre de 1990 decretos de Indulto, el último de los cuales benefició a los miembros de las Juntas militares.

Tras la clausura de la justicia penal, las iniciativas del Estado estuvieron signadas por la presión del sistema interamericano de derechos humanos, o impulsadas por razones políticas contingentes, como el afán reeleccionista del presidente Menem o las políticas de privatización y restructuración del Estado impulsadas por su gobierno.

A instancias del sistema interamericano de derechos humanos, su gobierno sancionó en 1991 la ley 24.043, que dispuso reparar económicamente a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo entre el 6 de noviembre de 1974, al declararse el Estado de Sitio, y el 10 de diciembre de 1983, y la ley 24.411 «de beneficio a las personas ausentes por desaparición forzada y a las fallecidas por el accionar de las Fuerzas Armadas», que estableció resarcimientos económicos para sus familiares. Esta política tenía antecedentes en la ley 23.446 dictada por el gobierno de Alfonsín en octubre de 1986 otorgando pensiones a los cónyuges e hijos de desaparecidos y se prolongó en la iniciativa del presidente Kirchner, el 28 de agosto de 2004, quien mediante la ley 25.914, reparó económicamente a los hijos de desaparecidos y/o detenidos políticos y a las víctimas de sustitución de identidad.²⁰

En el plano normativo, en 1994 con la reforma de la Constitución Nacional, se incorporaron con rango constitucional superior a las leyes nacionales una serie de tratados internacionales de protección y defensa de los derechos humanos medida que fue fruto de la negociación política que habilitó en la nueva constitución la reelección presidencial.

En paralelo, la Ley Federal de Educación dictada en 1993 liberalizó el mercado de los manuales escolares. En ese marco, las editoriales privadas convocaron a investigadores y docentes universitarios quienes, en los textos de historia, describieron y condenaron los crímenes de Estado, perspectiva hasta entonces ausente en los manuales. Asimismo, en 1995 el Consejo Federal de Cultura y Educación estableció la enseñanza obligatoria de los derechos humanos en el currículo de la Educación General Básica del país extendida, en 1997, a la educación media y a la formación de docentes y profesores.²¹

Pero sólo fue bajo la presidencia del peronista Néstor Kirchner que se reanudaron los juicios penales al anularse las leyes de «Punto Final» y «Obediencia Debida». Varios de los nuevos juicios pusieron en evidencia las responsabilidades en la represión a escala local, facilitando el conocimiento y el reconocimiento de las violaciones en comunidades que se imaginaban al margen de los crímenes de Estado. Asimismo, se constituyeron diversos espacios destinados a impulsar el recuerdo de los crímenes de Estado, como el ubicado en el ex centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada, que los organismos evitaron que fuera demolido por el gobierno de Carlos Menem, y se declararon feriados nacionales fechas emblemáticas como el 24 de marzo. Miembros del movimiento de derechos humanos fueron designados funcionarios de Estado, o recibieron fuertes apoyos oficiales, mímesis que evidencia la comunidad de intereses entre la conducción del Estado y buena parte de este movimiento y abre el interrogante sobre la independencia que, frente al único actor capaz de violar los derechos humanos, debe guardar el movimiento que hace de su defensa su razón de existencia.

De este modo, desde 1983 a la fecha las sucesivas conducciones del Estado -con avances y retrocesos- implementaron un repertorio amplio y diverso de medidas que abarcan prácticamente al conjunto de las herramientas que, en el campo de la justicia transicional, se imaginan como necesarias para responder a los desafíos que plantean graves violaciones a los derechos humanos: comisiones de la verdad, juicios penales, políticas de reparación y de transmisión de la memoria, varias de las cuales alcanzaron repercusión global.

A partir de ello, Kathryn Sikkink discute la existencia de una situación de impunidad ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en los años setenta. Afirma, que las políticas públicas desde 1983 modificaron la condición internacional de la Argentina, hasta entonces un Estado «paria» por las violaciones contra la dignidad humana, convirtiéndola en una «protagonista global» por su defensa de los derechos humanos y la institución o restitución de herramientas clave, como las comisiones de la verdad y los juicios penales, entre las políticas de justicia transicional.²²

Sin embargo, la variedad y originalidad de las políticas públicas no debería traducirse en la reificación del Estado como su autor exclusivo. De hecho, La CONADEP fue una respuesta de la conducción del Estado a la demanda de los organismos de crear una comisión investigadora parlamentaria y debe el éxito de su investigación a la colaboración del movimiento de derechos humanos, el Estado declinó por más de una década y media su voluntad de justicia, en la reparación de las víctimas y la reanudación de los juicios incidieron el reclamo de los organismos y las presiones del sistema internacional de derechos humanos, y la transmisión de la memoria quedó en manos, por largo tiempo, de movimientos sociales específicos de la sociedad civil.

El movimiento de derechos humanos

El movimiento de derechos humanos ha sido y es el actor que, desde hace cuarenta años, ha impulsado la defensa de los derechos humanos de manera más consecuente. Si bien desde 1937 la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) ejerció la defensa de los presos políticos y otro tanto hicieron abogados de los militantes de las organizaciones armadas durante la dictadura de la Revolución Argentina (1966-1973), durante la primera mitad de los años setenta, en el contexto de creciente violencia política, se crearon el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y, tras el golpe de 1976, además del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se crearon varias entidades basadas en los lazos de parentesco con los desaparecidos: Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (FDDRP) y Abuelas de Plaza de Mayo. ²³

Desde el golpe, pese a sufrir persecución, estas organizaciones jugaron un papel decisivo en la denuncia de los crímenes de Estado. Perduraron al compás de la búsqueda de verdad y justicia ante un crimen, la desaparición forzada, que, a diferencia de la prisión o la muerte política prevalecientes entre 1973-1976 y debido a la ausencia del cuerpo del delito, desafiaba toda frontera temporal. En casi cuarenta años de existencia, demostraron tenacidad, creatividad y valentía para enfrentar contextos políticos adversos, y diferentes intentos de que las violaciones quedasen en la impunidad y el olvido a la vez que lograron, al incorporar otras demandas, trascender sus reclamos sobre las violencias institucionales perpetradas en los años setenta.

Aunque en su composición social predomina la clase media, las organizaciones humanitarias presentan un perfil ideológico diverso. La LADH estaba ligada al Partido Comunista, el SERPAJ se constituyó en función de grupos cristianos de base en torno a la idea de la no violencia, el MEDH a partir de diversas iglesias ecuménicas cristianas, la APDH reúne a representantes de las corrientes minoritarias de los partidos tradicionales, a fracciones del dividido Partido Socialista, a representantes del Partido Comunista y a personalidades de la religión y la cultura, el CELS, un desprendimiento de la APDH, a grupos peronistas, católicos y de izquierda no comunista, FDDRP, Madres y Abuelas nuclean a familiares de los desaparecidos, pero sólo FDDRP reconocía bajo dictadura los compromisos políticos de los reclamados aún los armados y, por ello, fue desplazado de la LADH.²⁴

Todas estas organizaciones elevaron durante la dictadura petitorios a las principales autoridades militares, religiosas y de partidos políticos, se dirigieron a la población mediante la prensa y demostraciones públicas y establecieron lazos con las redes trasnacionales de derechos humanos. La APDH colaboró activamente con la inspección de la CIDH en 1979, el SERPAJ y el MEDH trabaron fuertes lazos con las corrientes del catolicismo liberacionista y con las iglesias metodistas y protestantes europeas, el CELS estableció vínculos con organizaciones de abogados y juristas de los Estados Unidos y con redes trasnacionales y fundaciones privadas de ese país y de Europa. Por último, las organizaciones de familiares recibieron solidaridad de gobiernos socialdemócratas, sindicatos socialistas y comunistas europeos y organizaciones humanitarias de ese continente.

En el establecimiento de relaciones con estas redes jugó un papel relevante el perfil social, el capital cultural y, en ciertos casos, las militancias políticas previas de los integrantes de los organismos que les permitieron saber de su existencia, comunicarse en diversos idiomas. Su condición social les facilitó además el acceso a la defensa jurídica, a canales institucionales e informales de reclamo y a condiciones básicas para dedicar tiempo a la militancia.

Estas organizaciones implementaron durante la dictadura diversas formas de lucha. La APDH privilegió la recopilación de denuncias y constituyó un acervo testimonial que tuvo un papel central en la elaboración del informe de la CIDH en 1979 y, ya en democracia, en la elaboración por parte de la CONADEP del informe Nunca Más; el CELS promovió diversas presentaciones judiciales y sus dirigentes elaboraron importantes documentos como la Teoría del paralelismo global que expuso de manera sistemática la estructura del sistema clandestino de represión; mientras las Madres y Familiares privilegiaron las manifestaciones en el espacio público, como las rondas semanales frente a la Casa Rosada, que visibilizaron la protesta humanitaria y se convirtieron en un símbolo mundial de resistencia civil y de la lucha anti-dictatorial.²⁵

En su historia, la unidad política del movimiento humanitario fue relativamente escasa, aunque férrea ante los intentos dictatoriales por tornar sus crímenes impunes. Rechazó unánimemente en 1979 la ley 22.068 de presunción de fallecimiento de las personas cuya desaparición hubiese sido denunciada, y la ley 22.924 de «Pacificación Nacional», o de «Autoamnistía», de septiembre de 1983, que consideraba extinguidas las causas penales relativas a la «lucha antisubversiva». Por ello alcanzó, tras la derrota argentina en la guerra de Malvinas y la apertura de la transición, una legitimidad pública inigualada por otros actores.²⁶

También sus posiciones ante los gobiernos constitucionales fueron diversas. Miembros de la APDH integraron la CONADEP, creada por el presidente Alfonsín, y junto al CELS, la LADH, Abuelas, Familiares y el SERPAJ ayudaron a esta comisión recolectando denuncias, entregando sus acervos e incorporando a sus militantes a diversas tareas. Estas entidades, también, contribuyeron a la difusión y canonización del informe Nunca Más y colaboraron con la fiscalía de Estado en el juicio a las Juntas Militares.²⁷ En cambio, las Madres de Plaza de Mayo mantuvieron una posición intransigente ante la política de justicia ejemplar y preventiva propuesta por Alfonsín reclamando un retribucionismo coherente sintetizado en la consigna «juicio y castigo a todos los culpables».

Esta relación disímil se reprodujo tras la unanimidad con la cual el movimiento humanitario rechazó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida promovidas por Alfonsín en 1986 y 1987 y los Indultos decretados por el presidente Menem en 1989 y 1990. De hecho, esta última decisión no impidió que, por iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo, el Estado creara en 1992 la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), dedicada inicialmente a la búsqueda y localización de niños desaparecidos. La conjunción entre el movimiento de derechos humanos y diversas instancias estatales se profundizó desde mediados de los años noventa cuando, con excepción de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, impulsaron junto a gobiernos municipales la creación de lugares de memoria como el «Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado» en Buenos Aires, el «Museo de la Memoria» de Rosario y otros, ubicados en ex Centros Clandestinos de Detención, pero alcanzaría dimensión nacional desde 2003 con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Si bien los Indultos asestaron un duro golpe al movimiento el cual había centrado su lucha entre 1983 y 1990 en lograr en los estrados judiciales un castigo amplio y comprensivo para los perpetradores de las violaciones, las organizaciones de derechos humanos pudieron sobreponerse al momento descendente en el proceso de lucha inaugurado tras esta medida.

Al compás un proceso dual signado por la incorporación de derechos en la nueva Constitución Nacional y por la limitación de la capacidad efectiva de ejercerlos debido a la desigualdad social creciente, la eliminación de derechos sociales y la abierta inclinación del Estado en favor de los grupos económicos concentrados, los organismos incorporaron a su agenda la lucha contra la violencia policial y la solidaridad con los afectados por las políticas económicas neoliberales. Ello contribuyó a que los movimientos de protesta social, a su vez, incorporasen prácticas y demandas de los organismos de derechos humanos.²⁸

El movimiento humanitario tuvo la capacidad, también, de concitar el apoyo de las nuevas generaciones incluyendo eventos musicales y artísticos en sus movilizaciones, impulsando iniciativas como «Teatro por la Identidad » o films y documentales que llegaban a ese público. Esta política, reforzó además su alianza con porciones significativas del mundo artístico. También, llegó con su mensaje a sectores juveniles mediante actos y charlas en escuelas y colegios, creando cátedras universitarias y materiales de divulgación y difusión.²⁹

La capacidad de reproducción ampliada del movimiento de derechos humanos se verificó, además, a su interior. En abril de 1995, se conformó «Hijos contra la impunidad, por la justicia, contra el olvido y el silencio» (H.I.J.O.S.), organización que agrupó a los descendientes de los desaparecidos, discutió la narrativa humanitaria presentando las biografías políticas de sus padres, e innovó substantivamente las prácticas del movimiento mediante los «escraches» manifestaciones frente a los domicilios o lugares de trabajo de los represores, en las cuales se denunciaba su actuación pasada y su impunidad presente.³⁰

Tanto la «narrativa humanitaria» enarbolada por los organismos de derechos humanos durante la dictadura y el gobierno de Alfonsín y luego, en los años noventa, su valorización pública de las virtudes militantes de los desaparecidos tuvieron la capacidad de concitar, en disímiles contextos políticos, la empatía y el apoyo juvenil.

La creatividad del movimiento humanitario se manifestó, también, en el reclamo del CELS, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociese el derecho a la verdad. Tras ello se iniciaron los llamados «juicios por la verdad» que, pese a no tener inicialmente consecuencias penales, alumbraron complicidades con la represión del poder judicial, la Iglesia Católica, empresas multinacionales, organizaciones estudiantiles y conducciones sindicales.³¹ Otro tanto, con una lógica centrada en la denuncia, provocaron los «juicios éticos» impulsados por los organismos contra los perpetradores de las desapariciones en plazas, clubes barriales, sindicatos y universidades.³²

En síntesis, desde su conformación en el contexto de terror y aislamiento, el movimiento de derechos humanos desarrolló una lucha tenaz, valiente y creativa estableciendo alianzas con actores transnacionales. Organizaciones basadas en concepciones políticas disímiles, implementaron distintas estrategias de lucha y de relación con el Estado, pero incidieron con su determinación en la mayoría de las políticas oficiales que favorecieron la inclusión de los derechos humanos en la cultura política y en la normatividad democrática. Esta heterogeneidad, lejos de oficiar como factor inhibitorio, potenció su capacidad para alcanzar sus metas y sobrepasarlas. Ni el más optimista de sus activistas imaginó, durante la dictadura, que los perpetradores serían juzgados, los lugares emblemáticos de la represión se convertirían en sitios de memoria y la verdad denunciada sería consagrada por el Estado y aceptada mayoritariamente por la sociedad civil.

Conclusiones

En este trabajo se examinaron tres procesos decisivos en la conformación de los derechos humanos como una «verdad evidente» de la cultura política y el ordenamiento institucional de la Argentina tras el retorno de la democracia en 1983. En primer lugar, la renovada presencia de la cultura de los derechos humanos, expresada en la ampliación del sistema internacional y en el surgimiento y multiplicación de redes transnacionales que los impulsan y protegen. En segundo lugar, el despliegue de políticas estatales originales en materia de la elaboración de la verdad, la realización de justicia y la trasmisión de la memoria las cuales, por su importancia, alcanzaron relevancia en el campo de la justicia transicional a escala global. Por último, la formación de un movimiento de derechos humanos heterogéneo, tenaz, creativo y valiente que enfrentó la persecución dictatorial, los diversos intentos de clausurar el tratamiento jurídico y político de las violaciones y que, con imaginación propositiva, impulsó iniciativas y participó de espacios decisivos dentro y fuera del ámbito institucional.

La configuración de este escenario en la Argentina encuentra su explicación, entonces, en procesos globales y, especialmente, en factores locales. Por un lado, una transición ausente de pactos que inhibieran o limitaran la tramitación de las violaciones y una democracia cuyo momento fundacional se mimetizó con el procesamiento jurídico de estos abusos. Por otro, un movimiento humanitario que actuó como vehículo de incorporación de la cultura trasnacional de los derechos humanos, venció con su tenacidad los intentos de clausurar este pasado y logró, creativamente, incidir en la creación de instancias estatales o participar de las existentes y reproducir de manera ampliada sus apoyos.

La no linealidad del proceso de elaboración de la verdad, realización de justicia y transmisión de la memoria en la Argentina, fruto de las luchas entre diversos actores, así como las limitaciones que en estos planos persisten, confirman el carácter de «verdad evidente» de los derechos humanos. Hunt recuerda que, en sus primeras formulaciones, estos derechos no eran universales: excluían a quienes carecían de propiedad, a las mujeres, a los extranjeros, a los judíos, entre otros. Sólo tras procesos de lucha, estos grupos se transformaron en sujetos de derecho y, a la vez, nuevos derechos se tornaron «verdades evidentes». La relación entre derechos humanos y democracia en la Argentina desde 1983 recorrió un camino similar, signado por la confrontación relativa al procesamiento del pasado de violencia y a los términos de la condición ciudadana. Intenté mostrar su dinámica cambiante mediante la historización de la intervención de tres actores relevantes que explican la intensa imbricación de unos valores, los derechos humanos, y un régimen político, la democracia, que en la historia no han ido necesariamente de la mano.

Notas

1 Trabajo recibido el 20/04/2013. Aprobado el 20/06/2013
2 Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires e investigador de CONICET, Argentina. Contacto: ecrenzel@retina.ar
3 HUNT, (2010): 13.
4 CRENZEL, (2008): 27.
5 Actores diversos han reconocido este sentido en el golpe de Estado. Véase TCACH, (2006): 127-129.
6 Para una mirada progresiva de la adquisición de los derechos, véase MARSHALL, (1964). Para la tesis del monopolización estatal de la fuerza como indicador del proceso civilizatorio, véase ELIAS (1987).
7 KECK y SIKKINK, (1998) y SIKKINK, (1996): 59-84..
8 AMNESTY INTERNATIONAL, (1977),
9 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, (1980).
10 Sobre la configuración de la narrativa humanitaria, véase LAQUEUR, (1989): 176-204.
11 TEITEL, (2003): 69-94.
12 A modo de ejemplo, Ronald Dworkin, Thomas Nagel, y Owen Fiss, filósofos del derecho, asesoraron al gobierno de Alfonsín, véase NINO, (1997): 84. Otro tanto hizo la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Por su parte, el juez español Baltasar Garzón realiza similar tarea con el gobierno de Kirchner.
13 MARKARIAN, (2005): 104-105.
14 HUNTINGTON, (1994).
15 HAYNER (2001).
16 CRENZEL, (2008): 145-146.
17 NINO, (1997): 106 y 107.
18 Sobre el juicio a las Juntas, véase ACUÑA Y SMULOVITZ, (1995): 21-99.
19 SIKKINK, (2011).
20 Sobre la políticas de reparación, véase GUEMBE, (2006).
21 Al respecto, véase BORN, TSCHIRNHAUS y MORGAVI (2010).
22 SIKKINK, (2008): 1-29.
23 JELIN, (1995): 106-107.
24 La reconstrucción de la historia y del perfil ideológico y social de los organismos de derechos humanos integra la agenda de investigación pendiente del campo de la historia reciente y la memoria.
25 Para el documento del CELS, Véase MIGNONE, (1982).
26 Para la Ley de «Pacificación nacional», véase Boletín Oficial de la República Argentina, nro. 25.266, 27 de septiembre de 1983, 2-3.
27 CRENZEL, (2008): 53-129.
28 FILC, (1998): 37-53.
29 Sobre «Teatro por la identidad», véase WERTH, (2010): 174-195.
30 Sobre HIJOS, véase BONALDI, (2006).31 Sobre los juicios por la verdad, véase ANDRIOTTI ROMANIN, (2011).
32 Véase, como ejemplo, el «juicio ético» al general Bussi en Tucumán, en Página/12, 20 de junio de 1995, 4, «Bussi traidor a la patria».

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