DOSSIER

El rol del Servicio Médico Legal (SML) en la identificación de los detenidos desaparecidos en Chile¹

 

Isabel Torres Dujisin²

«La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo
la recuerda para contarla».
Gabriel García Márquez

Resumen
Esta investigación se planteó, a través de testimonios proporcionados por personas que de una u otra manera estuvieron comprometidos, recuperar el complejo proceso de identificación de los detenidos desaparecidos.
La historia oral ha sido de gran valor a la hora de reconstruir el pasado reciente, porque ha permitido explorar en los archivos vivos de la represión. Pero además, conlleva otro elemento de gran valor y es que permite ir hilvanando un entramado más amplio, pudiendo llegar a través de los testimonios a nuevas fuentes, como por ejemplo, archivos y documentación inédita, conservada y custodiada durante mucho tiempo, vínculos con nuevos testimonios, que incluso pueden ir mas allá de las víctimas, llegando a los victimarios. De este modo, la historia oral va a jugar un rol fundamental a la hora de recuperar aspectos de ese pasado y poder articular una narrativa que dé un sentido integrador a ese pasado. Para abordar este tema se entrevistó a cinco personas: el doctor David Montoya, quien desde el año 2007 es subdirector médico del SML y que llegó a trabajar al Servicio el año1974, a Javier Luis Egaña ex secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad, desde su creación el año 1976 hasta el año 1992,
cuando esta institución dejó de funcionar, al juez Alejandro Solís ex ministro de la Corte de Apelaciones, quien tuvo una importante participación en juicios de violación a los DDHH, a la Jefa de Identificación Forense del SML, la antropóloga Marisol Intriago, quien se incorporó a la institución el año 2003 y a María Luisa Ortiz hija del profesor de la Universidad de Chile, Fernando Ortiz, miembro del PC y detenido el año 1976 y que sus restos fueron identificados finalmente el año 2006. Cinco miradas, cinco circunstancias que permiten reconstruir diferentes particularidades en el proceso de identificación de detenidos desaparecidos.
Palabras claves: Historia oral –identificación detenidos desaparecidos

Abstract
The purpose of this investigation is to reconstruct —based on testimonies provided by persons who were involved in one way or another— the very complex process of identifying the detained-disappeared.
The oral accounts have proved to be very valuable in the reconstruction of the recent past, as they allowed us to tap directly into the living archives of the repression. An additional very valuable aspect is that these accounts made it possible to piece together a wider network and find new sources through these testimonies — such as long guarded and protected unpublished archives and documentation — as well as links to new testimonies of, not only the victims themselves, but of the victimizers also. Thus, the oral history plays a fundamental role in retrieving aspects about this past and in articulating a narrative that gives it an allinclusive meaning. For the purposes of covering this subject, a total of five people were interviewed: Dr. David Montoya, Medical Sub-Director of Legal Medical Services as of 2007, started working for the service in 1974; Javier Luis Egaña, the Executive Secretary of the Solidarity Vicarage since its very inception in 1976 until 1992 when this institution closed down; Judge Alejandro Solís, the ex Minister of the Appellate Court who has played an important role in the trials on Human Rights violations; the Legal Medical Services Chief of Forensic Identification, Anthropologist Marisol Intriago, who joined the institution in 2003; and Maria Luisa Ortiz (daughter of Professor Fernando Ortiz of the University of Chile, member of the Communist Party, detained in 1976, whose remains were only identified in 2006). These are five different points of view, five different circumstances that allow reconstructing different particularities in the process of identifying the detained-disappeared.
Keywords: Oral History - Identification of detained -disappeared

 

El objeto de estudio
Esta investigación se planteó, a través de testimonios proporcionados por personas que de una u otra manera estuvieron comprometidos, recuperar el complejo proceso de identificación de los detenidos desaparecidos.

Miradas, sensibilidades relatos vivenciales y experiencias múltiples, las que permiten reconstruir un pasado traumático, reconociendo la estrecha relación entre la perspectiva subjetiva y el contexto histórico, el cual entrega los marcos interpretativos.

De este modo, junto al contexto el cual aporta la perspectiva más integradora, es también necesario incorporar hechos puntuales, acontecimientos determinantes que van ha constituir los momentos sobre los cuales se organiza la memoria.

A la vez, se trabajó desde distintas dimensiones; por una parte el significado político y humano que significó el trabajo de reconocimiento de los detenidos desaparecidos, el rol que ha cumplido el Servicio Médico Legal en el esclarecimiento de esa verdad y el aporte que entregan las fuentes orales.

La historia oral como fuente histórica

A partir de acontecimientos traumáticos, la sociedad demanda a los historiadores «explicaciones», elementos que permitan entender ese pasado traumático, resultando una suerte de sinergia entre la demanda social y el trabajo de investigación de los historiadores.

El tal sentido, el testimonio de protagonistas de ese pasado va a ser revalorado, porque permite llegar a espacios nuevos de los acontecimientos, ir entrelazando lo subjetivo con lo que «realmente sucedió», es decir, con todo ese campo comprobable de los hechos.

Hay un concepto que propone Aróstegui y que resulta muy apropiado para este análisis, y es el de historización de la experiencia, que se refiere a la relación de la subjetividad propia del testimonio y su vinculación con el desarrollo objetivo del hecho.³ Es decir, entender e insertar el testimonio al interior de un acontecimiento político determinado. Se trata de aceptar y explotar el campo de posibilidades que abre el testimonio, el cual permite llegar a múltiples pliegues y recovecos de los hechos. El incorporar la perspectiva de la primera persona como fuente histórica, apunta a reivindicar la dimensión subjetiva, sobre la base que a través de esa mirada es posible acercarnos a la «textura de la vida y la verdad albergada en la rememoración de la experiencia»,⁴ son fragmentos del pasado reciente, revivido y filtrado desde el presente.

Por otra parte, hay que tener presente que el relato sobre hechos ocurridos en las dictaduras, es personal y social a la vez, porque muestra imágenes y da cuenta de vivencias traumáticas, que son leídas por sus propios protagonistas como fragmento de una realidad mayor. En ese sentido, es un relato individual y compartido que puede ser complementado y confrontado con otros protagonistas, en tanto, es un registro que va más allá de la experiencia personal que forma parte de una memoria colectiva.

La historia oral ha sido de gran valor a la hora de reconstruir el pasado reciente, porque ha permitido explorar en los archivos vivos de la represión. Pero, además, conlleva otro elemento de gran valor y es que permite ir hilvanando un entramado más amplio –pudiendo llegar a través de los testimonios a nuevas fuentes, como por ejemplo, archivos y documentación inédita, conservada y custodiada durante mucho tiempo, vínculos con nuevos testimonios, que incluso pueden ir más allá de las víctimas, llegando a los victimarios.

De este modo, la historia oral va a jugar un rol fundamental a la hora de recuperar aspectos de ese pasado y poder articular una narrativa que dé un sentido totalizador de ese pasado.

Por otra parte, sabemos que no hay memoria neutral, ni objetiva, menos aún frente a situaciones traumáticas, y en ese sentido, el recuerdo y el olvido va a estar siempre mediatizado por el presente. De igual forma y aunque el recuerdo de ese pasado puede contener fragmentos de memoria inventada, lo que no necesariamente significa falsa, la memoria y el recuerdo se van ajustando a nuevas revelaciones o antecedentes desconocidos, lo que puede ir destapando o corriendo el velo a recuerdos insospechados.

Así la historia oral no sólo constituye un relato testimonial, sino que ofrece la posibilidad de aproximarse desde un entramado heterogéneo del cual están tejidos los hechos, para lograr desde una reconstrucción subjetiva, una interpretación más múltiple e inteligible a la vez.

Antecedentes históricos

A partir del 11 de septiembre de 1973 hasta 1988, Chile vivió bajo estados de excepción restrictivos de los derechos fundamentales. La práctica utilizada por los militares, fue trasladar los procesos a los tribunales militares, como una forma de impunidad, dicha práctica fue abalada por la Corte Suprema, la cual mantuvo un vínculo de complicidad y colaboracionismo con el nuevo régimen, actuación que quedó consignada en el Informe de Verdad y Reconciliación. En dicho informe se sostiene que «Durante el periodo que nos ocupa, el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía, manteniendo un silencio cómplice frente a la violación de los DDHH».⁵

Es importante advertir que ya durante el gobierno de la Unidad Popular los jueces manifestaron posiciones críticas, que se expresaban en el cuestionamiento a la legalidad de varias de las medidas adoptadas por el gobierno democrático. Sus opiniones, muchas veces excedían los términos estrictamente jurídicos y generalmente coincidían con los puntos de vista de la oposición al gobierno.

Así por ejemplo, en junio de 1973 y en medio de un clima polarizado, el presidente Salvador Allende frente a la conducta fustigante del Poder Judicial, envió una carta a la Corte Suprema, reprochando a los jueces el extralimitarse en sus atribuciones y de estorbar el cumplimiento de las labores administrativas. Recibiendo una dura respuesta por parte de la Corte «(...). El Presidente ha asumido la tarea difícil y penosa para quien conoce el Derecho sólo por terceristas de fijar a esta Corte Suprema las pautas de interpretación de la ley, misión que en los asuntos que le son encomendados compete exclusivamente al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo».⁶

Posteriormente, ya ocurrido el golpe militar, este poder del Estado fue el único que continuó funcionando con cierta «normalidad», entendiendo que la situación del país no era de normalidad y menos de legalidad. Como era de esperar, fue condescendiente y tolerante con la conducta de los militares, incluso se puede señalar que su actuación fue la de cómplices al abalar la impunidad con que actuaban, la serie de irregularidades que cometían y por supuesto de silencio frente a las flagrantes violaciones a los DDHH lo que implícitamente incentivó conductas violentas.

El recurso de habeas corpus, que constituye un principio jurídico elemental, justamente destinado a evitar detenciones arbitrarias, sin justificación, careció de total eficacia durante todo el periodo, justamente cuando era más necesario.

Los muertos por tortura o por «ley de fuga», fueron negados y ocultados por las nuevas autoridades a sus familiares, haciendo desaparecer sus restos de diversas formas; arrojándolos al mar o ríos, dinamitándolos o llevándolos a fosas clandestinas. De los tribunales nada se escuchó. De parte del poder Judicial no hubo reacciones.

Me parece esencial, por lo tanto, recoger el testimonio de un juez, sobre todo teniendo presente el rol pasivo y complaciente que este sector tuvo durante la dictadura. Contacto al juez Alejandro Solís, ex ministro de la Corte de Apelaciones, quien tuvo una importante participación en juicios de violación a los DDHH:

«Trabajé en el poder judicial, durante 44 años, los últimos 19 años como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y dentro de este lapso 10 años dedicados fundamentalmente a casos de DDHH». Inició su carrera el año 1968 en Nueva Imperial como «juez de indios» (en aquella época existía el juzgado de indios que se refería a conflictos de tierra que tenían mapuches con chilenos). Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. «Estaba instalado en San Fernando (a 140 Km. de Santiago), cuando ocurre el golpe cívico militar del 11 de septiembre de 1973».

«Tipo de 10 de la mañana escuché en la radio que se había producido un golpe en el centro de Santiago», no hace comentario de orden político frente al hecho y continúa su relato, «tiempo después llegué a Santiago, me tocó como relator de la Corte de Apelaciones, el relator es aquel funcionario, un abogado que les cuenta a los ministros de una sala de la Corte de Apelaciones qué es lo que se está reclamando».

Cuenta que como relator le tocó recibir juicios o denuncias por violaciones a los derechos humanos y aclara que:

«Yo sé que se ha criticado bastante, tanto por la población, como por los abogados, pero la Corte en realidad no podía hacer mucho, porque si había un recurso de amparo por un detenido desaparecido y no había orden competente, se pedía informe del Ministerio del Interior o Carabineros o Investigaciones y si respondían que no constaba su detención, la Corte archivaba el caso».

Reconoce que la labor que se realizó fue muy formal, porque si no había antecedentes, se archivaba, en circunstancia que muchos abogados de DDHH, decían fulano está detenido en tal parte, pido que se constituya un ministro en ese lugar, pero nunca se dio lugar. Reflexiona:

«Que tal vez si en ese momento, hubiesen sido insistentes, quizás se podrían haber salvado algunas vidas, pero el mismo confiesa; «pero bueno, no se hizo y queda para la historia, ¿por qué no se hizo?».

Sin embargo, observa que el trabajo de los jueces sirvió posteriormente en democracia, porque cuando la Corte rechazaba los amparos, se mandaba a la corte del crimen para que investigara;

«y afortunadamente los jueces citaban al denunciante o a los testigos y aunque sobreseían la causa o la archivaban, ahí quedaba esa constancia histórica».

De este modo, durante la transición democrática lo primero que se hará será pedir al juzgado la causa por la denuncia que habían antecedentes para seguir investigando, entonces eso, según el juez fue;

«Una ayuda inesperada que creo que nadie lo había pensado que pudiera servir de soporte para los juicios contra los militares».

Así los jueces van a valerse a la vez de declaraciones y testimonios, los cuales permitirán obtener información valiosa que había sido ignorada o desechada, y que posteriormente representará una sustantiva contribución jurídica en causas de DDHH.

A la vez, los testimonios van a permitir llegar a intersticios de los hechos que permanecieron silenciados, por temor, vergüenza o dolor y que actualmente constituyen piezas claves para entender ciertas conductas.

En la entrevista al Juez, él relata aspectos cotidianos que muestran el temor y el control político existente en esa época y cuenta que:

«Mucho tiempo después supe el por qué no había ascendido en el poder judicial, yo era identificado como opositor al Gobierno. Y la razón me la dio un Presidente de la Corte Suprema cuando jubiló y fuimos al cóctel de despedida, se acercó y me explica que cuando yo era juez del Crimen en los años 80, vino el Gobernador de San Fernando a contar que yo no cantaba la canción Somos libres (canción popular de esa época que fue apropiada por la Junta Militar como himno de las gesta) al iniciar la sesión y tampoco cantaba la segunda estrofa de la canción nacional, eso en la Corte Suprema significó ponerme una cruz por mucho tiempo».

En el gobierno de Patricio Aylwin el juez Solís fue nombrado en la Corte Suprema, y ahí le correspondió estar a cargo de causas de Derechos Humanos.

El quehacer del Servicio Medico Legal y los cambios ocurridos en los últimos 40 años

Esta institución fue creada en los años veinte del Siglo XX, dependiente del Ministerio de Justicia y su función era la de asesorar técnicamente a los Tribunales de Justicia y de la enseñanza de la medicina legal, es decir era el vínculo que unía el derecho con la medicina. Surgió con el fin de aclarar el origen de lesiones o causas de muerte ocurridas sin una explicación vinculante, para lo cual se realizaban distintos tipos de exámenes periciales tanatológicos.

Como muchos servicios públicos después del golpe militar, fueron intervenidos y el rol que asumirá el Servicio Médico Legal en dictadura será básicamente de orden burocrático

Según registros de la institución entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, ingresaron un total de 1631⁷ cadáveres, que en su mayoría, fueron trasladados por patrullas militares y policiales por orden de las fiscalías militares o bien eran dejados durante la noche en las puertas de la institución.

La entrevista al doctor David Montoya subdirector médico del Servicio Médico Legal, va a entregar aspectos vivenciales importantes, relacionados con las primeras semanas después del golpe. El doctor Montoya estudió medicina en la Universidad de Chile y para el año 1973, se encontraba en su último año de la carrera. Cuenta que su primera ida al SML fue en septiembre del 73, aún siendo estudiante, porque un amigo le pidió que lo acompañara a ver si encontraba a un colaborador que había desaparecido.

«Nos dejaron pasar, y había una sala que estaba llena de cadáveres, en ese primer momento dejaban a la gente que identificara a sus familiares. Lo encontramos dentro de los cuerpos. Fue bien impactante ver eso en un primer minuto. A los pocos días cerraron las puertas y no dejaron entrar a nadie más, porque las escenas de dolor y de gritos de identificación no eran buenas, más de uno se peleaba por los cuerpos que era el de él y no de era el de él, entonces cambiaron la posición al respecto».

Describe lo que le tocó ver en esos día, versión que es corroborada por distintos testimonios.

«Estaba todo el Servicio lleno de cadáveres, eran muchos y había que enterrar esos cadáveres y los camiones salían de noche cargados con cadáveres. Eso ocurría de noche, no era en el día, en el día estaban los familiares en la puerta, por lo tanto, hubiera sido muy impactante salir con estos camiones de día, en un comienzo, que no tenían experiencia lo hicieron, pero después era de noche, cuando casi no había personal en el Servicio».

Según varias declaraciones recogidas, reafirman que los uniformados actuaban con total impunidad, llevando diariamente a este lugar gran cantidad de cuerpos para que los funcionarios del Servicio realizaran los correspondientes protocolos médicos.

El doctor Montoya confirma esta afirmación señalando que:

«Yo me integré al Departamento de clínica, en el cual veíamos lesiones y mi acercamiento a la situación que estaba pasando, era ver a las personas que traían los agentes de seguridad, para exámenes médicos o de los juzgados que habían salido libres y acusaban tortura o lesiones durante su detención. Nosotros tuvimos la actitud de decir la absoluta verdad en los informes. Nuestra labor consistía en consignar todo en forma fidedigna lo que veíamos, y esa era la posición que teníamos. En el Departamento de Tanatología, que era bien álgido en este minuto, había pocos médicos, pero también, tenían la misma actitud de describir lo que veían en las autopsias de forma absolutamente fidedigna. Yo diría que la gran mayoría de los médicos no éramos del régimen imperante, los médicos estudiamos para cuidar la salud de la personas y la vida, esto fue enormemente traumático para todo el grupo médico, pensamos que iba a ser muy corto pero se prolongó mucho».

Frente a mi consulta sobre intervención militar en dicho organismo o la existencia de controles y vigilancias me responde:

«No había tal control, aunque la mayoría de los médicos no eran partidarios del golpe, se limitaron sólo a hacer su trabajo. Mi impresión es que a los militares no les importaba lo que se hacía en el SML, correspondía más bien a un trámite, no pensaban que esto se pudiera volver contra ellos. Nuestros informes eran completos, a veces nos decían: «escriban buenos informes», pero los buenos informes eran malos para ellos y no los revisaban -se sentían tan poderosos- con permiso para matar, que no ponían atención a lo que escribíamos, ellos estaban en guerra y eso era lo que había que hacer».

De acuerdo a testimonios esta labor se hará muy dificultosa porque en la mayor parte de los casos, resultaba casi imposible identificarlos, llegaban muchas veces con las falanges cortadas para borrar huellas dactilares o los cuerpos destrozados. Las autopsias en esta primera etapa eran superficiales, limitándose a descripciones generales, restringiéndose a especificar las lesiones evidentes.

Muchos de los cuerpos eran inhumados en el patio 29 del Cementerio General como NN, sin avisarles a los familiares.

Consulto al respecto de cómo se podían identificar a los cadáveres, sobre todo cuando eran tantos y la gran mayoría sin documentación, me responde:

«En un primer momento no había tecnología para identificar, solamente, llenábamos fichas de NN de los cadáveres que llegaban, se tomaban huellas y se trataba de identificar por el registro civil, los médicos del servicio lo que hicieron fue describir el cadáver, los orificios por donde entraban las balas, pero no se abría el cadáver. Nosotros los médicos recién llegados teníamos poco acceso a tanatología, pero en los casos más importantes era factible entrar a verlos. Así fue cuando trajeron a Miguel Enríquez (dirigente del MIR), fui a conocerlo porque no lo había visto nunca y era una persona muy conocida, y así otros casos emblemáticos».

Le pregunto sobre su posición de lo que estaba ocurriendo y responde:

«Yo diría que la actitud de los médicos fue principalmente hacer su trabajo, no hablar de los temas políticos, nadie decía lo que sentía ni sobre lo que pasaba. No recibíamos órdenes o indicaciones de cómo debíamos hacer nuestros informes, la verdad es que había absoluta independencia al respecto. Siempre sentimos que lo que nosotros consignáramos, que era la verdad, no tenia trascendencia puesto que enjuiciar al gobierno era prácticamente imposible, pero nosotros consignamos todo y enviamos los antecedentes a los juzgados, estaba todo, heridas de bala la gran mayoría».

Enfatiza que su percepción no era aislada, que por el contario, era un sentimiento bastante generalizado:

«Con los jueces sentíamos que ellos tenían la misma sensación que nosotros, de no poder administrar justicia en ese momento, eso era enormemente difícil. Yo me acuerdo de una conversación con un amigo juez de la Corte Suprema que me dijo, «mira, ponernos delante de los tanques para que nos atropellen no tiene ningún sentido y estas cosas pasan y después se dan vuelta y viene otra etapa». Nunca pensamos que la etapa iba a ser tan prolongada».

De este modo, durante la dictadura esta institución que originalmente estaba destinada a aclarar muertes sin causa definida, se transformara en un organismo burocrático, encargado de la elaboración de reportes administrativos.

Posteriormente, ya en democracia, este servicio pasará a jugar un rol determinante tanto en la labor de identificación de los restos de las víctimas, como en la entrega de los protocolos médicos a los jueces que estaban encargados de causas de violación a los DDHH. De este modo, las investigaciones judiciales sobre violación a los DDHH, han recurrido en varias ocasiones al SML y la labor forense que ahí se realiza, ha sido medular.

Y el entrevistado va a mostrar satisfacción cuando señala que el trabajo que realizaron los médicos, posteriormente fue requerido:

«Cuando en democracia se abren los juicios, los jueces van a solicitar los protocolos de autopsias, elaborados por el SML y éstos habían sido enviados a tribunales. Creo que fue muy importante que se hiciera el trabajo por los médicos en su momento, eso está todo escrito, tanto de los lesionados como de los fallecidos».

Al final de la entrevista admite que había mucho miedo y lo va a explicar por la impunidad que tenían los militares,

«los militares estaban sobre la potestad de los jueces y de toda la población».

El miedo los inmovilizaba, impidiendo reaccionar contestatariamente. Vinculando el trabajo realizado por los tribunales y el SML, el relato del Juez Solís entrega algunos pormenores elocuentes, recuerda un caso en Calama, que corresponde al episodio nominado Caravana de la muerte en que se secuestraron personas, se les ejecutó y sepultaron clandestinamente los restos, cuenta que;

«Cuando se supo que a raíz del hallazgo de restos en Lonquén, el ejército empieza a buscar dónde los habían enterrado para trasladarlos a otra parte, pero al sacarlos con buldog de sus tumbas, iban quedaban pequeños huesitos, y que posteriormente con el ADN se pudo acreditar que correspondía a tal persona. Me acuerdo de haber ido a Calama y decirle a una señora, le traigo la noticia que los restos, efectivamente, son de su hijo, pero es tan pequeño el trocito que teníamos que en el examen del laboratorio se deshizo.

Esa experiencia fue muy complicada para el juez, porque cuando tiene que ir a confirmarle a los familiares que se había logrado identificar sus restos, no era posible entregarle nada para darle sepultura:

«Afortunadamente, el doctor Patricio Bustos, Director del Médico Legal le explicó que para los exámenes de ADN, se exige un mínimo de densidad y de peso del fragmento de hueso, explicándole que en el caso del hijo, efectivamente, teníamos el mínimo, y que obviamente, para los exámenes de laboratorio hubo que usarlos, les dijo «por lo tanto, tiene razón el ministro cuando le dice que no tenemos nada para usted, pero le podemos confirmar que los restos eran de su hijo».

En 2001 fueron hallados en una mina abandonada ubicada en Cuesta Barriga a unos 10 kilómetros de Santiago, fragmentos óseos y algunas piezas dentales y se informó la identificación de 6 detenidos desaparecidos. Entre los identificados se encontraba el profesor de la Universidad de Chile, Fernando Ortiz, miembro del comité central del Partido comunista, detenido a fines de 1976.

El relato de su hija María Luisa, sobre la larga búsqueda entrega una perspectiva íntima del proceso y las situaciones complejas que debieron vivir durante muchos años, recuerda que uno de los múltiples trámites que debieron hacer, un funcionario publico les dijo:

«Esto es muy raro, porque su papá no está ni vivo ni muerto, o sea según ese funcionario mi padre estaba en el aire, era muy difícil de explicar. Uno pasa por distintos estados de ánimo de creer a pensar que te están entregando información falsa o incompleta».

«Cuando se sabe de declaraciones de agentes de las FFAA que habían participado en la detención de mi padre, entregan una coordenadas donde estarían los restos y nos fuimos al lugar tratando de encontrar el sitio preciso donde debían estar, en un comienzo se estaba excavando en un lugar que no era. En esa mina estuvimos como tres meses trabajando, el ministro con un equipo del SML y nosotros afuera, durante todo ese tiempo, esperando. Fue una etapa muy importante, porque revivimos y reconstruimos muchas cosas, hablamos mucho de ello y nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar unos fragmentos, que es lo que se encontró, se encontraron pequeños restos, falange, dientes, nosotros pensábamos que íbamos a encontrar los cuerpos, pero no, tuvimos que asumir que no se iba a encontrar nada más ahí».

Para la familia fue muy impresionante, porque después de 25 años el juez les anuncia que su padre ha sido identificado:

«Para nosotros fue un impacto tremendo, porque era por primera vez que se reconocía la detención, cuando ya no teníamos muchas esperanzas, nos confirman la identificación. En el SML nos entregaron los restos y nos enfrentamos a que eso era todo lo que teníamos de nuestro padre».

«Lo que más me ha impresionado en lo personal, fue cuando tuve que ir al Registro Civil y me entregaron el certificado donde decía que mi padre estaba oficialmente muerto»

El rol de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura

En un contexto de enorme indefensión van a surgir distintas instituciones destinadas a defender los DDHH. La Vicaría de la Solidaridad, institución ligada a la iglesia católica va a ser uno de los organismos más relevantes durante este periodo. Su trabajo fue fundamental en la defensa de las personas, familiares de perseguidos, detenidos o asesinados por el régimen militar. Se constituyeron equipos de trabajo que contaban con abogados los cuales prestaban asistencia jurídica, se entregaba apoyo económico y médico. De manera simultánea se fue construyendo un archivo que contenía todas las causas atendidas por la Vicaría. Se calcula que esta institución llegó a acoger unos 45 mil casos. Documentación que fue resguardada cuidadosamente durante la dictadura, ya que contenía documentos únicos, distintos expedientes judiciales, tales como los recursos de amparo, procesos por torturas, secuestro o muerte, testimonios, declaraciones juradas, denuncias ante organismos internacionales, expedientes que han sido fundamentales en los juicios llevados a cabo contra crímenes de lesa humanidad.

La primera evidencia del horror, el descubrimiento de los hornos de Lonquén

El primer hecho confirmado sobre detenidos desaparecidos y que fue dado a conocer por los medios de comunicación fue en noviembre de 1978, cuando la Vicaría de la Solidaridad, organismo dependiente de la Iglesia católica, recibió la denuncia de un hombre, quien aseguraba haber encontrado numerosas osamentas humanas en unas minas abandonadas de Lonquén.

El testimonio de Javier Luis Egaña, es un extraordinario aporte, porque los detalles de su relato dan muy bien cuenta del clima existente en esos años:

«En 1978 la Vicaría de la Solidaridad estaba organizando para noviembre de ese años, un simposio internacional sobre DDHH, en octubre va a ocurrir una dramática coincidencia. Llegó a la Vicaria un hombre de más de 70 años y pide hablar con un sacerdote y le dice: «tengo que contarle algo en reserva, soy jubilado de la Fuerza aérea y el 4º de mis hijos desapareció el año 1974. Lo he buscado por la zona de Lonquén, por algunos datos que me han dado ex compañeros militares, y buscando encontré dos hornos abandonados donde creo que está enterrada mucha gente y en una meseta hay 12 cadáveres y uno de ellos tiene uniforme militar». Dos días después se fue al lugar indicado para confirmar esta información. En la zona de la meseta no estaban los cuerpos pero se notaba que había sido removida la tierra, se bajó a los hornos y aparecen restos de huesos, ropa y una calavera, en el lugar habían muchos más cadáveres»⁸.

Confirmada la denuncia, la Vicaria tomó la decisión de no darlo a conocer durante el Simposio, porque el gobierno los podría haber acusado de montar un show en el encuentro internacional.

«La calavera estuvo como una semana en mi escritorio…a los más importantes de los que vinieron al simposio, se les mostró la calavera y se les dijo en los próximos días nosotros vamos a destapar esto y va a ser un escándalo, porque si llegara a coincidir con detenidos desaparecidos, la palabra «presuntos» dejará de usarse y se hablará de detenidos desaparecidos»

El organismo de la iglesia contrató una empresa para que hiciera las excavaciones, según señala Egaña:

«Se debía actuar con mucha rapidez antes que la DINA se enterara de este hallazgo y fuera a dinamitar el lugar»

A los pocos días fue oficialmente confirmada la existencia de restos humanos, eran 15 cadáveres los que fueron trasladados al SML, donde se pudo acreditar que pertenecían a detenidos desaparecidos e identificar algunas osamentas a través de la odontología y de ropa que los familiares reconocieron; eran campesinos que habían sido detenidos en octubre de 1973. «Trozos de cráneos amarillentos con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos,

negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre»⁹.

«Permaneció la duda que los pueden haber tirado vivos, no hay seguridad al respecto» indica Egaña y continúa describiendo la compleja situación que se vivía;

«La última maldad de la dictadura en este caso, fue cuando se habían identificado los restos y según el compromiso con el gobierno, serían entregados y se les haría una misa, pero la camioneta que los traía se desvió y los fueron a botar a una fosa común del Cementerio de Isla de Maipo».

Este caso será muy complicado para el régimen de Pinochet por las implicancias nacionales e internacionales, las declaraciones que en 1975, había hecho el delegado en la Comisión de Naciones Unidas del gobierno militar, en el sentido que «muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal», se fueron a pique.

Un teniente del ejército y ocho carabineros fueron procesados por la justicia civil, sin embargo, el juez de la corte de apelaciones, se declaró incompetente, y el caso se transfirió a la justicia militar donde se les aplicó la ley de amnistía, la cual eximía de responsabilidad penal los crímenes perpetrados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, fecha cuando se levantó el estado de sitio.

Este aterrador hallazgo estremeció la opinión pública y marcó un doloroso hito para los familiares de los centenares de detenidos desaparecidos, se confirmó la temible sospecha, sus parientes estaban muertos.

Por otra parte, para los militares también fue una voz de alerta e hizo que llevaran a cabo a fines del año 1978, lo que en clave llamaron «retiro de televisores». Pinochet ordenó exhumar los restos de prisioneros políticos ejecutados clandestinamente en jurisdicciones de regimientos y otros lugares y hacerlos desaparecer definitivamente, lanzando sus restos al mar o bien dinamitando los sitios de enterramientos, se trataba de borrar las huellas que los pudieran inculpar. La acción encerraba un doble crimen: primero la muerte, y posteriormente, la destrucción de vestigios que impidieran encontrar sus restos.

El «caso de Lonquén» tal como lo señala Egaña, fue emblemático, porque por primera vez se pudo comprobar las denuncias de los familiares de las víctimas.

La dictadura frente a este descubrimiento va a actuar según procedimientos regulares, enviando los restos al SML.

Contrastando memorias la del doctor Montoya que recuerda que una vez terminada la investigación y confirmada las identidades por el Servicio Médico Legal, se les comunicó a los familiares de los quince campesinos, que se les entregarían los cuerpos para sepultarlos, sin embargo:

«Los restos fueron sacados de manera secreta esa noche por el director del Servicio Médico Legal, llevándolos a un cementerio clandestino».

Proceder que oscilaba entre lo legal y lo ilícito. ¿Cuál podría ser la lógica tras estas acciones?, preocupación por la credibilidad del gobierno, dado que en repetidas ocasiones habían declarado que los detenidos desaparecidos eran un invento de la izquierda, o más bien, para trasmitir temor e impotencia entre los familiares de las víctimas.

Los desafíos que enfrentó el SML

En democracia, el SML tuvo que hacer frente a la complejidad del hallazgo de osamentas de víctimas que comenzaron a encontrarse en distintas zonas del país. La laboriosa situación radicaba en que en Chile no había los profesionales especializados en identificación de osamentas humanas, ni médicos legistas, ni la infraestructura adecuada, muchas desconfianzas y sospechas sobre los informes de autopsias, a lo que se sumaba los distintos métodos que habían utilizado en dictadura para ocultar las identidades. La medicina forense debió irse adecuando a los desafíos que enfrentaba y los detalles pasaron a ser cruciales. Se comenzó a trabajar observando, poniendo especial atención en las más mínimas particularidades, los restos de tela, fragmentos óseos, dirección de la bala, objetos personales, un zapato «el calzado era un mocasín de suela gruesa que se usaba entre los años ‘60 y los ‘80", partes dentales y con esos elementos, junto al trabajo con las familias en el reconocimiento de objetos personales se fue avanzando de manera aun incierta.

De este modo se fue recuperando una serie de evidencias asociadas, y se va haciendo una reconstrucción de fragmentos, junto a la determinación del tipo de traumas que presenta o causas de muerte.

Hay que recordar que en los inicios de la década de los noventa no habían grandes desarrollos ni en el país ni en general en el mundo, en identificación a partir de fragmentos de osamentas. La medicina forense tenía otro enfoque, estaba destinada a realidades distintas, por lo tanto en un cierto sentido se partió de niveles muy básicos.

A pesar de esta debilidad los equipos forenses que trabajaban en el SML, se involucraron profesional y emocionalmente existiendo una gran determinación y voluntad para avanzar en la identificación de los detenidos desaparecidos, sin embargo, aquello estaba lejos de ser suficiente, se requería contar con tecnologías adecuadas con la cual no se contaba.

La Jefa de Identificación Forense del SML, la antropóloga forense Marisol Intriago ingresó al SML el año 2003 y el año 2011, fue nombrada encargada de la Unidad Especial de Identificación Forense, por lo tanto, no conoció el SML en dictadura, su relato hace referencia a la labor de la institución en la identificación de detenidos desaparecidos en democracia y sobre todo a los desafíos que han enfrentado como institución y contextualiza los avances en las técnicas de identificación.

El patio 29. El error en la identificación de detenidos desaparecidos.

Se denomina «patio 29» a un sector dentro del Cementerio General de Santiago, que la dictadura utilizó para sepultar clandestinamente a ejecutados políticos. Antes del golpe de Estado ese lugar era una antigua fosa común donde se enterraban personas que ingresaban como NN. Posteriormente, entre septiembre de 1973 y marzo de 1974, se trasladaron a ese sector varios cuerpos derivados del servicio Médico Legal, según algunas estimaciones, pueden haber sido más de cien personas. En septiembre de 1991, el juzgado del crimen en razón de una querella interpuesta por la Vicaría de la Solidaridad, ordenó la exhumación del patio 29. Correspondió al SML realizar los peritajes de identificación y poder determinar causa de muerte. Se exhumaron 126 cuerpos de 108 sepulturas. Entre octubre de 1992 y febrero de 2002 se entregaron a los familiares los restos óseos de 96 identificados.

El testimonio que entrega la antropóloga forense sobre la labor del SML en el esclarecimiento de los restos encontrados en el patio 29.

«Alguien dijo en el «patio 29 había restos humanos sin identificar y se empezó a exhumar, y entonces se dan cuenta que había una cantidad impresionante de restos, más de 100 personas. Familias que tenían un detenido desaparecido se acercaron y entregaron características para su identificación; importaba tanto cualquier detalle, si tenía una cicatriz, algunas particularidades, en fin, lo que ayudara a su identificación. Se identificaron algunos restos y fueron entregados a sus familiares, pero pasó el tiempo y surgieron las dudas.

Efectivamente, el año 2006 producto de los análisis genéticos surgieron las primeras discrepancias en los de los restos identificados en los años 90’, que se habían encontrado en el patio 29. Los tribunales ordenaron la exhumación de todos los restos que habían sido entregados a los familiares, y que habían sido enterrados.

El Juez Solís se refiere a este asunto y relata:

«Se identificaron algunos restos y fueron entregados a sus familiares, pero pasó el tiempo y surgieron las dudas. En ese tiempo se conoció en Chile el ADN, que nació de las investigaciones a raíz del atentado de las torres gemelas en Nueva York y llegó a Chile. Ahí entra la labor fundamental del Servicio Médico Legal, se inician las exhumaciones y se remiten los restos a esa institución».

Comienza el trabajo coordinado entre los tribunales y el SML, se empieza a citar a los familiares y a tomarles muestras y a comparar si el ADN coincide entre los familiares y los restos, y se dan cuenta que habían más de 60 casos que no correspondían. El Juez comenta;

«Me tocó entonces con el informe del Médico Legal empezar a citar a los familiares y a los médicos del Servicio, para que le explicaran cómo era posible que se hubiera producido esto, la gente decía es un capricho, mala fe, pero la explicación científica, las características generales de los restos correspondían, aparentemente al familiar fallecido, pero el ADN, demostraba que no era, entonces eso significó un enorme impacto emocional porque hubo familias que recibe a sus restos y familias a las cuales debimos quitárselos».

El Juez relata otro dramático caso y que se vincula con el error de identificación:

«Cuando aparecieron los restos de Fernando Olivares se hizo un documental en que se cuenta su vida, la desaparición y cuando se reciben los restos, el problema que los restos, cuando se vuelven a analizar se comprueba que eran de otra persona. Tuve que pedirle a la familia Olivares, que me devolvieran esos restos porque eran de otra familia, imagínese la película perdía sentido, porque eran restos equivocados. Me acuerdo haber citado a la viuda y a cinco hermanos de Olivares, les comuniqué esto y no creían que eso pudiera ser así. Les planteé que exhumaríamos de nuevo los restos y los enviaríamos a Austria, y así lo hicimos, a los 6 u 8 meses, recibimos el informe y se confirmó que no pertenecían a él. Cuando les informé, la familia respondió en forma muy loable y acompañaron a la familia que les pertenecían los restos a enterrarlos. La labor del Médico Legal, ha sido indispensable porque reforzaba lo que yo estaba explicando».

Insiste sobre la conducta de los jueces en dictadura y el cambio producido al llegar la democracia, y admite que «hubo un giro, sobre todo a partir del llamado «patio 29»:

«Yo diría que ese caso del patio 29 produjo un cambio en la conducta, la percepción que tiene la ciudadanía de los jueces, es que son personas distantes, que hablan a través de los escritos o a través del actuario del secretario, nunca personalmente. Con el «patio 29» me pareció que era indispensable presentarme ante las personas. Los días viernes citaba a 7 familias a mi privado en la Corte de Apelaciones y les explicaba, mire lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente: se entregaron restos, no sabemos en este momento, si corresponden o no a su difunto familiar. Puede ser que corresponda y ustedes se quedan tranquilos y si no corresponden, tienen que esperar a nuevos resultados, o bien en el caso más dramático, es que no aparezcan».

Cambio que el juez va a valorar porque para los familiares que han esperado tanto tiempo y que han vivido situaciones muy duras, el poder avanzar escuchando sus testimonios permitirá generar confianzas, y certeza que se estaba haciendo todo lo posible por llegar a la verdad.

«De alguna manera, la gente fue entendiendo de que ya había una actitud diferente del poder judicial con ellos, yo estaba dialogando con ellos, permitiéndome que me criticaran en la cara por lo que estaba pasando, y tanto así, después de haber tenido una reunión como con 20 familiares, les dije; perdónenme la soberbia, pero en este momento voy a asumir la representación del Estado de Chile y les voy a pedir perdón a ustedes por lo que hicieron los profesionales del Médico Legal hace casi 20 años atrás, al equivocarse al entregar los restos. Las personas se dieron cuenta que esa era una cosa absolutamente novedosa, que un juez les dijera perdonen lo que hemos hecho, yo diría que de alguna manera, ahí se produce un giro de las relaciones que habitualmente habían entre juez y ciudadanía».

Los cambios que vivirá el SML

La antropóloga forense aporta elementos que permiten entender los cambios ocurridos en 2006 en el SML. Explica que el actual equipo es muy diferente al que existía anteriormente y que indudablemente el punto de inflexión fue el llamado caso del «patio 29». Su relato es revelador del cambio en el concepto del trabajo del SML y la importancia de incorporar equipos multidisciplinarios que pudieran aproximarse desde perspectivas disciplinarias distintas y además ser capaces de trabajar consensuadamente entre los equipos y los familiares.

«Nosotros éramos un equipo inicialmente de 5 ó 6 personas, dos odontólogos, un par de médicos, dos antropólogas una arqueóloga. A partir del año 2006, después de la crisis que provoca el caso «Patio 29» en el error de identificaciones, se interviene el Servicio Médico Legal, modificando las pautas de trabajo para los casos de DDHH y se determina que es necesario ampliar el equipo y que debiera ser más multidisciplinario. Actualmente, somos una unidad cercana a las 30 personas, alrededor de 10 son antropólogos, 2 arqueólogas, 3 odontólogos, 4 médicos, tenemos apoyo administrativo, una asistente social, una abogada, 1 ingeniero informático, técnicos, un custodio de las evidencias y un fotógrafo forense».

A la antropóloga le correspondió vivir el cambio de eje en las relaciones institucionales entre la justicia y el SML, y cómo aquello también varió la forma de relacionarse con los familiares:

«En un comienzo no teníamos una relación muy directa con los familiares, básicamente, se les entrevistaba para obtener información, pero se les podía revelar muy poco, no porque no quisiéramos, sino porque el sistema judicial chileno es muy cerrado, todo era secreto de sumario. El juez era quien maneja la información y era él quien tomaba todas las decisiones de comunicación, por lo tanto, eso restringía la comunicación que nosotros podíamos tener con los familiares».

Para el nuevo equipo, el aporte que entregan los familiares, está fuera de discusión, más aun , señalan que ha resultado vital , porque justamente detalles que no entregan los restos, con el aporte de la familia se van completando. Pero la relación, cercanía y constante información hacia los familiares, tiene también un aspecto de respeto por su dolor, su trabajo y entrega que han mantenido durante tantos años.

«Después de lo de «patio 29», que para nosotros es un hito, porque va a cambiar el eje en 180º, es decir los familiares asumen el rol protagónico que les corresponde: No podemos olvidarnos que durante la dictadura en Chile y como casi en todos los países, son los familiares los que se movilizaron y lograron poner en la mesa, el hecho de que se estaban cometiendo esos crímenes, que además, fueron los que reunieron información, generaron una serie de recursos para poder buscarlos y para poder avanzar en procesos judiciales, etc., buscando sus familiares vivos, originalmente. Será después que los Estados van a tomar un rol más protagónico, y donde a los familiares los van a dejar un poco fuera. Nosotros, como los técnicos asumimos esa conducta también, sin incorporarlos en los procesos, y lo que quedó demostrado al final del día, que eso era un error tremendo».

Es decir, los familiares se fueron cada vez más incorporando, aprendiendo un lenguaje especializado y desde su información, tomando mayor conciencia sobre los aportes que ellos podían hacer.

«Actualmente, tenemos con los familiares una relación más directa, una comunicación permanente, ellos saben muchísimo, han ido aprendiendo a través del tiempo, sobre todos estos procesos, han pasado 40 años y conocen cuáles son los alcances de las técnicas, los avances de las ciencias, la función que cumplimos las diferentes instituciones, estamos hablando de gente que está empoderada, por lo tanto, lo correcto es darles el lugar que les corresponde. Tenemos reuniones periódicas con los familiares de cada uno de los casos, donde les informamos de los avances, de las limitaciones y dificultades y sobre cuáles son las expectativas que pueden tener. Los tribunales han permitido y respaldado esta proximidad, porque los jueces que llevan estos casos, también han comprendido, que es necesario tener una política de puertas abiertas y que eso no va a afectar la investigación. Yo creo que ha permitido profundizar la confianza que existe de parte de los familiares hacia esta institución y hacia todas las otras que participan en este trabajo».

Al respecto el testimonio de María Luisa Ortiz, corrobora esta afirmación:

«Cuando se logró la identificación en 2006 a través de las muestras de ADN, que habían sido confirmadas en un laboratorio de Austria, tuvimos una reunión con el Ministro a cargo del proceso y los médicos del SML. Hubo cosas en el informe que nos parecían claras y pedimos más información, como por ejemplo la causa de muerte, que indicaban herida de bala, cuando nosotros sabíamos que en ese cuartel de la Dina los detenidos habían muerto por tortura»

Finalmente el juez Solís, se refiere a la negativa que ha mantenido las FFAA de entregar mayores antecedentes y dice que:

«por el espíritu corporativo, obviamente, no querrán que sus antecesores dentro de las Fuerzas Armadas vayan a ser cuestionados por esto»

Y por otra parte, confía en que surjan nuevos testigos dispuestos a declarar:

«Yo tengo esperanza, en el sentido, que aparezcan nuevos testigos, por ejemplo, el caso del testigo que apareció después de 30 años, que fue miembro de las FFAA y dice mire, me aburrí de esto y voy a contar lo que sé, cuántos igual que ese testigo podrán haber y que el día de mañana digan voy a contar lo que yo sé y poner fin a la «impunidad biológica», porque mientras más demoran estos juicios se van muriendo las víctimas, los testigos y los culpables. Los victimarios van quedando en decrepitud y no pueden entrar a la cárcel porque están en una silla de ruedas, en un asilo de ancianos, a eso me refiero con impunidad biológica».

A diferencia de los otros dos testimonios, la antropóloga es de una generación más joven y aquello se reflejará en su perspectiva frente a los hechos. Su preocupación que, sin lugar a dudas, muestra un compromiso con los DDHH, está más centrada en la importancia de avanzar para lograr la identificación de los detenidos desaparecidos.

Reflexiona al respecto y cree que en el último tiempo, se ha producido un cambio en la sociedad chilena:

«Tengo la sensación de que en Chile pasamos por un proceso de negación total de una necesidad de cerrar los ojos frente a estos hechos, para dar vuelta la página y avanzar y paulatinamente se avanzó hacia el reconocimiento de que el mirar nuestra historia, el mirar a las víctimas y sus familias, es un proceso necesario para poder avanzar. Ha sido una cuestión larga y difícil, en realidad al principio durante la transición era difícil de lograr porque no teníamos una democracia plena, teníamos una democracia «protegida» y un poco amenazada».

Finalmente se refiere a la estabilidad democrática que actualmente tiene el país y reflexiona sobre la necesidad de asumir en plenitud, sin aprensiones la necesidad de avanzar como sociedad en conocer la verdad.

«Yo creo que hoy día no es así, nosotros lo vivimos como unidad el año pasado, uno lo veía en los medios de comunicación, en una serie de cosas que antes no se habían visto y que el gobierno dijo, sorpresivamente, que esto era algo de lo que había que hablar, yo creo que muchas personas que no necesariamente tienen un vínculo con la violencia vivida, un vínculo directo, digamos, empezaron a mirar lo que había pasado en Chile con otros ojos y dejaron de tener esa necesidad apremiante de ponerle algo encima y no pensar más en esto, porque es algo doloroso y es algo que nunca se va a resolver, hay un cambio de giro en el último tiempo y eso se debe, sobre todo a reconocer, que el proceso como se había llevado a cabo, desde el mismo Estado, desde nosotros los profesionales, no estaba tan bien encaminado como nosotros pensábamos, entonces eso colaboró, también, hay una madurez de parte de este país».

A modo de conclusión:

Cabe recordar que el año 2013, se cumplieron 40 años del golpe de Estado, lo que va a producir una explosión de recuerdos, reconocimientos, mea culpas y perdones oficiales. La memoria irrumpió en el momento menos pensado, se recordaba para poder entender qué paso, «¿qué nos paso?».

La fractura política que aquello representó, en muchos aspectos aún está presente. El asombro y espanto sobre lo sucedido permite sostener que «Hay pasados que no pasan, como existen pasados que se imponen al presente»¹⁰ y donde la posibilidad de imaginar el futuro está vinculada necesariamente a la comprensión de ese pasado.

En ese sentido, los tres testimonios están, quiéranlo o no, influidos por esa realidad.

Probablemente, ninguna condena, ni culpa, ni sanción habría sido posible sin la reconstrucción del pasado, a través de los actos de memoria de testigos y de víctimas.

El juez Solís se refería a la negación de información o de desinformación por parte de los militares, lo que ha dificultado poder avanzar en muchos juicios y que los testimonios tienen un sentido ético, social y político, porque constituyen un instrumento jurídico autorizado.

Pero, para que se esté dispuesto a entregar testimonios y que éstos cumplan una función política, ética o jurídica, deben haber condiciones propicias, es decir, regímenes democráticos. Sin embargo, aquello no es suficiente de por sí.

Efectivamente, la recuperación y validación del relato subjetivo va a estar acompañada siempre de la aspiración democrática, pero este objetivo muchas veces es un camino sinuoso, cruzado por el debate que prioriza la «calidad» de la democracia por sobre los avances alcanzados.

Es importante tener presente que la democracia puede ser escurridiza. Por defender la democracia se pueden argüir «razones de Estado», o la necesidad de no «remover viejas heridas», y no querer descorrer el velo del silencio.

Surge la pregunta de cuándo es el momento apropiado para develar y esclarecer los perturbadores hechos? Cuando realmente las sociedades se sobreponen a las pervivencias de fracturas y traumas y surge la demanda social por conocer los hechos.

Finalizo con una cita de Rosanvallon, que permite reflexionar y problematizar sobre el sentido de la democracia, y dice que «la democracia no deja nunca de constituir una solución problemática, en que en ella se unen desde hace mucho tiempo el sueño del bien y la realidad de lo confuso».¹¹

Notas

1 El texto es resultado parcial del proyecto CONACYT-MORA (clave CB 2012/177295), «El
trabajo de los equipos de antropología forense en América Latina: otra ruta de acceso al conocimiento
de la represión y violencia políticas».
Trabajo recibido el 30/04/2014. Aprobado el 20/07/2014.
2 Doctora en Historia, UNC. Departamento de Ciencias Históricas Universidad de Chile.
Contacto: isabeltorres.d@gmail.com
3 Aróstegui, Julio. La Historia vivida. Alianza Editorial, 2004.
4 Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2012.
5 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo 1, 1991. Comisión creada bajo el gobierno del Presidente Patricio Aylwin.
6 Periódico El Mercurio, 26 de junio -1973.
7 Memoria del Programa de Derechos humanos 2007- 2010. Servicio Medico Legal, Santiago, 2010.
8 Entrevista a Javier Luis Egaña,, Ex secretario ejecutivo de la Vicaria de la Solidaridad.
9 Palabras del subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez, al describir los restos humanos encontrados en los hornos de Lonquén, 30 de noviembre, 1978, La Memoria Prohibida. Pehuén Editores, Chile, 1989.
10 Cavdevila, Luc. La sombra de las víctimas oscurece el busto de los héroes. Nuevo Mundo mundos Nuevos. Cuestiones del Tiempo Presente, 2009 (En línea) URL:http://nuevomundo.revues.org/57306.
11 Rosanvallon, Pierre. (2003) Por una historia conceptual de lo político. Méixco: Fondo de Cultura Económica