DOSSIER

Recuerdos y relatos sobre la búsqueda de un detenido desaparecido en México¹

 

Silvia Dutrénit Bielous² y Elena Jaloma³

 

Abstract
Rosendo Radilla Pacheco, Mexican native of Atoyac de Álvarez, disappeared in 1974 on dirty war’s (guerra sucia) context. His case is barely known, as it is also the ones of the hundreds of disappeared-detainees in his country. However, a lawsuit made by his relatives and activists of human rights prospered at the Inter-American System.
A strategic litigation turned the Radilla case in the first one in putting the Mexican state as responsible of the violation of human rights committed by the political repression of the named «dirty war». The Inter-American Court of Human Rights, maximum court of the continent, stated in 2009 a sentence that oblige Mexico, among other aspects, to the immediate search of the disappeared one. The process is now in course and it counts in particular with the participation of anthropologists and archeologists. They observe, carry out research and do excavations in the land where the mortal remains could possibly be located.
Radilla’s circumstances are embedded on Present Time History (HTP for its initials in Spanish), the one of the eyewitnesses, where there’s a living memory. To catch it, the semi- focused interviews offer a selection and a reconstruction of facts from de witness’ subjectivity. Nevertheless, in general, coming out voices contain experiences that go further the person and allude to the mentioned context. Both results are what this text is looking up to recover.
Key words: Radilla, disappeared person, dirty war, Mexico, anthropologists.

Resumen
Rosendo Radilla Pacheco, mexicano oriundo de Atoyac de Álvarez, desapareció en 1974 en el contexto de la guerra sucia. Su caso es escasamente conocido como también el de cientos de detenidos desaparecidos en su país. Sin embargo, una demanda elaborada por familiares y activistas de derechos humanos prosperó en el Sistema Interamericano.
Un litigio estratégico convirtió así al caso Radilla en el primero en situar al Estado mexicano como responsable de violación de derechos humanos cometida por la represión política de la llamada guerra sucia. La CoIDH, máximo tribunal del continente, emitió en 2009 una sentencia que obliga a México entre otros aspectos, a la inmediata búsqueda del desaparecido. El proceso está en curso y participan, en particular, antropólogos y arqueólogos. Ellos observan, investigan y realizan excavaciones en el predio en el que posiblemente pudieran ubicarse los restos.
Las circunstancias de Radilla están incrustadas en la Historia del Tiempo Presente (HTP), aquella de los testigos presenciales, donde hay una memoria viva. Para capturarla, las entrevistas semifocalizadas ofrecen una selección y reconstrucción de hechos desde la subjetividad del testimoniante. No obstante, por lo general las voces que surgen contienen experiencias que van más allá de la persona y aluden a ese contexto. Uno y otro resultado es lo que se busca recuperar en este texto.
Palabras clave: Radilla, desaparecido, guerra sucia, México, antropólogos

Dijo mi padre:
-¿De qué se me acusa?
Dice:
-Tú compones corridos.
Y le dijo mi padre:
-¿Y eso es delito?
Dice:
-No, pus mientras ya te chingaste.
Mientras ya te chingaste.⁴

Rosendo Radilla Pacheco fue, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, del que fue presidente Municipal. El 25 de agosto de 1974 fue detenido en un retén militar en su municipio, cuando iba acompañado de su hijo de once años, Rosendo Radilla Martínez. Desde entonces está desaparecido.⁵

En aquel momento se le acusó de componer corridos y más específicamente de ser autor de corridos en apoyo a los históricos líderes guerrilleros de los años setenta en el estado de Guerrero, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

Las características de una detención pública como fue la de Radilla Pacheco y la constancia de la denuncia de sus familiares, contribuyeron a que cuando las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) deciden realizar litigios estratégicos, toman este caso que resultará emblemático. Un trabajo largo y de coadyuvancia entre la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), activistas y profesionales de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), hizo posible implantar la denuncia en el Sistema Interamericano. De esta forma, en 2008 se convirtió en el primer caso mexicano de una víctima de la represión política en el contexto de la llamada guerra sucia,⁶ que alcanzó el ámbito de la CoIDH. La misma resolvió, como parte de la sentencia emitida en 2009, la obligación para el Estado mexicano de localizar al desaparecido, o de no ser esto posible, hallar sus restos. El proceso está en curso. Cuatro diligencias se han realizado desde que la CoIDH sentenció al Estado. Las mismas han consistido en la observación e investigación del terreno en el que posiblemente estarían sus restos y en excavaciones dentro del predio en que se le vio por última vez. Importa señalar, respecto a la situación de los detenidos desaparecidos de aquellos años, que este procedimiento no tiene precedente.⁷

En el caso Radilla, se han revisitado sus circunstancias desde diversas perspectivas disciplinarias; aquí se optó por un abordaje dedicado a la rememoración de personas involucradas en el procedimiento. Su selección se estableció en función de un rol protagónico tanto en organizaciones de la sociedad civil, como en el ámbito científico especializado. A través de sus narraciones se rescata desde la subjetividad de los protagonistas, cómo se rememoran algunos momentos, qué énfasis marcan, desde qué horizonte presente se expresan diferentes remembranzas, así como la delimitación de semejanzas y sus porqués. Las fuentes orales en tres casos corresponden a entrevistas semifocalizadas y en otro, a una intervención oral en un seminario para la que se propusieron algunos asuntos disparadores de la experiencia vivida por el expositor.

Para tales fines el texto se divide en tres secciones: i. La mirada (Observación y recreación desde la subjetividad), ii. El contexto y los sujetos (Hechos y actores) y iii. Las voces de los protagonistas (Desde la rememoración, construyendo narraciones). Una recapitulación pone fin al texto.

Observación y recreación desde la subjetividad

Si bien el caso Radilla no está ampliamente difundido y tampoco la situación de los cientos de desaparecidos de la guerra sucia, es posible afirmar que se impuso en el presente. Incluso podría afirmarse que ese pasado se ha constituido como espacio referencial que afecta de forma distinta a varios sectores sociales. Asimismo es un pasado que se procesa como acontecimiento doloroso y traumático para muchos.

Para quienes se ubican disciplinariamente en la Historia del Tiempo Presente (HTP)⁸, se trata pues del tiempo de los testigos presenciales, donde hay una memoria viva. Ésta posibilita aproximaciones a los sucesos alejados muchas veces de los relatos oficiales por tratarse de circunstancias de la gente común pero también de hechos y coyunturas que han sido desdibujados desde el poder como el presente caso.

La herramienta principal para la captura de esas memorias es la historia oral. Sin duda es subversiva en la medida que hace posible reunir las voces de personajes marginados sobre temas velados. Tal como lo afirma Necoechea:

Uno de los impulsos que ha acompañado a la historia oral es el de la democratización de la producción y de los temas y sujetos de la historia… Esta característica de la historia oral en ocasiones la convierte en una historia de denuncia y, con frecuencia, en una historia que pone a los invisibles a la par de la historia visible.⁹

Es así que una fuente esencial del quehacer historiográfico son los testimonios constituidos por recuerdos y una forma de memorizarlos, una selección desde un presente con su propia carga valorativa, afectiva, de intereses diversos.¹⁰ Y si bien estos recuerdos son personales, por lo general reflejan experiencias que transcienden lo individual y son una guía para vislumbrar un contexto social y político.

Pero ¿a qué se pretende llegar con la fuente oral? No es alcanzar una réplica de lo vivido, un acercamiento a la veracidad de los hechos sino más bien de captar cómo se reconstruye lo vivido para, en todo caso, preguntarse por qué es así. Es más, interesa esa construcción subjetiva de lo que provoca la invitación a revisitar los sucesos. Y en este punto es importante resaltar que esa invitación pone en evidencia la relación entrevistado-entrevistador.

En estos recovecos que guardan lo controvertido de la historia vivida, hay una pugna, un evidente interés como lo ha señalado Paul Ricoeur:

El pasado ya pasó, es algo determinado, no puede ser cambiado. El futuro por el contrario es abierto, incierto, indeterminado. Lo que puede cambiar es el sentido de ese pasado, sujeto a reinterpretaciones ancladas en la intencionalidad y en las expectativas hacia ese futuro. Ese sentido del pasado es un sentido activo dado por agentes sociales que se ubican en escenario de confrontación y lucha frente a otras interpretaciones, otros sentidos, o contra olvidos y silencios.¹¹

Esa relación indeleble entre pasado-presente-futuro, retroalimentada por la tensión entre memorias e interpretaciones, permea a los entrevistados como a los entrevistadores. Nada de ello es ajeno cuando se delimita un tema de investigación como el de los desaparecidos políticos y la obligación marcada por la CoIDH de buscar a las víctimas y esclarecer su situación. Sus fallos encierran una relectura de la narración oficial modificando desde su contenido una constatación de numerosas violaciones desdibujadas en un discurso de seguridad nacional. De ahí que se refuerce ese sentimiento sobre la historia oral como recurso metodológico subversivo cuando aborda temas otrora (e incluso hasta hoy) vedados.

El acercamiento desde la construcción subjetiva de testimoniantes en las distintas acciones de búsqueda de Radilla, no es ajena a la interpretación thompsiana de que la historia oral proporciona evidencias en cuanto a que sus aportes no son solo ráfagas de información. Sus aportes también contribuyen a nuevas perspectivas porque «hay trozos esenciales del pasado escondidos en la memoria de las gentes.»¹²

Hechos y actores

La desaparición de Radilla es resultado de la violencia de Estado en México que comenzó a exhibirse desde los 60 del siglo pasado.¹³ Aquélla se enmarca a su vez en el contexto internacional de Guerra Fría, que en América Latina tuvo su detonante con la revolución cubana. Desde entonces se vivió una reacción contrainsurgente irradiada desde Estados Unidos en tanto se multiplicaban diversas formas de expresión social, política y armada alentadas por el triunfo revolucionario.¹⁴

Estos hechos derivaron en la instalación de dictaduras en países sudamericanos, cuya dimensión represiva se fortaleció dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA) nacionales con una guía doctrinaria común, la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Su estrategia de combate fue la aniquilación del «enemigo interno».¹⁵ Fuerzas de seguridad estatales o a su amparo impusieron una práctica represiva dirigida contra los opositores políticos.¹⁶

No sólo en la región sudamericana se desplegó esa estrategia. Por ejemplo, el conflicto armado centroamericano da cuenta de esa concepción, así como el México de los 60-80 cuando una velada represión dejó un saldo de cientos de víctimas.¹⁷

A partir de distintos momentos de los 80, conforme fue acercándose el fin de la Guerra Fría, creció la fuerza de los movimientos opositores, se apuntaló la defensa de los derechos humanos (DDHH) desde el gobierno estadunidense, y proliferaron las redes de ONG’s pro-DDHH.¹⁸ La conjunción de los diversos actores contribuyó a avizorar cambios en la concepción represiva y a que en muchos casos llegaran a su fin los regímenes. Con ello se fueron fortaleciendo las demandas de la sociedad civil que bregaban por esclarecer lo acontecido y fincar responsabilidades ante la justicia.

Sin embargo, los procesos de transición democrática se determinan por la correlación de fuerzas operante en cada país. Así la construcción de los equilibrios políticos entre los grupos reticentes a la democratización y los grupos promotores de la transición, fueron diversas.¹⁹ Ello condujo, una vez que asumieron los nuevos gobiernos bajo la presión ejercida por aquel legado delictivo, a procesos marcados por divergentes políticas oficiales, algunas tendientes a la resolución democrática de defensa y promoción de los derechos humanos, otras a su desconocimiento, lo que significaba un retroceso en las nuevas circunstancias.²⁰ Andado el tiempo y bajo distintas formas de presión nacionales e internacionales, el reclamo se instaló en las agendas gubernamentales.

Entre las acciones realizadas hacia la prosecución de verdad y justicia, y por tanto, a favor de la consolidación de las transiciones, por ejemplo se registra desde la constitución de comisiones de la verdad,²¹ pasando en México por la controvertida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en México (FEMOSPP), hasta la consecución de intervención de la justicia con distintas modalidades y resultados según los países.²² En este marco se inscribe la acción de las organizaciones de los familiares de detenidos desaparecidos por el esclarecimiento de sus circunstancias y por la ubicación de los restos.

Uno de los resultados del sostenido reclamo ha sido la conformación de equipos de antropología forense (EAF). Sus inicios en América Latina (AL) se ubican en Argentina al mediar los años 80, cuando se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como ONG en 1987. Su acción, basada en «la aplicación de la antropología social, la arqueología y la antropología física, aporta elementos para entender, esclarecer y reparar hechos de violencia en donde la principal fuente de información son en ocasiones los restos óseos de las víctimas de acciones violentas».²³

Desde entonces varios países que comparten circunstancias, fueron escenario de la fundación de los EAF o de la acción de grupos de expertos institucionales, pertenecientes a los servicios judicial o policial.²⁴ Su evolución contribuye a un nuevo posicionamiento de la antropología forense como práctica científica para evidenciar y documentar las violaciones de derechos.

En tanto sus hallazgos se vuelven contundentes respecto a otras pruebas documentales.²⁵

Respecto a las experiencias en las que no existen equipos independientes del poder político, los trabajos se han realizado en algunas ocasiones en condiciones de sospecha para lograr los hallazgos. México es uno de esos países desde que se creó la FEMOSPP en 2002 durante el gobierno de Vicente Fox y fue asignada a la estructura de la Procuraduría General de la República (PGR).²⁶ Sin embargo, desde la primera exhumación en Guerrero, han intervenido grupos de expertos y peritos independientes, a veces extranjeros, como coadyuvantes de los familiares. En aquel inicio se señaló que:

«[…] ‘La Fiscalía aceptó el convenio porque sabe que la participación de peritos independientes le dará credibilidad a las investigaciones y porque nosotros no vamos a aceptar que la Procuraduría General de la República haga las identificaciones de restos humanos sin conocimiento de los familiares’ […]».²⁷

Respondiendo a la sentencia, el Estado mexicano a través de la PGR realizó diligencias en el cuartel de Atoyac. En estas acciones participan como coadyuvantes de la PGR expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), académicos e independientes por tanto del poder político. Estas diligencias remueven sentimientos, crean expectativas y generan sensibilidades. Pero también ponen en evidencia silencios y manipulaciones de una narración oficial que se sostuvo por años.

Desde la rememoración, construyendo narraciones

Se compartió el micrófono con entrevistados que tienen un rol protagónico en la búsqueda de los restos de Radilla. Los distingue el ámbito desde donde rememoran y desde el que cumplen ese rol. Coinciden en un mismo propósito, la localización y develamiento de las circunstancias del delito de lesa humanidad cometido. Se trata de un procedimiento en marcha, que no permite una composición memorística que encierre el final de un suceso, ya que no se han ubicado los restos.

Sus voces naturalmente expresan esas divergencias pero también convergencias. Comencemos por dialogar con esos recuerdos y narraciones compartidas. Un aspecto raigal es aquel del conocimiento de la represión y los distintos movimientos opositores sobre los que recayó esa violencia. Como se ha mencionado, fue un contexto desdibujado en la narración oficial, del que se insinuó una modificación apenas a comienzos de este siglo. Como también lo es cómo se llegó al involucramiento en el caso Radilla.

Julio Mata, secretario ejecutivo de la AFADEM y vocal de comunicaciones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), lo recrea a partir de un diálogo entre el México de hoy y de ayer. Relación memorística vinculada a su intenso activismo en pro de los DDHH.

México, desde siempre, ha sido visto por todos los países de todo el mundo, y es la política que ha llevado el Estado mexicano, de caracterizarse él mismo como un país solidario con todos los movimientos de todo tipo, ¿no?... La imagen que tiene él ante los países, incluso ante muchos organismos, muchas organizaciones, incluso guerrilleras para esos momentos desde los 80, 70, 90, era de solidaridad. Nosotros mismos, en algún momento hacíamos salidas a Guatemala, a Nicaragua, a El Salvador para pedir solidaridad, únicamente difundiendo que en México se violaban gravemente los derechos humanos, y las organizaciones nos decían que no, no nos podían permitir decir eso de México, porque era cerrarse las puertas del Estado mexicano a ellos mismos, ¿no?. Entonces pues también respetábamos sus procesos y hacíamos volantes, o la difusión a pequeña escala, ya no la hacíamos más grande, ¿no? Y así nos pasó durante muchas ocasiones, y eso le ayudaba al Estado mexicano porque no se conoce, no se conocía. El caso Radilla nos da esa posibilidad, ¿no?, de alguna manera; el que se conozca a través del caso, y luego ya el contexto del caso Radilla, que en México hubo, hay y sigue habiendo graves violaciones a los derechos humanos: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura principalmente, por motivos políticos.

Humberto Guerrero, director de Disability Rights International (DRI) y especialista en litigios ante el sistema interamericano, carga con su propia experiencia de vida como uno de los abogados del litigio Radilla vs México ante la CoIDH cuando establece lo siguiente:

[…] 74 es el año más fuerte, más crudo en términos de represión en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y justo entre agosto y diciembre del 74, que es el periodo en que Lucio Cabañas tiene secuestrado al senador y ya gobernador electo de Guerrero […], Figueroa. Y entonces el ejército lanza una campaña, pues que va a ser la campaña final, digamos, de represión y de persecución en contra del movimiento guerrillero de Lucio Cabañas. Y como parte de esa campaña de estrategia, pues uno de sus componentes fue pues el terror hacia la población civil. Digamos, se encontraron casos en que a las personas se les sometió a algún tipo de tortura o de desaparición o ejecución, ya sea porque existía información de que pudieran estar vinculados con la guerrilla, o al azar, por el simple hecho de apellidarte Cabañas. […] En el caso de Radilla, pues es evidente que la motivación de su detención pues es porque él tenía una abierta simpatía hacia el movimiento guerrillero, como escuchaban él componía corridos y los cantaba […].

[Fue] entre los años 2007 y 2011 […] justo el periodo donde el caso tiene su tránsito de estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pasar a la CoIDH […]. Jurídicamente, el caso Radilla es un caso con una historia muy larga […] yo formé parte de la Comisión Mexicana (CMDPDH), tiene sus primeros acercamientos con las víctimas del periodo de represión de los 70 en Guerrero por ahí del año 2000, 2001.

Mata y Guerrero coinciden en sus remembranzas sobre el México del pasado y del presente. Para ellos es un suceso sabido el del México represor y delictivo. Para ellos también el ocultamiento oficial no está superado. Guerrero lo hace explícito al externar que «el esfuerzo institucional es el esconder. Que yo creo que perdura, perdura desde hace mucho tiempo hasta ahorita » y en recapitular en su papel de litigante, qué implicaba el convencimiento de que en México los canales de la justicia estaban cerrados. Y Mata lo refuerza por su experiencia de dirigente nacional y regional en el ámbito de los derechos humanos: «la doble táctica política» del Estado mexicano fortaleció en el tiempo ese ocultamiento e impidió que la oposición reprimida encontrara la solidaridad internacional a diferencia de otras experiencias nacionales.

Mientras que los peritos académicos, alejados del activismo y concentrados en su trabajo científico, ante la pregunta de qué conocían de ese contexto represivo mexicano expresan que el acercamiento a lo que se denominó guerra sucia proviene de sus años estudiantiles. No ejercen con ello una postura de mayor reflexión, aunque asumen ese pasado sin controvertir la versión de la CoIDH y en cierta forma, desconociendo la otrora versión oficial. Arturo Talavera es investigador de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y forense principal en el caso Radilla desde 2011. Su participación, que se relaciona con la invitación que formulara la PGR al INAH y a él en particular, la rememora de la siguiente forma:

Prácticamente yo tuve conocimiento ahora sí de lo que se denominó la guerra sucia, porque a mí me tocó, cuando estaba yo en la secundaria, el movimiento del 68. […] cuando se vino todo éste movimiento y empecé pues ahora sí a darme cuenta de lo que sucedía desde momentos atrás. Que era muy satanizado todo lo que era la palabra «comunista», ¿no?, entonces, de ahí me fui enterando un poco de esto. Efectivamente, para ser sinceros, yo realmente no, no tenía conocimiento de lo que era el caso Rosendo Radilla Pacheco, pero sí conocía del movimiento social, de la Liga 23 de septiembre, de todas estas cuestiones de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, así, un conocimiento general.

[En 1998 creció el interés por la antropología forense debido al caso del político mexicano Muñoz Rocha.²⁸ De ahí surge un equipo de bioarqueología]. […] y es en ese inter del 98 al 2000, nos pusimos ahora sí que a actualizarnos [en] lo que era la antropología forense […]. En ese sentido se forma […] un Proyecto de Investigación Forense en 1999, que duró 2 años, al 2001, en donde se seleccionaron a 15 alumnos en el tema de forense […] De ese PIF surgen los diplomados de antropología forense […], en esos diplomados iba mucha gente también de impartición de justicia, ministerios públicos, algunos jueces, peritos, médicos forenses, militares […]. Y fue el 14 de marzo del 2011 que la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), pide una coadyuvancia al INAH […] Cabe mencionar que el INAH en un principio no quiso, o sea, no accedió, diciendo que: «Bueno, no es competencia de la Institución coadyuvar con ese tipo de casos», y se estaban escudando en el artículo 28 […] de la Ley orgánica del INAH, que dice que la intervención de esta institución es a partir de la hispanidad, hacia atrás.

Para Silvia Díaz, antropóloga física adscrita al INAH, participante en las diligencias del caso y perteneciente a la Coordinación General de Investigación (relacionada con movimientos sociales y políticos del pasado, sucedánea de la FEMOSPP) de la SEIDF de la PGR, tampoco fue una novedad el contexto histórico en el que se inserta la situación de Radilla. Su aproximación como la de muchos estudiantes fue a través de las aulas de la UNAM. Mientras que su aproximación al caso fue estrictamente en el orden profesional.

Bueno, en concreto, yo no conocía el caso Rosendo Radilla cuando se nos convoca, en concreto el de él no. Pero sí tenía conocimiento acerca pues de los movimientos políticos y sociales que habían estado presentándose en México. […] pues yo estuve estudiando en la UNAM, y la UNAM pues se caracteriza por hacer bastante énfasis en ésta historia social y éste tipo de acontecimientos.
[…] A mí me convocan y formé parte del equipo porque yo primeramente ingreso a trabajar aquí en el INAH. […]. Cuando yo ingreso, a los dos meses de estar trabajando aquí en el INAH, es cuando […] se pide la colaboración al INAH, y el profesor Jorge Arturo Talavera me invita a participar en el caso.

Es probable que estas diferentes formas de rememorar y los distintos énfasis ante preguntas similares, respondan a la fuerza que tiene el presente desde el que se recuerda. Aún más cuando se recuerda cómo se llegó al caso, desde el litigio o la denuncia o desde la coadyuvancia para cumplir con el ordenamiento de la CoIDH en la especialidad de ubicar terrenos posibles de enterramiento y consecuente excavación y eventual reconocimiento de restos. En unos casos es desde el activismo, en otros desde el trabajo científico y académico. Nos obstante, existen intereses específicos.

Estas mismas voces discordes por momentos en sus énfasis y relacionamientos contextuales de ayer y hoy, hay que insistir, no ajenos al presente desde el que se narra, respondieron también al interrogante sobre cómo se recuerda una experiencia de excavación y qué sentimientos o emociones se cruzaron en ese momento.

Mata y Guerrero comparten sus recuerdos con énfasis en la denuncia de lo no realizado o en lo llevado a cabo en una diligencia en que no se aprecia respeto a los familiares, víctimas también del delito permanente. La evaluación del trabajo de la PGR para Mata, desde su rol de dirigente, es negativa.

Negativa y de seguir escondiendo, seguir escondiendo la verdad, y de ser cómplices de los militares criminales. […] Porque están alargando los procesos […]. Por ejemplo, la primera excavación, se hizo en un lugar porque fue la orden de la Comisión [CIDH]; la segunda ya que fue para indicarle a la Corte [CoIDH], se hizo en el mismo lugar la excavación, nada más lo hicieron más grande y más profundo el hoyo, sabíamos que no se iba a encontrar nada porque ya se había excavado ahí. Pero era para informarle a la Corte Interamericana. Y la tercera fue en otro lugar pero igual para informar que se hacía, pero igual, yo digo, son lugares al azar, porque no hay, no se sabe, no es un lugar preciso donde se diga «aquí debe de haber» […]

Y Guerrero no difiere en cuanto a una rememoración negativa más acotada a la relación con los familiares.

[…] es un desgaste por cosas que a mi me parecen realmente absurdas, porque ¿por qué me tengo que estar peleando con un Ministerio Público para que le deje a los familiares estar en la diligencia? […] que los deje estar atrás de la zona acordonada. Les hace sentir mejor, les hace sentir estar siendo partícipes de la diligencia […]. Pero tuvimos unas primeras peleas absurdas sobre si los familiares tenían derecho o no de estar en la diligencia. Al final accedió, pero siempre queriendo limitar.

Para los antropólogos existe un recuerdo que no escapa a lo profesional aunque deja ver probablemente por diferencias generacionales, distintos énfasis del cuidado con el entorno social del procedimiento.

Talavera deslinda su trabajo profesional de los intereses políticos, al subrayar su rol científico en las diligencias.

Al hacer la prospección con el georadar y el resistivímetro en el polígono de tiro del ex cuartel, se detectaron 19 anomalías […] que en prospección anterior, los otros equipos no habían encontrado nada […]. Se excavó en ese entonces lo que fue un criadero de cerdos, unos chiqueros, que varios de los familiares de las víctimas decían […] que muy probablemente abajo de esa construcción de cemento, hubiera cuerpos enterrados […]. Pero no se encontraron más que los cimientos de los chiqueros, botones militares, insignias del batallón 49 y monedas de los años 70 […]. Con eso, los familiares de las víctimas, si no quedaron satisfechos, sí quedaron contentos de que se estaba por fin haciendo con método la búsqueda de sus familiares. O sea, se habían encontrado indicios u objetos que estaba asociados al momento histórico donde fueron desaparecidos sus familiares […]. Eso para nosotros fue muy satisfactorio, y no tanto quedar bien con la impartición de justicia, sino quedar bien con la gente que realmente los necesita.
[Porque] Cuando fuimos solicitados para coadyuvar con PGR, se les hizo una aclaración: que nosotros somos académicos, o sea no tenemos una bandera política, ni estamos a favor ni en contra de nadie, y que no íbamos a ser sometidos a presiones, que nosotros íbamos a dar una opinión académica y científica, con un método académico. Y que esa era la solución al caso que se estaba relacionando […]. Uno no trata no de quedar bien con todos, sino quedar bien con la ciencia, con lo académico.
[Al principio] la gente nos vinculaba directamente con PGR porque ellos fueron los que nos llevaron, sí dijeron: «Pues son del gobierno, son los mismos». Pero una cosa que nosotros tenemos como antropólogos es que cuando vamos a las excavaciones normales, de búsqueda de sitios arqueológicos, etcétera, tenemos una convivencia con la gente […] eso abre un mundo de posibilidades, porque hay confianza […]. Entonces, cuando nosotros fuimos la primera vez, pues sí nos vimos presionados en esos sentidos porque nosotros queríamos interactuar con la familia, la primera vez que fuimos en la primera prospección que fue en el mes de mayo. Ya en el mes de noviembre cuando hicimos la excavación, se pudo hacer esta interacción con los familiares, incluso hasta nos ofrecieron un pozole²⁹ […]. Y entonces ellos tuvieron como más confianza en nosotros y dijeron: «Bueno, ya vimos que ustedes sí son parte del gobierno, pero no son PGR. O sea, ustedes son académicos.

Ante la pregunta ¿qué recuerda de un día de trabajo en Atoyac de Álvarez?, Díaz responde:

Cuando nosotros llegamos la mayoría de las veces ya están presentes los familiares porque […] parte de la sentencia […] ordena que los familiares estén presentes en el lugar cuando se están haciendo las excavaciones. Esto fue un poco difícil porque en años pasados habían tenido algunos conflictos, la Procuraduría y los familiares, porque ellos querían estar en el lugar, inclusive hubo un dictamen de su psicóloga diciendo que le habían causado un daño a la señora Tita [hija del desaparecido] por no dejarla tocar la tierra. Por cuestiones de seguridad y por cuestiones también de nuestra metodología […] no es posible que los familiares estén ahí, ahí donde estamos excavando.
[…] Una de las cosas que sí te puedo decir que hizo un poco difícil, es que hay mucha gente a tu alrededor, hay medios de comunicación, hay familiares, hay policías, hay mucha gente que te está observando todos y cada uno de tus movimientos, entonces eso de pronto pues no es tan fácil de sobrellevar […].
Al finalizar las excavaciones se da una visita a los familiares para que cada una de las personas que es responsable de las unidades de excavación explique lo que se hizo durante el día, y que los familiares tengan la posibilidad de hacerte preguntas concretas o de darte sugerencias. Nosotros hemos sido bastante accesibles en esta parte de las sugerencias. Por momentos tenemos algunos desacuerdos de orden técnico […]. Pero de cualquier manera lo que se busca con este trabajo es que si al menos no les regresamos los restos a los individuos, al menos ellos tengan la certeza de que nosotros estamos realizando un trabajo académico, y que nuestro trabajo, al menos en la excavación, no tiene presiones políticas […].
[El trato con los familiares es cordial] pero no tendemos a llevar una relación así, personal de amistad, no […]. […] el trabajo en este tipo de ámbitos involucra pues sentimientos, involucra emociones, y cuando tú haces un trabajo de orden científico, lo menos que tienes que hacer pues es involucrar éstas cuestiones.

Se percibe un mayor involucramiento comprensivo del contexto social y emocional de los familiares de Atoyac por parte de Talavera. Probablemente Díaz sea más sensible a la violencia y víctimas actuales. No debe olvidarse que el presente mexicano es de violencia cotidiana, con un voluminoso saldo de víctimas aunque las razones y los responsables sean otros.

Y en este recorrido por recuerdos y memorias sobre el caso Radilla que ha tomado 40 años para que apenas se acepte la responsabilidad estatal y con ello la obligación de investigar, se encuentra una coincidencia en los cuatro narradores. Cuatro voces convergen entonces en lo que falta para un esclarecimiento efectivo de las circunstancias de Radilla y del resto de los desaparecidos.

Para Mata esa deuda se expresa así:

Para mí no hay, no habría como el que citen a la gente que estuvo ahí. Porque ahí tienen todas las listas de todos los militares que estuvieron ahí. Que los citen y que les digan qué fue lo que hicieron, y que digan: «Bueno, tú que estuviste aquí, ¿cuál era tu cargo y qué hiciste en éste?» […] Y que chequen los vehículos que entraban y salían, y quiénes iban en esos vehículos, quiénes subían a las comunidades, y ahí están los partes, a quiénes se trajeron, dónde los dejaron. Eso, eso es lo que no quieren investigar, y se van con los testimonios de la gente […] No están investigando.

Guerrero lo narra de esta forma:

Además de que falta toda la documentación por parte del Ministerio Público, de información que solo está en poder de los militares. Cosas tan básicas como […] el plano original del ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, para saber cómo era en ese momento […] Toda esta información de la que hablo pues hace falta, entonces hace que estas diligencias se hagan un poco a ciegas. Y no es que no se tenga que hacer, se tiene que hacer, pero el realizarlas en estas condiciones genera un proceso de revictimización muy fuerte en las personas, porque de nuevo hay esta sensación de los familiares de que saben que esas diligencias tienen deficiencias, tienen fallas, saben que posiblemente no arrojen resultados, pero al mismo tiempo tienen mucha esperanza.

Talavera lo manifiesta desde lo positivo del apoyo pero con énfasis en la falta de información precisa:

Sí nos han apoyado con el equipo [la PGR], las solicitudes que hemos hecho de material […] Tenemos acceso a los expedientes, a los legajos de la averiguación […] Eso también hay que dejarlo bien claro: no se ha podido tener acceso a los expedientes militares, ¡eso sí es cierto!
[¿Qué falta?] La ministerio público que está llevando el caso […] ha podido tener comparecencias con algunos militares, con algunos soldados que estuvieron acuartelados ahí en Atoyac de Álvarez. Algunos de ellos sí mencionan […] «Los paquetes eran tirados en la sierra» […], pero también mencionan que sí, que la mayoría […] de la gente que estuvo detenida en Atoyac de Álvarez, fue tirada al mar. […] La compañera Yesenia Peña ha presionado o presionó en su momento cuando entregó su dictamen, de que se tenían que abrir los archivos del ejército para poder confrontar incluso las bitácoras de vuelo.

Para Díaz esa deuda tiene también una clara identificación:

Al menos, en específico de la Coordinación General de Investigación [PGR], es que sí hay una voluntad de colaborar en la búsqueda de estos restos. Yo creo que el problema ni siquiera es de la PGR en específico, yo creo que el problema viene de esferas muchísimo más altas que seguramente pues nadie de nosotros conoce […].
Sí tenemos acceso a la información que está plasmada en la averiguación previa. Pero nosotros no podemos llegar con el ejército, tocar la puerta y decirle: «Oye, ¿me permites ver tus archivos?» […]. Si a la misma PGR, que se supone ya es un órgano independiente de […] el gobierno federal, no se lo permiten hacer, pues mucho menos a nosotros. […] en México tenemos una burocracia muy marcada, que por más voluntad que tú tengas, a veces pues va a haber instituciones que no te lo van a permitir.

Estas últimas evocaciones que pertenecen a testimoniantes de dos principales ámbitos de actuación y que por momentos se expresarían como divergentes en cuanto a las perspectivas desde donde se actúa, a la sensibilidad respecto al carácter específico de la víctima y sus familiares, permiten concluir que son convergentes en el énfasis puesto en lo que falta. Es decir, coinciden al revisitar su pasado inmediato, en el caso de búsqueda de Radilla, que falta un informante clave al que no se ha tenido acceso: los militares. Y para que ello suceda tiene que existir la voluntad política de interpelarlos, la voluntad de romper con el estado de impunidad que mantienen los probables responsables. Acercar el micrófono, procurando develar el mundo de la subjetividad ante contextos y hechos precisos de relevancia pública como el que convoca en este texto, permiten descubrir acercamientos y distanciamientos en asuntos públicos nacionales de importancia interna e internacional en el ámbito de la protección y defensa de los DDHH.

Conclusiones

En el año 2000 tuvo lugar en México, por primera vez tras 70 años, la alternancia del partido de Estado en la presidencia de la República. Acorde con los procesos que numerosos países latinoamericanos vivieron durante los 90, aquel suceso se asumió como un momento fundamental de una transición democrática que entonces se consideró en curso, y a su vez generó numerosas expectativas sociales en torno a la efectiva democratización nacional. Sin embargo, a decir de Mariclaire Acosta, la transición «no ha producido aún cambios significativos en la estructura de poder ni en la forma en que éste se ejerce».³⁰ En cambio, sus cuestionables resultados han renovado y alimentado la frustración y la desconfianza en las instituciones y las políticas gubernamentales, y han motivado su puesta en cuestión por varios académicos y analistas políticos en la actualidad.

Varios de esos resultados enmarcan y determinan el proceso de búsqueda de Radilla. Uno de ellos es la ambigua y fugaz vida de la FEMOSPP (2002-2006), a raíz de cuyas acciones se hicieron públicas algunas de las violaciones cometidas contra opositores políticos, que dieron pie al comienzo de la impugnación de la arraigada versión oficial sobre la segunda mitad del siglo pasado. No obstante su disolución, dos informes finales quedaron

como legado: uno oficial y otro que se filtró previo a la aparición del primero.³¹

La experiencia de la Fiscalía, fundada y concluida durante los gobiernos de la alternancia, no debilitó la vieja impunidad respecto a los delitos cometidos en el pasado. En todo caso dio cuenta en parte de que habría que investigarlos. Esta situación se mantuvo junto al estado de marginalidad de las organizaciones dedicadas a la búsqueda de los desaparecidos de la guerra sucia aunque con el tiempo algunas han sumado esfuerzos con organizaciones de víctimas del México actual.³² Esta situación ha provocado que las demandas se concentren principalmente en justicia para las violaciones actuales y por la seguridad.

En este estado de cosas, el presente mexicano desde el que los testimoniantes rememoran, por lo general tiene como característica la deslegitimación del régimen político, de las instituciones y de la elite gobernante.³³

Como afirma Julio Mata, el caso Radilla y la sentencia de la CoIDH contra el Estado mexicano en 2009 significaron una nueva oportunidad de visibilizar la historia aun velada de la guerra sucia. Sin embargo, de aquellos ha derivado una develación de carácter ambiguo y marginal a causa del contexto arriba descrito. Ello tanto por la reticencia del Estado mexicano de revisar y difundir públicamente los hechos violatorios del pasado, como por la marginalidad de la demanda de las víctimas de la guerra sucia, expresada en la falta de un equipo mexicano de antropología forense como los de otros países latinoamericanos.³⁴ Y en parte, por supuesto también, debida a la concentración de la energía de las organizaciones sociales en la lucha por los desaparecidos de hoy.

Asimismo, los testimonios dan señales de la arraigada cultura política de relativa apatía ante problemas marcados por profundos conflictos políticos, aunque no debería descartarse el temor a un involucramiento que no pudiera controlarse. Quizá un ejemplo se ubica en la reticencia inicial del INAH de colaborar con la PGR, como menciona Arturo Talavera. También los testimonios ponen en evidencia la deslegitimación de la élite gobernante y de cierto aislamiento social, como se puede apreciar en la rememoración de los antropólogos cuando refieren a la desconfianza de «la gente» en la PGR y «el gobierno». En el mismo sentido, cuando ponen énfasis en la necesidad de hacer un trabajo estrictamente neutral-científico y evitar su politización, como si eso implicara necesariamente su desacreditación.

Se identifica a la vez el rastro de la «doble táctica política» del Estado mexicano referida por Mata, tanto en la certeza de Humberto Guerrero de que el esfuerzo institucional «es seguir escondiendo», como en la convicción del propio Mata de que aquella sigue siendo reproducida por PGR al ordenar excavaciones «para informar a la CoIDH».

Simultáneamente se hallan huellas conflictivas dejadas por el proceso de impugnación de la versión oficial de aquel periodo, manifiestas en la intención de Talavera de hacer un trabajo que satisfaga las expectativas de «la gente que así lo necesita»; pero sobre todo en la convergencia de los cuatro testimoniantes en la aceptación de la versión alternativa de los hechos, y en el carácter clave de los testimonios y archivos militares en tanto pieza hoy faltante y fundamental para continuar con las investigaciones y hacerlas efectivas.

Esta coincidencia parece apuntar a que a pesar de la aceptación de la sentencia de la CoIDH, el gobierno anterior y el hoy vigente aceptan de forma parcial y ambigua la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de Radilla. Es decir, existe una intención de demostrar voluntad por cumplir con la CoIDH y otras instancias internacionales pero, al mismo tiempo, predomina la falta de voluntad política estatal por subsanar el vacío de la pieza faltante, en el sentido del camino a seguir al que apunta aquella convergencia crucial.

Notas

1 El texto es resultado parcial de la investigación que se realiza para el proyecto regional: «El trabajo de los equipos de antropología forense en América Latina: otra ruta de acceso al conocimiento de la represión y violencia políticas» (CONACYT-Mora, clave CB 2012/177295). Trabajo recibido el 30/04/2014. Aprobado el 20/07/2014.
2 Instituto Mora, México, DF. Contacto: sdutrenit@hotmail.com
3 Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, México DF
4 Narración de Rosendo Radilla Martínez. CMDPDH y Witness, (2009): 0’ 00’’-0’ 19’’.
5 CMDPDH y Witness, (2009): 9’ 30’’.
6 El término guerra sucia remite a una caracterización controvertida en el espacio de las ONG’s de derechos humanos en virtud principalmente del no reconocimiento de una guerra. Sin embargo, es una caracterización a la que se recurre cuando se alude a la violencia de Estado en México, en el contexto internacional de la Guerra Fría en los años sesenta y setenta del siglo XX.
7 La excepción es el caso de noviembre del año 2006, cuando «La Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado identificó los restos de los maestros rurales Lino Rosas Pérez y Esteban Mecino Martínez, integrantes del Partido de los Pobres, que acompañaban a […] el líder del Partido de los Pobres. Lucio Cabañas Barrientos, cuando fue capturado y desapareció.» S/a, (2006), www.noroeste.com, El Portal de Sinaloa.
8 Corte historiográfico que sostiene la definición de «historia vivida» en donde coinciden varias generaciones. Confróntese Aróstegui, (2004).
9 Necoechea, (2011): 3.
10 Catani y Bofill, (1993): 161.
11 Paul Ricoeur citado por Jelin, (2002): 39.
12 Apoyado en Viano, (2011): 283.
13 Montemayor, (2010): 183; López y Rivas, (2010): 117.
14 Maira, (s/f): 47-48.
15 Leal Buitrago, (2003): 79.
16 Leal Buitrago, (2003): 75.
17 De acuerdo con el registro de la CNDH, se cuentan 532 desapariciones forzadas derivadas de aquella guerra sucia. CNDH, (2001). Comisión de la verdad para El Salvador, (1993). Comisión para el Esclarecimiento Histórico, (1999).
18 Keck y Sikkink, (2009): 119-147.
19 Como es el caso, por un lado, de los antiguos funcionarios de los regímenes autoritarios, las FFAA, los grandes medios de comunicación, los partidos políticos conservadores y, por el otro, los movimientos sociales, partidos políticos progresistas y organizaciones civiles pro-DDHH. Así lo argumenta Constanza Moreira para la experiencia uruguaya. Moreira, (2007).
20 Un estudio desde diversas miradas sobre estos procesos se puede encontrar en los trabajos de Barahona de Brito y Aguilar Fernández, eds., (2002); Dutrénit Bielous y Varela Petito, (2010); Pérotin-Dumon, Roniger y Sznajder, (1999); Sikkink, (2008); Stabili, coord., (2007) y Zalaquett, (1998).
21 Como la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas en Argentina (CONADEP, 1984), y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala (CEH, 1999). Desde la creación de la CEH al presente se han formado otras comisiones como la de Perú, Paraguay, Honduras y Brasil.
22 Véanse por ejemplo los informes: CEH, (1999); Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR), (1991); CONADEP, (1984); Comisión para la Paz, (2003) y FEMOSPP, (2006).
23 Casallas y Padilla Piedrahita, (2004): 296.
24 Nadal, (2007).
25 Apoyado en Dutrénit, (2013).
26 Véase Dutrénit y Argüello, (2011).
27 González, (2004).
28 Manuel Muñoz Rocha es un ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desaparecido desde septiembre de 1994, tras haber sido acusado de ordenar el asesinato del entonces dirigente del partido, José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre de aquel año. Barrientos, (2013).
29 El pozole es un platillo tradicional mexicano hecho a base de maíz, que acostumbra servirse en ocasiones especiales y distintos tipos de celebraciones. S/a, Sabor a México, (2012).
30 Acosta, (2012): 19.
31 Acosta, (2012): 25-26.
32 Esto último tiene que ver con la persistencia de distintos tipo de expresiones del crimen organizado así como de corrupción e impunidad institucionales que, por cierto, dieron lugar las primeras a la declaración de guerra contra el crimen organizado, emprendida desde 2006. Para 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que existen casi 25 000 personas en un periodo que comienza en 2005.
33 Acosta, (2012): 39-52.
34 En 2008 los familiares estuvieron acompañados por el Equipo Mexicano de Identificación Humana, (EMIH). Cabe señalar que hasta el momento no se ha encontrado información sobre la EMIH que exhiba una presencia activa para el caso de las víctimas de la guerra sucia.

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