ARTÍCULOS ORIGINALES

CÓRDOBA Y SUS VAIVENES. TRANSFORMACIONES COYUNTURALES Y CONTINUIDADES ESTRUCTURALES EN LA RELACIÓN ENTRE ESTADO, EMPRESARIOS Y MUNDO OBRERO (1969-1976)¹

María Laura Ortiz²

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Resumen
En este artículo analizaremos las transformaciones sociopolíticas sucedidas en Córdoba en el período comprendido entre 1966 y 1976, con especial énfasis en la vinculación entre el Estado, los empresarios y el sector obrero. Siguiendo a Portantiero, caracterizamos el período como una crisis orgánica, cuyas resoluciones permitieron la construcción de nuevas hegemonías.
Durante el período 1969-1974, el mundo del trabajo estuvo hegemonizado por sectores sindicales clasistas y combativos. No obstante, el bloque social dominante recurrió al Estado provincial para lograr el disciplinamiento laboral que garantice los niveles de ganancias. Esas políticas represivas fueron aplicadas primero institucionalmente, entre 1969 y 1972 con la Dictadura de la autoproclamada "Revolución Argentina". Pero luego, durante el gobierno constitucional de 1973, la represión adoptó un estilo extrainstitucional y fue encabezada por "comandos peronistas", aunque apuntalados clandestinamente en varias esferas del Estado y de algunos sindicatos. Luego de 1974, en cambio, el bloque de fuerzas sociales dominante recuperó el control de la institucionalidad. Sin embargo, ese predominio no fue suficiente para la hegemonía político-social, por lo que fue necesaria una política del terror para terminar de resolver esa crisis en su favor.

Palabras clave: Estado - Crisis Orgánica - Represión - Sindicalismo - Empresarios

Abstract
This article explores the sociopolitical transformations occurred between 1966 and 1976, especially on the relationship between the state, the business circle and the worker sector. Following Portantiero, we characterize the period as an organic crisis, whose decisions led to the construction of new hegemonies.
During the period 1969-1974, the world of work was the hegemony of classist and combative union sectors. However, the dominant social bloc appealed to provincial government to ensure labor discipline that ensures profit levels. These repressive policies were applied first institutionally, between 1969 and 1972 with the dictatorship of the self-proclaimed "Revolución Argentina". But during the constitutional government in 1973, repression adopted an style extra-institutional and was headed "Peronist commands" even propped under cover in several areas of the state and some trade unions. After 1974, however, the block dominant social forces regained control of the state and union institutions. However, this predominance was not enough for the socio-political hegemony, so a policy of terror was needed to finish solving the crisis in their favor.

Keywords: State - organic crisis - repression - trade unions - business circle

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De la Córdoba de la resistencia a la Córdoba revolucionaria. 1969-1973

Desde la dictadura de la autoproclamada "Revolución Argentina", iniciada en 1966, el desarrollo socioeconómico argentino necesitaba de políticas que no podían ser asumidas en un sistema de partidos. En términos de Portantiero, la irrupción de 1966 fue un nuevo intento de la fracción dominante en el nivel económico-social, para superar a su favor la crisis orgánica que existía en nuestro país desde 1955.³

Por tratarse de un régimen de facto, esto es, con suspensión del funcionamiento del régimen constitucional, sin ejercicio del Poder Legislativo y recortando las funciones del Poder Judicial, acompañado todo ello con la limitación de los derechos individuales y, sobre todo, colectivos;⁴ el Estado garantizaba la intervención represiva para sostener la predominancia de las clases dominantes. Bajo la advocación del estado de sitio al que se echaba mano para aplicar medidas draconianas, Tribunales Militares hacían las veces de Poder Judicial para juzgar los crímenes que ellos mismos definían como tales. Es decir que durante este período la "Revolución Argentina" aplicaba una modalidad represiva de tipo institucional-militar.

Entre 1966 y 1973, los elencos gubernamentales -vinculados a familias políticas tradicionales- no mostraron grandes transformaciones sociológicas.
Su capital político combinaba un matiz corporativista, apuntalado institucionalmente en las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica; un tradicional antiliberalismo clerical de raíz hispana y un anticomunismo pujante en tiempos de "guerra fría". Este núcleo conservador se sostenía por alianzas familiares y, desde hacía poco tiempo, había ampliado su campo de relaciones para con representantes de empresas y bancos extranjeros y con burgueses industriales locales.⁵

No obstante, la resistencia del estudiantado universitario y algunos núcleos del sindicalismo fue conformando un fuerte bloque antidictatorial. Ellos anclaron su protesta en una "cultura de la resistencia" que se venía desarrollando en grupos del progresismo desde la década de 1960 y que se planteaba una serie de transformaciones ideológicas para una "transformación de estructuras" sistémicas.⁶ Ese proceso tuvo un hito: la insurrección del 29 de mayo de 1969, conocida luego como "Cordobazo".⁷ Mucho se ha escrito y discutido acerca de ese hecho histórico: lo cierto es que luego de él, Córdoba no volvió a ser la misma, como así tampoco las representaciones que el resto del país tuvo sobre esta ciudad. En palabras de Mónica Gordillo, a partir de ese momento se expandió el ciclo de protesta social, que pasó de la resistencia a la confrontación.⁸ Tortti agrega que con el Cordobazo se inició un período de movilización social ofensiva contra la dictadura, sobre todo considerando que las reivindicaciones se expresaban en consignas que excedían lo sectorial. Ese tipo de protesta insurreccional evolucionó rápidamente hacia una acción política de carácter masivo al articularse con la oposición que despertaba la dictadura militar.⁹ Para Portantiero el significado del "Cordobazo" tiene que ver con haber puesto de manifiesto la esencia social de la crisis orgánica de nuestro país, demostrando una "situación revolucionaria" en sentido leninista.¹⁰

Aquella activación revolucionaria produjo la reconfiguración de la estrategia de dominación, de manera que durante el período 1969-1972 se fortaleció la estructura represiva y se hizo cada vez más selectiva hacia adentro del activismo obrero. Si en 1969 los paros activos terminaban con una decena de detenidos, en 1971 eran centenas; y también los tiempos de prisión se hicieron cada vez más largos, y podían incluir traslados sucesivos a cárceles de todo el país.¹¹ Además, la cantidad de presos políticos excedía ampliamente al número de condenados por los Consejos de Guerra y los Tribunales civiles. Muchos de ellos estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), ya que a partir del 30 de junio de 1969 la Ley Nº 18.262 declaró el estado de sitio. Aun así, las cifras exactas nunca fueron del todo claras.¹²

El funcionamiento general de la justicia local se encolumnó detrás de los dictámenes del gobierno central en contra de los sindicalistas y militantes de izquierda, lo que ha quedado documentado en los sistemáticos rechazos de los recursos de habeas corpus presentados. La Justicia local no consideraba que fuera su jurisdicción decidir sobre casos de detenciones dispuestas por el PEN, e insistía en que era la Justicia Federal la que debía decidir en esos casos. Esta, a su vez, tuvo un funcionamiento más bien pendular ya que, por un lado, también rechazaba los habeas corpus con similares argumentos a los del foro local pero, al mismo tiempo, tuvo que atender los planteos de algunos abogados de sindicatos que interpusieron recursos para declarar la inconstitucionalidad de la Ley Nº 18.232 por la que se crearon los Tribunales Militares, en tanto era violatorio del Art. 18 de la Constitución Nacional. Más allá de estos argumentos legales, que la Cámara Federal se vio obligada a reconocer, en este clima de facto las decisiones de la Justicia Federal no tenían peso si contradecían los intereses del gobierno. Por eso la fiscalía apeló esa decisión y la cuestión quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, cuya vinculación íntima con el PEN ha sido una constante histórica. Además, aunque existían causas judiciales y debidos procesos, muchos de ellos estaban viciados: hubo denuncias por malos tratos, lesiones y fracturas de diversos tipos durante algunas detenciones.¹³

El criterio de selección de posibles "incitadores a la violencia" o culpables de "actividades subversivas"¹⁴, también se fue modificando a lo largo del tiempo. Al principio, en 1969, el criterio era amplio y difuso. Podía incluir a una variada gama de causas y de hecho incluyó a militantes de izquierda y radicales, sindicalistas combativos y burócratas sindicales, peronistas legalistas e incluso, ortodoxos.¹⁵ Pero más cerca de 1971 los criterios fueron más selectivos y orientados hacia sectores clasistas y combativos, para lo cual se aumentó la cantidad de policía acuartelada y en acción en las calles y, por otro lado, se profundizó el trabajo de inteligencia, tal y como demuestran los documentos desclasificados del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA).¹⁶

Si en el "Cordobazo" de 1969 habían actuado 200 policías, en el "Viborazo" de 1971 fueron 2.500.¹⁷ Para ello la policía local fue reforzada por contingentes de Guardia de Infantería, Brigada Antiguerrillera de Policía Federal y Gendarmería Nacional enviados directamente desde Buenos Aires hacia Córdoba para asistirla en momentos de manifestaciones, paros masivos u otros conflictos socio-políticos; y sobre todo con el apoyo del Ejército, que en Córdoba estaba representado por el III Cuerpo.¹⁸

Este sistema represivo militarista fue un recurso más del que se valió el sector empresario para sacar ventaja en conflictos laborales. Un ejemplo sucedió en Industrias Mecánicas del Estado (IME), cuando la empresa mandó a detener a miembros de la comisión directiva del gremio por presentarles una petición en defensa de los trabajadores que habían sido sancionados por adherirse a la marcha del 29 de mayo de 1969. Por esa detención los dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fueron enviados a juicio en los Tribunales Militares, aunque para su suerte fueron liberados al otro día por falta de mérito.¹⁹ Algo parecido sucedió luego de la "huelga larga" del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) de junio de 1970, cuando la empresa Renault no sólo despidió a cerca de mil trabajadores, sino que además colaboró con el operativo policial de persecución a los protagonistas del conflicto. Para eso prestó vehículos de propiedad de Renault para los traslados y brindó el servicio de los guardias privados de la empresa que acompañaron a la policía en los allanamientos, "quienes requisaron, palparon de armas y realizaron detenciones". A esto hay que sumar el inicio de sumarios policiales contra 89 operarios por las ocupaciones que se labraron "dentro de las oficinas de las empresas, lugares en donde prestaron declaración los testigos - directores y supervisores - y presuntos rehenes (.) utilizando vehículos, máquinas de escribir y empleados de las mismas empresas".²⁰ También hubo denuncias similares en contra de la patronal Thompson Ramco por instigar ante la policía la detención de siete sindicalistas del SMATA.²¹

En 1973 cambió el régimen político a uno democrático, que estuvo marcado por el retorno de Juan Domingo Perón al gobierno después de 18 años de exilio, proscripción, persecución y resistencia. En Córdoba, el movimiento justicialista (en ese momento Frente Justicialista de Liberación, FREJULI) estaba encabezada por Ricardo Obregón Cano y Atilio López.²² A nivel nacional el FREJULI estaba encabezada por Héctor J. Cámpora quien, apenas asumió la presidencia, levantó el estado de sitio vigente desde el 30 de junio de 1969. Por ello cesaron las zonas de emergencia - entre ellas la declarada en Córdoba -, se suspendió el funcionamiento de los Tribunales Militares y recobraron su libertad los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.²³

Los amplios apoyos sociales y del sindicalismo combativo hacia el FREJULI cordobés²⁴ provocaron la reacción de la derecha peronista, que desplegó una campaña de desprestigio contra ellos. Esta oposición de posturas se resolvió, más que con debates de ideas, con violencia política. Así, en julio de ese año se sucedieron ataques contra del local de Luz y Fuerza, el SMATA y a la regional de la CGT. En ellos se puso en evidencia la funcionalidad de algunas instituciones estatales en la organización de los atentados, específicamente de la Policía provincial y el Ministerio de Bienestar Social.²⁵ No obstante, su funcionamiento fue clandestino durante este período, por lo que sostenemos que la represión a los trabajadores se sostuvo de manera extrainstitucional.²⁶ También se puso en evidencia la participación de "comandos peronistas", en especial el Comando de Organización Peronista, que pertenecían a la Juventud Sindical Peronista (JSP), que en varias oportunidades operaron con sede en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Barrio General Paz.²⁷

En los meses siguientes hubo otros ataques similares, con protagonistas de composición no muy diferente a los anteriores. El local de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad) fue atacado,²⁸ también se atentó contra la vida de los sindicalistas René Salamanca y Agustín Tosco, nuevamente se atacaron los locales de SMATA y Luz y Fuerza y se ametralló una asamblea de trabajadores de la construcción desarrollada en el local de la CGT regional y de la que participaban opositores a la conducción del sindicato.²⁹

Esta represión se fue recrudeciendo a lo largo de estos meses y a fines de 1973 sucedió el primer asesinato de un activista de la Comisión Interna de Concord que militaba para el SMATA y también era militante del Partido Comunista. Su cadáver, que presentaba huellas de violencia externa, apareció flotando en un canal de Chacras de la Merced y el médico forense informó que su deceso había tenido por causa una asfixia por inmersión. El SMATA llamó a un inmediato abandono de tareas repudiando la muerte y se refirió a la existencia de bandas armadas que amenazaban continuamente contra la vida de directivos, delegados y activistas de los sindicatos combativos; lo que fue ratificado cuando, a menos de 48 horas del hecho, estalló una bomba en el coche que usaba el secretario general del sindicato, René Salamanca, aunque sin producir más que destrozos materiales.³⁰ Este caso que nunca fue aclarado por la Justicia, no fue el único sino que se fue multiplicando en otros secuestros de trabajadores, estudiantes y profesionales relacionados a la militancia territorial, social o política de izquierda. Algunos eran secuestrados por un par de horas, otros empezaron a aparecer muertos, con pruebas de haber sido torturados.³¹

A partir de estos datos podemos considerar que quienes venían desarrollando esa ofensiva fascista contra militantes y organizaciones de izquierda - dentro y fuera del movimiento justicialista - pertenecían a la ortodoxia peronista. Al parecer, una diversidad de comandos que se habían formado en el período anterior y que tenían una existencia relativamente difusa, fueron reuniéndose y coordinándose, formando el Comando de Resistencia Peronista y luego el Comando de Organización Peronista.

A pesar de la postura del gobierno provincial a favor de los trabajadores de base y los sindicatos combativos, la vinculación de estos comandos con otras esferas del poder era evidente, tanto en la estructura sindical, principalmente con la UOM, como en las esferas gubernamentales como el ministerio de Bienestar. Así lo declaraba el Peronismo de Base, que exigía al gobierno provincial que "expulse a todos los matones de Bienestar Social que están en Córdoba y estreche filas con el pueblo para responder a la agresión".³²

Lo cierto es que para la efectividad de esta represión paraestatal era necesaria su conjunción con las estrategias empresarias que en este período cambiaron su funcionamiento. Así lo denunciaban algunos trabajadores de base, que se quejaban de que algunas empresas importantes de la industria cordobesa, como Fiat, Renault y Perkins, habían empezado a "amotinar canas, agentes de la UOM, milicos serviles disfrazados de obreros (.) que se pasean por las plantas armados". Por ejemplo "en los jardines de Concord muchas veces se pasean hombres portando ametralladoras. Se cree que vienen de Buenos Aires porque nadie los conoce".³³

Estos hechos fueron recrudeciéndose y los enfrentamientos entre revolución y contrarrevolución contribuyeron a conformar una imagen de inestabilidad política. Desde 1973 en adelante los medios de comunicación forjaron un marco de interpretación sobre la violencia política que instituyó un discurso único sobre el flagelo de la "subversión", la equiparación de la violencia de derecha y de izquierda en un enfrentamiento del tipo de una "guerra"; que colaboró para formar una opinión pública que veía como necesidad una nueva Dictadura para defender, justamente, la institucionalidad.³⁴ En Córdoba este proceso eclosionó a partir del "Navarrazo".

"Cordobeses: prohibido el giro a la izquierda": de la Córdoba revolucionaria a la Córdoba reaccionaria. 1974-1976 ³⁵

El 28 de febrero de 1974 el por entonces Jefe de la Policía provincial, Tte. Cnel. (re) Antonio Domingo Navarro, derrocó al gobierno provincial que había sido elegido democráticamente diez meses antes. El período post-"Navarrazo" continuó el quiebre democrático en la provincia, ya que el presidente Perón -con aprobación del Congreso - ordenó la intervención federal.³⁶ A su vez, la violencia de estilo parainstitucional que el peronismo ortodoxo venía practicando, se coordinó con la esfera institucional desde el mismo espacio gubernamental; caracterizando un régimen marcado por el terrorismo con razones políticas.³⁷

El mismo día del "Navarrazo" se realizó un plenario "normalizador" de la CGT regional Córdoba en Alta Gracia, que implicó la recuperación de la cúpula de la central local por parte del peronismo "ortodoxo".³⁸ Estos grupos fueron beneficiarios de "la repartija de ministerios y cargos" que acompañó la reestructuración gubernamental del post-"Navarrazo". Así, la presidencia del Banco Social quedó en manos de Bernabé Bárcena, el secretario general del gremio de los molineros y flamante secretario general de la CGT regional.³⁹ Alejo Simó, el ex secretario general de la UOM y representante del peronismo más faccioso, pasó a ser Ministro de Trabajo de la delegación Córdoba. El Ministerio de Bienestar Social estuvo dirigido desde agosto de 1975 por Cataldo Quatrocchi, que venía de una larga trayectoria en la dirigencia de la UOM Córdoba, de "las 62" ortodoxas y la CGT luego de la normalización de Alta Gracia en 1974.

En cambio, entre los que se pronunciaron en contra de la intervención se sumaron casi todas las fuerzas del espectro izquierdista de Córdoba. Ellos repudiaron el acto de sedición porque sabían que era parte de una "escalada fascista" de las "fuerzas reaccionarias", que los tendría en la mira.⁴⁰

La Policía provincial fue acusada de participar en comandos junto a civiles que realizaron varios atentados, articulando la institucionalidad con la clandestinidad. Podemos suponer que no todos los miembros de la Policía participaron de estos comandos, pero institucionalmente la fuerza quedó adherida al quiebre institucional encabezado por su jefe. Incluso llegaron a autoacuartelarse unos días después cuando supieron que la UCR estaba gestionando el comienzo de un proceso en contra de Navarro por el delito de sedición. Más aún, hicieron un llamado a la sociedad cordobesa para que colabore en una "cruzada de reafirmación patriótica" denunciando en la D2 (División Informaciones de la Policía provincial) si conocía casos de "delincuencia organizada, el terrorismo, las malversaciones de caudales públicos, la formación ideológica extraña a nuestro acervo histórico, distribución de armamento a los enemigos del pueblo y toda otra forma de delito en que pudieran haber incurrido ex-funcionarios".⁴¹ Esta línea fue profundizada por el segundo interventor, el Brigadier Raúl Lacabanne, con su propuesta de "limpieza ideológica". Él quería eliminar los "enemigos infiltrados" en el gobierno provincial y en las instituciones políticas y sociales tales como sindicatos, partidos políticos, instituciones educativas, etc. Por eso indultó a Navarro, quien había sido procesado por insubordinación.⁴²

A pesar de su indulto, Navarro no volvió a la jefatura de la policía, pero sí quedó su legado de lucha "antiguerrillera".⁴³ Luego de él asumió por un breve período el Gral. (RE) Juan Carlos Landa, que era hasta ese momento el director del Servicio Penitenciario. En septiembre de 1974 Landa fue desplazado por Héctor García Rey, que venía de "cumplir funciones antisubversivas" en Tucumán y que ocupó la jefatura hasta enero de 1975.⁴⁴ La tarea "antisubversiva" que llevaba adelante la policía fue continuada por el Insp. Gral. Luis Alberto Choux, que había participado en el Navarrazo y antes de él estuvo al frente de la D2.

A partir de esos discursos y prácticas se pone en juego la definición de fronteras ideológicas propia de la Doctrina de Seguridad Nacional. Con ella se dio vía libre al ataque a militantes y activistas de izquierda que participaban de actos, que repartían volantes, o que portaban una bandera; allanando locales partidarios y sindicales e incluso domicilios sin órdenes judiciales, deteniendo e incurriendo en torturas y malos tratos.⁴⁵ Evidentemente, habían hecho mella los cursos antiguerrilleros que había implantado Navarro entre sus subordinados. La esfera institucional de las "fuerzas de seguridad" coordinaba sus acciones con grupos parapoliciales para la aplicación del terror en la sociedad y, especialmente, contra los activistas clasistas y combativos. En los meses siguientes atacaron nuevamente los locales de Luz y Fuerza, SMATA y ATSA, entre otros.⁴⁶ El grupo que planificó incendiar el local de SMATA y Luz y Fuerza, llegó hasta proximidades de los mismos pero, como la Policía los repelió, se concentraron en el Paseo Sobremonte y entonaron "Queremos a Navarro, queremos a Navarro", "Ya van a ver, ya van a ver, cuando venguemos la muerte de José [Rucci]", "Se siente, se siente, Rucci está presente".⁴⁷ Nótese que en este hecho la Policía, que en ese momento estaba encabezada por Landa, era la encargada de frenar a las "bandas armadas". Casi no hay diferencias entre este hecho y los que hallamos en 1973; pero lo "novedoso" desde fines de 1974 fue que la represión paraestatal que atacaba sindicatos clasistas y organizaciones izquierdistas comenzó a articularse con las esferas institucionales a partir de objetivos políticos establecidos por el bloque social dominante (la burguesía, las fuerzas armadas, las familias patricias locales y sus aliados gremiales). Para ello se instauró la Ley de Seguridad y una nueva declaración nacional de estado de sitio en noviembre de 1974 y desde fines de 1975 la provincia quedó bajo el control operacional del Consejo de Defensa y del III Cuerpo de Ejército, quienes dirigían a las fuerzas policiales y penitenciarias provinciales con el objetivo de luchar contra la "subversión".⁴⁸

Los hechos represivos contra los activistas sindicales fueron en aumento: detenciones, disparos y colocación de bombas en domicilios particulares y locales sindicales y partidarios, golpizas, secuestros y las primeras desapariciones. Algunos de los secuestrados aparecían a los pocos días, incluso a pocas horas de su secuestro, pero a otros se los podía detener por largos años en la cárcel. Otros secuestrados empezaron a ser ejecutados y sus cuerpos aparecían atados, mutilados, quemados. En la mayoría de los casos, los secuestros eran producidos por "patotas" que se identificaban como policías, incluso podían tener el uniforme, pero que no operaban a partir de órdenes de allanamiento ni procesos judiciales. No se aclaraban los motivos de la detención ni la unidad penitenciaria donde sería alojado.

En la maquinaria represiva también se hallaba el Ministerio de Bienestar Social de Córdoba como un engranaje necesario. Por allí circulaban militantes del Comando de Organización del Movimiento Peronista, algunos de ellos armados y que se dedicaban a "limpiar granadas de mano" en las dependencias del ministerio, que usaban autos y choferes de la repartición para trasladarse a otras ciudades en tareas que no correspondían con las funciones de bienestar social.⁴⁹

Con ese nuevo orden político, las fuerzas derechistas reconquistaron el espacio público que les permitía expresarse. Algunas de sus estructuras orgánicas se presentaban en sociedad como, por ejemplo, la Acción Revolucionaria Anticomunista (ARA). Si bien esta era una organización que existía desde marzo de 1971, fundó su filial en Córdoba en abril de 1974. En su presentación, registrada en periódicos masivos, mostraban el saludo propio de su organización, con un choque de puños. Además presentaron su periódico, que paradojalmente se titulaba "Tribuna Democrática", desde donde apoyaron la destitución de Obregón Cano y López por ser "marxistas".⁵⁰ También la Alianza Libertadora Nacionalista, que había sido apuntada por Montoneros como una de las fuerzas impulsoras del "Navarrazo", podía hacer pública su existencia noticiando, por ejemplo, la realización de una cena de camaradería con la asistencia de unos 500 dirigentes políticos, sindicales, juveniles y femeninos; entre ellos Lacabanne y Antún.⁵¹

Luego de esta coordinación represiva desde el Estado, la función represiva de los sectores empresariales se desdibujó, aunque no por ello perdió efectividad. Al contrario, el nivel de explotación fue más alto a partir de 1974 y sobre todo en 1975, cuando los trabajadores perdían capacidad de reclamo al tiempo que los ritmos de producción aumentaban, las condiciones laborales empeoraban y los salarios reales bajaban.⁵² Pero para el manejo de esas variantes no era necesaria la intervención directa de las grandes empresas, sino que la tarea se había echado sobre los hombros el Estado.
Es decir que el elemento cultural reaccionario⁵³ que en el período anterior al "Navarrazo" era residual y actuaba clandestinamente, a partir del putsch pudo volver a ser un elemento dominante.⁵⁴ La reestructuración de la estrategia de dominación del bloque social dominante implicó la fusión de las fronteras de la represión clandestina y de la represión institucional dentro de la misma esfera del gobierno; unificando los comandos peronistas con expresiones partidarias como ARA o como la Alianza Libertadora. Con todo esto se inicia una nueva etapa, que transmutó paulatinamente la cultura política revolucionaria en reaccionaria.

Conclusiones

Durante el período 1966-1976, el régimen político sufrió transformaciones pero, estructuralmente, las disputas entre bloques sociales tuvieron una sugestiva continuidad, aunque con cambios en los estilos de confrontación. Durante el gobierno militar iniciado en 1966, el bloque social dominante ejercía un tipo de represión institucional-militar sobre los sectores socio-políticos que empezaban a practicar la resistencia insurreccional a su régimen. En el campo sindical, la represión militar hacia los sectores más radicalizados no sólo beneficiaba a la fracción militar sino, sobre todo, al empresariado; ya que el disciplinamiento de la mano de obra era, para ellos, la válvula de ajuste de los costos de producción.

Con la apertura democrática en 1973, el gobierno provincial se desentendió del estilo de represión militar aunque algunos espacios gubernamentales (como el Ministerio de Bienestar Social y la Policía Provincial) y sindicales (especialmente la UOM), se comprometieron clandestinamente con esa represión. Durante este período los Comandos de Organización peronista funcionaron extrainstitucionalmente, ejerciendo la tarea de disciplinamiento obrero que requería la clase propietaria para garantizar su nivel de ganancias. El "Navarrazo" significó la recuperación del control de las instituciones de poder estatal y sindical por parte del bloque social dominante. Por ello se pudieron fusionar las fronteras de la represión clandestina y de la represión institucional dentro de la misma esfera del gobierno; y por ello fue posible la publicidad de expresiones partidarias como ARA o como la Alianza Libertadora.

Analizando esta coyuntura política puede parecer contradictoria la hipótesis de la necesidad de un golpe de Estado - el de 1976 - para "reorganizar" el desorden que generaba la "subversión" ya que, aparentemente, el bloque social dominante había vuelto al control de las palancas del poder. No obstante, aunque lograron el dominio no pudieron construir una hegemonía, ya que la movilización obrera y popular continuó activa hasta mediados de 1975.⁵⁵ Por eso, haber retornado al control institucional no alcanzaba para sostener un poder hegemónico por lo que, desde fines de 1974, optaron por la represión estatal por razones políticas como resolución de esa "crisis orgánica", lo que posibilitó el acompasamiento del predominio económico-social - que no fue puesto en disputa a lo largo de todo el período - con la hegemonía político-social.

Notas

1.Trabajo recibido el 30/09/2014. Aceptado el 18/12/2014
2.Doctoranda en Historia, Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Contacto: malauraortiz@gmail.com
3.Juan Carlos Portantiero se refiere a la categoría gramsciana de crisis orgánica para explicar los procesos de desfasaje en el tiempo entre la resolución de contradicciones económicas y políticas. Él utiliza el concepto de hegemonía para explicar la dominación del bloque de fuerzas en el campo de lo político y el de predominio para el campo económico. Portantiero, (1973): 85, 91.
4.El primer interventor de la provincia fue el Gral. Gustavo Martínez Zuviría (h.), quien clausuró la Legislatura, prohibió el funcionamiento de los partidos políticos, bloqueó todos sus fondos, prohibió todo acto político-partidario, como así también el uso de símbolos, siglas y signos que implicasen proselitismo. Durante la segunda gestión de la intervención de la provincia, a cargo de Miguel A. Ferrer Deheza, se dictó la Ley N° 16.896 que permitía detenciones y allanamientos sin previa orden judicial y la Ley N° 17.401 de represión al comunismo, entre otras. Un tiempo después, en 1971 y durante la intervención de Helvio Guozden, se creó la Cámara Federal en lo Penal para juzgar delitos de terrorismo y se dictó la Ley N° 19081 de represión al terrorismo. Pons, (2005): 6; Pons, (2010): 302, 352.
5.Tcach, (2012): 210-214, 224-225; Pons, (2010): 298-300.
6.Gordillo, (1996): 186-190.
7.Cfr. Brennan y Gordillo (1994): 62-65; Pons, (2010): 302, 326; Tcach, (2012): 218-224.
8.Gordillo, (2001): 33.
9.Tortti, (1998): 21-22.
10.Portantiero, (1973): 94.
11.La Voz del Interior (en adelante LVI), 02/12/1969:10; LVI, 23/04/1970:17; LVI, 25/04/1970:20; LVI, 28/05/1970:20; LVI, 31/05/1970:29-32; LVI, 01/06/1970:16; LVI, 10/06/1970:20; Córdoba, 29/06/1972:3-4; LVI, 03/07/1970:13.
12.Aunque las noticias publicadas en los diarios se refieren a los detenidos en todo el país sin especificar cuántos/as de ellos/as pertenecían al territorio cordobés, es interesante observar las diferencias de números oficiales y las denunciadas por los organismos de defensa de presos por razones políticas. Mientras el ministro del Interior reconocía 82 detenidos a disposición del PEN en noviembre de 1969, el Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA) hablaba de 286 presos políticos, de los cuales 73 habían sido procesados y condenados por ley Nº 17.401, 87 estaban a disposición del PEN por el estado de sitio y 34 condenados por Tribunales, dos de ellos a prisión perpetua. Aunque muchos recuperaron su libertad a fines de noviembre de ese año, un mes más tarde la Comisión Nacional de Solidaridad con los presos políticos denunciaba la existencia de cerca de 200 presos políticos. La situación de los presos no sólo era preocupación de organismos de Derechos Humanos locales, sino que llegó a recibir la solidaridad del Comité Francés de Sostén de la Libertad del Pueblo Argentino que exigió la liberación de los "más de mil detenidos políticos" en nuestro país. LVI, 20/07/1969:25; LVI, 06/11/1969:12; LVI, 30/11/1969:26; LVI, 28/12/1969:26.
13.LVI, 02/06/1969:16; LVI, 05/06/1969:20; LVI, 17/06/1969:11; LVI, 19/06/1969:21; LVI, 03/06/1969:18; LVI, 09/07/1969:22; Serie Habeas Corpus del Archivo Histórico del Poder Judicial de Córdoba; Archivo del SiTraC, Subarchivo Nº 1, Ficha Nº 1, Doc. 11; Córdoba, 21/04/1971.
14.Córdoba, 17/03/1971:1; Córdoba, 19/03/1971:2,6; Córdoba, 21/03/1971:3.
15.Luego del "Cordobazo" fueron condenados por Consejos de Guerra Especiales, no sólo referentes del sindicalismo combativo como Agustín Tosco y Tomás Di Toffino, sino también referentes de la CGT que poco tenía de revolucionaria, como Elpidio Torres y Miguel Ángel Correa. Pero, principalmente, le podía tocar a cualquier trabajador que participase de un paro, una manifestación o un acto público; debiendo soportar algunos días e incluso semanas en la Cárcel de Encausados y, si eran mujeres, en la cárcel del Buen Pastor. LVI, 30/06/1969:15; LVI, 06/07/1969:3; LVI, 04/07/1969:13; LVI, 31/07/1969:22.
16.Documentos desclasificados del archivo de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), Carpeta SITRAC-SITRAM 1971, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata.
17.Córdoba, 16/03/1971:4; Córdoba, 22/02/1972:3; Córdoba, 28/04/1972:1,4; Córdoba, 29/04/1972:4; Córdoba, 30/05/1972:5.
18.Córdoba, 19/03/1971:1-2; Córdoba, 23/03/1971:1; Córdoba, 16/04/1971:1; UTA, Año 2, Nº 10, oct-nov 1971:11; Seminara, (2010): 2.
19.LVI, 06/06/1969:11.
20.LVI, 21/06/1970:23. El fracaso de esa huelga apuró la renuncia del secretario general del sindicato mecánico, Elpidio Torres, alineado con el peronismo "legalista".
21.Córdoba, 18/04/1971:4. Por razones de espacio no podemos desarrollar en profundidad la situación del sector empresario industrial de Córdoba. Cfr. Brennan, (1992):10-14; Gerchunoff y Llach (1975):3-7, 26.
22.Cfr. Servetto, (2010): 35.
23.Córdoba, 19/05/1973:1; Córdoba, 23/05/1973:1-2. También se eliminó la Cámara Federal en lo Penal y se estableció la derogación de toda legislación no emanada del Congreso Nacional que hubiera modificado delitos. Franco, (2012):39-40.
24.No sólo contaban con el apoyo de Juventud Peronista y el sector legalista de las "62 Organizaciones", sino también con el de gran parte de los referentes del sindicalismo clasista y combativo. Algunos de ellos, como Agustín Tosco, Roberto Campbell, Hugo A. Rivero, Gregorio Flores, Jorge Canelles, Hugo Moro, Bernabé Reyes Martínez, Domingo Bizzi, Eduardo Castelo, Tomás Di Toffino, Naum Sánchez, Taurino Atencio, Felipe Alberti, Carlos Grzey; publicaron una solicitada exhortando a la clase trabajadora y sectores populares a votarlos en la segunda vuelta. Córdoba, 13/04/1973:5.
25.El Descamisado, Año I, Nº 10, 24/07/1973:38-39; El Peronista, Año I, Nº 2, Córdoba, 17/07/1973:6; Ya! Es tiempo de pueblo, Año 1, Nº 4, 20/07/1973:26-27. Durante este período, el SMATA era liderado por el Movimiento de Recuperación Sindical - Lista Marrón, identificado con el clasismo. El Sindicato de Luz y Fuerza estaba identificado con el Sindicalismo de Liberación. Cfr. Brennan, (1992): 5, 15.
26.Retomamos los conceptos institucional y extrainstitucional de Claus Offe y, a lo largo del presente trabajo, los utilizamos como sinónimos de estatal-paraestatal y de parlamentaria-extraparlamentaria. Offe, (1998):215-269.
27.Córdoba, 13/07/1973: 9; Córdoba, 14/07/1973: 4; Córdoba, 15/07/1973: 3; Córdoba, 17/07/1973:1, 5; El Descamisado, Año I, Nº 10, 24/07/1973:38-39; El Peronista, Año I, Nº 3, 24/07/1973:12; Ya! Es tiempo de pueblo, Año 1, Nº 4, 20/07/1973:26-27.
28.En julio de ese año los trabajadores de la Sanidad había destituido a la CD del gremio en una asamblea general por malversación de fondos, complicidad con las patronales, etc. Como consecuencia, Otto Calace mandó como interventor del gremio a un "compinche", Edgardo Sierra. Las bases, dirigidas por el Peronismo de Base y la JTP, decidieron ocupar el local en un enfrentamiento con la "burocracia" que culminó con tres muertos. Córdoba, 11/09/1973:1-2; Córdoba, 15/09/1973:3; El Peronista, Año I, Nº 8, sept 1973:2-3; Ya! Es tiempo de pueblo, Año 1, Nº 17, 19/10/1973:22-24; El Peronista, Año I, Nº 3, 24/07/1973:12.
29.Córdoba, 04/10/1973: 4; Córdoba, 05/10/1973: 4; Córdoba, 07/10/1973: 7; Córdoba, 22/10/1973: 5; Córdoba, 13/11/1973: 4; Ya! Es tiempo de pueblo, Año 1, Nº 17, 19/10/1973:22-24; SMATA Córdoba, Nº 114, 14/11/1973:1.
30.Córdoba, 08/12/1973:5; Córdoba, 09/12/1973: 4; Córdoba, 10/12/1973: 4; SMATA Córdoba, Nº 116, 13/12/1973: 3; Hechos y Protagonistas de las luchas obreras argentinas, Año 1, N° 1, enero de 1984: 14.
31.Por razones de espacio no podemos especificar todos los casos que se sucedieron durante este período, algunos de los cuales se conocieron públicamente en medios masivos, otros que fueron denunciados oportunamente ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) de Córdoba y otros que fueron divulgados años después.
32.Córdoba, 07/12/1973: 4.
33.Declaraciones de Mario Abdon en la conferencia de prensa de despedidos de Fiat Concord y Materfer en el local de la Unión Obrera Gráfica en Buenos Aires, publicadas en Ya! Es tiempo de pueblo, Año 1, Nº 9, 24/08/1973:14-15. El término "cana" refiere a la Policía.
34.Franco, (2012): 64.
35.La frase corresponde a una nota periodística publicada pocos días después del "Navarrazo" en la que se presentaba el cambio de sentido de circulación en calles céntricas de la ciudad de Córdoba. Luego de ese titular, el copete indicaba: "Aunque de actualidad, la frase no tiene sentido político". El juego de sentidos que se ponen de manifiesto son indicadores del discurso social del momento. LVI, 15/03/1974:11; cfr. Angenot, (2010):27-47.
36.Los tres interventores federales en Córdoba fueron: Duilio Brunello (que asumió el 12/03/1974), Raúl Lacabanne (desde el 07/09/1974 hasta el 19/09/1975) y Raúl Bercovich Rodríguez (desde el 20/09/1975 hasta el 24/03/1976). Cfr. Servetto, (2004):144-151.
37.Retomamos la definición de terrorismo de Estado que sugiere Alicia Servetto: "significa que el monopolio de la fuerza y la portación de armas que los ciudadanos consienten en un Estado de Derecho para que garantice sus derechos individuales se vuelve en contra de los mismos ciudadanos, esto es, el Estado utiliza las Fuerzas Armadas contra los ciudadanos y los despoja de todos sus derechos civiles, libertades públicas, anula las garantías constitucionales y margina el Poder Judicial". Servetto, (2004):144. Aunque Servetto analiza el período 1973-1976 en Córdoba y hace referencia a esta definición, no aplica explícitamente este concepto al período abordado sino que lo relaciona con la etapa iniciada en 1976. Cfr. Ortiz, (2013):81-107.
38.Los "ortodoxos" se agrupaban políticamente en el núcleo "Unidad y Lealtad" liderado por Bercovich Rodríguez y la Mesa Redonda Peronista Permanente (MRPP) encabezada por Julio Antún. Dentro de "las 62" habían hegemonizado la Mesa Directiva unos meses antes del plenario de la CGT. Córdoba, 10/04/1971:3; Córdoba, 24/06/1972:3, 7; Córdoba, 14/09/1972: 7; Córdoba, 27/07/1973: 3; Córdoba, 02/08/1973: 3.
39.El Descamisado, Año I, Nº 46, 02/04/1974:22-24.
40.Entre ellos el Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA), la Tendencia Revolucionaria, el Frente de Izquierda Popular, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Palabra Obrera (PO), Vanguardia Comunista (VC), Partido Comunista Revolucionario (PCR), Cristianismo Revolucionario, Peronismo de Base (PB), Peronismo Descamisado, Montoneros, Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Unión Cívica Radical (UCR), la Juventud Radical y otras organizaciones sociales como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, centros de estudiantes universitarios y asociaciones profesionales de médicos y abogados. Aunque la UCR no era, precisamente, una fuerza de izquierda, alzaron sus voces en contra del Navarrazo y pugnaron por la restitución del gobierno a las autoridades elegidas democráticamente. LVI, 01/03/1974:9,12; LVI, 02/03/1974: 6; LVI, 01/03/1974:9,12; LVI, 04/03/1974: 6; LVI, 05/03/1974: 8; LVI, 07/03/1974: 9.
41.Además de la policía local, se sumaron a su "cruzada de reafirmación patriótica" batallones completos de Policía Federal y Gendarmería que llegaron desde Buenos Aires muñidos de "equipos de represión antiguerrillera". LVI, 04/03/1974:9; LVI, 06/03/1974:12; LVI, 08/03/1974: 14.
42.Servetto, (2004):151.
43.El conflicto que desembocó en el Navarrazo había comenzado en enero de 1974, cuando el Jefe de Policía se había negado a aceptar la reincorporación dispuesta por el gobierno provincial de 150 efectivos policiales que habían sido cesanteados en 1955. En ese año la autodenominada "Revolución Libertadora" derrocó al presidente Juan Domingo Perón y, entre sus primeras medidas, emprendió una depuración de militantes peronistas y/o afiliados al Partido Justicialista de todas las instituciones dependientes del Estado, entre ellos las Fuerzas Armadas. En el caso de la Policía de Córdoba también sucedió algo similar. Pero a principios de 1974 el gobierno provincial decidió "reparar" el daño y decretó sus reincorporaciones a la fuerza. Sin embargo, los policías que debían ser reintegrados se quejaban de que Navarro no los quería recibir y que ofrecía toda clase de facilidades a los que quisieran pedir su pase a retiro. En cambio, a los que optaran por mantenerse en la fuerza les ordenó hacer un curso "antiguerrillero" de un mes de duración y luego ir "al combate, a la calle, a la lucha". Agregó el jefe de la Policía que la jornada de trabajo era de 20 horas sin sábados ni domingos, "que cuando él llamara a este personal, así fueran las dos de la madrugada, debía encontrarse en su puesto, caso contrario lo citaría a su domicilio y ´lo haré bailar y echar a la calle´". LVI, 13/02/1974:13.
44.García Rey había egresado de la Escuela de Policía Federal en 1945, fue miembro de la Guardia de Infantería hasta 1955, en ese año fue exonerado por subversión dentro de la Policía Federal. Se fue a Chile y México hasta 1967, en 1973 fue designado funcionario del ministerio de Bienestar Social y luego fue nombrado Jefe de Policía en Tucumán. En Córdoba fue jefe de policía durante 120 días. Córdoba, 25/10/1974:1; Córdoba, 08/09/1974:4; Córdoba, 09/01/1975: 1.
45.LVI, 13/03/1974: 9; LVI, 14/03/1974: 11; LVI, 16/03/1974: 9; LVI, 17/03/1974: 23; LVI, 21/03/1974: 10. La Doctrina de la Seguridad Nacional presentaba una concepción de defensa nacional asimilada a la seguridad interior. Esta implicaba la subordinación de las fuerzas de seguridad y los cuerpos policiales a las Fuerzas Armadas y la vigencia de conceptos bélicos en materia de seguridad interna que ya estaban vigentes desde la "Revolución Argentina". Franco, (2012):170-171.
46.LVI, 01/03/1974: 12; LVI, 07/03/1974: 12; LVI, 14/03/1974: 16; Córdoba, 30/05/1974: 4; Córdoba, 31/07/1973: 7; Córdoba, 30/05/1974: 1, 4; Córdoba, 11/09/1974: 1; Córdoba, 25/09/1974: 4; Córdoba, 10/10/1974: 9; Córdoba, 11/10/1974: 4,5; Córdoba, 08/11/1974: 4; Córdoba,12/12/1974:4; Córdoba, 30/04/1975:7; Córdoba,06/08/1975:4; Córdoba, 15/08/1975:7.
47.Córdoba, 14/06/1974:4-5.
48.Córdoba, 08/11/1974: 11. Además, entre abril y julio de 1975 se firmaron una serie de decretos que prohibían exportar material "subversivo" y restringía la opción para salir del país. Franco, (2012):133, 149. A partir de que Córdoba quedó bajo su control operativo se comenzó a aplicar la Ley Nº 13.234 que dividió al país en zonas de jurisdicción militar y otorgó al ejército el control total del territorio. Con esta normativa el gobierno, tanto militar como civil y administrativo, quedaba en manos del comandante de la zona operativa. Seminara, (2010):3-4. Sobre la legislación represiva cfr. Paiaro, (2014): 99-117.
49.Córdoba, 12/11/1975: 4; "Actuaciones labradas con motivo de la privación ilegítima de la libertad donde resultara damnificado Hugo Stanislao Ochoa", Tribunal Instrucción 2° Nom., Letra "A", N° 210, Iniciado 21/11/75. Archivo Histórico del Poder Judicial de Córdoba, Serie Judicialización y Política, Caja 1.
50.Córdoba, 09/04/1974: 8.
51.Córdoba, 21/01/1975: 5.
52.Córdoba, 18/07/1974:7; Córdoba, 03/08/1975:5; Córdoba, 08/10/1975:4; Córdoba, 08/12/1975: 7; Córdoba, 14/01/1976:3.
53.Con esta denominación agrupamos lo que Portantiero denomina "transformismo" y "reformismo", diferenciando dos respuestas orgánicas de las clases propietarias ante la movilización popular con elementos socialistas que se inicia en 1969. Se trata de dos proyectos políticos diferentes, aunque ambos parten de una misma propuesta económico-social. El transformismo es propulsado por las Fuerzas Armadas y se rige por la doctrina de la Seguridad como un modo de contrainsurgencia. Por otro lado, el reformismo es dirigido por partidos políticos y la burocracia sindical y su objetivo es maximizar las metas del capital nacional frente al modelo de neodependencia, a través de un programa nacional-desarrollista. Portantiero, (1973): 110-113.
54.Raymond Williams define a los elementos culturales residuales como aquellos remanentes de un período anterior, que se han formado en el pasado pero se hallan en actividad en el proceso cultural actual. Williams, (1980): 144.
55.Raymond Williams, retomando a Gramsci, explica que el "dominio" (dominio) es diferente de la "hegemonía". El primero se expresa en formas directamente políticas y en tiempos de crisis por medio de una coerción directa o efectiva. La "hegemonía", en cambio, dependen de un complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales; es decir, debe incluir la "cultura" como "proceso social total" en que los hombres definen y configuran sus vidas, y la "ideología", en cualquiera de sus sentidos marxistas, en la que un sistema de significados y valores constituye la expresión o proyección de un particular interés de clase. Williams, (1980): 129. Por razones de espacio no podemos desarrollar la explicación atinente a la actividad sindical durante 1975, cuestión que abordamos en el trabajo de doctorado.

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Fuentes citadas

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Córdoba, Córdoba, años 1969-1976.
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UTA, Revista mensual de la Unión Tranviarios Automotor seccional Córdoba, año 1971.
Comunicados, volantes, solicitadas y boletín del SITRAC-SITRAM, años 1970-1972, Archivo SITRAC. Subarchivo 1, Fichas 1-5. Disponible en línea, URL: http://www.ceics.org.ar/ArchivoSitrac/001SUBARCH00A07/Subarchivo%2001/Ficha01.pdf [último acceso: 29/04/2014].
Prensa partidaria:
El Descamisado, Montoneros, años 1973-1974. Disponible en línea, URL: http://www.eltopoblindado.com [último acceso: 29/04/2014]
El Peronista, Montoneros, Córdoba, año 1973. Disponible en línea, URL: http://www.eltopoblindado.com [último acceso: 29/04/2014]
Ya! Es tiempo de pueblo, publicación vinculada a la Juventud Trabajadora Peronista, Buenos Aires, Año 1973. Disponible en línea, URL: http://www.eltopoblindado.com [último acceso: 29/04/2014]
Documentos oficiales:
Documentos desclasificados del archivo de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), Carpeta SITRAC-SITRAM 1971, Comisión Provincial por la Memoria, La Plata.
"Actuaciones labradas con motivo de la privación ilegítima de la libertad donde resultara damnificado Hugo Stanislao Ochoa", Tribunal Instrucción 2° Nom., Letra "A", N° 210, Iniciado 21/11/75. Archivo Histórico del Poder Judicial de Córdoba, Serie Judicialización y Política, Caja 1.
Serie Habeas Corpus, Archivo Histórico del Poder Judicial de Córdoba.