SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
 número23-24El exilio chileno: río profundo de la cultura iberoamericanaRetomar la iniciativa política, recuperar la ética militante: Debates y combates en torno a la obra de Ernesto Laclau índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

  • No hay articulos citadosCitado por SciELO

Links relacionados

  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Sociohistórica

versión On-line ISSN 1852-1606

Sociohistórica  no.23-24 La Plata dic. 2008

 

ARTÍCULOS

Hacia un «momento de verdad» en el Uruguay reciente. Las investigaciones sobre el destino de los detenidos desaparecidos (2005-2007)

Gerardo Caetano

Universidad de la República , Uruguay

I. Algunas premisas conceptuales1

Las miradas del oficio y las condiciones del civismo y del humanismo

Se impone al comienzo de este trabajo establecer algunas premisas para entender ciertos núcleos conceptuales y teóricos que sustentan las páginas siguientes. Este análisis se hace desde la convicción de que la hondura y la crucialidad del tema aquí debatido trasciende cualquier debate cerrado entre especialistas. En ese marco, no basta una comparecencia desde el oficio o la disciplina que cada uno de nosotros tenga sino que se requiere también un tipo de discurso que sólo puede emanar desde la asunción plena de la condición de ciudadano. Como han señalado Maren y Marcelo Viñar: "el abismo insalvable de la tortura (o de la desaparición forzada de personas), el que un ´con-gener´ haya sido vivenciado en una totalidad psíquica-física como ´contra-gener´",2 plantea un desafío que desborda cualquier parcela del conocimiento.
El imperativo de revisar en profundidad las terribles (y durante tanto tiempo ocultadas si no negadas) violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, así como de reflexionar sobre sus consecuencias persistentes en nuestro tejido social y en nuestra convivencia, como se ha dicho más de una vez, tiene que ver mucho más con nuestros hijos que con nuestros padres, se vincula mucho más con el futuro que con el pasado. Y sin embargo, aquello que tantos historiadores franceses refirieran como "utillaje mental", esa "caja de herramientas" e instrumentos con los que concebimos e interpretamos el pasado y "vemos" el mundo, a menudo vuelven a estar más cerca de "nuestros padres" que de "nuestros hijos". Y ello, en estos tiempos "que corren" (y literalmente es certera la alusión a la velocidad temporal), resulta en verdad un problema importante para encarar el estudio de estos problemas.
En teoría, no es frecuente que la humanidad legue formas para pensar el horror o el terror, sobre todo en sociedades aparentemente "plácidas" y "amortiguadoras" como reza el estereotipo uruguayo. No hay en verdad entre nosotros (pese a las violencias y las luchas fratricidas de nuestro siglo XIX y de los conflictos violentos de los sesenta y comienzos de los setenta) mucha experiencia para reflexionar sobre realidades tan desmesuradas, ni desde el oficio ni desde nuestra condición cívica, tampoco desde nuestra raíz primera de humanidad. Este último discernimiento resulta imperativo porque además de la "causa cívica" está la "causa humanista", que debería vincularnos, en especial frente a estos temas límite, más allá de fronteras y condiciones partidarias, ideológicas o de cualquier otra índole. Si cada crimen de lesa humanidad (y vaya si hubo bastantes en el "siglo de la barbarie") formara parte efectiva de nuestro repertorio (como historiadores y ciudadanos pero ante todo como seres humanos), quizás tendríamos más conceptos, más representaciones y aptitudes, también alguna "mayor práctica profesional". 3
No hay "historia oficial" que valga, ni "memoria hemipléjica" o "sesgada" que pueda sobrevivir bajo el imperio vital de una verdadera democracia. Los valores republicanos y su vivencia plena resultan incompatibles con la vigencia de una historia o de una memoria (en singular) con pretensiones hegemónicas, en particular ante pasados traumáticos. Nada de ello puede sustentar la vida necesariamente polifónica y pluralista de la convivencia democrática, mucho menos un relato con pretensiones "monopólicas", que además provenga desde el Estado. Y cuando hablamos de relato nos referimos tanto al que supuestamente proyecta contenidos como al que los vacía, tanto al que intenta "completar toda la página", como a aquel que convoca a "dar vuelta una página" que no se ha escrito ni, por ello, leído en el ámbito ciudadano.
Se nos ha agraviado a quienes asumimos la tarea de trabajar en una investigación que buscara un mayor esclarecimiento, tanto tiempo postergado, del destino de los detenidos desaparecidos y de los niños secuestrados durante la dictadura, adjudicándonos -antes siquiera de leer un renglón del estudio a publicarse- el calificativo de "historiadores oficiales". Nada más lejano a la verdad. Quien se anime a leer con radicalidad cívica y republicana (esa que trasciende cualquier frontera político-partidaria o filiación ideológica) la obra que se ha hecho pública desde junio de 2007 bajo el título Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.8484, podrá confirmarlo. Ha sido desde la primera magistratura de la República -no desde el liderazgo de una fuerza política o desde los intereses del gobierno de turno- desde donde el presidente Tabaré Vázquez nos encomendó a José Pedro Barrán, Alvaro Rico y al suscrito dicha tarea el día 30 de mayo de 2005.5 La hubiéramos aceptado con el mismo sentido de compromiso cívico ante la solicitud de todo presidente democrático, sin que importara su signo partidario o ideológico. Como hemos invocado tantas veces en años pasados, hubiéramos querido -y vaya que bregamos por ello- que esta tarea hubiera sido realizada mucho antes. Al país le hubiera hecho mucho bien no cargar durante tantos años con la lápida de la desmemoria y del olvido impuestos, base de la impunidad. Y por cierto que esta alusión no implica desconocimiento alguno a la importancia de los aportes de la "Comisión para la Paz ", que abrió con coraje un camino demasiado tiempo postergado, el que fue recogido y profundizado en la tarea ahora emprendida. De la misma manera, aspiramos a que el mayor valor del trabajo emprendido sea el de impulsar una fuerte apertura para nuevas y numerosas investigaciones que echen más preguntas y documentos sobre este objeto de estudio crucial. Y cuanto más diversas sean las interpretaciones y las preguntas, cuanto más rigor y contrastación impere en nuestros debates ciudadanos y académicos sobre el tema, cuantos más archivos y repositorios documentales de diversa índole vinculados -en forma directa o indirecta- con este objeto de estudio puedan ser hallados y abiertos a la indagatoria profesional, judicial y cívica, tanto mejor será para la República y para nuestra comunidad científica.6
No eludamos pues el debate ni el conflicto sobre un tema tan decisivo; sí califiquemos los procedimientos para hacerlo y mejoremos nuestras argumentaciones discutiendo con la mejor versión del otro y no con su caricatura. Como ha señalado Hanna Arendt:

".los griegos descubrieron que nuestro mundo común se ve siempre desde un número infinito de posiciones diferentes, a las que corresponden los más diversos puntos de vista. En un flujo de argumentos totalmente inagotable, como los que presentaban los sofistas a los atenienses, el ciudadano griego aprendió a intercambiar sus propios puntos de vista, su propia "opinión" -la forma en que el mundo se le aparecía y mostraba- con las de sus conciudadanos. Los griegos aprendieron a comprender, no a comprenderse como individuos sino a mirar al mismo mundo desde la posición del otro, a ver lo mismo bajo aspectos muy distintos y, a menudo, opuestos. Los discursos en que Tucídides articula las posiciones y los intereses de los partidos enfrentados aún son un testimonio vivo del grado extraordinario de esta objetividad." 7

Contra quienes suponen que este tipo de reflexiones nos enquista en el pasado, contra la voluntad manifiesta de "dar vuelta una página" cargada de vacíos y silencios impuestos desde el poder (hablo aquí del Uruguay), las consideraciones que siguen toman como premisa de análisis el mismo punto de partida del ya antes citado libro de Maren y Marcelo Viñar: existe una centralidad insoslayable en el interrogante acerca de cuáles son los caminos para "metabolizar psíquicamente -en lo individual y en lo colectivo- esa experiencia del horror, que para algunos es una marca indeleble y para otros un detalle de la historia".8
En suma, la exigencia de volver sobre este tema interpela por igual al historiador, al ciudadano y al ser humano. Al primero le impone, por ejemplo, la necesidad de aceptar el reto de repensar sus categorías y métodos, desbordados cognitivamente por las experiencias del terror; le exige reordenar la tensión entre sus registros de las historias personales y colectivas, entre lo particular y lo general, lo privado y lo público; le plantea una vez más la necesidad de historiar con rigor el pasado reciente; le demanda una mayor conciencia respecto a lo vano de pretender monopolizar el relato de la tribu o la reconstrucción de la memoria colectiva; lo estimula a converger -desde las reglas intransferibles de su disciplina- en una faena que es más plural y que requiere de otros saberes; entre otras exigencias. Como ha señalado la historiadora argentina Hilda Sabato: "El pasado reciente, que puso a la sociedad frente a la experiencia límite de la represión masiva, la tortura y el asesinato político, nos fuerza a pensar la Historia de otra manera. Estamos frente al desafío de encontrar formas nuevas de mirar hacia atrás, no para encontrarle un sentido, sino para recuperar su diversidad de sentidos". 9
No resultan menores ni menos exigentes las demandas para el ciudadano. Ante la terrible gravedad de un mundo que continúa como "si nada hubiera pasado", ante la tentación del "rechazo del recuerdo" y el "atajo del olvido", emerge el requerimiento de resistirse a nivelar o normalizar la visión de ese pasado de ruptura; de asumir en su radicalidad la significación de la "usurpación de la identidad y de la historia" que comportan los horrores de estos pasados traumáticos y de resignificarlos cívicamente en una reelaboración sana y responsable (siempre difícil e incompleta) de nuestros duelos y orgullos. Se impone también la exigencia de revitalizar la importancia de la construcción de un "nosotros", solidario con las víctimas pero también comprometido con la aventura moral de una sociedad que también, en relación a estos temas difíciles, debe recrear sus razones más profundas "para andar juntos", 10 en el respeto irrestricto a las reglas básicas de verdad, justicia, confianza y reciprocidad.

II. El "terrorismo de estado" y las peripecias humanas

"Dictadura transicional" y "transición democrática"

En un libro escrito hace ya dos décadas en colaboración con José Rilla11, a los efectos de periodificar la trayectoria de la dictadura uruguaya, tomábamos los criterios establecidos en un texto anterior por el politólogo Luis Eduardo González. En él se registraban en la secuencia del régimen militar uruguayo los tiempos de una "dictadura comisarial" (1973-1976), de un "ensayo fundacional" (1976-1980) y de la "transición democrática" (1980-1985). Sin embargo, en relación con este último tramo, marcábamos una diferencia de significación no menor: establecimos que, a nuestro juicio, lo que transcurrió entre 1980 y 1985 en Uruguay fue una "dictadura transicional", abriéndose en realidad los tiempos de la "transición democrática" strictu sensu con la instalación formal de las autoridades democráticas en 1985, proceso que ocuparía el centro de la primera Administración del Dr. Julio M. Sanguinetti hasta el referéndum contra la "Ley de Caducidad" de abril de 1989.
En la perspectiva de construir una lógica a la secuencia narrativa de la dictadura y de la transición uruguayas, el discernimiento resultaba en verdad significativo. Implicaba, por ejemplo, una visión crítica o por lo menos problematizadora del "modelo de salida" uruguayo, simbolizado por la concreción del llamado "Pacto del Club Naval", acordado el 23 de agosto de 1984 entre los representantes de los partidos políticos (con la excepción del P. Nacional, que por entonces tenía a su líder Wilson Ferreira Aldunate preso y proscripto) y de las Fuerzas Armadas. Las bases de este pacto fueron recogidas en el "Acto Institucional Nº 19",12 que preveía un conjunto de normas constitucionales transitorias (atinentes a puntos conflictivos como el Consejo de Seguridad Nacional, Estado de insurrección, jurisdicción militar, ascensos de oficiales generales y nombramientos de comandantes en jefe, recurso de amparo, etc.) a ser plebiscitadas en 1985, al tiempo que ratificaba la convocatoria a elecciones (con partidos y candidatos proscriptos) para el 25 de noviembre de 1984. El concepto de "dictadura transicional" venía también a poner de manifiesto que durante el gobierno del Tte. Gral. ® Gregorio Alvarez (1981-1985), en los años finales de la dictadura, lejos de habilitarse y facilitarse una plena recuperación de derechos y libertades, el régimen militar y sus personeros habían intentado mantener incidencia y hasta concretar condicionamientos perdurables para el período democrático. La desactivación más efectiva del andamiaje militarista y de sus poderes institucionales y fácticos fue una tarea que en muchos de sus aspectos tuvo que ser asumida por los poderes públicos y por la sociedad toda luego de 1985, en los años en que se configuró la verdadera transición democrática.
Mucho se ha discutido en torno al Pacto del Club Naval y sus resultados. En la opinión de algunos, con mayor o menor entusiasmo en la aseveración, ese acontecimiento fue el que terminó viabilizando el proceso electoral y la "salida" de la dictadura. Para otros, también con matices de opinión y de énfasis, el fin de la dictadura uruguaya ya era inexorable en 1984, y el acuerdo tuvo como consecuencia la ruptura de la unidad del frente opositor al régimen y el debilitamiento de los partidos políticos en su capacidad de negociación acerca de los detalles del retiro de los militares del gobierno. Por cierto que ambas visiones interpretativas reconocen en la mayoría de los casos una fuerte impregnación político-partidaria. Este pleito entre "pactistas" y "antipactistas" tuvo un primer escenario privilegiado de dilucidación ciudadana en ocasión de los comicios de noviembre de 1984, triunfando con claridad en aquella oportunidad las posturas de aquellos que, de un modo u otro, habían respaldado el acuerdo con los militares.

La "Ley de Caducidad" y la obligación de investigar

En un balance genérico, y siguiendo los criterios de la periodificación aludida, durante la dictadura, los militares uruguayos demostraron ser eficaces "comisarios",13 malos "fundadores"14 y astutos negociadores de las condiciones de la transición. Luego de un proceso en el que abundaron las presiones por parte de los militares y las marchas y contramarchas en el comportamiento de los partidos, el 22 de diciembre de 1986, el día previo a la comparecencia ante la Justicia de connotados militares implicados en la violación de los derechos humanos durante la dictadura, el Parlamento uruguayo finalmente aprobó la llamada "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", curioso y elusivo título para una ley que procuraba impedir el juzgamiento de militares represores acusados de delitos de lesa humanidad.
En el artículo primero de esta ley, que fue aprobada en ambas Cámaras por aproximadamente los dos tercios de los legisladores, se reconocía que

".como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efectos de concluir la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985, por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados, por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en (...) acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto."

Por su parte, en el artículo segundo se exceptuaba de este "reconocimiento" a las causas en las que existiera auto de procesamiento y a aquellos delitos que se hubieran cometido con el propósito de obtener "un provecho económico". En el artículo tercero se encomendaba al Poder Ejecutivo a informar en un plazo perentorio de treinta días acerca de si los hechos referidos en las denuncias realizadas debían ser considerados o no comprendidos en el artículo primero. Asimismo, se establecía la suspensión de todas las diligencias presumariales en los procedimientos.
Cabe aquí la transcripción textual del artículo cuarto de esta ley por ser éste, como veremos, motivo posterior de una de las más fuertes controversias generadas en los años siguientes a propósito del cumplimiento estricto o no de lo dispuesto por la norma entonces aprobada:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonio de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley y actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones. El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la promulgación de esta ley, dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada".

La ley aprobada era en verdad, pare decirlo en forma "elegante", no sólo una norma de muy dudosa constitucionalidad sino también un auténtico "contraejemplo" de técnica legislativa: imprecisa, ambigua, con una redacción tan elusiva como el propio título de la ley, todo se combinaba para que las interpretaciones sobre la misma resultaran controversiales. Asimismo, los requerimientos fijados para la implementación efectiva de la norma también propiciaban debates y visiones contrapuestas en relación a su aplicación específica. Merece destacarse que la ley le entregaba al Poder Ejecutivo la llave de toda posibilidad de investigación y búsqueda, el que además debía decidir qué casos se investigaban y quiénes llevarían adelante dicha tarea, exigida a texto expreso en el artículo 4º antes mencionado. En la propia implementación de lo dispuesto por la norma, el entonces presidente Julio María Sanguinetti volvió a ratificar su convicción sobre que la "Ley de Caducidad" debía ser entendida como una amnistía plena -a pesar de que un proyecto específico en tal sentido, presentado por el P. Colorado también en 1986, no había obtenido aprobación legislativa- y significaba por ello un punto final. De allí que desde su punto de vista no resultara conveniente dar ningún paso riesgoso en el sentido de profundizar en la investigación de lo sucedido y aun en la búsqueda de soluciones a temas especialmente traumáticos, como el del destino de los detenidos-desaparecidos y de los niños secuestrados, referidos en el artículo 4º de la norma. Fue en ese marco que se le encomendó al Consejo del Niño la tarea de investigar el destino de estos últimos (lo que desbordaba por completo las posibilidades y recursos de ese organismo) y se le confió nada menos que a un fiscal militar la investigación sobre las desapariciones forzadas de adultos. La voluntad política de concluir todo debate sobre el punto, para muchos desbordando incluso y "sobreinterpretando" de manera abusiva los límites de lo dispuesto en la "Ley de Caducidad", quedaba por demás de manifiesto.

La respuesta del recurso de referéndum

Ante esta situación, los familiares de desaparecidos se negaron a comparecer ante el fiscal militar designado, Cnel. José A. Sambucetti, en una clara actitud de repulsa ante el camino inadmisible de otorgar a la justicia militar (y a sus personeros de entonces, claramente comprometidos con la acción de la dictadura) nada menos que la responsabilidad de investigar de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la "Ley de Caducidad".15 Como denunció la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, "se llegó a la absurda contradicción de que (aun en los casos que el Poder Ejecutivo) declaró comprendidos en la ley (que solo amparaba a militares y policías) (...) el fiscal dictaminó que no existían pruebas de la participación de unos y otros", con el resultado más que previsible del archivo de los expedientes. Incluso hasta en el caso de las denuncias de "las desapariciones producidas antes del período de facto y por tanto no comprendidas en la ley", los jueces competentes se negaron a actuar y derivaron los expedientes al Poder Ejecutivo para que este determinara si estos hechos no estaban amparados en la "caducidad", con el resultado por todos esperado.16
Es por demás conocida la historia posterior. La respuesta inmediata de las organizaciones de familiares de los detenidos desaparecidos y de los organismos de derechos humanos fue coincidente en recurrir la ley aprobada por la vía (prevista en el ordenamiento constitucional uruguayo) del referéndum. El mismo día de la aprobación de la ley, la asociación de Familiares convocaba en forma pública "a la organización de un referéndum nacional". "El futuro -se argumentaba en esta primera convocatoria- lo exige. Si no hacemos hoy este esfuerzo para reconquistar los derechos y las garantías constitucionales, mañana veremos repetidos el horror y la ignominia."17 Al día siguiente se hacía pública una nueva convocatoria, esta vez firmada además de por Familiares por Matilde Rodríguez de Gutiérrez y Elisa Dellepiane de Michelini, viudas de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, figuras emblemáticas de la resistencia antidictatorial, asesinados en Argentina el 20 de mayo de 1976.18 "Ayer -se decía en la nueva convocatoria- se legalizó la impunidad, se entregó el principio republicano de la independencia de los poderes y se avasalló la Constitución. Pretextando la amenaza de un golpe de Estado se cometió el error de someter la democracia a la tutela de los mismos que hasta hace muy poco se dedicaron a deshacerla. No sabemos en qué plazos y a qué velocidad vamos a ir padeciendo las consecuencias de este error. (...) Frente al mundo, Uruguay acaba de incumplir con los compromisos internacionales signados, ratificados y tantas veces aludidos. Para América Latina significa que una democracia que concitó tanta solidaridad y tantas esperanzas falló. Para nosotros significa seguir por los caminos que prevé la Constitución , para obtener la verdad, la justicia y la prevención. "19
Luego de un largo y controvertido proceso de recolección de firmas, que exigía la adhesión manifiesta de un 25% del total de inscriptos habilitados para votar (lo que en aquel momento significaba reunir 557.072 firmas), la Corte Electoral terminó habilitando el recurso, disponiéndose la realización del referéndum para el día 16 de abril de 1989 (casi 28 meses después de aprobada la ley impugnada, ya en pleno año electoral). En la ocasión, un 55,9% de los sufragios correspondieron al voto amarillo, mientras que el 41,3% lo hizo por el voto verde, ratificándose de ese modo la vigencia de la ley cuestionada.

En su valoración posterior al referéndum, la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ratificó la estrategia implementada y aportó diversos elementos de análisis.

"No dudamos (...) que los valores que defendíamos son aceptados por la gran mayoría de los uruguayos, aun cuando los resultados no lo reflejen. (...) (Mantenemos) la convicción (...) de que la impunidad perjudicará seriamente el futuro del país. Delitos de una gravedad nunca conocida en la historia uruguaya no serán sancionados, no sólo por imposición legislativa sino por decisión de la mayoría ciudadana. (...) Tememos también que esta "salida a la uruguaya" que ya se está mencionando en otros países de América constituya un triste ejemplo en el continente, así como aspirábamos a que nuestro país fuera un comienzo de faro de justicia si la ley era anulada. Sin embargo, pensamos que los resultados adversos no invalidan la decisión tomada, pues la campaña nos deja enseñanzas invalorables que ciertamente también incidirán en el futuro. (...) No escapaba a la consideración de nadie que dada la realidad nacional (...) y la realidad internacional (...) el juicio y castigo a los culpables era sumamente difícil. ¿Se trataba de una respuesta hipócrita? No, era una respuesta principista. (...) Nuestra lucha por la verdad sobre todos los desaparecidos, particularmente los niños, por la restitución de su identidad y la vuelta a su familia, seguirá como hasta ahora (...). Deben buscarse medios para mantener viva la memoria de lo ocurrido (...). Más allá de logros y fracasos respecto de la justicia de hoy, es de vital importancia que todos luchemos por un NUNCA MAS..." 20

Se debe recordar también que la "Ley de Caducidad" fue también objeto de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Dicho recurso se fundaba en el señalamiento por parte de los promotores de dicha iniciativa que la ley "violaba los principios de separación de poderes, el derecho al debido proceso, la independencia del Poder Judicial y la igualdad ante la ley", reconocidos en distintos artículos de la Carta. Casi un año antes del referéndum del 16 de abril de 1989 -el fallo fue dictado el 2 de mayo de 1988-, en votación dividida de tres contra dos, la Suprema Corte de Justicia declaró finalmente la constitucionalidad de la norma.21
Ciertamente, el temor a que la "salida a la uruguaya" se volviera ejemplar era fundado, pero no sólo "hacia afuera" sino también "hacia adentro", con el resultado de la autocomplacencia en la interpretación de un proceso histórico que reconocía fuertes conflictos y diferencias interpretativas y valorativas respecto a su trayectoria.22 La agenda hacia el futuro parecía concentrarse desde entonces en verdad y memoria, bloqueado el camino de la justicia, no sólo por los efectos de la "Ley de Caducidad" sino por las consecuencias de la "sobreinterpretación" abusiva de sus alcances en lo que refiere a su implementación efectiva. El periplo a recorrer a partir de entonces no sería menos arduo. En un trabajo aún inédito,23 el suscrito ha trabajado la trayectoria de los reclamos en esta dirección durante el período posterior a 1989 en sus diferentes etapas hasta el año 2004: el "largo" lustro de opacamiento público del tema (1990-1995); la reactivación de las protestas y demandas, con las consiguientes propuestas para encarar bajo otras vías un problema a todas luces persistente (1996-2000); la experiencia de la "Comisión para la Paz " (2000-2003); y finalmente, la discusión del tema como eje del debate electoral en el 2004. A lo largo de todo ese período de 15 años, frente a quienes daban por definitivamente laudado el asunto, una y otra vez emergieron tercamente voces de distintos actores de la sociedad que advertían que un planteo mínimamente realista imponía encontrar soluciones a las demandas de los familiares. Como veremos a continuación, la instauración de la llamada "Comisión para la Paz " fue la primera aceptación por parte del Estado respecto a que el tema ameritaba efectivamente una respuesta institucional muy diferente.

La "Comisión para la Paz " y la cuestión de las "historias oficiales" y las "versiones definitivas"

En ese marco, desde la asunción presidencial de Jorge Batlle y en especial entre marzo y agosto del año 2000, el vértigo de acontecimientos vinculados con una nueva forma de encarar el tema se hizo especialmente notorio. El 31 de marzo de ese año, el presidente Batlle recibía en Casa de Gobierno al poeta argentino Juan Gelman, informándole que existían evidencias muy contundentes (confirmadas definitivamente días después) que indicaban que su nieta -hija de Marcelo Gelman y de María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en 1976 en Argentina durante la dictadura militar- había sido finalmente encontrada y vivía en Uruguay24. El día 6 de abril el mandatario ordenaba la separación del cargo y el arresto a rigor por diez días del Gral. Manuel Fernández, entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto, como consecuencia de fuertes declaraciones de este oficial contrarias a cualquier camino de "revisionismo"25. El 13 del mismo mes, un día antes de la siempre polémica conmemoración de un nuevo 14 de abril26, Batlle se convertía en el primer presidente uruguayo en recibir oficialmente a una representación de Familiares. Mientras crecía el respaldo general a las gestiones emprendidas por el gobierno27 se sucedían más hechos: en los actos conmemorativos del 14 de abril, las autoridades de los clubes militares emitían discursos muy duros contra la eventualidad de cualquier forma de cambio en la política del nuevo gobierno frente al tema; el 1º de mayo, el PIT-CNT incluía en su proclama una plataforma de 9 puntos definiendo su visión sobre el trabajo a realizar28; el 8 de mayo el presidente Batlle daba a publicidad que un joven uruguayo, a quien se sindicaba como el hijo desaparecido de Sara Méndez, había aceptado -después de muchos años de negativa- a realizarse un examen de ADN para confirmar su identidad29; el 10 de mayo la jueza Estela Jubette ordenaba al Poder Ejecutivo investigar el paradero de la maestra Elena Quinteros, desaparecida durante la dictadura; el 20 de mayo 7.0000 uruguayos concurrían a la 5º marcha del silencio bajo el lema "¿Dónde están? La verdad es posible y necesaria"; el 5 de junio, luego de un nuevo encuentro con la delegación de Familiares, Jorge Batlle informaba públicamente sobre la conformación de una "Comisión para la Paz ", a la que se le encargaría la responsabilidad de llevar adelante la indagatoria referida en el artículo 4º de la "Ley de Caducidad"; finalmente, el 9 de agosto, a través de la Resolución de la Presidencia de la República N º 858/2000, quedaba formalmente constituida la mencionada Comisión en atención a la necesidad de "dar los pasos posibles para determinar la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto, así como de los menores desaparecidos en iguales condiciones"30.
De acuerdo a la resolución presidencial, que venía a sintetizar básicamente las bases negociadas entre el presidente Batlle, el entonces Encuentro Progresista-Frente Amplio y la organización de Familiares, los cometidos de la Comisión apuntaban a la recopilación de información sobre los desaparecidos dentro y fuera de fronteras, a procurar la recuperación y entrega de restos, facilitar al Presidente la posibilidad de comunicar personalmente a cada una de las familias involucradas la información lograda (las que decidirían sobre la publicidad o no de la misma) y redactar un informe general en el que se dejara constancia de la responsabilidad del personal militar y paramilitar en la desaparición forzada de ciudadanos uruguayos durante el período de la dictadura. En la integración final de la Comisión se destacó la notoria ausencia de representación de los principales socios de la coalición de gobierno presidida por el Presidente Batlle: el Foro Batllista del ex-presidente Sanguinetti y el Herrerismo del ex-presidente Luis Alberto Lacalle. Tampoco había, aunque nunca estuvo planteada esa posibilidad, presencia de militares31.
La creación de la Comisión venía a configurar la concreción de todo un hito en el largo proceso que hemos venido relatando. Por un lado, removía definitivamente la "doctrina oficial" vigente hasta ese momento, respecto a que el tema en todas sus implicaciones "había sido laudado" por la "Ley de Caducidad". Asimismo, esta iniciativa venía a dar respuesta a buena parte de las demandas planteadas por Familiares desde hacía más de una década y, de modo especial, desde 1996. En ese sentido, la creación de la Comisión podía interpretarse como un éxito de la estrategia desplegada por esta organización. Finalmente, marcaba una apuesta política muy fuerte del nuevo Presidente, claramente diferente a la de sus antecesores.
En términos históricos, la creación de la Comisión surgía básicamente de la conjugación de cuatro factores: la presión ciudadana, expresada como vimos de muy diferentes formas en los años anteriores, que finalmente logró impedir el opacamiento definitivo del tema, que pudo temerse en el primer lustro de los 90; la evolución del contexto internacional, cada vez más orientado a una revisión profunda de las "soluciones de impunidad" y de "las políticas de olvido" en América Latina frente a los crímenes cometidos durantes las dictaduras de la "seguridad nacional"; la movilización de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de organizaciones de derechos humanos, con especial énfasis en la acción de "Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos", entidad esta que lideró -no sin polémicas- una estrategia dirigida a la negociación de fórmulas de acuerdo amplio en relación a los temas del esclarecimiento y de la asunción plena de responsabilidades por parte del Estado en relación a los hechos denunciados; por último y por cierto no menos importante, la nueva actitud política asumida por el Presidente Batlle, en el sentido de acompañar y promover desde la titularidad del gobierno un replanteamiento institucional del tema, después de más de una década de cerrada oposición a esa eventualidad.32
Esta Comisión entregó su Informe Final el 10 de abril del 2003. Entre las conclusiones presentadas en dicho Informe quedaba claro que la gran mayoría de víctimas confirmadas no había participado de una guerra interna. Se decía en el artículo 46 del citado Informe: "Los antecedentes de las personas fallecidas evidencian que la enorme mayoría de ellas no participaba en forma directa en actos de violencia ni integraban organizaciones subversivas. La fecha de sus muertes pone de manifiesto, por su parte, que la mayoría de ellas se verificaron después que la sedición había sido desarticulada y derrotada y cuando sus integrantes se hallaban detenidos en establecimientos de reclusión". En el mismo Informe se daba cuenta precisa de las denuncias confirmadas, se establecían sugerencias respecto a iniciativas de seguimiento y de distintos criterios de reparación a los familiares de las víctimas, al tiempo que se formulaba la hipótesis acerca de que los restos de los desaparecidos (en territorio nacional) que fallecieron a partir de 1973 -24 en total, según la información de la Comisión- "habrían sido exhumados hacia fines del año 1984, incinerados o cremados mediante la utilización de calderas u hornos de fabricación informal alimentados con formas adicionales de combustión y arrojados finalmente al Río de la Plata , en una zona cercana al Barrio Paso de la Arena que ha sido ubicada y señalada con precisión".33
Asimismo, en ese mismo Informe Final, que estaba diseñado en relación a cuatro grandes secciones ("I. Antecedentes; II. Metodología de Trabajo; III. Conclusiones Principales; IV. Sugerencias Finales") y que constaba de 83 ítems, en el punto 42 del capítulo titulado "Conclusiones generales", la Comisión como cuerpo decía en forma textual: "Las conclusiones confirman en la enorme mayoría de los casos el contenido de las denuncias recibidas, aportando detalles y nuevos elementos que terminan por ratificar una situación trágica y dolorosa que nuestro país debe asumir con la prudencia y la grandeza propia de su historia. El aporte de la COMISION se limita a verificar la verdad de hechos que, aún cuando muchas veces fueron negados, deben ser ahora considerados como parte de la historia oficial. De ahora en más -considera esta COMISION- es responsabilidad de todos procesar y superar, en toda su dimensión y globalidad, un período triste y oscuro de nuestra historia reciente, intentando sentar las bases de una paz final y definitiva".34
Por su parte, el 16 de abril el Presidente Batlle, "actuando en Consejo de Ministros", aceptaba formalmente las conclusiones del Informe Final de la Comisión para la Paz a través de un decreto. En los apartados III y IV de los "Considerandos" del citado decreto presidencial, se decía en forma textual lo que sigue: "III) que debe considerarse que la Comisión para la Paz , con su arduo, serio y responsable trabajo y con sus confiables y serias conclusiones, ha cumplido -más allá incluso de lo previsto- con el encargo que le fuera encomendado, aportando una verdad definitiva que debe ser, de ahora en más, considerada como la versión oficial sobre la situación de los detenidos-desaparecidos; IV) que el trabajo de la Comisión para la Paz cumple definitivamente con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N ° 15.848 de 22 de diciembre de 1986 ."35
Ya hemos señalado nuestro juicio en general favorable a la labor desplegada por la "Comisión para la Paz ", integrada por muy connotados ciudadanos -entre ellos, los fallecidos e inolvidables Luis Pérez Aguirre, José Claudio Williman y José D'Elía- y que significó, como vimos, una inflexión fundamental en relación al trámite de un tema bloqueado y no laudado, más allá de las invocaciones reiteradas en sentido contrario. Dicha experiencia abrió espacios relevantes e inéditos para el avance del conocimiento de muchos de los sucesos más terribles ocurridos durante la dictadura. Sin embargo, en el repaso del Informe Final de dicha Comisión y en el decreto presidencial de aceptación formal de sus conclusiones, sorprende en verdad encontrarse con la apelación reiterada a las polémicas nociones de "historia oficial", "verdad definitiva" y cumplimiento también "definitivo" de lo dispuesto en el artículo 4º de la "Ley de Caducidad". Resulta tan curiosa la utilización de esos términos como que esa circunstancia no haya provocado entonces reacciones y controversias de parte de muchos actores que hoy lideran los embates contra lo que denuncian como, precisamente, el intento de crear una "historia oficial" sobre lo ocurrido durante la dictadura, a partir de las últimas acciones desplegadas por el actual gobierno.36
Las referencias a esos conceptos no sólo eran muy infelices, sino que además implicaban una aspiración tan utópica como ingenua. A la luz de lo que ha podido conocerse desde entonces sobre acontecimientos ocurridos durante la dictadura, así como de los desmentidos inocultables respecto a varias de las conclusiones a las que llegó -sin duda de buena fe- la Comisión para la Paz , ¿puede hablarse, resulta pertinente, la referencia a "historias oficiales" o a "verdades definitivas"? ¿Puede restringirse desde el Estado la posibilidad de investigar hechos del pasado y, en particular, en relación a uno tan traumático? ¿Contribuyen las "historias oficiales" y las supuestas utópicas "versiones definitivas" a la reconciliación o la alejan? ¿Se cumplía "definitivamente" con el Informe Final de la Comisión para la Paz la investigación exigida por el art. 4º de la "Ley de Caducidad"? Las "historias oficiales" y las "versiones definitivas" sobre hechos del pasado no sólo son muy malas, son además imposibles, totalmente utópicas37. Sin duda que uno de los aprendizajes más importantes verificados en esta etapa del último bienio 2005-2006 apuesta precisamente al destaque de la profunda infertilidad de aludir a ese tipo de nociones. Lo único definitivo es que no hay espacio para "historias oficiales" ni para "verdades definitivas" en ninguna historia, que no puede haber nunca un "punto final" en la investigación histórica o en las indagaciones cívicas, mucho menos en relación a temas y acontecimientos tan trágicos como a los que estamos haciendo referencia.
Bien lejos pues de esas nociones profundamente equívocas, de lo que se trata es de asumir en profundidad los riesgos de la verdad, sin duda difíciles y dolorosos pero siempre más fértiles que el olvido, la desmemoria o la mentira impuestas, la pretensión de "historias oficiales" o "versiones definitivas". El debate genuino en torno a los alcances de nuestras indagatorias cívicas en torno a la verdad sobre los acontecimientos del pasado reciente, en este caso en relación a aquellos ocurridos durante una dictadura que implementó, de manera institucional y sistemática como se ha probado, formas oprobiosas de terrorismo de Estado, refiere en forma directa a la vitalidad de nuestros valores como sociedad, a la entereza de nuestras convicciones morales, a la solidez de nuestros compromisos democráticos y republicanos. Y así como la democracia es por definición una construcción política inacabada e inacabable, la faena de acercarnos a la verdad sobre el pasado colectivo y de reelaborar permanentemente nuestros duelos como sociedad resulta también una labor que no admite "puntos finales" ni "obediencias debidas". Y como hemos visto y la historia universal una y otra vez comprueba, esa actitud de apertura permanente a la indagación cívica y a la investigación histórica no sólo nos acerca cada vez más a la verdad, sino que también nos involucra mucho más con una auténtica "cultura de paz".38

La persuasividad de hablar de lo concreto

Pero, como ha sido dicho en tantas oportunidades, no existe nada más persuasivo que hablar de lo concreto, en este caso, de historias específicas e intransferibles, cargadas del drama de la peripecia de lo vivido. Por eso mismo, sin pretensión alguna de erigirnos en tribunal -no creemos en absoluto en esas funciones "judiciales" que suelen otorgársele a los historiadores-, con seguridad el repaso de las fichas personales de las víctimas, el registro de la información hasta el momento recogida a propósito del destino de los detenidos-desparecidos o de los niños secuestrados durante los años del imperio del terror de Estado, esa referencia intransferible al terreno de historias basadas en documentos y testimonios sobre peripecias humanas de carne y hueso, valga más que mil ideas39. Es precisamente en esa dirección que -creemos- se impone la lectura crítica y a la vez sensible de esos cinco tomos de la investigación dispuesta sobre los detenidos desparecidos40.
En esa dirección, recorreremos como simple testimonio indicativo de un universo mucho más profuso y diverso, resúmenes de fichas indicativas sobre tres casos personales de menores secuestrados y durante buen tiempo desaparecidos, tal vez la atrocidad mayor del terrorismo de Estado en Uruguay y en otras tantas partes del mundo que han padecido regímenes de este tipo, en especial en la sufrida Latinoamérica. Como se verá, en las referencias contenidas en los resúmenes de las fichas señaladas surge la conexión de estos casos con otras atrocidades y tropelías durante largo tiempo silenciadas y negadas. En todos los casos, la atribución de responsabilidades criminales surge de la documentación y de los testimonios (la mayoría de ellos ante sede judicial) relevados para la elaboración de las fichas definitivas a ser incorporadas en el texto a publicar.
¿Qué nos dice por ejemplo la peripecia vivida por Simón Antonio Gatti Méndez (Simón Riquelo) y su madre Sara Méndez, de acuerdo a todos los documentos y testimonios recabados? Un resumen de una ficha de síntesis sobre el caso, sin agregado alguno, puede más que mil palabras:

"NOMBRE DEL MENOR: SIMON ANTONIO GATTI MENDEZ. FUE ANOTADO POR RAZONES DE SEGURIDAD EN UN JUZGADO ARGENTINO CON EL NOMBRE DE SIMON RIQUELO. PADRE: Mauricio Gatti Antuña (uruguayo, fallecido). MADRE: Sara Méndez Lompodio (uruguaya, primero secuestrada en Argentina, permaneció luego como detenida desaparecida, fue posteriormente trasladada en forma ilegal a Uruguay donde luego de varios meses en cárceles clandestinas, fue oficializada como prisionera e internada en la Cárcel de Punta Rieles). FECHA DE NACIMIENTO: 22 de junio de 1976. FECHA DEL SECUESTRO: 13 de julio de 1976. LUGAR DEL SECUESTRO: Buenos Aires, Capital Federal, Argentina. FECHA DE LOCALIZACION Y RESTITUCION DE IDENTIDAD: 2003. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, DE ACUERDO A TESTIMONIOS: A últimas horas de la noche del 13 de julio de 1976, irrumpe por la fuerza un grupo de aproximadamente quince personas vestidas de civil en el domicilio de Sara Méndez, y luego de torturarla a ella y a una amiga presente, Acilú Maceiro, ambas son secuestradas. Aun en el domicilio, la persona que lideraba el operativo se da a conocer a Sara como el Mayor Nino Gavazzo, oficial de las Fuerzas Armadas uruguayas. Al ser sacadas de la casa, a Sara se la separa por la fuerza de su hijo Simón, que por entonces contaba con apenas 21 días de nacido, a quien no vuelve a ver. Sara Méndez y Acilú Maceiro son trasladadas al centro de detenciones clandestino "Automotores Orletti" y cerca de diez días después ambas son llevadas clandestinamente al Uruguay por fuerzas represivas uruguayas, que actuaban coordinadamente con sus pares argentinas. Continúa cerca de cuatro meses más desaparecida en cárceles clandestinas de las Fuerzas Armadas uruguayas. Luego de una simulación de detención en el balneario Shangrilá, es internada en carácter de detenida en el Penal de Punta Rieles. Allí se entera por su familia que su hijo recién nacido no les había sido entregado a ellos ni tampoco a su padre Mauricio Gatti. Desde entonces comenzó una larga búsqueda que se inició en la cárcel y que luego continuaría sin pausas durante largos años una vez puesta en libertad. Su hijo secuestrado en julio de 1976 fue entregado y adoptado por un policía argentino, vinculado a la represión. La búsqueda de Simón se concentró durante largos años en una pista que se orientaba -como vimos- en un joven que vivía en Uruguay, la que recién pudo confirmarse como equivocada en el año 2000, al lograrse gracias a la intermediación del entonces Presidente Jorge Batlle la realización de una prueba de histo compatibilidad. A partir de ese fracaso se emprendieron nuevas acciones de investigación. En el 2003, indagaciones impulsadas en Argentina por Sara Méndez, con una colaboración estrecha del parlamentario uruguayo Rafael Michelini, del periodista uruguayo Roger Rodríguez y de organismos de derechos humanos argentinos, permitieron la localización de Simón. Los análisis genéticos realizados confirmaron plenamente su verdadera identidad. Simón vive actualmente en Argentina y mantiene estrechos vínculos con su madre y su familia biológica". 41 42 43

¿Qué nos dice otro caso verdaderamente conmovedor y siniestro, como la tragedia irracional que tuvieron que vivir desde muy niños los hermanos Julien Grisonas, quienes a cortísima edad debieron presenciar el asesinato de sus padres, fueron secuestrados y trasladados clandestinamente al Uruguay, convivieron en los sótanos del Servicio de Inteligencia de Defensa del Ejército (SID) con María Claudia García de Gelman (por entonces embarazada) y fueron luego abandonados en una plaza de Valparaíso? ¿Qué causa, qué régimen de disciplina, qué razonamiento pudo sustentar la decisión sobre estos hechos? Registremos el relato necesariamente austero del resumen de una ficha que intenta narrar sin adjetivos lo ocurrido:
"NOMBRE DE LOS MENORES: ANATOLE BORIS Y VICTORIA EVA JULIEN GRISONAS. PADRE: Mario Roger Julien Cáceres (uruguayo, desaparecido). MADRE: Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite (ciudadana argentina legalizada uruguaya, desaparecida). FECHA DE NACIMIENTO: Anatole Boris nació en Montevideo el 22 de setiembre en 1973 y Victoria Eva en Buenos Aires en 1975. FECHA DEL SECUESTRO: Fueron secuestrados con sus padres el 26 de setiembre de 1976, cuando tenían 3 y 1 años respectivamente. LUGAR DEL SECUESTRO: Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina. FECHA DE LOCALIZACION Y RESTITUCION DE DESAPARICION: En diciembre de 1977, poco más de un año después de su secuestro en Buenos Aires, Anatole entonces de 4 años y su hermana Victoria Eva de 2 fueron encontrados abandonados en una plaza de la ciudad de Valparaíso (Chile), de donde fueron recogidos e internados en una Casa Cuna de esa localidad, donde permanecerían por espacio de casi dos años. A comienzos de 1979 una asistente social chilena en viaje por Venezuela reconoció en una publicación de fotos de niños desaparecidos a los hermanos abandonados en Chile y que había tratado en la Casa Cuna en la que fueron internados. A partir de esa circunstancia y con el apoyo del Comité de Derechos Humanos para los países del Cono Sur (organización dependiente del Arzobispado de San Pablo denominada CLAMOR) y de ACNUR, ambos hermanos pudieron ser ubicados en Chile y plenamente identificados. En esa penosa e increíble búsqueda del paradero y del periplo de los hermanos Julien le correspondió un rol fundamental a la abuela paterna, María Angélica Cáceres. Los hermanos Julien, luego de una "tensa pero a la vez generosa negociación con la abuela biológica de los niños", fueron adoptados por un matrimonio de Valparaíso. Mantienen vínculos con su familia biológica. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: De acuerdo al testimonio de varios testigos, el domingo 26 de setiembre de 1976 fuerzas combinadas de la Policía Federal y del Ejército argentinos (con presunta participación de efectivos uruguayos) irrumpieron violentamente en el domicilio de los Julien, fusilando primero en la propia vereda de su casa a Mario Roger Julien y luego de torturarla y arrastrarla ferozmente por más de una cuadra, ametrallaron también a Victoria Lucía Grisonas. Los hijos de ambos, Anatole Boris y Victoria Eva, que por entonces contaban con 3 años y 14 meses respectivamente, fueron secuestrados en el momento y luego llevados al centro clandestino de detención "Automotores Orletti", donde convivieron con Mariana Zaffaroni y fueron vistos y reconocidos por prisioneros uruguayos. Con posterioridad, en octubre del mismo año de 1976 fueron trasladados a Uruguay conjuntamente con María Claudia García de Gelman (ciudadana argentina de 19 años por entonces embarazada que, como veremos más adelante, fue traída al Uruguay con el único objeto de esperar a que diera a luz a su hija, a la que secuestraron para luego ejecutar a la madre), ubicándolos en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), donde varios detenidos radicados en otros lugares del establecimiento tuvieron conocimiento de su presencia. En diciembre de 1976, el diario "El Mercurio" de Santiago de Chile informaba de la extraña aparición de dos menores solos e indocumentados en la plaza O'Higgins de Valparaíso. Según el relato periodístico, "hablaban con tonada y expresiones rioplatenses". Aunque pasarían más de dos años sin que se supiera su identidad, se trataba de los hermanos Julien, que desde Montevideo habían sido trasladados presuntamente en un avión de la Fuerza Aérea uruguaya a Chile y abandonados en la citada plaza de Valparaíso. De allí fueron recogidos e internados en una Casa Cuna de "Playa Ancha", como ya ha sido relatado. Luego de su localización e identificación, continuaron viviendo en Chile con su familia adoptiva, pero al mismo mantienen vínculos permanentes con sus familiares biológicos".44 45 46
¿Qué nos dice el caso por tanto motivos emblemático de María Macarena Gelman García, hija de María Claudia García Irureta Goyena Cassinelli de Gelman, aquella joven argentina embarazada de apenas 19 años que tras el asesinato de su novio, Ariel Gelman, fue secuestrada en Buenos Aires, trasladada clandestinamente a Montevideo con el único motivo de arrebatarle a su hija, para luego asesinarla en un lugar desconocido, sobre cuya ubicación exacta los responsables han mentido y siguen ocultando lo que seguramente saben? 47 Repasemos el resumen de su ficha:


"NOMBRE DEL MENOR: MARIA MACARENA GELMAN GARCIA. PADRE: Marcelo Ariel Gelman Schubaroff (argentino, secuestrado y desaparecido durante varios años, pudo saberse después que fue asesinado el 14 de octubre de 1976, encontrándose e identificándose sus restos recién en 1989, al ser exhumados de un cementerio en San Fernando, Provincia de Buenos Aires e identificados posteriormente de los estudios correspondientes). MADRE: María Claudia García Irureta Goyena Cassinelli (argentina, secuestrada cuando estaba embarazada de siete meses en la Argentina , luego fue trasladada en forma clandestina al Uruguay donde de acuerdo a informaciones finalmente confirmadas por un informe oficial del ejército uruguayo del año 2005, fue asesinada luego de habérsele sustraído su hija. Pese a la intensa búsqueda realizada a partir del citado informe oficial del ejército uruguayo y de otras informaciones obtenidas, sus restos no han podido ser hallados hasta ahora por lo que permanece en condición de desaparecida). FECHA DE NACIMIENTO: fines de octubre o principios de noviembre de 1976. FECHA DEL SECUESTRO: sus padres fueron secuestrados el 24 de agosto de 1976 de su domicilio particular en la ciudad de Buenos Aires. Como vimos, su madre, María Claudia García Cassinelli, que por entonces tenía apenas 19 años de edad, se encontraba embarazada de siete meses. LUGAR DEL SECUESTRO: Buenos Aires, Capital Federal, Argentina. FECHA DE LOCALIZACION Y DE RESTITUCION DE IDENTIDAD: 2000. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: Como ya ha sido señalado, el matrimonio conformado por Marcelo Ariel Gelman Schubaroff y María Claudia García Cassinelli, fue secuestrado por fuerzas represivas el 24 de agosto de 1976 en la ciudad de Buenos Aires. María Claudia se encontraba por entonces con un embarazo de siete meses. De acuerdo a testimonios de sobrevivientes, ambos fueron vistos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti". Como también se ha señalado, se ha podido confirmar que Marcelo Gelman fue asesinado y luego se arrojó su cadáver a las aguas del canal San Fernando en la madrugada del 14 de octubre de 1976, junto a otros siete detenidos también asesinados por fuerzas represivas. Los ocho cuerpos fueron sepultados luego como NN el 21 de octubre de 1976 en el cementerio de San Fernando. Recién en 1989 pudo identificarse la identidad de cinco de esos ochos cuerpos, confirmándose tras los estudios correspondientes que uno de ellos correspondía a Marcelo Gelman. Como se consigna en el Informe de la Comisión para la Paz , pese a que no tenía ninguna militancia política que pudiera vincularla al Uruguay, María Claudia García, de 19 años de edad y en estado avanzado de gravidez, fue trasladada en forma clandestina al país. Ha podido confirmarse que fue alojada en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), ubicado en la Avenida Bulevar Artigas de Montevideo. Fue mantenida detenida en la planta baja de esa sede, separándola de los demás detenidos que se hallaban en ese local que por entonces funcionaba como un centro clandestino de detención. Hacia fines de octubre o principios de noviembre fue llevada al Hospital Militar donde dio a luz a una niña. Luego del parto, fue reintegrada con su bebé nuevamente a la sede del SID, en donde volvió a permanecer separada del resto de los detenidos allí alojados. Hacia fines de diciembre de 1976 fue sacada del SID y luego de sustraerle a su hija, fue derivada a una base clandestina militar sonde fue asesinada. De acuerdo a informes militares oficializados por la Comandancia del Ejército uruguayo en el año 2005, sus restos fueron enterrados en el Batallón Nº 13. Sin embargo, pese a la pormenorizada búsqueda realizada en los predios indicados por fuentes militares acerca del lugar preciso donde habría sido enterrada la joven, sus restos no han podido hallarse hasta este momento. Luego de ser separada de su madre, la niña fue entregada al matrimonio conformado por el oficial policial (que llegó a ser Comisario de la Policía uruguaya durante el período democrático) Angel Julián Tauriño, fallecido, y su esposa, Esmeralda Vivian, quienes inscribieron en forma fraudulenta a la niña como su hija legítima, dándole el nombre de María Macarena Tauriño Vivian. En el año 2000, informaciones obtenidas por su abuelo, el poeta Juan Gelman, confirmadas con posterioridad por el entonces Presidente uruguayo, Dr. Jorge Batlle, permitieron localizar a la niña. Los análisis genéticos realizados posibilitaron confirmar plenamente que se trataba de la hija de Marcelo Gelman y de María Claudia García. Macarena mantiene vínculos con su familia biológica".48 49 50
¿Qué se puede decir luego de estos relatos, apenas tres dentro de un cúmulo mucho mayor? Más de una vez, para sustentar la necesidad del olvido como supuesta clave de "reconciliación nacional", se ha dicho que había que dejar estos temas "para los historiadores". Pues bien, ¿qué es lo que suponen los que así piensan que tendríamos que hacer frente a lo que se observa conmovido en los archivos y en la documentación dispersa vinculada con casos como los presentados en forma por demás resumida? ¿Cómo actuar desde las reglas del oficio y sin abdicar de nuestra condición de ciudadanos y de simples seres humanos frente a tamañas atrocidades? Dejemos que responda un maestro del oficio, el inolvidable Lucien Febvre: "Un instinto nos advierte que no nos dejemos hipnotizar, hechizar, absorber por (el) pasado. (.) ¿Qué hacen (.) las sociedades humanas para detener este peligro? Unas, (.) las menos exigentes mentalmente, han dejado caer todo en la sima del olvido; dejémoslas con su miseria. (.) La historia (.) es un medio de organizar el pasado para impedirle que pese demasiado sobre los hombros de los hombres. (.) Es en función de la vida como la historia interroga a la muerte".51 Ciertamente, es en función de la vida que los historiadores interrogan a la muerte. ¿Es que puede haber una razón más importante?

III. Algunos ecos de la coyuntura reciente

Los simulacros de un debate necesario

La trágica experiencia de la historia universal resulta pródiga en ejemplos acerca de los legados múltiples y complejos de un régimen que ha practicado contra su sociedad estrategias de "terrorismo de Estado". En una larga lista se suceden las posibles consecuencias, muchas veces tan perdurables como de difícil percepción: el miedo paralizante, la fuga individualista y el renunciamiento a pugnar por lo deseable y no sólo por "lo posible" (como si existiera una brújula mágica que nos indicara qué significa eso sobre cualquier asunto); la privatización o "biologización" impuestas de los padecimientos ("lo-ocurrido-solo-incumbe-a-los-combatientes o a-los-familiares-directos-de-víctimas-y-victimarios"); el atajo de echar al olvido (como intentaron sin suerte los españoles) o de ocultar tras la amnesia (como proclamaban los griegos clásicos) las "malas noticias" y "los pasados trágicos"; la pasividad frente al tema de los derechos, la autocomplacencia tranquilizadora que tan rápido se vuelve provinciana; la partidización y aldeanización de los relatos sobre lo que en verdad ocurrió. El Uruguay no ha escapado a ese fenómeno de las "fracturas de memoria" que suele acompañar estos procesos. Su única "excepcionalidad" tal vez radique en su particular tozudez por el negacionismo, por el "explotar hacia adentro" y por el reiterado intento de dar "trámite político" para "decretar" el olvido y la impunidad, suponiendo además que ese es un camino probado para "saldar los conflictos" y consolidar la "paz". Trágica excepcionalidad en verdad. Nada en ello hay que pueda enorgullecernos como nación, ningún valor republicano se funda desde la promoción de esas actitudes en la ciudadanía.
No hay mejor camino que ese y la propia historia uruguaya lo demuestra. Sólo fue posible la consolidación de la construcción de la democracia uruguaya en el siglo XX asumiendo en su radicalidad los conflictos y los asuntos por los que tanto pelearon los orientales o uruguayos en el siglo XIX. Vale reiterarlo una vez más: sólo desde la comprensión cabal de por qué se peleó tanto en la "Tierra purpúrea" se podrá entender el arraigo de los valores del Uruguay reformista y democrático del siglo XX. Ese camino ya probado en el país es el que hoy se impone una vez más, en circunstancias bien diferentes por cierto y bajo lógicas de época totalmente disímiles: no "borrar huellas", asumir con valentía el pasado, ciudadanizar la elaboración de los duelos colectivos desde el más radical sentido de verdad y justicia, legar a las futuras generaciones un "testamento ciudadano" que acompañe las herencias con un orden de derechos.
Durante el semestre "largo" que fue desde fines de 2006 hasta mediados de 2007 se sucedieron a propósito de estos temas acontecimientos muy contradictorios en el Uruguay. Examinemos algunos de ellos. El 26 de diciembre de 2006 se estableció por resolución del Poder Ejecutivo declarar "culminada la primera etapa de actuaciones dirigidas a la investigación de desapariciones forzadas en el territorio nacional", al tiempo que se fijó "el día 19 de junio de cada año como única fecha conmemorativa de que nunca más deberán ocurrir estos episodios entre uruguayos"52. Si bien resultaba entendible que el Poder Ejecutivo diera por terminada una "primera etapa" (que expresamente se señalaba como algo totalmente diferente a un "punto final", coincidente con la finalización de las investigaciones de historiadores y arqueólogos dispuestas en el marco del cumplimiento tanto tiempo postergado del artículo 4 de la "Ley de Caducidad" y desde la disponibilidad manifiesta a la reapertura de las investigaciones cuando la información fundada así lo demandara) de las actuaciones sobre el tema, la vía utilizada resultó sin duda desafortunada. En el país existe una buena tradición respecto a que las creaciones o modificaciones sobre el calendario cívico se deciden por ley (no por decreto y mucho menos por resolución del Poder Ejecutivo). Además, muchos elementos convergían para coincidir que la fecha elegida no era la más apropiada, que se percibía en las formas un apresuramiento por lo menos sospechoso, así como que el sentido conferido a la efeméride resultaba ambiguo y, en todo caso, no podía surgir de una resolución administrativa.
A partir de ese momento y en el marco de una gran confusión pública en la que se mezclaron iniciativas y asuntos que poco tenían que ver más allá de las apariencias (la implementación de la nada novedosa enseñanza de la historia reciente en los programas educativos, con la publicación de las investigaciones emprendidas a propósito del esclarecimiento del destino de los detenidos desaparecidos y de los niños secuestrados durante la dictadura, por ejemplo), estalló la polémica en torno al supuesto interés del Poder Ejecutivo por establecer -de acuerdo a ciertos voceros de la oposición- una suerte de "historia oficial" "hemipléjica" y "tendenciosa", cargada de "revanchismos" y de "intereses partidistas" menores, asistido en este caso por investigadores (arqueólogos e historiadores) que habrían aceptado sumarse irresponsablemente a la iniciativa. Ante estos intentos confusionistas, como ya se ha señalado en este mismo texto, debe reiterarse una vez más que no hay "historia oficial" que valga, ni "memoria hemipléjica" o "sesgada" que pueda sobrevivir bajo el imperio vital de una verdadera democracia. El indispensable pluralismo que acompaña el debate ciudadano en un "Estado de derecho" provoca siempre, por suerte, la contrastación de posturas. Y si eso ocurre en el campo del debate cívico, en el terreno de la Historia existen reglas teóricas y metodológicas y pluralismo en el seno de la comunidad académica que vuelven poco persuasivas y finalmente inviables las pretensiones de oficializar el relato de cualquier historia.
En este sentido, uno de los efectos positivos de esta polémica -cuyo centro por desgracia apuntó a otros ejes- tuvo que ver con la emergencia de diferentes iniciativas (impulsadas por centros académicos, Universidades y medios de comunicación) en relación a alentar la producción y difusión de visiones alternativas acerca de la interpretación de la historia reciente en general y de lo ocurrido durante la dictadura en particular. Desde distintas disciplinas y objetivos, también a partir del sano discernimiento entre los escenarios de la política y de la academia, el pleito por los sentidos del pasado, como ya se ha señalado, felizmente no acaba ni acabará nunca, en ninguno de esos dos campos. Lo importante es dirimir esos necesarios debates con rigor, pluralismo y transparencia.
Sin embargo y como lamentablemente resultaba previsible, en ese marco se desplegó un pseudo debate público signado por la confusión, otro más en una sociedad que parece haber perdido la brújula republicana de aquellas controversias cívicas que se realizan a partir de la asunción de la mejor versión del otro, a fin de mejorar los propios argumentos y echar más luz a la tramitación del conflicto en cuestión. La confusión creció alimentada por las actitudes de la casi totalidad de los actores involucrados. Las notorias fallas de comunicación del Poder Ejecutivo en su propuesta, agravadas por el inexplicable apoyo dado por el Poder Ejecutivo al proyecto sobre indemnizaciones presentado por el diputado del P. Colorado, Daniel García Pintos (que postulaba, tanto en sus propuestas como en su fundamentación, contenidos totalmente contradictorios con las definiciones conocidas del Presidente y de la fuerza de gobierno sobre estos temas), se encontraron asimismo con la actitud de una oposición que impulsó una réplica cargada de partidismo, atrincherada sin matices en la denuncia cerrada del intento de "historias oficiales" y de "revanchismos", hasta invocando la eventualidad de una "tentación totalitaria" en la forja de todo el proceso. Con tamaña confusión en el frente político y ciudadano, no puede extrañar que "los puntos de referencia" de las Fuerzas Armadas (y en especial del Ejército) se hayan vuelto a extraviar gravemente en el país y que en forma condenable volviera a escucharse a un jerarca militar (nada menos que el Comandante en Jefe del Ejército) pronunciar el 18 de mayo de 2007 un discurso de claro sentido político y regresivo.

El retorno de los ecos de los dinosaurios

En efecto, el Teniente General Jorge Rosales, joven general ascendido por el actual gobierno en febrero del 2006 y luego designado en la más alta jerarquía del Ejército cuando la crisis de setiembre del 2006, que terminó con la destitución del entonces Comandante Teniente General Carlos Díaz, pronunció en el acto de conmemoración del "Día del Ejército" un discurso que sorprendió a todos por su neto contenido político y por su clara significación regresiva respecto al debate por las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura.

 

"El Ejército Nacional como institución -señaló Rosales en un fragmento de su alocución-, no quiere ser juzgado por eventuales acciones individuales incorrectas desarrolladas por algunos de sus integrantes, y no acepta ni quiere ser rehén de las extemporáneas y parcializadas interpretaciones históricas que sobre su accionar pretenden algunos reivindicar, olvidando que las mismas respondieron a la acción de aquellos sectores de la sociedad que intentaron derrocar a Gobiernos Democráticos a través de las armas. El Ejército de hoy pretende ser justamente valorado por la sociedad, de la cual provienen sus integrantes y a la cual se deben, por su conducta y sus acciones, en un marco de respeto a las Leyes y de las autoridades democráticamente constituidas. No obstante, parecería que el odio, la venganza y la incredulidad se hubieran unido para evitar, que como sociedad, superemos revisionismos y realidades descontextualizadas que nos anclan al pasado y nos impiden emprender el camino que el país necesita y reclama, para evitar el rezago y crecer dentro del mundo globalizado en que hoy vivimos". 53

Por si fuera poco, en la parte final de su discurso y en el marco de los agradecimientos y saludos protocolares, el Tte. Gral. Rosales entendió del caso enviar su reconocimiento personal a los militares uruguayos extraditados a Chile por el trámite judicial del llamado "caso Berríos". 54 Señaló Rosales sobre el particular: "A nuestros camaradas extraditados a Chile, nuestro especial saludo ante la difícil situación que viven hace ya más de un año y nuestra confianza en que las permanentes gestiones realizadas, faciliten su pronto regreso al país el que, en caso de materializarse, contará Sr. Presidente, con mi garantía de asegurar, su presencia en todas las instancias y ámbitos que se les requiera". A la gravedad inusitada de estos pronunciamientos se sumaron en aquellos días las manifestaciones de apoyo de militares retirados a los militares represores presos y procesados por su participación en delitos de lesa humanidad, así como la ostensible presencia de efectivos en actividad (trasladados en autos y camiones del Ejército) en los actos en recordación del sin duda ominoso asesinato de los cuatro soldados que custodiaban la casa del entonces Comandante del Ejército en 1972.
¿Por qué deben reputarse como especialmente graves estos hechos? Sobran las razones pero cabe destacar algunas. Configuran una reapropiación absolutamente inconstitucional y regresiva de la condición de actor político por parte del Ejército. El discurso de Rosales contiene definiciones completamente reñidas con las abrumadoras evidencias que siguen acumulándose a diversos niveles, tanto en el terreno de la Justicia como en el de la investigación científica y periodística, sobre el carácter institucional y sistemático de las prácticas de terrorismo de Estado impulsadas por las Fuerzas Armadas uruguayas durante la dictadura, tanto en territorio nacional como en países extranjeros, en el marco de acciones coordinadas dentro y fuera del país. Asimismo, su pública solidaridad con camaradas extraditados y procesados por su eventual participación en el asesinato del represor chileno Eugenio Berríos, configura un peligroso retorno a la anterior práctica del ejército uruguayo de respaldar institucionalmente a sus integrantes acusados de violaciones flagrantes a los derechos humanos, incluso cometidas en este caso en pleno período democrático. Asimismo, sus dichos y los hechos conexos referidos configuran la vuelta de presiones (directas o indirectas) inadmisibles sobre el curso de procesos judiciales.
Todo esto se hace más negativo dada la juventud de Tte. Gral. Rosales, precisamente una de las razones que tuvo el Presidente Vázquez para designarlo -tal vez en una jugada demasiado audaz a la luz de lo ocurrido- en la máxima jerarquía del Ejército. ¿Qué mensaje se da a los más jóvenes integrantes de las Fuerzas Armadas cuando un joven Comandante, que nada tuvo que ver con los horrores de la dictadura, emite juicios y pronunciamientos como estos? ¿Se puede pensar responsablemente en la construcción de un Ejército constitucionalista y profesional cuando desde sus jerarquías se continúa adhiriendo a la versión inaceptable de que no hubo terrorismo de Estado sino apenas "eventuales acciones individuales incorrectas desarrolladas por algunos de sus integrantes"? ¿Es ello una contribución a la "reconciliación" o un nuevo intento por "dar vuelta la página" lo más rápido posible y retornar a la "normalidad" de la impunidad? No cabe duda que aquí se ha puesto en cuestión uno de los logros más importantes que hasta el momento había producido la política de derechos humanos del actual gobierno: la profundización de una indispensable y total actitud de sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. En una democracia, las Fuerzas Armadas forman parte del Estado, no constituyen un actor político autónomo.

El "Nunca Más" en Uruguay: la disputa por sus significados y la necesidad de ordenar las apuestas

Frente a la confusión generada y a la gravedad de los acontecimientos referidos, en el marco de una polémica que alcanzó con mucha fuerza a las filas de su propia fuerza política y al seno de todas las organizaciones de derechos humanos, el discurso oficial en la materia parecía en peligro de desdibujarse. Los desafíos del gobierno ante estas circunstancias resultaban especialmente considerables: se trataba de revertir un no previsto retroceso en una materia en la que los logros de la actual Administración habían sido muy altos, al tiempo que se debía clarificar una postura gubernamental que se había cargado, también en forma inesperada, de confusiones y contradicciones. Se comenzaba a erosionar uno de los pilares de la acción del gobierno "progresista", al tiempo que la evolución de todo el proceso ingresaba en un escenario incierto, con territorio abonado para retóricas de intransigencia, "atajos" interesados y polarización de posturas. Resultaba imperativo que el Presidente de la República saliera a aclarar y a consolidar sus definiciones, incluso para reparar las consecuencias de varios errores cometidos por su propio gobierno.
Fue así que el lunes 4 de junio de 2007, a quince días de la primera conmemoración del 19 de Junio bajo el nuevo formato derivado de la resolución presidencial ya antes referida de la mencionada Resolución del 26 de diciembre de 2006, el Presidente Vázquez convocó con solemnidad a un acto en el Edificio Libertad en el que, de acuerdo a sus anuncios previos, emitiría un pronunciamiento a partir del que se despejarían las dudas generadas respecto a su propuesta de "Nunca Más" y a las formas de celebración del 19 de Junio próximo. Las expectativas provocadas por su convocatoria no fueron defraudadas. Vázquez se dirigió a un estrado que tenía como telón de fondo nada menos que 15 pabellones nacionales, con una mesa a su izquierda en la que se podían ver los cinco volúmenes del libro ya antes citado, Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos. En cumplimiento del artículo 4° de la Ley de Caducidad. A pesar de que la convocatoria al acto fue dirigida a Ministros, viceministros y parlamentarios afines al gobierno, los medios de comunicación transmitieron en directo para todo el país el discurso presidencial.
En su alocución, luego de repasar la secuencia de sus principales pronunciamientos sobre el tema desde su asunción como primer mandatario el 1º de marzo de 2005, Vázquez enumeró lo que calificó como "los cuatro pilares" de la política gubernamental en materia de derechos humanos:

 

"La memoria, porque el pasado nunca descansa en paz, porque es necesario conocerlo, asumirlo y procesarlo. (...) De todas las necesidades del alma humana una de las más vitales es el pasado y este pasado con generosidad desde el presente y en la memoria, debemos ofrecérselo al futuro. La memoria pero también la verdad, porque (...) es el único camino para poder superar las heridas y zonas oscuras que tiene cada sociedad (...), para comprender el presente y para hacer realidad la posibilidad de un futuro mejor entre todos los uruguayos y nadie, absolutamente nadie, puede negar que hemos trabajado y lo seguiremos haciendo para intentar llegar a la verdad toda, toda la verdad. Memoria y verdad, pero también justicia, (...) como conjunto de reglas y normas que a partir de determinados valores de convivencia establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, pero también la justicia como poder del Estado y como sistema que trasciende al mismo. (...) Memoria, verdad, justicia, reparación. La reparación no como punto final, (...) sino como conjunto de actos que expresan el reconocimiento y las responsabilidades que le caben al Estado ante el quebranto y el sufrimiento que han vivido tantos uruguayos y la nación...".

A partir de este señalamiento sobre las bases de su política, Vázquez se refirió luego a los contenidos que le otorgaba a la expresión "Nunca Más":.

"A nosotros el pasado no nos ata y el futuro no nos espanta. Por eso decimos 'nunca más'. Nunca más enfrentamientos violentos entre uruguayos; nunca más descalificaciones o violencia entre nosotros; nunca más contextos, motivos o excusas para esos enfrentamientos; nunca más desconfianza, nunca más intolerancia, nunca más discriminación, nunca más desigualdad de oportunidades, nunca más pobreza, nunca más terrorismo de Estado; nunca más un país donde los derechos de todos sean privilegios de unos pocos; nunca más un país donde nacer sea un problema, donde la juventud sea sospechosa o donde envejecer sea una condena".

Luego de resaltar que "los derechos son instrumentos que promueven la dignidad humana", acotó que "la pobreza y el desamparo en que aún viven muchos compatriotas" constituyen "una violación a los derechos humanos", por lo cual había que "avanzar en esa materia", "no solamente porque todos los derechos son humanos, sino además porque (...) son la ética de la democracia". A continuación se dedicó a establecer los alcances precisos acerca del sentido que se daría al 19 de junio próximo. "Ustedes saben bien que las condiciones hoy no son las adecuadas como para realizar grandes conmemoraciones, ni para realizar grandes desfiles. La realidad es la realidad. Declaraciones, comentarios, dichos de los últimos tiempos implican que todavía hay rispideces y desencuentros en el seno de la sociedad uruguaya. Y sería irresponsable (...) que llamara el próximo 19 de junio para seguir ahondando el camino del Nunca Más y el reencuentro entre los uruguayos". A partir de ese diagnóstico, Vázquez señaló que en virtud de esas circunstancias, el 19 de Junio no habría "ningún tipo de desfile", y que las actuaciones oficiales ese día se reducirían a la concurrencia del Presidente de la República , "con una guardia reducida de los Blandengues de Artigas, a colocar una ofrenda floral al pie del monumento al prócer", invitando a acompañarlo en ese acto a quienes quisieran libremente hacerlo.55 56
En la parte final de su discurso del 4 de junio del 2007, el Presidente Vázquez presentó formalmente los cinco tomos de la mencionada investigación sobre la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos en cumplimiento del artículo 4° de la Ley de Caducidad, al tiempo que proclamó su decisión irreversible en el sentido de "no aceptar ir a una reelección". Esta última definición, que venía a dilucidar una incertidumbre creada en el seno de la opinión pública desde comienzos del 2006, sin duda que concentró por diversos motivos la atención principal tanto de analistas como de los ciudadanos.
En lo que tal vez configure uno de los discursos más relevantes de su período de gobierno, el Presidente Vázquez asumía definiciones contundentes sobre temas decisivos. En forma tácita reconocía la imposibilidad y la inconveniencia ("irresponsabilidad", de acuerdo a sus expresiones) de apurar los tiempos en procura de una conmemoración con sentido de "reconciliación" entre los uruguayos y tal vez admitía de manera indirecta sus errores en la promoción de los instrumentos más adecuados para avanzar en la concreción de ese objetivo. Sin embargo, en sentido inverso a lo informado por cierta parte de la prensa opositora, ratificaba su postura acerca de que el "Nunca Más" a la dictadura y al terrorismo de Estado debía ser complementado con una fuerte apuesta en la perspectiva del rechazo firme a toda forma de violencia como instrumento legítimo de lucha política. Más aun, profundizaba sus definiciones en torno al "Nunca Más" con una definición más precisa acerca de sus alcances en la perspectiva de abarcar un amplio espectro de objetivos de equidad social y justicia ciudadana, en el marco de una visión integral del concepto de los derechos humanos.
Se trataba en suma de un repliegue táctico en las formas de instrumentación de sus propósitos, pero a partir de una fuerte ratificación y profundización de su propuesta filosófica y estratégica, que persistía en sus definiciones más relevantes: desde la distinción de dos tareas y tiempos distintos, consolidar por un lado el "Nunca Más" al terrorismo de Estado (desde la definición radical de avanzar en verdad y justicia y bien lejos de "puntos finales" y de "historias oficiales"), complementándolo a continuación con una apuesta programática integral en la perspectiva de una promoción inequívoca de principios de no violencia. Si bien esta última expresión no fue directamente formulada de esta manera, los contenidos de su propuesta coincidían con los principios doctrinarios de ese perfil: el rechazo enfático de toda forma de violencia, ya sea en las prácticas de la lucha política y de la convivencia cívica, como en el plano de los contextos sociales e institucionales.
En tanto respuesta a los conflictos, la no violencia aspira a una resolución exigente de los mismos, a su superación profunda y no a un esquema de apaciguamiento débil y tibio, que deje incólumes las razones últimas del diferendo. Más aún, podría decirse que a través de la no violencia se persigue como objetivo estratégico la emergencia de las reales contradicciones del conflicto en cuestión, de manera de construir un horizonte de paz no radicado en la mera ausencia de violencia sino en la superación de aquellos factores que la promueven. "La acción directa no-violenta -señalaba a este respecto Martin Luther King- trata de crear una crisis tal, y de originar tal tensión, que una comunidad que se ha negado constantemente a negociar se vea obligada a hacer frente a este problema. Trata de dramatizar tanto la cuestión, que ya no puede ser desconocida bajo ningún concepto... No he dejado de oponerme a la tensión violenta, pero existe una clase de tensión no-violenta constructiva, necesaria para el crecimiento. ...La meta de nuestro programa de acción directa radica en crear una situación tan pletórica de crisis que desemboque inevitablemente en la salida negociadora". 57 En esa misma perspectiva, la afirmación de principios de no violencia, lejos de debilitar la postura finalmente asumida, fortalecía y radicalizaba la legitimidad y los alcances específicos de la definición de "Nunca Más" al terrorismo de Estado, desde la asunción plena de un conflicto cívico que no admitía puntos finales pero que podía tramitarse en el respeto al vínculo indisociable entre fines y medios en todo acción humana, enfatizando en especial el valor de los métodos como parte sustantiva y realizadora de una genuina "idea de paz".

Desde el abismo entre las víctimas y los victimarios

La distancia ideológica y filosófica entre los discursos del Tte. Gral. Rosales y del Presidente Vázquez no podía ser mayor. He aquí tal vez uno de los aportes del pronunciamiento presidencial del 4 de junio de 2007. Sin duda que la consistencia de una definición clara de un "Nunca Más" dirigido a las prácticas del terrorismo de Estado ganaba mucho en legitimidad ciudadana a partir de la confirmación de un rechazo radical de la violencia como instrumento legítimo de la lucha política, en el marco del discernimiento de dos momentos y tareas diferentes pero complementarias. Bien lejos de un "paso atrás", el discurso presidencial aclaraba posicionamientos, definía con precisión sus alcances y corregía errores. De paso, su pronunciamiento acumulaba legitimidad democrática a partir de su definición clara sobre el controvertido tema del supuesto reeleccionismo consecutivo, práctica tradicionalmente resistida por la ciudadanía uruguaya. Aunque de manera imprevista y bastante antes de lo esperado, Vázquez elegía bien -a nuestro juicio, aunque este ha sido un tema debatido- el momento para proclamar sus definiciones sobre su futuro político inmediato, conectando los temas de sus definiciones sobre el tema de los derechos humanos con su pronunciamiento definitivo respecto a las controversias cívicas generadas acerca de su eventual reelección consecutiva, hipótesis expresamente negada en todas las Constituciones de la historia uruguaya y cuya promoción hubiera exigido una muy problemática reforma constitucional y la renuncia anticipada del Presidente.
El acierto del pronunciamiento de entonces del Presidente Vázquez parece ser evidente. En el terreno de las miradas más institucionales y republicanas de una perspectiva de más largo plazo, las definiciones presidenciales parecen corregir errores y consolidar una apuesta a la profundización de una política genuina en materia de derechos humanos, aventando el peligro de la inconsecuencia y confirmando su estrategia de acompañar la vía del "Nunca Más" al terrorismo de Estado con una invocación a los principios de la no violencia. Aunque tal vez sean necesarios nuevos pronunciamientos de radicalidad progresiva en esa dirección programática e ideológica, el pronunciamiento presidencial apostaba lejos del camino de una retórica vacía de una reconciliación trivial y poco creíble, sobre todo ante actitudes como el negacionismo del Tte. Gral Rosales o la mentira y el silencio inadmisibles de los militares involucrados en delitos de lesa humanidad y en el destino final de los detenidos desaparecidos.
Aunque no es tema de este texto, focalizado en las investigaciones sobre el destino de los detenidos desaparecidos durante el trienio 2005-2007, en el primer tramo de la actual Administración presidida por el Presidente Tabaré Vázquez, desde el 2008 a la fecha, han ocurrido otros acontecimientos que establecen nuevos escenarios, en especial respecto al tema del juzgamiento de los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. A partir de la nueva forma de aplicación mucho más estricta de la "Ley de Caducidad", el gobierno presidido por Vázquez ha habilitado el avance de diferentes causas judiciales contra connotados represores y jerarcas castrenses y civiles de la dictadura. De ese modo, hoy están procesados con prisión (aunque en cárceles especiales o en régimen de arresto domiciliario, como en el caso del ex-dictador Juan María Bordaberry), y en algunos casos con primera sentencia de condena, algunas de las figuras más emblemáticas del terrorismo de Estado, como los ex-oficiales militares y policiales José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, José Arab, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande, Juan Carlos Larcebau, Gregorio Alvarez (ex-comandante en jefe del Ejército y ex-dictador entre 1981 y 1985), así como civiles como Bordaberry y el ex-canciller Juan Carlos Blanco. También hay extradiciones concedidas a partir de causas iniciadas fuera del país de connotados represores partícipes del Plan Cóndor, así como pedidos de extradición sobre militares uruguayos fugados al exterior.58 En forma paralela, un grupo de ciudadanos y organizaciones sociales ha logrado obtener las firmas de más de un 10% de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral, con lo que se ha abierto un recurso de Referéndum en procura de la declaración de nulidad de la "Ley de Caducidad", el que se efectivizará junto con la realización de la primera vuelta de los comicios nacionales prevista para el 31 de octubre del 2009. 59 Aunque en el marco de un proceso difícil signado por no pocas controversias e incertidumbres, el tema de la demanda de justicia parece haberse ido afirmando en una articulación compleja con las investigaciones en búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura.60 Una vez más, la tensión entre verdad y justicia, tendrá en el 2009 y, con seguridad en los años venideros, una nueva oportunidad para resolver su convergencia o divergencia en el Uruguay. Por muchos motivos, aquí se perfila una nueva coyuntura sin duda decisiva.61

IV. El "derecho al pasado" y sus retos: hacia un "momento de verdad" para construir una "memoria ejemplar"

Las "fracturas de la memoria" y los desafíos de la construcción democrática

En relación al campo más estrictamente cívico que enmarca toda esta problemática en el caso uruguayo, ¿cómo resignificar nuestras identidades, nuestros "nosotros", después de las desapariciones forzadas, de la tortura, de los miles de detenciones y destituciones injustas, de las dictaduras opresivas, del retorno de la violencia como instrumento de la vida política, de la emergencia de los terrorismos (de izquierda o de derecha, vengan de donde vengan, sin por ello olvidar que el más ilegítimo de todos es y siempre será el terrorismo de Estado)? 62 ¿Cómo recrear una "comunidad de valores" luego de todo ello y del peso inmenso sobre la convivencia cívica de la impunidad y del olvido impuesto? ¿Cómo realizar una "reconversión" del pasado violentista y autoritario a los efectos de consolidar la democracia y sustentar de veras el "Nunca Más"? 63 En uno de sus textos más representativos, Norbert Lechner reflexiona con agudeza sobre este particular:

 

"La posibilidad de la democracia supone (.) trabajar políticamente el tiempo, al menos en dos sentidos. Por un lado, una reconversión del pasado autoritario. Ser realista es reconocer la efectividad presente del pasado. Por lo tanto, ni lo ignora ni lo asume como mera inercia. El realismo obliga a actualizar la historia de la dictadura, incorporándola al proceso de democratización. Para que desaparezcan los fantasmas tiene que hacerse presente un "pasado superado". Este es el significado de la reparación (material y simbólica) por las injusticias sufridas y los dolores reprimidos: una restitución del pasado como historia de la dignidad humana. Por el otro lado, el realismo requiere producir tiempo en tanto continuidad a futuro. Elaborar al orden democrático significa ante todo construir un orden en que todos tienen futuro. Para que todos tengan futuro (aunque no sea uno y el mismo) hay que concebirlo como la obra colectiva de una pluralidad de hombres y mujeres." 64

Lechner proyecta de manera lúcida esa tensión pasado-futuro que resulta tan clave en cualquier construcción democrática, en especial en los momentos de transición política del autoritarismo, momentos tan fermentales como difíciles. En su visión, la restitución del pasado y la continuidad a futuro son movimientos que se refieren y se configuran en el marco de una tensión creativa. En suma, la recuperación desde la superación de un pasado traumático no se puede obviar como tarea de una transición a la democracia. Creer que se sale indemne como sociedad "salteándose" este desafío configura un error que siempre se paga. En una perspectiva similar se ha pronunciado Beatriz Sarlo:

 

"Del pasado puede no hablarse. Una familia, un Estado, un gobierno pueden sostener la prohibición; pero sólo de modo aproximativo o figurado se lo elimina, excepto que se eliminen todos los sujetos que van llevándolo (ese fue el enloquecido final que ni siquiera logró la matanza nazi de los judíos). En condiciones subjetivas y políticas "normales", el pasado siempre llega al presente. (.) La memoria es el deber de la Argentina posterior a la dictadura militar y lo es en la mayoría de los países de América Latina. El testimonio hizo posible la condena del terrorismo de Estado; la idea del "nunca más" se sostiene en que sabemos a qué nos referimos cuando deseamos que eso no se repita. Como instrumento jurídico y como modo de reconstrucción del pasado, allí donde otras fuentes fueron destruidas por los responsables, los actos de memoria fueron una pieza central de la transición democrática, sostenidos a veces por el Estado y de forma permanente por las organizaciones de la sociedad. Ninguna condena hubiera sido posible si esos actos de memoria, manifestados en los relatos de testigos y víctimas, no hubieran existido." 65

Como bien dice Beatriz Sarlo, "el pasado siempre llega al presente". El problema es cómo se lo logra y cómo lo tramita una sociedad en clave de construcción democrática. Con seguridad muchos de nosotros conocemos el famoso y hermoso cuento de Borges Funes, el memorioso. Entre otras muchas sabidurías en él contenidas, en ese cuento se registra con maestría lo que podríamos calificar como la "antiutopía" de la memoria y del historiador: quien lo recuerda todo y no puede olvidar, quien no puede seleccionar y fundamentar críticamente su registro, está radicalmente imposibilitado para recordar, para conocer efectivamente su pasado. El ejercicio de la memoria exige tanto del recuerdo como del olvido, requiere siempre una selección, un repertorio en el que se toma y se desecha. Sin ello, no hay memoria posible, ni individual ni colectiva. La memoria es entonces necesariamente selectiva. Pero además, en una democracia debe ser también libre, plural y debatible. No hay lugar para recuerdos u olvidos impuestos desde el poder: como bien ha señalado Nora Rabotnikof, la memoria de la República se distingue de la del Principado en que mientras ésta se nutre de la costumbre impuesta y reiterada, aquélla solo puede constituirse desde "un testamento que seleccione y nombre", desde un discurso que preserve la significación de los hechos y los someta a la revisión crítica.66
En estos tiempos de la llamada "cultura de lo instantáneo"67 es cuando más hay que recordar que la democracia no es compatible con una política meramente presentista y adaptativa, que renuncia al pasado y al futuro. Las democracias se fundan en otra relación con la temporalidad, requieren la inscripción de las acciones cívicas entre tradiciones y utopías, necesitan por definición debatir sobre el pasado y sobre el futuro y no ser atrapadas por este "presente continuo"68. No casualmente las renovadas controversias sobre los hechos ocurridos durante los procesos dictatoriales apuntan a uno de los centros de la consolidación de nuestras democracias en los tiempos más actuales. Las fracturas de la memoria y los intentos de cerrar a cal y canto los caminos para la búsqueda de la verdad y de la justicia, en relación con lo ocurrido durante las dictaduras de la seguridad nacional en América Latina, han afectado en sus bases a nuestros sistemas políticos y al ejercicio cotidiano de la ciudadanía. Esas "políticas de olvido", esos intentos de sustentar la impunidad en visiones y propuestas que exhortan una y otra vez a "mirar al futuro" y "dejar definitivamente atrás los malos tiempos", que invocan la "teoría de los dos demonios" o que a menudo apelan a la amenaza implícita de "no agitar las aguas del pasado" para "no despertar a los monstruos", han terminado por empobrecer la necesaria tensión de nuestro diálogo democrático y de los compromisos morales que cimentan nuestras identidades cívicas. Como bien se ha dicho, todo eso le quita "república" a nuestras democracias69.
Pero, en realidad, la pugna allí planteada no es entre memoria y olvido, como a menudo se pregona. Se trata de una controversia entre dos tipos de memoria, entre dos relatos del pasado y de sus consecuencias para el presente y el futuro de nuestras sociedades. Como han estudiado muchos autores latinoamericanos interesados en estos temas, la lucha por la memoria es siempre el escenario inocultable e intransferible de un conflicto político y social, es el territorio de una lucha de poder70. Como señaló en el famoso "debate de historiadores" en la Alemania de los ochenta el revisionista Michael Stürmer: "... en un país sin historia, el que logra dar contenido a la memoria, define los conceptos e interpreta el pasado, gana el futuro".
¿Cómo ganar ese futuro para la democracia y para la no-violencia, para un efectivo nunca más? Precisamente, como diría Walter Benjamin, de lo que se trata es de "peinar la historia a contrapelo", buceando entre las mareas del olvido y la memoria en procura de un acercamiento vigoroso y valiente a un máximo de verdad acerca de los terribles acontecimientos vividos. Ello permitirá rescatar para el "testamento" ciudadano esas memorias que se quisieron ocultar o volver invisibles al conocimiento, la reflexión y el debate públicos. En una convivencia democrática, por cierto que el valor "verdad" no puede ser totalitario ni absoluto71. En términos de procedimiento, la defensa de ese valor requiere pluralismo, tolerancia, aceptación del debate abierto, confrontación libre de versiones y opiniones, exigidas siempre por una argumentación que pueda resultar persuasiva. Desde esa perspectiva, la negativa impuesta a investigar las prácticas de terrorismo de Estado llevadas adelante durante los períodos dictatoriales, o su radicación y transferencia restrictiva al terreno exclusivo de lo privado72, configuran bloqueos inaceptables para una orientación cívica hacia el valor "verdad".
Por cierto que no basta la verdad y que la justicia es también un soporte indispensable para la reconstrucción democrática después de las dictaduras. Lo es desde un punto de vista cívico, humano y ético. La democracia moderna strictu sensu se construyó, entre otras cosas, sobre la base de la defensa de los derechos individuales. Para defenderlos, pensadores como Locke y tantos otros reflexionaron en profundidad acerca de la exigencia insoslayable de poner frenos al poder absoluto sobre la vida. Las prácticas del terrorismo de Estado vulneraron radicalmente ese principio y la impunidad posterior en torno a sus crímenes restringió severamente la confiabilidad última del arraigo del Estado de Derecho. La experiencia internacional y en particular la regional -con algunas excepciones honrosas y a menudo efímeras- nos demuestran las dificultades manifiestas que han tenido los Estados nacionales para lograr evitar la impunidad de los crímenes cometidos durante las dictaduras73. Como se ha visto, el caso uruguayo es paradigmático al respecto. Pero el que con frecuencia no sea "posible" en determinadas condiciones políticas el logro de justicia, aun de modo restrictivo y ejemplar, no debe -como ciudadanos y también como historiadores- cegarnos, sesgarnos o inhibirnos para pensar también este problema.
Sin embargo y aunque resulte opinable y polémico, tiendo a pensar que la falta de verdad y de memoria es más grave aún que la ausencia de justicia. Entre otras cosas esto es así porque puede haber memoria sin justicia pero nunca podrá haber justicia sin memoria. La experiencia de la radicalidad del valor verdad puede verse, por ejemplo, en el estudio atento y desprejuiciado del caso singular de Sudáfrica74. El olvido impuesto y el tipo de (des)memoria consiguiente pueden resultar más crueles y de consecuencias negativas más perdurables que la impunidad, sin que esto implique disminuir un ápice la condena y rechazo de esta última. En la introducción de esa estupenda compilación titulada Los usos del olvido75 se señala con precisión que "la posibilidad de olvidar supone el ejercicio pleno de la memoria". Desde un horizonte democrático y no-violento no es aceptable la imposición de la versión recortada y restringida de ningún acontecimiento, mucho menos aún de uno que involucra la violación de los derechos humanos más elementales de miles de personas y que hiere tan profundamente los cimientos de cualquier concepto de humanidad.

"Nunca más": las exigencias de un "momento de verdad" y la construcción de una "memoria ejemplar"

En uno de los textos más fecundos de Hannah Arendt, titulado en su versión castellana Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, la célebre filósofa alemana se dedicó precisamente a explorar varias aristas del tema que se trabaja en este texto76. Resulta muy sintomático que Arendt comience el prefacio de su recopilación con un aforismo del poeta francés René Char: "Nuestra herencia no proviene de ningún testamento". Como veremos más adelante, de esa manera tan particular apuntaba a un punto crucial de su pensamiento sobre la política y la construcción democrática: para enfrentar la tan mentada "tentación totalitaria" resultaba indispensable la construcción de un "testamento ciudadano", de un legado que comunicara el pasado con el futuro, la tradición con el porvenir. "El testamento -señalaba Arendt-, cuando dice al heredero lo que le pertenecerá por derecho, entrega las posesiones del pasado a un futuro. Sin testamento o, para sortear la metáfora, sin tradición -que selecciona y denomina, que transmite y preserva, que indica dónde están los tesoros y cuál es su valor-, parece que no existe una continuidad voluntaria en el tiempo y, por tanto, hablando en términos humanos, ni pasado ni futuro: sólo el cambio eterno del mundo y del ciclo biológico de las criaturas que en él viven".77
El señalamiento acerca de la necesidad imperiosa de construir un testamento cívico tenía que ver en el pensamiento de Arendt con una fuerte reivindicación de la política y con su preocupación -intelectual y vital- acerca de las posibilidades de retorno de sistemas totalitarios. "En mis estudios sobre el totalitarismo -señalaba- traté de demostrar que el fenómeno totalitario (.) se basa en la convicción de que todo es posible, y no sólo permitido, moralmente o de otro modo (.). Los sistemas totalitarios procuran demostrar que la acción puede basarse en cualquier hipótesis y que, en el curso de una dirección coherente, la hipótesis particular se convertirá en verdadera, se convertirá en realidad presente, concreta."78
Es esa idea central sobre la necesidad de un testamento ciudadano como cimiento imprescindible de una política democrática, no totalitaria, la que llevaba a Arendt a pasar revista sobre temas claves en torno a la relación pasado-futuro tales como: la presentación de la historia y de la política como "escenarios de un campo de combate sobre el que las fuerzas del pasado y del futuro chocan una contra otra"; la advertencia, como contrapartida y complemento de lo anterior, que tanto el futuro como el pasado debían percibirse como "fuerza" y no como "carga", "de cuyo peso muerto el ser humano puede, o incluso debe, liberarse en su marcha hacia el futuro"; la necesidad de aprender a comprender en tanto "mirar el mismo mundo desde la posición del otro, ver lo mismo bajo aspectos muy distintos y, a menudo, opuestos"; la centralidad de que los ciudadanos participaran de un espacio público compartido en tanto comunidad política, que combinara tradiciones y utopías en clave pluralista79; la preocupación permanente porque la indagación sobre el pasado echara luz sobre el futuro; su convicción acerca de que "la política de la historia o, más bien, la conciencia política" derivaban de la conciencia histórica."80
En ese marco, Hanna Arendt destacaba con mucho vigor la crucialidad de aprovechar lo que llamaba "momentos de verdad", coyunturas especialísimas en que la sabia resolución de las tensiones entre el pasado y el futuro podía aportar valores capitales para el futuro de una construcción política democrática. ". sería de cierta importancia advertir que la llamada al pensamiento surgió en ese extraño período intermedio que a veces se inserta en el curso histórico, cuando no sólo los últimos historiadores sino los actores y testigos, las propias personas vivas, se dan cuenta de que hay en el tiempo un interregno enteramente determinado por cosas que ya no existen y por cosas que aún no existen. En la historia, esos interregnos han dejado ver más de una vez que pueden contener el momento de la verdad." 81
A la centralidad de la identificación de la significación posible de estos "momentos de verdad", habría que sumarle el señalamiento de otra transformación nada menor, que tiene que ver con un giro radical en lo que respecta al sustento simbólico de la fundación de la memoria colectiva. Como señala Bernhard Giesen en un trabajo reciente: "En lugar de alabar a los héroes fundadores de una comunidad, los monumentos y rituales públicos recuerdan hoy el sufrimiento de las víctimas y los crímenes de los perpetradores. Ambos -víctimas y victimarios- son vistos como la encarnación arquetípica de la identidad colectiva, una posición reservada anteriormente al héroe triunfante. La memoria de los triunfos del pasado es sustituida por los traumas del pasado".82
Este cambio copernicano en la configuración de la memoria colectiva resulta de primera importancia respecto al tema que nos ocupa. En el marco de la memoria pública de "comunidades morales", el cambio del "arquetipo del héroe" a la "figura de la víctima" como sustento de la conciencia colectiva comporta cambios muy significativos. Profundiza Giesen al respecto de este cambio radical: "La comunidad moral necesita la diferencia entre el ideal normativo y la conducta fáctica, necesita la desviación y la transgresión, debe construir los límites entre la virtud y el pecado, entre el bien y el mal, de la misma manera que la comunidad de la razón requiere una continua escenificación de la tensión entre verdad y error, razón y demencia".83
¿Cómo justifica Giesen este desplazamiento "de la encarnación de la perfección moral a la encarnación del mal" como principio simbólico fundante de la comunidad? Giesen responde a esta interrogante señalando que "las sociedades modernas difieren en la manera de culparse por los crímenes o, para decirlo en otras palabras, en la confesión de una culpa colectiva del pasado." En el marco de ese gran cambio, este autor alemán destaca cuatro modos o momentos en la asunción de este "trauma colectivo": "el período de latencia: negación y demonización"; la etapa de las "memorias divididas", relacionadas con el "hablar de la culpa colectiva"; el momento de "la objetivación"; y finalmente, el de "la mitologización". Giesen concluye de la siguiente forma: "El esfuerzo indispensable de la memoria colectiva cae tanto sobre la parte de la comunidad circundante como en la de los descendientes de las víctimas. Estos tratan de encontrar el lugar donde sufrieron las víctimas, los entierran con solemnidad, construyen memoriales y monumentos y, sobre todo, registran sus nombres y narran sus historias: las víctimas son recordadas como sujetos con un rostro, un lugar y una voz en la comunidad".84
De acuerdo a la distinción trabajada por Todorov entre "memoria literal" y "memoria ejemplar", la idea es la de optar de manera firme y decidida por la segunda. "El abuso de memoria -señala Jelin- que (Todorov) condena es el que se basa en preservar una memoria "literal", donde las víctimas y los crímenes son vistos como únicos e irrepetibles. En ese caso, la experiencia es intransitiva, no conduce más allá de sí misma. (.) (En contrapartida, Todorov) defiende un uso "ejemplar", donde la memoria de un hecho pasado es vista como una instancia de una categoría más general, o como modelo para comprender situaciones nuevas, con agentes diferentes". 85
Tal como señala el propio Todorov: "El uso literal, que torna al acontecimiento pasado en indispensable, supone someter el pasado al presente. El uso ejemplar, en cambio, permite usar el pasado en vistas del presente, usar las lecciones de las injusticias vividas para combatir las presentes. (.) El uso común tiende a designar con dos términos distintos que son, para la memoria literal, la palabra memoria, y para la memoria ejemplar, justicia. La justicia nace de la generalización de la ofensa particular, y es por ello que se encarna en la ley impersonal, aplicada por un juez anónimo y puesta en acto por personas que ignoran a la persona del ofensor así como la ofensa". 86
La remisión a la construcción de una "memoria ejemplar" supone entonces toda una definición acerca del rol que la recuperación de las narrativas plurales del pasado, siempre en un marco de polémica argumentativa no violenta y rigurosa, tiene y debe tener en el presente. Como señala una vez más Jelin: "Se trata de una apelación a la memoria 'ejemplar'. Esta postura implica una doble tarea. Por un lado, superar el dolor causado por el recuerdo y lograr marginalizarlo para que no invada la vida; por el otro -y aquí salimos del ámbito personal y privado para pasar a la esfera pública- aprender de él, derivar del pasado las lecciones que puedan convertirse en principios de acción para el presente".87
Resulta imprescindible pues la construcción de "memorias ejemplares", de referentes históricos colectivos y universales que, desde su radical singularidad y desmesura, configuren -como señala en uno de sus textos Enzo Traverso- la demanda comprometida de "hacer del recuerdo de los vencidos de la historia la palanca de una teoría crítica de la sociedad y de un combate contra la opresión del presente".88
Todavía es mucho lo que falta por investigar, todavía son muchos los testimonios que falta registrar y puede sospecharse que, pese a la previsible destrucción, todavía es mucha la documentación que resta por descubrir e interpelar. Todos los ciudadanos y todas las preguntas y perspectivas deben ser convocados a esa tarea, bien propia de "un momento de verdad", de acuerdo a las ideas referidas de Hanna Arendt. Algunas pistas en esta dirección han podido atisbarse desde lo que se ha podido saber en estos últimos años y con seguridad nos encontraremos con más de una sorpresa sobre este particular en el futuro. No le temamos a ese desafío que es, como hemos reiterado, un reto ciudadano y humanista antes que nada. Como dice Baczko, las sociedades tienen "derecho a su pasado" y ello no sólo supone construir memoria89 y habilitar al conocimiento público la información disponible, sino también pasar de la memoria al campo de la Historia , desde las reglas sabias y modestas de un oficio milenario.

Notas

(1) Algunos de los pasajes de este texto remiten a ciertas ideas y enfoques presentados en trabajos anteriores del autor. Cfr. Gerardo Caetano, "Verdad, memoria y democracia" en Varios, Comisiones de la Verdad en la experiencia internacional. La Memoria y el Futuro. Mont., Tradinco, 2002, pp. 25 a 41; y Gerardo Caetano, "El testamento ciudadano y la exigencia de verdad", en "Revista de Derechos Humanos", Nº 2, FCU, 2004, pp. 19 y ss; "Aportes para la construcción de un "momento de verdad" y una "memoria ejemplar": la tardía investigación sobre el destino de los "detenidos-desaparecidos" en el Uruguay. Los archivos de la dictadura", en Alvaro Rico (Comp.), "Historia Reciente. Historia en discusión". Montevideo, PNUD-MEC-CEIU, 2008, pp. 163 a 215.

(2) Maren y Marcelo Viñar, "Fracturas de Memoria". Montevideo, Trilce, 1993.

(3) A pesar de lo dicho, existe sin embargo una cada vez más profusa bibliografía sobre los tópicos de las complejas relaciones entre Historia y Memoria, de cómo historiar pasados recientes y traumáticos, así como de muchos otros temas afines. Los límites de este trabajo impiden el señalamiento siquiera de una reseña sucinta de esa bibliografía crecientemente vasta. De todos modos y en el plano más regional, recomendamos especialmente la lectura de los 12 tomos que conforman la colección Memorias de la represión, coordinada por Elizabeth Jelin y en la que han escrito varios jóvenes investigadores conosureños. El tomo I de dicha colección corresponde precisamente a Elizabeth Jelin, "Los trabajos de la memoria". Madrid, Siglo XXI, 2001. También resulta imperativo por lo cercano y accesible la consulta de la revista Puentes, de la Comisión Provincial por la Memoria con sede en La Plata.

(4) Cfr. los cinco tomos publicados bajo el título mencionado por la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales. Los cuatro primeros pertenecen a la investigación desarrollada por el equipo de historiadores, bajo la coordinación de Alvaro Rico y la supervisión académica de José Pedro Barrán y Gerardo Caetano (Tomo I, Contexto Represivo. Testimonios, Tomo II, Datos de las víctimas. Fichas personales. Uruguay - Argentina (A-G), Tomo III, Datos de las víctimas. Fichas personales. Argentina (H-Z), Chile, Bolivia, Colombia, Niños, N. N., Tomo I, Documentación. Comisiones - Informes - Legislación - Decretos - Sentencias - Denuncias Internacionales - Reparación Simbólica - Archivos - Bibliografía), mientras que el Tomo V, bajo la coordinación de José María López Mazz, tiene como título Investigación Arqueológica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848. Tomo V. Informe Final 2005-2006). En total, los cinco tomos abarcan 3.632 páginas. Más adelante, en este mismo texto se informará sobre algunos aspectos salientes de los contenidos de la investigación histórica.

(5) Huelga señalarlo, pero la cláusula de confidencialidad acordada entre los investigadores antes de la publicación de la obra nos impone algunas aclaraciones, para que ningún "distraído" suponga que nuestro silencio durante todos los meses del desarrollo de la investigación (luego de una primera etapa de organización general del trabajo, el equipo de investigación histórica trabajó en tareas específicas de investigación entre el 5 de setiembre de 2005 hasta fines de noviembre de 2006) y luego durante el período de elaboración final y edición del Informe (que se extendió desde diciembre de 2006 hasta el mes de mayo de 2007), implicaba consentimiento "culposo" o "vergonzante" ante los agravios recibidos en forma directa o indirecta durante ese tiempo. La trayectoria republicana por definición trasciende los gobiernos, se sustenta en valores compartidos que garantizan nuestra convivencia democrática. Creíamos y creemos que una obra destinada a un mayor esclarecimiento del destino de los detenidos desaparecidos y de los menores secuestrados durante la dictadura constituía y constituye una contribución indispensable para reforzar las raíces republicanas y democráticas de nuestra sociedad. Por supuesto que no hubo censura ni consulta posterior a la entrega del texto. Asimismo, entre quienes asumimos la responsabilidad de la obra siempre primó de manera absoluta el criterio de elaborar un texto sobrio, austero hasta la exageración en las adjetivaciones, básicamente descriptivo, orientado al mayor esclarecimiento posible de los sucesos narrados antes que al desarrollo de interpretaciones sobre el período analizado. Cfr. Presentación de la Investigación por el equipo universitario", en Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848. Tomo I. Contexto Represivo. Testimonios, pp. 11 y ss.

(6) Existe otro factor que no queremos omitir y que hace inconsistente hasta el extremo la pretensión de quienes quieren insinuar que en esta obra se encuentra el cimiento fundamental de una supuesta "historia oficial" a desplegar sobre la sociedad uruguaya, en especial sobre las nuevas generaciones. Quienes fuimos designados para liderar su proceso, como es público y notorio, no coincidimos en varios aspectos de la interpretación del pasado reciente del país. Sobre el particular, pueden cotejarse, por ejemplo, el texto de Carlos Demasi, Alvaro Rico, Marcelo Rossal, Transición y postransición democrática (1980-2002), incorporado en la compilación de varios autores titulada "Uruguay Hoy. Paisaje después del 31 de octubre", con el trabajo del suscrito titulado "Desde la transición democrática hasta el triunfo de la izquierda (1985-2005)", incluido como texto introductorio en la compilación 20 años de democracia. Uruguay 1985-2005. Visiones múltiples. Montevideo, Taurus, 2005, 580 pp., obra de la que fui además coordinador. No hay pues ni "historia oficial" ni conspiración alguna. Las diferencias no inhibieron el que pudiéramos trabajar juntos, los enfoques diversos y su debate constituyen la vida de toda comunidad académica, también de las repúblicas.

(7) Hanna Arendt, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona, Ediciones Península, 1996, p. p. 59 y 60.

(8) Cfr. Maren y Marcelo Viñar, Fracturas... ob. cit.

(9) De esta autora cfr. especialmente Hilda Sabato, "Historia reciente y memoria colectiva", en Punto de Vista.

(10) Esta expresión pertenece a Carlos Real de Azúa.

(11) Gerardo Caetano - José Rilla, Breve historia de la dictadura. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental , Primera edición, Mont., 1987, 156 pp. Hay reediciones posteriores.

(12) Desde 1976 en adelante, luego de desplazar del gobierno a Juan María Bordaberry, las Fuerzas Armadas uruguayas intentaron dar una fachada jurídica a su accionar a través de la figura de los llamados "Actos Institucionales".

(13) La dictadura uruguaya no carga con las cifras de detenidos-desaparecidos de otros países del continente, pero sí obtuvo algunos "récords" oprobiosos: el número de presos políticos durante diversos tramos del período dictatorial (las investigaciones más recientes han confirmado documentalmente un número aproximado a los 6.000) llegó a cifras tan elevadas en algunos períodos que convirtió al Uruguay de la dictadura en el país latinoamericano con mayor cantidad de presos políticos en relación a su población en aquellos tiempos aciagos. Cfr. Diego Sempol, "Uruguay y la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Ni verdad, ni justicia" en Puentes, Año 1, Nº 2, diciembre del 2000, pp. 54 y ss. Y más recientemente: Alvaro Rico (Coord.), Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985). Tomos I, II y III. Montevideo, FHCE-CSIC-UDELAR, 2008. En el Tomo II de esta última publicación, en un listado general de presos y presas durante la dictadura al que sus autores se apresuran en considerar "incompleto", se alcanza la cifra de 5.925. Cfr. Ibidem, Tomo II, pp. 65 y ss.

(14) Sin embargo, existen muchas evidencias que tienden a vincular las oleadas más feroces del terrorismo de Estado durante la dictadura uruguaya con los sectores más "fundacionales" de las Fuerzas Armadas uruguayas. La forma en que se entrecruzan algunos intentos transicionales con los hitos represivos del período 1975-1977, entre otros factores, tendería a avalar esta hipótesis. A este respecto resultan muy útiles las tablas cronológicas y gráficos contenidos en "Presentación de la Investigación por el equipo universitario", en Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848. Tomo I. Contexto Represivo. Testimonios, ob. Cit., Anexo. Sección 1, pp. 163 y ss.

(15) Como ejemplo del enfoque dado por el Poder Ejecutivo de la época a la implementación de lo dispuesto en la referida Ley 15.848 bajo la presidencia del Dr. Julio M. Sanguinetti, cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. ... etc. Ob. Cit. Tomo IV. Apartado 2. Poder Ejecutivo. Decretos, Resoluciones, Informes. 3. Presidencia de la República. Informe sobre denuncias que se encuentran comprendidas o no en el artículo 1º de la Ley N º 15.848, pp. 307 a 313; y Ministerio de Defensa Nacional. Informe del Fiscal Militar, Cnel. José A. Sambucetti. 10.08.1989, pp. 314 a 316.

(16) Cfr. Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, El referéndum desde Familiares. Mont., 1990, pp. 55 y 79 y ss.

(17) Ibidem, p. 10.

(18) Para un estudio de la conmemoración de esta fecha así como de la del 14 de abril, cfr. Aldo Marchesi, ¿Guerra o Terrorismo de Estado? Recuerdos enfrentados sobre el pasado reciente uruguayo en Elizabeth Jelin (comp.), Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas in-felices. Madrid, Siglo Veintiuno, 2002, pp. 101 y ss.

(19) "El referéndum desde Familiares... ob. cit. pp. 10 y 11.

(20) "El referéndum desde... ob. cit. pp. 75 y ss.

(21) Votaron a favor los Ministros Dres. Tomassino, Addiego Bruno y Nicoliello, con la discordancia de la Dra. Balbela y el Dr. García Otero. Más allá de los rumores y versiones que han trascendido sobre los entretelones que rodearon este fallo de la Suprema Corte de Justicia, algún día llegará la posibilidad de investigar a fondo el cómo se procesó este pronunciamiento, las fuertes presiones (de dirigentes políticos y militares) que debieron soportar los integrantes de la Corte en dichas circunstancias y cuánto pesó todo ello en el resultado final concretado.

(22) A nuestro juicio, existen evidencias acerca de que la conciencia pública y académica sobre el carácter polémico de la transición uruguaya ha ido creciendo con el tiempo. A nivel de la opinión ciudadana así lo demuestra la evolución de las mediciones realizadas sobre el particular, en especial desde 1996 en adelante. Pero también a nivel de los actores políticos o de los analistas se puede observar una tendencia semejante.

(23) Gerardo Caetano, El testamento ciudadano y los riesgos necesarios de la verdad. Cuentas pendientes en el Uruguay contemporáneo (inédito).

(24) El hecho, además del enorme impacto que generó, adquirió una relevancia simbólica muy especial, que tendió a marcar diferencias muy nítidas entre el novel Presidente Batlle y su antecesor. En su respuesta a la carta pública de Gelman, Sanguinetti había señalado que de su investigación "no había surgido ningún dato que permitiera confirmar la presencia de su nuera en el país" y que se estimaba "en principio que su nuera no fue traída a Uruguay". En su respuesta a Günter Grass ya en enero de 2001, Sanguinetti fue aun más lejos, señalando su convencimiento sobre que no había desaparecido "ningún niño en territorio uruguayo". Cfr. El Observador, Mont., 1º de abril de 200º, p. 3 "Apareció la nieta del poeta Juan Gelman".

(25) El Gral. Fernández había señalado en una entrevista que le realizara el semanario Búsqueda, entre otros conceptos: "La política es la continuación de la guerra por otros medios. Toda fisura que haya es un elemento que al enemigo le sirve. (...) Ya la cosa está pasando de claro a oscuro. Ya hemos dejado muchas pilchas del apero por el camino. Está la enseñanza entregada, están todos los gremios en manos del enemigo, así que esto es caótico y hay muy poco para hablar".

(26) El 14 de abril de 1972, el MLN asesinó a dos policías, un militar y un civil, a quienes acusó de pertenecer al "Escuadrón de la muerte", organización parapolicial de extrema derecha. La respuesta de las Fuerzas Armadas fue inmediata y contundente, matando en distintos operativos a ocho tupamaros. Como reacción a este episodio, que marcaba el lanzamiento de una nueva ofensiva por parte de la guerrilla, el Presidente Bordaberry envió al Parlamento una iniciativa para que se efectivizara una "Declaración del estado de Guerra Interno", la que fue aprobada. Desde entonces, la fecha fue conmemorada como reivindicación de "los caídos en la lucha contra la subversión". Entre 1973 y 1975 se le llamó oficialmente "Homenaje a las víctimas de la insanía". Entre 1976 y 1984 se conmemoró el "Día de los caídos en la lucha contra la sedición". A partir de 1985 se cambió nuevamente el nombre por "Día de los caídos en defensa de las instituciones democráticas". El 14 de abril y el 20 de mayo configuran de ese modo las dos fechas polares de un enfrentamiento que se prolonga en el terreno de las luchas por la memoria. Sobre el tema, cfr. Marchesi, ¿Guerra o terrorismo de Estado? ... ob. cit.

(27) En lo que significaba un giro importante en la opinión pública uruguaya, como vimos, comenzaron a aparecer encuestas de opinión que revelaban una tendencia clara a nivel de la ciudadanía a favor de promover nuevas investigaciones sobre el destino de los desaparecidos.

(28) Cfr. Desaparecidos: Raúl Olivera analiza los nueve puntos del PIT-CNT. Reportaje en el programa "En perspectiva", radio El Espectador, 2 de mayo de 2000, página Web, carpeta sobre desaparecidos.

(29) El propio Presidente Batlle fue el que logró persuadir al joven Gerardo Vázquez para que se hiciera el análisis. Distintas presiones de diversa índole sobre el joven y su familia adoptiva habían provocado su negativa a encarar cualquier tipo de investigación, temerosos de no tener garantías sobre la fidedignidad de su resultado final. Finalmente, el análisis de ADN realizado a este joven arrojó un resultado negativo.

(30) Cfr. Diario Oficial, Nº 25.583 del 17 de agosto de 2000. Los cometidos de la Comisión fueron claramente delimitados en la resolución presidencial: "Recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante el régimen de facto". Como se observa, se eludía en forma expresa la inclusión del verbo "investigar", lo que sumado a restricciones posteriores que se le presentaron a la Comisión generaron, como veremos, polémicas sobre su acción. Una vez más, incluso en un momento de notorio viraje en la actitud oficial frente al tema de fondo, se insistía en un discurso elusivo, hasta ambiguo.

(31) La Comisión funcionaría en la órbita de la Presidencia de la República y estaría integrada por las siguientes personas: el Arzobispo de Montevideo, Mons. Nicolás Cotugno, que la presidiría; el líder histórico del sindicalismo uruguayo, José D´Elía, en representación oficiosa del PIT-CNT; el Presbítero Luis Pérez Aguirre, en representación de Familiares y desde su condición de notorio militante por la defensa de los derechos humanos (subrogado por el Presbítero Jorge Osorio, luego de la lamentable muerte accidental de Pérez Aguirre acaecida en enero de 2001); el Dr. Claudio Williman, de filiación nacionalista no herrerista, de referencia wilsonista, amigo personal del Presidente Batlle; el Dr. Gonzalo Fernández, en representación del entonces líder frenteamplista y encuentrista y actual Presidente de la República , Dr. Tabaré Vázquez; y el Dr. Carlos Ramela, por entonces asesor presidencial y delegado del primer mandatario en la Comisión. Como se ha señalado, no había representantes foristas -por aquellos días trascendió que hubo algún intento en tal sentido con el entonces senador de ese sector Nahum Bergstein, que finalmente no prosperó-, lacallistas ni militares. Tampoco hubo representación del Nuevo Espacio, circunstancia que mereció el rechazo directo del entonces líder de ese partido, el senador Rafael Michelini. El nombramiento que generó más polémicas fue la designación -y nada menos que como Presidente del organismo- de Mons. Cotugno, quien no tenía antecedentes en el tema derechos humanos y era además una figura controversial incluso dentro de los círculos eclesiásticos.

(32) Pocos días antes de instalar la comisión, Batlle se comprometió públicamente a ir "hasta donde pueda y me dejen (...) que estos resultados los tengo que lograr en paz, sin generar una guerra y con la aquiescencia de todos. (...) Lo que sí puedo decir es que noto una buena actitud de parte de los militares, una apertura." Cfr. "Búsqueda", Mont., 13 de julio de 2000.

(33) Cfr. Informe Final de la Comisión para la Paz , entregado al entonces Presidente de la República , Dr. Jorge Batlle, el 10 de abril de 2003. Para la consulta de la versión total de este Informe, cfr. "Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848. Tomo IV. ... ob. Cit. pp. 23 a 71.

(34) Ibidem. Las negritas y el subrayado son nuestros.

(35) Presidencia de la República , decreto 448/2003. Cfr. página web de la Presidencia de la República (http://www.presidencia.gub.uy) en la fecha señalada. Las negritas y los subrayados son nuestros.

(36) En un comunicado fechado el 21 de abril de 2003, la agrupación de Madres y Familiares de Uruguayos detenidos y desaparecidos replicó lo afirmado por el citado decreto en el sentido de que el trabajo de la Comisión para la Paz hubiera dado cumplimiento definitivo a lo dispuesto por el artículo 4º de la "Ley de Caducidad". Dicho pronunciamiento se fundaba en el hecho de que "a la Comisión no se le asignaron facultades investigativas amplias, tal cual lo exigiría el cumplimiento de la investigación ordenada por el art. 4º citado".

(37) Los ejemplos sobre esto son numerosísimos en la historia universal. Citemos tan solo uno en forma de ejemplo. Nos narra Reinhart Koselleck: "Cuando se inició la Restauración se prohibió por decreto en 1818, toda enseñanza de la historia relativa al tiempo entre 1789 y 1815. Precisamente porque negaba la revolución y sus logros parecían inclinarse tácitamente hacia la opinión de que la repetición de lo antiguo ya no era posible. Pero en vano intentó superarse la amnistía mediante una amnesia". Cfr. Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona, Paidós, 1993, p. 63. Siempre se repiten los intentos, pero una y otra vez fracasan, a la larga o a la corta.

(38) No deja de resultar significativo también el nombre que se le otorgó al organismo creado a los efectos de avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido con los detenidos desparecidos durante la dictadura: en contra de la práctica internacional en este tipo de iniciativas, se prefirió el título de Comisión de la Paz al más frecuente y pertinente de Comisión de la Verdad. Como se ha señalado de manera reiterada, resulta difícil argumentar a favor de la idea de que en relación a estos temas, hacia el año 2000 el Uruguay necesitaba más paz que verdad o justicia.

(39) Como bien dice Beatriz Sarlo: ". la memoria puede ser un impulso moral de la historia y también una de sus fuentes, pero estos dos rasgos no soportan el reclamo de una verdad más indiscutible que las verdades que es posible construir con y desde otros discursos. Sobre la memoria no hay que fundar una epistemología ingenua cuyas pretensiones serían rechazadas en cualquier otro caso. No hay equivalencia entre el derecho a recordar y la afirmación de una verdad del recuerdo; tampoco el deber de memoria obliga a aceptar esa equivalencia." Cfr. Beatriz Sarlo, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 57.

(40) Como se ha dicho con insistencia, esta investigación no inicia ni termina una faena que ya había comenzado antes y que no admite finales. A ese respecto, entre otros, un antecedente de enorme valor y de consulta indispensable sobre el destino de los detenidos desaparecidos uruguayos es el libro A todos ellos. Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Montevideo, 2004, 608 pp.

(41) Ficha resumida realizada a partir de documentación y testimonios recogidos en las publicaciones antes mencionadas Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848, y A todos ellos. Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Se han sumado otros documentos incorporados de manera fragmentaria, muchos de ellos disponibles en el Archivo de la "Comisión para la Paz ". Las fichas que siguen a propósito de los casos de los hermanos Julien Grisonas y de María Claudia García de Gelman son tributarias de las mismas publicaciones y documentos.

(42) El relato que sigue es un fragmento del testimonio presentado por Sara Méndez en junio de 1989 ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno por la desaparición de su hijo Simón. En su relato, Sara Méndez describe cómo fue torturada e interrogada en su propio domicilio el día del secuestro, cómo le sustraen a su hijo antes de trasladarla al centro clandestino de detenciones "Automotores Orletti" y cómo allí advierte la desaparición de Simón e inicia infructuosamente gestiones para su devolución frente a oficiales uruguayos que la torturaba e interrogaban. El testimonio que se presenta aparece al comienzo del Expediente caratulado: "Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Presumario. Montevideo, 15 de junio de 1989. Méndez Lompodio, Sara y GATTI, Mauricio - Denuncia. Ficha matriz: Nº 521, Año 1989". "Los hechos suceden aproximadamente así. Son entre las 23 y 24 horas del día 13/7. Estoy en ese momento en la casa de una compañera, con la que vivíamos juntas, Acilú Maceiro, el padre de mi hijo, Mauricio Gatti había salido y me había dicho que probablemente no llegara hasta tarde en la noche. Siendo esa hora sentimos golpes muy fuertes en la puerta de la casa. La casa tenía dos plantas cuya única entrada era un garaje con puertas de vidrio y hierro forjado. Para entrar rompen los vidrios y abren usando la misma llave que estaba en el lado interior de la puerta. Es así que en pocos segundos nos tienen completamente inmovilizadas y se distribuyen por toda la casa. Eran aproximadamente 15 personas vestidas todas ellas de civil y armadas con armas largas. Se distribuyen en las 2 plantas de la casa y se destaca inmediatamente quienes están en el mando. Nos llevan a Acilú y a mí a habitaciones distintas de la casa y comienzan a interrogarnos. Piden nuestros documentos, nos preguntan los nombres y ahí mismo comienzan las torturas. Lo que quieren saber en ese momento es si hay más personas a llegar a la casa, si hay otra vía de acceso, qué documentos hay en la casa, refiriéndose a materiales de carácter político y se hay armas. Estos primeros interrogatorios muy violentos desde el comienzo llevan que se plantee trasladarnos a otro lugar. En ese momento yo sentía ruido de muebles que rompían, aberturas marcos de puerta que caían y nos traían papeles que mostraban la relación con la lucha de resistencia del pueblo uruguayo. A determinada altura del interrogatorio, la persona que daba las órdenes para que las otras se distribuyeran, me pregunta si lo reconozco. Yo no respondo y él me dice que es el Mayor Nino Gavazzo de las FFAA uruguayas. También me da el nombre de otra persona que identifica como un militar argentino. Cuando nos van a sacar de mi domicilio reacciono tratando de llevar a mi hijo conmigo. Me dicen que no lo puedo llevar, que al niño no le va a pasara nada, que "esta guerra no es contra los niños" y me lo sacan de mis brazos. Nos comienzan a preparar para el traslado. Esa es la última vez que veo a Simón".

(43) Cfr. Investigación sobre Detenidos Desaparecidos... ob. Cit. Tomo III, pp. 704 y ss.

(44) Ibidem respecto a la cita 41.

(45) A continuación se incluyen fragmentos de la declaración realizada ante sede judicial en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires, por parte de Joaquín Castro, testigo presencial de los hechos que culminaron con el asesinato del matrimonio Julien Grisonas y el secuestro de sus dos hijos, testimonio que aparece recogido en el legajo judicial correspondiente y que se encuentra en la carpeta en relación al caso de los menores Julien Grisonas en el Archivo de la Comisión para la Paz : "Joaquín Castro, de nacionalidad argentina, casado, con domicilio en la calle Carlos Gardel Nº 2670 de la localidad de San Martín, declaro los hechos de que fui testigo presencial. (...) Luego de un largo rato, observé desde mi domicilio ubicado en la calle Carlos Gardel casi esquina Mitre, cómo llevaban arrastrando a una mujer y allí la fusilaron al doblar la bocacalle, (...) a la vuelta de la casa. En ese preciso instante pude observar cómo en ese momento llevaban de la mano a dos niños de corta edad, cuando vi esto de inmediato me arrimé arriesgadamente y entonces escuché que los chicos lloraban desconsoladamente y una de las "bestias" que llevaba a los chicos, al pedido de los chicos por su mamá les decía "la yegua de tu madre no está más". No pude ver más porque me hacían señas para que me retirara con amenazas unos tipos de civil, no teniendo más remedio que volver a mi domicilio. (...) Al llegar la noche la zona fue oscurecida completamente, luego de un rato pude observar que en bolsas verdes fueron cargados unos bultos en un camión militar, durante el operativo pasaban coches negros marca Ford Farlain con personas en su interior muy armados, vestidos de azul. En varias oportunidades se aproximó hacia nosotros un hombre de civil con un intercomunicador en la mano, observándonos, ya que estábamos en la azotea de casa, en la puerta o sea que vio que estábamos mirando demasiado. Al día siguiente había una especie de corrillo que seguramente lo habían hecho correr ellos, de que esa casa era una cárcel del pueblo, pudiendo comprobar que no era así y no existía tal cosa. Al poco tiempo, después de vaciarla por completo por camiones que estacionaban en la puerta, esa casa fue tomada por elementos policiales que arreglaron todo tapando y revocando los agujeros que habían quedado de los impactos del tiroteo, que no fue tal porque en las viviendas del frente no había impactos, es decir, que de adentro no tiraron. La casa fue habitada por fuerzas policiales, luego se mudaron y se puso un cartel que decía "dueño vende". Como se puede apreciar se apoderaron de todo, son unos canallas, son unos asesinos. Todo esto sucedió cuando allanaron la finca de la calle Mitre Nº 5551, que era habitada en esos momentos por el matrimonio Victoria Lucía Grisona y Mario Roger Julien Cáceres y sus dos pequeños hijos".

(46) Cfr. Investigación sobre Detenidos Desaparecidos... ob. Cit. Tomo III, pp. 736 y ss, y 743 y ss.

(47) Cfr. Investigación sobre Detenidos Desaparecidos... ob. Cit. Tomo II, pp. 195 y ss.

(48) Ibidem a las cita 41 y 44.

(49) El siguiente texto recoge fragmentos de la ficha personal correspondiente a María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, elaborada por la Comisión para la Paz : "Después de sustraerle a la niña, una versión -confirmada por fuentes militares- refiere que María Claudia García Irureta Goyena Casinelli fue derivada a una base clandestina militar donde se le dio muerte, enterrando posteriormente sus restos en un predio militar. Otra versión, proveniente también de fuentes militares a los que se implica como involucrados en el operativo, insiste en sostener que, luego de la sustracción de la niña, la madre fue entregada a los represores argentinos de Automotores Orletti, quienes la vinieron a buscar a Montevideo y la retornaron a la República Argentina en lancha, desde el puerto de Carmelo, habiéndole dado muerte en el país vecino. La Comisión para la Paz concluye que el secuestro de esta joven, sin relación alguna con el Uruguay, no tiene explicación lógica y sólo pudo obedecer al propósito de sustraerle su bebé. La Comisión ha formado convicción, también, de que luego de ello, se dio muerte a la detenida."

(50) Cfr. Investigación sobre Detenidos Desaparecidos... ob. Cit. Tomo III, pp. 713 y ss.

(51) Lucien Febvre, Combates por la Historia. Barcelona , Ariel, 1982, pp. 243, 244 y 245. Esta reunión de discursos y textos de Febvre fue publicada por primera vez en francés en 1953 (también como en el caso del libro de Bloch, Introducción a la Historia , por la Libraire Armand Colin). Por su parte, su primera traducción al castellano fue en 1970. Estas frases formaban parte de un texto que Febvre escribió en ocasión de la publicación del libro póstumo de Bloch anteriormente citado, al que consideró el "admirable testamento espiritual" de su amigo asesinado por los nazis.

(52) Cfr. http://www.presidencia.web.uy. Presidencia de la República , 26/12/06. Res. 832/006.

(53) Cfr. http://www.mdn.gub.uy. Discurso del Tte. Gral Jorge Rosales pronunciado el 18 de mayo de 2007 en el acto por el Día del Ejército.

(54) El llamado caso Berríos remite a lo ocurrido en relación a Eugenio Berríos, científico chileno que actuó a favor de la dictadura chilena, asistiendo a la tenebrosa DINA en la comisión de acciones de terrorismo de Estado como el asesinato de Orlando Letelier en los EEUU o presumiblemente en el eventual asesinato del ex-presidente chileno Eduardo Frei Montalvo, en oscuro episodio que actualmente investiga la Justicia chilena. Este represor chileno fue luego desaparecido luego de ser ocultado en el Uruguay, en una acción combinada por militares chilenos y uruguayos. Por esta causa, actualmente en proceso judicial en Chile, fueron extraditados tres militares uruguayos involucrados en el secuestro y posterior ajusticiamiento del represor chileno. Este caso, ocurrido en el primer lustro de los 90, generó un conflicto entre el Presidente Lacalle y las jerarquías castrenses uruguayas.

(55) La totalidad del discurso presidencial puede consultarse en la página web de presidencia: www.presidencia.com.uy

(56) A dicho acto realizado el 19 de junio, fecha de nacimiento del Gral. José Artigas, concurrieron todos los principales integrantes del Poder Ejecutivo (Ministros, jerarcas de la Administración , etc.), la casi totalidad de la bancada oficialista, la plana mayor de la dirigencia del P. Nacional (con la ausencia del ex-presidente Luis Alberto Lacalle) y varios dirigente del P. Colorado, disidentes con la decisión formal del Comité Ejecutivo de ese partido que a partir de las ideas de su actual Secretario Ejecutivo, el ex-presidente Julio María Sanguinetti, había resuelto oficialmente no concurrir. Asistieron asimismo los Comandantes de las tres Armas, al tiempo que la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos decidió no concurrir al acto.

(57) Martin Luther King, Por qué no podemos esperar, Aymá Sociedad Anónima Editora, Barcelona, 1973, p. 109.

(58) Sobre este particular cfr. Rico (Coord.), Investigación histórica sobre la dictadura . Ob.cit. Tomo I. pp.819 y ss. "Leyes y sentencias judiciales sobre casos de desaparición forzada de personas y delitos conexos".

(59) La iniciativa de promover un recurso de referéndum por la nulidad de la "Ley de Caducidad" provocó divergencias en el seno de la izquierda uruguaya. En un Congreso celebrado un año antes de los comicios de 2004, el Frente Amplio resolvió en decisión disputada no promover la derogación de dicha ley, de cara a los compromisos programáticos a asumir frente a la inminente campaña electoral que culminaría con el triunfo electoral de la coalición de izquierdas. Ello llevó al Presidente Vázquez y a la mayoría de la dirigencia frenteamplista a tomar cierta distancia inicial frente al movimiento de junta de firmas para impulsar el referéndum. Sin embargo, al final de la campaña y ya en pleno proceso electoral, el Frente Amplio resolvió sumarse al movimiento. Aunque varios de sus referentes no firmaron por el recurso, dos de sus tres precandidatos, José Mujica y Marcos Carámbula, finalmente firmaron. Por su parte, aun cuando no firmaron, en los últimos tiempos, tanto el otro precandidato, Danilo Astori, como finalmente hasta el propio Presidente Vázquez, han declarado que votarán a favor de la anulación de la ley en octubre de 2009.

(60) Uno de los motivos mayores de controversia que se han dado aun en el seno de las izquierdas uruguayas respecto al referéndum sobre la nulidad de la "Ley de Caducidad" remite a temas de procedimiento antes que de contenido. Existe polémica entre los juristas uruguayos en relación a si en el "orden jurídico" uruguayo existe o no la figura de la nulidad de una ley, que involucra un severo cuestionamiento al principio de no retroactividad de la ley, piedra angular del "Estado de derecho" en el país.

(61) En momentos en que se escribe este texto las encuestas y los análisis no brindan una visión clara en relación a que el referéndum tenga una aprobación asegurada. Asimismo, su coincidencia con el proceso de las elecciones generales agrega incertidumbre a la dilucidación del pleito, en virtud de la aguda polarización que el tema sigue suscitando a nivel de la ciudadanía uruguaya.

(62) ¿Qué hace al "terrorismo de Estado" el más ilegítimo de todos los terrorismos? Como es bien sabido, no sólo los Estados han practicado y lamentablemente practican metodologías terroristas. Por ello resulta indispensable la utilización de un concepto amplio y a la vez apropiado de la categoría "terrorismo". La acción terrorista en términos generales se caracteriza por la búsqueda de generar terror, en especial sobre población civil no combatiente, como su principal instrumento y a la vez objetivo políticos. En ese marco, hay muchas formas de terrorismo, desde el que practican los Estados autoritarios, hasta el desarrollado por agrupaciones ideológicas y políticas (de derecha o izquierda), religiosas o de diversa índole. Empero, no debe confundirse y asimilarse sin más, como habitualmente se hace en América Latina, toda acción guerrillera con prácticas terroristas. Dicho esto, a nuestro juicio el terrorismo de Estado es el más ilegítimo de todos pues es perpetrado por una institución que sustenta su legitimidad en el uso eventual de la fuerza precisamente en el objetivo primordial e irrenunciable de la protección y la garantía de los derechos humanos y nunca en su vulneración. Por otra parte, la historia revela que muy a menudo las prácticas desarrolladas por los Estados terroristas suelen ser las más oprobiosas y letales, entre otras cosas por la usurpación en el aprovechamiento de los poderes de instituciones públicas.

(63) En una reciente entrevista que le hiciera el periódico uruguayo Plan B y en su discurso del 2 de marzo pasado, el Presidente de la República insistió en la idea de un "Nunca Más para todos", incluyendo en su referencia el rechazo explícito a toda forma de violentismo en la vida ciudadana. Se trata de una definición muy importante, que debiera ser leída desde su mejor versión y trascendiendo banderías, en términos de rechazo radical y no violento a la idea peregrina de que "el fin justifica los medios" y, por ende, a toda práctica de terrorismo o violentismo, provenga de donde provenga.

(64) Norbert Lechner; Los patios interiores de la democracia, en Norbert Lechner, Obras escogidas I. Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2006, pp. 396 y 397.

(65) Sarlo, Tiempo pasado . ob. cit. pp. 10 y 24.

(66) Cfr. Nora Rabotnikof, "Memoria y política: compromiso ético y pluralismo de interpretaciones", en Revista de Ciencia Política, Mont., Nº 9, 1996, pp. 143 a 150.

(67) Cfr. Michael Ignatieff, "La cultura de lo instantáneo" en Letra, Nº 27, 1992, pp. 45 a 47.

(68) Cfr. Gerardo Caetano, "Historicidad y temporalidad. Apuntes para una nueva relación con el tiempo", en APU. IX Jornadas Psicoanalíticas en Conmemoración de su 40 aniversario. "Lo arcaico. temporalidad e historización". Mont., APU, pp. 81 a 88.

(69) Sobre este tema, cfr. José Rilla, "Política y posdictadura", en Aldo Marchesi - Vania Markarian - Alvaro Rico - Jaime Yaffé, El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay. Montevideo, Trilce, 2004, pp. 205 a 208.

(70) Sobre este último particular, cfr. Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2002.

(71) Cfr. Fernando Devoto, "Notas sobre la situación de los estudios históricos en los noventa" en Cuadernos del CLAEH, Nº 71, Montevideo, p. 50.

(72) Sobre este último particular y su referencia en el Uruguay, cfr. el trabajo de Daniel Gil y de Marcelo Viñar en el tomo III de Historias de la vida privada en el Uruguay. Individuo y soledades.

(73) Todo el impulso de estos últimos años en torno a la necesidad de construir tribunales y orden jurídico internacional para evitar la impunidad de los delitos de lesa humanidad se asienta a nuestro juicio, entre otros factores, en el reconocimiento de esa dificultad. A este respecto puede consultarse Felipe Gómez Isa (Director), "El derecho a la memoria". Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto, 2006, 624 pp. Contiene un cúmulo de textos sumamente actualizados sobre temas como "el derecho a la reparación en el ámbito internacional", "una mirada interdisciplinar a la memoria", "el debate sobre la memoria histórica en España", "la sociedad civil y la reconstrucción de la memoria", entre otros.

(74) Cfr. Truth and Reconciliation Comission of South Africa Report. 5 Volumes. London, Macmillian reference Limited, 1998.

(75) Cfr. Varios, Los usos del olvido, Buenos Aires, Nueva Visión, 1989.

(76) Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona, Ediciones Península, 1996. Se trata de una recopilación de textos revisados y ampliados que la autora publicó en varias revistas especializadas, como American Scholar, The Review of Politics, The New Yorker, entre otras. Fue publicada por primera vez en Estados Unidos en 1954, bajo el título Between Past and Future. La primera edición en castellano data de 1996.

(77) Ibidem, p. 11.

(78) Ibidem, p. 97.

(79) Sobre este punto, cfr. Nora Rabotnikof, En busca de un lugar común. El espacio político en la teoría política contemporánea. México, UNAM - IIF, 2005. Ver en especial el capítulo dedicado al pensamiento de Hanna Arendt, titulado "El espacio público como comunidad política: Hanna Arendt.", pp. 113 y ss.

(80) Ibidem.

(81) Ibidem, p. 15

(82) Bernhard Giesen, "La construcción pública del mal y del bien común. Sobre héroes, víctimas y perpetradores", en Puentes, Año 2, Nº 5, Octubre 2001, pp. 16 y ss.

(83) Ibidem, p. 19.

(84) Ibidem, pp. 19 y ss.

(85) Jelin, "Los trabajos de la memoria . ob. cit. pp. 32 y 33.

(86) Todorov, "Los abusos de la memoria . ob. cit.

(87) Jelin, Los trabajos de la memoria . ob. cit. p. 58.

(88) Enzo Traverso, "Las opciones morales que plantean las situaciones límite. Lo que el horror nos enseñó", en Puentes, Año 2, Nº 5, Octubre 2001, p. 13.

(89) Un muy buen ejemplo de la construcciones de memorias alternativas para entender de modo más genuino las secuelas de la dictadura uruguaya puede verse en Memorias para armar (I). Testimonios coordinados por el Taller de Género y Memoria de ex presas políticas. Mont., Senda, 2001.

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons