ARTÍCULOS

El campo científico argentino en los años de plomo : desplazamientos y reorientación de los recursos ¹

 

Fabiana Bekerman

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA) - CONICET

 

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Resumen: El golpe de Estado producido en 1976 abrió una de las etapas más sombrías para el campo académico y científico argentino. Las universidades nacionales fueron intervenidas militarmente y se desplegaron acciones de terror material y simbólico: desmantelamiento de centros de investigación, disminución de la matrícula universitaria y reducción del plantel docente, persecución ideológica, cesantías masivas. El CONICET sufrió procesos de depuración/expulsión de investigadores y de concentración de cargos directivos en manos de un reducido grupo de agentes.
Intentaremos comprender las orientaciones de esta compleja política científico-universitaria, poniendo el foco en un aspecto escasamente explorado: la transferencia de recursos de la Finalidad Ciencia y Técnica del Presupuesto General de la Administración Nacional desde las universidades hacia el CONICET. Nos proponemos analizar cómo en este periodo el Consejo creció en términos estructurales, de recursos humanos y materiales y, simultáneamente, las universidades nacionales fueron despojadas de su actividad de investigación.

Palabras claves : Política científica; CONICET; Universidades Nacionales

Abstract: The Military Dictatorship in 1976 gave way to one of the worst stages of the academic and scientific field in Argentina. National universities were intervened, and a series of material and symbolic terror actions were displayed from the state: research centers were dismantled, the number of students and professors was reduced, and ideological persecutions took place. The CONICET suffered from the expulsion of researchers and the concentration of directive posts in the hands of a few people.
In this article we try to understand this complex scientific and academic policy focusing on an unexplored aspect: the transference of the resources for Science and Technique from the National Universities to the CONICET. We propose to analyze how the CONICET increased in structure, in human and material resources, and, at the same time, how national universities were deprived of research activities.

Key Words : Scientific Policy; CONICET; National Universities

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Introducción

   El golpe de Estado producido en 1976, autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", abrió una de las etapas más sombrías para el campo académico y científico argentino. Las universidades nacionales fueron intervenidas militarmente y se desplegaron acciones de terror material y simbólico. Aquéllas con mayor grado de politización, como la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) o la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fueron diezmadas en su actividad académica y se desmantelaron muchos centros de investigación. El gobierno militar implementó acciones tendientes a la disminución de la matrícula universitaria y una reducción del plantel docente que acompañó la persecución ideológica y las cesantías masivas. Se instauró el arancel universitario, un sistema de cupos y exámenes de ingreso. El resultado fue la expulsión de miles de docentes, la disminución abrupta del estudiantado, el cierre de institutos y carreras de grado, especialmente en el área de ciencias sociales. El CONICET, máximo organismo estatal dedicado exclusivamente a la investigación científica, sufrió procesos de depuración/expulsión de investigadores a través de mecanismos jurídicos que describiremos en este trabajo. Desde el punto de vista de su organización interna, veremos que se produjo un proceso de recambio de agentes a partir del cual la conducción del mismo quedó en manos de un reducido grupo de investigadores que fueron acumulando cargos directivos (en el Directorio, en comisiones asesoras, en la dirección de institutos y programas), cuyos nombres comenzaron a repetirse en los distintos niveles de la gestión institucional. Algunos de ellos estuvieron involucrados en un desfalco denunciado por las nuevas autoridades del CONICET una vez reinstaurada la democracia, cuya documentación citamos en este artículo.
   Esta obstrucción del espacio académico y científico público arrojó como resultado, además del exilio, el traslado de una cantidad de intelectuales hacia centros e institutos privados dedicados a la investigación (Pagano; 2004, Vessuri; 1992, Thompson; 1994). Hebe Vessuri sostiene, en relación al caso de las ciencias sociales, que los centros académicos independientes (tales como el Instituto Di Tella, CEDES, IDES, entre otros) llegaron a ser la "última llama de investigación independiente":

"Los centros en esa etapa sirvieron como plataforma institucional, lugar de trabajo y punto nodal en una red de contactos académicos locales e internacionales para la supervivencia de las ciencias sociales argentinas. (…) tuvieron una ' mentalidad de catacumbas ', que incluía un perfil bajo, poca difusión de sus trabajos y temáticas recortadas." (Vessuri, 1992: 356-357).

Puede decirse que el espacio científico, durante el periodo del cual nos ocupamos, estaba constituido por un trípode institucional: las universidades, el CONICET y los centros académicos independientes (CAI). Para comenzar a interrogar el funcionamiento de ese trípode y determinar sus vinculaciones –ya sea de mutua exclusión o de articulación- en este trabajo comenzamos por el intento de analizar el desarrollo de la investigación científica en el espacio público.
   La bibliografía consultada y nuestro trabajo de relevamiento histórico demuestran que, una vez producido el violento disciplinamiento inicial en todo el campo, las Fuerzas Armadas se propusieron como objetivo quitarle a la educación superior toda vía de desarrollo de la investigación y encauzarla hacia el CONICET. Por ello, "los distintos institutos de las facultades fueron por lo general cerrados y se canalizó la actividad investigativa en el CONICET, creándose en su marco nuevos institutos que buscaban suplir los anteriores" (Perel, P; Raíces, E; Perel, M; 2006: 138). Gregorio Weinberg ha sostenido que un mecanismo concreto a partir del cual se puso en marcha este objetivo fue la transferencia de recursos económicos desde las universidades nacionales hacia el Consejo:

"El deliberado proceso de reducir las asignaciones presupuestarias para la investigación científica a realizarse en la universidad, significó (…) el apartamiento, separación o expulsión de decenas de investigadores altamente calificados. (…). Así, a través del CONICET se fue creando una verdadera constelación de institutos (…) donde se nuclearon la mayor parte de los recursos humanos destinados a la investigación, y muchos de los cuales antes interactuaban con el mundo académico" (Weinberg; 1987: 18-19).

   Enrique Oteiza sostiene que, entre 1975 y 1983, la orientación de los recursos asignados a ciencia y técnica refleja un quiebre institucional, particularmente el distanciamiento del CONICET y la Universidad, la asignación creciente de recursos de investigación hacia ámbitos extrauniversitarios y en especial la multiplicación y consolidación de institutos ubicados bajo la jurisdicción directa del Consejo (Oteiza, 1992:49; CONICET, 2006:101).
   Así, el CONICET fue destinatario de un aumento significativo en su presupuesto, proveniente del estado nacional y también de préstamos internacionales, cuyo destino fue la incorporación de personal (investigadores, personal de apoyo, becarios internos y externos) y la creación de una vasta cantidad de centros, programas e institutos bajo su jurisdicción, dando lugar a un significativo proceso de crecimiento y descentralización geográfica en su interior. A propósito de las ciencias sociales, Hilda Sábato sostiene que:

"En algunos campos (…) los años del Proceso fueron relativamente prolíferos en cuanto al volumen de la producción. Desde el CONICET se invirtió una cantidad nada desdeñable de fondos en financiar institutos de investigación fuera de la universidad (…)" (Sábato; 1996: 53).

   En este trabajo intentaremos comprender las orientaciones de esta compleja política científico-universitaria, revisando una observación que hasta el momento ha sido escasamente explorada: la transferencia de recursos de la Finalidad Ciencia y Técnica del Presupuesto General de la Administración Nacional desde las universidades hacia el CONICET. Nos proponemos analizar la evolución del presupuesto para determinar con precisión cómo en este periodo el Consejo creció en términos estructurales, de recursos humanos y materiales y, simultáneamente, las universidades nacionales fueron despojadas de su actividad de investigación.

La evolución del presupuesto para la Finalidad Ciencia y Técnica

   El presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología se establecía –y se establece aún hoy- en el Presupuesto General de la Administración Nacional (PGAN) ² y era ejecutado en instituciones o unidades pertenecientes a dicha Administración. El PGAN se clasifica en base a Finalidades (Defensa, Seguridad, Salud, Cultura y Educación, etc.) y Funciones (en el caso de Cultura y Educación: educación elemental, educación secundaria, educación superior, etc.).
   A partir del ejercicio de 1972 se incorporó la Finalidad 8 que especifica el gasto y la inversión relacionados con la investigación científica y tecnológica. Esta Finalidad comprende las "actividades encaminadas a la obtención de nuevos conocimientos o a la investigación de sus aplicaciones. Incluye la investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología, la educación de posgrado para formación de investigadores y la promoción de las actividades científicas y técnicas." (SECYT; 1981:113). En el Anexo I puede verse la clasificación completa. El análisis del gasto correspondiente a esta Finalidad -Ciencia y Técnica- durante el periodo que nos ocupa, constituye un indicador relevante acerca de la orientación de la política científico-tecnológica. Veamos el siguiente gráfico que muestra la evolución entre 1974 y 1983 con valores expresados en pesos actualizados al 2006:

Gráfico N° 1 : Gasto de la Finalidad 8 Ciencia y Técnica. Periodo 1974-1983.
En millones de pesos al 2006.
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por: Presupuesto de la Administración Nacional. Gastos por Finalidad-Función y Naturaleza del gasto. 1965-2006. Ministerio de Economía y Producción- Secretaría de Hacienda-Oficina Nacional de Presupuesto. Buenos Aires, 2007.

   El gráfico muestra un descenso en la asignación presupuestaria de Ciencia y Técnica hacia 1976, año a partir del cual comienza a crecer progresiva y sostenidamente llegando a su pico máximo en 1981; de manera que entre 1976 y 1981 el presupuesto tuvo un crecimiento del 96,6%. Esta política de financiamiento creciente a la investigación científica, como veremos, estuvo concentrada y dirigida hacia el CONICET en desmedro de la investigación científica en las universidades nacionales, sobre todo aquellas más politizadas como la UBA o la UNLP. Las mismas experimentaron una fuerte disminución en el presupuesto que recibían para investigación que contribuyó, junto con otros procesos, a desmantelar también la actividad docente. En consecuencia, se produjo una fractura en el campo científico-académico, una escisión entre investigación y docencia, lo cual se consagró con la desvinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del ámbito del Ministerio de Educación y su traspaso a la órbita directa de la Presidencia, producida en 1981 a partir de la Ley de Ministerios N° 22.520 ³.

La transferencia de recursos en la Finalidad Ciencia y Técnica

   La orientación de los recursos de investigación en ciencia y tecnología estuvo caracterizada por la asignación creciente de los mismos hacia ámbitos extrauniversitarios, y la multiplicación y consolidación de institutos ubicados bajo la jurisdicción directa del CONICET. Con el retorno a la democracia, el propio Consejo realizó un estudio de lo acontecido con las asignaciones presupuestarias durante el proceso militar. En el mismo se advierte el debilitamiento creciente de la presencia universitaria en la asignación de recursos para las actividades de investigación científico-tecnológicas, lo cual surge claramente del análisis comparativo de los recursos asignados por la Finalidad 8 del presupuesto nacional hacia el CONICET y hacia las universidades:

Gráfico N° 2 : Erogaciones de la Finalidad Ciencia y Técnica hacia el CONICET y las universidades nacionales. Periodo 1972-1983. En %.
Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Informativo del CONICET, 1985: 5-7.

   El gráfico muestra claramente la abrupta disminución del presupuesto recibido por las universidades públicas entre 1975 y 1976 y el simultáneo despegue y marcado aumento percibido por el CONICET. El desplazamiento no fue únicamente económico. El modelo institucional promovió la creación de más de cien institutos de propia dependencia del organismo, favoreciendo la relación directa de los investigadores con el CONICET pero sin la mediación de las instituciones universitarias:

"Si bien se destaca que varias de estas unidades de investigación fueron establecidas mediante convenios con universidades nacionales, en algunos casos, según el área del conocimiento de que se trate, la lógica de funcionamiento los asimilaba más al CONICET que a las universidades respectivas, aislándolos del empobrecido tejido universitario del momento". (CONICET, 2006:101).

   Así, al tiempo que la universidad sufría el ahogo económico y la expulsión de decenas de investigadores altamente calificados -que en muchos casos emigraron a universidades o institutos de investigaciones del exterior o recalaron en los centros de investigación independientes de carácter extrauniversitario que se fueron creando en el país a partir de 1960- en el CONICET se fueron nucleando en los institutos la mayor parte de los recursos humanos destinados a la investigación. Como consecuencia se produjo, por un lado, lo que Weinberg denomina un "vaciamiento" intelectual de la universidad y, por otro lado, se concentró en el CONICET el control sobre las tareas y la orientación de los investigadores:

"El 'vaciamiento' (…) perjudica en especial a las ciencias básicas y, mucho más aún quizás, a las ciencias sociales y humanas, de manera que la faceta más afectada será la formativa; y de otro lado, el hostigamiento al espíritu crítico (cuyas formas más groseras y visibles son la censura, las bibliografías expurgadas, las listas negras de estudiosos no citables, etc.) achica el horizonte y conduce (…) a una situación que piadosamente podríamos llamar 'provincianismo' cultural y educativo, circunstancia que implica forzosamente un aislamiento teórico (…)" (Weinberg, 1987:21).   

   Las consecuencias estructurales que provocó este proceso de doble manifestación (inflación del CONICET/vaciamiento de las universidades) fueron, por un lado y tal como mencionáramos, un profundo divorcio entre la investigación y la docencia de nivel superior; por otro lado, un creciente distanciamiento entre las universidades y el CONICET. La investigación se concentraba en el CONICET pero despojada del conocimiento acumulado en las universidades; y la docencia e investigación en las universidades quedaba diezmada y sometida a procesos de reorientación, disciplinamiento y éxodo de profesores.  

Crecimiento y descentralización del CONICET

   En el balance crítico realizado en 1985, el Boletín Informativo del Consejo hace referencia al "crecimiento desproporcionado" para el que "se dispusieron de fondos del Estado y de préstamos internacionales que el organismo, carente de referencias adecuadas en la sociedad, no estaba en condiciones de procesar según programas realistas" (Boletín Informativo del CONICET, 1985:7). De hecho, entre 1970 y 1981 la evolución presupuestaria del CONICET tuvo un crecimiento global de 7 veces. Si desagregamos cada uno de los destinos de la inversión vemos que, a valores constantes, los recursos para el personal científico y de apoyo crecieron 9 veces; los recursos dedicados al personal de planta permanente crecieron 1,8 veces; el equipamiento científico subió 14 veces; las becas y subsidios aumentaron unas 13 veces y media y el plan de trabajos públicos tuvo un crecimiento significativo: 21 veces más que en 1970. (CONICET; 1982: 44).
   La evolución de la cantidad de investigadores, personal de apoyo, becarios internos y externos y la creación de institutos constituyen indicadores concretos del crecimiento producido en el CONICET. Ahora bien, los datos mencionados anteriormente surgen de una publicación del Consejo denominada "Informe de las actividades 1976-1982", publicada a comienzos de 1983. A fin de constatar la veracidad de esta información —que podría haber respondido a un objetivo propagandístico ligado a la imagen oficial del organismo en un momento político delicado—, seleccionamos dos indicadores (cantidad de investigadores y de becarios internos incorporados por año) y realizamos una minuciosa tarea de revisión de todas las resoluciones del Directorio del CONICET buscando contraponer nuestra sistematización con las cifras oficiales. El procedimiento demostró que los datos globales publicados en el Boletín del Consejo se ajustan a la realidad.
   La carrera del investigador científico y tecnológico contaba en 1971 con 490 personas. En 1976 llegó a 747, en 1981 ascendía a 1.287 miembros y al año siguiente llegaron a ser 1.389 los investigadores que integraban la carrera. La evolución desde los 747 científicos existentes al 31/12/76 hasta los 1.389 registrados al 31/12/82 significa un crecimiento del 85%. En la carrera del personal de apoyo la evolución fue de 569 técnicos en 1976 a 1887 en el año 1982. Es decir, un crecimiento del 231%. Respecto de los becarios internos, en 1976 había un total de 233. Anualmente considerados al 31/12, la cantidad evolucionó de la siguiente forma: 556, 752, 690, 976, 1043 para llegar a 1.982 con 1.414 becarios, lo que representa un 506% de crecimiento entre 1976-1982. Los becarios externos, tomando como base el año 1976, crecieron de la siguiente manera: 13, 42, 78, 112, 144, 137 y 118, lo cual representa un crecimiento del 807% durante 1976-1982. Respecto de la creación de institutos, el aumento fue progresivo e impulsado, fundamentalmente, por la recepción de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrado en 1979, destinado a la creación de centros regionales:

Gráfico N° 3 : Evolución de la cantidad de Institutos vinculados al CONICET.
Periodo 1970-1981. En valores absolutos.
Fuente: Elaboración propia en base a CONICET, 1983b: 64.

   Hacia 1983 el número de institutos ascendía a 147, distribuidos según disciplinas de la siguiente forma:

Gráfico N° 4 : Institutos vinculados al CONICET, según disciplinas. Año 1983. En %.
Fuente: Elaboración propia en base a CONICET, 1983a:15

   La proliferación de institutos hizo que el organismo se convirtiera en un conjunto rígido. En 1985, el Consejo analiza las desventajas de esta modalidad de crecimiento institucional citando un estudio realizado durante la dictadura militar en el cual se concluye que en 1979 los centros e institutos insumían las siguientes proporciones del total del CONICET: 95% del plan de trabajos públicos, 85% de las adquisiciones en el exterior, 39% de los miembros de la carrera del investigador, 66% de los miembros de la carrera del personal de apoyo y 50% de los becarios (Boletín Informativo del CONICET, 1985:5-6).
   Al crecimiento de la masa de personal de los institutos se sumó el crecimiento de la estructura administrativa que les correspondía: Comisiones de Evaluación de Institutos, Comisión de Institutos del Directorio, Comisión de Programas del CONICET, Comisión de Objetivos, Políticas y Prioridades, Comisión de Evaluación de Centros Regionales. Así, en 1983 el Reglamento de las Comisiones Asesoras de Supervisión y Evaluación Científica de Centros e Institutos (CASEC) les asignaba a los institutos la "totalidad del asesoramiento del CONICET" en la actividad referente a personas no pertenecientes a los mismos: "Quedaba, pues, establecida una línea divisoria: para los institutos la prioridad (presupuestaria, de asignación de becas, de personal de apoyo, de convenios internacionales, de atención burocrática); para el resto de la comunidad científica argentina, el resto de las disponibilidades según el buen entender de los representantes de institutos" (7).
   La distribución geográfica de los institutos, centros y programas creados, así como el fortalecimiento de los ya existentes, estuvo determinada por la intención de expandir la actividad científica hacia el interior del país. Este objetivo de descentralización no es de por sí negativo y es de larga data: desde los años 40 pueden rastrearse documentos de gobierno que advierten esta necesidad. Pero el impulso dado durante el último gobierno militar es llamativo y podríamos pensar que estuvo vinculado a la necesidad de descomprimir la actividad científica (y política) en la región metropolitana.
   El "Plan de Medidas Iniciales", dado a conocer por las Fuerzas Armadas en marzo de 1976, establecía como uno de sus objetivos:

"Fortalecer el desarrollo científico tecnológico en el interior del país". Para lograrlo se proponía cuatro medidas o cursos de acción: 1º-"Crear Centros Regionales de Investigación Científica y Tecnológica"; 2º-"Establecer y consolidar grupos de investigación de acuerdo a las necesidades del desarrollo regional"; 3º-"Organizar un programa permanente de radicación de investigaciones en el interior del país"; 4º-"Establecer programas nacionales y regionales tendientes a la resolución de problemas concretos". (CONICET; 1980a:22). Por su parte la SECyT explicitó en el "Documento sobre objetivos del área para el año 1976" la necesidad de: "Apoyar el fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico en el interior del país mediante la creación de Centros Regionales de Investigación Científica y Tecnológica así como el establecimiento y consolidación de grupos de investigación" (22). En consonancia con esta política el CONICET resolvió: "organizar Centros Regionales para promover, coordinar y ejecutar investigaciones básicas, aplicadas y de desarrollo de los recursos naturales y problemas de la región en que se inserten, con el objeto de posibilitar de manera orgánica y sostenida su crecimiento socioeconómico". (Resolución del Interventor N° 217/76 del 25 de noviembre de 1976).

   Como mencionáramos anteriormente, en 1979, el gobierno obtuvo un préstamo del BID con el objetivo de: 1) Fortalecer la descentralización de las labores de investigación científica y tecnológica, y de investigación y desarrollo, y 2) Fortalecer esas mismas labores en ciertas materias escogidas, mediante el establecimiento o ampliación, y el equipamiento y la dotación de cuatro centros regionales, la contratación de expertos y la ejecución de un programa de adiestramiento. El monto total del préstamo era de 66 millones de dólares, de los cuales el 64% estaba destinado a financiar parte del Programa de Centros Regionales de Investigación Científica y Tecnológica del CONICET, que comprendía el desarrollo de Centros Regionales en Bahía Blanca, Mendoza, Puerto Madryn y Santa Fé. Los fondos se invertirían en construcción y equipamiento de los edificios para los centros, en la formación de recursos humanos dentro y fuera del país, en un plan de asistencia técnica, en financiar el aumento del número de científicos y personal de apoyo y gastos operativos. Quedaban excluidos del préstamo los institutos radicados en la Capital Federal y en la Región Pampeana (CONICET; 1980b: 3-4).
   En 1980 la SECyT, por resolución N° 341/80, establecía como objetivo específico del Programa de Desarrollo del CONICET 1982-1985 (PRODECO): "Contribuir a la descentralización de la Región Metropolitana y Pampeana y el crecimiento racional del país con sentido geopolítico, a través del desarrollo de la actividad científica en el interior." (CONICET; 1980a:4)
   Como consecuencia de esta política, se registró un aumento en la participación del interior del país: en 1970 los institutos del interior representaban el 15% mientras que en 1981 alcanzaron el 30%. Otras medidas descentralizadoras fueron los adicionales de sueldo para investigadores y becarios que residían en zona de desarrollo prioritario excluida la región metropolitana y La Plata o en zona alejada, inhóspita o desértica, y la incorporación de investigadores al organismo teniendo en cuenta la distribución geográfica. Se pasó de un 17% de investigadores del interior en 1971 a un 29% en 1981 (CONICET; 2006:120).
   No podemos dejar de mencionar que durante este periodo se produjeron una serie de irregularidades que derivaron en el drenaje ilegal de fondos hacia fundaciones y asociaciones paralelas al organismo. Estos hechos fueron denunciados por investigadores del propio Consejo y, con la reapertura democrática y la asunción de las nuevas autoridades, se iniciaron acciones legales. Cabe destacar el valor documental de un informe elaborado por el CONICET, denominado "Informe sobre hechos ocurridos en el CONICET. Periodo 1976-1983" y dado a conocer en mayo de 1989, en el cual están registrados estos hechos. En el mismo se denuncia que a partir del año 1976 se había creado en el CONICET un pequeño número de asociaciones y fundaciones cuya administración estaba a cargo de un reducido grupo de administrativos que habían obtenido importantes beneficios, tales como la compra de inmuebles y acciones de sociedades comerciales, a través de subsidios que estas asociaciones y fundaciones recibían por parte del CONICET, transformando fondos públicos en privados. El propósito de estas asociaciones, que eran una prolongación del CONICET y que, incluso, se superponían a funciones propias del organismo, era "administrar los subsidios que se entregaban y por ese medio lograr el aprovechamiento de las rentas que se generasen" (CONICET; 1989: 10) .  

Contracción de las universidades nacionales

   La política educativa del Proceso de Reorganización Nacional afectó la institucionalidad universitaria provocando, entre otras cosas, un retroceso significativo en el contenido y la calidad de la enseñanza que acompañó una reducción de la actividad científica:
   "La Universidad, al quedar marginada del sector científico nacional, perdió el apoyo financiero necesario para proseguir la labor de investigación y de formación cuaternaria, como los posgrados de investigación. En este periodo el énfasis quedó limitado a la formación profesional, activamente controlada por la conducción del sistema universitario desde el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, en un contexto de autoridades designadas por el régimen militar o sea de pérdida de la autonomía más elemental" (Oteiza; 1992: 294-295).
   Esta política intervino directa y negativamente en un proceso regional que, desde 1950, tendía a la modernización de la educación superior en América Latina, expresado en fenómenos tales como el crecimiento y feminización de la matrícula, modernización de las áreas de conocimiento y distribución de la matrícula en favor de las ciencias sociales. Estas tendencias se vieron profundamente truncadas incluso antes del golpe de Estado, desde mediados de 1974 cuando fue nombrado Oscar Ivanissevich como ministro de Educación.
   Las universidades nacionales fueron intervenidas y se convirtieron en escenario para las:

"(…) persecuciones, desapariciones, expulsiones, cesantías arbitrarias, marginación, silenciamiento de todo aquel o aquello que fue considerado como posible enemigo (…) Los docentes y los alumnos fueron acusados, perseguidos, desaparecidos. Los contenidos de la enseñanza y los libros fueron aprobados, recomendados y prohibidos. La palabra era la gran acusada. La palabra que había subvertido el orden y debía ser perseguida, silenciada, prohibida para terminar con la universidad de la violencia. Las universidades nacionales, ámbito privilegiado de la palabra fueron silenciadas y colmadas de inquisidores que se desplazaban vigilantes por el mudable escenario académico" (Doval; 2003:196-197).

   Al vaciamiento que se producía con las cesantías y desapariciones se sumó una política estructural de reducción de la matrícula. Algunos aspectos que justificaban la limitación del ingreso a la universidad eran: las necesidades del proceso de reideologización, la estimación de la existencia de un exceso de técnicos en relación con los puestos disponibles, la reducción de las partidas presupuestarias, el temor al peligro que implica la universidad de masas para el orden establecido, la creencia de que la recuperación académica pasa por el limitacionismo. La restricción del ingreso retrotrajo las cifras de nuevos inscriptos a los niveles registrados una década atrás, revirtiendo el proceso de expansión de comienzos de la década del ´70. (Informe PNUD, 1981:79):

Tabla N° 1 : Nuevos inscriptos en universidades nacionales. Periodo 1974-1982.
Fuente: Elaboración propia en base a Pérez Lindo, 1985: 178.

   Así, la matrícula de las universidades nacionales decayó entre 1975 y 1982 a un ritmo del 4,5% anual. En 1977 se produjo el descenso más abrupto de la matrícula ya que de casi 90 mil inscriptos se redujo a menos de 45 mil. Este proceso no fue indiscriminado sino que afectó particularmente a las universidades más densamente pobladas: "(…) universidades como la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) perdieron entre la tercera parte y la mitad de sus alumnos" (Ferrari, 2005: 303). Ese año, justamente, se impuso el examen de ingreso y los cupos por carrera y por universidad, que reducía en un 23,7% el número de vacantes disponibles respecto a 1976 y de acuerdo a su distribución se trataría de desalentar las inscripciones en las universidades con mayor población estudiantil. En relación con 1975 las vacantes disminuyeron un 59% en Buenos Aires, 50% en Tucumán y 43% en el Nordeste (Pallma, 1977:68-69). Otro factor que tendió a la disminución del estudiantado universitario fue el arancel, habilitado por el Art. 39º de la Ley Nº 22.207 ⁴ y el Art. 3° del Decreto 279 ⁵, que establecía: "implántese el arancelamiento de los servicios educativos de nivel superior en las Universidades nacionales". Esta política "limitacionista" (Pérez Lindo; 1985) o "maltusiana" (Weinberg; 1987) fue acompañada por la pérdida de autonomía universitaria, como lo muestra la promulgación de la mencionada Ley Orgánica de las Universidades N° 22.207 en 1980. Esta ley establecía una profunda subordinación del gobierno de la universidad al poder político. En su artículo 4º prohibía toda propaganda, adoctrinamiento, proselitismo o agitación de carácter político, partidario o gremial como así también la difusión o adhesión a concepciones políticas totalitarias o subversivas. En el artículo 7º se especificaban los motivos por los cuales la universidad podía ser intervenida por el Poder Ejecutivo: incumplimiento de la ley vigente, alteración del orden público, conflicto dentro de la Universidad o con los poderes del Estado . Entre los requisitos establecidos para ser docente, incluidos en el art. 19º, estaban la integridad moral y la identificación con los valores de la Nación . Entre los deberes de los docentes quedaba claramente explicitado que está prohibido difundir ni adherir a concepciones políticas totalitarias o subversivas . La designación del rector quedaba en manos del Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del Ministerio de Cultura y Educación y el vicerrector y decanos a cargo del mencionado Ministerio a propuesta del rector.

"Nuevas caras": el proceso de disciplinamiento y el establecimiento de una nueva jerarquía institucional

   La implementación de la política científico-universitaria que venimos analizando requirió y, a la vez, favoreció el proceso de "depuración/expulsión" de agentes en la universidad y en el CONICET. En el caso de las universidades nacionales ya hemos mencionado algunas manifestaciones de este proceso tales como la expulsión o cesantía de docentes y medidas tendientes a la disminución del estudiantado; a lo que podría agregarse el cierre de carreras y los cambios de planes de estudio. En el marco del CONICET, algunos de los mecanismos administrativos a través de las cuales se concretó este proceso fueron: la extensión al CONICET de las bajas dadas en la universidad apelando a leyes de facto que habilitaban este mecanismo y la aplicación indiscriminada del artículo Nº 11 del estatuto del investigador y del personal de apoyo que establecía la baja por pérdida del lugar de trabajo.
   En el primer caso, el Consejo hizo extensible al cargo de investigador las bajas dadas por la Universidad, habilitado por las leyes Nº 21.260 ⁶ "Bajas de personal por razones de seguridad" y Nº 21.274 ⁷ "Bajas de personal por razones de servicio". La primera de estas leyes autorizaba a dar de baja al personal de la administración pública por razones de seguridad que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras y a aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o fomenten dichas actividades . Por su parte, la ley Nº 21.274 dejó en suspenso la estabilidad en el empleo público disponiendo —discrecionalmente, sin sumario y sin motivación— que se pudiera dejar cesante a quienes constituyeran un factor real o potencial de perturbación del normal funcionamiento del organismo al cual pertenecen o se hallaran de cualquier forma vinculados a actividades de carácter subversivo o disociadoras. En lo que sigue reproducimos fragmentos de una resolución del CONICET que refleja este procedimiento:

Resolución Nº 186 del 12 de noviembre de 1976
CONSIDERANDO:
Que el doctor (…) por nota del 15 de junio de 1976, comunicó que fue dado de baja como profesor adjunto de la Facultad de Medicina (Universidad de Buenos Aires), y solicitó percibir el sueldo correspondiente a su carácter de miembro de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de este organismo (…)
Que por resolución (CS) Nº 115 del 27 de abril pasado, dictada por el Delegado Militar en la Universidad de Buenos Aires, se dispuso la baja del causante como profesor adjunto interino en la Facultad de Medicina, cesando automáticamente en todos los cargos docentes y/o no docentes que desempeñe en esa casa de estudios.
Que del texto de la resolución citada, se desprende que la medida de baja fue dispuesta en los términos del articulo 6º., inciso 6), de la ley 21.274; es decir, bajo el encuadramiento establecido para los agentes "que constituyan un factor real o potencial de perturbación del normal funcionamiento del organismo al cual pertenecen."
Que el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Cultura y Educación (…) se expidió en los términos siguientes: ". . . advierto que reiteradamente he sostenido que la baja en un cargo no puede considerarse extensible a otros, salvo el expreso caso de que ella fuera dispuesta por razones de seguridad o de orden público".
Que estando encuadrada la baja en los términos del artículo 6º, inciso 6), de la ley 21.274, y de acuerdo con el dictamen legal trascripto, (…)
Corresponde extender los alcances de su baja en la Universidad de Buenos Aires a la condición de miembro de la Carrera del Investigador Científico y Tecnol6gico. sin derecho a indemnización.
Que, asimismo, se debe intimar al doctor (…) el reintegro de los sueldos percibidos a partir del 27 de abril de 1976 (…)

   El texto de la resolución muestra cómo este tipo de cesantías se implantaba sin más fundamento que la invocación a causas generales y poco explícitas: "razones de seguridad o de orden público" . Además, se realizaban, sin previa vista al interesado y, por ende, sin darle la oportunidad de contestar los cargos ni defenderse de ellos. A la pérdida simultánea del lugar de trabajo en la universidad y en el CONICET, dejando cerradas las posibilidades de inserción académica o científica en un organismo estatal, se sumaba la profunda desmoralización provocada a partir de la negativa al derecho de indemnización y la exigencia del reintegro de los haberes desde la fecha de baja en la Universidad. En este sentido, Enrique Groisman señala que "…se violó el derecho constitucional de un debido proceso, y se convirtió a la declaración de prescindibilidad (…) en una forma de castigo." (Groisman; 1984:66).
   El otro mecanismo a partir del cual se llevó a cabo la "limpieza" del personal fue la aplicación del artículo Nº 11 del Estatuto del CONICET ⁸. Allí se establece que "en el caso de que el personal perdiera la posibilidad de trabajar en el lugar en que fue autorizado, o si el lugar de trabajo resultara inadecuado a criterio del CONICET, el agente de común acuerdo con el CONICET, agotará las posibilidades para hallar otro lugar de trabajo. En el caso de que no sea posible hallar uno nuevo en el término de nueve meses, el agente tendrá derecho a percibir la indemnización prevista por el Estatuto del Personal Civil de la Nación". El uso que se dio a esta disposición legal respondía al objetivo de expulsión/depuración que venimos describiendo, sobre todo teniendo en cuenta el desmantelamiento de los institutos en las universidades nacionales donde muchos investigadores desarrollaban sus tareas. A la aplicación del mecanismo mencionado anteriormente, donde se extendía la baja de la Universidad hacia el Consejo, se sumó el cercenamiento del derecho a agotar las posibilidades para hallar otro lugar de trabajo . Transcribimos, en lo que sigue, extractos de una resolución que ejemplifica este mecanismo:

Resolución Nº 254 del 14 de diciembre de 1976
CONSIDERANDO:
Que el licenciado (…), el 23 de febrero de 1976, perdió la posibilidad de trabajar en el lugar en que fue autorizado (…), por lo que a partir de ese momento quedó comprendido en la situación prevista por el artículo 11 del Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, aprobado por ley 20.464.
Que el 22 de noviembre pasado se operó el vencimiento del término de nueve meses que la norma citada otorga para hallar nuevo lugar de trabajo, sin que el causante lo haya logrado (…)
Que, por tanto, se debe considerar que están agotadas las posibilidades para hallar nuevo lugar de trabajo, correspondiendo dar de baja al licenciado (…) como miembro de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (…)

   Un seguimiento de todas las resoluciones del Interventor del CONICET correspondiente a los años 1975, 1976 y 1977 registra un total de 22 bajas en estos tres años fundadas en los mecanismos anteriormente explicitados. Además, hemos identificado bajas justificadas en el hecho de que los investigadores no se reincorporaron luego de haber finalizado su licencia, generalmente pedida para viajar al exterior. Este tipo de bajas alcanza otras 22 entre 1974 y 1979 ⁹.
   Desde el golpe militar de 1976, nuevos agentes comenzaron a asumir la conducción del CONICET. Estas "nuevas caras" actuaban con garantías de libertad e impunidad en tanto los procedimientos administrativos eran arbitrarios y secretos. En efecto, la Resolución del CONICET Nº 687/77 establecía que:
   "la información proporcionada por terceros a pedido de las dependencias del CONICET, relativas a la actividad científica y tecnológica de las personas, así como la documentación producida al respecto incluidos los despachos de las Comisiones internas de este Organismo, tienen carácter estrictamente reservado y confidencial, por lo cual no accederá a los pedidos de vista de los mismos que formulen los propios interesados o personas ajenas al asunto de que se trata" (Weinberg; 1987:16-17) ¹⁰.
   En este marco se produjeron cesantías o bajas de casi un centenar de investigadores por causas ideológicas y se configuró en el organismo un sistema de control que impidió o desalentó la incorporación de becarios, técnicos o investigadores discriminables. La discriminación ideológica tuvo especial imperio en las áreas relacionadas con las ciencias sociales. En un Boletín Informativo del CONICET de 1985 se describen estos mecanismos:

"el encuadre ideológico represor determinaba la necesidad de cegar toda fuente de esclarecimiento y autoconciencia de la sociedad. Las ciencias sociales fueron especialmente afectadas por el anticientificismo que predominó en las últimas décadas y se ejerció con particular saña contra aquellas disciplinas consideradas ideológica y políticamente "peligrosas". La conducción de la política científica y académica en esta área fue entregada a representantes de las corrientes más tradicionales, cuando no a los ideólogos de irracionalismos totalmente marginales a las corrientes de pensamiento actuales. Salvo contadas excepciones, el CONICET no escapó a este proceso." (Boletín Informativo, 1985:8)

   El proceso de depuración/expulsión que se dio en el CONICET fue simultáneo a un proceso de reposicionamiento de agentes en los cargos jerárquicos. De hecho, cuando se rearmó el Directorio en 1981 (luego de 8 años de intervención) los responsables de la conducción del Consejo eran investigadores que antes de 1974 no habían tenido participación en cargos directivos y que, a partir de ese momento, no sólo accedieron a este tipo de cargos sino que éstos, en su mayoría, fueron monopolizados por un pequeño grupo. Esto queda demostrado en el análisis de la nómina total de agentes del CONICET que integraron los cuerpos directivos y asesores entre 1971 y 1981, del cual extraemos las siguientes tendencias.
   Entre 1974 y 1975 la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora de la Intervención (sustituta de hecho del Directorio en tanto instancia de asesoramiento del interventor) eran, al mismo tiempo, miembros de la Junta de Calificación para la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico; esta situación se verifica en 9 de los 11 miembros. Es decir, las mismas personas que decidían sobre el devenir del organismo eran las que tomaban decisiones relativas a la calificación y admisión de los investigadores.
   A partir de 1976 se advierte que la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora de la Intervención son personas que ocupan este cargo por primera vez. La mayor parte de los investigadores que tuvieron la responsabilidad de decidir el destino del organismo durante la dictadura fueron además los mismos que recibieron la mayor parte de los subsidios durante el periodo, porque en muchos casos fueron ellos mismos los directores de institutos, centros, programas y/o proyectos.  

Consideraciones finales

     Habiendo descripto las orientaciones de la política científico-universitaria llevada adelante por el régimen militar, y las principales consecuencias estructurales que la misma ocasionó en el mundo académico, estamos en condiciones de observar que la diagramación de esta política estuvo asociada a un núcleo de civiles que contribuyeron a su elaboración en consonancia con los objetivos planteados por el gobierno militar. En este sentido, Oszlak sostiene que:

"Si bien la sociedad civil había perdido su papel protagónico, algunos de sus miembros y sectores consiguieron penetrar en el nuevo escenario oculto, donde la práctica política se había confundido con la acción omnipotente del Estado (…) esos "amigos del Proceso" pasaron a ser los verdaderos artífices de la política. No constituían una clientela corporativa, promotora de intereses sectoriales, sino la contraparte civil de un "anillo burocrático" movilizada en pos de prebendas y beneficios particularistas" (Oszlak; 1983:39) ¹¹.

   Los mecanismos de transferencia de recursos y disciplinamiento que mencionamos a lo largo del artículo dan cuenta de la estrecha vinculación entre la política científica y el ahogo de las universidades, y nos advierten la existencia de un espacio de intersección que explica ciertas tendencias y características del sistema científico y del campo académico argentino en esa época.
   La producción historiográfica acerca del período 1976-1983 dentro del campo científico es escasa e insuficiente. Si bien existen vastos trabajos que han relevado los efectos, directos e indirectos, de la represión política y social, es todavía una deuda pendiente revisar empíricamente lo que ocurrió en las universidades, en los centros independientes de investigación, en los espacios académicos informales y en los ámbitos de producción científica. Coincidimos con Carolina Kaufmann cuando afirma que:

   "...se hace imprescindible continuar avanzando en este campo en construcción, indagar sobre la historia educacional durante el régimen de facto. Escudriñar en sus alcances, su campo de articulación, sus analogías y disimetrías respecto a otros regímenes dictatoriales, siempre propiciando un entendimiento de esos saberes de manera progresivamente más profunda. Investigar sobre el pasado educacional reciente no significa –a nuestro criterio- quedar fijados en el pasado, sino, contrariamente, impulsar la memoria, activarla y robustecer las memorias públicas" (Kaufmann; 2001: 40).

   En este sentido, esperamos que nuestra pertenencia generacional nos permita tomar distancia respecto de los acontecimientos ocurridos a fin de mostrar nuevas facetas de ese oscuro pasado acercando la lupa sin que se activen los conflictos presentes de las luchas pasadas.

Notas

1 Este artículo presenta algunos resultados preliminares de una investigación doctoral que aún está en marcha. Por razones de extensión hemos excluido en el presente trabajo: la descripción de los antecedentes y del momento fundacional del CONICET, el rol fundamental de Houssay durante esta etapa y la impronta que el golpe de estado de 1966 dejó en el Consejo. Estos aspectos y el análisis de la relación entre el desarrollo del gobierno militar y la política científica implementada en el periodo 1976-1983, puede verse en Bekerman, Fabiana "Modernización Conservadora: la investigación científica durante el último gobierno militar en Argentina" en Beigel, Fernanda (Coord.): Autonomía y dependencia de las ciencias sociales: Chile y Argentina (1957-1980), "en prensa".

2 El PGAN es una ley sancionada y promulgada por el titular del Poder Ejecutivo Nacional por la que se determinan las acciones y los créditos (máximo nivel de recursos financieros autorizados) que las distintas instituciones de la Administración Nacional están autorizadas a erogar para satisfacer las obligaciones que están a cargo del Estado nacional. Está organizado en programas, actividades y proyectos. (SECYT; 1981:3).

3 B.O. 23/12/1981. Esta ley introdujo cambios en las áreas de economía y educación y estableció la transferencia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación a la jurisdicción de la Presidencia de la Nación, pasando a depender directamente de ésta última.

4 B.O. 24/4/1980.

5 B.O. 20/02/1981.

6 B.O. 26/03/1976. Los efectos de esta ley fueron ampliados a los establecimientos privados de enseñanza por Ley Nº 21381, del 13 de agosto de 1976.

7 B.O. 31/03/1979

8 Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. Decreto-Ley Nº 20.464/73.

9 Existen otras modalidades a partir de las cuales muchos investigadores perdieron su cargo en el Consejo (como informes no aceptables, renuncias) que estamos relevando y analizando como parte del proceso de elaboración de la tesis doctoral.

10 Esta norma fue corregida por Resolución N° 217 del 29 de marzo de 1984.

11 El origen y la composición de esta intelligentsia , cuyo papel es central en el devenir de la política científica y universitaria, constituye uno de los objetivos de nuestra tesis doctoral, cuya profundización teórica y empírica se encuentra en curso.

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Documentos citados

CONICET (1985) Boletín Informativo del CONICET, abril-septiembre. Buenos Aires.

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CONICET (2006) 50° Aniversario 1958-2008. Tomo I. Buenos Aires, Edición nacional.

CONICET (1983a) Informe de las actividades 1976-1982. Buenos Aires.

CONICET (1983b) Cumplimiento de sus objetivos específicos 1971-1981. Buenos Aires.

CONICET (1989) Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. Periodo 1976-1983. Buenos Aires.

CONICET (1980a) Objetivos. Políticas. CONICET 1982/1985. Buenos Aires.

CONICET (1980b) Programa de desarrollo de Centros Regionales. BID-CONICET. Buenos Aires.

Decreto-ley Nº 1291/58 del Poder Ejecutivo Nacional. Buenos Aires, 5 de febrero de 1956.

Decreto-ley Nº 279 del 20/02/1981.

Estatuto de las Carreras del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y desarrollo. Decreto-Ley Nº 20.464/73.

Ley Nº 20.254 B.O. 21/08/1973.

Ley Nº 21.260 B.O. 26/03/76.

Ley Nº 21.274 B.O. 31/03/79.

Ley Nº 22.207 B.O. 24/04/1980.

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Presupuesto de la Administración Nacional. Gastos por Finalidad-Función y Naturaleza del gasto. 1965-2006. Ministerio de Economía y Producción- Secretaría de Hacienda-Oficina Nacional de Presupuesto. Buenos Aires, 2007.

Resolución del Interventor del CONICET Nº 186/76 del 12 de noviembre de 1976.

Resolución del Interventor del CONICET Nº 254/76 del 14 de diciembre de 1976.

Resolución del Interventor del CONICET Nº 217/76 del 25 noviembre de 1976.

SECYT-Ministerio de Cultura y Educación-Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Erogaciones para ciencia y tecnología en el presupuesto general de la administración nacional al inicio del ejercicio 1981 (Ley Nº 22451 del 27/03/81 y Decreto de distribución de créditos Nº 757 del 27/03/81).Buenos Aires, julio de 1981.

Anexo I
Contenido de la Finalidad Ciencia y Técnica y de sus funciones
FINALIDAD "CIENCIA Y TÉCNICA"
Actividades encaminadas a la obtención de nuevos conocimientos o a la investigación de sus aplicaciones. Incluye investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de posgrado para formación de investigadores, y promoción de las actividades científicas y técnicas. No comprende los gastos de la índole aludida realizados en satisfacción de necesidades propias por organismos gubernamentales que actúen principalmente en otros campos.
Función "Capacitación y promoción científico-técnica"
Tareas regulares y sistemáticas que tienden al perfeccionamiento de los graduados universitarios, con vistas a la formación de investigadores. Incluye las actividades encaminadas a la creación y al mejoramiento de la infraestructura científico-técnica del país en lo que se refiere a los recursos humanos y materiales, el otorgamiento de becas y subsidios, la difusión de los resultados de las investigaciones o desarrollos, y los estudios de base, de apoyo y de factibilidad destinados a orientar el crecimiento del sistema científico-técnico.
Función "Investigación y desarrollo"
Ejecución de las actividades encaminadas a crecentar el conocimiento científico-técnico, y la utilización sistemática de los resultados de la investigación básica y aplicada dirigidos a la obtención de nuevos materiales, productos, dispositivos, procesos y métodos o al mejoramiento de aquellos ya existentes. Incluye la construcción y prueba de prototipos y la construcción y operación de plantas piloto con fines experimentales, como así también todo gasto ocasionado en actividades que tiendan a acrecentar el uso de nuevas técnicas por parte de sectores vinculados a la producción.
Función "Ciencia y Técnica sin discriminar"
Rubro previsto para incluir conceptos que por su generalidad no se encuadran específicamente en alguna función determinada de esta Finalidad.

Fuente: SECYT-Ministerio de Cultura y Educación-Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Erogaciones para ciencia y tecnología en el presupuesto general de la administración nacional al inicio del ejercicio 1981 (Ley Nº 22451 del 27/03/81 y Decreto de distribución de créditos Nº 757 del 27/03/81).Buenos Aires, julio de 1981, p. 113.