Entre la autonomía y la voluntad de poder: El proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires y la ruptura del Partido Socialista en 1927

Martínez Mazzola, Ricardo

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versão On-line ISSN 1852-1606

Sociohistórica no.28 La Plata dez. 2011

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Entre la autonomía y la voluntad de poder. El proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires y la ruptura del Partido Socialista en 1927*

Ricardo Martínez Mazzola

Investigador Asistente del CONICET en el Centro de Estudios del Discurso y las Identidades Sociopolíticas (CEDIS) de la UNSAM y docente del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Resumen:Este artículo analiza el proceso que, en 1927, desemboca en la ruptura del Partido Socialista (PS) y el nacimiento del Partido Socialista Independiente. Subraya que el contraste entre la importancia numérica de la representación socialista y su escasa incidencia política fue uno de los factores que alentaron tal ruptura.
El trabajo describe el surgimiento de una tendencia disidente en torno a la figura de Antonio de Tomaso, y reconstruye las posiciones que el PS sostuvo en torno a las intervenciones provinciales. Aborda luego la propuesta de intervención a la Provincia de Buenos Aires de 1927, y explica cómo el retiro de esta propuesta desencadenó la ruptura de quienes insistían con mantener un proyecto que parecía colocar al Partido Socialista en el centro de la escena política. Finalmente plantea algunas hipótesis acerca del lugar que el PS ocupó en la política argentina de los años 20'.
Palabras clave: Partido Socialista; Intervenciones; Ruptura.

Abstract: This article analyzes the process that in 1927, results in the breakdown of the Partido Socialista (PS) and the birth of Independent Partido Socialista Independiente. It emphasizes that the contrast between the numerical importance of the socialist representation and its low political impact was one of the factors that would have encouraged that breakdown.
The paper describes the sprouting of a dissident tendency around the figure of Antonio de Tomaso, and reconstructs the positions the PS supported around provincial interventions. It soon approaches the intervention proposal to the Province of Buenos Aires, in 1927, and explains how the withdrawal of this proposal triggered the breakdown of those who insisted on maintaining a project that seemed to place the PS in the center of the political scene. Finally it raises some hypotheses about the place that the PS occupied in the argentine politics of the '20s.
Keywords: Socialist Party; Intervention; Breakdown.

A mediados de 1927 el Partido Socialista (PS) argentino sufrió una dura escisión. Aunque la pérdida en términos de militantes fue menor a la suscitada por anteriores rupturas, la sangría de la dirigencia partidaria no tuvo precedentes. Entre quienes dejaban las filas partidarias en ese año se encontraban diez diputados nacionales –entre ellos Antonio de Tomaso, la más importante figura de la nueva generación de socialistas–, tres miembros del Comité Ejecutivo y dos concejales porteños. Aún más grave, pocos meses después, el Partido Socialista Independiente, formado por quienes habían abandonado las filas del "viejo" PS, lo derrotaba en los comicios porteños impidiéndole obtener una banca de diputados por primera vez desde 1912. También por primera vez, un grupo escindido del PS lo vencía en las urnas, abriendo la pregunta por el monopolio de la identificación socialista.
A pesar de su importancia, la escisión de los "independientes" ha recibido escasa atención por parte del campo académico, ya sea historiográfico, sociológico o politológico. Prueba de ello es que un libro como el de Horacio Sanguinetti (1981), que, aunque aporta interesantes datos, carece de fuste interpretativo, sigue siendo, a casi treinta años de su publicación, la única obra de referencia sobre el tema. Más interesantes son los aportes de la tesis doctoral inédita que Michael Mullaney (1982) dedica a analizar los sucesivos cismas que el PS sufrió hasta 1930. El autor subraya que, a diferencia de lo sucedido en anteriores rupturas, en la de 1927 no había una clara disputa ideológica¹, sino que el principal factor fue la tensión entre dirigentes socialistas de diferente extracción social, los "doctores" –fundamentalmente abogados encabezados por Antonio de Tomaso– frente a los "obreros" –dirigentes gremiales como Joaquín Coca y Francisco Pérez Leirós–, que en su enfrentamiento con de Tomaso contaron con el apoyo de Nicolás Repetto y el, más velado, de Juan B. Justo. En un trabajo reciente, Leticia Prislei (2005) introduce otros clivajes al conflicto: por un lado, la cuestión generacional, afirmando que los disidentes eran jóvenes enfrentados a una conducción anquilosada que no les daba lugar; por otro, un enfrentamiento ideológico relacionado con la adhesión de estos jóvenes a las ideas del georgismo y, sobre todo, de un "segundo revisionismo" que los llevaba a colocar en el centro de la práctica socialista la cuestión del "ejercicio del poder".
En general, los abordajes se han centrado en el surgimiento de la corriente independiente y sus principales líderes, sin prestar suficiente atención, al desencadenante concreto de la ruptura: la presentación y posterior retiro, por parte de Juan B. Justo, de un proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires, en manos de los yrigoyenistas. Con esa presentación el PS parecía abandonar las posiciones de equidistancia entre yrigoyenistas y anti-yrigoyenistas, y utilizar su importante bloque parlamentario –diecinueve diputados de un total de ciento cincuenta y ocho, en una situación en que ninguno de los principales actores tenía mayoría propia– para dar a las fuerzas antiyrigoyenistas el control de un resorte decisivo en vistas a los comicios presidenciales de 1928. Pero sorpresivamente, a mediados de junio, el mismo Justo anunció que no presentaría el proyecto de intervención. Sería ese sorpresivo abandono de una propuesta que prometía sacar a los socialistas de su aislamiento el que terminaría de impacientar a quienes, como de Tomaso, consideraban que el PS debía involucrarse más activamente en las disputas políticas de la hora, y daría el golpe final a una unidad partidaria ya debilitada por años de conflicto.
Comenzaremos nuestro recorrido reconstruyendo los conflictos que, desde el comienzo de los años veinte, habían enfrentado a los viejos dirigentes del PS con un grupo de nuevos cuadros socialistas –entre los que destacaba Antonio de Tomaso–, que cuestionaban algunos rasgos de la vieja conducción partidaria, en particular cierto "dogmatismo" que hacía difícil el acercamiento a otros grupos políticos. A continuación, analizaremos el lugar que el PS ocupaba en la arena parlamentaria de mediados de los años veinte, deteniéndonos particularmente en su posición ante las numerosas propuestas de intervención surgidas en esos años. En tercer lugar, nos detendremos en la propuesta de intervención a la provincia de Buenos Aires que Justo planteó en 1927, así como en las reacciones que suscitó dentro y fuera de las filas socialistas. En cuarto lugar, explicaremos cómo el retiro de esta propuesta terminó de desencadenar la ruptura de quienes, con de Tomaso, insistían con mantener un proyecto que parecía colocar al PS en el centro de la escena política. Finalmente, concluiremos nuestro artículo planteando algunas hipótesis acerca del lugar que ocupaba el PS en la política argentina de los años veinte.

El surgimiento de la corriente "independiente"

Desde sus orígenes, el PS había estado tensionado entre quienes, apostando por un perfil obrero y revolucionario, desconfiaban de las instituciones parlamentarias y de las alianzas con otras fuerzas políticas, y quienes creían que el partido debía adoptar un perfil francamente reformista concertando alianzas con otros sectores políticos.²Entre uno y otro sector pivoteaba una conducción socialista, reunida en torno a Juan B. Justo, que aunque favorable a la vía electoral y a la acción parlamentaria, no abandonaba la identificación del PS como "partido obrero" y desconfiaba de las alianzas políticas.
El carácter reformista y parlamentario del PS se había visto acentuado por la partida de los "internacionalistas"³en 1917, y de los "terceristas"⁴en 1921. En la disputa con quienes sostenían estas posiciones "radicales" la figura patriarcal de Juan B. Justo había estado flanqueada no solo por veteranos dirigentes como Nicolás Repetto y Enrique Dickmann, sino por el joven Antonio de Tomaso, el más enfático crítico de las propuestas radicalizadas. Sin embargo, una vez superada la "amenaza izquierdista", el PS se había visto agitado por la disputa entre la vieja guardia y quienes, como de Tomaso, creían que había llegado la hora de orientarse más activamente a la disputa del poder político.
La ruptura definitiva de 1927 estuvo precedida de numerosas escaramuzas. La primera de ellas se relacionaba con la "cuestión de las incompatibilidades", y hacía referencia a las actividades profesionales que legítimamente podía llevar adelante un dirigente socialista. El tema, objeto de discusión por años, fue reactivado en 1922 por la defensa que Antonio de Tomaso llevó adelante, en su condición de abogado, del empresario teatral y concesionario del Teatro Colón, Faustino da Rosa, cuyas actividades habían sido cuestionadas por el Concejo Deliberante de la Capital Federal, y en particular por los concejales socialistas. Uno de ellos, Alejandro Comolli, pidió la expulsión del joven dirigente socialista y el Comité Ejecutivo (CE) se dirigió a de Tomaso afirmando la incompatibilidad entre su cargo de secretario general del PS y la defensa de Da Rosa. De Tomaso presentó la renuncia a la Secretaría General y en su reemplazo fue nombrado Jacinto Oddone, pero ello no cerró la cuestión. A mediados de 1923 el Comité Ejecutivo propuso que el Congreso XVIIº partidario que tendría lugar en Mar del Plata en octubre de 1923, adoptara una resolución definiendo el espinoso tema de las incompatibilidades para los representantes del partido (La Vanguardia, 15-8-1923). La reunión del congreso fue una prueba de los apoyos alcanzados por de Tomaso: por un lado, no se adoptó la propuesta de la conducción para la "cuestión de las incompatibilidades", que fue remitida a un voto general (La Vanguardia, 15-10-23); por otro, se nombró una Comisión de Prensa en la que los "detomasistas" eran mayoría. En su primera reunión, esta Comisión nombró a de Tomaso como director de La Vanguardia, lo que motivó que Repetto, director saliente del periódico, renunciara a su banca de diputado nacional. La renuncia de Repetto mereció una dura réplica del Comité Ejecutivo del PS que le envió una nota manifestándole que "deplora la determinación tomada y lo invita a no abandonar su banca, que no se la ha otorgado el Congreso de Mar del Plata, sino el electorado de la capital" (Fondo Repetto-31-27). Sin embargo, Repetto insistió con "su inquebrantable decisión de mantener (su) renuncia de Diputado y de miembro del Comité" (Fondo Repetto-31-28). Finalmente estas renuncias fueron aceptadas por la conducción del PS y por la Cámara de Diputados.⁵
Pero el conflicto, lejos de cerrarse, se agravó cuando, a comienzos de noviembre, Justo y Dickmann renunciaron a la Comisión de Prensa y días después los imitaron los "detomasistas". La dirección de La Vanguardia recayó en Augusto Bunge, una figura independiente pero de mayor cercanía con el sector de de Tomaso (La Vanguardia, 22-11-1923). Al mismo tiempo Mario Bravo presentó su renuncia a la Secretaría General del partido, cargo para el que fue designado Manuel González Maseda, quien agregó al voto general que ya se había llamado para definir la cuestión de las incompatibilidades otro para designar a una nueva Comisión de Prensa. Los resultados del voto "general" favorecieron al viejo núcleo dirigente, imponiendo una resolución que establecía que los representantes del PS no podían asistir a empresas que "tengan concesiones o franquicias del Estado o de los municipios" (Sanguinetti, 1981: 110), a la vez que elegía una Comisión de Prensa que nombró a Juan B. Justo como director de La Vanguardia. Pero el triunfo justista no era total, ya que los partidarios de de Tomaso conservaban la mayoría en el Comité Ejecutivo.
A comienzos de 1924, los aprontes para afrontar una nueva elección parlamentaria llevaron a moderar el tono de la disputa interna. Sin embargo, los conflictos no desaparecieron del todo, llevando a algunos dirigentes, como Alejandro Comolli, duramente enfrentado al grupo encabezado por de Tomaso, a eliminar sus nombres de entre los posibles candidatos (La Vanguardia, 30-1-1924)⁶.
Otro foco de conflicto surgió con el casamiento de Federico Pinedo, uno de los principales apoyos de de Tomaso al debatirse la cuestión de las "incompatibilidades", que fue objetado no solo por su carácter religioso sino por ser "fastuoso y mundano". Pinedo fue expulsado de su centro y debió renunciar a la Junta de la Federación Socialista de la Capital Federal. Un año más tarde, en el Vº Congreso Extraordinario que tuvo lugar en Córdoba en enero de 1925, su credencial fue objetada en razón de aquel matrimonio, pero, luego de la defensa que de él hizo Augusto Bunge, fue aceptada, y Pinedo pudo participar del Congreso que, no sin polémicas, modificó el "Programa mínimo" del PS.
Los choques se repitieron antes del XVIIIº Congreso Ordinario del PS, que tuvo lugar en octubre de 1925, momento en que Joaquín Coca, que acusaba a de Tomaso y a quienes a él respondían de hacer una política favorable al alvearismo, propuso que, en la "Memoria" presentada por el Grupo Socialista Parlamentario se diera cuenta de cómo habían votado los legisladores socialistas en las Cámaras.⁷Pero el Grupo rechazó su propuesta y aprobó otra planteada por de Tomaso, que limitaba el informe a los proyectos de ley presentados en la Cámara y en las Comisiones por los legisladores socialistas.
Sin embargo, el XVIII° Congreso aprobó una medida que, a la larga, decidiría el triunfo de los viejos dirigentes del PS –y de sus aliados, los "diputados obreros" Joaquín Coca, José Luis Pena y Francisco Pérez Leirós–, sobre el sector encabezado por de Tomaso. A moción de Adolfo Dickmann y Rufino Inda se aprobó la propuesta de que en el plazo de seis meses el CE sometería a la discusión y al voto general del partido "la reforma de los estatutos que establezca el voto directo de los afiliados en la designación de todos sus organismos directivos" (Dickmann, 1936). El 1º de junio de 1926 se convocó a los centros a proponer candidatos para el nuevo CE y la Comisión de Prensa, que serían sometidos al voto general (La Vanguardia, 1-6-1926). En medio de una polémica sobre el accionar del CE en funciones, donde los partidarios de de Tomaso tenían mayoría, se produjo el voto general que nombró a una nueva conducción. Ese voto dio un triunfo absoluto a los "viejos" –fueron electos Justo, Repetto, Enrique y Adolfo Dickmann y Mario Bravo–, y a sus aliados "obreros" como Oddone y Pérez Leirós, en tanto que de entre los seguidores de de Tomaso solo fueron electos Muzio, González Iramain, Manacorda y Zaccagnini (La Vanguardia, 25-8-26). Pero el triunfo más rotundo se produjo en la votación para la estratégica Comisión de Prensa, que decidía la dirección de La Vanguardia, para la que fueron electos Justo, Repetto, Bravo, Enrique Dickmann y Américo Ghioldi, en tanto el grupo ligado a de Tomaso solo logró incorporar a Roberto Giusti (La Vanguardia, 26-8-1926).
El viejo núcleo dirigente había recuperado el control de las estructuras de decisión del PS. Pero aún no tenía pleno predominio en el Grupo Parlamentario Socialista, y ese fue el escenario de la próxima y decisiva disputa.

El Grupo Parlamentario Socialista y la cuestión de las intervenciones

En marzo de 1924 el PS obtuvo el mayor éxito electoral de su historia. Sus candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires obtuvieron un porcentaje sin precedentes, otorgándole al PS las bancas de la mayoría –que en esta ocasión eran doce– por primera vez desde 1914. En la elección de senadores, Juan B. Justo derrotó al radical Pablo Torello por casi diez mil votos y pasó a acompañar a Mario Bravo en la Cámara Alta. Al éxito porteño se agregaron tres bancas obtenidas por la minoría en la provincia de Córdoba.⁸El PS se preparaba para hacer sus dieciocho bancas de diputados en una arena parlamentaria en la que ni los yrigoyenistas, ni las fuerzas que se le oponían –antipersonalistas y conservadores–, tenían mayoría⁹.
La importancia del bloque socialista fue puesta en juego en las disputas inter-radicales que se daban en varios escenarios provinciales. El primero era el de de Mendoza, en manos de los "lencinistas" antipersonalistas. A mediados de 1924 a la vieja crítica socialista de las prácticas clientelares y violentas de los hermanos Lencinas, se agregó la denuncia de las emisiones de bonos por parte del gobierno provincial. Por eso José Luis Pena, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, firmó el despacho proponiendo la intervención federal¹⁰a la provincia (La Vanguardia, 16-9-1924). En esta ocasión los socialistas se enfrentaron con los antipersonalistas y con el mismo Alvear a quien señalaron, en tanto cómplice de quienes no querían la intervención, como responsable último del desorden que reinaba en la provincia (La Vanguardia, 24-9-1924). Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la intervención a la provincia. A favor votaron los yrigoyenistas, los socialistas y la mayoría de los conservadores, en contra de los antipersonalistas, los demócrata-progresistas y otros conservadores (La Vanguardia, 25-9-1924). La posterior aprobación del Senado, con los votos de Bravo y Justo, convirtió la intervención en ley.
A mediados de 1925, la disputa se originó en San Juan y nació de los propios conflictos internos del campo antipersonalista. Al respecto, La Vanguardia explicaba que el ministro del interior y notorio líder "antipersonalista" Vicente Gallo había apoyado tal pedido, lo que no le había sido perdonado por los también "antipersonalistas" "cantonistas" sanjuaninos quienes, en alianza con los "lencinistas" mendocinos y los "moreiristas" riojanos, habrían entrado en conversaciones con los yrigoyenistas que habrían aceptado no votar la intervención a cambio del apoyo de las tres facciones cuyanas a la política de Yrigoyen (La Vanguardia, 22-6-25). Sin embargo, tales especulaciones no se vieron reflejadas en la votación de la Cámara de Diputados que, por 84 votos contra solo 3, aprobó la intervención a San Juan. El 25 de julio también el Senado, con el voto positivo de Justo y Bravo, aprobó la intervención.
A primera vista, la posición de Gallo había resultado fortalecida. Sin embargo en esos días comenzó a hablarse de su probable renuncia: La Vanguardia subrayaba que la misma no podía deberse a las posiciones en términos de gastos militares, cumplimiento de leyes obreras o cuestiones monetarias, temas en los que había completo acuerdo entre presidente y ministro, sino a la insistencia de Gallo para que Alvear decretara la intervención a la provincia de Buenos Aires, medida a la que el presidente solo daba su acuerdo si provenía de una ley del Congreso. La cuestión pareció saldada cuando el 27 de julio Gallo presentó su renuncia al Ministerio de Interior; la misma fue aceptada por Alvear, quien nombró en su lugar al antipersonalista porteño José Pascual Tamborini.
Sin embargo, al regresar a su banca en el Senado, Gallo promovió entre los otros Senadores "antipersonalistas" un proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires. El proyecto fue presentado el 8 de septiembre por el senador entrerriano Leopoldo Melo, quien lo fundó en el "estado de anormalidad en que hallaba la provincia", que, argumentaba, hacía necesario que la autoridad federal garantizara "el acto comicial" en que se habría de renovar su gobierno (La Vanguardia, 9-9-1925). La propuesta dio lugar a un editorial en el que La Vanguardia explicaba que en materia de intervenciones los socialistas tenían "una posición propia", y que por eso habían votado a favor de las intervenciones a San Juan y Mendoza en las que estaban en juego los salarios de los trabajadores, cercenados por la "moneda falsa"; pero que, en cambio, no era ese el caso en el pedido de intervención a la provincia de Buenos Aires, que obedecía a "un pleito interno del radicalismo". Se argumentaba que, si se atendía a los motivos que se alegaba para pedir la intervención, la mayoría de las provincias debían ser intervenidas. El editorial concluía:

"Al Partido Socialista no le interesa que la provincia cambie de amos, conociéndolos ¡ay¡ a todos, ni puede intervenir, aunque sea indirectamente, en pleitos internos del pseudo radicalismo, idénticos en todas las provincias, y extendidos ahora al orden nacional. En general, gobiernos como el del señor Cantilo son uno de los males de la incapacidad política del pueblo, que no puede curarlos una intervención. El Partido Socialista brega por extirparlos con empeño, instruyendo al pueblo en la defensa de sus intereses [...] Y mientras se respete su libertad de acción, no acudirá a medios extraordinarios, como la solicitud del apoyo federal, con que otros grupos o partidos, buscan suplir su impotencia, o disimular sus apetitos". (La Vanguardia, 12-9-1925)

En el curso del debate en el Senado, Juan B. Justo avanzó en definiciones sobre la posición socialista acerca de las intervenciones. Para el líder socialista aquella no se fundaba en un federalismo al que consideraba "un resabio de la época de nuestra mayor barbarie política, del año 20, cuando los caudillos [...] dieron a la sociedad argentina aquella forma semibárbara, pero entonces genuina, que acabó por cristalizarse en lo que se llama "sistema federal de gobierno" (La Vanguardia, 21-9-1925). Pero Justo explicaba que aunque los socialistas no hacían un culto de la autonomía provincial, se oponían generalmente a las intervenciones porque veían en ellas "uno de los procedimientos de violencia de la vieja política que, en alguna otra ocasión, hemos equiparado a los diferentes malos procedimientos de la política criolla, a saber: el fraude y la revuelta" (La Vanguardia, 21-9-1925).
A continuación el senador socialista explicaba la "norma" que el PS se había dado con respecto al tema:

"apoyaremos invariablemente toda intervención que se proponga contra un gobierno de provincia que tenga papel moneda local en circulación. Eso es lo que hemos hecho en el caso de Mendoza [...] Hemos resuelto apoyar toda intervención que se dirija contra gobiernos de provincia, que pongan trabas al comercio interprovincial [...] que establezcan o mantengan impuestos provinciales que graviten sobre el consumo nacional [...] En cambio, como he dicho, estamos, en principio, contra toda intervención de éstas que se llaman intervenciones políticas en el sentido estrecho y, a nuestro juicio, mezquino, de la palabra. No queremos intervenciones que tengan por único o principal objeto, o por motivo visible, pasar el poder político de unas manos a otras. Nos parece un asunto ajeno a nosotros y una detestable práctica, hoy, y en sus proyecciones para el futuro". (La Vanguardia, 21-9-1925)

El líder socialista explicaba que en esa, como en otras ocasiones, el pedido de intervención federal era un mero expediente para burlar la voluntad popular, y que por eso los socialistas votaban en contra. Finalmente, y con los votos de conservadores y antipersonalistas, y la oposición de yrigoyenistas y socialistas, el Senado nacional aprobó la intervención a la provincia de Buenos Aires. Pero Alvear, que sabía que sin el voto de los socialistas el proyecto sería rechazado por la Cámara de Diputados, no incluyó el tema entre los que debían tratar los diputados en sesiones extraordinarias. Cantilo siguió en el gobierno provincial hasta las elecciones del 6 de diciembre. En los comicios los socialistas se beneficiaron de la abstención conservadora y obtuvieron 25619 sufragios –lo que representaba un 17, 7% del total– y 22 electores, pero no constituyeron una amenaza para un radicalismo que logró 109481 votos y 92 electores (La Vanguardia, 14-1-1926), imponiendo a Valentín Vergara como gobernador.
Pasados los comicios bonaerenses, los socialistas dirigieron sus energías a las elecciones porteñas en las que buscaban revalidar el triunfo obtenido dos años antes. El principal, casi único adversario, eran los yrigoyenistas, con quienes la polémica, aunque abarcaba todos los campos, se centraba en temas de legislación social, en particular el de las jubilaciones.¹¹En el día del comicio La Vanguardia publicó un suplemento especial en el que, junto a las tradicionales críticas al personalismo y a la falta de programa de los radicales, se encontraba un artículo explicando por qué los socialistas pedían la derogación de la ley de jubilaciones. Luego de argumentar que la Ley N.º 11289 no solo disminuía los salarios sino que creaba intereses corporativos y quebrantaba la unidad obrera, el texto instaba:

"Recuerden los electores en el momento de depositar su voto en la urna electoral, que el engendro jubilatorio es obra de los legisladores radicales y que estos se opusieron cuando los socialistas pretendían derogar sus efectos y que fueran devueltos los aportes que se hicieron en virtud de lo que la mala ley ordena". (La Vanguardia, 7-3-26)

Sin embargo la mayoría de los electores no siguió la sugerencia socialista. Los candidatos yrigoyenistas alcanzaron un cómodo triunfo, aventajando por más de 15000 sufragios a la lista del PS¹². Sin ser catastrófica,¹³la derrota en el distrito que dos años antes le había dado un resonante triunfo, significó un duro golpe a la confianza socialista y generó una inquisitiva búsqueda de explicaciones. Como en otras ocasiones, la mayoría de los argumentos se centró en la denuncia de los mecanismos fraudulentos y clientelares a los que había recurrido el yrigoyenismo triunfante. Sin embargo, algunos artículos intentaron un análisis político más profundo. Fue el caso de una carta publicada por La Vanguardia en la que el dirigente del PS mendocino y futuro "socialista independiente", Ramón Morey, explicaba los motivos de la disminución del voto socialista –la incapacidad socialista para acercarse a buena parte de los votantes, puesta en juego en el debate acerca de la Ley N.º 11289–, y planteaba soluciones para revertirla: mejorar las estrategias de difusión, crear una estación de radio, y llevar adelante más campañas contra el alcohol y contra el juego.
Cuatro días más tarde La Vanguardia publicó una extensa carta en la que el diputado socialista Joaquín Coca le respondía a Morey. Por un lado, Coca manifestaba su acuerdo en la importancia que había tenido, para la derrota socialista, la oposición al proyecto de jubilaciones, pero consideraba que era ingenua la idea de que con conferencias, una estación de radio y luchando contra el alcohol y el juego podría vencerse la "demagogia yrigoyenista". El diputado socialista argumentaba que lo que era necesario era imitar a los laboristas ingleses, quienes habían enfrentado el "obrerismo" del partido liberal a partir de la presentación de "proyectos de socialización obligando a los demás partidos a definirse". En el fondo, lo que estaba en juego era el modo de recuperar el dinamismo en el PS. Coca cuestionaba a la rebelde Federación Mendocina, de la que Morey era dirigente, por el método que adoptaba al que calificaba como

"'electoralista' o que solamente se preocupa del éxito electoral, dejando al parecer de lado los intereses permanentes del socialismo, que fincan más en la clara consciencia de clase de los trabajadores y de su adhesión a la obra histórica y al pensamiento socialista, que en alguna fácil y superficial victoria en los comicios". (La Vanguardia, 29-4-1926)

Los socialistas parecían debatirse entre quienes creían que era necesario cambiar al PS para sacarlo de su "quietismo" y quienes enfatizaban la necesidad de apoyarse en las propias ideas y tradiciones para reforzar la organización. La tensión se agudizó por el nuevo retroceso que el PS sufrió en los comicios municipales de 1926. La polarización generada por la figura de Yrigoyen iba quitando espacio al PS y la tradicional respuesta defensiva no parecía poder evitar el agostamiento de las filas. Pronto los socialistas intentarían salir de la encerrona planteando una medida –la intervención a la provincia de Buenos Aires– que, por basarse en la oposición a la "Ley de Casinos", parecía aunar el afán civilizatorio con la posibilidad de conmover al sistema político todo. Sin embargo, las consecuencias del audaz proyecto acabarían repercutiendo en las propias filas, terminando de desencadenar una ruptura que se venía gestando desde tiempo atrás.

La carta más fuerte: el proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires

La cuestión que colocaría al PS en el centro de las luchas políticas y terminaría de desencadenar el más grave cisma de la historia del partido, comenzó a plantearse a mediados de febrero de 1927. El 16, durante el debate del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, los diputados yrigoyenistas de la Legislatura provincial propusieron la concesión de permisos a los Casinos, en contraparte por el pago de una patente especial. La medida obtuvo cuarenta votos a favor, provenientes de los yrigoyenistas y de los "provincialistas" –seguidores del caudillo Alberto Barceló, que se había escindido del Partido Conservador para fundar una fuerza propia– y solo 13 en contra, aportados por los conservadores y los socialistas. La propuesta, que tenía como fin aliviar las sufridas arcas provinciales, derivó en una crisis política que amenazó con modificar el escenario político nacional. El detonante fue el proyecto que Juan B. Justo remitió al Grupo Parlamentario Socialista de intervención a la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa prometía ser aprobada ya que, se descontaba, a los votos socialistas se sumarían los de conservadores y "antipersonalistas", ansiosos de quitar al yrigoyenismo su principal fuente de poder. Que hasta el momento estas fuerzas no hubieran logrado imponer una iniciativa que le quitara al yrigoyenismo su bastión, se explicaba, en primer lugar, por la negativa de Alvear a dictar la intervención por decreto; y, en segundo, por no tener estas fuerzas, votos suficientes en la Cámara de Diputados. La moción de Justo era un regalo del cielo para la oposición y parecía representar un cambio respecto del comportamiento anterior de los socialistas, quienes habían rechazado los pedidos de intervención a la provincia en 1921 y 1925.
Para preparar el clima entre las filas socialistas, acostumbradas a que el PS rehusara implicarse en la mayoría de los debates sobre las intervenciones, La Vanguardia publicó un artículo que cuestionaba la concesión de permisos a los Casinos, considerando que amenazaba con expandir "la plaga del juego" a lo largo de la primera provincia argentina, y explicando que el único fin con el que había sido adoptada era el de aportar recursos para "el fondo electoral del irigoyenismo" (La Vanguardia, 3-3-1927).
Ese mismo día el Grupo Parlamentario Socialista aceptó la propuesta de Justo y decidió que al comienzo de las sesiones ordinarias presentaría

"un proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires para reorganizar el poder ejecutivo y el poder legislativos, constituir las municipalidades acéfalas, respetando las legalmente constituidas e implantar en todo el territorio de la provincia el respeto al artículo 36ª de la constitución provincial". (La Vanguardia, 4-3-1927)

Desde la misma formulación de la propuesta comenzó a plantearse una ambigüedad que luego sería relevante: uno de los elementos a los que se hacía referencia, el artículo 36ª, que prohibía la extracción y venta de loterías y "los establecimientos públicos de juegos de azar", estaba directamente ligado con la "cuestión del juego"; pero otro, el que hablaba de la constitución de las municipalidades acéfalas, representaba un reclamo de larga data del PS que en esta ocasión se sumaba a la demanda principal. Por otro lado, el planteo se hacía público con mucha anterioridad al inicio del período de sesiones, lo que permitía preguntarse si se estaba buscando una posición de fuerza para negociar.
Por el momento, los socialistas parecían firmes en la iniciativa, planteando que se trataba de una "intervención sanitaria" (La Vanguardia, 5-3-1927)¹⁴; e, insinuando que podía no ser el único pedido de intervención propuesto por los socialistas, La Vanguardia explicaba que así como antes "las emisiones de papel moneda provincial" habían sido el motivo para intervenir Mendoza, y como en ese momento lo era "la legalización de las ruletas" para intervenir Buenos Aires, en el futuro igual medida podría dictarse "contra gobiernos que imponen gabelas provinciales sobre el azúcar y el vino que consume el pueblo entero de la república" (La Vanguardia, 7-3-1927).
La propuesta no dejó de suscitar conflictos en las propias filas socialistas. El 15 de marzo la conducción del socialismo bonaerense hizo pública una declaración que señalaba que ante cuestiones tan importantes como intervenir una provincia se hacía necesario realizar previas consultas. Además la conducción provincial avanzaba sobre el fondo de la cuestión, señalando que la violación por ley de un principio de la Constitución provincial no autorizaba la ingerencia del poder nacional. El último considerando abordaba el impacto de la medida en el escenario político nacional, al afirmar que si bien la intervención no sería suficiente para lograr acabar con el juego, tendría, en cambio, efectos más extensos, "afectando la política general del país, sacando de ellos provecho fuerzas o grupos políticos que ningún punto de contacto tienen con la obra profundamente renovadora de nuestro movimiento" (La Vanguardia, 15-3-27).
La respuesta llegó a través de un artículo de La Vanguardia que explicaba que los legisladores nunca habían entendido la autonomía de su función, en el sentido de ignorar la opinión de las secciones provinciales del partido, ejemplificando tal posición en la consulta que habían hecho a la Federación Provincial en 1925, en ocasión de un anterior pedido de intervención. Pero, se recordaba, aquel pedido obedecía "a fines políticos estrechos" y a "pretextos constitucionales mezquinos", como la proporción entre juzgados de paz y distritos electorales, o la presencia de diputados suplentes. Si ahora, se explicaba, no había habido consulta era porque "los legisladores socialistas tienen tan clara y firme convicción sobre el asunto, que para ellos 'no será necesario consultar'". Por otro lado, el diario socialista respondía a quienes cuestionaban la ventaja que obtendrían los sectores antiyrigoyenistas, al afirmar:

"Y si en el largo y rudo batallar contra el privilegio, contra la barbarie, la corrupción y el despotismo, podemos ocasionalmente apoyarnos en la disensión de las facciones oligárquicas, en Buenos Aires, en Córdoba, en Cuyo, en Santa Fe, en Tucumán, no dejemos de hacerlo". (La Vanguardia, 15-3-1927)

Mientras los socialistas discutían acerca de la propuesta de intervención, los yrigoyenistas comenzaban a dudar de la conveniencia de mantener una legislación que podría costarles su bastión electoral. El 18 de marzo el bloque radical de la Legislatura bonaerense comenzó a rever la "Ley de Casinos" aprobada solo un mes antes. Finalmente, el Senado provincial aprobó una minuta pidiendo al Ejecutivo provincial que, una vez terminada la temporada de verano, se retiraran las patentes a los Casinos¹⁵.
Pero los socialistas no se daban por satisfechos con el retroceso radical. La Vanguardia sostenía que la minuta del Senado, que en lugar de derogar la "Ley de Casinos" se limitaba a pedir al Ejecutivo que retirara la autorización a las ruletas, era "una torpe y floja simulación". Y concluía: "Es necesario que sea abrogada por la legislatura la infame ley" (La Vanguardia, 21-3-1927).
Ese señalamiento, que fijaba las condiciones que podían conformar al PS, dejaba ver cierta satisfacción de los socialistas por la relevancia y el poder nacidos de la iniciativa. Ese nuevo sentimiento era puesto de manifiesto también por un editorial de La Vanguardia que afirmaba que aquellos que dudaban de "la eficacia política del socialismo" debían presenciar cómo habían obligado "al gobierno bonaerense "a volver sobre sus pasos". Pero el diario socialista también buscaba responder a otros "agoreros": aquellos que planteaban que el rechazo de los legisladores bonaerenses ponía de manifiesto que el PS vivía "una grave crisis interna". Ante ello contestaba que la diferencia entre legisladores nacionales y provinciales era solo "de forma, o de procedimiento" y que cuando la intervención hiciera necesaria la lucha por mejorar la situación en la provincia, la colaboración sería estrecha. Sin, embargo, y dejando ver que el conflicto era profundo, apelaba a la instancia final con la que la conducción nacional había superado varios desafíos:

"Y si uno y otros hubieran errado respecto a los medios de conseguir el objetivo común, los centros, los congresos, o el voto general del partido dirán, en caso necesario, su última palabra, que todos acataríamos, sirviéndonos de lección y guía para el porvenir". (La Vanguardia, 22-3-1927).

El voto general fue el instrumento al que apelaron también los socialistas bonaerenses para intentar reforzar su posición. El 29 de marzo, la conducción de la Federación Socialista Bonaerense reafirmó su disidencia convocando a los socialistas bonaerenses a responder si debía intervenirse la provincia, tal como lo proyectaba el Grupo Parlamentario Nacional (La Vanguardia, 14-4-1927). Tal convocatoria mereció la respuesta del secretario general interino del PS, Jacinto Oddone, quien el 9 de abril envió a la conducción del socialismo bonaerense una nota afirmando que el llamado al voto general de los afiliados de la provincia era "inconducente" debido a que las resoluciones de los parlamentarios solo podían ser revisadas por un Congreso o por el voto general de todos los afiliados del partido (La Vanguardia, 14-4-1927). Sin embargo, la conducción provincial mantuvo la convocatoria, aunque reconociendo que la misma no tenía la potestad de cambiar las posiciones del Grupo Parlamentario Nacional, y reafirmó el argumento que sostenía que el pedido de intervención dañaría gravemente y por muchos años el desarrollo del socialismo en la provincia (La Vanguardia, 14-4-1927).
La cuestión dividía las aguas del socialismo bonaerense. La disputa hizo que el CE del PS diera a conocer un largo manifiesto que explicaba que la propuesta de intervención, que por responder a fines superiores y llevarse a cabo gracias al voto de los diputados nacionales socialistas, acrecentaría la importancia de la acción socialista en la provincia de Buenos Aires y en la República entera. Sin embargo, esa rotunda demostración de confianza era inmediatamente relativizada y reemplazada por una afirmación de pureza doctrinaria que no debía tranquilizar a los líderes del socialismo provincial. Así, se preguntaba:

"¿Qué significaría la pérdida momentánea de alguna banca legislativa frente a la posibilidad de imprimir un nuevo y buen sello socialista a la política de intervención nacional en las provincias y de comprometer contra el juego, como institución pública, el voto de hombres que hasta ahora han rendido culto al azar?" (La Vanguardia, 20-4-1927)

Mientras la discusión continuaba, el Grupo Parlamentario Nacional aprobaba el proyecto de intervención a la provincia que había preparado Adolfo Dickmann (La Vanguardia, 26-4-27).¹⁶La inminente propuesta de intervención profundizaba la ya profunda enemistad que enfrentaba a socialistas e yrigoyenistas. Así lo dejaba ver el Editorial que La Época dedicaba al acto con el que el PS conmemoraba el 1º de Mayo, donde explicaba que "la secta" había salido a la calle llevando "sus rojas banderas (que) eran una bravata contra el sentimiento patrio". A la tradicional crítica, de tono xenófobo, contra el "extranjerismo" de los socialistas, se unía la denuncia del "contubernio" que los enlazaba con las fuerzas del "régimen"; era esta alianza, se explicaba, la que había infundido a los socialistas un coraje que no tenían, "insuflando vida a sus fuerzas moribundas" (La Época, 2-5-1927). Un día más tarde, La Época dedicaba otro editorial a los socialistas dejando en claro cuál era el objeto de ese "contubernio": la intervención a la provincia de Buenos Aires. El diario radical señalaba que, por su falta de fundamento, la medida propuesta no era legal ni legítima, sino "un malón brutal e irresponsable ¡un malón encabezado por los directores socialistas! [...] Veremos quien prevalece, si los torpes rencores de la secta, a sueldo electoral del contubernio, o la voluntad sana, honrada y libre del pueblo de la nación" (La Época, 3-5-1927).
Sin embargo, en las filas socialistas comenzaban a surgir signos de que la propuesta de intervención podía ser abandonada. A un artículo comentando el mensaje de apertura de las sesiones legislativas del gobernador Vergara, que concluía señalando que se esperaba que la intervención no se demorara (La Vanguardia, 6-5-1927), lo seguía, solo un día después, un editorial que explicaba qué debían hacer los yrigoyenistas, que tanto temían la intervención, para evitarla (La Vanguardia, 7-5-1927). Abriendo una puerta a una posible salida política a la situación, declaraba:

"Ya hemos dicho que si no es derogada inmediatamente la ley de patentes a los casinos [...], la intervención habrá de producirse indefectiblemente, en cuanto de nuestros parlamentarios dependa. [...] El remedio de tanta desgracia que tanto parece temer el yrigoyenismo está en las manos del gobierno y de la legislatura de la provincia". (La Vanguardia, 7-5-1927)

Esa salida política pareció reforzarse una semana más tarde cuando el yrigoyenismo, que al mismo tiempo estaba movilizando a sus partidarios en contra de la intervención, propuso la municipalización de los hipódromos de la provincia (La Época, 14-5-1927). Los socialistas reconocieron en la iniciativa uno de los "primeros frutos" de la propia campaña contra los juegos de azar (La Vanguardia, 15-5-1927), pero la rechazaron considerando que los hipódromos debían cerrarse, y que los radicales transformaban lo que debía ser "un combate a muerte contra el vicio" en "una guerrilla contra el Jockey Club" (La Vanguardia, 17-5-1927).
Pero las fuerzas que hacían imperativo un acuerdo no solo operaban en las filas radicales sino también en las socialistas, agitadas por la dura oposición planteada por la conducción provincial. El 18 de mayo los miembros del Grupo Legislativo provincial presentaron la renuncia a sus bancas argumentando que, en desacuerdo con la propuesta de intervención, habían planteado un voto general en el que los afiliados de la provincia habían desautorizado su posición (La Vanguardia, 19-5-1927). La decisión motivó una nota de la redacción de La Vanguardia deplorando la actitud y el CE del partido pidió que las renuncias fueran retiradas (La Vanguardia, 19-5-1927).
El mismo día, la Legislatura provincial comenzó a tratar un proyecto que, ahora sí, proponía la derogación de la Ley de Casinos y la supresión de los hipódromos. Mientras se trataban los proyectos, radicales y socialistas continuaban su agitación callejera: los primeros se movilizaron en La Plata y en la Capital Federal para oponerse el "atroz atentado contra Buenos Aires" (La Época, 20-5-1927) y el PS también convocó a un mitin contra el juego y en apoyo al pedido de intervención, que tuvo lugar el día 27 (La Vanguardia, 28-5-1927). Al día siguiente, cuando los socialistas aún celebraban la gran concurrencia que había tenido la reunión, la Legislatura bonaerense sancionó una ley prohibiendo la venta de loterías, el funcionamiento de hipódromos y todo tipo de apuestas en el territorio provincial. La propuesta fue cuestionada por conservadores y provincialistas, pero al ser apoyada por los legisladores yrigoyenistas, que eran mayoría, y por los socialistas, que para la ocasión suspendieron la presentación de sus renuncias, fue aprobada (La Vanguardia, 29-5-1927).
En el último día del mes de mayo el proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires pasaba a ser cosa del pasado. Esa mañana se reunió el Grupo Parlamentario Socialista que, luego de deliberar acerca de si "después de los hechos producidos en la legislatura de Buenos Aires" subsistían los motivos que habían llevado a proyectar tal intervención, decidió, por catorce votos contra seis, retirar el pedido.¹⁷A comienzos de junio el Grupo Socialista Parlamentario hizo público un manifiesto en el que explicaba "al pueblo" que el proyecto de intervención a la provincia de Buenos Aires había dado "los mejores frutos que de él debían esperarse" y que por ello no era necesario mantenerlo. Los parlamentarios socialistas argumentaban que al desistir de la intervención el PS mostraba que actuaba "por impulso propio"¹⁸, y concluía:

"Si el partido obrero aúna su esfuerzo alguna vez al de alguna otra entidad política será previo reconocimiento público de los propósitos comunes inmediatos. El PS trabaja en bien del pueblo productor pensando alto, hablando claro y haciendo valorar sus palabras. Mientras no consiga acallar las vanas rencillas de la política criolla, se valdrá de ellas, siempre que pueda, en bien del pueblo y del progreso político y social de la república". (La Vanguardia, 3-6-1927)

El retiro de la propuesta de intervención fue saludado por los yrigoyenistas, quienes afirmaban que el "desistimiento" había producido "un sentimiento de patriótico alivio y profunda satisfacción" y aún un "júbilo nacional" (La Época, 1-6-1927).
Sin embargo, y previsiblemente, el cambio de posición fue duramente fustigado por quienes en días pasados habían apoyado la iniciativa socialista, en particular la gran prensa. Las críticas al retiro de la propuesta de intervención no solo provenían de fuera del partido: a mediados de junio comenzaron a dejarse oír las voces de los opositores internos, entre los que se encontraban muchos legisladores y dirigentes partidarios. Poco tiempo después, y en medio de durísimas acusaciones, los "disidentes" abandonaron las filas del PS provocándole no solo una gran sangría sino una de las más duras derrotas de su historia.

El gran cisma

La posición adoptada ante la cuestión bonaerense suscitó un episodio más, el último y definitivo, en la larga disputa que enfrentaba a la vieja conducción socialista encabezada por Justo, con el núcleo encabezado por de Tomaso. El desencadenante final de la ruptura fue el envío –por parte del diputado socialista Raúl Carballo, quien había votado el desistimiento de la intervención a la Provincia de Buenos Aires–, de una carta que cuestionaba el manifiesto con el que el Grupo Parlamentario Socialista había explicado tal política. Como la carta fue rechazada por La Vanguardia, Carballo la publicó en el diario Crítica.
Más allá de los contenidos,¹⁹la práctica de publicar críticas a la política del PS en medios distintos a La Vanguardia era tradicionalmente rechazada por los socialistas, y fue repudiada por los otros integrantes del Grupo Parlamentario. Sin embargo, estos se dividieron en torno a quién debía aplicar las sanciones: mientras nueve miembros del Grupo apoyaron la moción formulada por Repetto que excluía a Carballo de su seno, otros nueve adhirieron a la de Bunge, que remitía la cuestión al siguiente Congreso partidario (La Vanguardia, 9-6-1927). La situación estaba empatada.
El 14 de junio Carballo remitió una nueva carta a La Vanguardia en la que planteaba duros cargos contra la conducción partidaria:

"Los mismos hombres que fueron mayoría en el núcleo que votó y luego
retiró la intervención a Buenos Aires [...] son los mismos hombres que constituyen la mayoría del núcleo que vota que se someta mi renuncia al voto general aconsejando su aceptación y, finalmente, son los mismos hombres que forman mayoría en el núcleo que dirige nuestro órgano oficial que ha de dar publicidad a la discusión que sobre mi actitud puede suscitarse". (La Prensa, 15-6-1927)

La nueva carta no fue publicada inmediatamente por La Vanguardia y por ese motivo su autor la envió al diario La Prensa. Esta decisión terminó de sellar su situación, ya que el Grupo Parlamentario Socialista decidió por unanimidad –aunque con la ausencia de los Diputados de Tomaso, González Iramain, Remedi, Muzio y Revol– que Carballo se hallaba "inhabilitado moralmente para seguir ocupando una banca parlamentaria en representación del Partido Socialista" (La Vanguardia, 16-6-1927).
Dos días más tarde, La Vanguardia sostenía que Carballo estaba empeñado "en una campaña derrotista inconcebible" para un socialista, agregando que utilizaba para ello "los órganos de publicidad de todas las categorías y tendencias". El artículo hacía referencia a un "suelto" en el que el diario La Razón informaba que Carballo publicaría una serie de cartas "en las que haría el examen y proceso a fondo de la entidad política a que está afiliado" (La Vanguardia, 18-6-1927).
Los diferentes periódicos de la Capital daban cuenta del duro debate, viendo además en el importante conflicto que pocos días después paralizaba el Congreso de la estratégica Federación Socialista de la Capital Federal,²⁰un nuevo síntoma de la inminente fractura del PS. Previsiblemente, tal interpretación fue rechazada por La Vanguardia, que repitió el tópico tradicional que afirmaba que "la prensa burguesa" no era capaz de ver que los Congresos socialistas eran vitales y una "escuela de la democracia" (La Vanguardia, 29-6-1927). El 1º de julio, el diario La Nación publicó una dura nota en la que señalaba la existencia de un profundo conflicto que amenazaba dividir al PS. El diario de los Mitre subrayaba que el conflicto obedecía a motivos que no eran nuevos, y que se habían ido acentuando durante años debido al "predominio ostensible de un círculo que imprime a la actividad del socialismo en nuestro país un rumbo que excluye la influencia normal de elementos de espíritu más elástico y que por su temperamento se resisten a esa rígida jefatura" (La Nación, 1-7-1927). La Nación afirmaba que el PS estaba tan afectado por la "política criolla" como las fuerzas que criticaba, y que en sus filas la "lógica gravitación de las personas de talento" había superado lo razonable, volviéndose una "dictadura" agravada por la intolerancia de quienes se creían "despojados de toda imperfección" (La Nación, 1-7-1927).
En su respuesta, La Vanguardia ironizaba acerca del alejamiento de la tradición liberal por parte del diario de los Mitre y, luego de justificar lo actuado por el Grupo Parlamentario y el CE del PS, concluía: "No se preocupe pues, 'La Nación', por la salud mental y moral del Partido Socialista. Deje que los socialistas gobiernen su propia casa, y puede estar segura que la gobiernan y la gobernarán bien." (La Vanguardia, 1-7-1927).
Pero la situación en el PS estaba lejos de la tranquilidad que quería trasuntar esta respuesta. Ese mismo día El Diario publicaba un manifiesto sin firma titulado "El Partido Socialista y la dictadura interna. A los compañeros afiliados" (El Diario, 1-7-1927). Al día siguiente Crítica publicaba el mismo documento, seguido de la firma de diez diputados –Bunge, de Tomaso, González Iramain, Muzio, de Andreis, Tolosa, Spinetto, Remedi, Revol y Belisle– y dos concejales socialistas –Manacorda y González Maseda–. El duro documento afirmaba que lo que los movía a dirigirse a los afiliados no era "la incidencia del Diputado Carballo en si misma", sino algo más grave y más general, que el procedimiento seguido para someterlo a juicio político había puesto en evidencia. El documento cuestionaba las prácticas del CE, del Grupo Parlamentario y de la Dirección de La Vanguardia, señalando que habían conducido "la realización del voto general de un modo antidemocrático y con un procedimiento de autocracia que no puede admitirse en silencio". Y concluía: "educados y formados en las filas del Partido, sabemos perfectamente distinguir entre disciplina democrática y dictadura, y entre consideración personal debida al valor de los militantes, y sometimiento" (Crítica, 2-7-1923).
La acusación se hacía explícita, y con ella se acuñaba uno de los motes con los que los "independientes" llamarían a quienes permanecieran en el viejo PS: se decía que en el Partido imperaba una "dictadura ensoberbecida", ejercida por miembros que acaparaban todos los cargos de dirección partidaria, y por eso se hablaría de "dictatoriales".
La respuesta de la conducción no se hizo esperar. La Junta Ejecutiva de la Federación de la Capital Federal publicó un documento que luego de desmentir la existencia de una "dictadura" en el Partido y los planteos de quienes afirmaban que en el PS se cerraba el paso a los jóvenes, devolvía la pelota a los "protestantes". Así, afirmaba que quien había impuesto la práctica de no publicar notas injuriosas contra la conducción de La Vanguardia había sido el propio de Tomaso, cuando su tarea como director del diario había sido cuestionada por los "terceristas".
También la Junta Ejecutiva de la Federación Bonaerense rechazó las acusaciones de los disidentes: negó que el PS estuviera gobernado por una oligarquía, señalando que las autoridades habían surgido del voto general que representaba a los afiliados de toda la República; y volvió sobre el tema que la había afectado directamente, y que había desatado la disputa: la cuestión de la intervención a la provincia. Al respecto planteaba:

"El Partido Socialista no puede ni debe por medios arbitrarios y legales, asimilándose a las facciones de la política criolla, pretender resolver el problema de la próxima renovación presidencial, como, en definitiva, se quiere hacerlo encubiertamente por el grupo de adherentes que ejercen cargos representativos. Por ello, la intervención a la Provincia, en que se insiste por parlamentarios firmantes de uno de los documentos que nos ocupan, importaría transgredir la rectitud y honestidad de los procedimientos democráticos que son la esencia de nuestro movimiento". (La Vanguardia, 4-7-1927)

Por último, la Junta Bonaerense afirmaba que cualquier reclamo o cargo que quisiera hacerse a las autoridades partidarias debía ser sustanciado en el Congreso que tendría lugar a mediados de agosto (La Vanguardia, 4-7-1927).
Sin embargo, la situación se precipitó: el PS no llegó unido a ese momento y el Congreso mismo debió postergarse. El 4 de julio el Comité Ejecutivo resolvió, por unanimidad²¹ "denunciar ante los afiliados" la actitud de los diputados y concejales que habían firmado el documento publicado en la prensa, por considerar su acción "como disolvente y destructiva de la organización y de la vida del Partido". Pero si en el caso de los legisladores la situación debía ser remitida a un voto general, al que el Comité Ejecutivo convocó, los afiliados que habían firmado el segundo y más duro documento debían ser expulsados inmediatamente (La Vanguardia, 5-7-1927). Los diputados "disidentes" intentaron protestar por estas resoluciones y enviaron una nota a La Vanguardia, pero esta no fue aceptada, por lo que decidieron publicarla en otros medios (Libertad, 25-1-1928). La misma cuestionaba nuevamente el accionar del CE y de la redacción del diario socialista, pero daba el paso definitivo hacia la ruptura al manifestarse en solidaridad con los afiliados expulsados y "reclamar" para sí el mismo trato (La Nación, 6-7-1927).
La ruptura era un hecho²²y comenzaba la disputa por los bienes. La Vanguardia afirmaba que sería el colmo "de la desvergüenza y el escándalo" que los "disidentes" que abandonaban el PS pretendieran retener sus bancas. Al mismo tiempo comenzaban las explicaciones sobre la ruptura. La primera, planteada en un manifiesto inusualmente largo del CE, refería a cuestiones internas del partido: en particular, a la resistencia de los disidentes a la implantación del voto general para la elección de la conducción partidaria, práctica que había vuelto a colocar dicha conducción en manos de Justo y del viejo grupo dirigente. La segunda, sostenida por Esteban Dagnino en un editorial de La Vanguardia, se ligaba a la cuestión del lugar del PS en la política nacional. Dagnino sostenía que lo que no se toleraba era que el PS tuviera

"su política propia, autónoma, abierta, sin doble fondo, ajena a los tejemanejes en uso entre los aventureros y politicastros del nuevo y viejo régimen Lo que se quiere, en una palabra, es un PS blando, acomodaticio, servicial, elástico, siempre dispuesto a servir de juguete en manos de esta o aquella fracción de la política criolla, para inclinar el fiel de la balanza de un lado o de otro, con el objeto que algunos figurones sientan plaza de sumos estrategas y manipuladores de situaciones determinadas. El sueño de esta gente, su ideal más preclaro, es un socialismo sin 'sectarismos', bueno para todos los casos, engominado, pulcro, 'razonable' y 'discreto', fácil de conformar y de ser manejable desde afuera..." (La Vanguardia, 9-7-1927)

Este "sueño imposible" de las fuerzas de la "política criolla" parecía haberse realizado, señalaba Dagnino, con el surgimiento de los disidentes "tránsfugas y advenedizos que hacen del socialismo el trampolín para escalar posiciones", quienes habrían de prestarse dócilmente "a servir los planes de la reacción" (La Vanguardia, 9-7-1927).
Las cartas estaban sobre la mesa. El 11 de julio los "disidentes" hicieron público un manifiesto de ruptura en el que, como dejaba ver su título "Estamos donde estábamos" (Crítica, 12-7-1927), reafirmaban a la vez su distancia con la conducción del PS y su pertenencia a la tradición socialista. Las agrupaciones escindidas formaron un "Comité de Acción", que organizó el Congreso Constituyente que, bajo la presidencia de Antonio de Tomaso declaró, el 7 de agosto de 1927, la fundación del Partido Socialista Independiente.

Conclusiones

Se ha subrayado frecuentemente que los socialistas plantearon una fuerte distancia respecto de los radicales, la que se acentuó con la disputa en la arena política porteña y con la llegada de Yrigoyen al gobierno nacional. Sin embargo, no ha sido suficientemente enfatizado que el mismo "espíritu de escisión"²³imperante en las filas socialistas, bloqueó también todo posible acercamiento con las fuerzas que se oponían al yrigoyenismo.
La principal consecuencia de ese doble bloqueo la conversión del PS en una fuerza que, a pesar de contar con un caudal electoral y una representación institucional relevantes, tenía poco peso en la dinámica del sistema político. Es cierto que en la explicación de esa menor influencia juegan un papel las instituciones políticas argentinas, en particular, como ha señalado Gerardo Scherlis (2005: 456-458), el sistema presidencialista, el Senado y la estructura federal misma del Estado, dimensiones que los propios socialistas cuestionaban y se proponían reformar. Sin embargo, creemos que es necesario subrayar que también contribuyó a restarles influencia la propia agenda política propuesta por los socialistas, que por un lado se centraba en reformas sociales y fiscales, temas que posibilitaban que se unieran en su contra los votos de radicales y conservadores; y que por otro subestimaba la importancia de debates "políticos", como los ligados a las intervenciones federales o a los diplomas de los legisladores nacionales, cuestiones que constituían el auténtico escenario en el que se dirimían los conflictos políticos de la época. Como señala Tulio Halperin Donghi (1994), la situación de orgulloso aislamiento en que el PS se encontraba dentro de la política argentina lo privaba de toda posibilidad política que no fuera revolucionaria, pero, a la vez, se trataba de un partido sin vocación revolucionaria. Esta impotencia socialista fue planteada por algunos contemporáneos. Así, en 1926, Lisandro de la Torre afirmaba:

"El socialismo argentino, a diferencia de los europeos, no aspira a colaborar con el gobierno. Es una máquina de oposición y de destrucción. Los comunistas tienen un lema peligroso, pero lógico: destruir para crear. Destruir por destruir, solo puede ser una finalidad para los que no saben lo que quieren. El doctor Justo, al cerrar a su partido a la vez el camino revolucionario y el gubernamental, lo ha metido en un callejón sin salida, condenándolo a la impotencia perpetua". (de la Torre, 1952: 207)

Como señalaba el líder demócrata-progresista, el PS estaba confinado a un lugar menor en la política argentina, que no podía ser disimulado ni con formulaciones doctrinarias ni con el desarrollo organizativo que en 1927 era coronado mediante la inauguración de la "Casa del Pueblo" en Buenos Aires.
Sin embargo, desde un punto de vista menos negativo, podemos señalar que la misma excentricidad del partido, y su alejamiento de las disputas que enfrentaban a las fuerzas políticas dominantes –irremisiblemente divididas por la posición adoptada frente al yrigoyenismo–, podría haberle permitido a los socialistas ocupar una posición de arbitraje, adoptando un papel de "amortiguador" y "enlace" (Duverger, 1957: 320-321), positivo para el mantenimiento del sistema político. Los propios socialistas percibieron, aunque solo en ocasiones, este papel "amortiguador" que, en buena parte por su exterioridad en relación con las disputas centrales de la política argentina, les tocaba cumplir. Ante un escenario marcado por la dura lucha entre personalistas y antipersonalistas, La Vanguardia apelaba al argumento del equilibrio para pedir el voto de la "ciudadanía consciente":

"Para un buen ciudadano argentino, capaz de reflexionar con serenidad y gran altura de miras, el problema no consiste en decidir el voto entregándolo a alguna de las dos fuerzas que quieren excluirse en una lucha sin cuartel. El problema consiste, precisamente, en lo contrario: alejarse de uno y otro bando para afirmar la propia voluntad cívica votando por los candidatos del PS [...] que, en estos momentos de lucha enconada y exterminadora entre las dos fracciones de la política criolla puede servir como un eficaz contrapeso de los bajos instintos y un factor eficaz de la cultura cívica y de la estabilidad del gobierno legal". (La Vanguardia, 17-12-1927)

En el momento de plantearlo, el argumento correspondía a una situación pasada, a la que los socialistas deseaban regresar: el texto de La Vanguardia corresponde a diciembre de 1927, momento en que la figura de Yrigoyen se había convertido en el eje que dividía al espacio político nacional, separando no solo a los radicales, sino también a los propios socialistas. Ya se había producido la ruptura de los "socialistas independientes", quienes apelando a una "política de poder" y rechazando el papel pasivo del PS, se sumarían a la coalición anti-yrigoyenista.
El equilibrio se había roto, y las debilitadas fuerzas del PS que rechazaban a ambos bandos en disputa –y, con ello, intentaban desconocer la potencia estructurante de la "frontera" yrigoyenista–, se mostrarían impotentes. Mientras tanto, las fuerzas ubicadas a ambos lados de dicha frontera marchaban hacia el choque final. En ese enfrentamiento los "socialistas independientes" no jugarían un rol pasivo, ni siquiera secundario, sino que serían actores principales de la coalición que acabaría con el gobierno constitucional.

Notas

* Este artículo retoma algunos de los temas trabajados en mi tesis doctoral en Historia, defendida en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco la dirección del Dr. Gallo y los comentarios que, en ocasión de la defensa de tesis, hicieron los jurados, los Dres. Hernán Camarero, Carlos Herrera y Dora Barrancos. También agradezco a la Dra. Paula Canelo por la atenta lectura, que me permitió reelaborar aspectos del texto original.

1 Tampoco Richard Walter –en un trabajo que constituye el mayor esfuerzo de síntesis sobre los primeros cuarenta años del socialismo argentino– considera que en el "cisma" estuvieran en juego cuestiones ideológicas sino simplemente, quien dominaba en la organización (1977: 208).

2 Un ejemplo lo encontramos cuando, a fines de 1909, y en vistas a los comicios de 1910, algunos dirigentes socialistas, entre los que se contaban Alfredo Palacios y Antonio de Tomaso, defendieron la posibilidad de una "concentración" que reuniera a las fuerzas que se oponían al gobierno de José Figueroa Alcorta: radicales, cívicos y socialistas. El muy joven de Tomaso argumentaba que, así como los socialistas europeos habían establecido coaliciones electorales temporales, en la Argentina era posible la formación de una coalición opositora que obtuviera reformas democráticas como la representación de las minorías. Y concluía planteando: "Sin apartarnos un ápice de nuestra conducta política intachable...no podemos alejarnos o alejar de nosotros a fuerzas opositoras populares que han resuelto ir a las urnas con el propósito de practicar el sufragio, porque no tienen un programa definido como el nuestro. El PS puede ser la fuerza más enérgica de la concentración, puesto que es un partido orgánico. Él puede aportar al movimiento más conciencia. ¡Qué la austeridad no sea anquilosante!" (La Vanguardia, 6-11-1909). Los planteos de Palacios y de Tomaso no encontraron eco en la conducción socialista, que se mantuvo en la ya tradicional "actitud de aislamiento y quietismo" (Martínez Mazzola, 2005: 96). La "concentración opositora" no se produjo, los radicales no se presentaron a elecciones y socialistas y cívicos marcharon cada uno por su lado.

3 La "cuestión internacional", desencadenada en abril de 1917, a partir del hundimiento del velero argentino Monte Protegido por parte de un submarino alemán, enfrentó a quienes propiciaban la ruptura de relaciones con Alemania con el sector "internacionalista" que sostenía que se debía "combatir la guerra" sin inclinarse por ninguno de los contendientes. La primera posición era apoyada por el Grupo Parlamentario Socialista y la mayoría del Comité Ejecutivo; la segunda, por la mayor parte de la militancia obrera y juvenil. Aunque los "internacionalistas" obtuvieron la mayoría en el Tercer Congreso Extraordinario, los parlamentarios mantuvieron sus posiciones "rupturistas" y, ante los previsibles cuestionamientos, sometieron su renuncia a un voto general. El aval que el mismo dio al oficialismo partidario condujo al abandono de las filas por parte de los sectores "internacionalistas" que a comienzos de 1918 fundaron el Partido Socialista Internacional.

4 "Tercerista" se denominó al grupo de militantes socialistas que, ante la crisis del movimiento socialista internacional, propuso la incorporación del Partido Socialista a la Internacional Comunista o Tercera Internacional. En el Cuarto Congreso Extraordinario del PS, que tuvo lugar en Bahia Blanca en enero de 1921, dicha incorporación fue rechazada. Poco tiempo después, la mayoría de los "terceristas" decidió el ingreso "sin condiciones" al Partido Comunista.

5 Poco tiempo después, el diputado renunciante creó, junto a Esteban Jiménez, Acción Socialista, una revista de pretensiones teóricas pero en la cual la prédica opuesta al grupo conducido por de Tomaso se hizo notoria.

6 El conflicto también se expresó en la moción que Carlos Manacorda presentó ante el CE censurando las denuncias que Repetto formulaba desde Acción Socialista, aprobada con los votos de Bunge, di Tella, González Iramain, González Maseda, Manacorda y Revol, y con la oposición de Justo, Oddone y Muzio (La Vanguardia, 11-2-1924).

7 Coca citaba como prueba del "contubernio" con los antipersonalistas la decisión del bloque socialista de apartarse de la tradición partidaria, apoyando, en la votación de la Presidencia de la Cámara de Diputados, al antipersonalista Mario Guido, en lugar del candidato de la primera minoría, el yrigoyenista Andrés Ferreira.

8 El resultado era consecuencia de la abstención del radicalismo, lo que hizo posible que con solo 1871 votos, un 5,09% del total, el socialismo cordobés hiciera ingresar a la Cámara a los diputados Ricardo Belisle, Edmundo Tolosa y Juan Remedi (La Vanguardia, 22-3-1924). Los comicios cordobeses hacían posible que, por primera vez, el PS obtuviera diputados nacionales por el interior del país, pero el aval que daría a unas elecciones en las que había participado una minoría de la población, apenas el 20% de los votantes registrados, sería motivo de futuros enfrentamientos, no solo con los radicales sino también con los demócrata-progresistas.

9 El conflicto entre los "incondicionales" a Yrigoyen y quienes, buscando la benevolencia de Alvear, se oponían a él, salió a la luz aún antes del recambio presidencial, con el cuestionamiento que el órgano yrigoyenista La Época hizo de varios de los miembros del nuevo gabinete. Sin embargo, las tensiones en las filas radicales solo alcanzaron el punto de la escisión en 1924, cuando la disputa por el control del Comité de la Capital, en manos de los yrigoyenistas, condujo a la formación de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, sector que procedió a darse su propia conducción nacional y a conformar sus bloques legislativos. El enfrentamiento encarnizado entre yrigoyenistas y "antipersonalistas" ha sido usualmente leído como un episodio más de un antagonismo ideológico y social más permanente que, pasando por los conflictos entre "galeritas" y "peludistas", y "concurrencistas" y "abstencionistas" remitía incluso a la oposición entre "unitarios" y "federales" (Alen Lascano, 1986: 22). Sin embargo, como señala Persello, el "antipersonalismo" no era la traducción organizativa de una sempiterna a la legalista y conservadora del radicalismo sino la reunión de "todos los que se oponían, por razones diversas, al liderazgo yrigoyenista y vieron la oportunidad de substituirlo" (Persello, 2007: 60-61). Esta heterogeneidad interna –y en particular las diferencias que existían entre los referentes nacionales del antipersonalismo como Vicente Gallo y Leopoldo Melo, respecto del "populismo" de los "lencinistas" mendocinos y de los "cantonistas" sanjuaninos– constituía un elemento que a la vez complejizaba la arena política y aumentaba el peso político de los socialistas.

10 Desde su incorporación en el artículo 6º de la Constitución Nacional, que autorizaba al gobierno nacional a intervenir en el territorio de cualquiera de las provincias, constituyó una de las claves decisivas del sistema político argentino. Sin embargo, como señala Natalio Botana, la lógica con que se aplicó tal institución varió con el tiempo. Si antes de 1880 se apeló a la intervención como una medida excepcional que cubría "con un manto de legalidad, la marcha de los ejércitos que buscaban imponer, desde posiciones antagónicas, su concepción del orden"; a partir de esa fecha la medida fue empleada por gobiernos nacionales que buscaban "controlar las oposiciones emergentes dentro y fuera del régimen institucional" (Botana, 2005: 149). Con la llegada de Yrigoyen al gobierno la práctica de la intervención mantuvo, y aún acentuó, su vigencia pero su "espíritu" cambió, considerándosela "como instrumento de una empresa de redención nacional proyectada sobre un horizonte apocalíptico en que el bien libra su batalla contra el mal" (Halperin Donghi, 2000: 196). Al asumir Alvear la presidencia, su ministro del interior, José Nicolás Matienzo, intentó limitar la aplicación de la norma. Sin embargo, como veremos en el cuerpo del artículo, su sucesor Vicente Gallo, intentaría hacer un uso amplio de la misma, pero ahora para desarmar las posiciones yrigoyenistas en las provincias.

11 En 1923 el gobierno de Alvear había propuesto la ampliación de un régimen jubilatorio, que hasta el momento alcanzaba a una pequeña parte de los trabajadores, siendo los ferroviarios el principal sector cubierto. La propuesta, convertida en Ley N.º 11289, recibió el rechazo frontal de las organizaciones empresariales pero también del movimiento organizado que, en rechazo a los descuentos salariales, convocó a una huelga general. Finalmente, y ante la movilización obrera y patronal, el gobierno de Alvear decidió terminar con los descuentos. Sin embargo el tema no estaba cerrado, no solo porque los aportes descontados no fueron devueltos, sino porque los legisladores radicales, en particular los yrigoyenistas, insistieron por años acerca de la necesidad de aplicar la Ley N.º 11289.

12 El más votado de los candidatos radicales, Leopoldo Bard, obtuvo 79492 sufragios, en tanto el primero de los socialistas Adolfo Dickmann, recibió 63589 votos. El antipersonalista Vicente Gallo logró 37530 sufragios, y José Penelón del Partido Comunista, 4389 votos. Julieta Lanteri Renshaw del Partido Feminista, obtuvo 684 votos y Martín Miguens del Partido Unitario, 677 (La Vanguardia, 31-3-1926).

13 El porcentaje de votos alcanzado, un 32,5 %, representaba 13 puntos menos que lo obtenido en los triunfales comicios de 1924, pero era apenas menor al 33,2 % alcanzado por el PS en los comicios de 1922.

14 En la apelación a tal carácter "sanitario" debe verse no solamente un rasgo propio de las acendradas preocupaciones "higienistas" que llevaron a los socialistas a declarar la guerra a toda una serie de males sociales, entre los que el alcohol y el juego aparecían como intrínsecamente hermanados (Martínez Mazzola, 2000), sino también un recurso argumental para suspender la prioridad que en previos debates de intervenciones a las provincias se había dado al principio de la soberanía popular.

15 La Época presentó tal medida no solo como libre de presiones y de toda negociación, sino como la realización misma de la ética radical. En tono grandilocuente, afirmaba: "El juego es un aspecto negativo de la razón social y actúa como factor disolutivo sobre sus reglas, costumbres y propósitos [...] Las grandes reconstrucciones morales se han labrado en la integración totalizante de los valores morales. Es así que la UCR realizó la nueva formación ética argentina, purificando con las austeridades de sus principios, la severidad de sus reglas, la intransigencia de sus ideales, la profunda descomposición que otrora reinara en la República [...] No es, pues, la UCR quien puede hacer estímulo del juego, pues lo siente extraño a su idealidad doctrinaria y ética, y ajena a sus concepciones de renovación integral" (La Época, 19-3-1927).

16 La Vanguardia explicaba que la intervención, votada por el Senado con otros móviles, sería un hecho gracias al voto de los socialistas. El diario recordaba que la negativa de los legisladores del PS a servir "los planes de la política criolla" había detenido en una ocasión previa la intervención, y se felicitaba de que "el voto socialista pueda decidir la suerte de asuntos de importancia sometidos a la resolución del parlamento", señalando que si eso ocurriera siempre, los intereses del pueblo estarían a salvo de cualquier desmán legislativo. El editorial explicaba que la intervención iría a la provincia no solo a hacer cumplir la prohibición de los juegos de azar, sino a "constituir las municipalidades entregadas como rehenes en manos de instrumentos de los caudillos locales". Pero la ampliación de los objetivos no concluía allí y, luego de señalar los manejos de la lotería en Mendoza, proclamaba que "el turno de Buenos Aires" no sería el único (La Vanguardia, 27-4-1927).

17 Los diputados Belisle, Tolosa, Pena, Repetto, Coca, Castellanos, Pérez Leirós, Ernesto y Adolfo Dickmann, Remedi, Carballo y Oddone, y los Senadores Justo y Bravo, votaron por el retiro del proyecto de intervención, en tanto González Iramain, Muzio, De Andréis, Spinetto, De Tomaso y Bunge, votaron por mantenerlo. (La Vanguardia, 1-6-1927).

18 Puede aventurarse que en ese "impulso propio" tuvo un papel la fuerte resistencia que la propuesta de intervención había generado en el socialismo bonaerense. La derogación de las leyes por parte de los yrigoyenistas parecía abrir una puerta para que la conducción partidaria retirara un proyecto que amenazaba con dividir al partido. En esta ocasión, las previsiones se mostraron erradas y el gesto defensivo terminó con una escisión, pero sería la de quienes deseaban continuar con la medida.

19 En su texto el diputado recordaba que desde el principio había estado en contra de la intervención a Buenos Aires, y explicó que ése había sido el motivo por el que, cuando el Grupo Parlamentario declaró "no subsistentes las causas de la intervención", había votado a favor de tal resolución. Pero a continuación agregó que no creía en la efectividad de la "táctica" adoptada y la consideraba contraproducente, tanto para el PS como para el bienestar general. Su planteo se basaba en la desconfianza con respecto al compromiso asumido por los yrigoyenistas al derogar las leyes del juego, afirmando que no podía creer que quienes han prometido cumplir pudieran hacerlo "a menos que no sueñen con la dictadura". Carballo consideraba que contentarse con "el tapa rabo" de la ley era "pobre e infantil" y que el triunfo obtenido por el PS era simplemente "táctico", ya que influiría en las esferas políticas, no podía saberse en qué sentido (Crítica, 5-6-1927).

20 La discusión se inició cuando el delegado Jacinto Boix afirmó que la Junta de la Federación había realizado una tarea que estaba "muy por debajo de las necesidades del Partido" lo que se había puesto de manifiesto en la derrota del PS en los anteriores comicios comunales. Pero la polémica no obedecía solamente a cuestiones locales, y así lo hizo saber Boix al señalar, refiriéndose específicamente al "asunto Carballo", que la Junta no había cumplido con su deber de mantener la concordia. Las palabras de Boix merecieron la respuesta de Joaquín Coca, miembro de la Junta, quien afirmó que la anterior conducción, en la que Boix había tomado parte, intentaba sabotear la acción desarrollada por la nueva, agregando que algunos dirigentes habían llegado a hablar de la división del PS. Finalmente el informe de la Junta fue aprobado por 24 votos contra 16. Sin embargo, los rígidos alineamientos y los fuertes cruces se sucedieron al discutirse la reforma de los estatutos de la Federación y la cuestión disciplinaria, donde debía decidirse la expulsión de Moisés Kornblitt y Bernardo Sierra (La Vanguardia, 27-6-1927).

21 En realidad ese carácter unánime era producto de que tres de los "disidentes", González Iramain, Manacorda y Muzio, habían renunciado al CE (La Vanguardia, 2-7-1927), en tanto la designación de González Maseda en lugar de González Iramain había sido objetada por los miembros del Comité por considerar al reemplazado como "moralmente inhabilitado" para desempeñar el cargo (La Vanguardia, 5-7-1927).

22 El 6 de julio los diputados de Tomaso, González Iramain, Bunge, Spinetto, de Andreis, Revol, Belisle, Tolosa, Remedi y Muzio resolvieron "sesionar independientemente del grupo parlamentario a que pertenecían hasta hoy, y constituirse en grupo parlamentario aparte" (Crítica, 7-7-1927).

23 Antonio Gramsci (1980: 360) explica que el "espíritu de escisión", por el cual las fuerzas socialistas buscan escindirse del resto de la sociedad y fundar su identidad en esa diferencia, es un rasgo característico de la etapa inicial de todas las organizaciones de las clases subalternas. Como señala Aricó (1999: 123), en la Argentina, ese rasgo general se vio reforzado por el hecho de que la clase obrera, al menos la urbana, estaba formada mayoritariamente por inmigrantes, cuyo mundo de relaciones los enfrentaba directamente con los sectores dominantes de las ciudades, a la vez que los alejaba de los sectores populares criollos y de grupos de clase media.

Bibliografía

Fuentes manuscritas

Centro de Documentación en Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CeDInCI)- Fondo Nicolás Repetto.

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