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El Movimiento Obrero Organizado, la crisis de 2001 y el gobierno de Duhalde. El caso de la CGT disidente¹

Class Movement, 2001 Crisis and Duhalde's government. The Case of dissenting CGT (General Confederation of Labour)¹

 

Gabriel Merino
Centro de Investigaciones Sociohistóricas. Instituto de Investigaciones en
Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET)
gabrielmerino23@gmail.com

 

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Resumen: En el presente trabajo se estudia el caso de la CGT "disidente" en el período que comprende desde el paro general del 13 de diciembre de 2001 al paro con movilización convocado por dicha organización el 22 de mayo de 2002, el primer intento de paro general y movilización contra el gobierno de Eduardo Duhalde. El objetivo es reconstruir los posicionamientos, prácticas y discursos de la CGT disidente en el proceso socio-histórico señalado, en relación a las medidas político-económicas adoptadas por los gobiernos, frente a las fracciones de empresarios, frente a los proyectos estratégicos en pugna, frente a las otras organizaciones del movimiento obrero organizado y de la clase trabajadora, y con el conjunto del "campo del pueblo". Con ello, se pretende observar la importancia del movimiento obrero organizado, particularmente de la CGT disidente, tanto en la crisis de diciembre de 2001 como en la transición que a partir de allí se abre, durante los primeros meses de la posconvertibilidad.

Palabras claves: Movimiento obrero organizado; CGT disidente; Crisis de 2001; Reformismo obrero; Posconvertibilidad.

Abstract: In this paper we study the case of the CGT "dissident" in the period covered since the general strike of December 13, 2001, to strike with mobilization organized by the organization on May 22, 2002 - the first attempt general strike and demonstration against the government of Eduardo Duhalde. The goal is to reconstruct the positions, practices and discourses of dissident CGT sociohistorical process stated, in relation to political and economic measures taken by governments, facing entrepreneurs fractions compared with competing strategic projects, against other organizations of organized labor and the working class, and the whole "field of the people". Thus, aims to highlight the importance of organized labor, particularly the dissident CGT, in the crisis of December 2001 and the transition from there opens, during the first months of the posconvertibilidad.

Keywords: Organized labor; Dissident CGT; 2001 crisis; Labor reformism; Posconvertibilidad.

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En el presente trabajo se estudia el caso de la CGT "disidente" en el período que va del mes de diciembre de 2001, específicamente desde el paro general del 13 de diciembre, al paro general con movilización convocado por dicha organización el 22 de mayo de 2002. El objetivo es reconstruir los posicionamientos, prácticas y discursos de la CGT disidente en el proceso socio-histórico señalado, en relación con las medidas político-económicas adoptadas por los gobiernos, frente a las fracciones de empresarios, frente a los proyectos estratégicos en pugna, frente a las otras organizaciones del movimiento obrero organizado y de la clase trabajadora, y con el conjunto del "campo del pueblo"². Con ello, se pretende observar la importancia del movimiento obrero organizado, particularmente de la CGT disidente y su núcleo de conducción agrupado en el MTA (Movimiento de los Trabajadores Argentinos), tanto en la crisis de diciembre de 2001 como en la transición que a partir de allí se abre para definir el proyecto dominante de la "posconvertibilidad". Entendemos que, en muchos casos, este actor no es tenido suficientemente en cuenta, invisibilizando su accionar y la influencia central que dicho accionar tiene en el proceso socio-histórico abordado. Por ello, el período bajo estudio se encuentra delimitado por dos medidas protagonizadas por la CGT disidente que resultan de gran importancia y repercuten con fuerza tanto en el desencadenamiento de la crisis como en la dinámica política-económica de los primeros meses de la posconvertibilidad, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde.
La implementación global y profunda del proyecto financiero neoliberal, la destrucción estructural del modelo "nacional-desarrollista-industrial", los cambios implicados por la imposición de nuevas formas de trabajo, gestión y organización del capital (tercerización, flexibilización, etc.), las privatizaciones de las empresas estatales, la destrucción de los derechos laborales y el aumento del desempleo, la pobreza y el trabajo precario repercutieron profundamente en el mundo sindical, las identidades existentes y los lazos políticos partidarios (Fernandez, 2010; Svampa, 2007). En ese contexto, con el Partido Justicialista en el gobierno conduciendo la implementación de dichas políticas, surgían dos grandes alternativas para el mundo sindical dominantemente peronista (Palomino, 2005): continuar con la fidelidad a su partido más allá de que el mismo lleve adelante políticas antagónicas con su programa histórico y sea protagonista de dichas transformaciones "doctrinarias", dando un vuelco en las posiciones sindicales y en las tradiciones "peronistas", aceptando o promoviendo las reformas de "mercado" y las transformaciones neoliberales en el mundo laboral, pero preservando las prerrogativas corporativas y los beneficios a las cúpulas sindicales; o, por otro lado, romper con el gobierno, mantener el "viejo ideario" y construir alternativas programáticas para el conjunto de los trabajadores. Esto último fue lo que hicieron desde distintas perspectivas los sindicatos y dirigentes nucleados en el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) y en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Es decir: el MTA surge en 1994 como producto de la profunda crisis que atraviesa el mundo político sindical, que impacta con fuerza al interior de la Confederación General del Trabajo (CGT) y que comienza a desplegarse a partir del gobierno de Carlos Menem, en 1989.
En 1989, los dirigentes sindicales cercanos a Menem que querían desplazar al entonces secretario general de la CGT, el cervecero Saúl Ubaldini opuesto al plan de reformas "pro-mercado", crean la Mesa de Enlace Sindical. Estaba conformada principalmente por Andrés Rodríguez secretario general de UPCN (empleados públicos), Gerardo Martínez de la UOCRA (construcción), Luis Barrionuevo de UTHGRA (gastronómicos), Raúl Amín de SMATA (mecánicos), Querido Andreoni de Mercantiles y José Pedraza de la Unión Ferroviaria (Recalde, 2006). Estos dirigentes crearon la CGT San Martín en apoyo al gobierno. En contraposición, Ubaldini constituyó la CGT-Azopardo, rodeado principalmente por: Lorenzo Miguel de la UOM (metalúrgicos), Ricardo Pérez y Hugo Moyano de Camioneros, Mary Sánchez de CTERA (docentes), Rubén Pereyra de Obras Sanitarias, Manuel Palacios de UTA (transporte), Víctor de Genaro de ATE (empleados estatales), Diego Ibáñez de SUPE (petroleros). Tanto la UOM como SUPE se retiraron del nucleamiento disidente en noviembre de 1990, ante el paro convocado contra el gobierno de Menem, comportamiento que iban a seguir otros gremios (Recalde, 2006; Díaz, 2010). Con el avance de las políticas de privatización y flexibilización laboral se profundizaron las diferencias en la CGT. El Congreso de normalización y renovación de autoridades de dicha central en 1992 terminó por institucionalizar bajo una conducción colegiada, la conducción de los gremios aliados a Menem y sus políticas de gobierno, acompañados también por aquellos que entendían que era bajo dicha alianza y negociando las condiciones del retroceso, que iban a perder lo menos posible. No participaron de dicho congreso los gremios del transporte. Por otro lado, al mes, la UOM de Villa Constitución, CTERA (docentes) y ATE (estatales) conformaron el Congreso de los Trabajadores Argentinos que luego dará lugar a una nueva central, la CTA. Mientras estos gremios construyeron una nueva central obrera, un conjunto de gremios liderados por los del transporte (en particular camioneros y colectiveros), opuestos a la conducción de la CGT y al gobierno de Menem, decidieron conformar una corriente interna de oposición que no respondía a la conducción oficial pero que disputaba la conducción de la CGT, en consonancia con el principio de unidad y fortaleza del movimiento obrero reunido bajo una sola central, que puso en discusión la CTA (Palomino, 2005). Así surgió el MTA, protagonizando durante los 90' alrededor de doce jornadas nacionales de lucha y/o huelgas generales contra la política del gobierno de Menem, más allá de las luchas gremiales propias de cada sindicato que lo componía. El nuevo movimiento estaba compuesto por camioneros, colectiveros, taxistas, trabajadores de dragado y balizamiento, portuarios, algunos gremios de Aerolíneas Argentinas, judiciales, visitadores médicos, imprenteros nucleados en FATIDA, docentes privados de SADOP, periodistas nucleados en FATPREN, trabajadores de la televisión nucleados en SATSAID, trabajadores papeleros de la FOEIPCyQ, trabajadores molineros de UOMA, los empleados de farmacia de FATFA, trabajadores de la publicidad del SUP, trabajadores cerveceros y los trabajadores ceramistas, como también algunas agrupaciones, líneas internas de otros sindicatos y gremios menores. El último párrafo de su documento fundacional destacaba "la independencia de cualquier poder político en virtud que a través de la lucha del trabajador solamente lo salvará el trabajador" (Actas del Congreso de Huerta Grande y "Declaración de Huerta Grande", 1994). La estructura organizativa era movimientista, con una mesa de conducción estratégica de siete miembros, siete comisiones en las que se dividían como responsables todos los gremios y agrupaciones integrantes, y congresos nacionales en los cuales se definía la línea política general y los objetivos generales de la etapa. En este sentido, no distaba de otras formas organizativas de los grupos denominados o autodenominados "combativos", aunque si lo distanciaba la concepción por la cual golpear a la conducción vigente por "entreguista" y contraria a los intereses de los trabajadores no significaba golpear sobre el modelo sindical construido a partir de 1945.³ También se diferencia el MTA de otras experiencias sindicales de resistencia en los 90' por la defensa del modelo sindical por rama, con sindicato único y única central (Ferrer, 2005; Actas del Congreso de Huerta Grande, 1994), así como en su limitación a la representación de los trabajadores formales, concepción que la CTA pondrá en crisis (Armelino, 2004).
Como afirma Gómez (2009), la respuesta sindical a las consecuencias en el mercado de trabajo de las transformaciones-profundizaciones del modelo de acumulación neoliberal no es homogénea y ello responde a las distintas tradiciones, identidades e historia, así como a ciertas determinaciones estructurales. Si bien no es el objetivo de nuestro trabajo indagar sobre la constitución de la identidad del MTA en relación con la historia del movimiento obrero peronista, nos parece importante destacar algunos elementos en ese sentido, así como retomar algunos trabajos que estudian dicha relación (Diaz, 2010; Ferrer, 2005)⁴, a los efectos de comprender con mayor profundidad ciertas características del núcleo de conducción de la CGT disidente y entender, en parte, por qué este sector de la CGT no decidió seguir el camino de los gremios de la CGT oficial.
El primer congreso del MTA se realizó en Huerta Grande, en referencia explícita al plenario nacional llevado a cabo en dicha localidad por las 62 Organizaciones Peronistas en 1962, luego del derrocamiento de Frondizi y del avance del movimiento obrero (en la resistencia a partir del golpe de 1955), que aprovechaba la división en las alturas para avanzar en una ofensiva programática y para lograr triunfos electorales muy importantes (como el de Andrés Framini –textiles- para gobernador en la provincia de Buenos Aires, a pesar de la proscripción política del peronismo). Dicho programa expresaba un salto político del movimiento obrero organizado en disputa por el proyecto estratégico dominante en el Estado, en condiciones de plantearse las luchas políticas y las luchas teóricas por la hegemonía.⁵Retomando esa historia, el MTA emitió a la finalización de su Congreso fundacional "La declaración de Huerta Grande" (1994), que expresaba un programa mucho menos radicalizado que el de su predecesor, en función de que la situación era de un impresionante retroceso de las condiciones económico-sociales y de debilidad de la clase trabajadora⁶, pero que mantendría la necesidad de intervenir en luchas políticas por definir el orden social, fortaleciéndose y nutriéndose para ello con las luchas gremiales. Se destacaban en la declaración los siguientes puntos:

1. Romper con la dependencia financiera de capitales especulativos y limitar la apertura exportadora-importadora.
2. Rearticular la producción agropecuaria en base a desarrollos regionales.
3. Elevar la oferta de puestos de trabajo y la producción de cada puesto. Distribuir equitativamente producción y productividad.
4. Reestablecer un sistema de relaciones laborales y de legislación social basado en el sistema protectorio del derecho del trabajo.
5. Recuperación de un sistema previsional pensado en los trabajadores activos y jubilados y no en un mercado de capitales.
6. Resguardo y saneamiento del sistema de Obras Sociales como pilar de un plan nacional de Salud.
7. Defensa de la educación pública, gratuita y pluralista, con rol protagónico del movimiento de los trabajadores.
8. Recuperación del rol promotor y regulador del Estado como armonizador de las relaciones y en resguardo de los intereses de los ciudadanos, convocando a todas las fuerzas sociales a su participación efectiva en el logro de esta estrategia de producción para alcanzar una verdadera estabilidad con crecimiento y justicia social.⁷

En la construcción política de la identidad del MTA es muy importante la influencia de la tradición histórica del Peronismo y, particularmente, tanto de la Resistencia del movimiento obrero de identidad peronista (1955-1973) como del "ubaldinismo", aunque en un escenario completamente distinto. Sus contenidos "doctrinarios" e identitarios se nutren en gran medida de los programas de La Falda, Huerta Grande, 1º de mayo del 68' de la CGT de los Argentinos⁸ y de los 26 puntos elaborados por la CGT de Saúl Ubaldini. Estos programas y debates del período de la "Resistencia", que constituyen un proceso de radicalización obrera y profundización del proyecto"nacional-popular" sustentado en la alianza entre Estado-Producción-Trabajo (imperante entre 1945-1955), provocaron fuertes grietas al interior del movimiento obrero peronista y de la clase trabajadora en general, divididos entre "participacionistas" y"combativos"⁹. Es importante observar que dicha experiencia histórica influye en la orientación de la estrategia de disputa al interior de la CGT a partir del ´89: los dirigentes del MTA no deciden construir otra central sindical sino dar la disputa por adentro oponiéndose a la implantación del modelo neoliberal y a la política oficial de la CGT de participación-colaboración con el gobierno, y fracturar (o imponer, como en 1996) la conducción de la CGT cuando la correlación de fuerzas le es favorable.¹⁰
La estrategia de disputa al interior de una central única, sumada a la movilización por las luchas políticas y a la acumulación de fuerzas propias para golpear sobre el gobierno del Estado, puede observarse claramente con la conformación de la CGT disidente por parte del MTA. El 16 de marzo de 2000 se divide la CGT y queda constituida la CGT disidente conducida por Hugo Moyano, que realiza el primer paro general contra el gobierno de la Alianza el 5 mayo de dicho año en respuesta a la represión gubernamental en General Mosconi, la política económica de continuidad neoliberal, el ajuste y la flexibilización laboral; al paro se plegó la CTA. Ese fue el primer paro general (de un total de siete) contra el gobierno de la Alianza y el motivo de la división de la CGT, que da cuenta de una acumulación de fuerzas por parte del MTA que le permite saltar de corriente interna de oposición a disputa-fractura de la conducción de la CGT. La CGT disidente sumó entre sus filas a los gremios de mecánicos (SMATA) y de los metalúrgicos (UOM), que estaban por fuera del MTA, y constituyen los dos principales gremios de la industria. Es decir, la decisión de fracturar la conducción de la CGT (pero manteniéndose por "dentro") se da cuando un conjunto de gremios fuertes pasan a desarrollar una política de oposición al gobierno, producto de la continuación de las políticas de desindustrialización, lo que puso en crisis su relación con la conducción oficial de la CGT y cambió la relación de fuerzas a favor del MTA, que en la práctica tiene fuerza para plantearse como opción de conducción.
Por último, rescatamos el análisis que hace Gómez (2009) para ubicar a la MTA como parte del heterogéneo campo del sindicalismo combativo, el clasismo y el nuevo sindicalismo social que surge a partir de las resistencias al proyecto neoliberal. En contraposición a Svampa (2007), quien considera al MTA como "vandorismo" clásico (con una carga fuertemente peyorativa) en alusión a su capacidad de confrontación y negociación, dicho autor sostiene que el MTA no privilegió las negociaciones y ventajas sectoriales-corporativas por sobre la lucha contra las políticas socio-económicas menemistas, buscó la articulación con diferentes sectores políticos y sociales para luchar contra el neoliberalismo, encabezó los principales paros contra el gobierno de Menem, participó en cortes de rutas y enfrentamientos con la fuerza de choque de los gremios"participacionistas", etc. Esto último también se contrapone con otra afirmación de dicha autora, quien afirma que "En fin, cierto es que durante los '90 el MTA no fue el actor central de las protestas (como sí lo fueron las organizaciones de desocupados, la CTA y la CCC), ni tampoco el sector más innovador" (Svampa, 2007: 4). Por otro lado, la autora pareciera considerar como cierto oportunismo negociador lo que en realidad es una estrategia de unidad de acción que tiene el MTA como concepción y que observa claramente Palomino: "La estrategia de unidad de acción sindical orientó al MTA a participar en acciones de lucha promovidas tanto por la CGT, que buscaba presionar al gobierno de Menem para ganar posiciones en la negociación de la reforma laboral y para preservar el control sindical de las obras sociales, como por la CTA, opositora férrea de las políticas gubernamentales. Esto le posibilitó intervenir en la estructura directiva de la CGT en algunas épocas y, al mismo tiempo, formar una mesa de Enlace con la CTA" (Palomino, 2005: 408). Esta estrategia de unidad de acción, acompañada de luchas contra la política del gobierno y negociación para obtener los beneficios reclamados (tanto a nivel gremial como político-gremial), intentando articular las luchas con otros sectores, se podrá observar en todo el proceso que analizamos, como también, en términos más generales, lo que denominamos la táctica del reformismo obrero en relación a una estrategia transformadora del orden social existente, con un horizonte estratégico asentado en el ideario peronista tradicional (independencia económica, justicia social, soberanía política e integración latinoamericana).¹¹
Lo dicho hasta aquí en términos muy sucintos sobre el MTA nos aporta un conjunto de claves para observar las prácticas y posicionamientos de la CGT disidente en el período analizado, que consideramos un punto de inflexión estratégico en la historia argentina, y en el cual el movimiento obrero organizado cumplió un papel importante.

La huelga general del 13 de diciembre de 2001

El escenario de diciembre de 2001 era de fuerte pugna entre fracciones de capital (Schorr y Wainer, 2005; Castellani y Szkolnik, 2005) que se expresaba en la imposibilidad de consensuar entra las diferentes cámaras empresariales más importantes un documento que sintetizase las políticas comunes para salir de la crisis. Mientras los empresarios nucleados en el Grupo Productivo¹² pretendían cambiar el "modelo" y llevar adelante un programa de políticas activas, las cámaras que expresaban a los capitales financieros extranjeros, particularmente angloamericanos (de origen estadounidense e inglés) y sus aliados locales, pretendían profundizar la política de ajuste e ir hacia una etapa superior de la convertibilidad. "No lograron terminar de limar las diferencias de fondo, que representan por un lado el pedido de políticas activas y más impuestos a las empresas que más ganaron en los últimos años (impulsado por el Grupo Productivo), frente a la exigencia de recorte en el Presupuesto 2002 y cumplimiento del déficit cero (Consejo Empresario y ABA)" (Clarín, 1/12/2001).
Mientras la CGT oficial, conducida por Rodolfo Daer de alimentos junto con los llamados "gordos", representados por Armando Cavallieri (Comercio), Carlos West Ocampo (Salud) y Oscar Lescano (Luz y Fuerza), presentaba en ese momento un alineamiento más claro con el Grupo Productivo, en el caso de la CGT disidente su alineamiento era más bien táctico y se ponía en práctica especialmente para atacar sobre un blanco común: el llamado proyecto financiero, la dolarización, el ajuste y el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas). En este sentido, varios meses antes la CGT disidente había realizado una marcha contra el ALCA (Página12, 5/4/2001). Hugo Moyano justificó la convocatoria de la marcha del 6 de abril de 2001 frente a la Casa Rosada porque "es el Gobierno el que debe escuchar y decidir no ingresar al ALCA" (Página12, 5/4/2001). Según agrega el diario, la Unión Sindical Obrera española acompañó la movilización de la CGT disidente. Manolo Izaguirre, de la USO de España, uno de los representantes del exterior que viajaron especialmente para el caso, dijo que "son muy sospechosas las negociaciones secretas del ALCA, que no tiene la menor simetría: ¿qué librecambio puede haber entre Haití y Canadá o entre Estados Unidos y Ecuador? ¿De quién se quieren burlar?" (Página/12, 5/4/2001). Según Página/12, de la marcha participaron diez mil personas, y Moyano pronunció la frase que luego haría famosa el presidente venezolano Hugo Chávez "¡El ALCA, el ALCA, al carajo!". Agregó: "Le decimos al Gobierno que no tome decisiones en contra de la voluntad del pueblo, porque el ALCA está pensado para explotar más al pueblo (...) el pueblo argentino no va a aceptar que nos quieran convertir en esclavos y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias hasta derrotar al ALCA y a lo que nos pongan adelante (...) esta famosa Área de Libre Comercio es más una asociación ilícita perfectamente diagramada por los Estados Unidos para someter aún más a los pueblos de América latina" (Página/12, 7/4/2001).¹³El mismo día, pero de forma paralela, la CTA también realizó una marcha en repudio al ALCA, mientras que la CGT disidente realizó un pequeño acto de rechazo al ALCA el día anterior (Página/12, 5/4/2001), acompañando la postura más tenue del Grupo Productivo.
Las medidas económicas impulsadas por el ministro de Economía Domingo Cavallo el 1° de diciembre de 2001, cuyo eje fue el establecimiento del "corralito" (por el cual el gobierno limitó el uso libre de los depósitos bancarios, incluso de los sueldos, poniendo como límite de extracción $250 por semana), fueron las desencadenantes de la profundización de las luchas contra las políticas de gobierno y de la convocatoria al paro general del 13 de diciembre. La medida del "corralito" estuvo acompañada por movimientos de fondo a favor de una dolarización de hecho de la economía a la paridad 1 a 1. Según el propio ministro de Economía, "ahora eliminamos todo costo y demora para pasarse de pesos a dólares y los bancos no pueden cobrar ninguna comisión, ni provocar ninguna demora", aunque aclara que "nosotros evitamos la devaluación, la dolarización la decide la gente" (Cronista Comercial, 3/12/2001). En resumen, con estas medidas se avanzaba hacia una dolarización¹⁴ de hecho de la economía, con un respaldo de convertibilidad para que no se devaluasen los activos de las transnacionales con mayor poder en Argentina. Y este avance del proyecto financiero globalista significaba ir hacia una etapa superior de la convertibilidad o, mejor dicho, del proyecto neoliberal.
En este contexto se expide la CGT-disidente con un comunicado de fuerte contenido político, en el que afirma:
El Gobierno de Fernando de la Rúa, Cavallo y el FMI confiscó virtualmente los salarios y los depósitos de todos los argentinos, transformándolos en rehenes de la banca usuraria (...) Los trabajadores no vamos a quedarnos cruzados de brazos frente a este robo y frente a esta virtual liquidación de la Nación.

(...) la dolarización es la última etapa de la denigración nacional y el inicio de una etapa colonial para quienes defendemos la libertad, la democracia, el trabajo, la dignidad y la identidad nacional.
(...) la confiscación en favor de los bancos transforma la usura financiera en beneficiaria del esfuerzo de los argentinos, cuando ha sido esta verdadera dictadura financiera que viene asolando a la Argentina la que ha succionado la riqueza del país hasta llevarnos hasta una desesperante situación. (Página/ 12, 2/12/2001)

Además, la CGT disidente anunció el lanzamiento de "un duro plan de acción", cuyo contenido se iba a decidir en una reunión con las delegaciones regionales. Por otra parte, la CGT oficial se expidió con más moderación, oponiéndose a la confiscación de los salarios y el ajuste, sin golpear sobre el gobierno, y coincidiendo con el Grupo Productivo en convocar a un Gran Acuerdo Nacional (Clarín, 2/12/2001). Además, la CGT oficial era parte de la mesa de consenso convocada por el gobierno para salir de la crisis. Después de acordar con el Grupo Productivo los pasos a seguir ante la crisis, la CGT oficial saldría con un posicionamiento más fuerte, aunque siempre como central "dialoguista". La relación entre la CGT oficial y el Grupo Productivo era de carácter orgánica: conformaban en conjunto un espacio llamado "Núcleo Nacional" (La Nación, 29/11 /2001).¹⁵
La situación estructural u objetiva era alarmante: había aproximadamente un 18,3% de desocupación (2.800.000 personas), 16,4% de subocupación (2.500.000 personas), el 38% de la población estaba bajo la línea de pobreza (según datos del INDEC), 4.000 puntos era el riesgo país de acuerdo a los designios del JP Morgan y 4.000.000 había sumado el voto bronca en las últimas elecciones. Además con las medidas del ministro Cavallo, 10.000.000 de cuentas bancarias estaban inmovilizadas (Clarín, 11/12/2001), con lo cual el desfalco financiero y la fuga de capitales los pagaban mayoritariamente los trabajadores y los pequeños ahorristas (categorías coincidentes en algunos sectores de trabajadores profesionales y de ingresos más altos). La perspectiva de dicha situación era hacia el empeoramiento.
Con el correr de los días, el 6 de diciembre, la CGT oficial acordó sumarse al paro aunque con diferencias: pedía que fuese de 24 horas y no de 36 como se había planteado, no estaba de acuerdo con la movilización y tampoco estaba de acuerdo con pedir la renuncia de Cavallo ya que consideraba que podía tomarse como algo desestabilizador. Dichas medidas, como formula Isaac (1987), afectaban sus intereses subjetivos (inmediatos, demandas concretas), como el hecho de no poder siquiera cobrar su salario, pero también el complejo cuadro de situación mostraba que incluso sus "intereses reales" (Isaac, 1987), entendidos como la progresiva dificultad-imposibilidad de grandes fracciones de la clase trabajadora de venderse como fuerza de trabajo –es decir, reproducirse como tal, como clase explotada-, estaban fuertemente afectados ante el impresionante nivel de desempleo y subocupación¹⁶. Esto explica en parte que la CGT oficial, en la que predominaba una táctica fuertemente corporativa y divisionista con respecto a la clase trabajadora en su conjunto (que a su vez implicaba una posición reacia a ir más allá de lo gremial), decidiera sumarse con recaudos al paro. El 7 de diciembre también decide sumarse la CTA a la huelga del 13 de diciembre, aunque tampoco participaría de la marcha convocada por la CGT disidente. Hacia el 8 de diciembre y reunión mediante, el Grupo Productivo y la CGT oficial ("dialoguista" como caracterizaba Clarín, que era parte del Grupo Productivo) deciden profundizar la disputa con el gobierno nacional y golpear sobre Cavallo (revirtiendo su postura anterior) y contra la posible dolarización de la economía, y resquebrajan la mesa de concertación. Esto también explica el cambio de postura: la decisión del Grupo Productivo de salir a golpear sobre el gobierno y considerar indispensable la salida de Cavallo y el cambio del modelo de capitalismo. En este sentido, Rodolfo Daer pasó de una postura conciliadora a decir que "Lo mejor que podría hacer Cavallo por el país es presentar la renuncia [el destacado es del diario] y permitirle al Presidente oxigenar el Gabinete" (Página/12, 10/12/2001). Por otro lado, la CGT oficial y el Grupo Productivo emitieron un documento conjunto, cuyas principales líneas coincidían en buena medida con lo pronunciado hacía unos días por la CGT disidente, lo que implicaba un cambio importante y posibilitaba la unificación del movimiento obrero:

En estas horas de confusión y crisis, hay grupos interesados en dolarizar nuestra economía (...) sólo se han dolarizado unos pocos países que en ningún caso tienen la complejidad y magnitud del nuestro: Panamá, Palau, Micronesia, Ecuador y las Islas Marshall (...) Más allá de las obvias razones de autonomía y dignidad nacional, significaría privarnos para siempre de instrumentos esenciales de política económica. Abandonaríamos definitivamente la posibilidad de tener política monetaria. La Argentina pasaría a importar definitivamente y pasivamente la política monetaria de los Estados Unidos y a depender de su fase del ciclo económico y de su aumento de productividad. No tendríamos instrumentos para defendernos de las devaluaciones competitivas del resto de un mundo que adoptó como regla los tipos de cambio flexibles. [La dolarización] consolidaría los actuales altos niveles tarifarios de los servicios públicos y sectores monopólicos (...) implicaría un dramático ajuste de los gastos esenciales del Estado, desprotegiendo a los más débiles. En la actual crisis, por desesperación de una minoría desconcertada, no cometamos el error de comprometer el presente y el futuro de nuestra Nación, con una medida de naturaleza colonial, que más allá de su indignidad, agravaría la crisis.
Dolarizar es una medida de seguridad aparente. Es una falsa medicina. Sólo servirá para dejarnos sin los instrumentos que necesita cualquier Nación en crisis para manejar soberanamente su economía y preservar sus intereses nacionales. (Clarín, 9/12/2001)

Por otro lado, había un tercer sector en la CGT, que jugaba como línea interna de la CGT oficial de Rodolfo Daer, y se identificaba como Movimiento Obrero con Propuesta –MOP- (Clarín, 12/12/2001)¹⁷. Dicho sector estaba alineado con el ex presidente Carlos Menem y su política de dolarización, relaciones carnales con los Estados Unidos, avance del ALCA y desarrollo de la etapa superior de la convertibilidad neoliberal centrada en los ajustes y la continuación del proceso privatizador. Este sector lo integraban, entre otros, el petrolero Antonio Cassia, el líder del gremio del gas Oscar Mangone, el textil Pedro Goyeneche, el telefónico Rogelio Rodríguez y el plástico Vicente Mastrocolla (Clarín, 12/12/2001). Este sector del sindicalismo "amarillo", ligado a las privatizadas e importadoras, no estaba de acuerdo con el contenido político del paro y preparaba la vuelta del menemismo al poder. De esta forma, en la CGT oficial se observaban dos lineamientos en función de los dos grandes bloques de poder del capital que se estaban enfrentando. El MOP, ligado a lo que en su momento fue el Sindicalismo con Propuesta (menemista), era la fracción del movimiento obrero que se encontraba más próxima al conjunto de bloques de poder de fracciones de capital dominantes bajo el proyecto financiero agroexportador-energético transnacional. Estas posturas, que comúnmente se conocen como "colaboracionismo" y "dialoguismo", pueden conceptualizarse como la táctica del reformismo¹⁸ corporativo oficialista, en la estrategia del movimiento obrero organizado. El "reformismo corporativo" implica que el movimiento obrero negocia y lucha en forma dividida, sólo para su sector y su gremio, y no para el conjunto del movimiento obrero (corporativamente), cooptado por una fracción del gran empresariado (no en alianza táctica con independencia política y teórica). La otra fracción, mayoritaria en la CGT oficial, también se ubica en la táctica "colaboracionista", aunque bajo el ala de las fracciones organizadas como Grupo Productivo que se enfrentaban al modelo dominante. Existe, evidentemente, una razón objetiva de dicha convergencia, ya que lo predominante en ambas fracciones de la CGT oficial eran los gremios de las empresas llamadas comúnmente de servicios y privatizadas, que eran parte de la comunidad de negocios a principio de los ´90 (Basualdo, 2001), aunque ello por sí sólo no explica su posicionamiento gremial y político.
Los días previos al paro general del 13, la CGT oficial (que de repente se había vuelto "combativa") comenzaba a llamar a un nuevo paro general, para el 20 y el 21 de diciembre de 2001. Ante la posibilidad de que el paro del 13 no produjera los cambios buscados (que el gobierno desactivase o al menos flexibilizase la bancarización compulsiva y que renunciara Domingo Cavallo), se amenazaba con un paro de 48 horas, en un estado de creciente malestar y movilización social, y con el Grupo Productivo y su desarrollo político, el Movimiento Productivo Argentino (MPA) conducido por la dupla de Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín, buscando torcer la muñeca del gobierno de Fernando de la Rúa e ir por el poder del Estado. En este contexto, y para analizar la salida de la crisis, se realizó el día 12 de diciembre una reunión de los gobernadores del Frente Federal -que integraban las provincias llamadas "chicas" y en donde se destacaba el entonces gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá- y los integrantes del llamado Grupo Productivo. Fue en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) y participaron dirigentes de la CGT (Clarín, 12/12/2001 y 13/12/2001).
El día anterior al paro, y como prolegómeno del mismo, la CGT disidente realizó, junto a algunos partidos de izquierda y movimientos sociales, una movilización al Congreso de la Nación, en la cual las columnas más importantes fueron las de camioneros, metalúrgicos, taxistas y judiciales. Para los organizadores hubo 10.000 manifestantes, mientras que para el grupo Clarín hubo 3.500, según indicó en su diario (Clarín, 13/12/2001). Dicha movilización sirve para observar los alineamientos y los posicionamientos de los actores dominantes en la contienda por la hegemonía en la Argentina. Por un lado, el gobierno de Fernando de la Rúa criticaba tanto la movilización como el paro en general, como medidas "políticas" que no respondían a reclamos sindicales (como la bancarización forzosa). Toda huelga general es necesariamente una medida de índole político-gremial, en tanto golpea contra la política de gobierno, por lo cual acusarla de que no es gremial es un sinsentido. Sin embargo, lo que agregaba el gobierno es que había objetivos no dichos en la medida, con lo cual intentaba deslegitimarla, es decir, restarle fuerza moral. Y golpeaban particularmente sobre la movilización de la CGT disidente. Por otro lado, el Grupo Productivo, a través del afín multimedio Clarín (que oficiaba de vocero del ala conservadora del Grupo Productivo), legitimaba y magnificaba el paro, mientras que deslegitimaba y achicaba la movilización. Su nota editorial sobre la movilización se titulaba "Marcha pobre, discursos duros", transmitiendo el pensamiento del Grupo Productivo, que si bien necesitaba convocar para sumar fuerzas a la CGT disidente (como también a la CTA o sectores de la misma), consideraba a dicha fracción como no manejable y de un discurso radicalizado. Las frases duras de Hugo Moyano a las que se refería eran las siguientes:

Frente a la situación de caos, producida por la incapacidad y la sumisión del Gobierno frente al poder internacional, empezaron a hablar de concertación (...) La única concertación es con el pueblo (...) Que no se equivoquen las aves de rapiña, que creen que van a concertar en nombre del pueblo. No habrá paz sobre la Tierra en tanto no haya justicia social. (Clarín, 13/5/2011)

Con respecto al paro general, el posicionamiento era diferente ya que se lo editorializaba como el más fuerte contra el gobierno de de la Rúa, se aludía a la posibilidad de un próximo paro conjunto para el 20 y 21 (convocatoria que sólo era de la CGT oficial, pero se informaba que era de todos), se marcaba la no "oposición" al paro por parte del empresariado "nacional" (una forma de decir que estaba a favor) y se hacía notar la fuerte adhesión de los sectores medios como forma de legitimar el paro. En contraposición, sobre la movilización se afirmaba: "La pobreza de los actos de la CGT de Hugo Moyano y de la CTA de Víctor De Gennaro probaron, como mínimo, que la sociedad camina en dirección cada vez más opuesta a las fanfarrias de los aparatos gremiales y de los discursos y políticas sectoriales interesadas." (Clarín, 14/12/2001). Además, cargaba sobre Hugo Moyano la acusación de operaciones para derribar al gobierno de de la Rúa y nada decía de las maniobras del Grupo Productivo y el Movimiento Productivo Argentino encabezado por Eduardo Duhalde (y su aliado Ricardo Alfonsín) en tal sentido. Así, el Grupo Productivo construía un relato en plena lucha hegemónica, favoreciendo aquellas acciones que podía capitalizar en función de sus intereses y tratando de imposibilitar o deslegitimar las acciones en contra de los mismos, o que fueran más allá de sus pretensiones y significasen grados de independencia y autonomía de los sectores populares.
Como se ve, la movilización de la CGT disidente no fue la única: también marchó ATE, uno de los dos gremios centrales de la CTA, y con la conducción de Víctor De Gennaro como secretario general. El apoyo de la CTA fue formal, al parecer por el desacuerdo con la convocatoria a movilizar escindidos de la CGT disidente. Mil personas concurrieron a dicha movilización, en la que también participó la FTV encabezada por Luis D'Elía. Para diferenciarse aún más, marcharon en sentido opuesto a la CGT disidente. Dicha política de diferenciación fue una constante de la conducción de la CTA (especialmente de ATE-De Gennaro), con la que expresaba una táctica de división por "izquierda" o "combativa" y de oposición parlamentaria. Este sector constituía una parte muy minoritaria, en términos cuantitativos, en el movimiento obrero organizado. Por otro lado, dicha postura se contradecía con las luchas conjuntas de ambos sectores en numerosas oportunidades a lo largo de la década del ´90 e iba a contramano de las condiciones generales a favor de la lucha conjunta del movimiento obrero organizado (más allá de las construcciones separadas y las divisiones ideológicas) debido a por la profundización de la crisis y a la fractura de los sectores dominantes.
Finalmente, el paro del día 13 de diciembre tuvo alto acatamiento, uno de los más fuertes de la década. Contó, como rasgo distintivo, con un importante acompañamiento de las clases medias (profesionales, técnicos, académicos) y abrió un nuevo momento de la crisis, en el cual el movimiento obrero organizado, junto a los movimientos sociales y otros sectores del campo del pueblo, se hacía presente con fuerza en las luchas políticas de la Argentina, aunque sin la fortaleza suficiente para romper la subordinación en que se encontraba, más allá de los alineamientos y fracciones, con respecto al bloque de poder en disputa aglutinado en torno al Grupo Productivo y el Movimiento Productivo Nacional. El alto acatamiento al paro marcaba un nuevo momento en las correlaciones de fuerza en la Argentina. Al día siguiente del paro, el viernes 14 de diciembre, el juez Martín Silva Garretón les dio la razón a Daer, Moyano y De Gennaro, y ordenó al Gobierno dejar sin efecto los decretos que restringían la libre disponibilidad de los salarios de los trabajadores; es decir, que no se aplicase el"corralito" para los salarios. Simbólicamente, el mismo día del paro Menem se reunió con de la Rúa para asegurar la continuidad y profundización del modelo, más allá de quien gobernara, y coincidieron en rechazar la devaluación (Clarín, 14/12/2001, "De la Rúa y Menem coincidieron en rechazar la devaluación").
La respuesta por parte del gobierno fue profundizar las políticas de ajuste. En este sentido, el día 18 de diciembre mandó al Congreso una Ley de presupuesto con un recorte de 4.500 millones de dólares-pesos para el año 2002, con la posibilidad de ampliarlo en 1.500 millones más. La mayor parte de dicho recorte afectaba a salarios y jubilaciones. Por el contrario, a través de algunos legisladores afines del PJ, las CGT pusieron en discusión un proyecto de intangibilidad del salario y un presupuesto para financiar un programa de seguro de desempleo, en línea con la consulta popular realizada días antes por la CTA, en la cual casi tres millones de personas se habían pronunciado a favor de un seguro de empleo y capacitación para los desocupados. En este escenario, se puso bajo estudio agudizar un plan de lucha con movilización. Sin embargo, al siguiente día se iba a producir el estallido del 19 de diciembre.
No es el objetivo de este trabajo explicar el 19 y 20, aunque es importante por su objeto de investigación; me limitaré a exponer en un breve párrafo lo desarrollado en el trabajo citado anteriormente De diciembre de 2001 a la Masacre de Kosteki y Santillán. Proyectos estratégicos en disputa por la hegemonía en Argentina. Frente a las distintas interpretaciones sobre lo ocurrido el 19 y 20 de diciembre, aquí se sostiene la tesis de que fue, ante todo, un "golpe" conducido predominantemente por el bloque de poder comandado estratégicamente por el Grupo Productivo y operativamente por el Movimiento Productivo Argentino, con el objetivo de impedir la dolarización de hecho de la economía e imponer en el estado de relaciones de fuerzas su propio proyecto. A ello, a su vez, se le agregó un estallido popular con expresiones autónomas, que expresaron parcialmente los procesos de acumulación popular en los años de resistencia al neoliberalismo. No creemos posible afirmar, desde nuestro punto de vista, que lo dominante en las jornadas del 19 y 20 fue una insurrección de los trabajadores y el pueblo, con proyecto propio, haciendo su ingreso a las luchas políticas, económicas e ideológicas por el Estado, aunque sí existió una fuerte movilización popular. De hecho, ninguna de las centrales de trabajadores, que contenían a la mayor parte de los sectores populares organizados, "decidieron", "programaron", organizaron o al menos tuvieron que ver directamente con la organización del estallido del 19 y 20. Tampoco los movimientos sociales, los partidos de izquierda o las organizaciones de derechos humanos. Otra cosa es que durante los acontecimientos se hayan pronunciado a favor, se hicieran parcialmente presentes en las luchas o que hayan participado militantes de forma suelta. Lo que quedó claro a posteriori, en la realización político-institucional del hecho, es que quien impuso su fuerza en el contexto de crisis fue el Grupo Productivo a través del Movimiento Productivo Argentino.

El nuevo escenario para el movimiento obrero organizado: el gobierno de Duhalde

Con la asunción de Adolfo Rodríguez Saá, el primer y breve reemplazante de de la Rúa tras su renuncia del 20 de diciembre, se hizo el primer intento de "pacificar" el país recibiendo, escuchando e incluso aceptando demandas de los principales grupos que venían empujando de forma heterogénea el cambio de "modelo". Rodríguez Saá conformó una alianza con otras nueve provincias e intentó una "tercera vía" entre devaluacionistas y dolarizadores mediante la creación de una "tercera moneda" que salvase la convertibilidad sin dolarizar. El intento duró apenas una semana. Para el Grupo Productivo (cuyo programa económico Rodríguez Saá adoptaba en términos generales), resultaban demasiado "populistas" las medidas adoptadas en los pocos días de su presidencia, necesarias para consolidar su poder y que daban lugar a las demandas de los sectores populares. La intención de aumentar el salario mínimo de $200 a $450 (estancado desde 1993), suspender el pago de la deuda, la decisión de derogar la ley de flexibilización laboral, la devolución del 13% a los jubilados y el plan de un millón de planes de "empleo" por $200, entre otras, significaban para el Grupo Productivo ceder a las demandas de las organizaciones del "campo del pueblo" más de lo que estaba dispuesto para imponer su agenda, sin obtener a cambio su principal objetivo en ese momento: la devaluación y pesificación. Rodríguez Saá rápidamente se había ganado el apoyo condicionado de las dos CGT, la FTV, la CCC¹⁹ e incluso de las Madres de Plaza de Mayo, recibidas en la Casa de Gobierno después de dieciocho años²⁰. Además, participó en un acto de la CGT con las dos fracciones en donde anunció la derogación del recorte del 13% a jubilados y la derogación de la reforma laboral, entre otras cuestiones, que representaban respuestas a las principales demandas inmediatas planteadas por las centrales, por lo cual recibió un fuerte apoyo. Por otra parte, parecía no haber lugar para salidas monetarias intermedias: la situación de empate hegemónico lo hacía imposible. Con un nuevo cacelorazo y el Conurbano en llamas ante la mirada cómplice del entonces gobernador, Carlos Ruckauf, Rodríguez Saá tuvo que recluirse en su provincia y desde San Luis enviar la renuncia. Luego denunciaría: "Duhalde hizo un golpe contra de la Rúa y conspiró contra mí porque con Clarín querían devaluación"²¹. Rodolfo Daer, secretario general de la CGT oficial, se desdiría a menos de una semana del acto en la central: "No vamos a acompañar actitudes demagógicas y populistas" (Clarín, 31/12/2001). Por el contrario, esta no era la situación de la CGT disidente, que acordaba con las medidas impulsadas desde el ejecutivo; además, Rodríguez Saá, le había ofrecido el viceministerio de trabajo al asesor legal del MTA, Héctor Recalde (Clarín, 31/12/2001).
Duhalde asume en enero de 2002. El acuerdo con la CGT oficial se vuelve concreto a partir de la asunción de Alfredo Atanasof como ministro de Trabajo hombre proveniente de los municipales y ligado estrechamente a la conducción oficial de esa central. La primera medida que tomó en función de las demandas inmediatas de la CGT fue la doble indemnización de los despidos sin causa. Además, Duhalde recibió el apoyo explícito de los "gordos" (Cavallieri de comercio, West Ocampo de salud y Lescano de Luz y Fuerza) y la CGT oficial (que también contaba como figuras importantes a José Pedraza de la Unión Ferroviaria y a Gerardo Martínez de la UOCRA): "La CGT está de acuerdo [en que] se motorice una política económica basada en la producción nacional, que se administre el comercio exterior en función del aparato productivo argentino y que se defienda el empleo en nuestro país" (Clarín, 8/1/2002).
Ambas fracciones de la CGT, desde distintos lugares (unos como parte del bloque del Grupo Productivo y otros como aliados tácticos) estaban de acuerdo con la implementación de llamado "proyecto productivo" ya que coincidía, al menos discursivamente, con sus intereses "reales". Sobre esta base, reclamaban en conjunto las siguientes medidas político-gremiales²²:

• Convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, para subir el salario mínimo (medida planteada con más fuerza por la CGT disidente y la CTA, y rechazada rápidamente por el gobierno)
• Convocatoria al Consejo Económico Social para discutir salarios.
• Control de precios, disparados tras la devaluación.
• Derogación de la Ley de Reforma Laboral.
• Implementación de forma urgente de un subsidio para desocupados, que sirviera como herramienta de reactivación (medida planteada con más fuerza por la CGT disidente y la CTA, y no tanto por la CGT oficial).
• Fondos para las obras sociales (en estado de quiebra), cuya deuda con los proveedores y prestadores médicos sumaba 2.500 millones de pesos. Las obras sociales de ambas CGT y de la CTA compartían esta situación. Entre el PAMI y el Estado les adeudaban a las obras sociales unos 450 millones de pesos. Más allá de los casos de corrupción puntuales, en términos generales el Estado había desfinanciado a las obras sociales con la reducción de los aportes patronales, la tolerancia del empleo en negro y la falta de recaudación y control a las empresas morosas y evasoras.

Lejos de cumplir con estos puntos, recién el 4 de febrero el gobierno habilitó la posibilidad de retirar todo el sueldo de las cuentas bancarias, así como el dinero acumulado de los asalariados, aunque con límites de extracción. Las presiones gremiales iban en aumento, aunque las condiciones de desocupación y subocupación (que seguían creciendo) actuaban como mecanismo disciplinador de los trabajadores ocupados con cierta estabilidad. Por otro parte, el gobierno promovía un "gran acuerdo nacional" articulado en la mesa de diálogo social por la cúpula de la Iglesia Católica (apoyada por el mismo papa Juan Pablo II en persona), en donde se trataban de contener las demandas de las dos CGT y la CTA. Además, se intentaba contener políticamente mediante la construcción de un enemigo común, "el proyecto financiero", y un nosotros, "la comunidad productiva" y el "proyecto productivo"; como también tratando de traccionar apoyo gremial desde la identidad peronista. Sin embargo, la pobre política de contención no funcionaba: tanto la CGT disidente como la CTA rechazaban la invitación al diálogo y Hugo Moyano condicionaba su apoyo a si el gobierno "acierta con las medidas" y "si no acierta haremos lo que tengamos que hacer como movimiento obrero" (La Nación, 29/1/2002). El apoyo estaba condicionado, en principio, a que el gobierno comenzase a dar respuesta al listado de puntos mencionados anteriormente, que implicaban una ruptura con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el organismo, por el contrario, pujaba por un ajuste como condición de un nuevo préstamo. En este escenario, a fines de febrero la CGT disidente llamó a una reunión del Comité Confederal para definir un nuevo plan de lucha (Clarín, 1/3/2002).

Hacia el primer paro general contra el gobierno de Duhalde

El primer intento de movilización masiva político-gremial fue la puesta en discusión en la CGT disidente, dentro de la instancia orgánica del Comité Confederal, de una marcha por la "identidad nacional" en repudio al FMI y la subordinación de las políticas de gobierno a dicho organismo, para golpear particularmente sobre el ministerio de Economía, a cargo de Remes Lenicov. El hecho de subordinar toda la política económica a un acuerdo con el FMI hacía coincidir en la práctica al gobierno del Grupo Productivo con la política de ajuste y las medidas reclamadas por los actores del proyecto financiero. Esta situación era el fondo de las tensiones con el movimiento obrero, ya que imposibilitaba la satisfacción del pliego de demandas reclamadas de forma inmediata, que ponía de manifiesto una colisión de visiones, proyectos y modelos en términos mediatos y generales.
Con un discurso calificado como "duro" por el Grupo Productivo, Hugo Moyano cerró el plenario del Comité Confederal advirtiendo que se profundizaría la confrontación contra el gobierno "si no toma las medidas necesarias para que todos los argentinos tengamos trabajo" (La Nación, 8/3/2002). Además amenazó con montar un "boicot contra los grandes grupos financieros y con escraches en las casas de los comunicadores sociales que les hacen el juego a las empresas que más se beneficiaron en los últimos años", y apuntó con nombre y apellido al 'enemigo': "Vamos a pelear contra Repsol-YPF, las telefónicas, la Sociedad Rural y las AFJP" (Clarín, 8/3/2002). Sin embargo, como se observará en cada una de las acciones y discursos de confrontación contra la política de gobierno, dicha línea de acción provocó fuertes contradicciones dentro de la propia CGT disidente, así como una mayor distancia con la CGT oficial comandada por Daer y los "gordos", que tampoco se compensaba con la unidad en la acción con la CTA ya que dicha central rehuía de esa política. Los dos gremios más díscolos eran el de trabajadores rurales (UATRE), cuyo secretario general era Gerónimo "Momo" Venegas, y el de taxistas, cuyo secretario general era Omar Viviani. También se acercaba a dicha postura el cervecero Saúl Ubaldini, quien era diputado nacional y presidente de la Comisión de legislación laboral en la Cámara. Ambos tenían una relación más estrecha en términos políticos con Eduardo Duhalde y propiciaban una posición más cercana a la CGT oficial: reclamar por la actualización de los salarios, el aumento del salario mínimo y las distintas demandas gremiales, pero no golpear sobre el gobierno, ni movilizar en términos políticos gremiales en su contra, a pesar de que Duhalde insistía en que no habría aumentos salariales en lo inmediato (antes del acuerdo con el FMI). Era una postura difícil de sostener en un contexto de inflación creciente y con niveles de desigualdad que batían todos los récords (la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre llegó a ser de 39 veces).
La relación resultaba complicada ya que Duhalde pretendía consolidar su poder con el sustento de ambas CGT, y desde allí (junto con otros actores del campo popular) mejorar la correlación de fuerzas para negociar con el FMI e implementar el modelo neo-desarrollista planteado por el Grupo Productivo; pero por otro lado no otorgaba en lo inmediato solución a ninguna de las demandas planteadas por el movimiento obrero organizado, lo que le traía problemas hasta con sus propios aliados en la CGT. Para resolverlos, apelaba a un lazo ideológico identitario ("el peronismo"), a la comunidad de intereses en torno a un proyecto estratégico ("el proyecto productivo"), a la identificación de un enemigo en común con el movimiento obrero ("el proyecto financiero") y a promesas distributivas –todo de manifiesto en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso. Con ello lograba alinear a unos 100 sindicatos (Clarín, 15/3/2002), principalmente de segunda línea en cuanto a la cantidad de afiliados, cuyos militantes más allegados se conocían en el mundo sindical como los"manzaneros", en referencia a la construcción política barrial del duhaldismo con las"manzaneras".
A fines de marzo, la CGT oficial se sumó al discurso de la CGT disidente contra el FMI, sin golpear sobre el gobierno pero sin dejar de reclamar una política salarial diferente. "El Gobierno necesita un equilibrio y la CGT puede dárselo si se para a la izquierda", señalaba la CGT oficial para explicar políticamente un documento crítico sobre el FMI:

"No es el FMI lo prioritario, ni quien debe condicionar las decisiones de la política económica financiera (...) El supuesto préstamo del FMI sólo constituirá un registro contable, sin incidencia en nuestra economía real (...) Es ilusorio esperar ayuda del FMI, que durante años nos impuso las políticas que hoy nos sumen en esta crisis cuasiterminal" (Clarín, 29/3/2002).

En el mismo sentido se pronunció parte de la cúpula de la Iglesia católica argentina, por medio del cardenal Raúl Primatesta, quien le pidió a Duhalde que no se aferrase a los postulados del FMI y mirase más hacia adentro que hacia afuera. (Clarín, 1/4/2002)
En esta línea de reforzamiento de las alianzas que llevaron al Movimiento Productivo al poder, el gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para crear un Consejo Económico Social que analizase precios, salarios y medidas, el cual fue pensado en la mesa de diálogo social sociolaboral coordinada por la Iglesia Católica y en línea con el reclamo central de la CGT. Otro de los puntos que decidió impulsar el gobierno para fortalecer su espectro de alianzas, y en función de las demandas de los sectores sindicales y sociales, fue el lanzamiento (con el apoyo de la CGT oficial, la UIA, movimientos sociales, ONG's y la Iglesia) del programa nacional para jefes y jefas de hogar desocupados. Tanto el secretario general de la CGT disidente, Hugo Moyano, como el secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro, pusieron sus reparos contra el plan. El primero lo calificó de importante pero insuficiente, en función del monto del beneficio ($150). En tanto, el líder de la CTA expresó su oposición porque, dijo, "evidentemente lo que se hace es convalidar un salario mínimo que no incluye a la familia y no produce la universalidad que planteábamos sobre un shock para la distribución del ingreso" (Clarín, 4/4/2002). En los tres posicionamientos de las centrales sindicales pueden observarse tres lógicas distintas de acción gremial, que dan cuenta de tres tácticas que van más allá de los intereses inmediatos-subjetivos elaborados por cada una de las centrales. Las tres pretendían un programa de planes para desocupados; sin embargo, presentaban reacciones distintas ante su implementación: la CGT oficial lo apoyaba sin críticas, para la CGT disidente era un paso importante aunque insuficiente y presionaba por más, y la CTA se oponía (más allá de que muchas de las organizaciones miembro, como la FTV y otras, fueran en gran medida beneficiarias). También da cuenta de tres posiciones políticas divididas en dos órbitas de las luchas políticas: mientras la CGT oficial se posicionaba como oficialismo, priorizando el plano político institucional (parlamentario y ejecutivo), la CTA-De Gennaro se posicionaba como oposición de izquierda en dicha órbita rechazando de plano la medida como gatopardista (cambiar algo para que nada cambie), y la CGT disidente se expresaba desde la lógica del movimiento social de protesta, por fuera de la antinomia oficialismo-oposición, marcando el avance parcial en una de las demandas a la vez que su insuficiencia y la necesidad de ir por más. Esta última es una de las formas características que adopta la táctica del reformismo obrero²³, que no varía demasiado si se es parte o no de la alianza de gobierno o si se comparten identidades políticas históricas.
Hacia mediados de abril recrudeció la tensión entre el gobierno y los gremios, incluso con la CGT oficial. Fueron varias las razones: la falta de respuesta ante los reclamos salariales, el "cajoneo" del proyecto de ley (presentado por Ubaldini con el respaldo de las dos CGT) para indexar mensualmente los sueldos y los haberes de los jubilados según la suba de la canasta alimentaria familiar (INDEC), la creciente inflación y una falta de respuesta a casi todas las demandas esgrimidas por los gremios (salvo los mencionados subsidios a jefes y jefas de hogar desocupados). Desde la óptica de los trabajadores, el gobierno del Grupo Productivo había pesificado las deudas beneficiando a sus empresas, dolarizado los precios, licuado los salarios por la alta inflación; y sin sueldos recompuestos no habría consumo, reactivación ni más empleos, con lo cual la espiral descendente seguiría sin piso aparente. Ante este escenario de creciente malestar, la respuesta de Duhalde fue priorizar el acuerdo con el FMI. Desde la CGT oficial respondieron golpeando sobre el ministro de Economía y manifestando por lo bajo la necesidad de que renunciase: "El Ministerio de Economía tiene una estrategia fiscalista orientada hacia un posible acuerdo con el FMI. Hemos sido muy críticos de que la asignatura pendiente o lo que le falta a la política económica son políticas para la realidad diaria de los argentinos (...) Nosotros rechazamos la solución del Fondo, que no es la solución que reclama el pueblo argentino", dijo Daer públicamente (Clarín, 17/4/2002). Desde la CGT disidente, luego de reunirse el Consejo Directivo, la respuesta fue la convocatoria a una movilización para la semana siguiente a la Plaza de Mayo, en rechazo a las exigencias del FMI para brindar ayuda financiera a la Argentina y en repudio a la situación económica y social.
En este contexto de resquebrajamiento de la alianza de gobierno y con el FMI presionando, hacia el 23 de abril se gestó un golpe en el seno del gobierno, que involucró a la CGT oficial, y cuyo objetivo principal era cambiar la táctica en curso del Movimiento Productivo Nacional y sacar a Remes Lenicov del Ministerio de Economía, junto con otros miembros del gabinete. Este golpe lo dio la llamada "ala política" o "ala izquierda" del gobierno y lo hizo por vía del parlamento, mientras que Duhalde dejó correr la maniobra. Permitió que el ministro de Economía presentase en el Congreso el Plan Bonex para salir del corralito, tal cual lo requerían el FMI y la Banca extranjera. Se incluía en la presentación del ministro el proyecto de privatización de la banca pública, comenzando por el Banco Nación, que además de ser el principal banco del país en cantidad de sucursales era, vía las garantías de una parte significativa de sus carteras de créditos, el principal propietario territorial de la Argentina. Los diputados, incluso los duhaldistas y alfonsinistas, rechazaron en el Congreso el Plan Bonex presentado por el ministro. Con dicho golpe, produjeron la renuncia de Remes Lenicov (ministro de Economía), Capitanich (Jefe de Gabinete), de Mendiguren (ministro de Producción) y Gabrielli (ministro del Interior). Era un golpe para cambiar las relaciones de fuerza en el Estado, seguido de un golpe de mano, expresado en la renuncia de medio gabinete. El candidato de Duhalde para el ministerio de Economía era Alieto Guadagni (secretario de Energía), quien sostenía la táctica inversa a Remes y quería romper relaciones con el FMI. Esto fue vetado rápidamente por Reutemann, como también por otros gobernadores fuertes del PJ (como De la Sota y Felipe Solá), por estar demasiado alejado del FMI. Duhalde desistió de ubicar a Guadagni en el ministro de Economía por su propuesta de ruptura con el FMI, aunque dando cuenta de la nueva correlación de fuerzas al interior de la alianza de gobierno que provocó el rechazo en el Congreso el plan de Remes Lenicov, tampoco el futuro ministro de Economía y su plan debían ataser absolutamente a las pautas del FMI. La CGT oficial conducida por Daer apoyaba la maniobra de Duhalde, sobre todo si se sostenía a Ginés González García (Salud) y a Alfredo Atanasof (Trabajo), dos hombres del sector sindical.
Las opciones para ministro de Economía eran tres: Guillermo Calvo, Roberto Lavagna y Daniel Carbonetto. Esta última opción representaba un total enfrentamiento con el FMI y significaba romper la alianza con la mayor parte de los gobernadores del PJ que se oponían a tal distanciamiento. Fue gestada por unos 30 economistas justicialistas que, encabezados por y referenciados en Daniel Carbonetto y Eduardo Curia, decidieron "autoconvocarse y organizarse" para fijar posturas en conjunto y rechazar el aval a cualquier candidato que surgiera de las filas del neoliberalismo. Sin embargo, Carbonetto, el diputado por el Polo Social y economista del Movimiento de Trabajadores Argentino (MTA) de Hugo Moyano también fue vetado rápidamente. El discurso "duro" de los dirigentes sindicales contra el FMI, tanto los de la CGT rebelde como, ahora, los de la CGT oficialista, se ajustaban a los lineamientos que esbozaban los economistas más cercanos a uno y otro sector, respectivamente: Carbonetto y Curia. Finalmente, en el Ministerio de Economía fue nombrado Roberto Lavagna, que representaba una opción intermedia entre unos y otros.
En este escenario, la CGT disidente profundizó su enfrentamiento contra la política de gobierno. El 24 de abril marchó por el centro de Buenos Aires y se concentró frente al Banco Central, donde activistas sindicales arrojaron tomates, para rechazar las políticas del FMI (Página/12, 25/4/2002). A la protesta se unieron ahorristas. Julio Piumato, del gremio de judiciales, pronunció el siguiente mensaje: "A la conducción del Banco Central le importa un comino la gente y responde al FMI (...) hay que vivir de lo que tenemos y que no se lleven millones afuera, aplicando políticas de hambre." (Clarín, 25/4/2002) El 26 de abril, la CGT disidente convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para la primera semana del mes entrante, con un duro discurso contra Duhalde y en rechazo a los 14 puntos firmados con los gobernadores a pedido del FMI: "El Presidente está completamente desorientado y sin brújula", por lo que el Gobierno "no tiene mucho tiempo de vida". El acuerdo firmado con los gobernadores "no es otra cosa sino más de lo mismo de lo que nos llevó a la actual situación. El acuerdo no contempla una redistribución equitativa de la riqueza y no se avizora un cambio de rumbo" (Clarín, 26/4/2002). A su vez, la CGT disidente-MTA se alejaría de la mesa de Diálogo Social convocada por la Iglesia y el gobierno, alegando que no se podía dialogar bajo las imposiciones del FMI y "que el Gobierno continúe con la dependencia vergonzante". Era la primera organización y la primera de las tres centrales que se alejaría (incluso formalmente) de dicha mesa política. En cuanto a Lavagna, Moyano diría que "fue funcionario del gobierno radical (que encabezó Raúl Alfonsín) y por más que se diga que es de procedencia peronista, la mayoría del justicialismo está imbuido de un pensamiento liberal" (Clarín, 27/4/2002). Esto último daba cuenta de otra cuestión más profunda: la profundización de la crisis de los partidos políticos, ya presente desde el menemismo, y que se manifiesta en el distanciamiento entre las identidades políticas históricas y los proyectos dominantes al interior de los partidos políticos: ser "justicialista" ya no decía nada en términos políticos estratégicos.
Finalmente, la CGT disidente convocó para el 3 de mayo al Congreso Nacional de delegados con el fin de discutir la continuidad de la conducción al frente de la central y ratificar la movilización a la Plaza para los primeros días de mayo, posiblemente para el viernes 9. Hugo Moyano, construyendo el sentido de la disputa y poniendo de manifiesto en términos antinómicos la contradicción que atravesaba al gobierno según su perspectiva, afirmó sobre Duhalde: "Él tiene que elegir quién quiere que le baje el pulgar: si el Fondo, o el pueblo" (Clarín, 3/5/2002)
El 1° de abril, ante la imposibilidad de armar un gabinete de "unidad federal" (de equilibrio de fuerzas), ya que dicha unidad no existía, y en la tarea de tener que alinear la tropa para librar un mayor enfrentamiento, Atanasof, hasta entonces ministro de Trabajo y quien dominaba desde hacía años el gremio de los municipales bonaerenses, fue nombrado jefe de gabinete. Mientras que la diputada Graciela Camaño, esposa del líder sindical de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, ligado en su momento al menemismo, fue nombrada en la cartera laboral. Así se consolidaba la fuerte presencia sindical en el gabinete, particularmente de la CGT oficial, aunque es importante señalar que los "gordos", al igual que Atanasof, preferían otro desenlace, sin la impronta de Barrionuevo, con el asenso al cargo de ministro de Trabajo de Carlos Tomada, viceministro de Atanasof en Trabajo. La alianza entre los grupos económicos nucleados en el Grupo Productivo y el movimiento obrero organizado nucleado en la CGT oficial daba paso a un mayor protagonismo de estos últimos. Los conductores del proyecto productivo se apoyaban, como había manifestado el propio Daer, con mayor fuerza sobre representaciones de las fracciones de clase subordinadas para compensar, a través de la cuestión política, su debilidad económica en el enfrentamiento con las fracciones de capital financiero transnacional y multinacional. Sin embargo, recostarse sobre la CGT oficial no garantizaba el apoyo popular: los desocupados seguían en aumento y la influencia de los gremios sobre los trabajadores estaba en su punto histórico más bajo luego de la flexibilización laboral, la tercerización, el aumento del trabajo en negro, el récord de desocupación y la participación de ciertas cúpulas sindicales en la comunidad de negocios del neoliberalismo. Por otra parte, y en relación con esto último, la CGT oficial, a diferencia de otros tiempos, era una de las dos centrales existentes y una de las tres conducciones; si bien tenía la mayor cantidad de afiliados, esto no se traducía en poder de movilización. Por ello, este acuerdo de mayor inclusión en el gobierno a cambio de menor presión gremial (especialmente salarial) no era en principio garantizable. El aumento del costo de vida del 21,1% (según el mismo INDEC) en el primer cuatrimestre hacía objetivamente más complicado lograr esos objetivos.
En el Congreso Nacional de delegados de la CGT-Moyano del 3 de mayo, la marcha prevista a Plaza de Mayo fue trocando en paro general de 12 horas con movilización, lo que constituía una radicalización en la disputa y significaba el primer paro general contra la política del gobierno de Duhalde. A su vez, rechazaron la propuesta hecha por el gobierno días después de la convocatoria al paro para que el abogado laboralista del MTA-CGT disidente, Héctor Recalde, ocupase el puesto de viceministro de Trabajo. Recalde criticó la política económica y social del gobierno, y además criticó a Alfredo Atanasof por afirmar, contra las presiones del movimiento obrero, que era propio de la dictadura militar que los aumentos salariales fueran establecidos por el Gobierno: "¿Es más democrático cuando el Estado le rebaja los salarios a sus empleados y a los jubilados?" Y sobre la oferta en trabajo afirmó que "el Ministerio de Trabajo actual parece más un organismo de ayuda social que una cartera de asuntos laborales." (Clarín, 7/5/2002). En su lugar fue designada Noemí Rial, asesora legal de la CGT oficial.
Entre los reclamos gremiales para la jornada de paro y movilización se encontraban: un incremento del 20 por ciento en la escala salarial, con retroactividad al 1° de mayo, la restitución del 13 por ciento de los haberes para jubilados y empleados estatales, la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la efectivización de la entrega de subsidios a hogares de desocupados y el rechazo a la política de ajuste del FMI. Del acto participarían, además de los gremios convocantes pertenecientes a la CGT disidente, otros tres oradores: un representante del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) en tanto expresión de los movimientos sociales y los desocupados (Raúl Castells, su referente, se encontraba en prisión), un representante de la Juventud Sindical y un representante del movimiento estudiantil, a cargo de la secretaría general de la Federación Universitaria Argentina (FUA), enfrentada a la presidencia de la entidad gremial nacional estudiantil en manos de Franja Morada (brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical). Esto daba cuenta de un proceso de articulación incipiente de la alianza estratégica entre las distintas fracciones de la clase trabajadora: profesionales y técnicos, y trabajadores manuales u operarios, tanto ocupados como desocupados.
El 7 de mayo, cuatro días después del anuncio de la CGT disidente, la CTA también convocó a un paro de 24 horas con movilización para el 29 de mayo. Los objetivos y el mensaje eran los mismos: en repudio a la política de gobierno, desatacando el "ajuste genocida del gobierno", contra los 14 puntos acordados con la mayoría de la gobernadores provinciales y contra el FMI. Sin embargo, para diferenciarse de la CGT disidente, convocaba al paro con movilización en otra fecha, coincidente con la insurrección popular del "Cordobazo" del 29 de mayo de 1969.
Para el día 10 de mayo, de cara a la convocatoria y a punto de la media sanción de la Ley de quiebras y de la derogación de la ley de subversión económica a pedido del FMI, Moyano aumentó la escalada verbal contra el gobierno: "Tuvimos un prudencial silencio pero ya nos dimos cuenta de que, lamentablemente, este gobierno es más de lo mismo, más de Menem-Cavallo; más de de la Rúa-Cavallo y aquí no ha cambiado nada sino los protagonistas (...) la sumisión a las decisiones que se toman afuera es la misma, entonces el único camino es salir a protestar" (Clarín, 10/5/2010). Además, la CGT disidente comenzó a reclamar con fuerza para que se realicen elecciones presidenciales anticipadas, afirmando que "debería venir alguien que esté dispuesto a aplicar una política nacional" (Clarín, 10/5/2010). Lo mismo venían sosteniendo distintos sectores políticos y en particular el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, para que el elegido tuviera la fuerza y la legitimidad por el apoyo popular para enfrentarse al FMI, en tanto personificación del capital financiero transnacional y de su programa (Página/12, 12/5/2002). Tanto Kirchner como Moyano pedían las elecciones inmediatas porque observaban que cuanto más tiempo pasaba más iban a rearmarse el menemismo y las fuerzas que pujaban a favor de la dolarización y el ALCA. En este sentido, Duhalde perdía a dos exaliados por izquierda del Movimiento Productivo Nacional.
Sin embargo, no había allí una relación consolidada entre Kirchner y Moyano, ni mucho menos. Moyano se limitaba a afirmar que "hace falta alguien que exprese la causa nacional para que tenga el apoyo de la gente", e incluso entre los distintos candidatos presidenciales posibles para dicha causa nacional incluía a la entonces titular del ARI, la diputada Elisa Carrió: "puede ser una buena candidata" (Clarín, 13/5/2002).
En este escenario el gobierno desplegó cuatro acciones: deslegitimar, restarle fuerza moral al paro general con movilización en conjunto con la CGT oficial; mencionar la posibilidad de conceder un aumento general de salarios; operar con los sectores de la CGT disidente allegados para que se corrieran de la medida de fuerza y de su alineamiento con Hugo Moyano; no ceder en todo ante el FMI y comenzar a pensar en llevar adelante una política sin aval económico y político de dicho organismo, en línea, además, con la pastoral social de la Iglesia Católica.
El día 13 de mayo la CGT disidente suspendió el paro y la movilización. Dos eran las razones centrales. En primer lugar, según los dirigentes de la entidad, por razones climáticas. Las lluvias e inundaciones mermaban la posibilidad de convocatoria y una Plaza de Mayo vacía era todo lo contrario a una demostración de fuerzas. En segundo lugar, las acciones del gobierno, particularmente de la Ministra de Trabajo Graciela Camaño, cumplieron sus objetivos. Además de los gremios cercanos a Duhalde mencionados anteriormente (trabajadores rurales y taxistas), que estaban en desacuerdo con el paro y la movilización al interior de la CGT disidente, el 16 de mayo anunciaría su retiro de la CGT disidente la UOM. Lo hizo declarando que dicha acción no era contra Moyano sino a favor de la unificación de la CGT, propiciada en esos días por Barrionuevo y Camaño, que veían al bancario Juan José Zanola como candidato a liderar una CGT reunificada en apoyo al gobierno. El día 18 de mayo, como señal favorable a los gremios, el Ministerio de Trabajo anunció el envío de una ley al Congreso para prorrogar por lo menos otros 180 días la obligación de las empresas de pagar indemnización doble por despidos sin causa justificada. Ese mismo día, Moyano confirmó el paro con movilización para el 22 de mayo, aunque sin contar con la fuerza de varios gremios de la CGT disidente (si bien no se pronunciaban en contra) y adaptando el paro según el gremio en cuestión (por ejemplo, la UTA no paraba totalmente). En esta situación, el objetivo central pasó a ser poblar la Plaza de Mayo movilizando 20.000 personas y realizar un fuerte acto en repudio a la política de gobierno.
El 22 de mayo se realizó el paro con movilización. Entre los dirigentes más representativos de la CGT disidente, secundaron a Moyano y a Palacios el secretario general del SMATA (mecánicos), José Rodríguez; Juan Carlos Schmid (dragado y balizamiento); Julio Piumato (judiciales), Horacio Ghilini (docentes privados), Enrique Venturini (navales) y Barbeito (molineros), como también el economista Daniel Carbonetto y el abogado laboralista Héctor Recalde. Las evaluaciones sobre el paro y su impacto varían de acuerdo con los distintos medios de comunicación y la visión de los organizadores. El grupo Clarín, parte del Grupo Productivo y que días después del paro fue fundador de la oficialista Asociación Empresaria Argentina (AEA), opinaba que el paro no había existido, que la movilización había sido de sólo 5.000 personas y que el discurso duro de Moyano se correspondía con el faltazo de varios gremios y de manifestantes. Nada decía, por otra parte, de los oradores y sectores invitados al acto, con lo que construía un mensaje de situación de soledad y debilidad de la CGT disidente. Este medio titulaba "En un acto deslucido, Moyano dijo que Duhalde no tiene coraje" (Clarín, 23/5/2002). Similar trato editorial daba La Nación (23/5/2002), que titulaba "Moyano, ante poca gente y duro contra Duhalde", aunque difería en las cifras y "calculaba" en 7.000. En contraposición, Página/12 (23/5/2002) titulaba con la frase "No se debe mendigar como gusanos" y en su bajada calificaba: "Si bien el paro tuvo escasa repercusión, el acto fue masivo. Moyano fue duro con el Gobierno y pidió aumento de salarios". Este medio observaba, además, que la Plaza se había llenado e incluso había gente dispersa en las calles laterales. También destacaba la presencia de los distintos sectores que se sumaron al acto y fueron oradores, mencionados anteriormente. Silvina Hualpa, en calidad de secretaria general de la Federación Universitaria Argentina (FUA), destacó que la federación estudiantil había intervenido en la jornada de protesta de los piqueteros y en la de los productores agropecuarios, y ahora participaban en estas del 22 y del 29 de mayo del movimiento obrero; y convocó a la unidad en la acción para construir un proyecto nacional y la unidad del pueblo.
Las declaraciones más importantes del discurso de Hugo Moyano como orador principal fueron las siguientes:

Los gobernantes que hasta hace poco nos hablaban contra el modelo, que nos decían que el modelo estaba terminado, ahora no tienen el coraje para poner a la Argentina de pie (...) Si el Gobierno levanta una causa nacional y popular, el pueblo lo va a acompañar hasta las últimas consecuencias (...) ¿Cómo puede ser que un gobierno que se dice peronista evite hablar de los salarios? (...) Se niega a hablar de estos temas centrales y se pone a hablar de estupideces, como la reforma política o las imposiciones del FMI y así se pierde el tiempo y el enemigo sigue avanzando; el Gobierno no tiene el coraje, no tiene agallas, para cambiar esta historia negra que vive nuestro pueblo. Esta plaza llena es la respuesta a las mentiras y denuestos que se dicen de los trabajadores que no hemos abandonado la lucha. No podemos andar mendigando un dólar por el mundo como gusanos, mientras acá se profundiza la crisis; hagamos una política nacional y banquemos las que vengan. (Página/12, 23/5/2002)

Para los organizadores, el acto convocó a 20.000 personas; coincidieron en que el acatamiento al paro no fue alto, sino que estuvo en relación a cada gremio y a quienes movilizaron. Más allá de las opiniones de cada órgano de formación de opinión –que se centran en la batalla teórica por la legitimidad de una acción, para que aumente o disminuya el impacto de un hecho- lo importante a destacar es que el proceso de movilización y debate contra la política de gobierno, a lo que debe sumarse el paro con movilización convocado por la CTA para el 29 de mayo, fueron hechos centrales para entender el cambio de rumbo en la política económica del gobierno de Duhalde. Estos hechos, sumados a los de otro conjunto que aquí no analizamos específicamente, terciaron en la disputa gremial (aumentos de salarios, planes jefes y jefas, prórroga de la ley de doble indemnización ante el despido) como también en la política (contra el FMI, la política de ajuste, el plan Bonex, la privatización de los bancos públicos, etc.), e influyeron en la modificación de las relaciones de fuerza en el Estado. Sin embargo, por ir más allá de la fuerza que tenía en esa coyuntura y enfrentar al gobierno de Duhalde, la CGT disidente sufrió quiebres internos que la debilitaron.
Por otro lado, en este escenario de agudización de las contradicciones y en donde el avance de la alianza dolarizadora y el FMI se hacía cada día más notable, como también, del otro lado, se profundizaba la presión para avanzar en un rumbo contrapuesto al expresado por el FMI, el 29 de mayo los grupos económicos locales institucionalizaron un nuevo nucleamiento desde el cual posicionarse en el enfrentamiento contra el "bloque financiero" y con las distintas expresiones de la clase trabajadoras y los sectores populares. La nueva entidad se llamaba AEA (Asociación Empresaria Argentina), era producto de la fusión entre el Consejo Empresario Argentino y la Fundación Invertir, y estaba presidida por Oscar Vicente, de Pérez Companc. En su acto fundacional, la AEA rechazó el adelantamiento de las elecciones impulsado por la alianza dolarizadora por derecha, y por Kirchner, Carrió y la CGT disidente por izquierda, en un esquema de alianza con el Grupo Productivo (diferían en la fecha: para estos últimos, debían ser a la brevedad; para los dolarizadores, una vez que se cumplieran los plazos para presentar a su mejor candidato, Carlos Menem). Entre otros, la AEA aglutinó a Amalia Lacroze de Fortabat (Loma Negra), Paolo Rocca (Techint), Enrique Pescarmona (IMPSA) y Santiago Soldati (Comercial del Plata) (Página/12, 29/5/2002), en lo que constituía una formalización de la conducción del Grupo Productivo. En el momento de su fundación, emitieron un comunicado en defensa del gobierno y de la intervención estatal en la economía, necesaria según ellos para igualar las condiciones de reproducción ampliada del capital con respecto a formas superiores de capital (lo que se dice, emparejar la competencia-guerra económica). El grupo Clarín, uno de los principales socios fundadores, expresaba en su diario:

Por primera vez en años, ayer se reunieron 47 de los empresarios más importantes de la Argentina. Lo hicieron para presentar la flamante Asociación Empresaria Argentina (AEA). Nacida al calor de esta crisis que hoy amenaza seriamente el destino de sus empresas, con AEA se buscó crear una verdadera organización de peso, con voz y voto, al estilo de las que funcionan en el vecino Brasil. AEA surgió de la fusión del Consejo Empresario y de la Fundación Invertir. Los empresarios que se encontraron en el Museo Fernández Blanco sumaban cerca del 40% del PBI argentino. Sus compañías tienen un común denominador: su sede central de operaciones está en la Argentina.²⁴ [El destacado es del diario]

Reflexiones finales

En primer lugar, en función de la reconstrucción de las acciones y de los posicionamientos que se ha realizado, podemos afirmar que el movimiento obrero organizado –y en nuestro caso en particular, la CGT disidente-, a pesar de sus debilidades, contradicciones y fracturas, es uno de los protagonistas centrales, junto a otros actores, tanto de la resistencia al neoliberalismo como también de la llamada crisis de diciembre de 2001 y la transición que se abre en las luchas por la hegemonía en la Argentina.²⁵ Su influencia-poder en el estado de relaciones de fuerzas en el país es considerable y puede observarse en el impacto de sus acciones y posicionamientos, y en su participación en las luchas por la configuración de la realidad emergente y por la institución del nuevo orden de la posconvertibilidad.
En segundo lugar, podemos afirmar que el papel de la CGT disidente, junto con otros sectores de la clase trabajadora y del "campo del pueblo", es central para que la transición-lucha por la imposición de un orden social posconvertibilidad no devenga en la construcción de la etapa superior del neoliberalismo en la Argentina, bajo la dolarización y el ALCA; como también para imponer otras condiciones a la fracción nucleada en el Grupo Productivo y su proyecto neodesarrollista. En este sentido, las luchas llevadas adelante por los trabajadores obligaron, junto a otras determinaciones y hechos, a un cambio de rumbo en el gobierno de Duhalde, como también a una formalización institucional del grupo Productivo en la Asociación Empresaria Argentina (AEA); formalización necesaria, por otra parte, para su enfrentamiento con otros proyectos políticos estratégicos y el sostenimiento de su gobierno afín.
En tercer lugar, resulta interesante observar el tipo de relación que establece la CGT disidente con el Grupo Productivo, el Movimiento Productivo Nacional, el gobierno de Duhalde y la mesa de Diálogo Social propiciada por la cúpula eclesiástica en sintonía con el gobierno. En el caso de la CGT disidente (nos referimos especialmente al núcleo de conducción y no al comportamiento de otros gremios cercanos al gobierno), no hay un alineamiento lineal en tanto se trata de un gobierno peronista. Ya no lo había habido con Menem, a quien enfrentaron, pero en este caso resulta distinto ya que el duhaldismo expresaba en términos políticos un modelo de "capitalismo desarrollista" conducido por los llamados grupos económicos "locales", enfrentado con el proyecto financiero dolarizador. Incluso el MTA había apoyado tenuemente a Duhalde en las elecciones de 1999 (Fernández, 2010)²⁶. El discurso de Duhalde era de enfrentamiento con el FMI, la dolarización, la alianza financiera, los "usureros", etc. Sin embargo, la CGT disidente mantuvo una independencia política, desarrollando alianzas tácticas, cuyo mantenimiento estaba condicionado a si "acierta con las medidas". Cuando las medidas gremiales y políticas no fueron las acertadas desde su punto de vista, se produjo una ruptura que devino en el paro con movilización, e incluso debilitó a la propia CGT disidente, y le trajo consecuencias negativas desde un punto de vista corporativo. En este sentido, no se observa en términos determinantes un disciplinamiento por identidad política-ideológica y un disciplinamiento ante el supuesto emerger de un proyecto de "capitalismo nacional" o "desarrollista".
En cuarto lugar, un aspecto importante a destacar que caracteriza a la CGT disidente- MTA se refiere a la táctica del reformismo obrero; es decir, el avance de reformas que significan conquistas obreras bajo la unidad en la lucha y en la negociación del conjunto de los trabajadores, al mismo tiempo que se mantiene un horizonte estratégico de transformación nacionalista, popular y estatista; se intenta influir en la política de gobierno (incluso tratando de imponer un ministro de Economía afín que rompa con el FMI), dejando siempre abierta la posibilidad de negociación pero "golpeando" para hacerlo en una posición de fuerza, y se procura articular con un conjunto de sectores sociales y políticos de distintos matices ideológicos con gran pragmatismo táctico. Para algunos, todas estas características, junto a las formas organizativas que aquí no analizamos, pueden significar un límite para una estrategia transformadora; para otros, son la condición de su desarrollo.

Notas

1 El presente trabajo se apoya para el contexto político-social general del período bajo estudio en la investigación De diciembre de 2001 a la Masacre de Kosteki y Santillán. Proyectos estratégicos en disputa por la hegemonía en Argentina, a publicarse por la editorial de la Universidad Nacional de Rosario (ISBN: 978-950-673-889-1). Una versión anterior fue presentada como tesis de grado.

2 Tomando a Dussel (2007), el concepto de pueblo se asocia al campo de los oprimidos por un régimen de dominio, que incluye, en términos gramscianos, al conjunto de las clases subordinadas (Gramsci, 1998). Para Dussel, el "pueblo" emerge en el momento crítico en que la comunidad política se escinde, ya que el bloque histórico en el poder deja de constituir una clase dirigente. Como se ve, es un proceso eminentemente político, ya que un "pueblo" se constituye a partir de la escisión, de la ruptura con la dirección política y moral, práctica y teórica, del bloque histórico en el poder. En este sentido, se asemeja a la noción de que las clases se constituyen al nivel de las relaciones sociales y de las luchas prácticas y teóricas, aunque en relación con la estructura económico-social, como observa Poulantzas y Gramsci en la teoría marxista.

3 Un nivel de mayor profundidad de análisis consistiría en ver las formas organizativas gremio por gremio, no escindido; o en relación con los resultados obtenidos en las luchas, con los avances concretos de la organización de los trabajadores y con la magnitud del gremio en cuestión.

4 Además, se han realizado un conjunto de encuentros y entrevistas con dirigentes del MTA como Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), actual secretario de formación de la CGT, y con Facundo Moyano, referente de la Juventud Sindical, con motivo de investigaciones en curso. También hacemos uso de las actas y declaraciones realizadas por el MTA.

5 El programa completo de Huerta Grande era el siguiente:
1. Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado.
2. Implantar el control estatal sobre el comercio exterior.
3. Nacionalizar los sectores clave de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo
y frigoríficos.
4. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.
5. Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del pueblo.
6. Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción.
7. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación.
8. Implantar el control obrero sobre la producción.
9. Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales.
10. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo
Argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción.

6 Como afirma Palomino (2005), "La crisis en el mercado de trabajo, con su secuela de desocupación y precarización laboral, atenuó la fuerza social y política de los sindicatos."

7 El Congreso de Huerta Grande se dividió en cinco comisiones: Legislación Laboral, Economía, Educación, Salud y Prensa presididas por los distintos secretarios generales de los gremios. Las conclusiones de dichas comisiones fueron sistematizadas y, las más importantes, volcadas a la declaración final.

8 En un reciente Congreso de la Juventud Sindical, realizado en Mar del Plata el 14 de abril de 2011, se distribuyeron a los participantes, como material de discusión para las comisiones, los programas de La Falda, Huerta Grande, el documento del 1° de mayo de 1968 de la CGT de los argentinos y los 26 puntos elaborados por la CGT de Ubaldini.

9 En un análisis más preciso, Gómez (2009) divide entre "participacionistas", "vandoristas", "combativos" y "clasistas". Para una visión general del proceso histórico, tomamos aportes de Daniel James (2005).

10 En este sentido, la CGT de los Argentinos se constituye a partir del triunfo en el Congreso de la CGT de quienes se enfrentaban a Augusto Vandor. El no reconocimiento de dicho triunfo es el que determina la fractura en la conducción y la constitución de la CGT-A, aunque al cabo de poco tiempo se reunifican. Esta experiencia, y su interpretación histórica, marcará una estrategia divergente, por ejemplo a la de la CTA, cuyos dirigentes deciden constituirse como una central separada de la CGT y desde allí intentar atraer a la CTA a los gremios de la CGT o fracturarlos para que partes del gremio pasen a ser de la CTA.

11 Otra discusión es por el orden social o el proyecto político-estratégico al que el MTA aspira, dentro de la tradición peronista. Pero claramente es contra el proyecto financiero primario- exportador neoliberal y la transformación del orden social que este impone. Tampoco discutimos aquí centralmente los métodos de lucha y de construcción político-social, y su correspondencia o no con un proyecto de transformación social.

12 El Grupo Productivo es un nucleamiento empresarial surgido en septiembre de 1999, en principio conformado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Unión Industrial Argentina (UIA) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con el objetivo de presionar por medidas político-económicas a favor de la producción, la reactivación económica y en contra del "proyecto financiero". Desde allí comenzó a presionarse por una devaluación y pesificación. El Grupo Productivo reúne a los grupos económicos locales perdedores en la profundización del proyecto financiero neoliberal, aunque mucho de sus integrantes lo conformaron en su momento y en sus inicios se beneficiaron de él.

13 "Sólo dos grandes banderas, en la fachada del Cabildo, resguardaban el palco de los oradores: 'ALCA-RAJO' y otra que identificaba a las históricas 62 Organizaciones Peronistas.(...) Por los altoparlantes, el locutor anunciaba la adhesión de la diputada Elisa Carrió y del Polo Social del padre Luis Farinello y lanzaba consignas contra el ALCA: 'Fuera los yankis de América latina', 'Latinoamérica para los latinoamericanos', 'Por la unidad latinoamericana que soñaron San Martín, Bolívar y Martí'" (Página/12, 7/4/2001).

14 Es esta una dolarización que, llamativamente, mantiene la Convertibilidad. Por lo tanto, la dolarización en estas condiciones respalda la Convertibilidad.

15 ""Es casi inexplicable que a menos de dos meses desde su puesta en marcha, hoy se diga que se puede prescindir de los planes de competitividad", dijo José de Mendiguren, titular de la Unión Industrial (UIA) y uno de los impulsores del Núcleo, que reúne al Grupo Productivo, la CGT oficial y las dos entidades que agrupan a los bancos." Clarín, 11 de diciembre de 2001. El destacado es del diario.

16 Un desarrollo de estos temas se encuentra actualmente en elaboración, en Pablo Ghigliani"La pertinencia de la 'mobilization theory' para el estudio del movimiento obrero".

17 El MOP era la punta de lanza del menemismo al interior del movimiento obrero. Para las elecciones de 1999 armó "la Mesa Sindical Menem ´99", compuesta por los mismos dirigentes que integraban el Movimiento Obrero con Propuesta (MOP), liderado por Antonio Cassia y del que participaban -entre otros- el representante de los trabajadores del vidrio, Alfonso Millán; el titular de los plásticos, Vicente Mastrocola, y el secretario general de la Federación de Trabajadores del Gas, Oscar Marigone (La Nación, 18/1/1998). Ver Iñigo Carrera y Cotarelo (2000).

18 Este concepto no se refiere a la discusión simplificada de "reforma o revolución".

19 Ver: Juri, Daniel "El Gobierno les abrió una puerta a todas las caras de la protesta social"; Ríos, Ricardo "El Gobierno ve en los planes de empleo la única salida" y "Rodríguez Saá fue a la CGT y anuló el recorte a jubilados"; Bermudez Ismael, "Otro mazazo para la alianza". Clarín, 26 y 27 de diciembre de 2001.

20 "Las Madres, con esperanza", Página/12, 26 de diciembre de 2001.

21 Entrevista a Rodríguez Saá, diario Perfil, 15 de julio de 2007.

22 Esto fue manifestado oficialmente en las reuniones que tuvieron con Atanasof, por separado, las dos fracciones de la CGT y también la CTA.

23 Resulta interesante agregar a esto la siguiente afirmación de Gómez (2009): "Las prácticas orientadas a incrementar/valorizar la presencia en el mercado de trabajo y en el mercado de consumo, son formas primarias de preservar capacidades estructurales de constituirse como fuerza social y participar en la lucha por la definición del orden social".

24 Clarín, 29 de mayo de 2002. "Vicente será secundado en la comisión directiva por los vicepresidentes Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Amalita Fortabat (Loma Negra), José Ranero Díaz (YPF), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Enrique Pescarmona (IMPSA), Manuel Sacerdote (BankBoston) y Carlos Miguens (Grupo Bemberg). José Cartellone será el secretario; Alfredo Coto, el tesorero, y ejercerán como vocales Arturo Acevedo (Acindar), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Federico Braun (La Anónima), Luis Bameule (Quickfood), Juan Peirano (Grupo Velox), Oscar Vignart (Dow Química), Miguel Acevedo (Aceitera Deheza), Juan Carlos Masjoan (Telecom), Eduardo Elsztain (IRSA) y Pablo Roemmers (Roemmers)."

25 En este sentido, como ejemplo, es tal la invisibilización de parte del movimiento obrero organizado en gran parte de la bibliografía, que en uno de los textos (Dinerstein, 2004) en donde se menciona como hecho importante en la explicación de los acontecimientos de diciembre de 2001 la huelga general convocada el 13 de diciembre por las dos CGT y la CTA, afirma que la misma sólo estuvo convocada por la CTA.

26 También en las elecciones de 1995 se observa la fractura política de la CGT: mientras la CGT apoyó la candidatura de Carlos Menem, tanto el MTA como la CTA apoyaron la postulación del FREPASO, en cuya fórmula presidencial estaban José O. Bordón y Carlos "Chacho" Álvarez (Fernández, 2010).

Bibliografía

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