ARTÍCULOS

Peronismo, dictadura y universidades privadas en la Argentina de los años 70

Víctor Hugo Algañaraz Soria

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Programa de Investigaciones sobre Dependencia Académica en América Latina (PIDAAL, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo).
Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISE, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan), Argentina.
victor.alganaraz@conicet.gov.ar // victor.algz@gmail.com

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Resumen

A partir del análisis de normativas universitarias, bibliografía especializada y fundamentalmente fuentes documentales y testimoniales, este artículo aborda la trama del sector universitario privado durante el complejo interregno que significaron los años setentas para la historia reciente Argentina. Observaremos que tras el reingreso del peronismo al poder del Estado en 1973, la alta sustentabilidad adquirida por el sector en años anteriores fue puesta en jaque: conflictos estudiantiles, intervenciones políticas y un crecimiento institucional refrenado, fueron algunos de sus rasgos distintivos. En cuanto a la última dictadura militar (1976-1983), abrió una contradictoria etapa de desarrollo para las universidades privadas. Pese a la alternancia de católicos conservadores en el área educativa y al sesgo privatista identificado como un hito del modelo económico implementado, el sector privado resultó contraído en el marco del avasallamiento más brutal del sistema universitario en su conjunto. Sin embargo, algunas universidades católicas resultaron beneficiadas con importantes estímulos económicos.

Palabras clave: Peronismo; Dictadura; Universidades privadas; Políticas de contracción y reestructuración.

Peronism, dictatorship and private universities in Argentina of the 1970s

Abstract

Drawing from the analysis of university regulations, specialized literature and mainly documentary and testimonial sources, this paper addresses the weft of the private university sector during the complex interregnum that meant the seventies years for Argentina's recent history. We'll observe that after the re-entry of Peronism to power State in 1973, the high sustainability acquired by the sector in previous years was put in check: student conflicts, political interventions and a restrained institutional growth, were some of its distinctive features. Regarding the last military dictatorship (1976-1983), opened a contradictory stage of development for private universities. Despite the alternating of conservative catholics in educative area and privatizing slant identified as a milestone of the implemented economic model, the private sector was contracted under the most brutal subjugation of the university system as a whole. However, some catholic universities were benefited with important economic stimulus.

Keywords: Peronism; Dictatorship; Private universities; Contraction and restructuring politics.

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Introducción

En Argentina, el proceso de institucionalización de la oferta universitaria privada tuvo lugar recién hacia mediados del siglo XX. Fue el gobierno militar de 1955 (que interrumpió el segundo gobierno de Juan D. Perón), quién previó por primera vez en la legislación universitaria la creación de "universidades libres" (Decreto-Ley 6.403/55, art.28). Pero tal fue la intensidad de los conflictos que despertó su devenir en el panorama universitario nacional, que el régimen de facto optó por detener la instrumentación de la norma.

Sin embargo, la iniciativa fue retomada durante el gobierno constitucional de Arturo Frondizi, en medio de un tenso escenario político-universitario. Luego de un dificultoso tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, se sancionó la Ley 14.557/58 (conocida como "Ley Domingorena") que constituyó el primer marco regulatorio para las universidades privadas. Entre otras cosas, la norma autorizó a las instituciones a conferir el grado académico a sus egresados, pero resguardó al Estado la habilitación para el ejercicio profesional. Les prohibió, además, la obtención de recursos del Tesoro Público y, desde entonces, la base de su financiamiento proviene de los aranceles pagados por los estudiantes.

En este contexto, comenzaron a proliferar en el país las primeras universidades privadas, vinculadas en general a emprendimientos de la Iglesia católica. Además de Universidades como la Católica Argentina (UCA) y del Salvador (USAL) en Buenos Aires, se crearon otras cuantas instituciones en provincias de fuerte raigambre católica (Del Bello et al., 2007).

Durante la consiguiente presidencia de Arturo Illia, no sólo se ratificaron las políticas de "libertad de enseñanza" sino que, además, se impulsó la diversificación del sector. Prosperaron en esta etapa un número importante de instituciones no confesionales, ligadas más bien a grupos académicos, de la producción y empresariales. La creación de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), es un claro ejemplo de esta nueva tendencia.

Fueron años de un crecimiento exponencial para la matrícula universitaria privada: en 1958 se registraba un total de 1.536 estudiantes, pero hacia 1965 la cifra había ascendido a 15.309. Las dos universidades que más crecieron fueron la UCA y la USAL: la primera inició su tarea en 1958 con 602 estudiantes que aumentaron a 3.411 hacia 1965 y la segunda comenzó con 175 en 1958 y se extendió a 3.485 en 1965 (CRUP, 1978: 283).

Pero fue durante el régimen militar de Onganía, devenido en 1966, cuando el conglomerado de las universidades privadas logró consolidarse. En contraste con las Universidades Nacionales que atravesaron por una etapa inicial de represión y éxodo de un buen número de docentes, las privadas resultaron ampliamente favorecidas. De instituciones como la UCA, por ejemplo, salieron varios de los profesionales que ocuparon posiciones claves de poder en el Estado (Giorgi & Mallimaci, 2012; Neiburg & Plotkin, 2004). Además, asesorado por un grupo de católicos que cumplían funciones en la cartera educativa, Onganía sancionó la Ley 17.604/67 que concretó el segundo marco regulatorio para el sector. Entre otras cosas, la norma estableció un Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), como órgano general de coordinación para dichas instituciones, al tiempo que las habilitó a concertar con el Estado alguna contribución económica (arts. 16 y 17).

En cuanto a este último punto, fue recién con el decreto reglamentario Nº 8.472/69 cuando el gobierno militar esclareció el procedimiento: las universidades privadas debían presentar por medio del CRUP un "proyecto subsidiario" solicitando la contribución económica estatal. La normativa aclaraba también que aunque autorizaba el otorgamiento de subsidios a universidades privadas, éstos no debían convertirse en aportes regulares. Sin embargo, en este trabajo veremos que la dictadura de Videla, valiéndose de esta reglamentación, otorgó de forma regular importantes subsidios a dos universidades católicas.

En cuanto a la matrícula universitaria privada, aceleró aún más su ritmo de crecimiento durante la segunda mitad de 1960: un total de 20.069 nuevos estudiantes se incorporaron al sector. Así, logró capturar un mayor porcentaje de la "matrícula universitaria total del país": pasó de controlar el 6,8% en 1965 al 14,2% en 1971 (CRUP, 1978: 283).

En definitiva, bajo el contexto acumulativo en el que tuvieron vigencia ambos marcos legales regulatorios, el sector universitario privado logró expandirse acentuadamente (se crearon más de una veintena de instituciones que contaron con una progresiva afluencia de alumnos), acompañando de alguna forma los procesos de masificación y modernización que entonces signaban el sistema nacional de educación superior.

Sin embargo, durante la compleja década de 1970, la trama de las universidades privadas estuvo signada más bien por políticas de contracción y reestructuración. Precisamente, este artículo tiene por objeto dar cuenta de estos procesos. Conflictos estudiantiles, intervenciones políticas y un crecimiento institucional refrenado, fueron algunos de los rasgos distintivos del sector durante el tercer gobierno peronista. En cuanto a la última dictadura (1976-1983), pese a la alternancia de católicos conservadores en educación y al sesgo privatista identificado como un hito del modelo económico, el sector privado resultó contraído en el marco del avasallamiento más brutal de todo el sistema universitario.

Partiendo de trazar un dialogo productivo con la literatura especializada disponible, el trabajo avanzará articulando una vía socio-histórica -anclada en la exploración de leyes y corpus documentales- con otra etnográfica -centrada en la recuperación del "testimonio" de académicos de la época¹-, que permitirán desplegar una mirada sociológica reflexiva (Bourdieu, 1995) sobre el devenir de las universidades privadas en la Argentina de los '70.

Las universidades privadas también convulsionadas: politización estudiantil durante el reingreso del peronismo al poder del Estado

Entre el 25 de mayo y el 13 de julio de 1973 tuvo lugar la brevísima pero intensa presidencia de Héctor J. Cámpora, dirigente político estrechamente vinculado a Juan D. Perón (cuya participación en la vida cívica del país estaba proscripta desde 1955). Fue un breve contexto en el que las facciones más radicalizadas del peronismo (vinculadas a la tendencia revolucionaria o sectores de extrema derecha) entablaron una compleja relación-tensión.

Al frente del Ministerio de Educación, una de las áreas más importantes, se designó a un académico que si bien provenía del peronismo tradicional mantenía también gran simpatía con los sectores más combativos de la Juventud Peronista. Se trató de Jorge Alberto Taiana, quien desde 1945 alternó de forma permanente la práctica de la medicina con el análisis de la problemática educativa, enfatizando en la política universitaria².

La literatura especializada disponible (Buchbinder, 2014; Rodríguez, 2014a; Recalde & Recalde, 2007; Perel, Raíces & Perel, 2006; Barletta, 2001; entre otros) coincide en señalar que al poco tiempo de asumir la cartera educativa, Taiana digitó una serie de medidas controvertidas que abrieron paso a una decisiva etapa de politización en el campo universitario: intervención de Universidades Nacionales (Decreto Nº 35) y consecuente designación de autoridades vinculadas a la tendencia revolucionaria de la Juventud Peronista³; reincorporación de profesores expulsados de la universidad entre 1955 y 1973; cesantía de docentes identificados con la dictadura de 1966 y de quienes además trabajaban como empleados en empresas multinacionales; y establecimiento para el año 1974 de un ingreso irrestricto en las universidades del Estado. Todo ello, según argumentaba el mismo ministro, porque "la universidad debe insertarse en el proyecto de país que la mayoría del pueblo quiere realizar" (Diario Mendoza, 27/05/1973).

Gran protagonista de este periodo fue la izquierda peronista que, entre otras acciones, motorizó crecientes protestas y ocupaciones de una importante cantidad de dependencias estatales e instituciones privadas de todo el país. En un exhaustivo trabajo, Fabián Nievas (2000) ha demostrado que las "tomas" fueron realizadas, generalmente, para exigir la renuncia de alguna autoridad institucional vinculada al gobierno dictatorial anterior y/o pedir la designación específica de sus propios candidatos en los cargos de dirección⁴.

En lo que refiere al ámbito de la educación superior, durante los primeros meses de la gestión de Taiana (mayo-junio de 1973) fueron tomadas más de 80 dependencias que incluían "desde universidades completas, hasta cátedras" (Nievas, 2000: 178), promovidas mayoritariamente por la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Se destacan tres casos de instituciones bajo gestión privada: la Facultad de Derecho y la de Humanidades de la "Universidad Católica de Mar del Plata"; la Facultad de Psicología de la "Universidad del Aconcagua" y la de Arquitectura de la "Universidad de Mendoza". En líneas generales, las "tomas" fueron encaradas por grupos estudiantiles que solicitaban intervenir las instituciones como antesala para su estatización.

Sobre lo ocurrido en Mar del Plata, cabe destacar que las dos instituciones de enseñanza superior allí localizadas (la Universidad Provincial y la Católica "Stella Maris") fueron centros predilectos de una temprana violencia política. En otros estudios (Gil y Díaz, 2014; Díaz, 2010; Gil, 2008 y Ladieux, 2005 entre otros), se ha señalado ya que los enfrentamientos políticos y la escalada represiva se habían desatado desde fines de 1971 en Mar del Plata a manos de las tendencias derechistas del peronismo local y que cristalizaron inicialmente en el asesinato de una estudiante de arquitectura de la Universidad Provincial: Silvia Filler.

Las "tomas" producidas en la Universidad Católica se inscribieron claramente en este complejo escenario. En el marco de una fuerte disputa interna y de enfrentamientos políticos con sectores estudiantiles y autoridades identificadas con la derecha peronista, la JUP promovió la ocupación de la Facultad de Derecho de dicha universidad, que se concretó la noche del 5 junio de 1973. Fundamentando su accionar en el "sistema educativo caduco y paternalista" (Nievas, 2000: 194) existente, los estudiantes exigieron la renuncia de las autoridades y la transformación de la institución en una universidad libre y popular.

Frente a una ocupación estudiantil que se dilató por varios días, el entonces rector de la institución: Antonio Matos Rodríguez decidió "suspender momentáneamente toda actividad universitaria [y] hacer un llamado a una serena reflexión sobre el proceso global que estamos viviendo" (Diario El Atlántico, 08/06/1973). En clara disconformidad, ese mismo día los estudiantes de Humanidades, adhiriendo a la medida de fuerza adoptada por los de Derecho, ocuparon la facultad. La toma prosiguió por varios días, hasta que finalmente renunciaron los consejeros académicos.

Casi en simultáneo fueron ocupadas otras dos dependencias de universidades privadas, pero esta vez en Mendoza. El miércoles 13 de junio, un grupo de aproximadamente 80 alumnos reunidos en asamblea, resolvió tomar la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua. Los ocupantes denunciaron bajo nivel académico, una exigua cantidad de becas y la implantación del profesorado que, aunque ya pago, no había sido formalizado. Afirmaron que la política educativa de las actuales autoridades, los mantenían al margen del proceso de reconstrucción nacional iniciado por el gobierno y que era necesario crear una "Facultad estatal de Psicología y Ciencias de la Educación" (Nievas, 2000: 184).

En abierta oposición a la toma de la Facultad de Psicología, se manifestaron los estudiantes de las Facultades de Empresas y de Economía. La polémica fue tal, que la ocupación del edificio se mantuvo hasta que el secretario general de la gobernación Dr. Horacio Martínez Cejas anunció que la universidad sería intervenida.

Dos días después, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza fue ocupada por sus alumnos, denunciando programas académicos apolíticos, exigiendo un gobierno tripartito y reclamando la inserción de la universidad en la realidad nacional. "Pidieron la intervención de la facultad como paso a su posterior estatización" (Nievas, 2000: 185). Por su parte, el grueso de los profesores elaboró una propuesta, que contemplaba cambios graduales pero no la nacionalización del establecimiento. En el marco de trabadas discusiones entre grupos de profesores y estudiantes, el entonces rector Emilio Descotte afirmó que no reconocería ninguna medida fuera del estatuto. La toma se levantó finalmente el martes 26 de junio ante la presencia de la Policía Federal.

Aunque no se registraron ocupaciones de establecimientos, la politización estudiantil también hizo eco en la Universidad del Salvador (USAL). Hacia 1973, todas sus facultades estaban altamente politizadas e incluso los Centros de Estudiantes contaban con representantes en los claustros. En la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, "existían diversas agrupaciones que contaban con nexos con los partidos políticos" (Torres, 2015: 8).

Fue un contexto en el que la hostilidad de los sectores estudiantiles se manifestó desde diversos ángulos. Por ejemplo, Adolfo Fontanella (entonces estudiante de Ciencias Políticas, delegado de la JUP en la Facultad de Sociales e integrante de los Jóvenes Cristianos para la Liberación) fue duramente golpeado por "corromper los valores cristianos" e "infiltrar ideas comunistas" (Torres, 2015: 9). Casi simultáneamente, un grupo de reconocidos intelectuales -entre quienes se destacaba Carlos Floria-, optaron por abandonar la universidad tras ser rotulados despectivamente como "cientificistas" y acusados por grupos estudiantiles de instrumentar las ciencias sociales en favor de sectores pequeño burgueses (Zanca, 2006)⁵.

¿Universidades "libres"? Intervenciones políticas e interposición de un "freno" al proceso expansivo de la educación superior privada.

En este acelerado contexto, tuvo lugar un hecho hasta entonces inédito en la historia de las universidades privadas argentinas: su intervención a manos del aparato del Estado. En efecto, tanto la Universidad del Aconcagua como la de Mendoza que estaban siendo jalonadas constantemente por el enfrentamiento entre fuerzas políticas irreconciliables, fueron intervenidas por el Poder Ejecutivo Nacional en un proceso por demás polémico.

Mientras la intervención a la Universidad de Mendoza se extendió desde julio de 1973 hasta junio de 1974, en la Universidad del Aconcagua el proceso se inició en agosto de 1973 y culminó en diciembre del mismo año (Del Bello, Barsky & Gimenez, 2007; CONEAU, 2004). Respecto a la intervención de ésta última, uno de sus miembros fundadores relata:

"La Universidad del Aconcagua estuvo intervenida varios meses en 1973. Fue una época muy complicada. La intervención se produjo al poquito tiempo que la universidad obtuvo reconocimiento definitivo, también otorgado por el ministro Taiana. En agosto la intervinieron y continuó hasta diciembre que la liberaron. La intervención se efectuó por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, aduciendo exclusivamente razones políticas. Pero demostramos que la universidad nunca estuvo vinculada a ninguna corriente política y se levantó la medida" (Gustavo, Entrevista, 2013).

Otra de las instituciones que resultó intervenida en este contexto, fue la Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco", creada en 1959 (y autorizada por Decreto Nº 2.850/63). En sintonía con lo sucedido en otras casas de estudios superiores del país, 1973 abrió una etapa de reclamos y movilizaciones estudiantiles, que las autoridades de la Universidad San Juan Bosco percibieron como una "invasión de un grupo de alumnos motorizados por ideologías extremistas" (CRUP, 1978: 243). El conflicto entre estudiantes y autoridades universitarias fue tal, que el Poder Ejecutivo Nacional decidió intervenir la universidad, invocando la consumación de irregularidades institucionales. Adicionalmente, el gobierno dispuso crear una Universidad Nacional en la Patagonia (Ley 20.296 del 23/04/73). Toda la situación fue percibida por las autoridades de la institución confesional como partes de "un plan conjunto que contó con el apoyo y respaldo del entonces Ministro de Cultura y Educación, doctor Taiana" en claro perjuicio de la Universidad Católica (CRUP, 1978: 243).

Casi simultáneamente a estos acontecimientos y en concordancia con el proyecto de Reconstrucción y Liberación Nacional entonces promulgado, el Poder Ejecutivo Nacional decidió avanzar en el redimensionamiento del sistema universitario.

Según lo previsto por el órgano nacional de planificación y desarrollo, se realizaron una serie de estudios tendientes a reestructurar el conjunto de las universidades existentes en el país. Como resultado, el 5 de julio de 1973 se sancionó el Decreto Nº 451 que, entre otras cosas, "pausó" la creación de nuevas instituciones universitarias. Así, por ejemplo, el proyecto de crear una Universidad Nacional en la Patagonia fue momentáneamente suspendido⁶.

Pero veamos especialmente el contenido del artículo 5 del decreto en cuestión, que determinaba: "suspender todos los trámites referidos a la autorización provisional o definitiva de establecimientos universitarios privados dentro del régimen de la Ley 17.604/67". Tal fue el alcance de la normativa para la educación superior privada, que durante la gestión de Taiana no volvió a facultarse la creación de ninguna nueva institución para el sector.

Fue un contexto, en el que varias universidades privadas vieron disminuir drásticamente su matrícula estudiantil, acompañando de alguna forma esta suerte de "freno" que se interpuso a su expansión institucional. Podemos señalar concretamente algunos casos: la Católica de Salta pasó de 1.731 alumnos registrados en 1971 a 941 en 1974; la Católica de Santa Fe de 2.183 a 1.584 en el mismo periodo y la de la Patagonia descendió de los 595 alumnos registrados en 1971 a sólo 95 en 1974. También la Universidad del Aconcagua disminuyó su matrícula, pasando de 585 alumnos a 386 para el mismo el periodo (CRUP, 1978: 283).

Esta abrupta desaceleración del ritmo de crecimiento que venía experimentado la matrícula del sector, puede corroborarse también si tomamos en cuenta que las universidades privadas perdieron significativos puntos de control sobre el total de la matrícula universitaria del país: mientras en 1971 controlaban el 14,2% del total de estudiantes universitarios matriculados, la cifra se redujo al 10,2% hacia 1974 (CRUP, 1978: 285).

Fue un claro contexto de fortalecimiento de la matrícula en las universidades públicas, habida cuenta la supresión de las trabas a su acceso: mientras en 1973 se contabilizaban 106.347 inscriptos, el "ingreso irrestricto" que impulsó el peronismo en 1974 elevó la cifra de estudiantes en las Universidades Nacionales a 128.355 (Pérez Lindo, 1985: 168).

A esta situación, debe añadirse también la traslación de varios académicos católicos, mayoritariamente formados y/o con funciones en universidades confesionales, hacia las instituciones del Estado. Desde mediados de los años sesenta, la Iglesia católica atravesaba por un proceso de radicalización política e ideológica a nivel nacional e internacional, que terminó acercando a muchos cuadros eclesiásticos hacia el movimiento peronista, los "Sacerdotes del Tercer Mundo" y la "Teología de la Liberación". Así, frente a un sector universitario privado cada vez más contraído, las Universidades Nacionales fueron percibidas como las únicas capaces de brindar "aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional" (Buchbinder, 2010: 203).

Fue en este marco cuando tuvo lugar la "circulación" de profesionales católicos por las universidades públicas, destacándose especialmente los casos del sacerdote Justino O'Farrel (que se desempeñó como Decano en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA); el padre Juan Moreno (que cumplió funciones en el rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy); el sociólogo de la UCA Rafael Olivera (que institucionalizó la disciplina en la naciente Universidad Nacional de San Juan) y el ex-subsecretario de educación e histórico dirigente de Acción Católica Emilio Mignone (designado en 1973, interventor normalizador de la Universidad Nacional de Lujan).

Pero, a decir verdad, la institución eclesial no constituyó un bloque homogéneo y monolítico. Frente a esta serie de políticas peronistas de reestructuración del espacio universitario, que para el sector privado implicaron una suerte de contracción en su crecimiento institucional, los sectores más conservadores de la Iglesia católica (históricamente, principales impulsores de la educación superior privada) constituyeron una de las voces más discordantes. Al respecto, el entonces arzobispo de Rosario reclamaba:

"el inquietante panorama que presenta la política educativa en la Nación entera: la casi totalidad de las universidades entregadas al marxismo; la enseñanza privada amenazada de muerte por asfixia económica y por proyectos de ley que atentan contra su misma esencia y razón de ser" (Mons. Bolatti; en Aveiro, 2007: 243).

El regreso de Perón y la sanción de la "Ley Taiana", preludios de un nuevo capítulo en la radicalización estudiantil: efectos en las universidades privadas.

Luego de concertada la renuncia de Héctor Cámpora y el nuevo llamado a elecciones, Juan D. Perón accedió por tercera vez al poder presidencial en Argentina. Tras su asunción, el 12 de octubre de 1973, confirmó a Taiana en el Ministerio de Educación. Fue un intenso contexto en el que se aceleró aún más el panorama de radicalización y conflictividad social que vivía el país. En un marco de avanzada de sectores de la derecha peronista sobre instituciones que hasta entonces eran gobernadas por grupos relacionados con la izquierda del movimiento, Taiana abrió el debate en torno a un nuevo proyecto de ley universitaria. La misma fue promulgada recién el 26 de marzo de 1974, como Ley universitaria Nº 20.654⁷.

Varios de los investigadores que han focalizado la "Ley Taiana" como objeto de análisis (Buchbinder, 2014; De Luca, 2008; Mignone, 1998), concuerdan en que la misma estableció puntos de ruptura y también de continuismo respecto a la política universitaria de la etapa precedente. Entre los aspectos más polémicos que demarcaba la normativa, pueden señalarse: concebir las universidades como comunidades de trabajo bajo los paradigmas de liberación nacional y justicia social (Art. 1); prohibición de toda actividad política en el ámbito universitario y cesantía de docentes que defendieran intereses en pugna con los de la "nación" (Art. 5 y 11); gratuidad de los estudios universitarios (Art. 36º); intervención de las universidades por el Poder Ejecutivo sea por incumplimiento de la Ley o subversión contra los poderes de la nación (Art. 51º) y reconocimiento del grado académico a todos los docentes cesanteados entre septiembre de 1955 y mayo de 1973 (Art. 60º).

A los fines de este trabajo, nos limitaremos a señalar que fue una controvertida norma que encendió nuevas tensiones y enfrentamientos entre las fuerzas políticas irreconciliables que entonces convivían dentro del movimiento peronista.

Una vez más, la aceleración de los tiempos -esta vez regresivos respecto a la politización anterior- complejizó el panorama del conjunto de las universidades. En octubre de 1973, Rodolfo Puiggrós fue apartado de la UBA y lo mismo sucedió con rectores de otras Universidades Nacionales, dando cuenta del desplazamiento de la izquierda peronista que estaba siendo operado. El Ministro Taiana designó nuevos rectores interventores y "las distintas agrupaciones de estudiantes iniciaron una nueva serie de tomas de facultades y rectorados en apoyo o repudio a las nuevas autoridades" (Rodríguez, 2014a: 129).

En este contexto eclosionó un nuevo conflicto en la ya complicada trama de las instituciones universitarias privadas, ésta vez en el seno de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) pero teniendo también como protagonistas a los sectores estudiantiles.

Desde su creación (efectuada mediante un decreto auto-arzobispal el 11 de abril de 1966), Mons. Antonio José Plaza que se desempeñaba como su Gran Canciller fue concentrando en su figura un gran poder decisorio sobre el devenir de la institución platense. Una de las medidas más importantes, y más polémicas, llevadas a cabo por el clérigo fue impulsar a comienzos de 1970 la creación de nuevas y numerosas dependencias de la universidad.

"La universidad crece, el Instituto Superior de Estadística se transforma en la Facultad de Matemática Aplicada, y en 1973 se crea la Facultad de Ciencias de la Educación a nivel cuaternario. En la Facultad de Arquitectura se crea el Departamento de Investigación y Práctica y, en la de Economía, el Instituto de Investigaciones. Al iniciar el año 1974 la universidad contaba ya con el Departamento Superior de Teología y con las seis facultades que integran con aquel el total de sus unidades académicas superiores: Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho y Facultad de Matemática Aplicada" (CRUP, 1978: 67).

Se trató de un complejo proyecto de redimensionamiento institucional que no tuvo en cuenta el débil crecimiento de la matrícula universitaria. Cuando comenzó a funcionar oficialmente, la UCALP registraba solamente 535 alumnos, que hacia 1971 se habían incrementado a 1339. Sin embargo, desde entonces y hasta 1974 se incorporaron solamente 248 nuevos estudiantes (CRUP, 1978: 283). Así, el aumento de dependencias académicas fue directamente desproporcional respecto al reducido número de estudiantes matriculados. Según Baruch Bertocchi, la idea era ocultar el déficit del también constante crecimiento de las cuotas estudiantiles que "mensualmente cambiaban de números" (1987: 64).

Hemos señalado antes que la principal fuente de sostenimiento económico de las universidades privadas es, desde la sanción de la Ley Domingorena, el arancel abonado por sus alumnos a cambio del servicio educativo recibido. Pero en la UCALP, la situación era aún más compleja: ejecutaba un tipo de administración descentralizada que implicaba una suerte de autofinanciamiento por cada una de las Facultades. Lo que un contexto de pocos estudiantes y muchas dependencias tuvo graves consecuencias: mientras las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas, que mantenían una gran afluencia de alumnos, lograron sostenerse a sí mismas; las de Arquitectura, Ciencias Sociales, Matemática Aplicada y Ciencias de la Educación, signadas por una escasez de alumnos, sufrieron un importante déficit económico que se tradujo prontamente en amenazas de cierre (CRUP, 1978).

Ahora bien, aunque en la mayoría de las universidades privadas no se acepta la formación de centros de estudiantes y tampoco existe la cogestión, un grupo de alumnos de la UCALP de clara militancia peronista se movilizó para encontrar una solución a la crisis económica. Invocando una fórmula de participación cooperativa, fundada en una concepción de la educación como función social de responsabilidad comunitaria, lograron "desenmascarar la crisis que subyacía a la sombra del accionar multiplicador de la Universidad Católica de La Plata, que había inventado facultades que no tenían, y no podían alcanzar la media de alumnos en sus aulas" (Baruch Bertocchi, 1987: 67). Las autoridades universitarias, con Mons. Plaza a la cabeza, interpretaron la medida como un intento irracional por destruir la institución, al tiempo que cuestionaron al gobierno nacional por alentar la agitación estudiantil que provocó la "desintegración" de la universidad.

"De esas vicisitudes no ha sido ajena la Universidad Católica de La Plata. Ocurrió en momentos confusos acerca del rumbo filosófico que, en definitiva, adoptaría la conducción cultural y educacional en el país. Algunos sectores habían pensado que había llegado la hora de poner fin a las universidades no estatales, especialmente a aquellas universidades que estaban sustentadas por una filosofía sólida y, más aún, cuando se trataba de una filosofía divergente con la que se vislumbraba como dominante en la conducción de la educación estatal" (CRUP, 1978: 68).

Pero el conflicto en la universidad se intensificó durante los meses de abril y mayo de 1974. Frente a la crisis económico-institucional y politización en ascenso de los estudiantes, Mons. Plaza optó por designar un nuevo rector: el economista Nicolás Argentato, que adoptó rápidamente medidas tendientes a "restaurar el orden".

Promoviendo una serie de huelgas y ocupaciones en varias facultades, el grueso del estudiantado exigió la destitución del rector y nuevos decanos, solicitando además participar en los procesos de elección de autoridades. No obstante, "el rectorado respondió con medidas de mayor represión" (CRUP, 1978: 69). Se suspendió toda actividad académica en aquellos institutos o facultades en los que se preveía algún tipo de movilización, y en los casos en que el proceso alcanzó mayor radicalización se apeló directamente al desalojo vía fuerza pública. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando tuvo lugar la "toma" del rectorado a fines del mes mayo, en la que participaron al menos 250 estudiantes.

Dada la intensificación de los conflictos, el rector Argentato definió como estrategia llamar a exámenes hacia junio de 1974. Se exigió a los estudiantes su reinscripción en la universidad y a los miembros del claustro docente un escrito en el que manifestasen su voluntad de continuar en la institución. Como consecuencia, varios alumnos de la Universidad Católica se trasladaron a la Nacional de La Plata, en clara sintonía con la circulación de académicos católicos por las universidades públicas que ya hemos señalado. Finalmente, en agosto se restableció el criterio de centralización, establecido por expresa disposición estatutaria. Pero fue recién a fines de 1975 cuando la universidad alcanzó un relativo oxigeno financiero⁸.

El giro conservador y autoritario del gobierno peronista: devenir del sector privado

Sintéticamente, diremos que el previsible desencuentro del Presidente Perón con la fracción izquierda del movimiento, cristalizó finalmente en una ruptura definitiva en la histórica plaza de mayo y en el avance contundente de la derecha en los diferentes campos. Fueron, sin dudas, la muerte del líder peronista el 1º de julio de 1974 y la inminente renuncia de Taiana a la cartera educativa en agosto del mismo año, los sucesos que cerraron una etapa en la historia del país, y específicamente en las universidades, abriendo correlativamente otra etapa signada por una violencia política en ascenso (Franco, 2011; Izaguirre, 2011).

Con Isabel de Perón a cargo de la jefatura de Estado se avaló el desarrollo de las corrientes más retrogradas del peronismo. Varios directivos y académicos de universidades públicas, vinculados a la "tendencia revolucionaria", debieron renunciar a sus cargos sufriendo amenazas y hasta intentos de secuestro. Frente a la renuncia de Taiana el 13 agosto de 1974 -noche en la que todas las facultades fueron ocupadas por Montoneros y otras agrupaciones de izquierda- el Ministerio de Educación quedó bajo responsabilidad de Oscar Ivanissevich⁹. Fiel a su prédica nacionalista católica, el nuevo Ministro procuró "depurar los centros de altos estudios de todo vestigio crítico y de izquierda" (Pérez Lindo, 1985: 172).

Haciendo uso del artículo 51 de la polémica Ley Taiana -reinterpretada lógicamente en el marco de una violencia creciente y avance de la ultraderecha-, se realizaron nuevas intervenciones universitarias pero esta vez a cargo de sectores de la derecha peronista. Así, mientras en 1973 había una clara primacía de grupos académicos identificados con la izquierda peronista en las universidades públicas (incluidos los intelectuales católicos renovadores o posconciliares), desde mediados de 1974 fueron los académicos vinculados a los sectores más conservadores y reaccionarios quienes ganaron la pulseada¹⁰.

Adicionalmente, en el conjunto de las Universidades Nacionales fueron dejados sin efectos, los cargos interinos de docentes y no docentes designados por la gestión anterior. Se realizaron también masivas cesantías de profesores y expulsiones de alumnos: sólo en la UBA las cesantías alcanzaron las 4.000 personas y las expulsiones se estiman en 15.000 (Perel, Raíces & Perel, 2006). Pero una de las medidas más simbólicas de la llamada "misión Ivanissevich" fue, sin dudas, restringir nuevamente el ingreso a la universidad pública, mediante la imposición de un sistema de cupos. Según el Ministro:

"Ahora se les ofrece la entrada irrestricta a la universidad, (...) sin la preparación que se supone ha adquirido en los colegios secundarios. Es volver a engañar a los jóvenes (...) buscan la línea del menor esfuerzo". (Diario La Opinión, 23/08/1974: 7)

Teniendo como telón de fondo esta etapa de gran cuestionamiento y retroceso de quienes estaban vinculados a la JUP o Montoneros y el surgimiento de fuerzas paramilitares, como la Triple A, se produjo casi un año después un nuevo reemplazo en la cartera educativa. Pedro Arrighi, fue designado Ministro de Educación en agosto de 1975¹¹. Al decir de Aveiro (2007: 250), él "ya había protagonizado hechos bochornosos como interventor de la Universidad Nacional de La Plata al clausurar centros de estudiantes y prohibir la actividad política". Pero entre los puntos más importantes de su gestión, se destaca especialmente la sanción de un decreto que establecía la nacionalización de la Universidad Provincial de Mar del Plata, en la cual se había desempeñado como rector interventor. La medida resultó por demás polémica porque preveía también la unificación de la institución con la Universidad Católica "Stella Maris", que atravesaba una importante crisis financiera.

Como ya hemos descripto anteriormente, Mar del Plata atravesó desde los primeros años setentas por una etapa de violencia política ascendente, que tuvo como escenario predilecto a las Universidades Provincial y Católica. Según Gil y Díaz (2014: 211) ambas "dispusieron durante más de una década de una oferta variada y amplia de carreras que configuraron una dinámica vida universitaria que no escapó del clima de (...) efervescencia política".

Mientras la Universidad Católica era tachada como una "cueva de zurdos" y su rector, Mons. Eduardo Pironio, visto como un "obispo montonero"; la Universidad Provincial fue copada por profesionales alineados hacia la derecha peronista. Por lo tanto, esta suerte de "fusión" no se limitó meramente a cuestiones administrativas, sino que confrontó dos proyectos educativos antagónicos. En este sentido, el proceso de unificación de ambas casas de estudio fue más complicado de lo previsto. Así, aunque las autoridades de la Universidad Provincial buscaban la forma de dejar fuera de la nueva institución a docentes y no docentes de la católica, tanto Mons. Pironio como la entonces decana de la Facultad de Humanidades: Dra. María del Carmen Coca Maggi (próxima a la fracción episcopal renovadora y militante de la izquierda peronista), ejercieron una importante resistencia.

Pero, tal como han señalado otros investigadores (Díaz, 2010; Ladieux, 2005), la violencia en Mar del Plata se multiplicó a grandes pasos desde marzo de 1975, donde murieron, entre otros, la Dra. Coca Maggi, cuyo asesinato conmocionó a toda la comunidad universitaria.

En este complejo contexto, el ministro Arrighi firmó el Decreto Nº 967/75 que posibilitó la nacionalización de la Universidad Provincial. Pero el proceso se completó tiempo después con la integración de la Universidad Católica. Sobre la base de ambas instituciones se erigió finalmente la Universidad Nacional de Mar del Plata vía la Ley Nº 21.139/75 (UNMP, 2008).

En cuanto al devenir conjunto de las universidades privadas durante las gestiones de estos dos últimos Ministros de Educación -identificados comúnmente con lo más retrógrado del peronismo de derecha y del catolicismo tradicional-, podemos señalar que la matrícula continuó con su tendencia de crecimiento lentificado y que prosiguió también el freno que Taiana había impuesto a la expansión institucional del sector (Art. 5, Decreto Nº 451/73).

Sin embargo, aunque tampoco se crearon nuevas universidades privadas, se otorgó "reconocimiento definitivo" a otras instituciones creadas anteriormente, cuya autorización había sido objetada por el Estado. Para ello, se apeló indefectiblemente a una suerte de "decretos de excepción". Se destaca, por ejemplo, la situación de la Universidad Marina Mercante que desde 1965 capacitaba -sobre la base de la Fundación Manuel Trigo- a jefes y oficiales maquinistas navales en el nivel superior, pero que fue autorizada a funcionar oficialmente recién en 1974 vía decreto de excepción. Otro caso, fue la Escuela Universitaria de Teología que, si bien había sido creada por iniciativa de la Iglesia católica en Mar del Plata hacia 1964, obtuvo reconocimiento definitivo el 30 de diciembre de 1975 por Decreto PEN Nº 4.212. A estas experiencias, puede añadirse la autorización provisional que se otorgó durante la presidencia de Isabel Perón (Decreto Nº 879/76) a la Asociación Bancaria para que creara una "Universidad Sindical Bancaria", aunque finalmente no llegó a funcionar (Del Bello, Barsky & Gimenez, 2007; García de Fanelli & Balán, 1994).

La dictadura militar de 1976: alternancia de funcionarios católicos en la cartera educativa y fin de la autonomía universitaria

El 24 de marzo de 1976, un grupo de militares y civiles tomaron nuevamente por asalto el poder del Estado, justificando su accionar en la necesidad de reestructurar el cuerpo social considerado "descarriado" y el Estado Nacional diagnosticado como corrompido y demagógico. Se abrió pasó así al autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" (PRN), que inauguró el período de avasallamiento más brutal del sistema universitario.

Entre las primeras medidas del gobierno de facto, se cuenta la sanción la Ley Nº 21.276, "Prioridad para la normalización de las Universidades Nacionales". La misma restringió la actividad política y generó la malla legal para que las universidades quedaran bajo control del Poder Ejecutivo. Se desplegó desde entonces un nefasto régimen de disciplinamiento y control en los claustros universitarios cuyo complemento fueron las prácticas clandestinas de desaparición, torturas y muerte. Así, en poco tiempo el cuerpo docente de las universidades quedó "depurado" y el estudiantado diezmado (Pérez Lindo, 1985).

Entre 1976 y 1983, alternaron en el mando del Ministerio de Educación un grupo de profesionales autodefinidos como católicos (ver Tabla Nº 1). Muchos eran egresados de universidades públicas, pero dictaban clases o intervinieron en la creación de universidades privadas. Varios de ellos participaban también de distintos grupos de derecha e incluso algunos habían ocupado, además, cargos en educación durante el gobierno de Onganía¹²

Tabla Nº 1: Funcionarios a cargo del Ministerio de Educación entre 1976 y 1983.

Ministros de Educación	Periodo de Gestión	Presidentes de Facto
César Augusto Guzzetti	Marzo/1976	Jorge R. Videla
Ricardo Pedro Bruera	Marzo 1976 - Mayo 1977	Jorge R. Videla
Albano E. Harguindeguy	Mayo - Junio/1977	Jorge R. Videla
Juan José Catalán	Junio 1977 - Agosto 1978	Jorge R. Videla
Albano E. Harguindeguy	Agosto -Noviembre/1978	Jorge R. Videla
Juan R. Llerena Amadeo	Noviembre 1978 - Marzo 1981	Jorge R. Videla
Carlos Burundarena	Marzo - Diciembre/ 1981	Roberto Viola
Cayetano Licciardo	Diciembre 1981 - Diciembre 1983	Galtieri - Bignone

Fuente: Elaboración propia, en base a datos provenientes del CRUP (1998).

Respecto a algunos de estos ministros católicos, un funcionario de la época señala:

"Uno de los primeros Ministros de Educación de Videla, fue Ricardo Bruera, que venía del campo educativo. En esa época, Mignone estuvo cerca, (...) persiguiéndolo en la búsqueda infructuosa de su hija, que nunca apareció. (...) A Catalán también lo conocí. Él aceptó el Ministerio de Educación pero según la gente informada de la época quería ir al Ministerio del Interior. Cuando le ofrecen el de Educación creyó que era un paso para después hacer su carrera política. Y Licciardo, fue más un técnico que venía de los grupos católicos. Él había tenido algún vínculo con La Plata, era un hombre probo, de buena formación" (Francisco, Entrevista, 2011).

En apretada síntesis, podrían identificarse dos grandes proyectos educativos durante las gestiones de estos ministros: el primero formulado por Ricardo Bruera y el segundo por Juan R. Llerena Amadeo (Tedesco, J., Braslavsky, C. & Carciofi, R., 1987; Kaufmann, 2003).

Bruera fundó su discurso en una reivindicación de la libertad y la participación, pero demarcando dos prerrequisitos fundamentales: la imposición del orden y la disciplina. Durante su gestión se les impidió a las universidades la creación de nuevas carreras, facultades o unidades académicas sin autorización del Ministerio (Resolución Ministerial Nº118). Además, se exigió a los nuevos rectores que dictaran los reglamentos internos necesarios para asegurarse un alumnado bien disciplinado. El ministro anunció, también, la implementación del examen de ingreso y la imposición de nuevos cupos de estudiantes por carrera (dos medidas que ya estaban vigentes en algunas universidades desde 1975). Por su parte, Llerena Amadeo -que había sido militante de Acción Católica, profesor de la UCA y además subsecretario de educación durante el gobierno de Onganía- fue quién mejor encarnó las expectativas de los sectores católicos a quienes representaba. Sobre él, un funcionario allegado comenta:

"Tenía una formación política y cultural muy nítidamente definida hacia el clericalismo. Llega al Ministerio con un grupo de jóvenes de su propia ideología. En él había cierta ortodoxia ideológico-cultural, bien definida en el sector católico. Estaba vinculado a la UCA, desde su desempeño como abogado. Tenía una buena formación cultural, era muy riguroso intelectualmente. Recuerdo que en su época aprobó una lista de libros preferenciales para la escuela secundaria. (...) No era una lista de libros excluyentes pero eran los libros apoyados oficialmente" (Francisco, Entrevista, 2011).

Una de las principales medidas de este ministro fue promulgar la nueva Ley Universitaria Nº 22.207/80 que, en términos generales, procuraba "erradicar la subversión" y producir la definitiva "normalización" del sistema universitario¹³. Como veremos enseguida, esta Ley marcó un antes y un después en el devenir de la política universitaria de la dictadura militar, con importantes repercusiones para las universidades privadas (católicas).

Interesa, ahora, destacar que la carta de elevación que acompañó el texto de dicha Ley, atribuía su elaboración a las Universidades Nacionales y al Ministerio de Educación, sobre la base de un documento elaborado por la Secretaría (ex ministerio) de Planeamiento de la Nación. Dicha Secretaría había convocado a un grupo de asesores para elaborar un documento de trabajo sobre antecedentes y bases para una ley general de educación, que fue publicado parcialmente en 1980 por el Ministerio de Educación. La mencionada comisión estuvo integrada por especialistas en educación, afines en su mayoría a los sectores católicos nacionalistas (ANE, 1995). Muchos de ellos habían estado vinculados, además, al Ministerio de Educación durante la dictadura anterior (1966-1973): José L. Cantini, Alfredo M. Van Gelderen, Luis R. Silva, Francisco J. Macías y Roberto Burton Meis, entre varios otros. Uno de los miembros de dicha comisión, recuerda:

"yo veo la experiencia del Ministerio de Planeamiento positivamente, en materia de educación. (...) Si bien el Ministerio tenía como asesor al Dr. Cantini, trabajamos un grupo para hacer esto [en relación al libro Bases...] convocados por el Ministerio de Planeamiento" (Domingo, Entrevista, 2011).

Un elemento clave del anteproyecto elaborado por estos especialistas era que introducían la formación ético-religiosa para todos los niveles de enseñanza. Se reconocía la misión educativa de "la Iglesia Católica y de las comunidades religiosas de otros credos" y a la familia como "comunidad educativa primaria". Se proponía además una nueva estructura para el sistema educativo, al tiempo que afirmaba que "la actividad político-partidaria no estará permitida en los establecimientos educativos de todos los niveles" (Cantini, et al., 1983: 223). Entre las condiciones para el ejercicio de la docencia se determinaba: la nacionalidad argentina, la adhesión a los principios de la constitución nacional, la conducta inobjetable, entre otras. Además, se les reconocía a las universidades el dictado y reforma de sus estatutos pero "con aprobación del Poder Ejecutivo" (Cantini, et al., 1983: 229). En suma, el papel crucial que desempeñó este grupo de profesionales católicos durante la última dictadura puede corroborarse rápidamente si se contrasta el texto de la Ley 22.207/80 con el anteproyecto de Ley y documentos de trabajo elaborados por ellos en el área de Planeamiento, los cuales contienen entre si una importante batería de elementos comunes.

Sobre el "contradictorio" desarrollo del sector universitario privado en dictadura

Autores como Pérez Lindo (1985) y Tedesco, J., Braslavsky, C. & Carciofi, R. (1987), concuerdan en que la política universitaria de la última dictadura militar podría dividirse en dos grandes etapas: la primera de control y "depuración" iniciada en 1974 y extendida hasta 1978/79; y la segunda, de "normalización", a partir de 1980, con la sanción de la nueva Ley universitaria. Esta periodización demuestra que a medida que se fueron "depurando" los diversos espacios les fue posible aplicar su proyecto a través de una "normalización" que sostenía la más brutal heteronomía universitaria: aquella que se logró con la expulsión y la represión, al tiempo que se pregonaban valores tradicionales y católicos.

Por supuesto, el sector universitario privado estuvo inmerso en esta compleja trama. En cuanto a la primera etapa de "depuración", el mismo CRUP señalaba:

"El contexto sociopolítico que vive el país, obliga a una vigorosa y paciente tarea de saneamiento ideológico, despolitización y trabajos de reorganización académica. (...) [Venimos] asumiendo las actitudes necesarias que han comprendido desde la revisión de Planes de Estudio, Bibliografías y Programas; nombramiento de personal docente con capacidad académica y moral, hasta la organización de Cursos, Seminarios, Cursillos y Conferencias destinados a que los alumnos puedan revisar sus planteos filosóficos y antropológicos en el más alto nivel científico y en una clara definición cristiana, fiel al Magisterio de la Iglesia" (CRUP, 1978: 110).

Durante esta primera etapa de la dictadura, continuó rigiendo en términos legales el Decreto Nº 451 sancionado por el ministro Taiana en 1973 que, como vimos, frenó la creación de nuevas instituciones universitarias en el país, incluidas las de gestión privada.

La postura que asumió la jerarquía eclesiástica al respecto, fue no solo aceptar el "freno" impuesto a la expansión del sector sino además estimularlo, en vistas sobre todo a que ya habían creado instituciones universitarias en gran parte de las ciudades con mayor tamaño poblacional del país. Así lo pusieron de manifiesto autoridades de la UCA, por ejemplo:

"El desarrollo actual de la Universidad aconseja la máxima concentración posible de sus actividades y recursos para extremar el rigor de las exigencias académicas (...). En consecuencia la Universidad suspenderá en adelante la anexión de instituciones (Art. XX de los Estatutos), reconsiderará las condiciones de las anexiones acordadas y establecerá un sistema de relaciones que conecte positivamente su gobierno con el de esta Universidad. En cuanto a la anexión de Facultades que funcionan fuera de su sede central, la suspensión obedece al hecho de haberse creado Universidades Católicas en todas las regiones del país" (UCA, Anuario 1976-1977: 511).

Fue recién hacia 1980 cuando el gobierno de facto demostró relativo interés en regular el devenir de las universidades privadas. La Ley 22.207 sancionada por Llerena Amadeo dispuso, entre otras cosas, que estos establecimientos debían regirse según los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la normativa: referidos a los fines, funciones y prohibiciones en los recintos universitarios. Un dato importante es que, el artículo Nº 1 de la normativa establecía que el sector debía regularse conforme a las disposiciones delimitadas en el cuerpo de la Ley 17.604/67. De modo que, se restituyó aquí el segundo marco regulatorio para la oferta universitaria privada que había sido sancionado en la época de Onganía.

Pero aún bajo este paraguas legal, el régimen militar no creó nuevas universidades privadas. Sin embargo, tal como ocurrió durante el gobierno de Isabel de Perón, se otorgaron "reconocimientos definitivos" a otras instituciones ya existentes en el país. Para realizarlo, la dictadura promulgó un decreto de excepcionalidad, en el que incluía la siguiente leyenda: "la presente medida tiene carácter de excepción respecto a lo determinado por el artículo Nº 5 del decreto 451/73" (Zelaya, 2001). En este marco, fueron autorizados a funcionar legalmente el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Universidad Argentina J. F. Kennedy, en 1976 y 1981 respectivamente. También la Universidad Católica de Salta obtuvo su reconocimiento definitivo el 2/9/1982 (Decreto PEN Nº 491).

Pero aunque el "freno" impuesto a la creación de nuevas instituciones universitarias privadas persistió claramente, el comportamiento que asumió la matrícula del sector en este contexto presentó ciertas marchas y contramarchas.

Según el CRUP (1978: 285) durante los primeros años de la dictadura, el sector privado de la educación superior incrementó algunos puntos su participación respecto al total de alumnos matriculados en el sistema universitario nacional: pasó de controlar el 10,2% de la matrícula total del país en 1974 a un 11,9% hacia 1977. Aun así, estuvo muy lejos de alcanzar el nivel registrado a comienzos de la década (14,2% de participación en la matrícula total). Esto a consecuencia de que algunas universidades sufrieron durante esta etapa una fuerte contracción de su matrícula. La Universidad del Museo Social Argentino, por ejemplo, registraba 2.074 alumnos en 1974 y hacia 1977 la cifra se redujo a 1.674. Tendencia similar presentó la Universidad Argentina de la Empresa que pasó de 7.750 estudiantes matriculados en 1974 a 5.648 en 1977 (CRUP, 1978: 283).

Pero si miramos el saldo final, la matrícula de las universidades privadas experimentó en general una tendencia creciente durante los años de la última dictadura (ver Figura 1): entre 1976 y 1980 se incorporaron un total de 14.099 nuevos estudiantes al sector.

Figura Nº 1: Evolución de la Matrícula del Sistema Nacional de Educación Superior. Universidades Nacionales y Privadas.
Periodo 1976-1981. En valores absolutos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CINAE (1984: 49).

Algunos estudiosos del tema, adjudican este moderado crecimiento del cuerpo estudiantil en el sector universitario privado, a una suerte de transferencia de matrícula de las universidades públicas hacia las privadas. Por ejemplo, Mariano Plotkin (2006: 44), afirma que "durante la última dictadura militar que asoló al país (1976-1983), la matrícula en las universidades públicas se redujo en favor de la de las privadas". De la misma forma, Ana María García de Fanelli y Jorge Balán (1994: 10), sostienen que:

"el único período de gran crecimiento de la matrícula privada tuvo lugar durante el último gobierno militar, cuando en las carreras de ciencias sociales y humanas tanto alumnos como profesores se trasladan a las instituciones privadas frente al cierre de carreras y al clima de represión que se vivió en las altas casas de estudios públicas".

Por su parte, Del Bello, J.; Barsky O. & Gimenez G. (2007: 99) afirman que "el clima represivo y el cierre de carreras en las universidades nacionales, como Sociología, así como el cierre de la Universidad Nacional de Lujan favorecieron una migración de estudiantes y docentes de las instituciones del Estado a las privadas".

Sin embargo, aquí consideramos que la tremenda reducción de la matrícula en las universidades del Estado colaboró más bien de forma indirecta con el relativo aumento que experimentaron las privadas y que por ello conviene relativizar la idea de una "migración" de estudiantes desde unas instituciones a otras.

A lo largo del trabajo, hemos visto que desde que se pusieron en funcionamiento en 1958 y hasta entrados los años setentas, la matrícula de las universidades privadas contó con una progresiva afluencia de alumnos y que el tercer peronismo constituyó un punto de inflexión, desacelerándose desde entonces el ritmo de crecimiento experimentado por el cuerpo estudiantil. Además, al compararlas con las Universidades Nacionales se advierte que estas casas de estudios han representado siempre un porcentaje menor que aquellas, en cuanto al grado de control de la matrícula universitaria total del país: 6,8% del total de la matrícula universitaria en 1965; 14,2% en 1971; 10,2% en 1974 y 11,9% en 1977 (CRUP, 1978: 285).

Incluso, según datos de la SPU (1994), la cobertura de la matrícula universitaria privada no se alteró en el tramo final de la dictadura militar: hacia 1983 logró captar aproximadamente el 15% del total. Para el mismo año las universidades estatales controlaban el 85% de la matrícula en educación superior, de modo que extendieron durante todo el periodo su tradicional hegemonía pese a las políticas restrictivas aplicadas por la dictadura.

Las Universidades Católicas durante la dictadura: obtención de ventajas financieras

En medio de un complejo escenario educativo de drástica reducción presupuestaria¹⁴, algunas universidades católicas fueron beneficiadas con importantes estímulos económicos.

Bekerman (2011), ha demostrado que el desmantelamiento de las Universidades Nacionales no obedeció sólo a los dispositivos de disciplinamiento y depuración impuestos por la dictadura, sino también a un reordenamiento financiero en el Estado que implico una relativa transferencia de recursos de dichas instituciones hacia el CONICET. En este contexto, dicho organismo derivo parte de los subsidios que regularmente destina para promover la investigación científica, hacia algunas Universidades Católicas. Según la autora, entre 1976 y 1983 el CONICET entregó 9.982 subsidios: prácticamente el 50% de ellos fue destinado a sus propios institutos mientras que el porcentaje restante se repartió entre investigadores individuales, universidades públicas y entidades sin fines de lucro (fundaciones o asociaciones). Entre éstas últimas se destacan las universidades privadas. Respecto a este sector, los subsidios se repartieron de la siguiente manera: el 59% se destinó a la UCA, el 15% fue para la USAL y el resto se repartió entre otras universidades confesionales del interior. En líneas generales, estos subsidios contribuyeron a fortalecer en las Universidades Católicas el germen de la investigación científica.

Por cuestiones de espacio, focalizaremos el caso de la UCA, en tanto principal destinataria de los subsidios. Hasta 1976, desarrollaba un tipo de investigación más bien endógena y precaria a través de sus docentes y en las mismas instalaciones de las facultades. Pero en 1978, centralizó dichas actividades en un Consejo Asesor de Investigaciones Científicas creado "con el objeto de orientar, intensificar y coordinar las acciones de investigación de la Casa" (Derisi, 1983: 77). Al frente del Consejo se desempeñó el Dr. Fausto Toranzos, destacado matemático e investigador que cumplía funciones como docente en la UCA y en la UBA. Dicho Consejo Asesor poseía también una Secretaría Técnica, que estuvo a cargo del Dr. Argentino L. Pico, médico reconocido, que había sido designado por Videla como Subsecretario de Estado de Salud Pública de la Nación. En definitiva, a comienzos de 1979

"funcionaban en la UCA 14 Institutos o Departamentos de Investigación; 65 Centros, Sectores o Grupos de Investigación, con un total de 168 investigadores, incluidos los docentes que desarrollaban actividades de investigación. Muchos de estos investigadores han obtenido para sus trabajos la ayuda de la SECYT y del CONICET." (Derisi, 1983: 78)

El 28 de julio de 1978 el Consejo Superior de la UCA decidió crear un Centro de Investigación que reuniera los distintos institutos y coordinara el desarrollo científico general. Dicho Centro, contó con el reconocimiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación y del CONICET. Se destaca el rol de Carlos Pérez Companc (presidente del Consejo Superior de la UCA por muchos años) como uno de los empresarios que prestó apoyo fundamental al Consejo Asesor y que de hecho fundó el Instituto de Gastroenterología que también recibió subsidios del CONICET. Pero el apoyo brindado por dicho organismo a la UCA cristalizó también en el impulso que recibieron dos de sus publicaciones periódicas más importantes: las revistas "Mikael" y "Sapientia" (Derisi, 1983).

Pero más allá del accionar del CONICET, fue la Ley Nº 22.207 promulgada por el régimen militar en 1980 quién favoreció la obtención de ventajas financieras para algunas Universidades Católicas. Al otorgar relativa continuidad a la Ley 17.604/67 habilitó a dichos establecimientos a solicitar, entre otras cosas, una contribución económica al Estado, que éste podría otorgar si a su juicio ello "conviene al interés nacional". El testimonio de un funcionario de la época, convalida esta situación:

"Expresamente estaba excluida la posibilidad de ayuda económica de parte del Estado para las universidades privadas. Yo personalmente, no estaba ni estoy de acuerdo con esa consigna, pero eso ocurrió en la época de Frondizi cuando se aprobó la ley de libertad de enseñanza. Pero creo, o es más que creer, en algún gobierno militar hubo apoyo económico del Estado para determinados programas en universidades privadas. Se suponía que no eran una subvención para el sostenimiento de sus aparatos" (Francisco, Entrevista, 2011).

Según dicta la norma legal, en caso de otorgarse la contribución ésta no podrá exceder el término de diez meses corridos. Sin embargo, durante la última etapa de la dictadura se otorgaron dos cuantiosos subsidios a las Universidades Católicas de Salta (UCASAL) y del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) que se extendieron más allá del tiempo estipulado.

La contribución económica que recibió la UCASAL fue autorizada el 18/9/1979 mediante la Ley Nº 22.078 (reglamentada por resolución ministerial 842/80), pero comenzó a ejecutarse anualmente desde mayo de 1980. Los fondos asignados (en moneda corriente a 1987) fueron los siguientes: $ 274.300 en 1980; $ 389.300 en 1981; $ 1.015.300 en 1982 y $ 6.648.620 en 1983 (Baruch Bertocchi, 1987: 69). Sobre el destino de los mismos, el artículo Nº 2 de la Ley determinó que debían aplicarse al pago de sueldos docentes.

En cuanto a la UNSTA, la situación revistió gran particularidad. El decreto Nº 70 con fecha del 15/1/1981 (reglamentado por resolución ministerial 313/81) habilitó el otorgamiento de la contribución económica del Estado, puntualizando que "el apoyo presupuestario solicitado por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino está destinado a la remuneración de sus docentes a efectos de proceder a su jerarquización". Desde entonces, dicha universidad percibió los siguientes totales anuales (expresados también en moneda corriente a 1987): $ 600.000 en 1981; $ 3.031.350 en 1982 y $ 18.788.720 en 1983. A diferencia de la Católica de Salta, el artículo 5º de esta normativa eximió a la institución del cumplimiento de los artículos 28, 29, 30 y 31 del decreto 8.472/69 (que reglamentó la Ley 17.604), referidos a los proyectos de investigación o propuestas educativas que cada institución debía presentar al momento de solicitar un subsidio. Según Baruch Bertocchi (1987: 73), Aníbal E. Fósbery, entonces rector de la UNSTA confesó en democracia que los subsidios fueron utilizados en "comprar armas para los militares argentinos".

Reflexiones finales

Las universidades privadas argentinas comenzaron a funcionar oficialmente a mediados de 1950. Fueron las Leyes 6.403/55 (modificada luego por la "Ley Domingorena") y 17.604/67 dictadas en un marco de proscripción política al peronismo y bajo dictaduras militares, quienes cimentaron la posibilidad de institucionalizar la educación superior privada en el país. Proliferaron, en este contexto, un buen número de instituciones privadas vinculadas mayoritariamente a la Iglesia católica y con una matrícula estudiantil que crecía aceleradamente. Sin embargo, durante la compleja década de 1970 la alta sustentabilidad adquirida por el sector fue puesta en jaque. En este sentido, la principal contribución del presente artículo ha sido examinar la trama de dichas instituciones durante los años del tercer peronismo y la última dictadura militar.

En medio de la creciente complejidad y celeridad con que se vivían los procesos de movilización y radicalización política en el país, 1973 abrió una etapa de democracia breve pero decisiva en los procesos de politización del campo universitario. El reingreso del peronismo al poder del Estado implicó un viraje significativo en materia de educación superior y para las universidades privadas constituyó la contracara de los procesos antepuestos. Pudimos observar que atravesaron por una etapa convulsionada que terminó por clausurar su proceso expansivo: tomas estudiantiles de algunas casas de estudios solicitando su intervención como paso previo a su estatización, abrupta disminución de su matrícula estudiantil e interposición de un "freno" a la creación de nuevas instituciones mediante el artículo 5 del Decreto Nº 451. Todo ello en el marco de una política universitaria jalonada constantemente por las luchas internas del propio movimiento peronista.

En cuanto a la última dictadura, abrió una contradictoria etapa de desarrollo para las universidades privadas. Aunque se convocó al frente de la cartera educativa a un grupo de funcionarios católicos -algunos en cargos ejecutivos y otros en posiciones más periféricas, pero que igualmente influyeron en los designios de la política universitaria-, no se promovió la institucionalización del sector ni se generó ninguna legislación específica. Además, persistió en cierta medida el "freno" impuesto a su expansión institucional. Pero aunque no se crearon nuevas universidades, si se otorgó reconocimiento definitivo a otras ya existentes. Respecto a la matrícula universitaria, si bien experimentó un leve crecimiento durante estos años, estuvo muy lejos de alcanzar los valores registrados a principios de la década. Todo ello permite poner en discusión una idea profundamente arraigada en el imaginario colectivo: aquella que supone que el último régimen militar, con una orientación económica neoliberal, constituyó un hito en la privatización de las instituciones educativas. Sin embargo, aunque no se promovió la expansión de las instituciones universitarias privadas, sí se fortaleció el subgrupo de las universidades católicas que, como vimos, en algunos casos gozaron de importantes ventajas presupuestarias.

En suma, los hallazgos y reflexiones volcadas en este artículo no pretenden proporcionar conclusiones definitivas pero sí abrir un abanico de interpelaciones en torno al devenir de las universidades privadas en el complejo escenario argentino de los años 70.

Notas

1 Los testimonios vertidos en este trabajo son resultado de varias entrevistas desarrolladas por el autor. El hecho de realizarlas en un contexto nacional signado por una política explícita de derechos humanos, favoreció la emergencia de ciertas resistencias en los entrevistados, sobre todo por la necesidad de "justificar" posiciones y tomas de posición pasadas en el contexto presente. Por ello, atendiendo a las normas de ética para las ciencias sociales establecidas en CONICET, cuya premisa básica advierte que la entrevista constituye una situación de intimidad y no puede confundirse con una entrevista pública, se ha optado por resguardar la identidad de los entrevistados utilizando un seudónimo en cada caso.

2 Taiana fue el fundador y primer director del Instituto de Cirugía Torácica del país. Se había desempeñado, además, como médico personal de Juan D. Perón y de Eva Perón. En 1952 fue designado decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y un año más tarde fue rector de dicha institución, en la que además se había formado.

3 En la UBA, rebautizada como "Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires", fue designado como rector el historiador Rodolfo Puiggrós (dirigente ligado a Montoneros) que asumió con un programa pedagógico impregnado de elementos antimperialistas y de nacionalismo popular.

4 Aunque de menor envergadura, también hubo ocupaciones "conservadoras" para ratificar la confianza en quienes regían la institución. Entre las organizaciones más activas de las tomas de derecha, se destacaron: la Juventud Sindical Peronista, el Comando de Organización y la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que poco después se refundirían en algunas formaciones parapoliciales, como la Triple A (Nievas, 2000).

5 Este panorama se complejizó años más tarde, entre otras razones, por las dificultades económicas que atravesaba la USAL. La Orden Jesuita, entonces en manos del presbítero Jorge Bergoglio (hoy Sumo Pontífice de la Iglesia católica), decidió traspasar el mando de la universidad a una asociación civil no confesional. Esta etapa de "desligue" pudo ultimarse recién en marzo de 1975 y, desde entonces, la institución adquirió una orientación más corporativa. Francisco Piñón, que había participado en la agrupación peronista (de derecha) "guardia de hierro", asumió el cargo de rector en el que permaneció hasta 1980. En este contexto, se otorgó el título "doctor honoris causa" a uno de los representantes de la última dictadura: Emilio E. Massera al tiempo que se produjo la desaparición de un buen número de estudiantes (Ver Torres, 2015 y Algañaraz, 2013).

6 Sin embargo, a mediados de 1974 el mismo Taiana autorizó el funcionamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia, esgrimiendo un decreto de excepción. Ello, pese a una fuerte resistencia de las autoridades de la Universidad Católica de la Patagonia "San Juan Bosco". Cabe destacar, además, que en tiempos de la última dictadura militar se decidió unificar la universidad del Estado con la privada, aduciendo la necesidad de evitar la duplicación de carreras en una misma región. Sobre la base de esta fusión nació la "Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco" mediante la Ley 22.173.

7 En uno de sus trabajos más recientes, Pablo Buchbinder (2014) presenta no sólo un exhaustivo análisis de la denominada "Ley Taiana", sino que describe también el complejo debate parlamentario que suscitó su definición entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso.

8 Más detalles sobre la crisis económica y politización estudiantil en la UCALP, pueden verse en Algañaraz (2013: 160-162), Baruch Bertocchi (1987: 67) o CRUP (1978: 64-79). Datos recuperados luego por Rodríguez (2014b) en el marco de un estudio más amplio sobre los orígenes de dicha universidad y el desempeño de su principal mentor, Mons. Plaza.

9 Oscar Ivanissevich (1895-1976) fue un cirujano y político peronista de origen croata. Se desempeñó como Profesor en la UBA y la Universidad Nacional Autónoma de México; fue presidente de la Academia Argentina de Cirugía; embajador en Estados Unidos entre 1946 y 1948 y Ministro de Educación entre 1948 y 1950 durante el primer peronismo.

10 Reemplazando el cargo de O'Farrel en la UBA, fue designado como interventor el sacerdote Raúl Sánchez Abelenda, afín a la fracción episcopal más conservadora y de claro vínculos con el vicariato castrense, que impulsó una exhaustiva revisión de todas las cátedras para depurarlas de connotaciones "subversivas".

11 Pedro Arrighi era doctor en Ciencias Económicas por la UBA y se identificaba con los sectores más ortodoxos del peronismo. Entre marzo y abril de 1974, fue rector interventor en la Universidad Provincial de Mar del Plata y hacia noviembre del mismo año, cumplió la misma función pero esta vez en la Universidad Nacional de La Plata (Lanteri & Meschiany, 2015).

12 Rodríguez (2011), presenta un interesante análisis del itinerario y accionar de los Ministros católicos del PRN.

13 En este contexto, se produjo también la clausura de la Universidad Nacional de Lujan mediante Decreto Nº 22.167/80.

14 Mientras en 1971 se otorgó a educación dentro de los gastos del Estado el 14,7%, la dictadura militar redujo el presupuesto al 6,9 % en 1976, constituyendo desde entonces el presupuesto educativo más bajo de la década (Rodríguez, 2011).

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Recibido: 4 de diciembre de 2015
Aceptado: 13 de mayo de 2016
Publicado: 23 de junio de 2016