ARTÍCULOS

La etapa kirchnerista. Nuevo ‘momento constitutivo’ entre movimientos sociales y Estado en Argentina

Francisco Tomás Longa

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS)
CONICET - Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina
francisco_longa@yahoo.com.ar

---

Resumen

El presente trabajo analiza las relaciones entre movimientos sociales, Estado y gobierno, desde la óptica teórica propuesta por René Zavaleta, a partir de sus conceptos de ‘forma primordial’ y de ‘momento constitutivo’. A partir de un trabajo de campo con observación y entrevistas en profundidad con dos movimientos sociales de matrices político ideológicas autonomista y nacional-popular, el resultado del análisis confirma la profunda reformulación en las relaciones entre movimientos sociales y Estado que tuvo lugar desde la relegitimación institucional, acontecida en el marco de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner entre 2003 y 2015 en el país. El artículo concluye entonces que, allende la inscripción político-ideológica de los movimientos sociales, la etapa kirchnerista se constituyó como un nuevo ‘momento constitutivo’ en la relación entre el Estado y los movimientos sociales, modificando aspectos estratégicos y tácticos de los vinculamientos en éstos respecto de la esfera institucional.

Palabras clave: Movimientos sociales; Kirchnerismo; Autonomista; Nacional-popular; Argentina.

The kirchnerist phase. A new 'constitutive moment' between social movements and State in Argentina

Abstract

This paper analyzes the relationship between social movements, state and government, from the theoretical perspective proposed by René Zavaleta, on the basis of his concepts of 'primary form' and 'constitutive moment'. Based on fieldwork with observation and in-depth interviews with two social movements, one of them autonomist and the other one national-popular, the result of the analysis confirms the profound reformulation in the relationship between social movements and State which took place since the institutional relegitimation that occurred under the governments of Nestor Kirchner and Cristina Fernandez de Kirchner between 2003 and 2015 in Argentina. Hence the article concludes that, beyond the political-ideological inscription of social movements, the kirchnerist phase constitutes itself as a new 'constitutive moment' in the relationship between State and social movements, changing strategic and tactical aspects of the relationship of these movements regarding the institutional sphere.

Keywords: Social Movements; Kirchnerism; Autonomist; National-popular; Argentina.

---

Introducción

Las relaciones entre movimientos sociales y Estado han ocupado un lugar destacado en el debate académico argentino entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. A partir del carácter fuertemente instituyente y radicalizado de la mayoría de los movimientos sociales locales, éstos fueron entendidos como actores lejanos a la disputa institucional. A partir de un trabajo de campo con observaciones y entrevistas en profundidad, el presente trabajo analiza las transformaciones en las perspectivas de un movimiento autonomista y un movimiento nacional-popular respecto del Estado durante la última década en el país. Para ello focalizo en los conceptos teóricos forjados por el marxista boliviano René Zavaleta de ‘forma primordial’ y de ‘momento constitutivo’, los cuales aluden a la relación de integración y asedios mutuos que tiene lugar entre la sociedad y el Estado en latitudes latinoamericanas.

A partir de lo que denomino la relegitimación institucional durante la etapa kirchnerista, es decir el período comprendido por las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), en el presente artículo analizo los reposicionamientos y transformaciones que tuvieron lugar entre el Estado y los movimientos sociales. La hipótesis que se presenta indica que las transformaciones en el escenario político modificaron las perspectivas respecto del Estado para los movimientos, más allá de las matrices ideológicas en la cuales se inscriben.

Los resultados aquí presentados se desprenden de mi investigación de doctorado, en la cual analicé las transformaciones en las relaciones entre movimientos sociales y Estado entre 2003 y 2015, a partir de un estudio de casos comparativo entre el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Evita. El primero ha sido catalogado como uno de los movimientos sociales más representativos de la izquierda independiente o izquierda autónoma (Aiziczon & Castilla, 2014), mientras que el segundo ha sido entendido como uno de los movimientos nacional-populares más importantes del país (Natalucci, 2012). Es por ello que sostengo que la representatividad muestral que los dos movimientos estudiados tienen en relación con el arco de movimientos sociales del país, principalmente de aquellos de tradición nacional-popular y autonomista, permite establecer un conjunto de consideraciones más amplias acerca de las transformaciones entre Estado y movimientos sociales durante los últimos doce años.

Movimientos sociales, Estado y forma primordial

Los debates teóricos más relevantes dentro de los cuales circunscribir la problemática entre Estado, gobierno y sociedad, tríada fundamental para comprender más en particular la relación que hoy atañe a movimientos sociales y Estado, han proliferado durante la segunda mitad del siglo XX. Dentro de dicho marco de relaciones, algunos autores marxistas situaron a la relación entre Estado y clases sociales como núcleo teórico central: “toda la teoría política de este siglo plantea siempre en el fondo, abiertamente o no, la misma cuestión: ¿cuál es la relación entre el Estado, el poder y las clases sociales?” (Poulantzas, 1979: 5). Esta centralidad generó una pluralidad de debates en el campo de la teoría crítica en general y de la teoría marxista en particular, en función de los límites o potencialidades que ofrecía la arena institucional para la intervención de diversos grupos políticos de izquierda, como partidos, organizaciones gremiales y movimientos sociales. Uno de los puntos más álgidos del debate teórico lo protagonizó el propio Nicos Poulantzas en su célebre debate con el teórico marxista inglés Ralph Miliband (1988)¹.

En lo que resulta sustancial para mi problema de investigación respecto de este debate, se encuentran las posibilidades que brinda el acceso al Estado para los sectores subalternos en función de la lucha contra el capitalismo. Por un lado, la visión instrumentalista de Miliband supuso que la clase dominante “en tanto poseedora de los medios de producción, y debido precisamente a su poder económico, puede utilizar el Estado como su instrumento de dominación” (Míguez, 2010: 646). Como contrapartida, en el enfoque estructuralista de Poulantzas el Estado representa la condensación material de un tipo de relación social. En esta condensación las relaciones entre Estado y clases sociales si bien están históricamente determinadas por el sistema político, pueden incluir coyunturas de autonomía relativa del Estado respecto de determinados sectores de las clases dominantes

el estado, procurando siempre la hegemonía de clase, actúa en el campo de un equilibrio inestable de compromiso entre las clases dominantes y las clases dominadas. El Estado asume así, permanentemente, una serie de medidas materiales positivas para las clases populares, incluso si estas medidas constituyen otras tantas concesiones impuestas por la lucha de las clases dominadas (Poulantzas, 1979: 31).

Precisamente fue el teórico marxista boliviano René Zavaleta quien destacó que el error de ambos polos extremos vendría dado en que “describen más bien datos factuales que marcos metodológicos para estudiar el Estado” (Zavaleta, 2009: 332). Es precisamente desde la obra de René Zavaleta que considero que se encuentra una posibilidad de síntesis al respecto, que contemple a la vez las particularidades de las formaciones sociales y estatales en América Latina, requisito que ya había sido sugerido por las importantes miradas de Quijano (2000) y Lander (2003). Fue Zavaleta quien, a partir de un profundo estudio sobre las particularidades de América Latina, sugirió la noción de mutua determinación para pensar las relaciones entre Estado y sociedad en nuestra región

el Estado no puede determinar a la sociedad civil si no la sigue, que la califica, pero dentro del seguimiento de su sentido. En esto, es un resultado de la sociedad. En la gestación de la ecuación, el Estado mismo en un actor consciente (o se propone serlo) dentro de la sociedad civil (Zavaleta, 2009: 330).

En su decisivo texto El Estado en América Latina, recuperó el debate entre instrumentalismo y estructuralismo del Estado en el marxismo, que encarnó en las figuras de Miliband y Poulantzas, y concluyó acerca del carácter relacional del Estado en América Latina. Este carácter es el que obliga, para Zavaleta, a un análisis concreto de las relaciones entre clases, grupos políticos, bloques en el poder y tipo de configuración Estatal en cada país de la región, al momento de aventurar conclusiones acerca del carácter más o menos instrumental del Estado, respecto de las clases dominantes o dominadas. Dicho método de análisis le permite concluir que mientras por ejemplo en Nicaragua, durante los gobiernos de Anastasio Somoza, donde el mandatario mantenía una fuerte concentración del poder económico, político y militar, se configuró un Estado instrumental, por el contrario, respecto a Chile sostiene que: “el que los comunistas llegaran dos veces al poder en cincuenta años habla del caso más terminante de autonomía relativa del Estado en América Latina” (Zavaleta, 2009: 343). Por ello, Zavaleta concluyó que “no hay duda de que el Estado mismo puede ser más instrumental, mas burocrático-hegeliano o más popular-estructural” (2009: 334).

Por lo tanto para realizar un análisis cabal de la configuración del Estado, lo importante será determinar el tipo de ecuación social u óptimo que se configura entre Estado y sociedad durante un determinado período histórico. Recuperando estos conceptos (ecuación social / óptimo) que remiten al marxista italiano Antonio Gramsci, Zavaleta alude al: “grado en que la sociedad existe hacia el Estado y lo inverso, pero también las formas de sus separación o extrañamiento” (2009: 333). En la obra de Zavaleta, comienza a cristalizarse una de las miradas más lúcidas para comprender la naturaleza de la relación entre Estado y sociedad en nuestra región. Abrevando tanto en Poulantzas como en Gramsci, el autor boliviano logró reformular algunos conceptos de éstos, en función de las características propias de las formaciones históricas de América Latina; uno de estos conceptos centrales es el de forma primordial.

Luis Tapia, uno de quienes más ha estudiado la obra de René Zavaleta, sostiene que el concepto de forma primordial alude al modo en que “se relacionan estado y sociedad civil como un proceso de construcción histórica, sujeta a cambios y transformaciones, así como también el conjunto de mediaciones a través de las cuales se produce esa articulación” (Tapia, 2013: 66). Este concepto permite pensar en la articulación entre Estado y sociedad en función de las particularidades en las formaciones sociales y estatales de un país en particular

la idea de forma primordial sirve para explicar el modo en que en cada historia local se ha articulado el proceso de organización la sociedad en sus diversas estructuras y la forma de gobierno, o dicho de otro modo la relación entre estado y sociedad civil. La noción de forma primordial sirve para dar cuenta de la construcción local del poder, así como para la construcción local interna de la forma social y la política (Tapia, 2013: 74).

En este trabajo propongo una aplicación ad hoc del concepto de forma primordial de René Zavaleta, entendiendo dentro del óptimo entre Estado y sociedad al que este concepto alude en la obra del marxista boliviano, a las configuraciones y relaciones particulares que tienen lugar entre movimientos sociales, Estado y gobiernos en nuestro país. Considero que la dimensión relacional entre los polos en disputa que el concepto de forma primordial ofrece, las líneas de imbricamiento histórico que supone entre actores sociales y Estado -que se combinan con la posibilidad de cambio en estas líneas a partir de nuevos momentos constitutivos-, y el carácter estructural que este concepto encierra respecto de los vínculos entre Estado y sociedad, tornan a la idea de forma primordial propicia para analizar las complejas tramas que relacionan al Estado y los gobiernos con los movimientos sociales contemporáneos en el país. De tal forma, la utilización del concepto de forma primordial que se encuentra en este artículo debe pensarse como una reformulación en clave zavaletiana, para pensar más específicamente los óptimos o ecuaciones que se configuran entre los movimientos sociales, el Estado y los gobiernos. En adelante, las alusiones a la forma primordial remitirán a esta redefinición propia, a excepción de las referencias al concepto que estén acompañadas por citas de autoridad².

Estos óptimos entre Estado y sociedad pueden atravesar coyunturas particulares que modifiquen el tipo de relacionamientos entre los actores. Estas modificaciones tienen lugar cuando se asiste a un momento constitutivo (Zavaleta, 1986). La noción de momento constitutivo es central para René Zavaleta y alude a momentos de crisis o situaciones re fundacionales en las cuales se abre la posibilidad para re definir lo político, lo social y lo nacional en un país (Tapia, 2005). Tapia sostiene que la forma primordial “no es algo que se defina de una vez y para siempre. Es un proceso en el que las cosas pueden ir cambiando o moviéndose constantemente” (Tapia, 2013: 76), según la aparición de un nuevo momento constitutivo “en que cuajan, se articulan y definen en los términos más generales, más fuertes, las estructuras y la forma en que éstas van a procesar la producción y reproducción del orden social y político en un tiempo más o menos largo” (Tapia, 2013: 76).

En términos de lo que en este artículo entiendo como forma primordial, es decir a la ecuación formulada por la relación estructural entre movimientos sociales, Estado y gobiernos, sostengo que la construcción del cambio social en relación al escenario configurado por el tipo de forma primordial, constituye un eje central para los movimientos sociales que buscan una trasformación política en nuestro subcontinente.

Movimientos sociales y Estado en la Argentina reciente

Como fue mencionado al inicio, las relaciones entre movimientos sociales y Estado llamaron la atención a un vasto conjunto de académicos en el país, principalmente en función del carácter instituyente e impugnador de los espacios institucionales que los movimientos sociales locales mostraron durante el ciclo de protesta (Tarrow, 1998) que signó la resistencia al neoliberalismo en el país durante la década de 1990.

Respecto de las vertientes político ideológicas más representativas del conjunto de los movimientos sociales contemporáneos en el país, la atención a las tradiciones autonomista, marxista y nacional-popular como marcos político ideológicos para encuadrar a los movimientos se inscribe en varios antecedentes académicos del plano local (Svampa & Pereyra, 2004; Moreno, 2010). En relación con estas tradiciones y las perspectivas respecto del Estado, Gómez sostuvo que

los marxistas son clasistas y proclives al cuestionamiento del estado burgués (…) los nacional populares son (…) proclives a una estrategia de construcción de una herramienta político organizativa con fuerza electoral para conducir el estado, y la nueva izquierda heterodoxa³ apuesta a la desarticulación del estado y a la gestación del poder constituyente (Gómez, 2010: 85).

Las tres vertientes presentadas, se encuentran jalonadas fuertemente por la tensión entre los límites o las potencialidades que presentan el Estado y la sociedad como espacios de construcción que den tratamiento al conflicto propio de la sociedad capitalista. En el caso argentino entonces, la centralidad del Estado en las relaciones con la sociedad comporta un desafío mayúsculo principalmente para las tradiciones marxista y autonomista, en la medida que éstas se enmarcan en una vertiente que considera al Estado como un reproductor de la conflictividad social y la desigualdad entre clases sociales (Longa, 2016).

Lo llamativo respecto del ciclo Ciclo de Protesta contra el neoliberalismo fue que algunos agrupamientos nacional-populares adoptaron consignas de fuerte carácter impugnatorio de la institucionalidad estatal. Sostengo que el clima instituyente del ciclo de luchas contra el neoliberalismo permeó de tal forma a los movimientos sociales que, inclusive aquellos que se reconocían en la tradición nacional-popular, asumieron consignas y métodos de lucha más propios de la vertiente autonomista.

Esto responde a la profunda deslegitimidad en la que se vieron hundidas las instituciones estatales y los formatos clásicos de participación política, en el ciclo que configuró el cierre del siglo XX. Este proceso, sumado a la pérdida de las dinámicas enmarcadoras de las prácticas colectivas que otorgaba el mundo del trabajo (Svampa, 2005), presentaron un escenario en el cual se potenciaron los horizontes de construcción política para los movimientos sociales. La crisis de las instituciones favoreció el surgimiento de un conjunto de movimientos sociales cuyo principal ámbito de construcción política pasaron a ser los barrios populares, los ámbitos culturales, las formas cooperativas de asociación para el trabajo autogestivo, las problemáticas ambientales, etc. Existe consenso también en que dicho marco social y político favoreció las dinámicas de protesta que se masificaron hacia finales del año 2001 en el país y cuya consigna principal, ‘que se vayan todos’, también ostentaba un fuerte carácter crítico hacia toda forma conocida de poder institucional estatal.

Esta perspectiva radical y asentada en la acción directa antielectoral, se asociaba bien con la tradición autonomista, que siempre rechazó la ocupación de cargos institucionales; se asociaba parcialmente con la tradición marxista, que impugna los gobiernos considerados representantes de las clases dominantes, pero históricamente buscó reemplazar a éstos mediante la ocupación del Estado y, finalmente, se asociaba en forma traumática con la tradición nacional-popular, que en forma mayoritaria identificó históricamente en el Estado una instancia válida para torcer la correlación de fuerzas en forma favorable para los sectores populares.

No obstante, luego de los extendidos procesos de crisis de los gobiernos neoliberales en la región durante la década de 1990, hacia la primera década del siglo XXI América Latina en general y Argentina en particular, comienzan a transitar un cambio de época (Svampa, 2008) con la llegada de gobiernos progresistas o denominados de centro-izquierda al poder (Sader, 2009). En el plano local, desde la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, un conjunto importante de movimientos sociales -que previamente se mantenían autónomos- se integraron a la estructura del Estado (Cortés, 2008; Gómez, 2010), y comenzaron a gestionar espacios institucionales a partir de la colocación de algunos de sus dirigentes en puestos de funcionarios políticos (Masseti, 2009; Natalucci, 2010; Schuttenberg, 2011). Como contrapartida, otros movimientos sociales autodenominados marxistas y autonomistas, denunciaron el carácter de cooptación de dicha integración y continuaron llevando a cabo una construcción política por fuera de la ocupación de cargos en el gobierno.

Sin embargo, a lo largo de las siguientes páginas sustento la hipótesis de que dicho cambio de época implicó la relegitimación de las instituciones estatales en Argentina, lo cual configuró un nuevo momento constitutivo en la forma primordial en el país. Este cambio impactaría también en las proyecciones hacia el Estado de los movimientos autonomistas. Así, sostendré que un vasto conjunto de movimientos sociales, que había priorizado la construcción de poder a partir de una estrategia autónoma del Estado, pasará a plantearse un cambio en su estrategia política, reorientándose a la participación y disputa del Estado y sus instituciones políticas. Para observar dichas transformaciones en forma transversal, a continuación se desarrolla la etapa kirchnerista a partir de una periodización en tres ciclos. Para ello abrevo parcialmente en la periodización que realizaron Svampa (2011) y Bonnet (2015).

La etapa kirchnerista

Primer ciclo: normalización y transversalidad (2003-2007)

Con el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003 se inauguró una política de apertura a algunas de las demandas históricas de los sectores populares, a partir de la cual se reconfiguró el escenario político (Cheresky, 2004). Tras lograr apenas un 22% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2002, Néstor Kirchner perdió frente a Carlos Menem. Ante la previsible derrota en el balotaje, el ex presidente y exponente del neoliberalismo en Argentina, declinó su candidatura convirtiendo a Kirchner en presidente, aunque con una escasa legitimidad, dados los pocos votos que había logrado en la primera vuelta. Así, el 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la Nación. Los trabajos que se han dedicado a estudiar el derrotero del primer gobierno de Kirchner, destacan una serie de medidas que le permitieron acrecentar su legitimidad a partir de políticas activas; estas medidas se focalizaron principalmente en el campo de los Derechos Humanos y de la Justicia (Iraola, 2011). La renovación de la Corte Suprema de Justicia que había establecido Carlos Menem, la transformación del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (símbolo de los campos de concentración de la última dictadura militar) en Espacio para la Memoria gestionado por los propios organismos de derechos humanos, sumados el rechazo al proyecto económico impulsado por Estados Unidos de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y al acercamiento los gobiernos progresistas de Hugo Chávez en Venezuela y Lula da Silva en Brasil, han sido señalados como los trazos gruesos a partir de los cuales el gobierno logró posicionarse y construir su hegemonía (Moreira & Barbosa, 2010).

Este proceso político “generó un nuevo escenario político, interpelando fuertemente a la sociedad y a las organizaciones sociales movilizadas” (Svampa, 2011: 19). Las políticas mencionadas, sumadas a la apuesta explícita del ex presidente Kirchner por equilibrar el centro histórico del poder peronista a través de una estrategia de transversalidad (donde pretendió hacer convivir a las estructuras tradicionales del Partido Justicialista con los movimientos sociales que se acercaban al proyecto y con su propio partido, el Frente para la Victoria), comenzaron a tener efecto en algunos de los movimientos que habían protagonizado la resistencia contra el neoliberalismo.

A partir de ello, un vasto conjunto de organizaciones sociales decidió acompañar la presidencia de Néstor Kirchner, incorporando a sus militantes a diversas estructuras del Estado

el gobierno entrante consiguió que las organizaciones más allegadas al nacionalismo progresista apostaran por la construcción de un vínculo político con e Estado de colaboración (…) la participación de algunos líderes otrora piqueteros en la gestión pública empezó a ser una forma de institucionalizar esa colaboración (Massetti, 2009: 87).

Varios estudios coinciden en designar un lugar clave en la reformulación de la relación entre gobierno y movimientos, a este nuevo estilo de gobierno, donde el presidente citaba a los movimientos sociales a la Casa Rosada: “la máxima expresión de ese cambio de lógica fue que Kirchner comenzó a recibir a los piqueteros personalmente y en la casa de gobierno” (Boyanovsky Bazán, 2010: 26). Luego de esas charlas, quienes decidieron acompañar al presidente empezaron a tener reuniones periódicas con ministros del gobierno; tanto así que algunos hablan de la conformación de un gabinete piquetero (Boyanovsky Bazán, 2010).

En este primer ciclo entonces, el kirchnerismo aplicó una lógica doble que implicaba, respecto de los movimientos sociales aliados una apertura moderada de los espacios del gobierno, y un disciplinamiento hacia los movimientos opositores, el cual intentó traducirse en el otorgamiento de subsidios y programas estatales, a cambio de la disminución de los cortes de ruta y de las movilizaciones. Con respecto a los movimientos sociales que se volvieron kirchneristas, el trabajo de Boyanovsky Bazán (2010) da cuenta de lo limitado que fueron los espacios de gestión a los que accedieron los movimientos sociales kirchneristas durante este primer ciclo.

Lo que debe ser dicho aquí es que, en cualquiera de los casos, la apertura del kirchnerismo hacia los movimientos sociales afines, e incluso la necesidad de disciplinar a los movimientos opositores, estuvieron directamente ligadas al protagonismo ascendente que los movimientos tuvieron hacia finales de la década de 1990 en la impugnación al neoliberalismo. Esta impugnación, y la crisis de legitimidad de las instituciones estatales que se agudizó hacia finales de 2001, fueron suturadas parcial y paulatinamente durante la etapa kirchnerista, y la integración de movimientos a la gestión de gobierno fue en parte una de las políticas que permitieron afianzar esa sutura. En esa línea, Maneiro sostuvo que

la apertura de la gestión nacional hacia los movimientos sociales (…) supuso una forma particular –más o menos transitoria- de gestionar políticamente la crisis de correspondencia entre las instituciones políticas y la diversidad y complejidad de lo social en un contexto de crisis de legitimidad generalizada (2014: 489).

De tal forma, si las jornadas instituyentes de diciembre de 2001 se caracterizaron por una doble y contradictoria demanda de innovación política por un lado, aunque de normalización y retorno a la institucionalidad por el otro, como fue mencionado por Svampa & Pereyra (2004: 210), el kirchnerismo supo destinar este primer ciclo a la recuperación de la normalización, a la vez que a la transformación de los elementos instituyentes en políticas públicas que satisficieran a los sectores movilizados.

No obstante, no se debe reproducir con esto una mirada del todo lineal que suponga que el nuevo gobierno significó el pasaje de un absoluto represivo a un absoluto dialoguista, respecto de los movimientos sociales. Massetti sugirió que el período comprendido entre 1997 y 2002 fue un período predominantemente de confrontación entre movimientos y Estado. Sin embargo, enfatizó en que esa periodización general debe contemplar que “las instancias de confrontación pura (…) se han combinado en la práctica con momentos de interlocución y reconocimiento de los actores sociopolíticos como de sus demandas” (2009: 124). Aún así, reconoce que luego de 2003 se abre un ciclo de institucionalización donde la integración al Estado de las organizaciones y la cooperación pasaran a primar por sobre la dinámica de confrontación (Massetti, 2009). Respecto a la apelación a la tradición nacional-popular, coincido con Svampa (2011) en que durante este primer ciclo las apelaciones a este registro fueron marginales, prevaleciendo las referencias al progresismo y a la recomposición de la política institucional, como mecanismos para llevar a cabo transformaciones sociales.

En suma, las características principales durante este primer ciclo, en relación con la experiencia de los movimientos sociales, estuvieron dadas por la apertura del nuevo gobierno a determinadas demandas que los movimientos sostenían, por el otorgamiento de espacios en diversas gestiones de gobierno para los referentes o dirigentes de los movimientos, y por el lugar conceptual y material que los movimientos sociales kirchneristas tuvieron en la llamada política de transversalidad que se dio Néstor Kirchner. Para los movimientos sociales que no adhirieron al kirchnerismo –principalmente marxistas y autonomistas-, el ciclo arrojó un balance ambivalente en la medida que, por un lado se valoraron como positivas algunas políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno, sobre todo las relacionadas con la política de derechos humanos y la afinidad respecto de los gobiernos latinoamericanos en el plano de la política exterior. Aunque por otro lado, estos movimientos, que añoraban transformaciones radicales, vieron como las instituciones estatales se recomponían y la gobernabilidad se iba afianzando. A la vez, tuvieron que permanecer movilizados en función de la obtención de nuevos recursos desde el Estado, tarea que implicó extendidos planes de lucha. Por otra parte aún siendo movimientos no oficialistas, sobre todo a nivel local, ampliaron su capacidad de interlocución con algunos gobiernos municipales que inauguraron un registro más amigable respecto de los movimientos sociales.

Segundo ciclo: ofensiva nacional-popular (2008-2010)

A partir del año 2008 se inaugura un nuevo ciclo en la etapa kirchnerista. El conflicto entablado entre el gobierno nacional y diversos sectores agrarios será la piedra fundamental desde la cual el curso del proyecto gubernamental de un vuelco. Durante su primer mandato presidencial entre 2007 y 2011, Cristina Fernández impulsó en 2008 un proyecto legislativo (que terminó por conocerse como la Resolución Nº 125) que implicaba una modificación en el tipo de cálculo para retenciones a las exportaciones agrarias, que en dicho período implicaba un aumento de casi 10% a favor de las arcas públicas. El conflicto alcanzó un marcado nivel de hostilidades entre el gobierno y las llamadas ‘entidades del campo’ (Giarracca & Teubal, 2010), que incluyó bloqueos de rutas y un lock out de las patronales agrarias que amenazaron con desabastecimiento de insumos para la elaboración de alimentos básicos. La resolución Nº 125 finalmente no pudo ser aprobada, lo que constituyó una dura derrota para las aspiraciones presidenciales; sin embargo, el clima político abierto durante este conflicto sirvió para “actualizar de manera plena el legado nacional-popular” (Svampa, 2011: 27).

La apelación más bien tímida a la tradición nacional-popular que se había advertido durante el primer ciclo de la etapa kirchnerista, pasará ahora a reactualizarse y a colocarse en el centro de la escena política. Durante los años de este ciclo que denomino de ofensiva nacional-popular, el gobierno de Cristina Fernández llevó al paroxismo la idea de encarnar la tradición nacional y popular en el país, con las consiguientes reminiscencias peronistas que eso conllevaba, registro en el cual fue situando cada una de las grandes políticas públicas desplegadas durante dichos años.

Si el conflicto por la resolución Nº 125 enfrentó -en la gramática populista- al pueblo con la oligarquía agraria, los debates en torno a la aprobación de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, que se impulsó en 2009 desde el gobierno, nuevamente colocaron al pueblo disputando intereses de las corporaciones, en este caso de los grupos mediáticos concentrados, y más precisamente del Grupo Clarín. De la misma manera, aunque con menos vigor en la agenda pública, la Ley de matrimonio igualitario promovida por Cristina Fernández en 2010 elevó a la palestra a algunos sectores de la iglesia católica y de asociaciones ultraconservadoras que se opusieron a la misma.

Por otra parte, durante este ciclo el gobierno nacional reforzará su impulso hacia la apelación a la ‘militancia’ y a la organización. Desde ya que no dentro de los marcos de significación que la militancia territorial de los movimientos sociales impugnatorios del orden neoliberal presentaba, sino bajo un registro de acompañamiento al proyecto gubernamental, lo cual no implicó no obstante que no se realimenten las dinámicas de movilización, de agrupamientos y la ‘mística’ de la militancia nacional-popular, de fuertes antecedentes históricos en el país, sobre todo considerando la cuestión del peronismo. Esta apelación al registro nacional-popular también estuvo sustentada por el lanzamiento de determinados programas de asistencia social de carácter universal, que venían a diferenciarse de las políticas de asistencia focalizadas características del neoliberalismo.

A nivel de las bases, varios referentes de los movimientos de desocupados que viraron hacia el kirchnerismo destacan que las políticas de inclusión de los gobiernos nacionales fueron decisivas para generar simpatías en esas bases (Gómez, 2010). Los dos programas más emblemáticos en este sentido fueron la Asignación Universal por Hijo en 2009, que implicó el otorgamiento de un estipendio mensual por cada hijo a las familias en condición de desocupación, y el Plan Conectar Igualdad lanzado en 2010 que consistió en entregar computadoras portátiles en forma gratuita a todos los estudiantes y docentes de establecimientos públicos primarios, secundarios y terciarios.

Con una combinación de la retórica de la recuperación del empleo y del fomento a la organización comunitaria, en 2009 el gobierno nacional impulsó el Programa Argentina Trabaja, que implicaba la conformación de cooperativas para realizar tareas de limpieza, mantenimiento y construcción en los barrios populares del Gran Buenos Aires. Este programa generaría un gran crecimiento en la base social de los movimientos kirchneristas, principalmente, a la vez que motivaría intensas movilizaciones, piquetes y acampes de los movimientos no oficialistas que pugnaban por ingresar al programa.

Por otra parte, la organización de los festejos del bicentenario del primer gobierno patrio, para el 25 de mayo de 2010, también implicaron un mojón en este ciclo kirchnerista. Los eventos contaron con la masiva afluencia de público y fueron destacados desde varios autores como una verdadera forma de reactualización del espíritu nacional, aún para aquellos con una mirada crítica respecto de esta reactualización impulsada por el gobierno (Mazzeo, 2011; Bonnet, 2015). Sumado a ello, el impacto emotivo que generó la inesperada muerte de Néstor Kirchner en octubre del mismo año, terminó por expresarse en unas concurridas exequias en la casa de gobierno, lo cual se leyó también como un gesto de movilización y apoyo al gobierno presidencial.

Toda esta batería de medidas políticas, de acontecimientos públicos, y la reactualización mencionada del registro nacional-popular, fueron reeditando en el país el debate entorno al populismo. Tanto desde una perspectiva despectiva y denuncialista de los visos autoritarios y antidemocráticos del gobierno populista (Levy Yeyati & Novaro, 2013), como ponderando la importancia de la ruptura populista y de la constitución del pueblo como colectivo identitario (Laclau, 2011); así este ciclo del kirchnerismo va a terminar permeando fuertemente a toda la etapa estudiada.

Tercer ciclo: relegitimación estatal y consolidación gubernamental (2011-2015)

El fuerte ascenso en la legitimidad presidencial de 2010 tendrá un marcado correlato en la instancia electoral ejecutiva de 2011, en la cual Cristina Fernández logró su reelección alcanzando un 54% de los votos, y sacando 38% de ventaja sobre el segundo competidor que obtuvo apenas un 16% de los votos. Sostengo que durante este ciclo asistimos al punto más alto en el proceso de relegitimación estatal encarado por el kirchnerismo desde 2003, a la vez que a la consolidación del gobierno en función del fuerte nivel de imagen positiva.

Este ciclo y esta consolidación se asentarán en medidas de fuerte impacto económico y simbólico, sobre todo en relación con la matriz nacional-popular y con la tradición peronista, como fue la re-estatización del 51% del paquete accionario de la petrolera Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012. A pesar de que el Frente para la Victoria fue derrotado en las elecciones legislativas de 2013, el gobierno rápidamente recuperó la iniciativa y politizó el conflicto por el pago de la deuda a los llamados holdouts⁴ durante 2014, reactivando la dicotomía populista, esta vez enfrentando a la patria contra los ‘buitres’⁵. Esta iniciativa política le permitió al gobierno presidencial continuar ostentado importantes niveles de popularidad. Para junio de 2015, tres consultoras privadas: CEOP, Poliarquía e Ibarómetro, consignaban que la imagen positiva de la presidenta se encontraba entre el 46% y el 51%. Esta imagen positiva, no obstante, no implica necesariamente haber alcanzado una hegemonía duradera como partido político para el Frente para la Victoria, lo cual explica en parte su derrota, aunque ajustada, en las elecciones de noviembre de 2015 frente a la coalición Cambiemos liderada por Mauricio Macri.

Al respecto, durante los últimos años tuvo lugar un debate académico sobre la consolidación hegemónica que podría implicar la etapa kirchnerista. Mientras algunos autores como Retamozo (2011) sostienen que se asistió a un proceso kirchnerista hegemónico, otros como Bonnet & Piva (2013) sostienen que no se ha consolidado un modelo de dominación duradero. No obstante, todos coinciden en que los gobiernos kirchneristas garantizaron por un período estable la gobernabilidad y la recomposición de las competencias estatales en la regulación de la sociedad. Si consideramos la dilución que la legitimidad estatal presentó hacia finales de la década de 1990, cristalizada en aquella extendida consigna de ‘que se vayan todos’ de las jornadas de protesta de diciembre de 2001, la transformación durante esta etapa es innegable. Un sondeo realizado con 1200 casos a nivel nacional durante 2015 por la consultora Ibarómetro acerca del papel del Estado, mostró que el 83,5% de los consultados está de acuerdo con que el Estado debe ser el principal responsable de asegurar el bienestar social, y un 71,4 % con que la intervención del Estado en la economía deber ser muy o bastante activa⁶.

Sostengo entonces que este último ciclo estuvo signado por la vocación hegemónica del kirchnerismo, la cual si bien no logró cristalizarse en la continuidad del Frente para la Victoria al mando del poder ejecutivo desde diciembre de 2015, si ostenta como resultado de la etapa kirchnerista la relegitimación del Estado como ámbito privilegiado para la regulación de numerosos aspectos de lo social, y la consolidación gubernamental que la presidencia de Cristina Fernández ostentó durante sus últimos años. En términos de la actualización del registro nacional-popular, el enfrentamiento con el partido de Mauricio Macri en 2015 sirvió para que, desde el gobierno, se impulsara una nueva dicotomización entre la vuelta al neoliberalismo (encarnada en las políticas de Macri), versus la preservación del modelo nacional y popular (representada por el candidato del FpV, Daniel Scioli).

La finalización de 2015 deja entonces al kirchnerismo ocupando porciones del poder legislativo, varias instancias ejecutivas de menor escala (como intendencias) y apenas una sola gobernación provincial, la Provincia de Santa Cruz. Por el contrario, la alianza Cambiemos se consolidó en la presidencia y en el gobierno de dos de los distritos más importantes del país, la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

Autonomistas y nacional-populares ante la etapa kirchnerista

En suma, nuestra hipótesis indica que lo que se comenzó a gestar en 2003, pero que tuvo un mojón decisivo a partir de la inflexión nacional-popular de 2008, y se consolidó en el período de ascenso en la hegemonía política a partir de 2011, fue un nuevo momento constitutivo de la forma primordial en el país. Este impacto está sustentado en el recorrido empírico que realizaron los movimientos sociales durante los últimos años. Tomando como casos representativos del derrotero de los movimientos autonomistas y nacional-populares a los dos movimientos sociales estudiados en mi investigación doctoral, los recorridos reafirman dichas transformaciones⁷.

En lo que refiere al Frente Popular Darío Santillán, como expresión representativa de la vertiente autonomista de los movimientos sociales, varias han sido las marcas de dicha transformación. El FPDS inició su construcción con una fuerte impronta autónoma y de construcción territorial (Vázquez, 2008). Esta impronta implicó rechazar la disputa por la ocupación de cargos en el Estado, enfatizando en la construcción de instancias organizativas que buscaban estar por fuera de la esfera estatal (Longa, 2013).

Sin embargo, ante las transformaciones en el escenario institucional, que lograron relegitimar al Estado como instancia de mediación válida respecto de la sociedad, y con el impacto en la forma primordial que esto implicó, el movimiento operó una reformulación estratégica respecto de su noción de autonomía (Fornillo, García & Vázquez, 2008). El tipo de autonomía que reivindica el movimiento está ahora mucho más ligada a una forma de mantenimiento de la independencia política respecto de los gobiernos de los cuales no forma parte, que a la distancia absoluta respecto del Estado; sostengo que esto queda evidenciado principalmente en dos aspectos.

En primer lugar, desde 2013 el Frente Popular Darío Santillán decidió asumir la disputa electoral. Tras casi una década de abstencionismo y de promover consignas como ‘gane quien gane, pierde el pueblo’, representativas del autonomismo radical, en 2013 y con el sugerente título Los movimientos populares asumimos nuevos desafíos, el movimiento asentó de esta manera el cambio en su posicionamiento: “hoy desde el Frente Popular Darío Santillán hemos decidido dar la pelea también en el ámbito electoral como un plano más de disputa hacia ese proyecto popular de transformación” (FPDS, 2013: s/n).

Sumada a esta participación electoral, desde un año antes el movimiento comenzó a desarrollar una actividad novedosa para su cultura política: la elaboración de proyecto de Ley, cuya aprobación e implementación se exigen a las diversas escalas de poderes. A partir de 2012, tanto en las ciudades de Rosario como de La Plata, el FPDS elaboró proyectos de Ley relativos a la realidad cotidiana de sus construcciones sociales. En Rosario el movimiento elaboró, en el marco de una articulación política llamada Frente para la Ciudad Futura, la Ley de Víctimas, relativas a la problemática del narcotráfico, la cual está muy presente en las barriadas donde el movimiento tiene desarrollo. La ley supone que el Estado debe asistir en todos los gastos a las víctimas y a familiares de víctimas de crímenes de narcotráfico, y buscar restituir a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito; el proyecto incluye a su vez propuestas para la reutilización social de los materiales incautados a los narcotraficantes, tales como propiedades y otro tipo de bienes⁸.

En el caso de La Plata el movimiento desarrolló desde su sector rural el llamado proyecto de Ley de Colonia Agrícola Integral de Abastecimiento Urbano (CAIAU). El proyecto se propone como una forma de política pública a ser aplicada a todas las familias de productores hortícolas quinteros del país. Para ello, prevé el otorgamiento de créditos por parte del Estado para la adquisición de las tierras para las familias quinteras (que son en su mayoría inquilinas), y el acceso a crédito para la compra de maquinaria y de fertilizantes. También propone la venta cooperativa de los productos hortícolas sin intermediarios, coadyuvados por el Estado, en función de mejorar los ingresos para los productores y disminuir los costos para los consumidores.

Mi análisis sostiene que tanto la elaboración de proyectos de Ley como la asunción de la disputa electoral son puntos de transparencia que permiten sustentar las transformaciones en las tácticas políticas del movimiento, que ahora se asocian de manera mucho más directa con las transformaciones desde la institucionalidad estatal. Esto conlleva necesariamente a un aumento en los niveles de proyección que se busca tener en el aparato Estatal. La institucionalización de la que hablo implicó que el movimiento pase a concebirse como una combinación de acción directa con acción político institucional, con el Estado como instancia de disputa (Longa, 2016: 170 y ss.).

Respecto del Movimiento Evita, es del todo evidente que casi desde su propio nacimiento el movimiento estuvo asociado al apoyo a la gestión presidencial de Néstor Kirchner, y a la integración de sus militantes al Estado. Esto contrastó con la historia previa de las organizaciones que lo componen que, aún desde una matriz nacional-popular vivieron la clausura del modelo neoliberal desde una perspectiva radical y crítica de las instituciones estatales, lo cual las emparentó con las perspectivas autonomistas muy en boga por dicha época. Considerando este fuerte carácter impugnatorio de la estatalidad, es evidente que, en contraste, durante la etapa kirchnerista el Movimiento Evita fue acrecentando cada vez más sus niveles de proyección hacia el Estado, y sus grados de demandas hacia los gobiernos.

Ya desde 2004, aún antes de llamarse Movimiento Evita y manteniendo el nombre de Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita (MTD Evita): “caracterizaron una nueva oportunidad histórica comparable con la de los años 1940, en alusión al primer peronismo: “entendemos que no estamos solamente ante un gobierno mejor que los anteriores, sino cualitativamente diferente”⁹. Podemos coincidir entonces con Cortés respecto de que el paso del MTD Evita al Movimiento Evita no puede pensarse por fuera de la cuestión del Estado: “el salto “hacia la intervención política (esto es, de MTD Evita a Movimiento Evita) está pensado para incidir en el direccionamiento de las políticas de Estado y construir herramientas de organización para el campo popular” (Cortés, 2010: 108). Es así que, lejos del carácter crítico de las instituciones que mostró el MTD Evita hacia los años 2000 y 2001, el Movimiento Evita pasó a pensarse como aquel que: “acompañe y amplifique las políticas del gobierno, que genere propuestas de cambio y se constituya como puente de ida y vuelta entre el Estado-Nacional y los más humildes”¹⁰.

A partir de dicha adhesión al kirchnerismo, el movimiento comenzará entonces a ganar numerosos espacios en la institucionalidad estatal, colocando a militantes en puestos de funcionarios. Los cargos de mayor jerarquía institucional con los que se alzó el movimiento fueron la designación de Emilio Pérsico, su Secretario General, en 2009 como subsecretario en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el paso de este mismo dirigente a la subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación en 2012. Esta dependencia elevará su rango a Secretaría Nacional en 2014, pasando a ser Pérsico Secretario del Estado nacional. Además, el movimiento logró colocar a sus militantes en las listas electorales del partido gobernante, el Frente Para la Victoria, principalmente en cargos legislativos, lo cual le granjeó diputados provinciales, nacionales y legisladores municipales en siete provincias; también en Catamarca, desde 2012, el movimiento logró colocar en la localidad de Valle Viejo a una intendenta. En un texto donde el movimiento convocaba a la asunción de sus funcionarios en la gestión municipal en un distrito de la provincia de Buenos Aires en 2006, declararon respecto de la ocupación del Estado

asumimos el compromiso necesario que, por derecho propio, nos obliga a protagonizar distintas instancias de gestión nacionales, provinciales y municipales, que permitan hacer posible un Estado al servicio del pueblo, entendiéndolo como un aporte imprescindible para la creación de una fuerza popular organizada (Movimiento Evita, 2006: s/n).

Durante los años estudiados entonces el Movimiento Evita fue acrecentando su integración en diversos ministerios y espacios legislativos del Estado, lo cual supuso un avance en las posiciones estatales y en la transformación de las iniciativas del movimiento en políticas públicas. En función de dicho proceso es que sostengo que el Movimiento Evita decididamente se institucionalizó durante el período de tiempo estudiado. Aunque he sostenido que se trató de un proceso de ‘institucionalización en movimiento’ (Longa, 2016: 231 y ss.), que mixturó la construcción por fuera del Estado con la ocupación y la gestión de las instituciones estatales, en un novedoso proceso híbrido de construcción política

El nuevo momento constitutivo

En función de las transformaciones en el escenario político general revisadas durante el análisis de la etapa kirchnerista, y de los cambios en las tácticas y estrategias mencionadas más arriba tanto en el movimiento social autonomista como en el nacional-popular, es que sostengo que ambos planos se deben comprender en el sentido que René Zavaleta propuso para atender a las relaciones entre sociedad y Estado: es decir desde la articulación que permite el concepto de forma primordial.

Es por ello que sostengo que fueron las políticas de intervención estatal en diversos aspectos de la economía impulsadas por los gobiernos nacionales entre 2003 y 2015, como la recuperación de los fondos jubilatorios para las arcas estatales, las nacionalizaciones parciales de sectores estratégicos como las empresas estatales de hidrocarburos y de transporte aéreo y demás políticas ya mencionadas, las que lograron re posicionar al Estado como actor clave en la regulación social y en las competencias relativas al conflicto social. Esto implicó severos cambios en la condensación material de las relaciones de fuerza que implica el Estado en Argentina, y en la forma primordial que estas líneas implican en la intermediación con los sectores organizados de la sociedad; al mismo tiempo que se re legitimaba el Estado, se alcanzaban entonces considerables grados de consenso en el proyecto político del gobierno. Esta recomposición de las capacidades de regulación del Estado, la legitimidad que el proyecto kirchnerista alcanzó durante su último ciclo, y la merma en la capacidad organizativa de los movimientos territoriales autonomistas producto de la recomposición laboral y de la retracción de la desocupación (Longo, 2012), conjuraron un nuevo escenario para los movimientos sociales. Sostengo que los movimientos sociales estudiados, representan espacios privilegiados de la sociedad donde apreciar con claridad esos cambios en las mediaciones con el Estado.

Las líneas de intermediación en las prácticas, demandas y acciones políticas de los movimientos sociales estudiados fueron modificándose a lo largo de estos doce años, acercando posiciones y llevando a numerosos movimientos a disputar la arena de las instituciones. Mientras algunos movimientos nacional-populares tempranamente consideraron que dicha recomposición, y el signo político expresado por el gobierno kirchnerista, acrecentaban las posibilidades para incidir en la estructura institucional, lo cual debía llevarlos a integrar el gobierno, otros movimientos autonomistas caracterizaron dicha recomposición como una nueva variante del modo de dominación que privilegiaba a las clases dominantes, lo cual los llevó a demarcarse del gobierno nacional y a rechazar los cargos en el Estado; no obstante, en este nuevo contexto la estrategia de construcción de los movimientos que rechazaron la disputa institucional, encontró una caja de resonancia mucho menor que aquella de finales de la década de 1990.

Luego de un conjunto de medidas de gobierno tendientes a consolidar la hegemonía política del proyecto presidencial, la estabilidad política y la conflictividad expresadas por el sector territorial de los movimientos sociales fueron perdiendo lugar en el espacio público. En contraposición, se ha sostenido que durante los últimos años “podemos ver cómo y de qué maneras los espacios y la militancia político-electoral vuelven a ser ámbitos apetecibles para el desarrollo de proyectos militantes” (Vazquez, Rocca Rivarola & Cozachcow, 2016: s/n). Por ello, y en virtud de garantizar la continuidad de su irradiación política, los movimientos sociales de tradición autonomista, si bien continuaron demarcándose del gobierno kirchnerista, comenzaron a integrar con mayor asiduidad dimensiones, objetivos y tácticas políticas ligadas a la incidencia en, y a la ocupación de, las estructuras institucionales del Estado. Esto los llevó a re configurar su noción de autonomía, no tan ligada ahora a la idea de un proyecto político en sí mismo, sino más relacionada con la independencia respecto del gobierno en la toma de decisiones sobre sus tácticas y estrategias. Así, muchos movimientos autonomistas viraron en su estrategia política hacia posiciones más afines a la tradición marxista, mientras que otros se integraron directamente en la tradición nacional-popular, pasando a apoyar al gobierno nacional; cabe destacar que algunos movimientos autonomistas, ciertamente la minoría, leyeron este cambio como una reafirmación de la necesidad de construcción social desde las bases y del rechazo a la integración al Estado¹¹

En cuanto a los movimientos de tradición nacional-popular, la ampliación de las competencias estatales en el conflicto social se observó como una Estructura de Oportunidades Políticas para recuperar los contenidos populares del Estado, en detrimento del perfil liberal y antipopular que identificaban en éste durante el periodo neoliberal; esto permitía al Estado recuperar su rol de institución capaz de garantizar la conciliación social. En función de una nueva etapa de ofensiva, entonces, las tareas para estos movimientos pasaron a ser acercar el perfil del Estado a las necesidades de los sectores populares, y alejarlo de los requerimientos de las clases dominantes. Los riesgos estuvieron en que la experiencia de gobierno no priorice las dinámicas nacional-estatales por sobre las nacional-populares, recuperando la tensión inherente a los populismos planteada por Portantiero & De Ípola (1981); para ello, los movimientos sociales nacional-populares se propusieron como garantes que, terciando a modo de puentes entre el Estado y la sociedad, llevaran los programas y recursos estatales hacia un cauce favorable a las mayorías populares.

Es así que la experiencia durante estos años tanto de los movimientos autonomistas como de los nacional-populares, parecería traer nuevas conclusiones para el caso argentino, en relación a aquel debate entre el carácter instrumental o relacional del Estado revisado ut supra. Puede sugerirse entonces que, así como el proceso neoliberal implicó la re constitución del lugar del Estado en la sociedad, también la salida de estos doce años de gobiernos kirchneristas implicó un nuevo momento constitutivo, donde algunos aspectos de aquel óptimo social en el cual se cristalizan los puntos de diálogo y conflicto entre la sociedad y las instituciones estatales se modificaron. Esta modificación se trasladó hacia las tácticas y estrategias de los movimientos sociales, lo cuales se tornaron más permeables a la intervención en el Estado; esto tuvo lugar inclusive en aquellos movimientos pertenecientes a tradiciones político-ideológicas renuentes a la disputa electoral, como la tradición autonomista.

Conclusiones

En el presente artículo se analizaron algunas transformaciones en las relaciones entre Estado y sociedad durante el período comprendido por los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, y las consecuencias que dichas transformaciones tuvieron en el campo de los movimientos sociales. Una de las primeras conclusiones de este análisis indica que durante la etapa kirchnerista se re legitimaron las instituciones estatales en el país, en consonancia con una fuerte consolidación del proyecto de gobierno acontecida desde 2011. Esta relegitimación llevó a que diversos movimientos sociales, que venían rechazando la participación en las instituciones estatales, asuman nuevos desafíos en torno a ésta.

En ese marco, un amplio arco de movimientos sociales nacional-populares, a partir de la empatía respecto de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos kirchneristas, se integró al gobierno, colocando a sus referentes en cargos de funcionarios del Estado. Estos movimientos pasaron además a integrar listas electorales en el marco del partido gobernante, el Frente para la Victoria. Esto no implicó, sin embargo, que abandonen la construcción desde lo social, pero sí que ahora esta construcción se piense en relación estrecha con las posiciones ocupadas en el Estado.

Respecto de los movimientos autonomistas, si bien no se integraron al gobierno y se delimitaron políticamente del kirchnerismo por considerarlo una variante más de un gobierno capitalista, es notorio como algunas transformaciones en sus tácticas políticas coinciden con el ciclo de legitimación institucional señalado desde 2011. Me refiero, por ejemplo, al pasaje por disputar las instancias electorales, y a la elaboración de proyectos de Ley para ser aplicados desde los poderes legislativos del Estado. En estos movimientos se advierte entonces una reapropiación de categorías más ligadas a la tradición marxista, en la cual el Estado, si bien en términos generales es visto como una institución que garantiza la conflictividad social, es observado también como un espacio a ser conquistado en función de promover una transformación no solamente social sino también estatal.

Es por ello que se concluye que, tras doce años de gobiernos kirchneristas, un nuevo momento constitutivo tuvo lugar en la forma primordial entre Estado y movimientos sociales en el país, profundizando el carácter relacional de las instituciones estatales ante la sociedad. Este carácter relacional implicó para los movimientos estudiados, que el Estado pase a ser visto como un espacio con mayores niveles de agrietamientos, lo cual posibilitaría la transformación social; esta nueva configuración de la forma primordial, mejoraría la capacidad de los movimientos de incidir en la correlación de fuerzas sociales que se expresa en las estructuras institucionales.

No obstante, esto no implica que los movimientos identifiquen ahora que existen accesos directos a los resortes decisivos del Estado. Nicos Poulantzas sostuvo que “sería erróneo llegar a la conclusión de que la presencia de las clases populares en el Estado significa que tienen allí poder o que podrían tenerlo a la larga, sin que haya habido transformación radical de ese Estado” (1979: 172). Pensando al Estado como un campo estratégico de lucha, antes que como un bloque monolítico, tal como propusieron García Linera (2015) y Tapia (2013), el acceso por parte de sectores populares al mismo no puede garantizar poder en forma directa o lineal. Esto no significa que la presencia de los movimientos sociales en el Estado no implique cambios en la condensación de relaciones que materializa justamente el Estado. El principal desafío para los movimientos en, y en lucha por, el Estado, pasó a ser entonces el de enfrentar las capas geológicas sedimentadas por gobiernos anteriores, e intentar cristalizar nuevas sedimentaciones en función de las orientaciones, necesidades y sectores sociales que buscan representar.

Considero que estas conclusiones contribuyen a evitar la mirada basada en una causalidad mecánica fundada en la tajante división binaria entre Estado y sociedad, al momento de comprender las experiencias de los movimientos sociales contemporáneos. De tal forma el horizonte de síntesis que aquí se presenta, permite comprender que la acción de los movimientos sociales se relaciona, en forma necesaria, con un conjunto más general de estructuras de poder expresadas en las cristalizaciones institucionales del Estado. Estos relacionamientos operan durante determinadas etapas políticas –como la que aquí se analizó-, más allá de las matrices político ideológicas generales que enmarcan a los movimientos sociales.

Notas

1 Exponer la totalidad de dicho debate excedería los límites de este artículo, pero existen vastas obras que se ocupan de sistematizarlo, las cuales me eximen de mayores desarrollos. Puede consultarse al respecto Bobbio (2003).

2 Los dos autores citados que más refieren al concepto de forma primordial, son los ya mencionados René Zavaleta y Luis Tapia.

3 En este caso la tradición autonomista es homologable a la nueva izquierda, izquierda independiente e incluso a la izquierda heterodoxa que menciona Gómez.

4 Se refiere a los fondos financieros, de origen trasnacional, que decidieron no aceptar los canjes de deudas propuestos por los gobiernos kirchneristas, y apelaron a la solución judicial del reclamo. Por su mecanismo especulativo son comúnmente denominados ‘fondos buitre’.

5 La consigna enarbolada por las organizaciones kirchneristas durante este conflicto fue: patria o buitres, en clara alusión al conflicto entre el gobierno nacional y la embajada norteamericana durante el primer peronismo, que se había sintetizado en el slogan: Braden o Perón; sobre este antecedente histórico cfr. Bosoer (2011).

6 http://www.ibarometro.com/newsite/wp-content/uploads/2015/07/Radiograf%C3%ADa-ideol%C3%B3gica-de-los-argentinos.pdf Fecha de consulta: 14/11/2015.

7 El desarrollo en extenso de estas transformaciones, que aquí solamente se enumeran por cuestiones de espacio, se puede encontrar en los capítulos empíricos de mi trabajo doctoral (Cfr. Longa, 2016: pp, 122 y ss. y 180 y ss.).

8 Frente para la Ciudad Futura (2014). “Ley general de victimas”. Recuperado de http://www.girosrosario.org/mail_14/infografia_ley_de_victimas.html. Fecha de consulta: 14/09/2014.

9 MTD Evita & otros (2012) [2004]. “La hora de los pueblos”, en Pérez, Germán y Ana Natalucci (2012). Vamos las bandas. organizaciones y militancia kirchnerista, Buenos Aires: Nueva Trilce, pp. 191-195.

10 Movimiento Evita (s/n). “Quiénes somos”. Recuperado de http://www.movimiento-evita.org.ar/?page_id=4 . Fecha de consulta 02/03/2015.

11 El espacio autonomista continuó expresándose en forma creciente, por ejemplo, en los colectivos y asambleas ambientalistas que llevaron adelante luchas contra el modelo extractivo. Precisamente la distancia de la agenda del gobierno nacional respecto de la cuestión ambiental, y la ausencia en las mediaciones entre estos colectivos y el Estado (en términos de recursos por ejemplo), pueden explicar este reforzamiento de la matriz autonomista en estos agrupamientos (Cfr. Svampa & Viale, 2015).

Consultoras referenciadas

CEOP

Ibarómetro

Poliarquía

Referencias bibliográficas

Aiziczon, F., y Castilla, E. (2014). De viejos y nuevos dogmatismos. La crisis de las ideas y los intelectuales de la izquierda independiente. Ideas de izquierda, (10), 10-12.         [ Links ]

Bobbio, N. (2003). Estado, gobierno y sociedad. España: Fondo de Cultura Económica.         [ Links ]

Bonnet, A. (2015). La insurrección como restauración. El kirchnerismo. Buenos Aires: Prometeo.         [ Links ]

Bonnet, A., y Piva, A. (2013). Un análisis de los cambios en la forma de estado en la posconvertibilidad. En J. Grigera (Comp.). Argentina después de la convertibilidad (2002-2011). Buenos Aires: Imago Mundi.         [ Links ]

Bosoer, F. (2011). Braden o Perón: la historia oculta. Buenos Aires: El Ateneo.         [ Links ]

Boyanovsky Bazán, C. (2010). El Aluvión del piquete al gobierno. Movimientos Sociales y Kirchnerismo. Buenos Aires: Sudamericana.         [ Links ]

Cheresky, I. (2004). Elecciones fuera de lo común. Las presidenciales y legislativas nacionales del año 2003. En I. Cheresky y J. M. Blanquer (Eds.). ¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada (pp. 21-54). Rosario: Rosario.         [ Links ]

Cortés, M. (2008). Movimientos sociales y Estado en Argentina: entre la autonomía y la institucionalidad. Memorias de las Jornadas Interdisciplinarias de Problemas Latinoamericanos: Los movimientos sociales en América Latina. Mar del Plata: Pasado, presente y perspectivas [CD-ROM].         [ Links ]

Cortés, M. (2010). Movimientos sociales y Estado en el “kirchnerismo”. Tradición, autonomía y conflicto. En A. Massetti, E. Villanueva y M. Gómez (Comps.). Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario (pp. 97-118). Buenos Aires: Nueva Trilce.

Fornillo, B. (2007). Las estrategias piqueteras autónomas en el contexto de reposicionamiento de la actividad estatal: la aparición del Frente Popular Darío Santillán. IV Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Argentina.         [ Links ]

Fornillo, B., García, A., y Vázquez, M. (2008). Las organizaciones de desocupados autónomas en la Argentina reciente. Redefiniciones político-ideológicas e identitarias en el Frente Popular Darío Santillán (2003-2007). En S. Pereyra, G. Pérez y F. Schuster (Eds.). La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001 (pp. 367-394. La Plata: Al Margen.         [ Links ]

Frente para la Ciudad Futura (2014). Ley general de victimas. Recuperado de http://www.girosrosario.org/mail_14/infografia_ley_de_victimas.html        [ Links ]

Frente Popular Darío Santillán (2013). Los movimientos populares asumimos nuevos desafíos. Recuperado de http://frentedariosantillan.org/fpds_ant/fpds/index.php?option=com_content&view=article&id=980:los-movimientos-populares-asumimos-nuevos-desafios        [ Links ]

García Linera, Á. (2015). Estado, democracia y socialismo: Una lectura a partir de Poulantzas. Recuperado de http://marxismocritico.com/2015/02/25/estado-democracia-y-socialismo/        [ Links ]

Giarracca, N., y Teubal, M. (2010). Del paro agrario a las elecciones de 2009: tramas, reflexiones y debates. Buenos Aires: Antropofagia.         [ Links ]

Gómez, M. (2010). Acerca del protagonismo político y la participación estatal de los movimientos sociales populares: falacias, alucinaciones y cegueras del paradigma normal de análisis. En A. Massetti, E. Villanueva y M. Gómez (Comps.). Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario (pp. 65-96). Buenos Aires: Nueva Trilce.         [ Links ]

Iraola, J. (2011). Apuntes sobre hegemonía. Disquisiciones acerca de la construcción de sentido del “kirchnerismo”. Question 1 (31) s/n.

Laclau, E. (2011). La real izquierda es el kirchnerismo (2 de octubre de 2011). Página/12, p.25.         [ Links ]

Lander, E. (Ed.) (2003). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Caracas: Unesco y Clacso.         [ Links ]

Levy Yeyati, E., y Novaro, M. (2013). Vamos por todo. Las 10 decisiones más polémicas del modelo. Buenos Aires: Sudamericana.         [ Links ]

Longa, F. (2016). ¿Entre la autonomía y la disputa institucional? El dilema de los movimientos sociales ante el Estado. Los casos del Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Evita (Argentina, 2003-2015) (Tesis doctoral inédita). Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.         [ Links ]

Longa, F. (2013). Territorialización y prefiguración: el ethos militante ‘prefigurativo’, a partir del caso del Frente Popular Darío Santillán. I Congreso internacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Longo, J. (2012). Las fronteras de la precariedad: Percepciones y sentidos del trabajo de los jóvenes trabajadores precarios de hipermercados. Trabajo y sociedad (19), 23-35.         [ Links ]

Maneiro, M. (2014). Las organizaciones de trabajadores desocupados y las iniciativas gubernamentales en los primeros años del kirchnerismo. Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología, 23 (3), 469-494.         [ Links ]

Massetti, A. (2009). La década piquetera (1995-2005). Acción colectiva y protesta social de los movimientos territoriales urbanos. Buenos Aires: Nueva Trilce.         [ Links ]

Mazzeo, M. (2011). Poder popular y nación. Notas sobre el bicentenario de la Revolución de Mayo. Buenos Aires: El Colectivo.         [ Links ]

Míguez, P. (2010). El debate contemporáneo sobre el Estado en la teoría marxista: su relación con el desarrollo y la crisis del capitalismo. Estudios Sociológicos, 28(84), 643-689.         [ Links ]

Miliband, R. (1988). El Estado en la sociedad capitalista. México: Siglo XXI.         [ Links ]

Moreira, C., y Barbosa, S. (2010). El kirchnerismo en Argentina: origen, apogeo y crisis, su construcción de poder y forma de gobernar. Sociedade e cultura, 13 (2), 193-200.         [ Links ]

Moreno, J. E. (2010). ¿Lo tomo, lo dejo, lo rompo o lo uso? Concepciones sobre el Estado y estrategias políticas entre las organizaciones del campo popular. En A. Massetti, E. Villanueva y M. Gómez (Comp.). Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario. Buenos Aires: Nueva Trilce.         [ Links ]

Movimiento Evita (s/n). Quiénes somos. Recuperado de http://www.movimiento-evita.org.ar/?page_id=4        [ Links ]

MTD Evita et al. (2012) [2004]. La hora de los pueblos. En G. Pérez y A. Natalucci (Comps). Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista (191-195). Buenos Aires: Nueva Trilce.         [ Links ]

Natalucci, A. (2010). ¿Nueva gramática de la política? Reconsideraciones sobre la experiencia piquetera en la argentina reciente. Astrolabio Nueva Época, 5, 94-118.         [ Links ]

Natalucci, A. (2012). Los movimientistas. Expectativas y desafíos del Movimiento Evita en el espacio kirchneristas (2003-2010). En G. Pérez y A. Natalucci (Comps.). Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchneristas (pp. 27-56). Buenos Aires: Nueva Trilce.         [ Links ]

Portantiero, J. C., y De Ípola, E. (1981). Lo nacional popular y los populismos realmente existentes. Nueva Sociedad 54, 7-18.         [ Links ]

Poulantzas, N. (1968). Poder político y clases sociales en el estado capitalista. México: Siglo XXI.         [ Links ]

Poulantzas, N. (1979). Estado, poder y socialismo. Madrid: Siglo XXI.         [ Links ]

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (pp. 246-248). Buenos Aires: Clacso.         [ Links ]

Retamozo, M. (2011). Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina. Polis. Revista de la Universidad Bolivariana, 10 (28), 243-279.         [ Links ]

Sader, E. (2009). El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana. Buenos Aires: Clacso y Siglo XXI.         [ Links ]

Schuttenberg, M. (2011). La reconfiguración de las identidades nacional populares. Los puentes discursivos para el pasaje de tres tradiciones políticas al espacio transversal kirchneristas. Sociohistórica, 28, 41-73.         [ Links ]

Svampa, M. (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires: Taurus.         [ Links ]

Svampa, M. (2011). “Argentina, una década después. Del «que se vayan todos» a la exacerbación de lo nacional-popular”. Nueva Sociedad, 235, 17-34.

Svampa, M., y Pereyra, S. (2004). Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Biblos.         [ Links ]

Svampa, M. (2008). Cambio de época. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.         [ Links ]

Svampa, M., y Viale, E. (2015). Maldesarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo. Buenos Aires: Katz editores.         [ Links ]

Tapia, L. (2005). Pensar Bolivia desde la obra de René Zavaleta. Umbrales, Revista del Postgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES-UMSA, 13, diciembre, s/n.         [ Links ]

Tapia, L. (2013). De la forma primordial a América Latina como horizonte epistemológico. Bolivia: CIDES-UMSA.         [ Links ]

Tarrow, S. (1998). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza.         [ Links ]

Vázquez, M. (2008). La socialización política de jóvenes piqueteros. Un estudio a partir de las organizaciones autónomas del conurbano bonaerense (Tesis de Maestría inédita). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.         [ Links ]

Vázquez, M., Rocca Rivarola, D., y Cozachcow, A. (2016). Fotografías de las juventudes militantes en Argentina. Un análisis de los compromisos políticos juveniles en el Movimiento Evita, el Partido Socialista y el PRO. En M. Vázquez, P. Vommaro, P. Núñez y R. Blanco (Comps.). Militancias juveniles en la Argentina democrática. Trayectorias, espacios y figuras de activismo (en prensa). Buenos Aires: Imago Mundi.         [ Links ]

Zavaleta, R. (1986). Problemas de la determinación dependiente y la forma primordial. El Estado en América Latina. En R. Zavaleta. Obras completas. Cochabamba: Los Amigos del Libro.         [ Links ]

Zavaleta, R. (2009). La autodeterminación de las masas. Buenos Aires: Clacso.         [ Links ]

Recibido: 20 de julio de 2016
Aceptado: 26 de mayo de 2017
Publicado:13 de julio de 2017