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Sociohistórica

versión On-line ISSN 1852-1606

Sociohistórica  no.39 La Plata jun. 2017

 

ARTÍCULOS

Conflictividad laboral, huelgas generales y la dinámica de los nucleamientos sindicales en el Gran La Plata 1969-1972

Agustín Nava

CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA), Argentina
agustinnava82@hotmail.com


Resumen

El presente trabajo se inscribe dentro del campo de estudios sobre la historia del movimiento obrero durante los años `60 y `70 en la Argentina y tiene como propósito analizar el ciclo de huelgas generales y conflictividad laboral que tuvo lugar más específicamente entre los años 1969-1972 en una región en particular: el Gran La Plata. Por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo, elaborado a partir de fuentes hemerográficas, abordaremos la dinámica de las huelgas generales y su impacto en nuestra región de estudio, en tanto tipo de lucha que nos permitirá profundizar el análisis de las distintas tendencias y formas que asume el conflicto, los grados de unidad al interior del propio movimiento obrero, la dinámica de los nucleamientos sindicales, las alianzas con otras fuerzas sociales y la relación con el estado. De este modo el trtabajo contribuye a pensar ciertas dinámicas concretas no solo de la conflictividad obrera en nuestra región de estudio, sino también del ciclo más general de protesta social y radicalización política que tuvo lugar en la Argentina durante las décadas del sesenta y setenta.

Palabras Claves: Movimiento obrero; Huelgas generales; Conflictividad laboral; Gran La Plata.

Labor conflict, general strikes and dynamics of trade union organizations in the Gran La Plata 1969-1972

Abstract

This paper is inscribed within studies on the history of the labor movement during the years '60 and '70 in Argentina and aims to analyze the cycle of general strikes and labor conflictivity that took place more specifically between the years 1969-1972 on a particular region: the Gran La Plata. Through a qualitative and quantitative analysis we will approach the dynamics of general strikes and their impact on our study region, as a kind of struggle that allows us to analyze the different tendencies and forms assumed by the conflict, the degrees of unity within the labor movement, the dynamics of trade unions, alliances with other social forces and the relationship with the state. Therefore, this article contributes to study not only certain specific dynamics of labor conflictivity in our study region, but also the more general cycle of social protest and political radicalization that took place in Argentina during the sixties and seventies.

Keywords: Organized labor; General strikes; Labor conflict; Gran La Plata.


Introducción

El presente trabajo se inscribe dentro del campo de estudios sobre la historia del movimiento obrero durante los años `60 y `70 en la Argentina y tiene como propósito analizar el ciclo de huelgas generales y conflictividad laboral que tuvo lugar más específicamente entre los años 1969-1972 y su impacto en una región en particular: el Gran La Plata1. Quizá una de las peculiaridades que presentó el movimiento obrero argentino en el largo plazo, a diferencia de lo que sucedía en otros países, fue que la huelga general se transformó en una forma recurrente de lucha. En el periodo que vamos a analizar (1969-1972) el movimiento sindical llevó a cabo 10 huelgas generales que tuvieron repercusión en la región: 4 de ellas en el año 1969, 4 en el año 1970 y solo una tanto en 1971 como en 19722.

Las relaciones que pueden establecerse entre conflictividad laboral y huelgas generales ha originado en la Argentina un interesante y fructífero debate entre Nicolás Iñigo Carrera (2001, 2010) y Adrián Piva (2006)3, enfocado particularmente en la dinámica de la conflictividad laboral durante los años `80 y `90 en la Argentina. En dicho intercambio, Piva cuestiona la pretensión de Iñigo Carrera de utilizar las huelgas generales como el indicador clave para determinar los momentos de ascenso y descenso de la lucha de clases durante los años `90, en la medida en que la fragmentación de la clase obrera característica de esa década (ocupados-desocupados), produce un “desacople” entre la actividad huelguística de la CGT y la dinámica más general de la conflictividad. Esta controversia en particular (mucho más profunda y extensa de lo que hemos descripto) se circunscribe específicamente a lo acontecido durante los años `80 y `90. Para Piva el “desacople” se da en función de la crisis del sistema de relaciones laborales característico de la ISI-industrialización por sustitución de importaciones. No obstante este debate, lo cierto es que ambos autores parecen acordar en que las huelgas generales presentaron cierta centralidad para el periodo que se encuentra bajo nuestro estudio. Pero, además, retomamos esta discusión, en la medida en que tiene como trasfondo problemáticas más generales, que remiten a aspectos centrales para dar cuenta de las características y dinámica del movimiento sindical.

Una de ellas es la referida a quizás una de las dicotomías más extendidas en los análisis sobre el movimiento obrero: la fractura entre las dirigencias y las bases. Los vínculos, relaciones e intereses que se desarrollan entre las organizaciones sindicales como tales y los intereses de las bases, deriva asimismo hacia dos problemáticas, en verdad interconectadas, que han suscitado numerosos debates teóricos, históricos y políticos: por un lado, la problemática de la burocracia sindical4 y su influencia sobre la dinámica de la conflictividad laboral; y por el otro, el debate respecto a las limitaciones y potencialidades propias de las organizaciones sindicales como tales y su papel en los procesos de transformación social revolucionaria5. El primer supuesto, muchas veces presente en las perspectivas que abordan estas problemáticas, y que deberíamos evitar, es considerar que, como sostiene Victoria Basualdo “… si las bases obreras pudieran expresar su voluntad sin trabas y tuvieran lideres representativos avanzarían ineludiblemente hacia la revolución…” (Basualdo, 2010:16).

Por otro lado, la controversia señalada al comienzo deriva asimismo hacia otro debate, desarrollado en una literatura más histórica enfocada en analizar y debatir la actividad huelguística y que refiere a la problemática respecto a cuáles son los factores determinantes (es decir las “variables independientes”) que condicionan y explican la dinámica concreta de la conflictividad del movimiento obrero.

Los primeros modelos que se desarrollaron para explicar las dinámicas de la conflictividad laboral hicieron hincapié fundamentalmente en los factores puramente económicos. Siguiendo el análisis que realiza Franzosi (1995), podemos reconocer dos vertientes dentro de este grupo. Por un lado, se encuentran aquellas interpretaciones que ponen el foco en la relación entre ciclos económicos, situación del mercado de trabajo y conflictividad (Ashenfelter y Johnson 1969). En este caso se supone que la conflictividad laboral es inversamente proporcional al desempleo. La actividad huelguística se volvería más intensa en momentos de auge del ciclo económico, en tanto y en cuanto los trabajadores ven fortalecida su posición en el mercado de trabajo, y por lo tanto estarían más propensos a asumir los riesgos que conlleva establecer una medida de protesta. La situación se invierte obviamente cuando el ciclo económico revierte su signo, pasando de la expansión a la recesión. La otra vertiente, por el contrario, lejos de predecir una mayor actividad huelguística en tiempos de prosperidad, conjetura que la protesta laboral se volverá más intensa en momentos de recesión económica y crisis, es decir cuando los salarios y condiciones laborales empeorar.

Sin embargo, durante las décadas del `70 se desarrolló toda una literatura que cuestionó en parte la validez de estos modelos, como consecuencia de su incapacidad para explicar ciertos casos concretos, dando cuenta así de la complejidad de los mecanismos intervinientes en la dinámica huelguista como para poder reducirlas a los modelos puramente económicos. Este segundo grupo comenzó a privilegiar los factores causales políticos organizativos. Dentro de este grupo nuevamente podemos reconocer tres vertientes distintas. Una de ellas representada, por Edward Shorter y Charles Tilly (1985 [1974]), quienes desde la teoría de la movilización de recursos consideran que la acción colectiva es producto de la capacidad de un grupo para movilizar distintos recursos organizativos, de manera que intentaron explicar los patrones a largo plazo de la actividad huelguística en términos del aumento de la capacidad de organización (o no) de la clase obrera. En segundo lugar, algunos autores ingleses (Sellier, 1960; Clegg, 1976) señalaron la necesidad de introducir como variable explicativa el grado de institucionalización de las negociaciones colectivas, ya que la recurrencia y fisonomía de los patrones de huelga estarían determinados por el grado de centralización o descentralización de las negociaciones entre trabajadores y la patronal, la periodicidad y duración de los contratos colectivos, etc. Por último, dentro de este grupo se puede reconocer una tercera vertiente: las teorías del intercambio político (Hibbs, 1978; Korpi y Shalev, 1979), quienes han vinculado las modificaciones a largo plazo de la dinámica huelguística, con los cambios en la posición política que detenta el movimiento obrero en la estructura política gubernamental. Para estos autores, el acceso que en algunos países europeos tuvo el movimiento obrero a la maquinaria gubernamental, por medio de los partidos políticos socialdemócratas, derivó en un desplazamiento de la conflictividad del mercado de trabajo y del sector privado, donde el recurso de la huelga es más recurrente, hacia el sector público, donde por el contrario prevalece el “intercambio político”, determinando así una disminución de las recurrencias de las huelgas.

Más allá de que el análisis de las huelgas generales en una región en particular no agota ni da respuestas acabadas a todas estas problemáticas, nos parece pertinente abordar específicamente el estudio de estas medidas de fuerza y su impacto en nuestra región de estudio, no tanto como un indicador privilegiado de los momentos de ascensos y descensos de la lucha de clases, tal como lo hace Iñigo Carrera (Iñigo Carrera 2001), aunque si por el hecho de que es un tipo de lucha que nos permitirá profundizar el análisis de las distintas tendencias en lo que respecta a las formas que asumen los conflictos, los grados de unidad al interior del propio movimiento obrero, la dinámica de los nucleamientos sindicales, las alianzas con otras fuerzas sociales y la relación con el Estado (Santella, 2009). Es decir, en la medida en que contribuye a pensar ciertas dinámicas concretas no solo de la conflictividad obrera en nuestra región de estudio, sino también del ciclo más general de protesta social y radicalización política que tuvo lugar en la Argentina durante las décadas del sesenta y setenta.

Más aún si reparamos en la siguiente circunstancia. Si observamos la figura 1, en la que se contabiliza el promedio mensual de conflictos obreros entre 1969-1972 en la región del Gran La Plata6, se puede establecer cierta correspondencia, exceptuando los meses de mayo y junio de 1971, entre picos de conflictividad en la región y las circunstancias en que, tanto la CGT de los Argentinos (CGTA) durante el año 1969, pero en particular la CGT de la calle Azopardo, impulsan la realización de distintas huelgas generales en el plano nacional.

Fuente: elaboración propia en base a información periodística.

Estas medidas de fuerza se llevaron a cabo durante los meses de mayo, julio, agosto y octubre de 1969, abril, octubre y noviembre de 1970, septiembre de 1971 y febrero/marzo de 1972. Las huelgas generales que estamos citando presentaron distintos tipos de características y de impacto en la región, pero, no obstante esto, tuvieron la virtud de aglutinar el descontento de distintos sectores del movimiento sindical del Gran La Plata. En particular, como veremos más adelante, las huelgas generales impulsadas por las centrales sindicales nacionales fueron el momento en el que, por lo menos en lo que respecta a la región del Gran La Plata, las grandes organizaciones típicamente obreras del sector privado (metalúrgicos, construcción, carne) o que tienen una importancia dada por la cantidad de sus afiliados (comercio), se incorporan al ciclo general de protesta social.

En los apartados siguientes analizaremos descriptivamente la totalidad de huelgas generales que tuvieron impacto en nuestra región de estudio. Por su parte, en el último de los apartados retomaremos la relación entre estas medidas de fuerza y la dinámica más general de la conflictividad laboral, abordando esta última por medio de una metodología sustentada fundamentalmente en el método cuantitativo.

La división en la CGT regional y las huelgas generales en torno al Cordobazo

Con posterioridad al fracaso del plan de lucha de la CGT en 1967, y en el contexto de un escenario signado no solo por los cambios socio-económicos en el plano nacional impulsados por el gobierno de Onganía sino también por su ofensiva represiva hacia el movimiento obrero, fueron tomando cuerpo distintas disidencias al interior del movimiento sindical nacional que derivaron finalmente en la división de la CGT y la eclosión de una nueva experiencia: la CGT de los Argentinos (CGTA) en 1968. En verdad, hacia fines de ese año las corrientes y alternativas que eclosionaron a partir de 1967 se materializaron en tres nucleamientos principales en el sindicalismo argentino: el participacionismo, la CGT Azopardo y la CGT de los Argentinos. El participacionismo (o “Nueva Corriente de Opinión” a partir de 1969), nucleaba a sindicatos que procedían en su gran mayoría del peronismo. Su objetivo era mantener contactos con el gobierno a fin de preservar sus organizaciones y de obtener beneficios para sus sindicatos. En un principio, este sector fue liderado por Rogelio Coria (UOCRA) y Juan José Taccone (FATLyF), aunque también participaron gremios importantes tales como los textiles, vestido, petroleros del estado y privados. Si bien se reconocen como nucleamiento, no estaba dentro de sus propósitos conformar una nueva central obrera. Por otra parte, la CGT Azopardo, conformada mayoritariamente por los gremios alineados en el sector “vandorista”, quienes si bien mantenían críticas hacía las políticas económicas del gobierno no renunciaban a mantener canales de diálogo con el mismo, aunque a medida que el gobierno militar se debilita se pronunciarán cada vez más por una alternativa política y económica diferente a la puesta en práctica por la dictadura militar. En términos generales, hay acuerdo en la literatura sobre el periodo en que este sector era el que representaba a la mayor cantidad de afiliados. Si bien habría que reconocer que el mismo sale bastante debilitado del proceso de división que estamos narrando, ya que varios gremios rechazan alinearse directamente con cualquiera de los nucleamientos que se conforman, manteniéndose en una posición de prescindencia. Por último se encuentra la CGTA, que planteaba una política de oposición frontal a la dictadura del general Onganía. En términos generales, aunque el panorama era bastante dinámico e inestable, en este sector se encontraban agrupados los sindicatos que más perjudicados habían resultado de la aplicación de las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno de Onganía. A pesar de evidenciar una fuerte influencia e impulso en una primera etapa, todo parecería indicar que paulatinamente irá perdiendo impulso y ascendencia en el panorama sindical. De manera esquemática, las relaciones que cada una de estas tendencias intentó mantener con el gobierno militar serían las siguientes: “participación, negociación y oposición” (Dawyd 2011: 17).

Como sostiene Dawyd, la división que estamos describiendo en el movimiento sindical a nivel nacional se trasladó a las distintas regionales del interior del país, aunque con distintas particularidades. En el Gran La Plata, la CGT regional en un primer momento se mantiene prescindente de la fractura a nivel nacional que se produce en marzo de 1968 en ocasión de la realización del congreso que debía elegir autoridades para la central, declarando públicamente su posición independiente con respeto al diferendo, aunque no sin fuertes críticas hacia la conducción económica y política del país. Aclaremos, de todos modos, que por lo menos desde mediados de la década del sesenta, la CGT regional La Plata no se había destacado por mantener una actividad demasiado intensa (Raimundo, 2014). La central en principio se mantiene en esa posición de prescindencia, a pesar de la presión de una serie de gremios, mayoritariamente del sector público, para que la central se aliene al sector de Ongaro. Dichos gremios van a conformar la Intersindical de Gremios de La Plata, Berisso y Ensenada que finalmente, ante la evidencia de que la CGT regional se mantendría bajo la ejida del vandorismo, decide en julio de 1968 conformar una CGT propia alineada con la CGTA7.

Independientemente de estas disidencias internas que se desplegaban dentro del movimiento obrero a nivel nacional, a principios de 1969 y en el marco de una activación del movimiento obrero y estudiantil del interior del país (desarrollado fundamentalmente hacia el mes de mayo) se concreta un principio de alianza de los dos nucleamientos sindicales principales a nivel nacional, la CGT y la CGTA. Especialmente a partir del momento en que el vandorismo rompe con su actitud expectante ante el gobierno nacional. El 26 de mayo de 1969 las dos centrales obreras deciden llevar a cabo un paro general por 24 horas para el día 30 de mayo8, el primero después de casi dos años. Sin embargo, la alianza en el plano nacional entre estos dos nucleamientos no logra concretizarse a nivel local. A su vez, la escaza actividad tendiente a organizar el paro decretado por las dos centrales obreras a nivel nacional, a diferencia de lo que sucedida en otras regiones del país, nos da una idea de la situación de fuerte división y crisis en la que se encontraba el movimiento obrera local.

En los días previos a la huelga general el panorama en el ámbito gremial platense se presentaba bastante confuso, en lo que respecta a la posición que iban a adoptar los distintos gremios frente a la medida de fuerza. En especial, el problema se centraba en los 45 gremios que formaban parte de la delegación regional que respondía a las directivas de la central de la calle Azopardo, lo que es indicativo también de ciertas tensiones y debilidades al interior del propio vandorismo. Pese a las profusas reuniones para unificar criterios, las divergencias no lograron ser superadas. La tensión se originaba en que la CGT local, como delegación de la central de Azopardo y sujeta a sus estatutos, debía adherir a la medida de fuerza dispuesta. Sin embargo, la mayoría de los gremios respondían únicamente, en cuanto a medidas de fuerza, a lo que resolvieran sus organizaciones nacionales, y no a lo que determinara la central obrera. De manera que, mientras gremios como gastronómicos, metalúrgicos, bancarios, aguas gaseosas se manifestaban a favor del paro, otros como los de la construcción, madera, gráficos, textil, petroleros, se oponían. Por el contrario, el panorama era más claro y preciso en la CGTA regional, en la medida en que sus filiales expresaban su total adhesión a la medida de fuerza. Dentro de las organizaciones que se agrupaban alrededor de esta central y que paran el día 30 de mayo, se encontraban fundamentalmente gremios del sector estatal9.

En parte como producto de esta situación de fuerte división y crisis al interior del movimiento sindical local, el paro del día 30 tuvo proyecciones parciales en La Plata, Berisso y Ensenada, no afectando en términos generales los servicios locales imprescindibles. Esta situación no es similar a la que se presentó en el plano nacional, en donde la medida de fuerza adquiere una gran intensidad, aun en actividades cuyas organizaciones gremiales (fundamentalmente provenientes del sector participacionista, como textiles y construcción) habían hecho expresa su no adhesión al paro y a pesar de las descalificaciones y amenazas de represión por parte del gobierno nacional. En lo que respecta al ámbito local, según la crónica periodística, la medida de fuerza presentó características disimiles a las que se registraron en huelgas generales anteriores, en la medida en que sectores que generalmente solían adherirse a este tipo de medidas de fuerza, esta vez no lo hicieron; mientras que actividades que en situaciones previas no fueron afectadas, en esta oportunidad registraron un indudable resentimiento. En términos generales, el panorama distó de presentar las proporciones que podrían haber sido previsibles, no perturbándose por otra parte los intereses generales del resto de los sectores sociales. Dos servicios esenciales, tales como el transporte automotor y el comercio, funcionaron con bastante normalidad, al igual que la actividad bancaria, no obstante la adhesión expresa de los trabajadores bancarios. No fue el caso de un servicio público de especial importancia, como el correo local, paralizado en su totalidad por la ausencia de sus empleados, al igual que la circulación de trenes. Por otro lado, trabajaron con normalidad establecimientos importantes de la zona como la Destilería de YPF, los frigoríficos y en las obras de construcción de la planta siderúrgica de Ensenada. Lo llamativo es que en otro plano donde el paro no concitó una amplia repercusión fue en el ámbito administrativo y estatal, sector en el que la CGTA presentaba un mayor predicamento.

A diferencia de lo que se registra en las ciudades de Córdoba o Tucumán, la medida de fuerza se desarrolla en el ámbito estrictamente local sin que se concrete ninguna movilización en las calles, aunque si se producen manifestaciones de violencia recurrentes en este tipo de situación: tales como los diversos tipos de atentados contra los medios de transporte, en especial el automotor, que no se plegaban al paro y que incluyen desde los clásicos clavos “miguelitos” arrojados en la trayectoria de los recorridos, hasta la utilización de bombas incendiarias sobre los propios micros.

Luego del impacto que implicó el Cordobazo, la frágil alianza entre las dos centrales nacionales se fractura en los días inmediatos posteriores, a pesar de los esfuerzos de algunas regionales del interior que realizaban gestiones en pos de la unidad de las dos centrales nacionales. La propuesta de la CGTA era lograr la unidad aunque postulando que la misma debía darse por medio de la prolongación de los enfrentamientos, convocando así a un nuevo paro general por 24 horas como protesta contra la política económica del gobierno. Dicha medida de fuerza finalmente se lleva a cabo el 1º de julio y se desarrolla en conjunto con la “Intersindical Interprovincial” de regionales unificadas de Santa Fe, Rosario y Córdoba10. La delegación local de la CGTA anuncia su adhesión al paro y manifiesta la necesidad de coordinar con las organizaciones estudiantiles, populares y “todas aquellas que estén consustanciadas con el programa del 1º de mayo” (El Día, 18/06/1969). Dicha central, sin embargo, atravesaba por un momento de fuerte cuestionamiento interno que derivó en la renuncia de las anteriores autoridades11. En esta etapa, además, sólo 15 sindicatos estaban adheridos a dicha regional: ATE La Plata, ATE Ensenada, Unión Ferroviaria (UF), La Fraternidad (LF), SOYEMEP, UPCN, Salud Pública, Sanidad, Operadores Cinematográficos, Bancarios, SOEME, Arquitectura, Gas del Estado, FOETRA y otras. Como se puede observar, hacia 1969 esta central sindical nucleaba a tres tipos de sindicatos: a los de empleados públicos, a los que en general resultaron más vulnerados por la redefinición de la política económica impuesta por el gobierno de Onganía y a los que habían sido intervenidos; es decir a los sectores de la clase obrera corporativamente más débiles12. La participación de los trabajadores industriales en esta experiencia resultó bastante marginal. En este primer momento, podría establecerse una correlación entre los que podríamos considerar como el poder de negociación13 de los sindicatos y alineamiento político, en la medida en que en nuestra región de estudio fueron los gremios más golpeados por la política económica de Krieger Vasena quienes optaron políticamente por una oposición frontal al régimen militar. Por el contrario, los sindicatos más fortalecidos desde el punto de vista estructural y económico tuvieron una mayor proclividad a desarrollar una estrategia de negociación con el régimen de Onganía. Tal como se desprende de la actitud seguida por la CGT Azopardo a nivel nacional. Con posterioridad inmediata al Cordobazo, dicha central se niega a llevar a cabo medidas de fuerza, bajo la premisa de que era necesario primero concretar la unidad de las organizaciones en función de determinados objetivos y procedimientos antes de proseguir con el enfrentamiento contra la dictadura militar, manteniéndose así en una actitud más cautelosa ante las disposiciones que había adoptado el gobierno nacional.

Como consecuencia de que la mayoría de los gremios de la región que estaban adheridos a la central obrera de Azopardo y algunos de los que militaban en el sector independiente cumplieron sus tareas de forma habitual, el paro del 1º de julio presentó una exteriorización reducida en La Plata, Berisso y Ensenada, aún más pronunciada que en la ocasión anterior. Salvo en Córdoba o en Tucumán, donde el paro es acatado totalmente, el panorama es similar en Buenos Aires y en sus partidos conurbanos donde la adhesión no es regular. En La Plata las actividades comerciales14 y bancarias se desarrollaron con normalidad15, al igual que la mayoría de los transportes, aunque los servicios ferroviarios funcionaron precariamente. Centralmente el paro lo cumplieron en particular los gremios que militaban en la CGTA. Sin embargo, la nota de la jornada estuvo dada por los trabajadores de la construcción, los obreros metalúrgicos de las fábricas Indeco y OFA, y los textiles de Petroquímica Sudamericana, quienes se plegaron a la medida de fuerza, a pesar de que las conducciones de sus centrales o de sus filiales locales habían resuelto no adherirse al paro. A diferencia de lo que observábamos en el paro anterior, en esta ocasión los vínculos de la CGTA con el movimiento estudiantil parecen estrecharse. La noche anterior al paro se intenta realizar en el centro de la ciudad la primera manifestación obrera estudiantil del periodo, en la que participan 200 personas y que fue disuelta por las fuerzas policiales, que habían montado un fuerte operativo de seguridad en lugares claves de la ciudad, sin que se produjeran incidentes de consideración. Esta manifestación nos permite observar tanto el momento más alto de la alianza obrero-estudiantil, como los límites de su alcance, ya que la cifra de los manifestantes que participan nos estaría indicando que la misma estuvo formada fundamentalmente por los trabajadores y estudiantes más politizados y por los activistas de las agrupaciones corporativas y políticas.

Quizá el contexto particular en el que tiene lugar el paro de la CGTA, explique de algún modo la escaza repercusión que tuvo la medida de fuerza impulsada por ella. Un día antes del mismo Vandor es asesinado. El gobierno en respuesta convoca al CONASE y declara el estado de sitio en todo el territorio nacional, lo que inicia una política de represión hacia el movimiento obrero consistente en quitas de personerías gremiales, allanamientos y detenciones de dirigentes sindicales, todas ellas dirigidas fundamentalmente contra la CGTA. En La Plata, el mismo día del paro, es allanada y clausurada la delegación local de la CGTA, que funcionaba en el edificio de la sede del Sindicato de Obreros y Empleados del Ministerio de Educación de la Provincia. Asimismo, en varios procedimientos policiales realizados por la madrugada en los domicilios particulares, fueron arrestados y puestos a disposición del PEN varios dirigentes sindicales de la zona, ente ellos Jorge Benito del Río, flamante secretario general de la CGTA. No solo son detenidos militantes gremiales, sino también militantes políticos, docentes de la facultad de Ciencias Jurídicas y de Arquitectura y Urbanismo. Esto determina que, en parte, el campo de apoyo se amplíe, en tanto que distintas fracciones de la pequeña burguesía expresan su rechazo a la política represiva del gobierno y su solidaridad con los detenidos.

No obstante la ampliación del campo de alianzas, la capacidad de coordinación o unificación de las luchas de los trabajadores de la región, por parte de sus centrales sindicales, queda seriamente resentida. Fundamentalmente al encontrarse comprometidos sus cuadros de conducción, en la medida en que varios dirigentes de la CGTA estaban detenidos o prófugos, mientras que la regional de la CGT Azopardo estaba prácticamente sin autoridades. Dicha situación se traducirá en la falta de iniciativa que evidenciaran ambas centrales durante los siguientes meses.

Las huelgas generales hacia el final del Onganiato

Luego del impacto que había significado el Cordobazo, el Gobierno Nacional, en un último intento de controlar y canalizar las tendencias del sindicalismo dentro de sus parámetros, designa un delegado del PEN con atribuciones de interventor, con el mandato de normalizar y regularizar el proceso institucional de la CGT: Valentín Suarez. Como consecuencia de esta intervención se conformará un nuevo nucleamiento sindical que agrupó a los gremios que fundamentalmente pertenecían a la CGT Azopardo: la “comisión de los 20”. Este nuevo nucleamiento, que en un principio había entablado canales de negociación con el delegado interventor de la CGT nacional, impulsa una medida de fuerza (que se concreta el 27 de agosto de 1969) exigiendo aumentos masivos de emergencia en los sueldos de obreros y empleados, la liberación de los dirigentes condenados por los tribunales militares, la devolución de los sindicatos intervenidos y el levantamiento del estado de sitio. En verdad, la iniciativa perseguía como objetivo establecer condiciones más favorables de negociación con las autoridades, bajo la presión que significaba la amenaza de paralización del país; con lo cual no se descartaba que la misma pudiera ser levantada si las autoridades accedían a algunos de sus reclamos. Si bien en un principio el Gobierno Nacional respondió impulsando ciertas medidas que apuntaban a generar una distención con algunos gremios (tales como la liberación de una tercera parte de los detenidos bajo el estado de sitio, la autorización para el aumento de la cuota sindical de la UOM, el reintegro de la personería gremial a los sindicatos telefónicos, la promesa de convocatorias a paritarias), sin embargo, con el correr de los días, el propósito inicial del nuevo nucleamiento se vio obstaculizado por la inesperada ola de adhesiones, provenientes en especial del interior del país. La CGTA y regionales del interior manifiestan expresamente el apoyo a la medida de fuerza, como así también muchos sindicatos y federaciones nacionales.

En la región, nuevamente la particular situación por la que atravesaban las dos delegaciones regionales de la CGT local determina que la organización de la medida de fuerza corra por cuenta de las distintas organizaciones gremiales. Si bien no abarcó a todas las actividades, el paro parece presentar en la región el más alto nivel de acatamiento en las distintas actividades, a pesar de que el gobierno adopta una actitud más enérgica en contra de la medida de fuerza declarándola ilegal y estableciendo, en lo que respecta a la región, un amplio operativo policial que incluyó el acuartelamiento de la policía bonaerense y una severa vigilancia en la ciudad. El cese de tareas alcanzó su mayor magnitud, como en el resto del país16, en las actividades industriales, alcanzando una repercusión menor en las actividades comerciales. El clima de absoluta tranquilidad que había reinado durante la jornada fue quebrado cerca de las 18 horas por un acto relámpago organizado por la CGTA, con adhesión de los distintos nucleamientos de estudiantes universitarios. Como en otras ocasiones, el mismo no resultó particularmente masivo, en la medida en que solo participaron alrededor de 50 personas, aunque si se ejerce un grado de violencia considerable.

El último intento de concretar una huelga general durante 1969, fue el 29 y 30 de octubre. Luego del paro del 27 de agosto, se concreta una de las tan esperadas medidas del tiempo social: las negociaciones paritarias17. Sin embargo, las paritarias se desarrollarán sin evidenciarse signos de entendimiento entre las partes, siendo particularmente notorio en el caso de los gremios considerados grandes. Ante esta situación el ministro de Economía, Dagnino Pastore, finalmente anuncia que las convenciones colectivas de trabajo se limitarían específicamente al análisis de las cláusulas no salariales, otorgando un aumento de sueldos de 3000 pesos mensuales a partir del 1º de noviembre y otro del 7 por ciento a partir del 1º de marzo de 1970, vigente hasta el 31 de diciembre de 1971, sobre las bases de convenio vigentes. Del mismo, además, quedaban excluidos los trabajadores de la administración pública. Como contrapartida, se anuncia que el Ministerio de Bienestar Social había elaborado un proyecto de ley que establecía aportes del tres por ciento de las remuneraciones para las obras sociales (1% por parte de los trabajadores y otro 2% de los empresarios), lo que permitiría ampliar los servicios y ordenar su funcionamiento. No obstante esta última concesión, tanto los representantes obreros como los empresarios, manifiestan su disconformidad con la política salarial. Los dirigentes de la “comisión de los 20” expresan que “los beneficios concedidos son ‘irrisorios’ y que no solucionaran los problemas de los trabajadores” (El Día, 11/10/1969). De manera paralela, la CGT unificada de Córdoba, en oposición tanto al sector participacionista como al enrolado en la “comisión de los 20”, convoca a un plenario nacional de delegados regionales, en el que participan 36 regionales (entre ellas la delegación local de la CGTA regional La Plata) y 10 federaciones nacionales. En el mismo se declara una huelga general con movilización de 38 horas para los días 29 y 30 de octubre. De todas maneras, la medida de fuerza no logró concitar demasiado apoyo ni una coordinación sólida en el orden nacional, circunscribiéndose la misma centralmente a la provincia de Córdoba. En la región, la única exteriorización concreta del paro fue la irregular actividad en el Ferrocarril Roca, con motivo del acatamiento por parte de la UF seccional Tolosa (no siendo éste el caso de la LF), y la inactividad de los operadores de cine. La extrema debilidad de la adhesión imposibilitó que se llevaran a cabo dos actos que había anunciado la CGTA en La Plata y Berisso. La casi inexistente repercusión del paro, motivó una dura crítica hacia el interior del propio movimiento obrero por parte de la UF seccional Tolosa, quienes sostuvieron que el gremio se mantiene en “la primera línea de lucha pese a que en las propias filas del movimiento obrero existen vacilantes que prefieren las comodidades que les otorga el hacer la vista gorda ante los reales problemas que vive el pueblo”. (El Día, 01/11/1969).

Claramente, el paro del 1º de julio había significado para la CGTA no solo el nivel más alto en su capacidad de convocatoria, sino asimismo la última vez que iba a incidir de manera directa en la dinámica del movimiento obrero, por lo menos en lo que respecta al plano regional18. Lo que estamos señalando se torna aún más patente si consideramos que, como se puede observar en la figura 1, esta última huelga general de octubre de 1969 en la que la CGTA intenta tener la iniciativa en el Gran La Plata, se desarrolla en un contexto de alza de la conflictividad obrera regional y no, por el contrario, de declinación de la combatividad del movimiento obrero. En términos generales, no sólo las medidas de fuerza promovidas por la CGTA no logran concitar un alto impacto en la región del Gran La Plata, sino tampoco las impulsadas por otras organizaciones combativas (como en el caso de las huelgas decretadas por la CGT Córdoba). En lo que respecta específicamente al proyecto de la CGTA regional La Plata se pueden advertir ciertas limitaciones y debilidades de dicha experiencia, determinadas, en nuestra opinión, por dos factores: en primer término, el programa de convocatoria a la movilización permanente de las bases obreras en contra de sus propias conducciones gremiales, ligado al llamado a una acción conjunta a distintas fracciones sociales y políticas opositoras, derivó finalmente en un aislamiento de los demás sectores del movimiento obrero19 que, en última instancia, no pudo ser contrarrestado por los mayores vínculos que establecieron con otros sectores sociales, en particular con el movimiento estudiantil. Sin embargo, dicha táctica tampoco pareció corresponderse con el estado de ánimo de las bases obreras, que sólo de manera marginal respondieron a las iniciativas de dicha central.

Por otro lado, la política de oposición frontal a las iniciativas del gobierno determinó que la voluntad de represión del régimen militar se enfocara en parte sobre sus sindicatos y dirigentes, que, si bien en el corto plazo profundizó las tendencias radicalizadas y la solidaridad de otros sectores sociales, en el largo plazo parece haber oficiado de un obstáculo importante para una central sindical formada por instituciones cuya fortaleza depende, en gran parte, del propio reconocimiento del Estado.

Por añadidura, la conflictividad laboral en el plano local, por lo menos durante este periodo, corría por cuenta de las propias organizaciones gremiales, no presentado una tendencia a centralizarse en ámbitos o instancias de coordinación más amplia. Lo sostenido resulta aún más notorio si tenemos en cuenta el intenso proceso de enfrentamiento que llevan a cabo los trabajadores ferroviarios durante el mes de septiembre de 196920. No obstante, esta reactivación de la conflictividad obrera en el plano regional se desarrolla en una situación coyuntural de cierta recuperación general de la iniciativa gubernamental hacia fines de 1969. Como sostiene Dawyd:

Tras la cierta reimposición de orden a través del estado de sitio y las detenciones, la imposición de Suarez en Azopardo y el levantamiento del paro del 1º y 2 de octubre, el gobierno recuperó nuevamente una iniciativa política que le permitió dejar que las paritarias no conformaran a los sindicalistas (ni los aumentos), reorganizar los ministerios y que la salida política volviera a estar demorada en décadas. (Dawyd, 2011: 263)

Frente a este panorama, a comienzos de 1970 el movimiento obrero nacional seguía estando fragmentado en tres tendencias, aunque sus posicionamientos políticos habían variado parcialmente. Por un lado, se encontraba la Comisión Normalizadora y Reorganizadora de la CGT conformada en 1969 (órgano de conducción provisorio para la normalización de la central compuesta por los No alineados, la Nueva corriente de Opinión y los “8” expulsados de las 62 organizaciones), quienes habían decidido establecer y mantener canales de diálogo con el gobierno de Onganía, a pesar de que dicha cercanía no se había traducido todavía en concesiones sustanciales. Entre quienes habían decidido ubicarse en una actitud de oposición frontal al gobierno se encontraban ahora, por un lado, las 62 organizaciones que se mantenían por el momento fuera de la CGT y, por encomendación de Perón, en una actitud de endurecimiento frente al gobierno (Dawyd, 2011); y por el otro, un tercer grupo, compuesto por las regionales del interior (en especial Córdoba y Rosario) y por los sindicatos y agrupaciones que todavía se nucleaban en torno a la CGTA, quienes venían impulsado la convocatoria a una huelga general. En este contexto, y con el objeto de desactivar la creciente tensión social, la Comisión Normalizadora y Reorganizadora se reúne con Onganía el 10 de marzo y le entrega un memorial en el que le solicitaban una revisión de la política económica, en especial en materia de salarios, problemas previsionales y de las obras sociales. La exigencia principal versaba en realidad respecto a un aumento general de salarios, debido a que los recientes incrementos otorgados habían sido rápidamente absorbidos por el aumento del costo de vida.

Sin encontrar respuestas concretas a estas exigencias, y en parte para contrarrestar la gestación de paros “activos” promovidos tanto por las 62 organizaciones como por las regionales del interior, la Comisión Normalizadora y Reorganizadora de la CGT resuelve finalmente por unanimidad realizar un paro “pasivo” en el orden nacional, por 24 horas, a efectivizarse el 23 de abril. A pesar de ello, en la declaración que ratificaba la medida de fuerza se advierte un tono moderado y sin críticas directas al presidente de la Nación. (El Día, 18/04/1970). Los demás sectores que promovían medidas de fuerza acoplaron sus fechas a la dispuesta por la CGT, aunque puntualizando que los motivos no eran similares y que la medida de fuerza de la CGT podía ser fácilmente neutralizada por el gobierno; es en este mismo sentido que la delegación regional Berisso y Ensenada de la CGTA, adhiere a la medida de fuerza intentando, además, otorgarle un carácter activo a la misma y ampliar el campo de alianzas. Junto a la comisión coordinadora de la UF seccional Tolosa y a la FULP firman una declaración en la que propician la unidad obrera estudiantil y la realización de actos relámpagos en conjunto. Sin embargo, las únicas manifestaciones de violencia, como en ocasiones anteriores, son distintos atentados contra el transporte público, que determina el retiro de los pocos ómnibus que habían circulado durante la jornada21. La delegación regional de la CGT oficial, cuya actividad durante lo que iba del año había sido particularmente exigua, hace su aparición pública convocando a la medida de fuerza, aunque como en anteriores ocasiones la decisión de los distintos sindicatos de adherir o no quedó circunscripta a su propia esfera. En esta ocasión la huelga, acompañando en parte la tendencia general de la conflictividad obrera, presenta una repercusión más importante que la convocada anteriormente. El paro tuvo un impacto casi total en las actividades industriales y en algunas reparticiones oficiales descentralizadas. El sector comercio presentó un panorama disímil. Mientras en Berisso y en Ensenada el cese de tareas fue casi total en la medida en que no solo adhirieron los empleados sino también los propios comerciantes, en La Plata la actividad fue más irregular ya que si bien el personal respondió al paro varios propietarios abrieron las puertas. Exceptuando a la Destilería de YPF, en donde las actividades se desarrollaron normalmente22, los trabajadores de las grandes industrias de la zona paralizaron sus tareas. Por el contrario, en la administración pública provincial el paro pasó inadvertido ya que la concurrencia de trabajadores fue normal. Salvo en los institutos de menores y en los hospitales donde se cumplió un paro de una hora por turno, en las demás dependencias de la provincia el ausentismo fue solamente del 5,3% sobre un total de 28.000 empleados (El Día, 24/04/1970).

En este caso en particular el campo de alianzas se amplía, aunque presente una composición disímil a las que se conformaban cuando la CGTA tenía la iniciativa. En esta ocasión, adhieren a la medida de fuerza con fuertes críticas a la política gubernamental, la Agremiación Médica Platense, el Movimiento Nacional Justicialista La Plata, la Juventud Peronista de La Plata, entre otros. El caso más particular es el de la Asociación de Propietarios de Panaderías que se pliegan al paro en protesta por los precios máximos fijados por el Gobierno Nacional. La huelga, de mayor magnitud que la anterior, tiene lugar entonces, en un contexto de creciente deslegitimación del gobierno de Onganía de parte de varios sectores sociales, más allá de la propia clase trabajadora, y de un mayor grado de unidad al interior del propio movimiento obrero. Lo que no excluía la existencia de distintas disidencias internas, centralmente entre la conducción de los sindicatos locales y la dirigencia sindical nacional.

El momento de mayor intensidad. Las huelgas generales durante la presidencia de Levingston y los avatares de la normalización de la CGT nacional

Quizá las tres huelgas generales que acontecieron bajo la presidencia de Levingston hayan sido las de mayor magnitud de todo el período bajo análisis, ya que además se dan en un marco de recrudecimiento de la conflictividad laboral en la región (véase figura 1). No sería ajeno a ello la circunstancia de que el movimiento sindical nacional presentara un panorama más monolítico que en otras ocasiones, a la par que el gobierno de Levingston se debilitaba y aislaba progresivamente.

Pocas semanas después de que la Junta de Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas destituyera a Onganía y nombrara presidente al general Levingston (junio de 1970), y luego de que se normalizaran varios sindicatos intervenidos, se realiza en julio el congreso de la CGT nacional, en el que finalmente se logra la normalización de la central. La reorganización de la CGT se desarrolló en torno a distintas vertientes del peronismo (las 62, la NCO, los NA), quedando así al margen de la mismael peronismo combativo, los GI y el MUCS (Dawyd, 2011)23. En un principio se dan algunos gestos de acercamiento por parte del nuevo secretariado con el gobierno. No sólo estuvieron en la asunción del nuevo secretario de Trabajo, Juan Alejandro Luco24, sino que además concretan una audiencia con Levingston a fines de julio, que transcurre no sin cierto grado de tensión, en la medida en que el gobierno hacía saber que los aumentos de sueldos no superarían el 5% mientras que los sindicalistas reclamaban un aumento generalizado de los salarios del orden del 25%, junto a la plena vigencia de la ley 14250, haciendo extensivas sus normas a los trabajadores estatales. (El Día, 25/07/1970)25. Finalmente, luego de que el gobierno anunciara un aumento del 7% retroactivo a agosto y otro del 6% para enero de 1971, la CGT endurece su posición ante el gobierno, en consonancia además con la nueva línea política de Perón de enfrentarse frontalmente con el nuevo gobierno de Levingston. No sin un fuerte debate interno, la CGT declara un “plan de lucha” con una amplia convocatoria a distintos sectores sociales, que incluye una huelga general de 24 horas el día 9 de octubre de 1970, actos con movilización26 junto con un abandono de tareas a partir de las 14 horas del 22 de octubre y una huelga general de 36 horas el 12 y 13 de noviembre.

En el Gran La Plata una de las primeras organizaciones que comienza a coordinar acciones para lograr la mayor efectivización del plan de lucha, es una nueva mesa organizadora de las 62 organizaciones regional La Plata, Berisso y Ensenada, quien llama a “los trabajadores y al pueblo en su conjunto” a expresar “la oposición a una política económica social contraria a los intereses del país” (El Día, 04/10/1970). Ya desde finales de julio de 1970 una serie de gremios de la región liderados por la UOM local intentaban normalizar y sacar del letargo a las 62 organizaciones regional. Finalmente en septiembre logran constituir una nueva mesa directiva, cuyo secretaría general quedará a cargo de Rubén Diéguez (UOM), y que expresará un discurso de oposición frontal al régimen militar tanto en su faceta económica como política.

En lo que respecta a nuestra región numerosos gremios van a adherir al plan de lucha de la CGT que se inicia en octubre. Prácticamente la mayoría de las entidades que nucleaban a las actividades ciudadanas (UTA, UF, LF, comercio, gastronómicos, bancarios, trabajadores del correo, hospitales e institutos de menores, los trabajadores de tribunales, aunque bajo la modalidad de trabajo a código, los trabajadores municipales y ATULP) resolvieron adherirse al cese de actividades del 9 de octubre, al igual que los trabajadores de actividades básicas de la zona tales como construcción, los obreros de la carne, el sindicato de obreros panaderos, SUPE Ensenada (en esta caso solo cumplieron el paro los trabajadores de Flota Petrolera y Taller Naval, mientras que no lo hicieron los de Destilería27), metalúrgicos y Luz y Fuerza. El Sindicato Gráfico Platense, abandona su posición de no plegarse a los paros generales, y resuelve adherir al cese de actividades. De este modo, el paro del 9 de octubre se cumplió con un elevado porcentaje de adhesión entre los trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada, en especial en el caso del transporte de pasajeros, en el Ferrocarril Roca y en las actividades comerciales y gastronómicas28. Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de Berisso resuelve el cese total de actividades en el comercio y la industria en adhesión a los reclamos de los trabajadores, señalando la difícil situación por la que atraviesan determinada por el “bajo nivel de recursos de los trabajadores”. En Berisso el cierre de la industria y comercio fue total. En Ensenada, de igual manera, la inactividad en el comercio fue total. El clima en Berisso era particular, ya que además la CGTA regional y distintas tendencias del gremio de la carne anunciaron la realización de un acto, que no pudo concretarse al no poder quebrar el excepcional despliegue policial en el centro de la ciudad, que se extendió hasta el acceso a La Plata.

En uno de los pocos casos en donde la medida de fuerza no incidió fue en la administración pública. No obstante la convocatoria de ATE La Plata, los empleados públicos concurrieron en general a cumplir con sus obligaciones habituales, como así también lo hicieron los trabajadores municipales, con la excepción de los trabajadores de Vialidad Provincial, que de acuerdo a las directivas de la entidad gremial realizaron paros de dos horas por turno, de DEBA cuyos agentes estaban afiliados a Luz y Fuerza, y el personal gráfico estatal.

En parte, la contundencia del paro general precipita la crisis ministerial que anidaba en el gobierno de Levingston. Como consecuencia de ella accede al Ministerio de Economía Aldo Ferrer. Los anuncios tendientes a reactivar la industria nacional y la promesa de que las convenciones colectivas de trabajo se reanudarían en marzo de 1971 y que discutirían de manera ilimitada los futuros aumentos salariales, generaron versiones de que la CGT estaba analizando postergar el paro “activo” del 22 de octubre. A pesar de ello, la central sostiene la decisión de continuar con el plan de lucha, aclarando que la postergación estaba sujeta a los cambios que debería cumplir el gobierno, haciéndose especial hincapié en la discusión libre de los convenios colectivos y un aumento inmediato de los salarios. En nuestra región, tanto la delegación regional de la CGT, como la regional de la CGTA intentan otorgarle un carácter más activo a la medida de fuerza. De todos modos, ninguna de las dos movilizaciones convocadas pudo concretarse debidamente, ya que fueron impedidas nuevamente por un amplio operativo policial. El dato llamativo es el intento de la CGT regional de concretar su primera movilización contra el gobierno nacional, en la que además se producen enfrentamientos con las fuerzas policiales.

Más allá de la particularidad de estar circunscripto solo a una parte de la jornada, el paro adquirió las mismas características que el que tuvo lugar el 9 de octubre, incluyendo en forma casi total al comercio y al transporte. A diferencia de otras oportunidades el paro de choferes de colectivos no fue suplido por la actuación de los propios propietarios de los micros, ya que algunas empresas decidían interrumpir los servicios como consecuencia de los diversos atentados cometidos contra los colectivos en circulación, fundamentalmente bajo la modalidad de clavos miguelitos, haciéndose sentir también la medida de fuerza en los servicios del Ferrocarril Roca. Como en la ocasión anterior el paro tuvo una incidencia especialmente importante en el ámbito industrial.

La tercera parte del plan de lucha, una huelga general de 36 horas, se mantiene a pesar de que el gobierno decide endurecer su posición, manifestando que estaba dispuesto a acudir con “toda su autoridad para garantizar el libre juego de las fuerzas” (El Día 09/11/1970). El bloque de las 62 organizaciones de La Plata, Berisso y Ensenada le responde al gobierno que “[e]l movimiento obrero tiene la suficiente madurez para no participar en golpes formales ni al servicio del puro electoralismo, sino que bregará constantemente por la puesta en marcha de una auténtica revolución nacional” (El Día 12/11/1970). De todos modos, a pesar de las amenazas, finalmente el gobierno no declara la ilegalidad de las medidas de fuerza. Nuevamente en La Plata, Berisso y Ensenada el paro adquiere las mismas características que los dos previos. Es decir, que se cumple de forma prácticamente total con la sola excepción de la administración pública, cuyos trabajadores concurrieron a sus lugares de trabajo en gran número.

La jornada de paros generales entre octubre y noviembre de 1970 que acabamos de analizar no solo parecen ser los de mayor adhesión en lo que respecta a nuestra región de estudio (que se evidencia en un panorama sindical bastante monolítico aunque ello no se expresará orgánicamente en una CGT regional organizada y consolidada), sino que además tienen lugar en el marco de una tendencia creciente de la conflictividad obrera regional, signada particularmente por procesos de lucha motorizados, entre otros, por ATULP, el sindicato de la carne Armour y Swift de Berisso, los trabajadores de Petroquímica Sudamericana, los trabajadores docentes, etc. Por añadidura, también es la ocasión en la que las medidas de fuerza impulsadas por la CGT concitan la adhesión de amplios sectores sociales. No es ajeno a todo ello, el hecho de que haya sido bajo la presidencia de Levingston el momento en el que régimen militar se encontrara mayormente debilitado y aislado.

Huelgas generales bajo el “tiempo político”

Durante el mandato presidencial de Lanusse la CGT nacional impulsa dos paros generales, que evidencian cierto declive en el grado de adhesión y militancia. Las medidas de fuerza se desarrollan en un contexto que difiere al que podíamos observar en las previas, fundamentalmente en las que se llevaron a cabo contra el gobierno de Levingston. En primer lugar, en 1971 la conducción de Rucci comienza a ser cuestionada no sólo por los sectores que habían decidido no formar parte de la CGT, sino también por los sectores internos a la central. Las organizaciones que se enrolaban dentro de lo que era la Nueva Corriente de Opinión y el Grupo de los 8 cuestionaban la línea seguida por el secretario general, apuntando contra la partidización de la CGT (en particular su alineamiento con la “Hora de los Pueblos”), y apostaban a establecer negociaciones con sectores del gobierno para fijar coincidencias alrededor de determinadas demandas sindicales. Por otro lado, el sector “combativo” de las 62 Organizaciones, fundamentalmente telefónico y naval, cuestionaban en duros términos a la conducción de la CGT. Por su parte, el gobierno de Lanusse ponía en marcha su propia iniciativa para una transición política, el GAN. Este proyecto político tenía en algún punto su traducción en el campo laboral, materializándose en las siguientes iniciativas: la suspensión de las intervenciones en varios gremios, la conformación en el ámbito del nuevo Ministerio de Trabajo de una Comisión Nacional de Salarios que tenía las facultades de ajustar las retribuciones de los trabajadores comprendidos en convenciones colectivas, además se proyectaba la creación de un Consejo Nacional Asesor de Asuntos Laborales y la creación de la Comisión Nacional para el Estudio y Actualización del Estatuto y Escalafón Civil de la Administración Central y Organismos Descentralizados (Senén González y Bosoer, 2009: 156). Además, a principios de septiembre, el gobierno dispone un aumento de salarios de 50 pesos nuevos (5000 pesos moneda nacional) para los trabajadores incluidos en convenciones colectivas y estatutos especiales29, y el congelamiento de precios, al tiempo que convoca a un “acuerdo social”.

A pesar de haber establecido algunos contactos con altos funcionarios, en el marco de un recrudecimiento de las demandas de aumentos salariales como consecuencia de un proceso inflacionario creciente30, el sector sindical conducido por Rucci, cada vez más alineado dentro de un peronismo que enfatizaba sus críticas al gobierno, decreta, como decíamos, un paro de actividades para el 29 de septiembre de 1971. En este caso con una fundamentación claramente política: “… de lo que se trata es de realizar el cambio transformador y revolucionario con acento nacional irreversible que sirva a todos los argentinos por igual” (El Día, 18/09/1971).

En nuestra región el paro es impulsado por una CGT regional, que, por iniciativa de las 62 organizaciones, desde principios de 1971 intentaba salir de su letargo acelerando el demorado proceso de reorganización. La necesidad de contar con una CGT regional normalizada que pudiera unificar y dirigir de manera orgánica las distintas luchas del movimiento obrero regional se volvió apremiante para los cuadros del sindicalismo peronista de la zona, en el contexto de la activación y agudización de varios conflictos en la región (estatales, judiciales, trabajadores de la carne, cesantes de YPF, etc)31. Finalmente, luego de arduas negociaciones, en el mes de agosto de dicho año surge de un plenario, del que participaron 54 delegados de 32 gremios, una comisión unificadora y normalizadora de la CGT regional32, que se fija un plazo no menor de 90 días para establecer las condiciones necesarias a fin de entregar la organización a las autoridades que dentro de ese plazo serían elegidas. Sin embargo, el proceso de unificación no fue tan simple de materializar, en parte como consecuencia de una relación no exenta de tensiones y conflictos con la CGT nacional.

A pesar de las versiones respecto de que la intención del organismo regional era no adherir al cese de tareas previsto, finalmente la CGT regional impulsa la organización del paro del 29 de septiembre. Sin embargo, tal como era la norma, la mayor parte de las organizaciones se atuvieron a las resoluciones que disponían sus respectivas centrales para determinar la actitud a seguir. En parte como consecuencia de las motivaciones ciertamente políticas que se traslucían como determinantes del paro, el panorama no es tan monolítico, a diferencia de lo que observábamos durante los paros generales bajo el gobierno de Levingston. Un caso paradigmático es del Sindicato Gráfico Platense que resuelve en asamblea no adherir por considerar que la medida de fuerza no correspondía a un planteo estrictamente gremial. En este caso, la mayor politización de la medida de fuerza repercute de manera negativa en los grados de unidad al interior del movimiento obrero.

Como consecuencia de estas disidencias, el paro se cumplió en el plano nacional de manera parcial, afectando principalmente al sector industrial, mientras que en algunas provincias del interior el grado de adhesión fue mínimo. En la región, la medida de fuerza afectó de manera parcial al comercio y al transporte. Donde la actividad se desarrolló de manera casi normal fue en las instituciones de crédito, en el orden oficial bonaerense y en el municipio de La Plata. En líneas generales, el paro tuvo su manifestación más expresiva en la paralización de las actividades industriales. En el caso de Ensenada el panorama difiere ya que la incidencia del cese de actividades fue más amplia que en el caso platense, desarrollándose muy pocas actividades. Aunque en Gas del Estado y en YPF la actividad fue prácticamente normal, como en los bancos y en las escuelas. No siendo el caso este de los trabajadores municipales. Por su parte, en Berisso el panorama de inactividad fue virtualmente absoluto, registrándose actividad solamente en el sector bancario.

El segundo y último paro durante el periodo que nos ocupa se llevó a cabo el 29 de febrero y el 1 de marzo de 1972. Luego de que, a principios del año 1972, el gobierno de Lanusse suspendiera nuevamente las convenciones colectivas de trabajo y decretara un aumento general de salarios del orden del 15% a partir del 1º de enero y del 10% desde el 1º de julio, la CGT vuelve a propiciar un paro general, esta vez de 48 horas, rechazando la decisión gubernamental de “… imponer sueldos y salarios inferiores a las elementales necesidades de los trabajadores" (El Día, 14/01/1972), solicitando la plena vigencia de la ley 14250 de convenciones colectivas y la libertad de todos los detenidos junto a una amplia e inmediata amnistía general. La medida de fuerza impulsada por Rucci y por los secretarios generales de los gremios más poderosos perseguía además neutralizar de algún modo las líneas más “duras” dentro del sindicalismo, representadas por los gremios “combativos” del interior del país y algunos sectores enrolados en las 62 Organizaciones, que presionaban al Comité Central Confederal para que adoptara un plan de lucha más activo que marcara una ruptura más frontal entre la CGT y el gobierno de Lanusse.

En el ámbito local, las 62 Organizaciones se encontraban alineadas con la línea “dura”. La misma en un plenario decide adherir al paro de la CGT, aunque propiciando la adopción de un plan de acción más activo y frontal que “no se agote en los clásicos paros de actividad, fácilmente asimilables por la dictadura, sino su elevación a jornadas de movilización con participación de trabajadores y de aquellos sectores castigados por la política colonial del régimen” (El Día, 24/02/1972). Además, amplía el espectro social de la convocatoria, incluyendo a la iglesia, empresarios, estudiantes y partidos políticos, bajo un pliego de demandas claramente político. La entidad reclama para el movimiento sindical un papel dirigente y más activo en el nuevo escenario político que se iniciaba en Argentina. Sostenía que el movimiento obrero debería ser no solo la “columna vertebral” sino también la “cabeza dirigente” de dicho proceso.

Si bien no contó con la adhesión de los demás sectores sociales que propugnaba las 62 Organizaciones, en el plano regional el paro presentó signos más agudos que en la oportunidad anterior. Dicha circunstancia se encuentra motivada por la casi masiva adhesión del comercio33 y la muy escasa cantidad de unidades de colectivos que cumplieron algún servicio. Aunque, como en anteriores ocasiones, las oficinas públicas y algunas instituciones bancarias desarrollaron normalmente sus actividades. De todos modos, fueron muy pocos los servicios públicos de carácter esencial que se prestaron con normalidad. A pesar de las intenciones originales de la CGT regional, el paro no adquirió un carácter demasiado activo.

6. Huelgas generales y conflictividad laboral

Si nos enfocamos en la dinámica que presentaron las huelgas generales que se llevaron a cabo en la región, uno de los aspectos que se desprende del análisis que hemos desarrollado es como, en términos generales, muchas veces el éxito o no de estas medidas de fuerza se encuentra vinculado con el papel concreto que jugaron los considerados sectores estratégicos. En general, en muchas ocasiones el mayor impacto de estas iniciativas se explica por la adhesión casi masiva de los trabajadores vinculados al sistema de transporte público (UTA, UF y LF), en el sentido de que la paralización del transporte garantizaba una mayor la efectividad de la huelga general. En estas ocasiones es además donde intervienen gremios de sectores estratégicos, en el marco de lo que se suele conceptualizar como la segunda ISI: metalúrgicos, petroquímicos, etc. En este sentido, en las huelgas generales se activaron sectores que justamente no estaban dentro de los más movilizados cuando se analiza la dinámica más general de la conflictividad obrera. Si observamos la figura 2, se puede divisar que desde el punto de vista cuantitativo, por lo menos en lo respecta al período y la región analizados, los gremios del sector público o estatal tuvieron un protagonismo muy marcado en el mapa más general de la conflictividad laboral. Este sector de trabajadores es responsable de casi la mitad de los conflictos registrados (47,7%). En segundo lugar, se sitúan las luchas iniciadas por los trabajadores industriales (22,2%), y por último, se encuentran las acciones cuya iniciativa corresponde a los trabajadores del sector “comercio y servicios” (15,4%) y a las organizaciones político-sindicales (14,7%). Esta circunstancia no debería llamarnos la atención si tenemos en cuenta el hecho de que el proyecto de la “Revolución Argentina” de racionalización del trabajo y control de los salarios tuvo efectos incuestionablemente más severos tanto en el ámbito de la administración estatal, como en el de la industria y servicios estatales.

Fuente: elaboración propia en base a información periodística.

Dicha tendencia no nos permitiría hablar de un “desborde” de la protesta obrera por fuera del marco de la protesta centralizada por la CGT, aunque si de cierto “desacople” entre la actividad huelguística de las centrales sindicales a nivel nacional (mediatizada en mayor medida por las variables institucionales y políticas) y la dinámica de la conflictividad laboral de ciertos fracciones obreras, en particular de aquellas que mayores obstáculos tenían para recibir los beneficios que el régimen estaba dispuesto a conceder.

Si nos detenemos en las demandas por las cuales se movilizaron los trabajadores de la administración pública, podemos observar (véase figura 3) que dentro de este sector los conflictos de carácter exclusivamente económico adquieren una mayor preeminencia y en donde, en relación con los demás sectores de actividad, tanto la luchas intragremiales como la de carácter político son más bajas La dinámica de la conflictividad laboral de estos sectores se encontraba determinada, en gran parte, por lo que podríamos considerar como variables económicas, signada en particular por una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario, particularmente de gremios que no contaban con mayor disponibilidad de recursos organizativos. Estos vínculos entre incremento de conflictividad laboral, dinámica de los gremios estatales y reclamos salariales no deberían constituir una sorpresa si tenemos en cuenta el siguiente dato: entre los años 1966-1972 se registra una tasa de inflación acumulada del 191,7%34, mientras que el promedio del aumento salarial para el caso de los empleados estatales bonaerenses, en el mismo período, apenas fue superior al 55%35. Aunque no se pueda afirmar que las huelgas generales solo responden a variables políticas, parecen de todos modos estar mucho más mediatizadas por ellas.

Fuente: elaboración propia en base a información periodística.

Más aún si reparamos en la siguiente circunstancia. Si bien habíamos sostenido que, a grandes rasgos, las huelgas generales se corresponden con determinados “picos” de conflictividad obrera, medidos en promedio mensual, sin embargo, si analizamos la evolución de la actividad huelguística en particular durante el periodo 1969-1972 en términos cuantitativos, divisamos un incremento tendencial que alcanza su mayor magnitud en el año 1972 (figura 4). Tendencia que no se corresponde con la que encontramos si nos enfocamos solo en las huelgas generales. Como vimos, se llevaron a cabo 4 huelgas generales en el año 1969, 4 en 1970 y solo una tanto en 1971 como en 1972.

Fuente: elaboración propia en base a información periodística.

De todos modos, esta correspondencia, o no, medida en términos cuantitativos es solo un aspecto parcial del problema, en tanto que, como vimos se registran niveles variables de unidad y de adhesión, dependiendo en parte del momento histórico particular y desde que sectores surge la iniciativa. Hemos observado, que en la región, en la gran mayoría de los casos las huelgas generales que alcanzan un alto grado de adhesión de las bases y en las que se involucran una mayor cantidad de sector obreros, son las impulsadas por las centrales nacionales, en particular la CGT Azopardo. En verdad, podría establecerse una relación entre nivel de adhesión y el nivel de fraccionamiento de las centrales sindicales. En particular, las huelgas generales que acusaron un mayor impacto en la región tuvieron lugar durante la presidencia de Levingston, momento en el que el panorama sindical se presentaba más monolítico a la par que las divisiones al interior de las fuerzas armadas debilitaban al, ya aislado, gobierno de Levingston.

Por todo ello, y retomando el debate reseñado al principio referido a cuales son los mecanismos causales que permiten explicar la dinámica que adquiere la conflictividad laboral, en nuestra opinión resulta necesario evitar fijar vínculos o relaciones demasiados lineales e inmediatas entre determinados factores causales y las dinámicas que presenta la conflictividad laboral. Por un lado porque, como sugiere asimismo Franzosi (1995), todas estas teóricas lejos de ser excluyentes, deberían complementarse para dar cuenta de la complejidad que presenta la naturaleza y dinámica del movimiento obrero. Dicha complejidad y naturaleza multifacética deriva en parte en nuestro caso de la heterogeneidad propia que presenta el movimiento obrero como tal. En nuestra opinión, si bien la vertiente teórica que suponía que la protesta laboral se volvería más intensa en tanto y cuanto se deterioren los salarios y condiciones laborales, nos permite explicar el crecimiento meramente cuantitativo de la dinámica huelguística de los sectores corporativamente más débiles de la clase obrera, por el contrario, las capacidades organizativas de las cuáles gozaban algunos sectores del movimiento sindical, así como el grado de acceso a la maquinaria estatal con el que podían contar o no, dan cuenta del nivel de adhesión, tamaño y duración que adquieren las mismas

No obstante esta variabilidad en el grado de adhesión, impacto o radicalidad de las huelgas generales, en general el movimiento sindical evidencia una fuerte capacidad de convocatoria a medidas de fuerza de manera conjunta y que suelen ser acatadas con disciplina por parte de las bases, aunque las mismas tendieron a presentar características más bien pasivas y acotadas. Particularmente, en los sindicatos que agrupan a trabajadores insertos en actividades que podríamos considerar estratégicas y con una más sólida tradición de organización y lucha; es decir, sindicatos que presentaban mayores posibilidades de insertarse de modo más estable en el sistema institucional.

Si bien es cierto que, por lo que se desprende del análisis, podríamos concluir que este tipo de medidas impulsadas por las centrales sindicales nacionales, en particular las que lleva a cabo la CGT Azopardo, forman parte de un instrumento de negociación más del movimiento sindical en tanto que actor del sistema político argentino, ello no implica que las mismas no sean expresión de parte de los intereses sociales de la clase obrera y de los asalariados. A diferencia de lo que se puede desprender de los análisis realizados, entre otros, por Juan Carlos Torre (2004), en nuestra opinión la protesta sindical impulsada desde las instancias nacionales no se encuentra escindida de toda representatividad en los trabajadores. Lo que nosotros sostendríamos, a título de hipótesis, es que la protesta centralizada sindical expresaría más bien la estrategia gremial y política de algunas fracciones de la clase trabajadora (en particular de las más fortalecidas desde el punto de vista estructural y económico), orientada a obtener las mejores condiciones posibles al interior del sistema institucional.

Además, sin negar las implicancias del fenómeno, a diferencia de lo que sostienen las tesis corporativistas36, no se observa una situación en donde el sindicalismo y el conflicto laboral se encuentren estrechamente subordinados al conflicto de los partidos políticos en el sistema institucional. La relación entre Estado, partidos políticos y movimiento obrero estuvo, por los menos en este periodo, teñido por el conflicto.

Lo que queremos subrayar es que, en lo que atañe por lo menos a nuestro caso de estudio, el desarrollo de una estrategia política y sindical alternativa y cuestionadora a la que prevalece en el aparato sindical centralizado se halla todavía en un estadio incipiente. No resulta ajeno a ello ciertos factores políticos coyunturales. La doble táctica del gobierno en el contexto poscordobazo, es decir de tregua y apertura hacia la fracción “moderada” del movimiento obrero por un lado, y del otro la represión hacía el sector más dinámico del movimiento de protesta que se hace más intensa a medida que no acercamos al final del periodo, es un elemento a tener en cuenta a la hora de explicar el predominio de la estrategia de inserción en el sistema institucional. Dicha inserción, no obstante, no es sinónimo de ausencia de conflicto, ni tampoco de debilidad en el enfrentamiento de clases. Como vimos, la dirigencia sindical del movimiento obrero no solo acudió a distintas medidas de fuerza en su enfrentamiento con el gobierno militar, sino que además también impulsó, aunque de manera acotada, la movilización de las bases. Si implica el predominio de una estrategia de clase en particular dentro del movimiento obrero: la de carácter reformista. Si el reformismo del movimiento obrero ofició de algún modo de obstáculo para el desarrollo de las tendencias revolucionarias, no obstante ello, el poder de negociación y de lucha del que gozaba le permitió obstaculizar la materialización plena de las políticas de la clase dominante.

Fundamentalmente porque las tendencias reformistas y negociadoras presentes sin ninguna duda en las dirigencias sindicales no son sinónimo de ausencia de acción militante. En la medida en que, como bien sostiene Hyman (1978 [1971]) la función de las organizaciones sindicales como tales tiene un carácter de ambivalencia inherente. Si por un lado, una pasividad continua y total que eliminara cualquier atisbo de conflictividad despojaría al sindicato de su razón de ser, volviéndose redundante; por la otra, la conflictividad excesiva resultaría asimismo problemática. En tanto y cuanto organizaciones que necesitan del reconocimiento del Estado, se encuentran imposibilitadas de exceder los marcos legales que el mismo sistema les impone. Es por ello, que el papel que juegan los dirigentes sindicales se basa en conservar y mantener un frágil equilibrio entre la queja y la satisfacción, entre el activismo y el reposo. Sin embargo, como el mismo autor se encarga de aclarar en otro texto (Hyman,1981), el proceso de institucionalización del conflicto no puede detener la marcha de las contradicciones. Sólo logra, de hecho, contener provisionalmente el desorden; pero, al no resolver las causas mismas, da lugar a nuevas formas de conflicto, nuevos tipos de reivindicación y nuevas formas de cuestionamiento obrero.

Notas

1 Cuando nos referimos a la región del Gran La Plata, hacemos alusión al espacio que conforman los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, ubicado en el extremo sureste de lo que se conoce como la Región Metropolitana de Buenos Aires.

2 Que si tomamos como eje de periodización los distintos periodos presidenciales se repartirían del siguiente modo: 5 en el periodo de Onganía, 3 en el de Levinsgton y 2 bajo la presidencia de Lanusse.

3 Esta controversia ha sido reseñada recientemente por Santella (2011).

4 Un examen bastante sistemático sobre el estado de la cuestión respecto a esta problemática puede encontrarse en el número 7 de la revista Nuevo Topo (2010).

5 La contribución más sistemática, en este sentido, sigue siendo la obra de Hyman (1978 [1971])

6 El procedimiento utilizado para la elaboración de la base de datos estuvo basado exclusivamente en la recolección y codificación de material periodístico, en particular del diario El Día de la ciudad de La Plata. En un trabajo anterior (Nava y Romá, 2011) hemos especificados el procedimiento, las decisiones y problemas teóricos-metodológicos que se derivan del análisis cuantitativo de la lucha de clases y que lo fundamentan. En la medida en que nuestro objetivo es poder captar la mayor variedad de tipos de conflictos y de sujetos que protagonizan los mismos, hemos optamos por una definición amplia de conflicto. De esta manera, nuestra unidad de análisis no se circunscribe a una sola de las manifestaciones de la conflictividad (las huelgas o paros), que, si bien son centrales, no agotan por sí mismas la complejidad del accionar gremial y político de la clase trabajadora.

7 Para un análisis más detallado de este proceso durante el año 1968 véase Cappannini et al (2012) y Raimundo (2014).

8 En córdoba este proceso de unificación en torno a la medida de fuerza presenta una dinámica particular. Los plenarios de gremios de la CGT y la CGTA de Córdoba acuerdan efectuar el paro el día 30. Pero también se resolvió para reforzar la medida, que el día 29, a partir de las 11, comenzará un abandono de tareas en fábricas y lugares de trabajo para dar lugar a la agitación gremial con miras al paro del día siguiente. Es en este marco, entonces, en el que tienen lugar el Cordobazo. Con respecto a este hecho véase Balvé y Balvé (2005); Brennan (1996).

9 ATE La Plata y Ensenada, UPCN, UF seccional Tolosa, SOEME, ATSA, AJB, Sindicato del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Sindicatos de Municipales de La Plata y Gas del Estado.

10 Sin embargo, de manera sorpresiva la regional Rosario decide abstenerse un día antes del mismo (Dawyd 2011).

11 La nueva Comisión Directiva de la CGTA regional quedó constituida del siguiente modo: delegado regional: Jorge Benito del Río (SOEME), subdelegado regional Héctor Pedro Garay (UF), secretario de organizaciones Héctor Luis Sánchez (Sindicato de Operadores Cinematográficos), prosecretario de Organización Juan Carlos Marín (ATE La Plata) (El Día, 18/06/1969)

12 En el mismo sentido se pronuncia James al momento de analizar la experiencia de la CGTA a nivel nacional (2005 [1990]). James, además, relaciona la actitud de oposición a la dictadura que adopta dicha central y el hecho de estar conformada por los sindicatos golpeados por la política económica del gobierno de Onganía y los que habían sido intervenidos. Por su parte, Brennan y Gordillo (2008) y Dawyd (2011) discuten en parte la interpretación anterior, remarcando la fuerza que tuvo esta experiencia fundamentalmente en la primera etapa y en la regionales del interior, haciendo foco además en la capacidad para aglutinar al sindicalismo combativo.

13 Hacemos uso de este concepto tal como lo define Erik Olin Wright (2000).

14 En Ensenada y en Berisso, por el contrario, el comercio permaneció cerrado en un 80 por ciento. En general, son los propios propietarios quienes se adhieren a la medida. Gran parte de la comunidad de Berisso y Ensenada se encontraba activada como consecuencia del impacto social y económico que tenía la desocupación y paralización de ciertas actividades en dichas localidades.

15 En días previos al paro la AB La Plata destaca el llamado del gobierno a la “pacificación” y al “participacionismo”, en un momento “en que los trabajadores ven resurgir sus esperanzas con el advenimiento del tiempo social” (El Día, 18/06/1969).

16 A nivel nacional el paro del 27 de Agosto superó ampliamente en adhesión al del 1 de julio, aunque no alcanzó la magnitud de la huelga general del 30 de mayo.

17 Vale aclarar que solo estaban circunscriptas a las actividades del sector privado. En el caso del sector público los aumentos para el año 1970 se determinaron por decreto.

18 Jacoby (1978) y Dawyd (2011) entre otros suelen coincidir en señalar que el paro del 1º de julio fue el “canto de cisne” de la experiencia de la CGTA a nivel nacional.

19 Aislamiento que resulta mucho más dramático si tenemos en cuenta que los sindicatos que militaban en la CGTA, como vimos, no eran justamente los sectores de la clase obrera corporativamente más fuertes. Zorilla (1974) fue uno de los primeros en señalar, en el plano nacional, que la debilidad de la CGTA radicó en no haber logrado ser hegemónico en los grandes sindicatos vinculados a la actividad privada y dinámica. Si bien puede establecerse una relación entre tendencia vandorista - sindicatos de las industrias más dinámicas y CGTA - preeminencia de sindicatos estatales y de servicios, como sostiene Arturo Fernández (1986) no es una situación que deba absolutizarse en la medida que pueden encontrase casos opuestos a la misma.

20 Con respecto a este conflicto véase Nava (2012).

21 Que eran conducidos por los mismos propietarios, ya que la UTA había adherido a la medida de fuerza.

22 La mesa de conducción Lista blanca del SUPE aclara que ordenó no acatar el paro para expresar el repudio del personal hacia el plano dirigente del sindicato, aunque se manifiesta su solidaridad con la clase trabajadora y su acuerdo con los motivos del paro.

23 Finalmente el Consejo Directivo queda integrado de la siguiente manera: Secretario General, José Rucci (UOM, 62 organizaciones), secretario general adjunto, Adelino Romero (AOT, NCO) (Rotondaro, 1971)

24 Un abogado peronista muy vinculado a los sectores sindicales y ex asesor de la UOM.

25 Además solicitaban la reglamentación de la ley de obras sociales, la derogación de la ley de prescindibilidad de los agentes estatales y por la situación del sector pasivo (25/07/1970)

26 Luego de algunos desacuerdos al interior de la dirigencia de la CGT respecto al carácter activo o pasivo que se le imprimiría a la jornada de protesta, solamente se realiza un acto en Capital Federal.

27 Hay que tener en cuenta que el SUPE Ensenada se encontraba intervenida.

28 En el plano nacional, el paro se exteriorizó de manera masiva en el cordón industrial del Gran Buenos Aires, al igual que en los principales centros fabriles del interior del país. El paro parece tener un impacto mayor en el sector industrial que en los demás. A pesar de las amenazas de represión lanzadas por el gobierno nacional, según la crónica periodística la huelga del 10 de octubre “fue una de las más pacíficas y efectivas ocurridas en el país, y contó con la adhesión de casi un 90 por ciento de la población activa. (El Día, 13/10/1970).

29 Aclara de todos modos que no tiene previstos aumentos en las remuneraciones de los empleados públicos ni de los docentes hasta el año 1972.

30 Según un editorial del diario El día el fuerte aumento de los precios desde la formalización de los convenios en curso, es decir la registrada en los últimos seis meses desde marzo de 1971, había provocado una desactualización sensible de la capacidad adquisitiva de los sectores populares, que no era revertido por los nuevos aumentos anunciados. (El Día, 06/09/1971).

31 En particular, uno de ellos concita mayor atención por parte de la dirigencia sindical: el de los trabajadores de Petroquímica Sudamericana que se caracterizó por el rol protagónico que tuvieron la presencia de corrientes “clasistas” o combativas en los cuerpos de delegados o comisiones internas. Sobre este conflicto véase Raimundo (2012) y Bretal (2007).

32 La comisión la integran 14 organizaciones: UOM, madereros, sanidad, gastronómicos, ATE E, FOECYT, AB, LyF, UTA, Vidrio, Mosaistas, Diarios y revistas, FOETRA, quedando excluidos a última hora construcción y comercio. La mayoría de ellos pertenecían a las 62 organizaciones. Por su parte, FOECYT y LyF representaban al sector independiente.

33 El diario El Día informa, de todos modos, que muchos propietarios no abrieron sus locales por temor a que se produjeran “hechos extremistas” en la zona del aglomerado bonaerense.

34 Fuente: Gerchunoff y Llach (2000: Apéndice estadístico) Tener en cuenta la tendencia durante este período de tiempo (1966-1972): mientras que desde 1966 hasta el año 1969 la tasa de inflación es decreciente, alcanzando durante ese año el nivel más bajo en catorce años (1966: 31,9%; 1967: 29,2%; 1968: 16,2%; 1969: 7,6%), a partir de este punto vuelve a incrementarse de manera acelerada alcanzando en 1972 valores cercanos al 60% (1970: 13,6%; 1971: 34,7%; 1972: 58,5%).

35 El dato surge de los distintos aumentos otorgados por la administración provincial. Como sostiene González (2004), en la Argentina el estudio de la evolución de los salarios a largo plazo se dificulta en gran medida como consecuencia de la ausencia de fuentes adecuadas. Con la dificultad adicional en nuestro caso, ya que las series disponibles para el período que estamos analizando no contemplan los salarios y sueldos de los empleados públicos, enfocándose específicamente en el salario industrial.

36 Véase por ejemplo Zapata (1993) y Murillo (2005). Para el estado de la cuestión respecto a este debate véase Santella (2009).

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Recibido: 29 de septiembre de 2016
Aceptado: 4 de junio de 2017
Publicado:13 de julio de 2017

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