Introducción

El 12 de octubre de 1979, tres militantes de Montoneros que habían sido recientemente liberadas del centro clandestino de detención (CCD) que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires –Ana María Martí, Sara Solarz y Alicia Milia– se presentaron ante la Asamblea Nacional, en París, para ofrecer el testimonio del cautiverio que habían padecido. El evento incluyó una conferencia de prensa y estuvo encabezado por Bernard Stasi, presidente de la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos. El llamado “testimonio de París” fue patrocinado y publicado por la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU), organismo que se había formado en la Argentina entre fines de 1975 y principios de 1976 en torno a un grupo de abogados defensores de presos políticos. Contó, además, con la participación de Montoneros en su organización, a través de gestiones previas con actores políticos franceses (^{Franco, 2008}; ^{Jensen, 2010}).

El evento en París se desarrolló en una coyuntura en que las violaciones a los derechos humanos de la dictadura argentina habían adquirido una potente visibilidad internacional. Durante 1977, distintos funcionarios del régimen militar habían declarado a la prensa local el triunfo en la “guerra contra la subversión”; además, elaboraron una campaña publicitaria para mejorar la imagen internacional del gobierno en vistas del mundial de fútbol en el país en junio de 1978 (^{Canelo, 2016}). Esa imagen había sido mellada por las constantes denuncias que habían motorizado distintas organizaciones de exiliados en relación con las redes transnacionales de derechos humanos, cuyas acciones fueron interpretadas por el gobierno de facto como parte de una “campaña antiargentina” para dañar la reputación del país (^{Franco, 2008}). Un mes antes del testimonio colectivo en la Asamblea Nacional francesa, en septiembre de 1979, en el marco de este aumento de la presión internacional sobre la dictadura, se había producido la visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (^{Jensen, 2010}).

El “testimonio de París” inauguró una etapa en la que la figura del testigo se consagró, no sin conflictos, como engranaje central de la denuncia (^{González Tizón, 2021}). El testimonio de las tres militantes montoneras se dio en un momento particular y trascendental de la trayectoria de la denuncia antidictatorial en el exterior del país. Al mismo tiempo, fue resultado de una serie de dinámicas históricas previas entre las que se cuentan tanto la participación exitosa de los organismos de exiliados en las redes humanitarias transnacionales como la actividad de denuncia emprendida por parte de las organizaciones armadas (^{Confino, 2020}). El estudio de esas dinámicas, con sus intersecciones y bifurcaciones, es el objetivo de este texto.

En el presente artículo interrogaremos las condiciones históricas de posibilidad del “testimonio de París”. Esto implica, en un plano más general, reconstruir la trayectoria previa de los diferentes actores que organizaron y participaron del acontecimiento. Por esta razón, el recorrido que propone este trabajo se inicia en el plano local y aborda el desplazamiento hacia el exilio y la conformación de una oposición transnacional a la dictadura, poniendo de relieve los vínculos tempranos entre el activismo local y el que se desarrolló en el exterior. Para ello, prestaremos atención a las relaciones, de articulación y también de conflicto, que se gestaron al interior de los organismos de exiliados entre la política revolucionaria y su par humanitaria, y tomaremos, por caso, los itinerarios de dos organizaciones vinculadas pero independientes: la CADHU y Montoneros, ambas partícipes del “testimonio de París”.¹

Una serie de preguntas guía nuestra indagación: ¿cómo se conformó el entramado político que dio origen al testimonio de las tres sobrevivientes de la ESMA? ¿Qué actores se involucraron en su realización? ¿Cómo fueron los vínculos entre Montoneros y la CADHU y cuál fue la participación de ambas organizaciones en la red transnacional de denuncia que constituyó el movimiento de derechos humanos?

En los últimos años, numerosos trabajos del campo de los exilios políticos de la década de 1970 se han interesado por los itinerarios de las formaciones partidarias argentinas en el destierro (^{Osuna, 2014}; ^{Carnovale, 2014}; ^{Casola, 2014}; ^{Calderoni, 2017}; ^{Mangiantini, 2017}; ^{Confino, 2018}). El exilio, de este modo, dejó de ser representado meramente como un efecto de la represión estatal y comenzó a ser considerado, también, “como una resolución militante o una redefinición de dimensiones colectivas” (^{Jensen y Lastra, 2014}, p. 11). Este artículo refrenda esa caracterización y se vale del corpus clásico de trabajos sobre el tema, los cuales delimitaron sus objetos a partir de las sociabilidades que se desplegaron en los principales países de acogida, para pensar y reconstruir las redes transnacionales que se estructuraron entre la Argentina, y el exterior y que se desplegaron fundamentalmente en México, Estados Unidos y diversas capitales europeas durante la segunda mitad de la década de 1970 (^{Jensen, 2007}; ^{Franco, 2008}; ^{Yankelevich, 2010}).

Solo recientemente, y apoyada en las reconstrucciones –sólidas aunque fragmentarias– de los trabajos pioneros sobre el exilio, la historiografía sobre Montoneros ha comenzado a abordar la experiencia de la organización en el exterior (^{Confino, 2018}; ^{Robledo, 2018}). Como parte del crecimiento del campo, la CADHU también ha sido materia de indagación en algunos trabajos previos. Estas investigaciones destacaron su origen en torno a un grupo de abogados defensores de presos políticos (^{Rot, 2015}), su particular configuración militante y su adopción del lenguaje de los derechos humanos (^{Copello, 2019}), sus concepciones sobre la relación entre dictadura y sociedad civil (^{Jensen, 2014}), su producción de saberes tempranos sobre la dictadura a partir de la publicación de testimonios de sobrevivientes de CCD (^{González Tizón, 2016} y ²⁰²¹), y sus vínculos políticos con Montoneros (^{Confino, 2020}).

Este trabajo propone tejer un cruce, a través del exilio, entre dos campos que hasta la actualidad no han dialogado en profundidad: el de las investigaciones sobre las organizaciones armadas y el de los estudios sobre el movimiento de derechos humanos. Ninguno de estos núcleos temáticos, por otra parte, se pensó en diálogo con las producciones sobre el último exilio político argentino. Por eso, en este artículo profundizaremos en los vínculos que se establecieron entre Montoneros y la CADHU desde el comienzo de su “exilio orgánico”, entre fines de 1976 y principios de 1977, hasta la realización del “testimonio de París” y la última disidencia montonera, entre fines de 1979 y principios de 1980. La consideración de estos años y la escala transnacional adoptada permiten aproximarse a las relaciones que se dieron en el exterior entre praxis revolucionaria y activismo humanitario, y aportar a un tema escasamente tratado por la historiografía: el rol desempeñado por las organizaciones armadas en la constitución temprana de las agrupaciones de derechos humanos (^{Alonso, 2017}).

La reconstrucción del derrotero de la CADHU y Montoneros plantea algunas dificultades debido al contexto represivo en el que desenvolvieron su práctica política, a la clandestinidad de la militancia y a la dispersión del exilio. Para saldar estas cuestiones, se utilizó un corpus de fuentes heterogéneas, que incluye documentación partidaria, informes de organismos de inteligencia y entrevistas con los protagonistas, además de bibliografía especializada.

El trabajo inicia con un apartado donde se exploran los vínculos tempranos entre la CADHU y Montoneros en la Argentina en el contexto de las primeras manifestaciones del terrorismo de Estado, y que se extiende hasta el “exilio orgánico” de ambas organizaciones, ocurrido entre fines de 1976 y mediados de 1977. Una segunda sección aborda las iniciativas de denuncia de la CADHU y Montoneros en el terreno del exilio con especial hincapié en las articulaciones y tensiones que se produjeron entre esas acciones, expresadas en clave de derechos humanos, y las que tenían como norte la revolución. Por último, el tercer apartado reconstruye las circunstancias de producción del “testimonio de París”, interrogando el rol de la CADHU y Montoneros en la trama de vínculos y negociaciones que hicieron posible la conferencia de octubre de 1979.

La CADHU y Montoneros frente al terrorismo de Estado

El escenario político planteado en la Argentina desde fines de 1974 y, especialmente, durante 1975, se caracterizó por una aguda conflictividad interna, un crecimiento de la actividad de las organizaciones político-militares y una represión estatal y paraestatal en ascenso (^{Servetto, 2010}; ^{Franco, 2012}). En septiembre de 1974, Montoneros había optado por retornar a la clandestinidad abandonada desde el triunfo de Héctor Cámpora en las elecciones presidenciales del año anterior, hecho que profundizó su enfrentamiento con los sectores “ortodoxos” del peronismo (^{Gillespie, 1998}). La otra gran expresión armada del país, el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), se había abocado a planificar y ejecutar asaltos a las principales guarniciones del país para abastecerse de armamento, y al desarrollo de un “foco” guerrillero rural en la región del monte tucumano (^{Pozzi, 2004}; ^{Carnovale, 2011})². En paralelo, las fuerzas parapoliciales –entre las que destacaba la “Triple A”– habían intensificado su campaña de secuestros, atentados, desapariciones y asesinatos en la vía pública (^{Besoky, 2016}). El punto culminante de este proceso de agudización del conflicto político llegó en 1975, con la sanción de los decretos presidenciales que otorgaban a las Fuerzas Armadas la dirección de las acciones contra las organizaciones político-militares en nombre de la “seguridad interna” (^{Franco, 2012}; ^{Garaño, 2015}; ^{Pontoriero, 2016}).

En este contexto se produjeron las primeras salidas del país de militantes montoneros, quienes buscaban resguardar su vida ante la creciente represión estatal y paraestatal. Durante la segunda mitad de 1974 y a lo largo de todo 1975, varios miembros de la organización abandonaron de manera inorgánica la Argentina con destino a México. Allí surgieron, con Rodolfo Puiggrós como referente principal y elemento aglutinador, las primeras estructuras de denuncia y solidaridad conformadas por exiliados (^{Acha, 2006}; ^{Yankelevich, 2010}). El agrupamiento inicial contaba con una composición heterogénea: además de Puiggrós, estaban Noé Jitrik, Esteban Righi, Ricardo Obregón Cano y César Calcagno, entre otros.³ En ese momento inicial, el foco de la atención estaba puesto en los exiliados que llegaban cada vez en mayor cantidad. “Comenzamos a desarrollar tareas de solidaridad”, recuerda Calcagno, quien se desempeñaba como abogado de presos políticos vinculado a Montoneros. Detenido durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, había llegado a tierras mexicanas haciendo uso del derecho constitucional de “opción” en febrero de 1975, y rápidamente se había puesto en contacto con las redes desarrolladas en torno a Puiggrós.

En paralelo a las labores de solidaridad con los recién llegados comenzaron también a desarrollarse otras que tenían como eje la denuncia de la represión en la Argentina.⁴ Las coincidencias respecto a la necesidad de estas actividades no impidieron, sin embargo, el surgimiento de tensiones al interior de ese primer nucleamiento de exiliados argentinos, las cuales pronto devinieron en ruptura. Los motivos de la disputa fueron algunas diferencias de concepción política y, fundamentalmente, los intentos de Montoneros por controlar el flamante espacio. De la escisión resultaron dos organizaciones: la Comisión Argentina de Solidaridad (CAS), encabezada por Jitrik y Righi, y el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino (COSPA), dirigido por Obregón Cano y Puiggrós, y constituido formalmente en febrero de 1976. Este último, si bien estaba compuesto por distintas expresiones políticas, se mantendría cercano a la línea montonera (^{Acha, 2006}; ^{Yankelevich, 2010}).

Mientras se producían estos primeros exilios, fronteras adentro de la Argentina comenzaron a gestarse diversos agrupamientos con la intención de denunciar la creciente represión estatal y paraestatal en el país. Los primeros de ellos, de tipo partidario, e incluso algunos vinculados a las organizaciones de la Nueva Izquierda, surgieron en la etapa previa, durante las dictaduras de la “Revolución Argentina”, y tuvieron como actividad primordial la defensa de los presos políticos. Su creación fue consecuencia del salto en la persecución que siguió al “Cordobazo” y, todavía más, luego de la “Masacre de Trelew” de agosto de 1972 (^{Chama, 2007}; ^{Eidelman, 2009}; ^{Solís, 2014}). En este contexto surgieron, entre otros, la Comisión Peronista de Ayuda a los Presos Políticos, la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG), la Organización de Solidaridad con los Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (OSPPEG) y la Comisión Peronista de Ayuda a los Presos Políticos (COPPAP)⁵. A estos organismos se sumaron, ya durante el tercer gobierno peronista, otros de impronta específicamente humanitaria, como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

La creación de la CADHU, cuyos orígenes se remontan a los meses finales de 1975, se inscribió en ese proceso más amplio. El proyecto surgió de un grupo de profesionales del derecho ligados a la Asociación Gremial de Abogados con experiencia en la defensa de presos políticos durante las dictaduras previas (^{Rot, 2015}). De las reuniones preliminares a la fundación del organismo, formalizado en torno a abril de 1976, participaron representantes de diversas fuerzas políticas y algunos abogados que se desempeñaban en el ámbito sindical.⁶ El núcleo de la CADHU se estructuró alrededor del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos (PROA), fuerza integrada, entre otros, por los hermanos Eduardo Luis, Marcelo y Carlos María Duhalde, Haroldo Logiurato, Carlos González Gartland e Ignacio Ikonicoff (^{Rot, 2015}). A ellos se sumaron, procedentes de Córdoba, los abogados Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca. Un tercer contingente de miembros procedía de Montoneros y el PRT- ERP, que acercaron nombres como los de Rodolfo Mattarollo, Manuel Gaggero, Martín Federico, Lidia Massaferro, Juan Carlos Caprioli o Pablo Ramos (Memoria Abierta, 2003b; ^{Carnovale, 2014}; ^{Rot, 2015}).

Durante el primer año de dictadura, la actividad de denuncia y solidaridad se caracterizó por la confluencia de esfuerzos entre la CADHU y las estructuras montoneras que funcionaban dentro y fuera de la Argentina, donde el organismo de derechos humanos también se había propuesto dar a conocer los crímenes de la represión. Los acuerdos establecidos entre el PROA y las organizaciones político-militares resultaron fundamentales para el cumplimiento de esta tarea, que se llevó adelante en el país principalmente a través de Ignacio Ikonicoff, quien se encargaba de centralizar los datos aportados por las colaboradoras y los colaboradores vinculados a Montoneros y el PRT-ERP (^{Rot, 2015}). Este circuito permitió a la CADHU acceder de manera veloz y temprana a información detallada sobre la represión dictatorial, y, luego, difundirla a través de sus boletines de denuncia. El esquema permitiría, incluso, sacar información del país cuando el organismo estableciera delegaciones en distintos puntos del exilio.

La denuncia en el extranjero se planteó para la CADHU como una prioridad desde el inicio de su actividad. Ya en sus Estatutos, aprobados en la Asamblea Constitutiva, que tuvo lugar en Buenos Aires el 16 julio de 1976, establecía una representación exterior con ese objetivo.⁷ Esta proyección del organismo hacia el plano internacional respondía no solo a las convicciones de sus integrantes, sino también a las urgencias y peligros que imponía el contexto dictatorial: la reconocida trayectoria como abogados de varios de los miembros de la CADHU los volvía blancos probables de la represión. Las alarmas se encendieron definitivamente con el secuestro de Mario Hernández y Roberto Sinigaglia, ocurrido el 11 de mayo de 1976, en la previa a una reunión de discusión. El evento marcó un punto de inflexión en la trayectoria del organismo, el que, luego de algunas deliberaciones, definió la salida del país de varios de sus militantes más prominentes.

El exilio de los integrantes de la CADHU replicó la fisonomía general del destierro argentino: México, España y Francia fueron los puntos elegidos como destino, con la idea de organizar allí delegaciones del organismo. A estos países se sumaría con posterioridad Estados Unidos, donde se desarrollaría una experiencia con una dinámica distinta, y, hasta cierto punto, autónoma de las otras sedes (^{Santucho, 2004}; ^{Robledo, 2021}). En México, donde se estableció González Gartland, rápidamente se entablaron contactos con la comunidad de exiliados argentinos. Consolidada ya la diferencia de líneas entre el CAS y el COSPA, González Gartland optó por la segunda; se incorporó a la secretaría de relaciones internacionales del organismo, aunque en un lugar con “independencia política”, sin abandonar su pertenencia orgánica a la CADHU (Memoria Abierta, 2003a). En esta decisión pareciera haber jugado un rol central tanto la estructura desarrollada por el COSPA en México, que habilitaba una incidencia en el espacio público local mayor que la que podía ofrecer el CAS, como la mayor afinidad política con sus integrantes.⁸ Según González Gartland, esas redes pesaron incluso más que las potenciales diferencias políticas con Montoneros, “con los cuales disentía enormemente en muchas cosas, pero en esa época no en la denuncia” (Memoria Abierta 2003a).

Europa occidental fue el otro destino al que arribaron tempranamente los integrantes de la CADHU. Algunos de ellos habían llegado allí un tiempo antes, como era el caso de los que tenían vínculos con el PRT-ERP. Mattarollo, quien había salido con destino a Francia en 1975, se estableció en París. La elección tuvo que ver con las posibilidades que esta ciudad ofrecía para llevar adelante la denuncia, dada su cercanía con diversos foros humanitarios internacionales (Memoria Abierta, 2003c). La salida de Gaggero de la Argentina, por su parte, estuvo relacionada con la crisis aguda que atravesaba el PRT-ERP luego del asesinato y secuestro de sus máximos dirigentes en julio de 1976 (^{Carnovale, 2014}). En septiembre de ese año, un enviado del partido lo instó a salir del país para asistir a una reunión del Comité Ejecutivo que se realizaría en la ciudad de Roma. Después de eso, debía establecerse en el exilio: “La idea era ‘se van a Francia porque ahí está la CADHU’, y mi tarea iba a ser la de estar en la CADHU” (Memoria Abierta, 2003b).⁹ No obstante, las dificultades idiomáticas finalmente lo llevaron a instalarse junto a su pareja e hijos en Madrid. A esa ciudad llegó para emplazar una sede del organismo quien para entonces era ya su máximo referente: Eduardo Luis Duhalde. Con el tiempo, CADHU España se convertiría en la delegación principal, lo que agrandaría aún más la figura de su fundador.

En paralelo a este proceso se produjo un acontecimiento de trascendental importancia para el devenir de Montoneros: luego de la reunión del Consejo Nacional de septiembre de 1976, la organización optó por trasladar progresivamente sus estructuras partidarias al extranjero (^{Baschetti, 2001}). El secuestro y desaparición de numerosos militantes a manos de las fuerzas represivas habían obligado a repensar la estrategia en la lucha contra la dictadura, hasta entonces centrada en la resistencia dentro de la Argentina.¹⁰ La decisión de Montoneros de dar comienzo al “exilio orgánico”, que le permitió a su dirigencia esquivar la suerte corrida por la del PRT-ERP, tendría consecuencias directas en las redes denuncialistas tejidas previamente por los militantes de la organización en el extranjero, que, como ya mencionamos, incluían a la CADHU.¹¹ Nuevamente México se convirtió en el escenario de las principales tensiones: el establecimiento de la base de operaciones de la Conducción montonera en ese país a fines de 1976 reactualizó las disputas por el control de la línea política en el exilio (^{Yankelevich, 2010}).

Las dificultades crecientes para desarrollar la militancia dentro de la Argentina tuvieron como correlato una intensificación de la actividad en el exilio. Del lado de la CADHU, la publicación de los boletines internacionales –posibles gracias al trabajo de los colaboradores en el país–¹² se vio acompañada por las presentaciones ante distintos foros internacionales. Un primer mojón en este terreno fue la denuncia de los crímenes dictatoriales que hizo Mattarollo ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 1976.¹³ A este evento le siguió la declaración de Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca, exiliados en Francia y España respectivamente, ante el subcomité de Organizaciones Internacionales de la Sala de Representantes de Estados Unidos los días 28 y 29 de septiembre de 1976.¹⁴ El encargado de las gestiones para la presentación de los miembros de la CADHU fue el “oficial montonero” Juan Gelman, entonces establecido en Roma junto a su pareja, Lidia Masaferro (ANM, 2020). La participación de Montoneros en el plano de la denuncia internacional, inaugurada por el COSPA mexicano y desarrollada a través de iniciativas puntuales de los militantes en el exilio, alcanzaba estatus de línea partidaria en la nueva coyuntura: el número de febrero de 1977 de Evita Montonera, canal de difusión oficial de la Conducción, se extendía sobre las acciones de la organización en el ámbito del exilio. Entre otras iniciativas, incluía dentro de su plataforma a la denuncia humanitaria, que se constituía nuevamente como el ámbito de encuentro político con la CADHU (EM, 1977a).

El período que se extendió entre los meses finales de 1976 y mediados de 1977 marcó el progresivo pero irrevocable traslado de la actividad de la CADHU y Montoneros al extranjero. Para la primera se trató de una interrupción total de la acción política en la Argentina, producto de los duros golpes que le propinó al organismo la represión dictatorial. El 11 y 12 de junio de 1977, en el marco de un plenario del PROA, fueron asesinados y desaparecidos en la localidad bonaerense de Marcos Paz los principales dirigentes partidarios que todavía estaban en el país. A partir de ese hecho, la Delegación Internacional de la CADHU, constituida a fines de 1976, pasó a funcionar de hecho como su Consejo Directivo. En el caso de Montoneros, la actividad en la Argentina no se detuvo por completo, pero disminuyó su intensidad considerablemente. Para comienzos de 1977, las principales estructuras de la organización en el país habían sido desarticuladas por la represión, solo quedaron en pie solo algunos núcleos aislados (^{Gillespie, 1998}). En este contexto, la constitución del Movimiento Peronista Montonero (MPM) en Roma en abril de 1977 no parecía sino la aceptación de un hecho consumado: la imposibilidad de la organización de accionar contra la Junta Militar desde adentro de la Argentina.

Una oposición articulada: Montoneros y la CADHU en el exilio

En los primeros meses de 1977, las denuncias que se acumulaban en el extranjero daban la pauta, además de la profundidad de la represión, de la conformación de una oposición efectiva a la dictadura, que buscaba llamar la atención de la comunidad internacional sobre los crímenes de la Junta Militar. Para ello, y tal como lo planteamos en el apartado previo, las organizaciones argentinas en el exterior habían intentado, con éxito variable, inscribir sus iniciativas políticas en la narrativa internacional contraria a la violación de los derechos humanos y articular con distintos y variados actores del circuito internacional de denuncias (^{Franco, 2008}; ^{Jensen, 2010}, ²⁰¹⁴).

El fortalecimiento de las actividades exiliares se adivina, por ejemplo, detrás de la publicación de las dos primeras investigaciones exhaustivas sobre las violaciones a los derechos humanos en el país, a cargo de la CADHU y de Amnistía Internacional. Argentina: proceso al genocidio, producido por la primera, contó con una amplia circulación internacional (^{Jensen, 2014}; ^{González Tizón, 2021}). Publicada en marzo de 1977 a instancias del cineasta vasco Elías Querejeta, la investigación redactada por Eduardo Duhalde y Gustavo Roca, entre otros, reunía una decena de relatos del cautiverio clandestino –junto a otros tantos relativos a la detención en la cárceles legales del régimen– pero proponía, además, una interpretación política del terrorismo de Estado dictatorial.¹⁵ El informe respaldaba una visión socioeconómica de la represión: era la persecución instrumentada por los representantes del capitalismo financiero mundial la que explicaba, para la CADHU, la persecución contra la clase obrera, identificada como el blanco predilecto del terrorismo de Estado.¹⁶ Esta interpretación económica y clasista de la violencia dictatorial era consonante con la “impronta militante” que, desde sus comienzos, había teñido la conformación del organismo (^{Copello, 2019}).

El 20 de abril de 1977, Montoneros lanzó su nuevo espacio político con una conferencia de prensa montada en Roma, organizada en conjunto con Lelio Basso, fundador del Tribunal Russell II (encargado de juzgar crímenes de guerra) y senador del Partido Socialista Italiano. Allí presentó el MPM, que marcaba la intención de la organización de volver a filiarse con el peronismo y de elaborar, de modo más programático, una política transnacional. El MPM se asentó sobre redes y contactos políticos que, iniciados en el país, se habían formalizado en el exterior. Era el emergente de un proceso que no puede entenderse sin considerar la dimensión internacional que había adquirido la política montonera desde fines de 1974.

Los “ocho puntos” de la plataforma que Montoneros dio a conocer en Roma tenían un lenguaje fundamentalmente democrático: la organización exigía la renuncia del ministro de economía, Alfredo Martínez de Hoz; la liberación de los presos políticos; el llamado a elecciones sin proscripciones de los partidos; la rehabilitación de la Confederación General del Trabajo y la desarticulación de los “campos clandestinos” (MPM, 1977). Por primera vez, Montoneros planteaba un lenguaje explícitamente humanitario en un documento partidario: el punto seis exigía la “Eliminación inmediata de los procedimientos represivos que implican la sistemática violación de los derechos humanos” (MPM, 1977). Esta demanda indicaba, como mínimo, el interés de Montoneros de visibilizar la denuncia en clave humanitaria como parte de su nueva estrategia política.¹⁷

Esta intención también se observa en la extracción política de los consejeros del recientemente fundado MPM, ligados en algunas ocasiones a las redes de denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Estos son los casos, por ejemplo, de Massaferro y Adriana Lesgart, responsables de la “Rama Femenina”. Ambas tenían amplio recorrido en la política denuncialista.¹⁸ Massaferro, cuyo vínculo con la CADHU desarrollamos en el apartado previo, llegó incluso a tener una doble adscripción entre este organismo, donde formaba parte del Consejo Directivo, y el flamante MPM. Algo similar ocurrió con Puiggrós. Luego del lanzamiento de la nueva propuesta montonera, pasó a dirigir la “Rama de Intelectuales y Profesionales” del MPM sin perder su lugar en la mesa directiva del COSPA (^{Acha, 2006}).

Este contexto político, que parecería haber concedido una relevancia mayor a quienes participaban de las redes de denuncia y solidaridad, contrastó con el intento de disciplinamiento sobre los militantes exiliados que provocó la llegada de la Conducción al exterior. Como consecuencia de este arribo, la estructura política en Ciudad de México fue reorganizada y centralizada. Montoneros abrió una sede partidaria en la capital mexicana, la Casa Montonera, y delimitó más claramente sus tres circuitos políticos: el denuncialista, que articulaba las relaciones entre el COSPA, la CADHU,¹⁹ y otros actores del exilio como el COSOFAM;²⁰ el partidario y el clandestino, que incluían las actividades políticas y político-militares respectivamente. Esta reorganización generó nuevos focos de tensión, sobre todo en las redes que algunos militantes montoneros habían trazado con integrantes de otros organismos en el exterior (^{Confino, 2018}).²¹

Si la CADHU, sin aparente contradicción con su política humanitaria, vehiculizaba un discurso que no prescindía de sus marcas combativas, Montoneros sumaba a su lucha por la revolución, por primera vez en abril de 1977, el lenguaje de respeto a los derechos humanos. Esto nos permite suponer que para entonces las diferencias entre “la revolución” y “los derechos humanos” aún no estaban tan claras para los protagonistas del proceso histórico.

La dictadura argentina acusó recibo de las denuncias hechas en el extranjero por las organizaciones de exiliados y, en un contexto en el que sería anfitriona del Mundial de fútbol previsto para junio de 1978, buscó contrarrestarlas a través de una “guerra informativa”, por un lado, y de operaciones represivas en el exterior para capturar a los dirigentes guerrilleros, por el otro. El régimen militar conceptualizó las acciones de los exiliados como una “campaña antiargentina” y entendió que las políticas de denuncia y solidaridad eran el correlato de la “merma recibida en [la] capacidad operacional” de “la subversión” (DIPPBA, 1977, pp. 98-100) luego de más de un año de represión estatal y exterminio. La constitución del Centro Piloto en París entre marzo y julio de 1977, como parte de una reforma más amplia en la Cancillería controlada por la Marina, daba cuenta de la preocupación de los altos mandos militares por la difusión internacional de las denuncias contra la dictadura (^{Franco, 2008}; ^{Fernández Barrio y González Tizón, 2020}).

El año 1978 también fue testigo de las acciones represivas extraterritoriales de parte de la dictadura.²² En enero, el Ejército secuestró en Mar del Plata a un dirigente montonero, Tulio Valenzuela, quien simuló su colaboración con un plan para secuestrar a la Conducción de su organización. Llevado a México en forma clandestina, logró escapar de los integrantes del grupo de tareas y denunció la operación. Montoneros aprovechó el acontecimiento para difundir internacionalmente el hecho: Valenzuela dio una conferencia de prensa y el MPM circuló su testimonio. El relato, publicado el 18 de enero de 1978, tramaba la denuncia de su experiencia de prisionero con numerosas referencias a la lucha revolucionaria montonera. Valenzuela era presentado como un “compañero” y “oficial mayor del Partido Montonero” que “en una heroica y brillante maniobra de contrainteligencia logró burlar al enemigo que lo tenía prisionero y denunciar al mundo” (MPM, 1978a). El proceso político era enmarcado como una guerra, aunque esto no impedía la denuncia de las condiciones del cautiverio.

También en enero de 1978 tenía lugar en París el primer plenario de la CADHU, donde Gustavo Roca, Lidia Massaferro, Eduardo Duhalde y Rodolfo Mattarollo se reunieron para realizar un balance de los dos años de funcionamiento del organismo. Más allá de que plantearan que la CADHU era el “único organismo de denuncia y solidaridad con existencia real y la única organización reconocida a nivel internacional” (CADHU, 1978a), los participantes del plenario estaban preocupados por la excesiva carga de tareas que había recaído sobre los miembros del organismo en el exilio. En la reunión parisina se afirmaba que, desde el operativo de secuestro de junio de 1977, la CADHU había quedado circunscripta a su delegación Internacional que, no obstante, también se había ido desarticulando con el paso del tiempo.²³ Del mismo modo, sostenían que, por la gran represión sufrida, las actividades del organismo se habían regido hasta ese momento según un patrón de “dispersión organizada” en las distintas ciudades donde contaba con representantes (CADHU, 1978a).²⁴ De cara al futuro, la propuesta era ampliar la cantidad de integrantes para realizar de un modo más eficiente sus tareas de solidaridad y denuncia.

El vínculo entre la CADHU y las organizaciones armadas también fue tema del plenario. En los registros escritos del cónclave se puede observar la preocupación, por parte de los asistentes, de quedar públicamente ligados a la plataforma política guerrillera. Pese a este temor, los miembros del organismo convalidaban como un logro haber evitado el “encasillamiento partidario” más allá del “origen inocultable de sus miembros” (CADHU, 1978a).²⁵ Al mismo tiempo que reconocían internamente la ligazón que los acercaba a las organizaciones revolucionarias –que en algunos casos era producto de trayectorias políticas compartidas a lo largo de los años y en otros consecuencia de la participación en las mismas redes de denuncia–, en el plenario se daba cuenta de lo extendida que estaba esta información entre los actores de la época. Hacia allí, de hecho, había apuntado la campaña de desprestigio de la dictadura sobre la CADHU, definiéndola como un “organismo de la guerrilla”.²⁶ Como sea, para los asistentes al plenario, los vínculos de los integrantes de la CADHU con la política revolucionaria no eran, ni en el terreno de la concepción ni en el de la práctica, un impedimento para sus tareas de denuncia y de solidaridad: “aunque la CADHU tenga representación partidaria, no debe ni puede ser una organización partidaria”. A futuro, proponían, la denuncia no debía “bajar el tono”, debía ser “global” y “sin interferencias partidarias”. También planteaban una solidaridad “sin limitaciones políticas e ideológicas” ni “sectarismos y exclusiones” (CADHU, 1978a).

Además de la de Valenzuela, durante 1978 se conocieron otras dos denuncias de militantes montoneros que habían logrado escapar del cautiverio clandestino: Horacio Maggio y Jaime Dri. Mientras la organización diseñaba sus actividades para el Mundial, el primero detallaba en abril, apenas fugado de la ESMA, su experiencia a manos de la Armada. Maggio envió su escrito a la CADHU para su circulación pública, lo cual deja en evidencia las tramas compartidas entre ambas organizaciones (Maggio, 1978). La denuncia de Jaime Dri, que se había escapado de sus secuestradores en la frontera de Argentina con Paraguay, sería publicada por la Secretaría de Prensa del MPM en septiembre de 1978.²⁷ Ambos testimonios apelaban a la retórica revolucionaria de la denuncia de Valenzuela, pero adoptaban, de modo explícito, el lenguaje de respeto a los derechos humanos. Maggio sostenía que “las condiciones en las que desarrollábamos nuestras vidas [eran] dignas de la época anterior a la Asamblea del año XIII” (Maggio, 1978, p. 1), mientras que Dri explicitaba cómo el régimen había buscado “desinformar a la comunidad internacional acerca de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina” (MPM, 1978c, p. 6). En estas intervenciones, la dictadura ya no era un contendiente bélico sino un régimen que propiciaba el terrorismo de Estado y que atacaba los derechos humanos más fundamentales.²⁸ De este modo, a lo largo de 1978, mientras difundía sus políticas a propósito del Mundial, Montoneros formó parte de las redes de denuncia en el extranjero.²⁹

En octubre de 1978, la Conducción de Montoneros decidió el inicio de la Contraofensiva Estratégica. La declaración previa del “triunfo de la resistencia” proponía que estaban dadas las circunstancias para un retorno organizado al país a fin de realizar actividades políticas, propagandísticas y militares que desestabilizaran a la dictadura. En lo inmediato, el inicio de la operación implicó que integrantes de la organización visitaran distintas ciudades del exilio para convocar a quienes estaban viviendo allí (^{Falcone, 2001}; ^{Astiz, 2005}). La Contraofensiva fue un fracaso: casi un centenar de montoneros fueron víctimas de la dictadura y no se lograron los resultados políticos que había pronosticado la Conducción. Como si eso fuera poco, tal como analizaremos en el próximo apartado, durante su desarrollo se produjeron dos disidencias que dejaron a la organización al borde de la extinción.

Un mes antes del comienzo de la Contraofensiva, el MPM instó por medio de una comunicación partidaria que llevaba la firma de Fernando Vaca Narvaja, secretario de Relaciones Exteriores de la organización, a que los militantes ocupados en tareas de solidaridad se ajustaran a la estrategia de la Conducción. En un documento dirigido “a los compañeros del MPM a cargo de comités de Solidaridad”, Montoneros explicitaba su intención de lograr un mayor peso –pero sobre todo una mayor homogeneidad y centralización– en las tareas de denuncia y solidaridad que se realizaban en el exilio (MPM, 1978b).³⁰ El lenguaje, humanitario en sus formas, tenía como fin último el reconocimiento de la legitimidad de la “resistencia del pueblo argentino”. Si bien las tareas de control de la política denuncialista le cabían al propio MPM, que debía “Centralizar el trabajo en organismos como las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (…) y el Parlamento Europeo”, el documento también se extendía sobre el vínculo entre la organización y la CADHU. En este sentido, apuntaba a “reformular y ordenar nuestra política para organismos como la CADHU, que han alcanzado un nivel de reconocimiento importante en el plano internacional pero que aún no cubre todas las expectativas y necesidades de la política de solidaridad” (MPM, 1978b). Estas directivas dejaban nuevamente en evidencia el vínculo político de Montoneros con la CADHU al mismo tiempo que señalaban la consonancia entre los diagnósticos de la organización y la “reestructuración” que dicho organismo había encarado en enero de 1978.

Entre la publicación en Madrid de Argentina: proceso al genocidio, en marzo de 1977, y el inicio de la Contraofensiva en octubre de 1978 se articuló en el exilio un espacio común de denuncia, que involucró, entre un amplio y heterogéneo conjunto de actores, a la CADHU y a Montoneros. En algunos casos, incluso, sus iniciativas fueron consonantes, independientemente de que las ideas de revolución no siempre resultaran concordantes con las que postulaban el respeto a los derechos humanos.³¹ Sin embargo, estas diferencias no impidieron que, por fuera de las esferas dirigentes de Montoneros –que continuaban pensando la lucha política como una guerra– se tejiera una misma red por la que circularon las denuncias y sus impulsores. Este precario equilibrio del exilio se quebraría con el comienzo de la Contraofensiva.³² A partir de entonces, tal como veremos en el siguiente apartado, las necesidades de la denuncia y los requerimientos de la revolución no harían sino distanciarse.

Derechos humanos y revolución

El año 1979 marcó un punto de inflexión en la oposición política a la dictadura. Durante su transcurso coexistieron las últimas expresiones de la lucha armada en la Argentina, con el desarrollo de la fallida Contraofensiva de Montoneros, y también la consolidación de la denuncia internacional de las violaciones a los derechos humanos que se producían en el país, cuyos hitos más relevantes fueron la visita de la CIDH y la presentación del llamado “testimonio de París” organizada por la CADHU en la Asamblea Nacional Francesa, en los meses de septiembre y octubre respectivamente. En abril, por su parte, había tenido lugar en la Argentina la primera huelga general en contra del régimen militar y de las políticas económicas de su ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz. No obstante, la principal preocupación de la Junta hacia 1979 tenía que ver con el movimiento exiliar de denuncia, y, estrechamente vinculado a la actividad de este, con la visita de la CIDH prevista para septiembre. A prepararse para la llegada del organismo internacional dedicó la Junta Militar buena parte de sus esfuerzos desde por lo menos el mes de agosto (^{Canelo, 2016}).

Para Montoneros, el año 1979 también fue decisivo. El desarrollo de la Contraofensiva, que incluyó transmisiones clandestinas de proclamas partidarias y atentados militares contra los funcionarios económicos del gobierno dictatorial, no tuvo las repercusiones políticas deseadas. A pesar de que la Conducción quiso hacer una lectura optimista del resultado de la estrategia, lo cierto es que, luego de la Contraofensiva, la ya duramente golpeada organización quedó al borde de su desarticulación total.³³ Más aún por las dos disidencias que atravesó en ese tiempo, una antes del retorno organizado, a principios de 1979, y otra después, en diciembre de ese año. La primera escisión fue en febrero y se hizo pública a través del comunicado que publicaron los “oficiales montoneros” Rodolfo Galimberti y Juan Gelman en el diario parisino Le Monde (BDIC, 1979). Si en un principio habían convalidado el inicio de la Contraofensiva (Galimberti incluso había convocado a otros militantes que estaban exiliados en distintas ciudades de Europa), la proximidad del retorno a la Argentina y desavenencias más longevas entre Galimberti y la Conducción en materia de estrategia política y de disponibilidad de recursos provocaron la ruptura (^{Slipak, 2017}).

La segunda disidencia comenzó en diciembre de 1979, cuando un grupo de militantes publicó en España el llamado “Documento de Madrid”, donde se criticaba el balance que la Conducción había hecho de los resultados de la Contraofensiva de 1979. En una muestra de las tensiones y contradicciones que horadaban a Montoneros en esa coyuntura, los autores del escrito se mostraban en contra de la persistencia en el accionar militar: en sus palabras, el recurso a las armas “conspiraba contra la campaña de derechos humanos que Montoneros había motorizado en el exilio”, ya que posibilitaba que la Junta Militar los señalara como terroristas (PMA, 1979).³⁴ Entre los críticos se encontraban Jaime Dri, cuya denuncia del cautiverio el MPM había circulado en 1978, y Pablo Ramos, miembro de la CADHU desde las etapas formativas del organismo. Sin posibilidad de acuerdo, en abril de 1980 se presentaba en México el nuevo agrupamiento de los disidentes: Montoneros 17 de octubre.

En su manifiesto fundacional, los miembros del flamante espacio sentaban públicamente las bases de su plataforma. Uno de los puntos salientes del documento era el que postulaba la necesidad de dejar de entender el conflicto político como una “guerra”, y proponía, en cambio, retomar el concepto de “rebeldía popular” (M17, 1980). Esta propuesta, que implicaba una sustancial transformación en el paradigma montonero, no puede entenderse sin las transformaciones políticas que habían acaecido durante esos años en el exilio: a la recuperación de la “rebeldía” por los disidentes, le seguía la consideración de la dictadura ya no como un ejército de ocupación en su propio país, según la habían definido en varias oportunidades los documentos montoneros, sino como un régimen político que ejercía la sistemática violación de los derechos humanos a través del terrorismo de Estado. Más cerca de la política “denuncialista” que de la ambición revolucionaria, la intervención de Montoneros 17 de octubre confluía, sin resignar la revolución como horizonte final, con los cambios del contexto (^{Confino, 2018}).

Las transformaciones en la coyuntura política que rodearon al año 1979 también tuvieron su impacto en la CADHU, aunque en un sentido inverso al que provocaron en Montoneros. Hacia finales de 1978, la combinación de la noticia de la futura visita de la CIDH y el pase a retiro del almirante Massera, concretado en el mes de septiembre, iniciaron una serie de transformaciones en el CCD de la ESMA. Una de las más significativas, a tono con la impronta legalista de la que pretendía revestirse el ex jefe de la Armada ante la comunidad internacional, fue la liberación de un conjunto de militantes montoneros que habían atravesado un cautiverio prolongado en manos de los marinos. Todos ellos pertenecían al conjunto de secuestrados que por sus conocimientos técnicos o su jerarquía política había sido incorporado al “proceso de recuperación” ideado por el jefe del grupo de tareas (GT) de la ESMA, Jorge “el Tigre” Acosta (^{Feld y Franco, 2019}). Como condición para su liberación, los marinos los obligaron a abandonar la Argentina, instrumentando incluso los medios necesarios para su salida hacia el extranjero. España, Francia, Venezuela y, en menor medida, Ecuador y Brasil fueron los destinos que inicialmente albergaron a las sobrevivientes y los sobrevivientes (González Tizón, 2019a).

A pesar de las amenazas que les profirieron sus captores, el destierro significó para varias de las liberadas y los liberados de la ESMA el retorno a la actividad política. Los recién llegados pronto se insertaron en las tramas militantes desarrolladas por los exiliados argentinos en los distintos países de acogida. Sus actitudes respecto a Montoneros fueron disímiles aunque, en general, la tendencia se inclinó hacia el alejamiento de la organización. Tampoco esta se mostró receptiva hacia las sobrevivientes y los sobrevivientes: el cautiverio prolongado en manos de los marinos, sumado al conocimiento de la presencia de algunos agentes represivos en distintas plazas del exilio, incentivó las sospechas sobre las militantes y los militantes liberados. Sin embargo, estos desencuentros no dieron lugar a polémicas resonantes, ni, al menos inicialmente, a una ruptura total entre esos sobrevivientes y el espacio montonero. Las condiciones de posibilidad para el encuentro político de ambos las aportó la CADHU. En ello jugaron un rol destacado las redes de contactos desarrolladas por sus sedes en Madrid y París, y, también, las gestiones individuales de algunos de sus militantes.

España se convirtió en el punto de confluencia de la mayoría de las sobrevivientes y los sobrevivientes de la ESMA con pasado en Montoneros: a quienes se habían instalado allí desde un comienzo se sumó, en el transcurso de 1979, otro contingente procedente de Francia y de Venezuela.³⁵ Este núcleo, conformado por una decena de personas, comenzó a proyectar la posibilidad de elaborar un testimonio colectivo de su experiencia en la ESMA.³⁶ Los extensos períodos de cautiverio, en promedio superiores al año, y las tareas desempeñadas en el marco del “proceso de recuperación” habían permitido a estos sobrevivientes adquirir un conocimiento de los actores y las dinámicas del CCD inaccesible para el resto de las y los secuestrados. La combinación de este saber y de sus capitales políticos, reactivados al entrar en contacto con las tramas militantes del exilio, generaba las condiciones para un testimonio de la represión clandestina de una envergadura desconocida hasta entonces. La CADHU, que entonces había logrado construir una legitimidad considerable en el ámbito humanitario europeo, vehiculizó la puesta en acto del proyecto, cuyo resultado fue la presentación de las tres mujeres sobrevivientes de la ESMA ante la Asamblea Nacional francesa.

La reconstrucción del entramado de vínculos que sustentó la elaboración del “testimonio de París” no es sencilla y contiene varios puntos ciegos, sobre todo en lo que refiere al rol que le cupo a Montoneros en su realización. No obstante, el recuerdo de algunos protagonistas ofrece indicios sobre las relaciones entre la organización armada peronista, la CADHU, las sobrevivientes y los sobrevivientes. Massaferro, quien combinaba su labor en el organismo de derechos humanos con su actividad como miembro del Consejo Superior del MPM, surge como una figura clave en la articulación entre las partes: “creo que todos habíamos hablado por distintas razones con Lili Massaferro, que era una mujer a la cual nosotros conocíamos, una tipa que fue solidaria con nosotros”, recuerda Alicia Milia, una de las testimoniantes en París (González Tizón, 2019b). La afirmación va en sintonía con el hecho de que, para entonces, Massaferro había abandonado Italia para instalarse en España, desde donde llevó adelante constantes viajes a distintos puntos de Europa para motorizar la denuncia de los crímenes de la dictadura.³⁷ Estas gestiones le permitieron, entre otras cosas, entablar un vínculo estrecho con Theo Van Boven, director de la división de Derechos Humanos de la ONU.³⁸

La elaboración del testimonio propiamente dicho se llevó adelante a lo largo de varios meses en distintos puntos de España. Entonces, las sobreviviente y los sobrevivientes todavía eran vigilados por los oficiales de la ESMA, quienes pretendían de este modo impedir una eventual denuncia en el exilio.³⁹ A pesar de las amenazas, se las ingeniaron para realizar las primeras reuniones a fin de discutir el contenido del relato, que tendrían como sede la localidad de Culleras, un pequeño pueblo de playa cercano a Valencia, donde se habían instalado Sara Solarz y Ana María Martí: “ahí marchó toda la pandilla a la casita de Culleras, que no sabíamos ni dónde quedaba, y ahí estuvimos y discutimos”, rememora Milia (González Tizón, 2019b). Luego, los encuentros se trasladaron a Madrid, ya con el objetivo de llevar adelante la redacción del testimonio. Hasta esa ciudad llegaron, en los primeros días de octubre, Graciela Daleo y su pareja de ese momento, procedentes de Venezuela. Su presencia en el lugar no era casual, sino que se inscribía en parte en el proyecto del testimonio, cuyas gestiones alcanzaban una dimensión transnacional: “cuando nosotros llegamos ya estaba lanzado, por eso también nos apuraron para que nosotros viajáramos”, afirma Daleo (González Tizón, 2019a). Reunido en un apart hotel de la capital española, un grupo más reducido se abocó a la producción del escrito que contendría el recuerdo colectivo de su paso por la ESMA.⁴⁰

Las gestiones que permitieron realizar el testimonio en París permanecen como un punto oscuro de la historia: ¿las llevó adelante la CADHU, Montoneros o ambos? El rol del organismo de derechos humanos resulta insoslayable: no solo lo reconocen los propios protagonistas del evento –“yo me acuerdo de haber estado con Eduardo [Duhalde] y con [Gustavo] Roca y (...) el abogado, [Manuel] Gaggero”, afirma Milia–, sino que su participación quedó grabada en la versión escrita del testimonio, donde figuraba el sello de la CADHU.⁴¹ Por otra parte, la presencia de Montoneros en las negociaciones previas al testimonio parece innegable, a tal punto que fue dada por sentada en más de una ocasión (^{Franco, 2008}; ^{Jensen, 2010}). No solo la sugieren la trama de vínculos compartida con la CADHU y las sobreviviente y los sobrevivientes de la ESMA; también lo hace el antecedente de la conferencia de prensa organizada en 1978 donde Dri hizo público su relato del cautiverio clandestino, resultado de un acuerdo entre Montoneros y el Partido Socialista de Francia.⁴² Más allá de estos indicios, lo cierto es que no hay ninguna evidencia concreta de la participación de la organización armada peronista en el “testimonio de París”, cuestión que permanece en el plano hipotético incluso para los protagonistas del evento. Al ser consultada al respecto, Milia afirma sin rodeos que “lo bancó la CADHU”, aunque enseguida añade que “eso yo creo que sí lo negoció con la organización Montoneros” (González Tizón, 2019b.

El 12 de octubre, el testimonio fue presentado en la conferencia de prensa organizada en París. Junto a las tres sobrevivientes, que habían llegado al lugar protegidas por la custodia personal de François Mitterrand, estaba en el escenario Stasi. Frente a ellos se situaban periodistas de diversos medios acreditados al evento. La elección del lugar había sido estratégica. Francia era una especie de “patria de los derechos humanos” y lo que ocurría allí resonaba en el resto del mundo occidental (^{Franco, 2008}). A su vez, la Asamblea Nacional constituía un centro neurálgico de la vida política, donde confluían representantes de distintas extracciones ideológicas. El momento, por otra parte, no podía ser mejor a los fines de la denuncia: la visita de la CIDH, finalizada el 20 de septiembre, había puesto los ojos de la comunidad internacional en la Argentina (^{Jensen, 2010}). A partir de estos elementos, no resulta difícil comprender por qué el testimonio resonó rápidamente más allá de Francia.⁴³

La presentación de las tres sobrevivientes fue rotunda en su denuncia de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. La caracterización de la represión dictatorial como un “genocidio”, en línea con el informe de la CADHU de 1977, se acompañó de acusaciones sobre la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en el accionar clandestino y acerca del asesinato planificado de la mayoría de los desaparecidos.⁴⁴ La versión escrita del testimonio ofrecía a lo largo de sus casi cien páginas el detalle de las vivencias durante el cautiverio en la ESMA, e incluía también planos del CCD y listados de personas secuestradas y de integrantes del GT. Si bien la descripción de los padecimientos estaba impregnada de un lenguaje humanitario, el texto poseía también numerosas marcas de la sensibilidad revolucionaria: la más significativa era el reconocimiento explícito que hacían las tres sobrevivientes de su militancia montonera previa al secuestro.⁴⁵ Esta convivencia entre el lenguaje de la revolución y el de los derechos humanos, ajena a los moldes preestablecidos de la denuncia internacional, constituía la muestra acabada de la diversidad de actores y tradiciones que habitaban al “testimonio de París” y a sus protagonistas.

Reflexiones finales

La década de 1980 albergó en su seno el ocaso definitivo de los proyectos revolucionarios argentinos, y el apogeo de la denuncia internacional y en clave humanitaria de los crímenes dictatoriales. Este proceso catapultó al movimiento local de derechos humanos como un actor central de la transición democrática que se abrió en el país luego de la finalización de la Guerra de Malvinas en junio de 1982 (^{Franco, 2018}). No obstante, antes de evidenciar ese hiato, y tal como lo hemos mostrado a lo largo del artículo, la política revolucionaria y su par humanitaria hallaron, entre fines de 1976 y principios de 1980, un espacio político de articulación –no exenta de conflictos– en su tarea de oposición a la dictadura. Este ámbito común tuvo en la denuncia de los crímenes dictatoriales y en la solidaridad con los argentinos y argentinas que llegaban al exilio un acuerdo básico e incluyó, en distintas proporciones pero componiendo redes comunes, a organismos humanitarios como la CADHU y a organizaciones revolucionarias como Montoneros.

A través del análisis de los vínculos entre Montoneros y la CADHU, y el espacio político que ambos entretejieron en el exterior, este trabajo buscó sugerir una nueva puerta de entrada para estudiar las redes del activismo exiliar y las transformaciones políticas que alumbró el segundo lustro de la década de 1970, mientras maduraba la derrota del proyecto revolucionario y surgían nuevas formas de intervención política ligadas al discurso y la acción humanitarias. Antes de que este proceso estuviera completo, se dieron en el exterior puntos de acuerdo que indican que, en la práctica, para muchas de las protagonistas y los protagonistas de esa experiencia el deseo revolucionario no era contradictorio con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en los foros internacionales.

En un plano más general, sostenemos que la constitución de una oposición política transnacional a la dictadura fue posible, entre otras cuestiones, gracias a las redes construidas en el exterior por las organizaciones armadas. Esto nos lleva a afirmar, a su vez, que las fronteras que se construyeron entre “revolución” y “derechos humanos” a lo largo de la década de 1980 no se corresponden necesariamente con la fisonomía del proceso histórico, al menos para el período 1976-1980. El caso analizado permite apreciar la constitución de un movimiento de oposición al régimen militar en el exilio, que se estructuró a través de redes comunes a organismos humanitarios y organizaciones insurgentes.

Las prácticas de denuncia y solidaridad en el exilio crecieron a medida que la represión en la Argentina también lo hizo. Montoneros logró hegemonizar un primer comité de denuncia y solidaridad en México, entre fines de 1975 y principios de 1976. Con el golpe de marzo, ante el aumento exponencial de la represión y la ineficacia de las recetas políticas aplicadas, la organización decidió trasladar al extranjero el resto de su aparato político. Al mismo tiempo que perdía inserción en la Argentina y sufría asesinatos y desapariciones por parte del gobierno dictatorial, Montoneros lanzaba su nuevo espacio en Roma, en el que explicitaba su intención de incorporar la denuncia humanitaria como parte de su plataforma.

El proceso que atravesó la CADHU fue análogo en ciertos aspectos. Desde sus orígenes, el organismo contó entre sus filas con militantes de diferentes extracciones políticas, entre los que se incluían algunos vinculados a las organizaciones político-militares. Nombres como Gaggero, Mattarollo, Massaferro o Ramos evidencian las conexiones con el PRT-ERP y Montoneros. Conexiones que, por otra parte, resultaron fundamentales para obtener información sobre el accionar criminal de la dictadura, y, así, llevar adelante la actividad de denuncia. De manera similar a lo que ocurrió con esas organizaciones, el peso de la represión también obligó a la CADHU a trasladar progresivamente su funcionamiento al exilio, hecho que se consumó a mediados de 1977 con la desaparición y asesinato del núcleo de militantes del PROA en el país.

El “testimonio de París”, a la vez que puso en acto las redes construidas previamente entre Montoneros y la CADHU, marcó un punto de quiebre en la trayectoria de ambas organizaciones, cuyos derroteros posteriores se bifurcarían cada vez más. Por el lado de la CADHU, con su sede de Madrid y la figura de Duhalde a la cabeza del organismo, la tendencia sería hacia una mayor confluencia con el movimiento transnacional de derechos humanos, proceso que se evidenciaría, por ejemplo, en sus presentaciones recurrentes ante el flamante Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y Voluntarias de la ONU, creado en Ginebra en febrero de 1980. En lo que concierne a Montoneros, las dos disidencias padecidas y el fracaso de la Contraofensiva de 1980 desembocarían en la pérdida de toda su relevancia política. De allí en más, su prédica quedaría confinada a la que sería su última publicación partidaria, Vencer, editada entre 1980 y 1982. Como un síntoma de época, la revista dedicaría cada vez mayor espacio a las acciones de las Madres de Plaza de Mayo, para entonces ya consagradas a nivel internacional como el emblema de la lucha por los derechos humanos en la Argentina.

Había iniciado otra etapa en la historia de la oposición a la dictadura, una en la que la prédica humanitaria no daría cabida a las expresiones revolucionarias armadas, desprestigiadas en el terreno de la denuncia. La posdictadura, en su intento de ruptura total con la violencia pasada, no haría sino consolidar ese estado de cosas. El movimiento de derechos humanos se desembarazaba así de una parte significativa de las redes que lo habían constituido.

Fuentes documentales

Entrevistas

Confino, Hernán (2014). Entrevista a Daniel Cabezas, Buenos Aires, 3 de noviembre.

Confino, Hernán (2016a). Entrevista a César Calcagno, Buenos Aires, 25 de agosto.

Confino, Hernán (2016b). Entrevista a Carlos González Gartland, Buenos Aires, 30 de noviembre.

Confino, Hernán (2016c). Entrevista a Roberto Perdía, City Bell, Provincia de Buenos Aires, 14 de diciembre.

González Tizón, Rodrigo (2019a). Entrevista a Graciela Daleo, Buenos Aires, 4 de junio.

González Tizón, Rodrigo (2019b). Entrevista a Alicia Milia, Buenos Aires, 17 de junio.

Archivo Nacional de la Memoria (2020). Entrevista a Horacio Lofredo, Buenos Aires-Ecuador, abril-julio.

Memoria Abierta (2003a). Entrevista a Carlos González Gartland, Buenos Aires, 8 y 13 de noviembre.

Memoria Abierta (2003b). Entrevista a Manuel Gaggero, Buenos Aires, 17 y 24 de noviembre y 19 de diciembre.

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