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SaberEs

versión impresa ISSN 1852-4418versión On-line ISSN 1852-4222

SaberEs vol.10 no.1 Rosario jul. 2018

 

ARTÍCULOS

Asociativismo y agro: el caso de las familias productoras en Entre Ríos, Argentina1

 

Associativism and agriculture: the family farming in Entre Ríos, Argentina

 

Germán Orsini*
Néstor Domínguez**
Néstor Serfaty***

* Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina.
Contacto: gorsini@fceco.uner.edu.ar
** Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina.
Contacto: nestoralfredodominguez@yahoo.com.ar
*** Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Argentina.
Contacto: nestorparana@gmail.com

 


Resumen. El avance de una nueva etapa del capitalismo en el agro argentino en las dos últimas décadas se tradujo en la desaparición de miles de productores, la mayoría de carácter familiar. En este contexto adverso es menester conocer si las familias productoras recurren a prácticas asociativas a modo de estrategia frente a las recurrentes crisis. Este trabajo busca identificar cuál es la relación entre la forma social de producción familiar y las prácticas asociativas en Entre Ríos, Argentina. Para ello se construyó la categoría analítica Familia Productora Agraria a partir de tres variables: gestión de la propiedad, forma jurídica y tipo del trabajo. Se utilizó como fuente, información procesada de los Censos Nacionales Agropecuarios. En las conclusiones se puede observar, en primer lugar, una gran presencia dentro de la estructura agraria de familias productoras, las cuales representaban el 77% de las explotaciones agropecuarias relevadas en el 2002 y ocupaban una tercera parte del espacio rural entrerriano; por otro lado, se comprueba que la mayoría no práctica el asociativismo y si lo práctica está ligado a instituciones tradicionales como cooperativas y asociaciones gremiales. Por último se visualiza que sólo el 16% de las familias productoras realizaban prácticas asociativas frente a un 25% de las explotaciones no familiares, poniendo en cuestión la relación entre agricultura familiar y asociativismo.

Palabras clave: Explotación agropecuaria; Reciprocidad; Litoral.

Abstract. The advance of a new phase of capitalism in Argentine agriculture in the last two decades resulted in the disappearance of thousands of producers, most    of them of family nature. In this adverse context, is necessary to know if these production families resort to associative practices as a strategy to counteract the recurrent crises they face.This paper seeks to identify the relationship between the social form of family production and associative practices in Entre Ríos. For this, the analytical category of family farming was constructed based on three variables: property management, legal form and type of work. Processed information from the National Census of Agriculture was used as a source. The main conclusions are: there is a great presence within the agrarian social structure of producer families which represented 77% of the farms surveyed in 2002 and occupied a third of the rural area of Entre Ríos; on the other hand, is found that the majority does not practice associativism and the practice is linked to traditional institutions such as cooperatives and trade associations. Finally it is seen that only 16% of producing families engaged in associative practices compared to 25% of non-family farms, questioning the relationship between family farming and associativism.

Keywords: Farm; Reciprocity; Litoral.

Original recibido el 08/08/2017
Aceptado para su publicación el 07/03/2018


 

1. Introducción

El progresivo retiro del Estado de su función reguladora a partir de 1976 frente al avance de un nuevo modelo de acumulación capitalista tuvo consecuencias a nivel estructural en el agro argentino. Este proceso se acelera en los noventa con el desmantelamiento de las instituciones públicas de soporte ante crisis coyunturales, la reducción del marco regulatorio y la apertura externa unilateral de la economía.

El Estado pasó a cumplir un rol subsidiario pendiente de imponer el cumplimiento de las normas que posibilitaran la libertad de movimiento del mercado, salvaguardando los derechos de propiedad a fin de alentar la inserción de capital privado en la economía. Este Estado mínimo dejó al mercado muchos de los ámbitos que durante gran parte del siglo XX habían sido de su responsabilidad.

A pesar del aumento de la producción, el nuevo modelo trajo efectos muy  negativos para los pequeños y medianos productores. A la precaria situación de los minifundistas debido a la ya centenaria dependencia de la evolución de los precios internacionales de los granos, se le sumo la dispar fluctuación de los precios relativos a partir de la aplicación del Plan de Convertibilidad de 1991 y el aumento de la escala necesaria para la reproducción y crecimiento de la explotación. Esta combinación dio lugar a una situación en la que la rentabilidad obtenida no permitía absorber los graves problemas de endeudamiento en los que habían caído una amplia franja de productores.

Aunque el proceso de desaparición de pequeñas explotaciones comienza en la década del sesenta, la concentración de la estructura agraria se intensifica en las tres últimas décadas. Afirman Azcuy Ameghino y Fernández (2008): "el modelo económico instalado en 1991 estimuló un cambio cualitativo en la producción agrícola atizando la tendencia a la concentración del capital agrario, que, con algunos matices, se continúa hasta la actualidad" (2008, p. 2).

Como se advierte en el Gráfico 1, en la provincia de Entre Ríos se repite esa dinámica.

Grafico 1: Evolución del número de Explotación Agropecuaria (EAP) (eje derecho) y de las hectáreas promedio por EAP (eje izquierdo). Entre Ríos. 1914-2008

Fuente: Elaboración propia en base a Censos Nacionales 1914-1947 y los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) 1950, 1969, 1988, 2002 y 2008.

Las principales motivaciones de los productores para ceder tierras son la frágil situación financiera y la imposibilidad de ampliar la escala de superficie mínima para lograr que la explotación sea rentable, aunque no son los únicos factores. Entre otros factores se incluyen los altos precios de los arrendamientos que dificultan la posibilidad de ampliar la producción y empujan a muchas familias a optar por rentar el predio, ya que los ingresos por arrendar suelen ser mayores a los que obtienen manteniéndose en la producción y el riesgo es mínimo. En el mismo sentido, la baja capacidad de innovación tecnológica es otra variable que conduce a la cesión de tierras. Las dificultades para adaptarse a los condicionamientos del modelo tecnológico afectaron a muchos productores, sobre todo los poco capitalizados. Sumado a estos factores existen otros extraeconómicos como la avanzada edad de los productores y la falta de recambio generacional.

En el caso entrerriano los aumentos en las escalas productivas y la ampliación de la frontera agropecuaria, así como la proliferación del trabajo extrapredial, la tercerización de las tareas y el éxodo rural tuvieron un notable impacto en la estructura social agraria que se vio transformada y complejizada en las últimas décadas. Con el triunfo de la lógica de agronegocios -que privilegia las grandes cadenas de valor- aparecen nuevos actores sociales y productivos en el agro entrerriano como es el caso de los pooles de siembra.

Esta transformación del mundo agrario tuvo su correlato en la aparición de una nueva institucionalidad rural que se configura a partir de los años noventa. Al respecto afirma Lattuada (2006):

La profundidad de las transformaciones en el sector agropecuario argentino y en su estructura social durante la década de 1990 tendría una expresión en el sistema asociativo y de representación de intereses que […] abarcó desde sus organizaciones económicas hasta las de carácter reivindicativo (2006, p. 139).

Para este autor tanto las asociaciones no reivindicativas económicas (las cooperativas) como las asociaciones reivindicativas agrarias tradicionales2 (Federación Agraria Argentina -FAA-, Sociedad Rural Argentina -SRA-, Confederaciones Rurales Argentinas -CRA- y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada -CONINAGRO-) muestran profundos procesos de transformación institucional como consecuencia de los cambios operados en las condiciones políticas, económicas y sociales donde deben desempeñar su actividad.

2. El asociativismo en el agro

Es pertinente en este caso utilizar la periodización propuesta por Lattuada (2006) para analizar las diferentes etapas de la acción colectiva en el ámbito rural, de acuerdo al régimen social de acumulación (RSA) imperante3 .

La primera aparición del cooperativismo en el medio rural se produce el año 1898 en Pigüe, localidad al sur de la provincia de Buenos Aires, cuando por iniciativa    de un grupo de colonos franceses se funda la cooperativa El Proyecto Agrícola para cubrir los riesgos del granizo (Vargas  Sánchez, 1997). Dos años más tarde  se funda en Entre Ríos La Agrícola Israelita, luego denominada Sociedad Agrícola Lucienville, en la colonia judía asentada en Basavilbaso, que junto con la de Pigüe fueron pioneras de las cooperativas de primer grado4 . Gestadas durante el régimen RSA agroexportador a fines de siglo XIX, cumplían como principal función proteger a los asociados de los cambios en el ciclo económico ante las crisis coyunturales.

La Federación Agraria Argentina surge en 1912 como consecuencia del Grito de Alcorta. El resultado más duradero de ese conflicto fue la conformación de este organismo que se consolidó como representante de los pequeños y medianos propietarios y arrendatarios que se dedicaban a producciones mixtas (agrícolas y ganaderas). La novedad de la Federación Agraria no fue su carácter de representante gremial de un colectivo rural -la Sociedad Rural Argentina ya había sido fundada en 1866- sino su posición contestataria y reivindicativa.

Marcado por el Grito de Alcorta, el movimiento cooperativo fue en aumento desde 1912. Se comenzaron a instituir federaciones de cooperativas agrarias. La primera de ellas surge en Entre Ríos en 1913 cuando se establece la cooperativa de segundo grado o cooperativa de cooperativas, como se las llamó inicialmente, la Confederación Entrerriana de Cooperativas, refundada en 1930 con el actual nombre de Federación Entrerriana de Cooperativas.

El agro de Argentina y Entre Ríos en particular no quedaron exentos de los efectos de la crisis económica global consumada a partir del crack de octubre de 1929: caída de precios de los productos agrícolas, disminución de las exportaciones, escasez de divisas (que acentuó aún más el déficit de la balanza de pagos) y quiebras consecuentes de muchas explotaciones y productores endeudados, fueron algunas de sus consecuencias.

Desde fines de los años treinta, luego de varias décadas de expansión casi ininterrumpida, la agricultura pampeana entró en una etapa de retracción -el llamado "estancamiento"- de la que recién saldría tímidamente durante los años sesenta. Esta retracción agrícola fue acompañada de un incremento de la actividad ganadera, actividad predominante en Entre Ríos durante casi todo el siglo XX. Además este período estuvo marcado por una fuerte intervención estatal en el agro y por el comienzo de una esencial transformación en la forma de tenencia del suelo: del predominio de las unidades productivas en arriendo o en aparcería se pasó al de las explotaciones en propiedad.

La evolución del movimiento cooperativo se reconfigura con un carácter más sindicalista/gremial durante el RSA sustitutivo de importaciones industriales. Durante el periodo sustitutivo -que se extendería hasta mediados de la década del setenta- el cooperativismo alcanzo su máxima expansión con el apoyo del gobierno durante el decenio del primer peronismo (1946-1955).

Dos nuevas entidades de tercer grado surgen durante esta etapa. En 1942 se constituyen las Confederaciones Rurales Argentinas, integradas por federaciones regionales y sociedades rurales locales que asociaban a propietarios de explotaciones de tamaño mediano y grande. Mientras que en 1956 surge CONINAGRO que representaba los intereses del cooperativismo agropecuario argentino, y en última instancia a pequeños y medianos agricultores.

Estas dos entidades rurales más la Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria Argentina van a ser las más relevantes interlocutoras con el Estado a lo largo de casi todo el siglo XX en lo relativo a la implementación de políticas públicas, situación que se modificaría en los noventa.

Durante el RSA sustitutivo se terminó de configurar una estructura segmentaria de representación de los actores rurales argentinos (Lattuada, 2006). La heterogeneidad de la estructura agraria se vio reflejada en la heterogeneidad de la representación, determinando diferentes estrategias de interacción con el Estado. Además de esta fragmentación en la representación del sector, Lattuada menciona como rasgos principales del asociativismo gremial del periodo sustitutivo: la diferenciación de posiciones respecto al rol del Estado en la apropiación y distribución de la renta agraria, sobre todo en lo referido a los precios percibidos por el productor, la financiación de los mismos y la política impositiva; la intensa actividad de integración en frentes sectoriales y multisectoriales enfrentados; y la no delegación de los intereses representados en un sistema político caracterizado por las alternancias de regímenes autoritarios y democráticos.

Puede decirse que hasta mediados de la década del setenta, con el comienzo del RSA de apertura económica y desregulación, se asoció el concepto de asociativismo rural al de cooperativismo. A partir de esa década comienza el proceso de transición de una forma de organización compatible con una racionalidad fundada en los valores del cooperativismo clásico (autoayuda, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social) hacia otra forma de organización estructurada por una racionalidad de la gestión empresarial, donde "prevalecen criterios de rentabilidad económica". Esta transformación de las asociaciones no reivindicativas en cuasi-empresas privadas es el resultado de la adecuación de dichas organizaciones institucionales al nuevo régimen de acumulación financiero.

La crisis del movimiento cooperativo no solo es de tipo económico, sino que también puede ser identificada con la mayor complejidad institucional alcanzada por las cooperativas y con el desequilibrio generado entre objetivos empresariales  y solidarios, dando lugar a procesos de erosión del capital social basado en la confianza, en las relaciones de reciprocidad y la cooperación. En todo caso, la crisis es vista como un proceso de transformación interna que va a modificar de manera irreversible la vinculación de las cooperativas con su entorno (Lombardo y Tort, 2007).

Las asociaciones reivindicativas muestran -al igual que las cooperativas- profundas transformaciones institucionales como consecuencia de los cambios operados en las condiciones que definen el RSA donde deben desempeñar su actividad. Según Lattuada (2006), dichas transformaciones se exteriorizan en la reducción del número de asociados, en una menor participación de los productores en las actividades de su organización, en el creciente cuestionamiento de la representatividad de sus dirigentes, la asunción de nuevos roles por la institución y la desaparición de las fuentes históricas de financiamiento. Estos elementos afectaron la capacidad  de acción institucional y la representatividad territorial, la perdida de los recursos estratégicos de poder, la disminución de su influencia en el proceso de toma de decisiones de las políticas públicas, y el surgimiento de un pluralismo de nuevas asociaciones que buscaban competir por la representación de los actores rurales.

En este sentido, y en línea con el escenario planteado a partir de la década del noventa, se han formulado en Argentina propuestas de desarrollo rural para combatir la pobreza basadas en la articulación de enfoques territoriales e institucionales, en un contexto de retracción del Estado y las políticas sectoriales. Estas propuestas han impregnado en buena medida las visiones de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a partir de las cuales se establecen las condiciones para financiar los programas de desarrollo rural tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica (Lattuada, 2011).

Coraggio (2013) afirma que el nexo entre la economía social y solidaria y las políticas públicas en las últimas décadas en el sector rural se observa específicamente en dos programas: el Pro-Huerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Programa Social Agropecuario (PSA) del Ministerio de Agricultura. Ambos programas fomentaron la organización autogestionada de la pequeña agricultura familiar, especialmente huertos familiares o comunitarios con sentido social. El  PSA se discontinuó en el 2013 y fue reemplazado por el Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER), mientras que el Pro-Huerta sigue vigente.

En este contexto surge la importancia de visualizar las prácticas de la agricultura familiar. Generalmente dentro de los estudios agrarios se sobreentiende la existencia de un claro nexo entre agricultura familiar y prácticas asociativas, en particular con la participación de las cooperativas agrícolas dentro del sector rural. Dicha asociación nunca se ha puesto en tela de juicio, quizás porque es muy difícil de mensurar estadísticamente o se posee información fragmentada. A pesar de esto, diversos autores afirman, por ejemplo, que "las explotaciones familiares de  los pequeños y medianos productores […] constituyen la base social mayoritaria  de las sociedades cooperativas argentinas" (Vargas Sánchez, 1997, p. 203). En este trabajo nos plantearemos si sigue siendo válido plantear que las prácticas asociativas son llevadas a cabo mayoritariamente por familias productoras agrarias. Para esto caracterizaremos qué entendemos por familias productoras agrarias y el tipo de asociatividad que tienen (si es que la tienen) de acuerdo a su Explotación Agropecuaria (EAP).

3. Familias productoras agrarias: una caracterización

Las familias productoras agrarias pueden distinguirse a partir de una serie de rasgos que la diferencian de otras formas sociales de producción (Friedmann, 1980). El carácter familiar de la organización del trabajo distingue a la familia productora agraria de las explotaciones de tipo empresarial. En el extremo opuesto se observa que, aunque esta forma de organización basada en el trabajo familiar asemeja a  las familias productoras con formas de producción campesinas, las primeras, a diferencia de las campesinas, presentan cierta acumulación de capital y se insertan en diversas relaciones con los mercados de trabajo, tierras, insumos e incluso financiero. Su producción, lejos de motivarse en la auto-subsistencia es orientada hacia el mercado (Pardías, 2013).

En el esfuerzo por diferenciar a este tipo de unidad productiva, es menester reflexionar acerca de la forma de nombrar y referirnos a los actores involucrados  en la agricultura familiar. Así, durante mucho tiempo fue utilizada la denominación de "pequeño productor" o "pequeña producción", como una noción con menor carga política e ideológica que "campesino", "terrateniente" o "chacarero". Balsa (2009) afirma que la principal dificultad de la noción "pequeño productor" es que hace referencia al tamaño de la unidad productiva, lo cual la vuelve imprecisa y exige aclaraciones sobre la región y el país donde se ubica ese pequeño productor, pues lo que es pequeño en una región puede ser inmenso en otra. Además, cuando se identifica a las personas que llevan adelante la actividad como "productores", se da a la caracterización un sesgo masculino e individual. Al hacer referencia a la familia y no solo al "productor" se incluye a miembros de ambos géneros y a más de una persona. Es por esto que se propone hablar de "familias productoras" en vez de "productores familiares" (Balsa y López Castro, 2011).

Otra característica distintiva de las familias productoras agrarias es que, dentro de las explotaciones, la familia conforma un equipo de trabajo en el que los diferentes miembros asumen distintas funciones y tareas (Galeski, 1977). Cabe aclarar que esto no implica que todos los miembros de la familia deban estar necesariamente involucrados en el funcionamiento de la explotación, sino que, al menos un grupo de los integrantes de la familia (ampliada) lo esté. Este "equipo de trabajo" puede ser integrado por familiares que no necesariamente comparten vivienda (Balsa, 2009). Además, esta forma de organización encuentra la ventaja productiva propia de la conjunción entre trabajos manuales o físicos e intelectuales de planificación y toma de decisiones en una misma figura (Cloquell, 2007). A su vez, esta no excluye la posibilidad de asesoramiento técnico o profesional y mantiene en manos de la familia la toma de decisiones, disminuyendo los costos y tiempos de coordinación y comunicación (Balsa y López Castro, 2011).

Existen otros elementos que pueden ser usados como distintivos de las explotaciones en tanto familiares y que no serán abordados en el presente trabajo. Quizás el más estudiado, sobre todo por la sociología rural es la existencia de una racionalidad particular, tanto en el sentido marginalista chayanoviano (Chayanov, 1974/1985) como en el sustantivo weberiano (Weber, 1922/1979).

Se considera para este trabajo que cualquier forma jurídica diferente de persona física, sociedad de hecho, sociedad accidental o sociedad responsabilidad limitada (formas jurídicas que adoptan habitualmente los agricultores familiares al momento de asociarse con algún vecino o pariente para emprender actividades conjuntas), es un indicador suficiente para no ser considerada como familia productora. La última variable discriminante remite a la gestión. La gestión indirecta de la unidad de producción (a través de algún administrador) es un fuerte indicador de la ausencia de la familia en las decisiones relacionadas con la marcha de la explotación.

Luego de esta caracterización de lo que llamamos familia productora, debemos buscar la manera de identificarla en el sector estudiado. La construcción de una tipología de los actores que pueblan el campo entrerriano usando como fuente el censo agropecuario presenta una serie de dificultades. Por ejemplo, en los formularios censales no se pregunta acerca de las actividades del productor. Se presume que trabaja, pero no se sabe qué actividades realiza, ni cuánto tiempo dedica al trabajo físico en la explotación. De este modo resulta muy difícil caracterizar la organización social del trabajo de muchas pequeñas y medianas unidades, en las que hay un productor y un asalariado permanente, pues no sabemos si el trabajo físico recae sólo en este último, o si lo comparten entre ambos. Tampoco se pregunta sobre cuestiones monetarias, y menos aún sobre las formas de calcular los costos de producción, o la vinculación de la mujer con la dinámica de la explotación, cuestión no menor a la hora de tomar muchas de las decisiones claves para la evolución de la unidad familiar.

Es también difícil distinguir si la explotación recibe trabajo familiar, porque en los formularios solo se especifica esa relación cuando el trabajo es permanente, no haciendo preguntas al respecto si el trabajo familiar es temporario o esporádico, lo que suele ser común ya que muchos hijos en edad productiva residen en centros urbanos y acuden a la explotación ocasionalmente para "dar una mano". Dadas estas dificultades el criterio de corte elegido en este trabajo en cuanto al carácter familiar de la explotación es amplio, considerando a las explotaciones donde solo este censado el productor y hasta un trabajador permanente -no familiar- como familiares.

Con respecto al uso de mano de obra extrafamiliar son Neiman, Bardomás y Quaranta (2003) quienes llaman la atención sobre aquellas explotaciones que contratan hasta un trabajador asalariado permanente y que no pierden por este motivo sus características tradicionales por lo que deben seguir siendo denominadas dentro de la categoría de familias productoras. A menudo, el trabajo asalariado permanente se incluye en las estrategias de las familias; en muchos casos, de un modo peculiar que no permite una equiparación completa con la asalarización en  el contexto de una empresa capitalista. Se lo integra más como "ayuda" que como base de funcionamiento de la explotación o se comienza a remunerar regularmente el trabajo de miembros de la familia. Además, en los casos que la familia no reside en el predio, ese trabajador permanente cumple la función de "casero" o "cuidador" del establecimiento y puede o no estar acompañado de su propia familia.

Es una práctica usual y secular la contratación de asalariados transitorios especialmente durante la cosecha aunque su uso ha disminuido drásticamente en el caso entrerriano producto de la mecanización de las tareas agrícolas. Sin embargo, sigue siendo relevante en el caso de las explotaciones frutícolas. Para este trabajo no se estima que la contratación de mano de obra transitoria impugne el carácter familiar de la explotación.

Por último, la conceptualización de la organización social de la producción se complejiza aún más con la expansión de la contratación de servicios de terceros. Para Tort (1983) el contratismo ha facilitado la continuidad de productores agropecuarios pequeños, en relación al nivel tecnológico vigente, no sólo porque parte de ellos realizan sus tareas a través del uso de servicios mecanizados contratados, sino porque otra parte importante de ellos se dedica precisamente a vender tales servicios.

Esta tendencia a contratar ciertas labores, como la fumigación y la cosecha, permite cuestionar la caracterización de los productores como familiares. En los últimos años muchas explotaciones han quedado con un parque de maquinarias obsoleto y deben contratar todos los servicios. ¿Es posible seguir hablando de familias productoras  si para las labores físicas se recurre plenamente al contratismo de servicios? Sí, siempre y cuando la familia siga siendo la que tome las decisiones, tenga a su cargo la gestión del patrimonio y supervise las operaciones cotidianas llevadas a cabo en la explotación.

Por lo antedicho se hace evidente que, entre las explotaciones estrictamente familiares, que no contratan asalariados, y las unidades típicamente capitalistas con varios empleados, se abre un espacio intermedio, una zona gris de compleja conceptualización y que requiere de un estudio detenido en cada caso particular.

4. Cuestiones metodológicas

Este trabajo se realiza con un enfoque exploratorio y descriptivo a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002. Presenta por lo tanto las limitaciones propias de este tipo de aproximación al objeto de estudio que bien podrían ser sorteadas a través de estudios de campo en profundidad.

Es necesario aclarar que debido a los problemas de relevamiento y las falencias metodológicas del CNA 2008, los resultados de dicho operativo no se utilizaron para analizar el fenómeno asociativista.

La principal unidad de análisis de los CNA son las explotaciones agropecuarias (EAP) que constituyen la unidad de organización de la producción, con una superficie no menor a 500 m2 dentro de los límites de una misma provincia que, independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la integren: 1) produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado; 2) tiene una dirección que asume la gestión y los riesgos de la actividad (el productor); 3) utiliza los mismos medios de producción de uso durable y parte de la misma mano de obra en todas las parcelas que la integran. También se consideraron EAP sin límites definidos en situaciones especiales. El productor agropecuario es la persona física o jurídica que en calidad de propietario, arrendatario, aparcero, contratista accidental u ocupante, ejerce el control técnico y económico de la EAP.

El objetivo de la inclusión del punto referido a Asociativismo en los formularios de los CNA es conocer si el productor está asociado a alguna de las instituciones del sector, o aquellas asociaciones que el productor haya establecido en forma directa con otros productores, durante el período de referencia. Las categorías presentadas a continuación no son excluyentes, pues es posible la participación en más de un tipo de asociación y/o vínculo.

Las categorías establecidas por el INDEC (Instituro Nacional de Estadísticas y Censos) al referirse a asociativismo son:

Cooperativas: Son asociaciones fundadas con el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Se constituyen por instrumento público o privado y se inscriben en la Secretaria de Acción Cooperativa y Mutuales (INACYM). Las cooperativas tienen un capital que se forma con el aporte de los socios, el ingreso es ilimitado y cada asociado tiene derecho a un voto.

Gremiales: Se refiere a entidades (asociaciones, federaciones, etc.) que se dedican al fomento y desarrollo de las actividades de los productores agropecuarios y a la representación de los intereses de los mismos. Algunos ejemplos son: Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, etc.

Cambio Rural: Es un tipo de asociación con funcionamiento a nivel nacional, bajo responsabilidad de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA). Sus órganos ejecutores son el INTAy los gobiernos provinciales. Está destinada a explotaciones pequeñas y medianas. Brinda asesoramiento y capacitación técnica y tecnológica a los productores.

CREA: El Consorcio Regional de Experimentación (CREA) es una entidad privada que cuenta con representación y convenios con diferentes entes oficiales. Brinda subsidios, asesoramiento y financiamiento a los productores.

Programa Social Agropecuario (PSA): Es un tipo de asociación destinada a pequeños productores minifundistas. Su institución responsable es la SAGPyA. Sus órganos ejecutores son la SAGPyA, el INTA, Gobiernos Provinciales, Municipios, Universidades, ONG y organizaciones de productores. El PSA opera en todo el país excepto en Tierra del Fuego y Santa Cruz. Brinda capacitación y otorga créditos.

Otras asociaciones entre productores, incluye todo tipo de asociación, ya sea para:

- Adquisición de bienes y/o insumos: por ejemplo para la compra de semillas, agroquímicos, maquinaria, etc.

- Comercialización de producción: se trata de asociaciones entre productores para obtener mejores condiciones en la comercialización de sus productos.

- Capacitación: asociaciones cuyo objetivo es el intercambio de conocimientos de técnicas empleables para la producción o gestión de la EAP.

- Uso de instalaciones y/o maquinaria: cuando se trate de acuerdos entre productores para compartir el uso de instalaciones y maquinaria (incluyendo equipos).

- Otras: en aquellos casos en que se asocia con otros productores para otra finalidad debe especificar para cual, en el espacio reservado para observaciones.

Para identificar a las familias productoras en el universo de productores agropecuarios de la provincia de Entre Ríos, se tomaron las siguientes variables: la forma jurídica, el tipo de trabajo y la gestión de propiedad (ver Cuadro 1)

Cuadro 1. Criterios para diferenciar las familias productoras del total de productores.

Fuente: Elaboración propia.

Los tabulados y análisis cruzados de variables fueron realizados con el programa estadístico SPSS Versión 21.

5. Resultados
5.1. Identificando las familias productoras agrarias

Luego de utilizar como filtros el tipo de mano de obra, la forma jurídica y la gestión de la explotación se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 2. Formas sociales de producción. Entre Ríos, Argentina. 2002

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002.

Como se observa en el Cuadro 2 las Familias productoras agrarias son numéricamente mayoría dentro de la estructura agraria entrerriana, representando alrededor de tres de cada cuatro explotaciones según datos del CNA 2002. Según esa fuente también se puede destacar que las familias productoras utilizan más de un tercio de la superficie censada. Aún cuando la tendencia es hacia una gradual pero marcada disminución numérica, las familias productoras continúan representando una importante proporción del total de sujetos agrarios, siendo "un factor decisivo en el mantenimiento de formas de vida rural modernizada, pero con presencia local" (Barsky y Gelman, 2008, p. 102). Según esos mismos datos, 11.439 de las 16.644 EAPs definidas como familiares no poseen trabajadores familiares permanentes, desconociéndose -como ya fue aclarado- si presentan trabajo familiar temporario. Este dato tensa el concepto propuesto de familia productora. La producción unipersonal pueda ser considerada, al igual que en el caso de las explotaciones familiares, como una forma de producción mercantil simple, compartiendo una lógica de reproducción similar.

Para un mejor análisis del perfil productivo, es prioritario escindir al tipo familia productora agraria en dos subtipos diferenciados por el uso productivo que le dan al suelo. Estos subtipos son la familia productora agrícola y la familia productora pecuaria. Las familias productoras agrícolas son aquellas en cuyas explotaciones la superficie total implantada supera a la superficie dedicada a la ganadería. En cambio, las familias productoras pecuarias son las explotaciones preponderantemente ganaderas en donde la superficie dedicada a esta actividad supera a la dedicada a la producción vegetal.

Cuadro 3. Familias Productoras Agrarias. Entre Ríos, Argentina. 2002.

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002.

Según el Cuadro 3 se puede visualizar que casi 8 de cada 10 familias productoras se dedica principalmente a la actividad pecuaria. Cabe aclarar que Entre Ríos es una provincia con una historia marcada por la ganadería extensiva. Esto se ve reflejado en la proporción a favor de las familias que se dedican total o mayoritariamente a la producción animal.

5.2. Asociativismo y cooperativismo

En este apartado se exploraran las acciones de asociativismo que eligen las explotaciones agropecuarias en el CNA 2002 para luego analizar lo que acontece con las familias productoras agrarias en ese aspecto.

En el Cuadro 4 se observan las opciones asociativas seleccionadas por las EAP. Una aclaración con respecto a estas opciones es que el total de modos asociativos seleccionados es superior al número de EAP5 que emplean algún tipo de modalidad asociativa ya que la pregunta en el cuestionario admite múltiple respuesta por lo que, por ejemplo, una explotación agropecuaria puede seleccionar una asociación gremial y a la vez pertenecer a Cambio Rural.

Cuadro 4. Tipo de Asociativismo seleccionado por las EAP. Entre Ríos, Argentina. 2002

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002.

Las 3.880 EAP que practicaron algún tipo de asociativismo representan el 17,9% del total de EAP censadas en CNA 2002 mientras que un 10,7% realizó más de una práctica asociativa en el 2002.

Respecto a las múltiples opciones seleccionadas se puede observar una participación mayoritaria de la opción cooperativa (65%) por sobre las otras opciones. Este resultado está en línea con múltiples autores que recorren la historia del cooperativismo y destacan su importancia en el sector rural. Sumado a esto la provincia de Entre Ríos tiene una rica historia en la formación de cooperativas en todos sus grados.

Solo el 11,4% de las EAP que se asocian de alguna forma pertenecen a una organización reivindicativa tradicional (gremial). Estas EAP representan apenas el 2,3% de la estructura social agraria entrerriana.

Al analizar la localización por Departamento de las explotaciones asociativas -entendidas estas como aquellas que seleccionaron algún tipo de asociativismo en la pregunta correspondiente en el formulario censal-, se observa que el 48% se ubican en los Departamentos Paraná, Nogoyá y Diamante. Los datos desagregados pueden observarse en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Departamentos con mayor presencia de asociativismo. Entre Ríos, Argentina. 2002.

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002.

Los Departamentos donde se registra mayor cantidad de prácticas asociativas presentan una importante fragmentación de la tierra. El carácter minifundista de   los Departamentos Paraná, Diamante y parte de Nogoyá deriva mayormente de la instalación durante el RSA agroexportador de colonias agrícolas. En esa región sobre la costa del río Paraná se localizaron colonias de alemanes del Volga donde inicialmente cada familia recibió parcelas no mayores a las 150 hectáreas (Craviotti y Pardías, 2014). Por otro lado, se registra en estos territorios un fuerte cambio en el modelo productivo hacia el cultivo de soja, en detrimento de la ganadería y la lechería. En dichos Departamentos han tenido una fuerte presencia dos cooperativas: La Agrícola Regional y la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Diamante, absorbida por la primera en 2016.

Las Sociedades Rurales tienen en algunos Departamentos casi la exclusividad de la representación gremial. Dichas asociaciones reivindicativas suelen ser integradas mayormente por productores que se autodefinen como ganaderos, aunque muchos realicen producción mixta. Integran a nivel provincial la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y a nivel nacional las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En Entre Ríos son principalmente fuertes las Sociedades Rurales- además de la Sociedad Rural de Paraná- de Victoria y la de Gualeguay, ubicadas en Departamentos con una fuerte impronta ganadera, reconvertidas parcialmente en las últimas décadas de expansión sojera. En el conflicto por la Resolución 125 (2008), fue clave la articulación de la FARER con la filial Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, ya que esta última no poseía la suficiente inserción territorial al no poseer representatividad en varios Departamentos de la provincia en donde las sociedades rurales tenían la exclusividad de la institucionalidad del sector.

Se abre una incógnita a ser analizada en futuros trabajos con el caso del Departamento Islas, que presenta un alto grado de asociativismo (38%). Las Islas del Ibicuy son un espacio marginal por sus condiciones agronómicas, en donde los escasos productores presentes se dedican más que nada a la ganadería. En el año 1982 soportó una gran creciente del río Paraná que tardó 18 meses en retirarse y fue un quiebre en el entramado social y productivo de la zona. Tuvo efectos devastadores en la estructura productiva y provocó que dos tercios de la población emigrara para no volver. La cantidad de cabezas de ganado ha ido en aumento en las últimas  dos décadas -a pesar de que la inundación del 2007 produjo un éxodo casi total de vacunos de las islas- a partir de la expansión de la frontera agrícola en tierras más altas y productivas, lo que ha generado un desplazamiento de la actividad ganadera hacia las islas del delta y el norte de la provincia.

Al cruzar las categorías familia productora agraria y EAP no familiar con las prácticas asociativas seleccionadas para el CNA 2002, se obtienen los siguientes resultados.

Cuadro 6. Familia Productora Agraria y EAP no familiar según practica asociativa. Entre Ríos, Argentina. 2002


Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2002.

De las 3.880 EAP que realizaron asociativismo en el 2002, 2.6576 eran familias productoras agropecuarias, representando un 68,5% del total.

Esas 2.657 familias productoras que practicaron el asociativismo representan solo el 16% del total de EAP familiares. Mientras que un 25% de las EAP no familiares tenían alguna forma de asociativismo en el 2002, llamativamente un porcentaje mucho mayor que las EAP familiares. Estos resultados ponen en cuestión el vínculo entre agricultura familiar y asociativismo.

Las EAP no familiares tienen una mayor tendencia a ser parte de asociaciones gremiales tradicionales (6,7%) que las familias (1%), evidenciando el carácter empresarial de este tipo de organización. Las EAP no familiares van a ser también inmensa mayoría dentro de CREA. Los CREA suelen estar formados por productores que poseen el grado de capitalización suficiente para incorporar tecnología a la producción. En el polo opuesto encontramos a los que productores que adherían al PSA, que en su mayoría eran familiares.

6. Comentarios finales

Este trabajo exploratorio busca empezar a desentramar los diferentes rasgos estructurales de las EAP que realizan algún tipo de asociativismo en Entre Ríos y permiten a futuro focalizar ciertas características en estudios de campo más profundos y con un grado de mayor complejidad.

Dentro de los resultamos observamos que las familias productoras agrarias representaban aproximadamente el 77% de las EAP censadas en 2002, ocupando una tercera parte del espacio rural entrerriano.

Sumado a esto, casi un 80% de las familias productoras agrarias se dedicaban principalmente a actividades pecuarias en el año 2002. Este dato está en línea con la larga tradición de ganadería extensiva en la provincia. Lamentablemente por la cautela que exigen los datos procedentes del CNA 2008, no puede confirmarse -utilizando el instrumento censal- la reconversión productiva desde actividades ganaderas a actividades agrícolas en paralelo con la expansión de la frontera agropecuaria ligada principalmente al cultivo de soja.

El 17,9% de las EAP declararon practicar asociativismo en el CNA 2002, y un 10,7% realizo más de una práctica asociativa. Siendo la cooperativa (65) la práctica más relevante. El 68,5% de las EAP que realizaron prácticas asociativas en el 2002 eran familias productoras agrarias.

Las familias productoras agrarias asociativas representaron solo el 16% del total  de las explotaciones familiares en contraste con el 25% que representaron las EAP no familiares asociativas. Se puede afirmar que para las familias productoras el asociarse no es una elección recurrente como estrategia ante las crisis que afectan su subsistencia, poniéndose en cuestión la fuerte relación entre agricultura familiar y prácticas asociativas.

Solo el 2% de las EAP pertenecían a una organización del tipo reivindicativa (gremial) en el 2002. Esta baja institucionalización política del agro entrerriano no menoscabó el altísimo grado de movilización que tuvo esa provincia en el conflicto por la Resolución 125 en 2008.

En resumen, se puede afirmar que en Entre Ríos se replica la tendencia que impera en el resto del país a partir de la década del noventa, en donde los mecanismos tradicionales de representación y mediación de intereses, llevados adelante por las asociaciones gremiales de carácter reivindicativo, no han logrado dar una respuesta adecuada a los problemas que enfrentan las familias productoras con el nuevo régimen de acumulación y que amenazan su persistencia en el campo. A su vez, la deriva empresarial que han seguido las cooperativas las ha alejado de sus bases pretéritas y los intereses de las cooperativas difieren de los de sus asociados. Un efecto de estos procesos es la baja participación de las familias productoras en ambas formas asociativas.

Notas

1. Este trabajo forma parte del PID UNER N° 4.056 denominado Expansión del modelo de agronegocios en el Mercosur en los últimos veinte años: reprivatización, impactos y políticas públicas, financiado por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Una versión preliminar fue presentada en las X Jornadas de Investigadores en Economías Regionales, Rosario, Argetina, 2016.

2. Lattuada (2006) recoge los dos tipos ideales (y un subtipo), en el sentido weberiano, propuestos por Moyano Estrada (2002) para clasificar las organizaciones agrarias: las organizaciones reivindicativas y las no reivindicativas, que incluyen el subtipo económico.

3. Régimen social de acumulación refiere a "un contexto en el que operan y toman sus decisiones los agentes económicos, que se caracteriza por un complejo entramado de instituciones y prácticas sociales que inciden en las decisiones de inversión y en el proceso de acumulación de capital en el plano macroeconómico" (Nun, 1987, p.88).

4. Las cooperativas suelen distinguirse por grados: las de primer grado (sus socios son personas físicas o jurídicas); las de segundo grado (sus socios son cooperativas de primer grado); las de tercer grado (formadas por cooperativas de segundo grado) y así sucesivamente.

5. Lo cual no es excluyente sino aditivo, por lo que el total no necesariamente debería leerse como el agregado directo y excluyente entre categorías.

6. Se eliminaron las respuestas múltiples.

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