1. Introducción

El presente trabajo aborda el problema de las desigualdades de género en la esfera laboral -tema central planteado por la Economía Feminista en su crítica a la teoría económica ortodoxa- y su manifestación en contextos de alta vulnerabilidad social. Dos ejes se entrecruzan en el análisis: i) las brechas de género, en términos de la participación en el mundo del trabajo y el acceso a ingresos propios y beneficios asociados y ii) las desiguales oportunidades de acceso a condiciones de vida dignas y al trabajo decente entre distintos sectores sociales.

Ambas cuestiones son fundamentales en la planificación de políticas orientadas al desarrollo sostenible de un país o una ciudad, por lo que se les ha dado un lugar prioritario entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: ODS 1 “fin de la pobreza” y ODS 5 “igualdad de género”. Como señala ^{D’Alessandro (2016}), es innegable que existe una interrelación entre ambos objetivos por lo que ameritan ser analizados en forma conjunta.

La pobreza se vincula estrechamente con la inserción laboral, ya que el acceso a puestos precarios y de baja remuneración implica una desprotección frente a los diversos riesgos sociales e impide el mejoramiento de las condiciones de vida. El trabajo representa un factor clave en la determinación de la vulnerabilidad social, entendida como la exposición y capacidad de respuesta de los hogares ante distintos tipos de shocks y que, según ^{Katzman (2000}), “se presenta como resultado de un desfasaje o asincronía entre los requerimientos de acceso de las estructuras de oportunidades que brindan el mercado, el Estado y la sociedad y los activos de los hogares que permitirían aprovechar tales oportunidades” (p. 278).

Si se introduce una perspectiva de género en el análisis de los contextos vulnerables, se visualizan nuevas desigualdades en un sub-mercado de trabajo más acotado y precario, vinculadas a la desigual división de las tareas de cuidado. Usualmente son las mujeres quienes se hacen cargo del trabajo doméstico no remunerado, desempeñando las actividades de cuidado para todos los miembros del hogar o repartiéndolas de manera inequitativa con los mismos. Según la literatura especializada, existe el presupuesto de que “la capacidad biológica exclusiva de las mujeres de parir y amamantar las dota de capacidades superiores frente a los varones” para realizar este tipo de trabajos (^{Marzonetto y Rodríguez Enríquez, 2017}, p. 48). Tal aspecto no es más que una construcción social que engloba al género femenino en su conjunto y no sólo a aquellas personas que son madres y/o jefas de hogar.

En los casos en que la mujer trabaja fuera de su hogar, por lo general reparte el uso de su tiempo entre la actividad laboral y la de cuidado, con frecuencia aceptando trabajos con menor carga horaria. La contratación de servicios de cuidado raramente es una alternativa viable en contextos desfavorecidos y en ausencia de políticas públicas adecuadas, lo cual repercute en el bienestar de todos los miembros de la familia (^{PNUD, 2016}). De hecho, ^{Scavino Solari (2017}) señala que en contextos de vulnerabilidad socioeconómica el apoyo de la red familiar suele ser clave, conformándose cadenas femeninas de cuidados que involucran a varias generaciones de mujeres. A esta “doble jornada” laboral puede sumarse, según ^{Goren, Trajtemberg y Diaz (2011}), una tercera dedicada a la atención comunitaria. Por otro lado, los puestos de trabajo disponibles para las mujeres en estos sectores suelen vincularse a los servicios domésticos y ofrecen una baja retribución salarial, con escaso acceso a las prestaciones sociales que brinda la formalidad. Así, se generan círculos viciosos que acentúan el fenómeno conocido como "feminización de la pobreza".

En otros contextos socioeconómicos, aunque las desigualdades de género también se manifiestan, las mujeres cuentan con más incentivos, opciones y autonomía para desarrollar sus trayectorias educativas y laborales, en las que la maternidad y las tareas de cuidado no representan condicionantes tan fuertes. De hecho, gran parte de los trabajos de cuidado son tercerizados y quedan a cargo de otras mujeres con menores calificaciones (^{D’Alessandro, 2016}; ^{Scavino Solari, 2017}; ^{MTEySS [Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social], 2018}).

En este marco, el objetivo general de la investigación es indagar en cómo se manifiestan e interactúan los mencionados ejes (vulnerabilidad social y brechas de género en el trabajo) en algunos barrios periféricos de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. En este sentido el análisis resulta innovador, ya que los antecedentes disponibles se enfocan en grandes aglomerados como el Área Metropolitana de Buenos Aires, y es de interés conocer si las tendencias generales se replican en las ciudades intermedias del país. Bahía Blanca, y los demás aglomerados de tamaño similar, con una población de 350 a 650 mil habitantes, contienen aproximadamente al 16% de la población total del país, por lo que su estudio resulta relevante². Al igual que otras zonas urbanas (^{Castagna, Raposo y Woelflin, 2018}), la ciudad registra una creciente segregación social y espacial, y una formación constante de asentamientos informales, reflejo de una expansión de la marginalidad social. Estas zonas periféricas presentan una serie de privaciones para su población que pueden constituir verdaderas “trampas de pobreza” (^{Bowles, Durlauf y Hoff, 2006}). Un objetivo secundario del trabajo es incrementar y difundir la investigación con perspectiva de género en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Se pretende contribuir a posicionar al género como una categoría esencial en el análisis de la vulnerabilidad social y en el diseño de políticas orientadas al desarrollo sostenible de la ciudad.

La estrategia metodológica es cuantitativa y consiste en calcular e interpretar estadísticos descriptivos básicos e indicadores laborales a la luz de una perspectiva económica de género. Se cuenta con una fuente de información primaria recabada en el marco de dos proyectos de investigación-extensión desarrollados durante los últimos años en el Departamento de Economía (UNS) y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (UNS-CONICET). Los datos relevados han permitido complementar la información oficial disponible, la cual no representa adecuadamente a la realidad de los sectores marginales de la ciudad.

2. Marco teórico

La corriente económica ortodoxa conocida como la teoría del Capital Humano, cuyas bases fueron sentadas por los trabajos de ^{Schultz (1960}, ([1961]; 1968), ^{Becker (1964}) y ^{Mincer (1958}), ignora distintos aspectos que se visibilizan al adoptar una perspectiva de género en el análisis. En líneas generales, considera a los gastos en educación y salud como una inversión para obtener mano de obra calificada y productiva. Los agentes, que pueden ser individuos o empresas, invierten recursos en la formación de la fuerza de trabajo, a la espera de obtener un rendimiento positivo reflejado en los salarios, capacitación y movilidad laboral, o bien en la productividad y las ganancias.

Esta teoría explica las brechas salariales a partir de las diferencias de productividad, las cuales responderían a inversiones diferenciales en capital humano, realizadas con base en decisiones intertemporales racionales que contemplan las señales del mercado, las preferencias y la capacidad innata de los individuos (^{Formichella y London, 2012}; ^{Krüger, 2013}). De esta manera no considera los procesos de estructuración de la socialización y el aprendizaje en el seno del hogar (^{Carrasco, 2001}), así como la distribución de los trabajos productivos y reproductivos. Ignora, por un lado, que la adquisición de educación es condicionada por múltiples factores socioeconómicos, correspondientes tanto al ámbito individual, como al familiar, escolar y contextual, que exceden a un cálculo racional basado en rendimientos esperados. Por otro lado, desconoce que los retornos a la educación, distribuidos según ^{Mincer (1958}) en forma análoga a la distribución de los estudios y la experiencia, son influidos por los roles socialmente asignados en la realización de los distintos tipos de trabajo.

En este sentido, la Economía Feminista³ se presenta como un enfoque crítico que reconoce y polemiza sobre cómo la construcción social del género impacta en la organización de la vida y las relaciones de producción. Identifica, entre otras, las desigualdades derivadas del trabajo invisibilizado que implican las actividades domésticas no remuneradas (^{Escobar Váquiro, 2017}). Desde esta corriente se afirma que aun cuando la teoría económica dominante se ocupa de las problemáticas vinculadas con el género, como en el caso de la Nueva Economía de la Familia de Becker, emplea herramientas inadecuadas para la comprensión y la superación de las desigualdades laborales y sociales. Al trasladar los conceptos y supuestos de comportamiento utilizados para el análisis de las relaciones de mercado al ámbito de la reproducción y presentar a un modelo particular de familia como universal y natural, considerando a la división sexual del trabajo como un dato exógeno, se termina por legitimar las desigualdades existentes (^{Carrasco, 2006 4}).

El principal eje de análisis de la Economía Feminista es el mercado de trabajo, cuestionando los conceptos clásicos de competencia perfecta y mano de obra homogénea (^{Marzonetto y Rodríguez Enríquez, 2017}). Se plantea la irrealidad de suponer una mano de obra uniforme y se subrayan las distintas rigideces que enfrentan las mujeres en dicho mercado. Su inserción se ve condicionada por cuestiones como la restricción horaria que implica asumir gran parte de las tareas de cuidado (definidas ampliamente siguiendo a ^{Rodríguez Enríquez, 2015}), los efectos de la maternidad efectiva o potencial y los mandatos culturales acerca del tipo de trabajos que las mujeres pueden o deben realizar, entre otras.

Desde otra perspectiva, distintas corrientes críticas a la teoría del Capital Humano y demás teorías funcionalistas fueron cuestionando, desde los años setenta, la correspondencia estricta planteada entre la educación, los salarios y el crecimiento económico. Señalando la influencia de la estructura del mercado de trabajo, así como el rol reproductor de las desigualdades sociales que frecuentemente cumple la educación, distintos autores han puesto en tela de juicio la relación entre la distribución de la educación y la distribución de los ingresos (para una síntesis, ver ^{Sahota, 1978}; ^{Saviani, 1983}; ^{Bonal, 1998}; o ^{Krüger, 2013}).

Estas cuestiones se vinculan directamente con la problemática del desarrollo económico, definido de forma amplia por Amartya Sen como un proceso de expansión de las libertades reales o fundamentales de las que disfrutan los individuos, sus capacidades (Sen, 1999). De hecho, ^{Carrasco (2006}) señala que el enfoque de las capacidades y la Economía Feminista tienen varios puntos de encuentro. Poner en el centro del análisis a las personas y a su posibilidad de alcanzar los objetivos que consideran valiosos implica reconocer las innumerables privaciones que limitan sus oportunidades de acceso al bienestar. En este sentido, la educación, el trabajo y el género son conceptos y categorías fuertemente interrelacionadas.

Las variadas desigualdades de género, sostenidas a través de una construcción social inmodificable a corto plazo, ralentizan el desarrollo socioeconómico, limitando las capacidades de las mujeres para expandir sus libertades. Como cita ^{da Silva Évora (2017)}:

la división del trabajo por sexos, está asociada a la pobreza de las mujeres, por las menores oportunidades de éstas para acceder a los recursos materiales y sociales y a la toma de decisiones en materias que afectan su vida y el funcionamiento de la sociedad (p.4).

Dicha pobreza también puede pensarse en términos de tiempo, ya que la doble jornada laboral suele dejar escaso tiempo a las mujeres para el descanso y el ocio (^{Bardasi y Wodon, 2010}). Por ello, tanto las corrientes feministas como las teorías del desarrollo económico buscan cuestionar el marco institucional que rige a la sociedad, con la meta de aminorar las restricciones que recaen sobre sus miembros.

La identificación de la vinculación entre género y pobreza o clase es justamente uno de los aportes de la Economía Feminista, que reconoce las múltiples dimensiones de la desigualdad social que interactúan y se potencian entre sí. Esto se conoce en la literatura como la interseccionalidad, concepto acuñado en los años ochenta para resaltar que las interacciones entre los sistemas de subordinación −de género, etnia, situación socioeconómica− se constituyen mutua y dinámicamente en el tiempo y el espacio (^{La Barbera, 2016}). Como señala ^{Esquivel (2012a}), en sociedades tan desiguales como las latinoamericanas, las mujeres y varones no son grupos homogéneos sino que se ubican en posiciones más o menos ventajosas según cómo atraviesen o enfrenten las distintas desigualdades estructurales. La intersección entre los distintos factores de desigualdad define la particular situación de ventaja o desventaja de cada colectivo, con intereses que pueden llegar a ser contradictorios. Así, las situaciones promedio de las mujeres en una misma ciudad pueden esconder diferencias profundas vinculadas, por ejemplo a su origen social, perspectiva que resulta especialmente rica para abordar los objetivos del presente estudio.

3. Antecedentes empíricos

Tal como se reconoce en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, es necesario “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. La igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino una base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible”⁵. La consecución de estos objetivos requiere analizar esta problemática en cada contexto específico.

En Argentina, durante las últimas décadas se han registrado ciertos avances en términos de igualdad de género en distintos ámbitos como la política, la educación o el trabajo (^{PNUD, 2014}). En el año 2017, el Índice de Desigualdad de Género (IDG) calculado por el PNUD, que contempla las dimensiones de salud, empoderamiento y mercado laboral, ubicaba a Argentina en el puesto 47 entre 188 países, mientras que el Índice de Brecha de Género (IBG) elaborado por el Foro Económico Mundial la posicionaba en el puesto 34 entre 144 países. Estos resultados en gran medida se ven influenciados por la buena situación relativa de las mujeres argentinas en las dimensiones de salud, educación y empoderamiento. Sin embargo, en términos de la participación laboral la situación es diferente: según el IDG, Argentina se encontraba en el puesto 129, con una tasa de actividad femenina menor a la del promedio de los países latinoamericanos y una brecha de género mayor. Si bien desde los noventa creció la participación económica de las mujeres -del 37% al 48%, aproximadamente, según el Informe del ^{INDEC (2017})-, aún se está lejos de alcanzar una paridad de género en este sentido, y la tasa de actividad para los varones supera a la de las mujeres en más de treinta puntos porcentuales (^{MTEySS, 2018}).

A su vez, el tipo de inserción en el mercado laboral determina desigualdades adicionales: las mujeres suelen cobrar menores salarios y estar más expuestas al desempleo, a la informalidad e inestabilidad (^{Halperín Weisburd et al., 2007}; ^{PNUD, 2014}; ^{INDEC, 2017}; ^{MTEySS, 2018}). Así, la dimensión de participación económica y oportunidad del IBG -que abarca a la tasa de actividad, la brecha salarial, los ingresos estimados, las mujeres en puestos de decisión y las mujeres profesionales y técnicas-ubicaba a Argentina en el puesto 111 en el año 2017. Según ^{PNUD (2014}), a partir del 2010 la informalidad alcanzó al 40% de las ocupadas y no se han registrado mejoras sustanciales durante los últimos años. Esto se relaciona con que gran parte de la fuerza laboral femenina se ocupa en el rubro de los servicios domésticos, donde la legislación laboral aún se incumple en la mayoría de los casos (^{D`Alessandro, 2016}).

Por otro lado, la subocupación es una de las principales características que asume la creciente participación laboral de las mujeres, denotando la persistencia de una división sexual del trabajo (^{Millenaar y Jacinto, 2013}; ^{PNUD, 2014}). En general, la participación laboral plena de las mujeres se ve obstaculizada porque continúan siendo las principales responsables de las labores domésticas, el apoyo escolar y el cuidado de personas menores de edad, enfermas y adultas mayores, a pesar de los constantes cambios en los modelos de familia. Tal es la relevancia de estas actividades que, según cálculos de Ariel Coremberg con datos del INDEC y el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), si el trabajo no remunerado dentro del hogar se contabilizara en el ingreso nacional, representaría un 20% del PBI (La Nación, 2017). Asimismo, según la encuesta de 2013 sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo del INDEC, las mujeres están a cargo del 76% del trabajo doméstico no remunerado, dedicándole casi el doble de horas diarias a estas labores (^{PNUD, 2014}). Estas brechas persisten aún para las mujeres ocupadas en trabajos fuera del hogar, quienes resignan parte de su tiempo de ocio. Esta situación se complementa con cierta discriminación desde la demanda de trabajo, la cual no se problematiza adecuadamente.

La presencia de hijos/as menores de edad es otro factor importante, así como el nivel educativo de las trabajadoras. Las mujeres menos calificadas enfrentan mayores restricciones, tanto de oferta como de demanda de trabajo, y mayores dificultades para conciliar su trabajo dentro y fuera del hogar, ante el escaso apoyo brindado por el Estado. En definitiva, el empleo parcial es mucho más frecuente entre las mujeres, y en particular entre aquellas de bajo nivel educativo (^{PNUD, 2014}; ^{MTEySS, 2018}). Asimismo, ante la creciente presencia de familias monoparentales y con jefatura femenina, se refuerza la interrelación entre las desigualdades de género y de nivel socioeconómico, ya que los problemas de empleo y los menores ingresos recibidos por las mujeres se vinculan directamente con la pobreza. En este sentido, los datos presentados por el ^{INDEC (2017}) hablan de una clara feminización de la pobreza: del total de personas pertenecientes al decil de menores ingresos, el 71,2% son mujeres; por el contrario, en el decil más acaudalado la participación femenina asciende apenas al 28,9%.

En el contexto específico de la provincia de Buenos Aires, estas tendencias parecen replicarse. Con datos de la EPH del segundo trimestre del 2017, ^{Belloni, Fernández Massi y Lazarte (2018}) concluyen que la tasa de actividad económica es del 46% para las mujeres y del 71% para los varones. A su vez, para las mujeres (varones) la tasa de desempleo es de 12,1% (9,8%); la de subempleo de 17,2% (11,4%) y la sobreocupación de 21,7% (28,4%). ^{Belloni et al. (2018)} encuentran asimismo brechas de género significativas en relación a la informalidad y los salarios.

Cabe mencionar que según el informe del ^{MTEySS (2018}), en el país existe una gran heterogeneidad en la inserción laboral femenina entre regiones o aglomerados. Por ejemplo, la brecha en la tasa de actividad resulta mayor en los aglomerados menores de 500 mil habitantes, entre los que se encuentra la localidad de Bahía Blanca. En este caso particular, la problemática de las desigualdades de género en el trabajo y su vinculación con la vulnerabilidad social ha sido escasamente estudiada, y es en este sentido que el presente trabajo pretende realizar un aporte.

4. Contextualización

La ciudad de Bahía Blanca, ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, es la cuarta localidad más poblada de dicha provincia, con 300 mil habitantes según el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2010. Su economía depende del sector manufacturero y de un importante sector de comercio, seguido por la actividad de transporte y almacenamiento de productos agropecuarios. El ingreso per cápita familiar promedio suele superar a la media del país, y la pobreza estructural es algo menor a la nacional⁶. Sin embargo, el desempleo suele ser elevado⁷ y distintos indicadores socioeconómicos, como la informalidad laboral, dan cuenta de persistentes dificultades experimentadas por la población. Como afirman ^{Santos y Etcheverry (2019)}, Bahía Blanca muestra un acceso reducido al bienestar para parte de su población y no logra explotar todo su potencial como ciudad intermedia. Una proporción significativa de los hogares son multidimensionalmente pobres, lo cual se encuentra muy ligado a los problemas del mercado laboral y a las deficiencias en servicios y vivienda.

^{Castagna, Raposo y Woelflin (2018}) señalan que el crecimiento de las ciudades en nuestro país presenta desajustes que reproducen y profundizan la marginalidad experimentada por distintos grupos, quienes no logran integrarse formalmente a la economía y la sociedad. Así, en Bahía Blanca la segregación residencial resulta cada vez más evidente, con zonas claramente diferenciadas según el tipo de edificaciones y las condiciones de vida de sus habitantes (^{Prieto, 2007}; ^{CREEBBA [Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina], 2015}; ^{Malisani, 2017}). La creciente exclusión social experimentada por parte de la población se refleja en el constante surgimiento de asentamientos informales: según datos de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2016 la ciudad contaba con 32 asentamientos informales en los que habitaban más de 8.000 familias. Estos barrios presentan privaciones materiales importantes: carencia de infraestructura y servicios básicos de vivienda, problemas ambientales y de accesibilidad, viviendas de mala calidad constructiva y con hacinamiento, acceso irregular a la tierra, etc.

En particular, los asentamientos considerados en el presente estudio son el Evita, Villa Talleres, Stella Maris, Nueve de Noviembre y Cabré Moré. Los dos primeros se encuentran en la zona sur de la ciudad, a unos cinco y seis kilómetros del centro bahiense y son de muy reciente formación. El resto se ubica a unos cinco kilómetros del centro, hacia el este, y están muy próximos entre sí. Stella Maris es el más grande y de mayor antigüedad, con mejor infraestructura y acceso a servicios, mientras que Nueve de Noviembre y Cabré Moré son más nuevos y precarios, conformados mayormente por familias jóvenes provenientes del primer barrio.

5. Datos

Los datos provienen de tres relevamientos socioeconómicos realizados en el marco del proyecto intercátedras Ventana de Extensión a la Realidad Socioeconómica (VERSE) y el Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) "Diseño de estrategias para mejorar las oportunidades educativas de la población vulnerable de Bahía Blanca a través de la ONG Red de Voluntarios"⁸. Estas fuentes de información resultan muy valiosas, ya que los datos del Censo 2010 han quedado obsoletos y la EPH del INDEC -principal relevamiento socioeconómico del país- no representa adecuadamente a la población de los sectores marginales de la ciudad. Tampoco se dispone de suficiente información sobre estas zonas por parte del Gobierno Municipal, por lo cual uno de los objetivos de ambos proyectos ha sido mejorar el conocimiento de las características demográficas y socioeconómicas de algunos barrios periféricos. Aquí sólo se emplean los datos del aglomerado Bahía Blanca- Cerri de la EPH para contrastar los resultados de los barrios de interés con los de la población general de la ciudad⁹.

En el marco del proyecto VERSE se realizaron relevamientos en los barrios Evita y Villa Talleres, en octubre de 2015 y octubre de 2016, respectivamente. El trabajo de campo, así como la elaboración de la base de datos y los primeros análisis fueron llevados a cabo por docentes y estudiantes del Departamento de Economía y por miembros de la ONG "Sureando". La encuesta aplicada se asemeja a la EPH e indaga sobre la vivienda, la educación, las condiciones laborales y los ingresos. Se aplicaron dos formularios por hogar: uno referido a la composición del hogar y las características de la vivienda y otro al principal sostén de la familia y las personas mayores de 14 años. Se realizó un muestreo probabilístico que cubrió en el barrio Evita a 140 hogares en los que habitan 432 personas, y en el barrio Villa Talleres a 101 hogares con 372 habitantes.

Por otra parte, desde el PDTS se realizó un relevamiento más orientado a investigar el acceso a la educación de niños/as y adolescentes, a partir de la demanda de la ONG "Red de Voluntarios para una Infancia Mejor". El operativo, implementado en abril de 2016, aplicó un cuestionario de hogar para recoger datos básicos sobre la vivienda y sus habitantes, y uno individual enfocado en la población de entre 3 y 18 años de edad, con preguntas sobre la situación educativa actual y sus condicionantes. Por ello, la información referida a la esfera laboral resulta más escasa. En este caso el diseño fue muestral bietápico y probabilístico, con una muestra primaria de manzanas y luego una de hogares. Los totales poblacionales se estimaron aplicando factores de reponderación considerando la falta de respuesta. Se relevaron 381 hogares y 1.459 personas. Estas cifras reflejan la envergadura de los relevamientos realizados, siendo la muestra total de la EPH para el aglomerado Bahía Blanca-Cerri en el cuarto trimestre del 2016 de 532 hogares.

Finalmente, se aclara que para el presente estudio se considera a la población mayor de 14 años ya que, si bien la Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente de 2008 determina que la edad mínima para trabajar en cualquier forma es de 16 años, se admite como excepción que trabajen los mayores de 14 años en empresas de la familia, con restricciones horarias.

6. Resultados

6.1. Caracterización general de los barrios relevados

En conjunto, estos barrios reúnen a una proporción muy pequeña de la población total del aglomerado Bahía Blanca-Cerri (aproximadamente 2%), pero sus características reflejan la realidad de numerosos barrios periféricos de la ciudad.

Tabla 1 Población total estimada por barrio y ciudad de Bahía Blanca 

Los datos del Tabla 1 muestran que la población se compone aproximadamente por un 50% de mujeres y un 50% de varones. La estructura etaria en los barrios difiere de la de la ciudad en general debido a que presenta una mayor proporción de niños/ as menores de 14 años y de jóvenes de 15 a 24 años, así como una proporción sustancialmente menor de personas de 65 años o más. Esto sugiere la presencia de un elevado porcentaje de parejas jóvenes con niños/as pequeños/as, lo cual se corresponde con la reciente formación de muchos de estos barrios. Asimismo, los hogares tienden a ser más numerosos que en el promedio de la ciudad, entre el 60% y el 75% tiene cuatro o más miembros y alrededor del 15% cuenta más de seis miembros.

Algunos indicadores socioeconómicos básicos permiten caracterizar a la población de estos barrios como vulnerable, habitando en viviendas de baja calidad y en hogares sostenidos por adultos con un bajo nivel educativo. Como lo plantean ^{Garrido Fuego y Jaraíz Arroyo (2017}), se manifiesta una dimensión territorial de la pobreza, ya que en zonas como éstas confluyen distintos elementos de exclusión social o factores de riesgo que se refuerzan mutuamente. Como se observa en el Tabla 2, los barrios relevados presentan privaciones materiales esenciales, con altas tasas de pobreza estructural. Los problemas habitacionales son importantes, lo cual se suma a una baja capacidad de subsistencia. Con respecto a la inasistencia escolar, si bien no se reporta prácticamente para el nivel primario, sí comienza a ser relevante entre aquellos en edad de asistir al nivel secundario (mayor al 30% en Evita y Villa Talleres, por ejemplo).

Tabla 2 Necesidades Básicas Insatisfechas por barrio y ciudad de Bahía Blanca (porcentaje de personas) 

Finalmente, así como los jóvenes en edad escolar presentan un menor acceso, el perfil educativo de la población mayor es desfavorable en relación al de la ciudad en promedio, especialmente considerando la concreción del nivel secundario y terciario. Menos del 25% de los/as mayores de 20 años de edad ha concluido el secundario y menos del 6% de los/as mayores de 25 cuenta con un título terciario o universitario. Estas cifras son, respectivamente, del 60% y el 22% para la ciudad en general.

6.2. La población de mujeres de 14 años o más en los barrios relevados

En este contexto, interesa caracterizar particularmente a la población de interés: las mujeres de 14 años o más en estos barrios periféricos. La mayor parte de ellas tiene entre 20 y 40 años (un 70% en Evita y Villa Talleres y un 50% en Stella Maris y aledaños, donde hay una presencia superior de mujeres más grandes). Se trata principalmente de mujeres jóvenes que encabezan un hogar, ya sea como cónyuges del sostén, o bien como el principal sostén. Una de cada cinco mujeres, aproximadamente, se declara sostén de su hogar¹⁰ y más de la mitad de dichas mujeres no tiene un cónyuge que pueda aportar a la subsistencia de la familia. Por otra parte, el tamaño medio de los hogares en los que una mujer es sostén o cónyuge del sostén es de cuatro personas, con uno/a a dos niños/as o adolescentes en promedio, según el barrio.

Respecto de sus condiciones de vida, cabe destacar que en el barrio Evita los hogares sostenidos por mujeres presentan una mayor incidencia de la pobreza que en el caso de los hogares sostenidos por varones (brecha estadísticamente significativa al 5%), aunque esto no se verifica para Villa Talleres o Stella Maris y aledaños. De todas formas, en los tres casos un porcentaje relevante de las mujeres habita en hogares con deficiencias estructurales. Asimismo, menos de la mitad de las mujeres mayores de 14 años posee algún tipo de cobertura de salud.

En cuanto a su perfil educativo, se observa en el Tabla 3 que sólo una baja proporción ha logrado completar el nivel secundario y que, consecuentemente, el acceso al nivel terciario es muy escaso. En este aspecto las diferencias por género no son significativas, o bien resultan favorables para las mujeres. Tampoco se registran brechas significativas en la asistencia a capacitaciones laborales no formales.

Tabla 3 Perfil educativo según género y edad por barrio (en porcentaje de personas) 

6.3. Brechas de género en la esfera del trabajo

En las Tablas 4, 5 y 6 se presentan distintos indicadores relativos al trabajo, considerando las diferencias por género.

Tabla 4 Indicadores laborales básicos por género (V=varones y M=mujeres) y barrio 

Una primera conclusión que puede derivarse es que la estructura ocupacional para ambos géneros es muy diferente. En todos los barrios relevados la participación femenina en el trabajo fuera del hogar es significativamente menor a la de los varones, incluso menos de la mitad. Por otro lado, en relación a la ciudad de Bahía Blanca en general, en estos sectores la tasa de actividad femenina es inferior y la brecha de género más pronunciada (los valores son de 50% y 0,7, respectivamente, según datos de la EPH 2016). La influencia del nivel socioeconómico se vuelve más notoria si se considera que en los barrios relevados hay una mayoría de mujeres jóvenes y que, según el informe del ^{MTEySS (2018)}, la máxima participación laboral femenina se registra en el país en estas edades centrales (entre los 25 y los 54 años). Tal como indica dicho informe, se evidencia una asociación positiva entre la actividad económica, el nivel educativo y los ingresos de los hogares, y un fuerte condicionamiento de la presencia de niños/as pequeños/as, en contextos de escasez de oferta de servicios de cuidados accesibles.

Entre las personas inactivas, a su vez, las razones esgrimidas para no participar en el mercado laboral son muy diferentes según se trate de varones o mujeres. En el barrio Evita, un 60% de las mujeres inactivas se declara “ama de casa”, seguidas por un 15% de estudiantes y un 10% de inactivas marginales (enfermas, embarazadas, etc.). Algo similar ocurre en Villa Talleres, con cifras respectivas del 49%, 6% y 8%. Cabe mencionar que los/as encuestadores/as consignaron que algunas mujeres sostuvieron que no trabajaban porque “su marido no quería/no las dejaba”, dando cuenta de la persistencia de roles diferenciados en el imaginario de la población y de posibles situaciones de subordinación de la mujer en el seno de los hogares. Por su parte, los pocos varones inactivos declaran ser estudiantes, y ninguno señaló como motivo de inactividad el dedicarse a tareas del hogar. El perfil demográfico y socioeconómico particular de estos barrios deriva también en diferencias respecto de la población general en relación a los motivos de inactividad: según los datos de la EPH IV 2016, las principales categorías de inactividad para las mujeres son: jubiladas/pensionadas (44%); estudiantes (30%) y luego amas de casa (24%).

En cuanto a la incidencia del desempleo, no se halló un resultado homogéneo entre los barrios considerados. En el caso de Evita, la tasa de desempleo femenina es muy alta y supera significativamente a la masculina. No parece ser esta la situación de los demás barrios. Para la ciudad en general, la tasa de desempleo del año 2016 fue del 11% para las mujeres, significativamente mayor a la de los varones (7,6%). Brechas por género más marcadas se observan entre los/as ocupados/as. En primer lugar, un gran porcentaje de las mujeres económicamente activas de los barrios Evita y Villa Talleres trabaja durante menos de 35 horas semanales, ya sea que desee o no trabajar más horas. Esta situación es mucho menos frecuente entre los varones. Estos datos sugieren que a las mujeres les corresponde conciliar las esferas del trabajo fuera y dentro del hogar.

Luego, una proporción relevante desea trabajar más horas y por lo tanto se las considera subempleadas y a su vez algunas buscan activamente trabajo, por lo que se las considera subempleadas demandantes. Ambos problemas son más pronunciados para las mujeres que para los varones. Entre estos últimos, el caso parece ser el opuesto, ya que se encuentra un gran porcentaje de sobreocupados, que trabajan más de 45 horas semanales.

Tabla 5 Formalidad y estabilidad de la ocupación por género (V=varones y M=mujeres) y barrio 

Tal como se esperaba, se registró que los/as habitantes de los barrios analizados se ocupan en gran medida en trabajos precarios, que no ofrecen estabilidad ni las condiciones básicas de un empleo formal. Es muy elevado el porcentaje de ocupados/ as que no cuenta con aportes jubilatorios u obra social. Al realizar comparaciones por género, se observa cierta desventaja para las mujeres, aunque esto no se verifica para todos los casos.

Respecto de las ramas de actividad en que se desenvuelven los/as trabajadores/ as en estos barrios periféricos, se destaca un perfil laboral masculino muy orientado a la construcción y afines (tareas de plomería, gasista, etc.) y luego al comercio, las actividades manufactureras, la reparación de maquinarias, etc. En cuanto a las mujeres, se observa que en su mayoría se dedican a labores de servicio doméstico y otros servicios de cuidado (enfermería y cuidado de ancianos/as, englobados en la categoría “salud”), y luego al comercio general. Es decir que se concentran en las actividades consideradas típicamente femeninas, como continuación del trabajo reproductivo al interior del hogar. Se constata así una segregación ocupacional horizontal que ha sido interpretada en la literatura especializada como la presencia de “paredes de cristal” (^{MTEySS, 2018}).

Si se consideran todos los barrios, un 61% de las mujeres ocupadas trabaja en actividades relacionadas con el servicio doméstico, cuidado y atención de las personas, salud y sanidad, frente a un 4,5% de los varones. Al mismo tiempo, el 85% de las personas ocupadas en estas tareas son mujeres. Entonces, se denota una clara feminización de estos trabajos culturalmente conocidos como propios de las mujeres. Tal como señala ^{D’Alessandro (2016}) para el total del país, las mujeres están tan entrenadas como amas de casa que su principal actividad remunerada son las labores domésticas. En este aspecto, también se visualiza la influencia de la posición social ya que, según los datos de la EPH IV 2016, a nivel del total del aglomerado Bahía Blanca-Cerri sólo un 27,9% de las mujeres se encuentra ocupada en estas actividades, que suelen ser de menor calificación y remuneración.

Tabla 6 Ingresos por género (V=varones y M=mujeres) y barrio (en pesos argentinos constantes de octubre 2015) 

Por último, las brechas por género en estos barrios se visualizan también al comparar los ingresos laborales. Las mujeres ocupadas reciben un ingreso mensual promedio que no alcanza a la mitad del ingreso promedio de los varones. Estas brechas se explican principalmente por la subocupación de las mujeres, ya que al comparar los ingresos laborales horarios las diferencias se disipan, tal como se constata a nivel nacional para los segmentos de menores credenciales educativas (^{MTEySS, 2018}). Tomando a modo de referencia los ingresos laborales que obtenían en promedio todos/as los/as trabajadores/as de la ciudad en el cuarto trimestre de 2016, se aprecia también la desventaja que presenta la población de los barrios estudiados y, en particular, las mujeres: los ingresos mensuales de la ocupación principal (en pesos constantes de octubre de 2015) eran de $9.773 para los varones y de $6.784 para las mujeres, siendo la brecha de género de 0,7.

Las personas inactivas o desocupadas reciben otros ingresos, principalmente transferencias del gobierno como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que permiten complementar los ingresos del hogar y contribuir a su subsistencia. Si se suman todas las fuentes de ingresos, laborales y no laborales, de todas las personas encuestadas mayores de 14 años independientemente de su condición de actividad, las brechas por género originadas en los ingresos laborales de los/as ocupados/as no alcanzan a cerrarse, y finalmente resultan incluso algo superiores¹².

7. Discusión

El análisis para los barrios periféricos seleccionados de Bahía Blanca permite visualizar que las mujeres que allí habitan se enfrentan con dos factores de vulnerabilidad: su condición de género y su pertenencia a un sector social desfavorecido. Por un lado, las condiciones de vida en las que crecen y viven constituyen limitantes a sus posibilidades de adquirir educación y acceder a los segmentos más productivos y mejor remunerados del mercado laboral. Los trabajos a los que suelen acceder son precarios y no ofrecen los salarios y las condiciones básicas necesarias para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. A esto se suman las responsabilidades que les son asignadas al interior de sus hogares, como principales encargadas del trabajo reproductivo. La gran demanda de cuidados por parte de los niños y niñas de estos hogares se suele resolver con la menor participación laboral femenina, en un contexto en que dichos ingresos son especialmente necesarios. Cuando no se abocan exclusivamente a las labores domésticas no remuneradas, suelen dedicarse a actividades que representan extensiones de las tareas de cuidado, en el área de salud o servicio doméstico, de menor valoración social y remuneración. Asimismo, la necesidad de compatibilizar el trabajo dentro y fuera del hogar determina una mayor incidencia del empleo a tiempo parcial con ingresos laborales menores a los de los varones.

Las diferencias de género cobran mayor relevancia en estos contextos precarios por su intensidad y sus implicancias, al constituir una fuente adicional de vulnerabilidad: los hogares se sostienen en gran medida con un único ingreso, de por sí bajo por el tipo de inserción laboral de la población. Esto conduce a un gran riesgo de que ante cualquier contingencia el hogar se quede sin un sustento. Es decir que ambas situaciones se refuerzan e interrelacionan, conformando círculos viciosos del desarrollo personal y social. Asimismo, si bien esta cuestión no se ha abordado en los relevamientos realizados, cabría analizar cómo se vincula la dependencia económica de las mujeres en una situación de privaciones materiales esenciales con su susceptibilidad ante distintas manifestaciones de violencia de género.

La teoría económica neoclásica, en particular la teoría del Capital Humano, no aporta un marco de análisis adecuado para abordar este problema: no incorpora estas inequidades que sufren los cuerpos feminizados al enfrentarse al mercado laboral, por lo que falla al identificarlas. Se ha observado que el perfil educativo de las mujeres en los barrios analizados es similar o incluso más favorable que el de los varones. Sin embargo, las decisiones de distribución de las tareas de producción y reproducción dentro de los hogares redundan en una menor participación laboral por parte de las mujeres y menores ingresos individuales. Este tipo de restricciones y lógicas de comportamiento no son captadas por la teoría del Capital Humano, por lo que los aportes de las teorías feministas y las teorías del desarrollo económico se vuelven necesarios para el análisis de estas problemáticas. En este sentido, los antecedentes recientes en el país y los datos en este contexto particular demuestran que continúan vigentes las preocupaciones planteadas por las economistas feministas pioneras del siglo XIX: las brechas en la participación laboral y el salario, el no reconocimiento del trabajo doméstico y la mayor exposición de las mujeres a la pobreza (^{Carrasco, 2006}).

En otras palabras, pese a los avances en la participación económica de las mujeres y la creciente visibilidad de los reclamos feministas, la evidencia da cuenta de una persistencia o inercia de las brechas de género, en procesos cargados de contradicciones, progresos y retrocesos. La situación observada en los barrios escogidos de la ciudad de Bahía Blanca no escapa a esta tendencia general, que puede ser explicada, al menos parcialmente, por tres factores: i) la forma en la que se estructura la economía en la región; ii) las construcciones culturales fuertemente arraigadas -estereotipos, prejuicios, preferencias- que inspiran la legislación laboral y las prácticas sociales en los distintos ámbitos; y iii) la ausencia de una perspectiva de equidad de género en el diseño e implementación de las políticas públicas.

El primer punto alude a que las brechas de género son el resultado de la posición subordinada de la mujer en la economía y la sociedad, pero también de las sustanciales desigualdades socioeconómicas que se expresan a través del acceso diferencial de la población a la educación y a los distintos segmentos del mercado de trabajo en el país. Según ^{Esquivel (2012a}), el funcionamiento del mercado produce y reproduce los distintos tipos de desigualdades. Así, los altos niveles de informalidad y precarización laboral, el subempleo, la estructura distributiva desigual, la forma en que se organiza la provisión del cuidado, la segregación ocupacional horizontal y la mayor desprotección legal que prevalece en las ocupaciones feminizadas, son causa y efecto de las desventajas que enfrenta las mujeres, especialmente quienes provienen de un contexto social desfavorecido (^{Espino, 2012}; ^{Esquivel, 2012b}; ^{Vásconez, 2012}).

Por otro lado, ^{Espino (2012}) enfatiza la existencia de estereotipos de género en la sociedad que legitiman la división sexual del trabajo predominante -tanto productivo como reproductivo−, así como las condiciones desfavorables que caracterizan a los trabajos típicamente femeninos. Dichos estereotipos se vinculan a la productividad, las capacidades y las preferencias de las mujeres en relación a las de los varones, e inciden tanto en el comportamiento de la oferta y de la demanda de trabajo para cada género como en la legislación laboral.

Adicionalmente, como sostienen ^{Espino, Esquivel y Rodríguez Enríquez (2012}), no se advierte la presencia de políticas públicas activas que intenten revertir las distintas fuentes de desigualdad y discriminación¹³. Por ejemplo, la cuestión de la organización social del cuidado no ocupa un lugar relevante en la agenda pública, ya que el mismo sigue considerándose un asunto privado, a cargo principalmente de las mujeres. Esto se aprecia en la escasez de oferta de salas maternales y jardines de infantes estatales (^{Esquivel, 2012b}). Dicha situación se observa también en la ciudad de Bahía Blanca donde, como muestran ^{Krüger y Formichella (2018}), en los barrios vulnerables la cobertura en el nivel inicial dista de ser universal. En este sentido, ^{Viego, Alarcón, Gayone y Sapini (2018}) concluyen que en el nivel inicial y primario de la ciudad existe una notoria falta de vacantes, que se concentra en los barrios periféricos de bajos ingresos. Esto redunda en un bajo acceso para el nivel inicial, y en un incremento de los costos −en términos monetarios y de tiempo− para los hogares cuando la asistencia se logra migrando al sector privado o buscando establecimientos más alejados.

Otro ejemplo es que los déficits de los sistemas de seguridad social no son atendidos de manera integral con la intención de lograr una mayor igualdad de género. Incluso, ^{Rodríguez Enríquez (2012}) plantea que aquellas medidas que pretenden subsanarlos y que en principio favorecen mayormente a las mujeres en situación de vulnerabilidad, como los programas de transferencias condicionadas de ingresos, podrían reforzar la actual división sexual del trabajo al beneficiar a las mujeres solo a partir de su rol de cuidadoras.

8. Reflexiones finales

Los resultados del trabajo representan una contribución para la comprensión de la forma en que interactúan el género y la posición social en el contexto de una ciudad intermedia como Bahía Blanca. Sería de interés conocer si estos hallazgos son también representativos de la realidad de otras ciudades de similar tamaño y composición socioeconómica, en la medida en que exista información apropiada.

Asimismo, los resultados obtenidos representan un aporte para el diseño de estrategias de desarrollo sostenible en la localidad de Bahía Blanca, posiblemente replicables en otros ámbitos. En primer lugar, subrayan la necesidad de reconocer al género como una categoría de análisis esencial que, si bien atraviesa a todos los sectores sociales, se vuelve particularmente relevante al abordar la cuestión de la vulnerabilidad o exclusión social. Las intervenciones y políticas que desconozcan estas cuestiones continuarán reforzando la discriminación social y de género.

Se requiere, en principio, de acciones conjuntas entre la comunidad y el Estado para impulsar mecanismos de cuidado adecuados y sistemas de protección social que permitan a todos los miembros de la sociedad desarrollar plenamente sus capacidades. Es vital la importancia de la calidad de los cuidados recibidos durante la infancia para el desarrollo personal, por lo que las familias deben ser acompañadas en estas tareas. Como se afirma desde el ^{PNUD (2016)}: “El desafío consiste en la distribución social de las responsabilidades relativas a los cuidados, para que estas no recaigan, como ha sucedido históricamente, exclusivamente sobre las mujeres, y en especial sobre las más vulnerables” (p. 152). Son estas últimas quienes cuentan con menos recursos para liberarse de los mandatos culturales y quienes acceden a los segmentos más precarios del mercado de trabajo.

Para finalizar, se espera que el presente trabajo contribuya a fortalecer la perspectiva de género en el análisis económico a nivel local y nacional, y que la visibilización de la problemática conduzca a su incorporación en la formación de los/as futuros/as economistas y a la transformación de la teoría dominante.