CIENCIA POLÍTICA

Los contratiempos de la democracia procedimental en México

Carlos Figueroa Ibarra¹, Octavio Humberto Moreno Velador²

Resumen

A partir de los conceptos básicos de la llamada "democracia procedimental", en este trabajo se hace una revisión de los problemas que se presentaron en México entre los años 2003 y 2006 previó a las elecciones presidenciales. El conjunto de estos problemas relacionados a una campaña de descredito hacia el candidato del principal partido de izquierda, permite demostrar algunos de los retos más importantes de la naciente institucionalidad democrática mexicana. Como elemento central en la resolución de este período, la "protesta popular" jugó un papel importante en el cambio de política oficial federal, convirtiéndose posteriormente en el principal impulso de la candidatura del partido de izquierda. Estos sucesos y su trascendencia en el escenario político sirven esencialmente para reflexionar sobre las condiciones del tipo de democracia existente en México y América Latina a luz de los procesos de democratización y neoliberalismo en el continente.

Palabras clave: Democracia procedimental; Transición democrática; Guerra sucia; Protesta popular.

Abstract

From the basic concepts of the called "procedural democracy", this work is a revision of the problems that appeared in Mexico between the years 2003 and 2006, previous to the presidential elections. The set of these problems related to a disrepute campaign towards the candidate of the main party of the left, allows demonstrating some of the most important challenges of the rising Mexican democratic institutionalism. As the central element in the resolution of this period, the "popular protest" played an important role in the change of federal official policy, becoming later the main impulse of the candidacy of the left party. These events and their importance in the political scene essentially allows us to think about the conditions of the existing kind of democracy in Mexico and Latin America, to light of the processes of democratization and neoliberalism through out the continent.

Keyswords: Procedural democracy; Dirty war; Popular protest

Résumé:

A partir des concepts de base de ce que l'on appelle la "démocratie procédurale ", ce travail propose une étude des problèmes survenus au Mexique entre 2003 et 2006, avant les élections présidentielles. L'analyse de ces problèmes, liés à une campagne de discrédit vers le candidat du principal parti de la gauche, permet de dégager quelques un des enjeux les plus importants de la jeune institutionalité démocratique mexicaine. Elément central au dénouement de cette période, la "protestation populaire" a joué un rôle important dans le changement de politique officielle fédérale, avant de se convertir en principal support de la candidature du parti de gauche. Ces évènements, ainsi que leur importance sur la scène politique, servent à penser la nature des démocraties au Mexique et en Amérique Latine, à la lumière des processus de démocratisation et de néolibéralisme sur le continent.

Mots-clé: Démocratie procédurale; Guerre sale; Protestation populaire

Fecha de recepción del artículo: Septiembre 2007
Fecha de evaluación: Noviembre 2007

1. Introducción

La coyuntura electoral del 2006 mostró la existencia de retos ineludibles para la construcción de la democracia en este país. Para una parte importante de los pensadores políticos y académicos, la democracia se asumía como un algo obtenido después de la alternancia de partido en la presidencia de la República. Sin embargo, este triunfalismo se ha visto cuestionado fuertemente a la luz de algunos sucesos políticos ocurridos desde tres años antes y hasta después de las elecciones presidenciales del 2006. Para contrariedad de quienes asumían la democracia como un asunto resuelto, los hechos han demostrado que la vida política de este país está lejos de ser enteramente democrática, por el contrario, la incertidumbre y la ilegalidad son elementos que siguen estando presentes en la competencia electoral.
Desde 1997 con la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso, la alternancia política continuó en la mayoría de los municipios. La existencia de gobiernos divididos en la mayoría de los estados de la República y finalmente con el arribo de Vicente Fox a la presidencia de la República en el 2000, la marcha de la construcción democrática aparentaba estar en pujante desarrollo. Dichas conquistas se lograron en buena medida gracias a la creación del Instituto Federal Electoral, organismo que lograba garantizar tanto equidad en la competencia electoral como la pérdida del poder absoluto del partido gobernante sobre el proceso electoral. De esta forma, la democracia se encontraba resuelta por la mediación de un órgano independiente que lograba garantizar el funcionamiento equitativo de la competencia electoral, y partir de aquí la consolidación democrática dependería principalmente de la continuidad del orden institucional, logrando generar una nueva cultura política del país.
Así, el éxito de la "democracia procedimental" dependería de la existencia de reglas claras y una institucionalidad suficiente para garantizar la pulcritud de la competencia política electoral. Esta forma de entender la lucha política se ha convertido en la visión dominante en la mayoría de los países occidentales, en donde una parte de la academia se ha encargado de generar los marcos teóricos necesarios para su diseño e implementación en los diferentes estados. Dentro de este paradigma político, México encontró la inspiración para el impulso a su vida democrática, diseño que fue de manera general aceptado pero que recientemente ha quedado en serio cuestionamiento después de la reciente coyuntura electoral.
En este ensayo nos proponemos revisar a través de algunos de los ejemplos más recientes, cuáles han sido los contratiempos más importantes de la recién creada democracia procedimental mexicana, construcción que quedó ampliamente en entredicho después de la coyuntura y la sucesión presidencial del 2006.

2. El abc de la democracia procedimental

La democracia de tipo procedimental se expresa fundamentalmente como un método político, es decir, una forma de arreglo institucional que sirve para la toma de decisiones en el gobierno. El primer objetivo en esta forma de entender la democracia, es generar legitimidad para los grupos gobernantes a través de la participación del pueblo en la emisión de votos, tendiendo a privilegiar posteriormente a los elegidos mediante la vía electoral. En este sentido, el supuesto básico es que el gobierno del pueblo sólo puede existir como definición, pero en la práctica nunca lo puede ser. Esto significa que el ejercicio del gobierno tiene que pasar a manos de profesionales de la administración de estado, garantizando la primacía de las élites en la toma de decisiones políticas. Como método de legitimación y organización de competencia entre élites, la democracia procedimental tiene su eje principal en el funcionamiento técnico de la competencia electoral, expresado a través del establecimiento preciso de reglas para la lucha entre líderes políticos rivales organizados en partidos. Vista de esta forma, la democracia se vacía en buena medida de la aspiración a la justicia social y se convierte en un mecanismo que permite únicamente tener en cuenta los deseos de los ciudadanos, pero siempre limitando el acceso de estos a las decisiones de la política pública, dejándola en manos de unos pocos, o lo que es lo mismo: "renunciando al gobierno por el pueblo y sustituirlo por el gobierno con la aprobación del pueblo" (Schumpeter, 1983:313)
Esta forma de entender la democracia se encuentra fundamentalmente planteada en las ideas de Joseph A. Schumpeter, para quien esta forma de ver la política cumplía con reconocer que la democracia en ningún caso puede convertirse en una forma de garantizar el "bien común" o aspirar a convertir la sociedad en una comunidad auto regulada. Por el contrario, lo central para este autor es reconocer que la democracia siempre servirá a un conjunto de intereses, y su único deber es funcionar como garantía para negociar los intereses entre las élites manteniéndolos bajo control, definido como un elitismo competitivo. "La democracia es un método político, es decir, un cierto tipo de concierto institucional para llegar a las decisiones políticas -legislativas y administrativas-, y por ello no puede constituir un fin en sí misma, independientemente de las decisiones a que de lugar en condiciones históricas dadas. Y este debe ser el punto de partida de todo intento de definirla" (Schumpeter, 1983:311). Así, la democracia no puede ser entendida más que como un mecanismo para seleccionar los hombres capaces de tomar las decisiones en el estado, las masas electorales no son fuente suficiente para generar respuestas a problemas políticos reales debido a que únicamente son agregados de gente que no puede poseer opiniones concluyentes ni racionales, y por esta razón se vuelve necesaria la elección de representantes que tomen decisiones en su nombre. Dichos líderes políticos, por fuerza necesitan provenir de las élites políticas y económicas de los estados en tanto sus miembros son los únicos capaces de dirigir los asuntos políticos: "la única garantía en este respecto, esta en la existencia de un extracto social que sea él mismo producto de la política como cosa natural" (Schumpeter, 1983:311). En consecuencia, el pueblo una vez emitido el voto debe abstraerse de cualquier injerencia en las decisiones y la vida política, ya que debe entender que "una vez que hayan elegido a un individuo, la acción política ya no es asunto suyo", los órganos institucionales como el parlamento y los partidos políticos siempre poseerán una existencia independiente de la voluntad general. Esta visión de la democracia considera a su vez que los elementos mínimos para su buen funcionamiento son:

1) Competencia o capacidad de los líderes políticos provenientes de las élites.
2) Que el ejercicio de la política tenga lugar entre un espectro limitado de cuestiones políticas, producto de acuerdos sobre la dirección del estado con la intención de generar programas realizables en el parlamento.
3) La existencia de un sólido aparato burocrático capaz de ayudar a los políticos en la administración de las políticas.

Y una cuarta condición que nos interesa subrayar:

4) La existencia de una "autodisciplina democrática", es decir, la necesidad de un nivel intelectual y moral con un alto grado de tolerancia para las diferencias de opinión. En este sentido, el método democrático necesita forzosamente que todo el mundo sea capaz de competir por lograr el liderazgo político: "todo candidato para el caudillaje que no esté legalmente excluido tiene que serle posible defender su causa sin producir desorden. Y este puede implicar o bien que la gente debe escuchar pacientemente mientras alguien este atacando a sus intereses más vitales u ofendiendo a sus ideales más queridos..."... "El gobierno democrático tan sólo funcionara con plena ventaja si todos los intereses de importancia son prácticamente unánimes no sólo en su fidelidad al país, sino también en su fidelidad a los principios estructurales de la sociedad existente." (Schumpeter, 1983:375).

En general es posible observar cómo esta forma de concebir la democracia ha sido el paradigma que ha predominado sobre los órdenes políticos en la mayoría de los países de occidente. Paradigma que se ha acompañado de la creación de un orden institucional pretendidamente autónomo del estado como garante definitivo para la libre competencia política partidista. En el caso de México a partir de las reformas institucionales generadas desde 1977 y una serie de cambios durante los últimos 30 años, se ha intentado generar la construcción de la democracia. En este esquema, la construcción de la democracia y la competencia entre partidos en México podría ser resumida en tres grandes períodos: "entre 1964 y 1976 México tuvo elecciones no competitivas; entre 1985 y 1994, se pasó de un formato de partido único a uno de partido dominante, con expresiones de carácter bipartidista y multipartidista; a partir de 1997 se inició una etapa de plena competencia en las elecciones legislativas y en 2000 se logró la alternancia en la Presidencia de la República" (Aziz, 2003:367). De acuerdo a este proceso, la democracia en el México contemporáneo estaría resuelta por la existencia de un sistema de partidos competitivo, arbitrado mediante un órgano desconcentrado y ciudadanizado encargado de la realización de las elecciones federales, el Instituto Federal Electoral (IFE). Esto significaría un cambio trascendental, en tanto históricamente la vida política mexicana estuvo marcada por la eliminación física y las elecciones se encontraban decididas desde el poder establecido en la Presidencia de la República. Como punto culminante de este proceso, la elección presidencial del 2000 vio cumplida la alternancia política, significando un avance en la construcción democrática en México. A partir de este momento la consolidación dependería de la continuidad del sistema a través del cual se habían logrado estos resultados: la competencia libre entre partidos políticos y sus liderazgos permitiría una alternancia efectiva en el poder y terminaría por pasar a formar parte de la cultura política. La consolidación democrática estaría dada: "cuando es elúnico juego posible; cuando todos los actores respetan las reglas y nadie establece un juego paralelo en los márgenes" (Aziz, 2003:419).
Sin embargo, durante la reciente coyuntura electoral quedó demostrado que la tecnificación institucional no ha sido un garante suficiente para cumplir con los requisitos básicos que el propio modelo procedimental exige. Dado que en las condiciones mínimas planteadas se considera como un elemento básico la capacidad de los líderes políticos para generar acuerdos concretos entre los liderazgos o fuerzas políticas participantes a fin de definir prioridades y lograr realizar proyectos políticos dentro del estado. En este sentido, en tanto presumiblemente el mayor logro político de los últimos años ha sido la consolidación tanto del régimen de partidos como de su sistema electoral, la preocupación central debería girar sobre si este sistema se encuentra funcionando de manera correcta en los términos teóricos mínimos bajo los que ha sido ideado, uno de cuyos síntomas sería la capacidad política de los líderes para mantener vigentes los principios estructurales que se han generado como garantía de su buen funcionamiento: expresados en el derecho a la competencia legítima y la posibilidad de ser elegido popularmente sin cortapisas institucionales o legales.
Por tanto, podríamos decir que la llamada "autodisciplina democrática" es el elemento que quedo en entredicho dentro de este marco mínimo de condiciones. La tolerancia que debería privar entre los grupos rivales para impedir que a cualquier líder político le sea impedida la participación en elecciones. Así, el caso mexicano presenta una paradoja interesante del propio modelo shumpeteriano en tanto que dentro de este modelo la exclusión de un líder político de la competencia se reservaría exclusivamente para el caso en que este legalmente quedara excluido de la contienda, y ese fue precisamente el camino que se intentó emplear en la reciente contienda electoral, cuestión que en este ensayo nos interesa revisar.

3. Los nuevos caminos de la guerra sucia: de la eliminación física a la eliminación política.

El sistema político mexicano fue definido hasta la década de los noventa como un régimen autoritario, caracterizado por "la intervención activa del Estado para regular y limitar el pluralismo sociopolítico, la movilización política de las masas, y la articulación de reclamos socioeconómicos y políticos" (Middlebrook, 1994: 189). Durante los períodos de crisis el régimen hacia un uso selectivo de la represión contra grupos políticos opositores, empleando tanto la represión abierta como, en algunos casos, la negociación política para conciliar los reclamos de los grupos que protestaban. Desde principios de la década de los setenta, a raíz de la matanza de Tlatelolco en 1968, surgió una cantidad importante de movimientos políticos de oposición organizados clandestinamente, llegando a convertirse frecuentemente en guerrillas tanto urbanas como rurales. La respuesta a este escenario por parte de la administración de Luis Echeverría (1970-1976) fue un esfuerzo sistemático por reprimir los movimientos guerrilleros mediante una política de eliminación constante y un débil intento por la apertura democrática para reducir el descontento sociopolítico. A este período de abierta represión política contra los grupos disidentes se le denomina como el período de "guerra sucia". Las prácticas como las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, cateos ilegales, órdenes de aprehensión sin fundamente jurídico fueran la manera como el régimen mantuvo el control político del país. Posteriormente a partir de la reforma política de 1977, se inició un largo camino de cambios en el sistema político que permitió una mayor participación política e intentó organizar la lucha política bajo métodos que harían innecesario el empleo de la violencia como forma de transformar al estado.
Sin bien la lucha por la transformación política del estado abandono mayoritariamente sus expresiones más violentas, el reciente proceso electoral ha mostrado la existencia de una nueva forma de eliminación política. Prescindiendo de la eliminación física ahora se actúa a través de amplías campañas de desprestigio y eliminación política, ambas formas destinadas a eliminar a los contendientes contrarios a las élites establecidas en el poder de estado. Este es el caso de Andrés Manuel López Obrador, sobre quién desde el año 2003 se genero una amplia campaña de eliminación política, campaña resumida a continuación a través de algunos de sus episodios más importantes.

a. El paraje de San Juan

El 6 de Octubre de 2003, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, informó que su administración había sido condenada a pagar un monto de mil 800 millones de pesos; resultado de un juicio de amparo promovido el 26 de agosto de 1998 por Enrique Arcipestre Abrego, debido a una supuesta expropiación irregular de un predio de 280 hectáreas conocido como Paraje San Juan, en Iztapalapa. El fallo emitido el día tres de octubre por la juez octava de distrito María Gabriela Rolón Montaño establecía que la indemnización debería de ser cubierta en un plazo máximo de 24 horas. Ante esta situación, el jefe del gobierno se negó a pagar la deuda y solicitó de forma directa al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azulea Güitrón, que se integrará una comisión especial para investigar posibles irregularidades en el proceso (Ramírez, 2003). Tal solicitud fue rechazada argumentando que López Obrador era jefe de gobierno y no gobernador, y por esta razón no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 97 de la constitución (Bolaños, Castillo y Méndez, 2003). El notorio manejo político del caso y la sospecha de tráfico de influencia se marcaron desde un primer momento, en tanto el beneficiario de la indemnización Enrique Arcipestre Abrego, fue representado legalmente por los panistas Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador de Guanajuato y José Antonio Lozano Gracia, ex procurador general de la República (El universal, 2003). Desde este momento y hasta tres años después, tiempo que se prolongó el proceso, las irregularidades no fueron pocas. En principio se reclamó que parte del expediente estaba formada por documentos apócrifos, además de contener una firma falsificada adjudicada a Marcelo Ebrard, en esos momentos jefe de policía del D. F. Dentro de los documentos que formaban la demanda se encontraba también alterada la abreviatura de metros cuadrados a "hectáreas cuadradas", unidad inexistente en el sistema métrico decimal, además que planteada de este modo la propiedad abarcaría más del 90 por ciento de la superficie urbana del Distrito Federal y no las 280 hectáreas señaladas en el documento original (Grajeda, 2003). En noviembre de 2003 el caso del Paraje de San Juan fue devuelto a la corte y esta termino por hacer una revisión del expediente, concluyendo un nuevo monto total de 60.4 millones de pesos de indemnización, aunque no pudo determinar quién era el propietario legítimo del predio. En noviembre de 2003, el demandante Enrique Arcipestre, tuvo que comparecer ante la procuraduría capitalina para responder por la acusación de fraude procesal entablada por el GDF, proceso que se resolvió en diciembre de ese año cuando la Procuraduría General de Justicia del DF solicitó su orden de aprehensión mientras este se refugiaba en Cuba. Arcipestre finalmente fue encarcelado en el Reclusorio Norte en mayo de 2004 (Cedillo, 2006).
Así, en medio de un proceso plagado de confusiones e irregularidades, esta demanda sirvió como base para la primera solicitud de desafuero al ex jefe gobierno. El diez de octubre de 2003, la juez octavo María Gabriela Rolón Montaño, notificó al Ministerio Público Federal de una demanda de desacato contra el jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, quién al no cumplir con el pago de la multa por la expropiación del predio caería en delito de abuso de autoridad (Ramírez, 2003). Este hecho colocó al jefe del gobierno en un lanzamiento anticipado en la búsqueda de la candidatura presidencial. Posteriormente la Secretaría de la Reforma Agraria determinó que el Paraje de San Juan, reclamado por Enrique Arcipestre, era propiedad de la nación (Enciso, 2004)

b. Los videoescándalos

El 1 de marzo del 2004 en el noticiario de Joaquín López Dóriga se difunden imágenes del entonces Secretario de Finanzas del GDF Gustavo Ponce, realizando apuestas en el casino del Hotel Bellagio de Las Vegas, revelando además que entre 2002 y 2004 se habían documentado al menos 17 viajes de Ponce a Las Vegas llegando a gastar hasta 2 mil dólares en propinas durante 4 días. Como respuesta el procurador capitalino Bernardo Bátiz revela que el gobierno capitalino investigaba desde el 28 de enero a Ponce, debido a un posible fraude de 331 millones de pesos al GDF (Grajeda, 2004). Dos días después, 3 de marzo, el diputado panista Federico Döring presenta un video en el que se ve al diputado perredista René Bejarano, líder de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, recibiendo una cantidad importante de dinero del empresario Carlos Ahumada Kurtz. Bejarano acepta el hecho, pero rechaza haber negociado "favores" para beneficiar al empresario, alegando que el dinero fue un donativo utilizado en la campaña electoral de la delegada en Álvaro Obregón, Leticia Robles (El Universal, 2004). Con estos episodios se inició una serie de videoescándalos en los que siempre figuraron funcionarios en activo del GDF relacionados en actos de corrupción, iniciando la llamada "guerra mediática" que se prolongaría hasta la sucesión presidencial. El 5 de marzo, Andrés Manuel López Obrador señaló en conferencia de prensa que los videos eran parte de un complot del gobierno federal, dentro del cual se encontraba relacionado el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, con la única intención de desestabilizar su gobierno (Bolaños, 2004). El día ocho del mismo mes aparece un vídeo más, en este aparece Carlos Ímaz recibiendo dinero de Carlos Ahumada. Ímaz declararía cinco días después que el dinero recibido del empresario fue entregado a Rosario Robles. El día 14 de ese mes se revela una reunión entre el senador Diego Fernández de Ceballos, el empresario Carlos Ahumada, el delegado del Cisen en el DF José Luis Valles López, el agente del Ministerio Público José Carlos Villareal y Juan Collado, abogado de Raúl Salinas de Gortari; dicha reunión se realizo el 20 de febrero en el Hotel Presidente Intercontinental. A raíz de su conocimiento público, Diego Fernández declara haber conocido los videos de Bejarano antes de que estos fueran transmitidos por televisión (Torres, Flores, Otero, Medellín y Sánchez, 2004).
Esta serie de sucesos siempre se presentaron como una selección de escándalos que reflejaba tanto actos de corrupción al interior del grupo más cercano del jefe de gobierno, como diferencias importantes al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En el manejo de estos videos, más allá de conducirse como denuncias de delitos ante instancias correspondientes, privó su uso mediático para intentar eliminar políticamente al futuro candidato de la Coalición por el Bien de Todos.

c. El predio de El Encino

El 10 de noviembre del 2000 la entonces jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, decidió realizar la expropiación de un terreno de 100 mil metros cuadrados llamado el Encino, ubicado en Santa Fe, para la construcción de una vía de acceso a un hospital privado. El 11 de marzo del 2001, la propietaria del terreno, Promotora Internacional Santa Fe, decidió demandar a la administración del D. F. logrando una orden judicial federal que ordenaba el cese de la obra y la anulación del decreto expropiatorio (Otero, 2004). Meses después, según la subprocuraduría encargada de investigar delitos federales, las autoridades capitalinas habrían hecho caso omiso a la orden de suspensión definitiva de la obra, razón por la cual Andrés Manuel López Obrador ya como titular de la administración habría incurrido en el delito de desacato a un mandamiento judicial. Terminando por solicitar la intervención del Procurador General de Justicia Federal para tramitar formalmente el juicio de desafuero ante la Cámara de Diputados, con la intención de retirar la inmunidad legal al Jefe de Gobierno y poder procesarlo penalmente.
La irregularidad del proceso tuvo que ver primordialmente con que independiente de la procedencia legal del caso, siempre se mantuvo un manejo político discrecional sobre él. La primer evidencia de esta situación es que hasta tres años después de realizada la expropiación, gracias a un presunto juego de complicidades políticas, se generó el seguimiento legal del caso; exhibiéndose una vez más como un escándalo político antes que un proceso jurídico. Sumado a esta condición, el desarrollo del caso siempre estuvo dirigido a intentar a inculpar al Jefe de Gobierno del D.F., en tanto a pesar de haber cumplido con la orden de suspensión de la obra y que esta nunca se desarrollo bajo sus órdenes directas, se alegó un cumplimiento dilatorio de la orden. Una vez más, la discrecionalidad política se veía cumplida en tanto que, por primera vez en la historia judicial del país, el Ministerio Público de la Federación atendió una solicitud de juez de distrito para iniciar una acción penal en contra de una autoridad que había supuestamente violado una suspensión definitiva en un juicio de amparo (Aranda, 2004). De acuerdo a este conjunto de irregularidades, este proceso terminaría por desembocar posteriormente en algunos de los momentos claves del proceso político del año 2006: el juicio de desafuero y la movilización popular que se extendió hasta después de las elecciones.

d. Terrorismo mediático y guerra sucia.

La campaña de desprestigio mediático no podría explicarse sin considerar que desde muy temprano la figura de Andrés Manuel López Obrador gozó de una fuerza muy importante. Su posición y desempeño como Jefe de Gobierno, le abrieron las puertas a la constante atención de los medios informativos nacionales, logrando a través de esta presencia mediática, captar desde muy temprano parte importante de las intenciones del voto y asentarse como líder de un futuro movimiento ciudadano. Como consecuencia, desde el año 2003 las encuestas de intención de voto colocaban a Andrés Manuel en la punta de la competencia por la sucesión presidencial, llegando a obtener hasta 20 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor (Figueroa, 2008:16).
Esta constante ventaja en los sondeos de opinión no pudo ser revertida. Como respuesta a esta situación, durante el año 2006 durante las campañas electorales entro a escena una exitosa campaña de terrorismo mediático, nutrida fundamentalmente por la proliferación de spots televisivos en los que abiertamente se le definía como "un peligro para México". El terrorismo mediático se orientó a hacer blanco sobre los latentes miedos ciudadanos de devaluación económica, endeudamiento público e inestabilidad política, además de mostrar al futuro candidato como autoritario y proclive al enfrentamiento armado. Este tipo de spots fueron auspiciados tanto por las fracciones panistas dentro del congreso como por empresas y asociaciones privadas. Con respecto a ello, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en el artículo 48, fracción primera, señalaba: "Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales... los candidatos sólo podrán hacer uso de los tiempos que les asigne su partido político o coalición". Además en la fracción 13 especificaba que: "En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros". Pese a ello, el Instituto Federal Electoral (IFE) jamás intervino durante el tiempo de emisión de esta campaña, tolerando una serie de irregularidades a la iniciativa privada y a personas ajenas al proceso electoral. Esta situación quedó acreditaba por la empresa IBOPE, contratada para monitorear los promocionales que los partidos difundieron en el proceso electoral del 2006, en donde quedo establecido que en conjunto Jumex, Sabritas, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la "Sociedad Ármate de Valor", invirtieron cerca de 200 millones de pesos en mensajes proselitistas o difamatorios de radio y televisión (Garduño, 2006). El primer ataque mediático se realizó durante los primeros días del mes de abril del año 2005, en estos días se difundieron mensajes televisivos por parte de un grupo civil sin registro oficial llamado "México en Paz", en donde se incriminaba la lucha de López Obrador ante el desafuero como"temor ante la ley": "Sólo un gobernante culpable le tiene miedo al desafuero". Un ejemplo más de esta campaña mediática fue un video dado a conocer por el noticiero de CNI Canal 40, que estaba siendo impartido dentro de dependencias del gobierno federal y municipios panistas, en el que se caracterizaba al candidato de la izquierda como un"criminal" y se instaba a los funcionarios públicos a evitar por cualquier medio su posible llegada a la Presidencia de la República (Bolaños, Romero y Llanos, 2005). Este conjunto de actividades fueron en su mayoría ignoradas por el IFE, convirtiendo a la competencia por la Presidencia de la República en un ejercicio plagado de irregularidades, carente de tolerancia en la competencia por el poder de estado y dejando al descubierto faltas a los principios mínimos de la competencia procedimental; contraviniendo de fondo el paradigma democrático oficial.

e) El proceso de desafuero.

De acuerdo el artículo 111 de la Constitución Mexicana, la mayoría de los funcionarios de alto nivel para ser procesados penalmente primero tiene que ser expuesto su caso ante la Cámara de Diputados, en donde por mayoría absoluta se decidirá si es procedente o no; y de resultar procedente lo que corresponde es el retiro del fuero constitucional, quedando a disposición de las autoridades competentes.
El 1 de abril de 2005, una comisión parlamentaria de cuatro diputados resolvió que la cámara completa votaría seis días más tarde para retirar el fuero constitucional a López Obrador. Esto se haría después que en comparecencia ante el pleno de la cámara se escucharan sus argumentos y las discusiones del proceso. El 7 de abril de ese año, López Obrador se presentó ante la cámara de diputados para defender personalmente su caso, sesión a la cual se presentaron 488 de los 500 diputados, quienes después de una larga sesión determinaron levantar el fuero constitucional al Jefe de Gobierno por votación de 360 a favor y 127 en contra, con dos abstenciones.
Con el retiro del fuero el carácter político del caso se remarcó, en tanto que independientemente de la posterior resolución jurídica del caso, según el artículo 38 constitucional, al estar sujeto el candidato presidencial a un proceso judicial se suspenderían sus derechos políticos y civiles al menos por un año, quedando inhabilitado automáticamente para poder competir electoralmente por la Presidencia de la República. De aquí que la resolución de retirar el fuero no se pueda explicar por el sólo hecho de deslindar responsabilidades jurídico-administrativas sobre el proceso del Encino, sino que su verdadero carácter estaba en lograr impedir legalmente la aspiración del ex jefe de gobierno en la contienda presidencial del año 2006, utilizando las instituciones garantes de la legalidad para eliminar jurídicamente a un muy potente oponente político.
El desafuero además de un proceso legal, fue sobre todo un proceso político, ya que en el dictamen de desafuero emitido por la cámara de diputados en su carácter de cuerpo político, quedó representada la respuesta mayoritaria de la clase política ante la necesidad de certeza jurídica del próximo proceso electoral. El compromiso con la construcción de la democracia mexicana se encontraba ante una gran prueba, los límites procedimentales mínimos que había tomado treinta años construir estaban a punto de desaparecer.

4. La protesta popular

Ante el proceso de desafuero, una parte importante de la ciudadanía comenzó a expresar su descontento a través de grandes manifestaciones públicas en apoyo al candidato que se intentaba eliminar ilegítimamente de la competencia. La protesta popular se expresó, desde antes y hasta después del juicio de desafuero, a través de una serie de multitudinarias movilizaciones callejeras en las que se cuestionaba abiertamente la decisión tomada en el congreso de la República, y que terminaría por convertirse en una resistencia civil después de las elecciones del 2 julio de 2006.
A exhortación del Partido de la Revolución Democrática, el 18 de julio de 2004 se reunieron más de 14 mil personas en zócalo del D. F., en conclusión de la llamada "marcha de las cien horas" realizada durante los tres días anteriores; mientras esto sucedía en la capital de la República, en estados como: Sonora, Toluca, Villahermosa y Chilpancingo, se realizaban simultáneamente manifestaciones en apoyo de López Obrador (Romero y González, 2004). Posteriormente, el 29 de agosto se realizó la llamada "marcha contra el desafuero", marcha que quedo registrada hasta ese momento como la mayor manifestación política en la historia de México con una asistencia estimada en más de 450 mil personas, logrando inundar el Zócalo capitalino y la mayor parte del Centro histórico de la capital del país. A esta reunión acudió una cantidad importante de personas provenientes de diversos lugares de la República, demostrando tanto un ampliado sentimiento de protesta como una efectiva participación ciudadana en el movimiento (Mendez, Ballinas, Roman, Maldonado, Martínez y López, 2004). A partir de estas dos primeras manifestaciones masivas la protesta fue cobrando fuerza conforme el gobierno federal y la cámara de diputados no daban señales de retroceder en la inhabilitación del candidato por la Coalición por el Bien de Todos, llegando a proyectarse hasta el año 2005 y 2006.
Después del dictamen de desafuero realizado el 7 de abril de 2005, el día 24 de ese mismo mes se convocó a la llamada "marcha del silencio". A esta cita acudieron alrededor de un millón 200 mil personas según datos la Secretaría de Seguridad Pública del D. F., inundando una vez más el centro de la capital de la República y copando espacios simbólicos en México como Paseo de Reforma y rebasando ampliamente la capacidad del zócalo capitalino. De forma simultánea se realizaban marchas y mítines frente a sedes de palacios de gobierno o congresos locales en estados como Veracruz, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Yucatán, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Baja California. Conforme a estas movilizaciones, un nutrido grupo de intelectuales nacionales e internacionales, ONG´s, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y buena parte de la opinión pública internacional, constantemente denunciaban su desacuerdo con el desafuero, argumentando en su mayoría el riesgo de muerte para la naciente democracia mexicana y el abierto peligro ante un gobierno que comenzaba a mostrarse abiertamente como intolerante. Como ejemplo de esta situación, el día 2 de marzo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de Miguel Ángel Toscano, solicitó al gobierno federal recurrir al Ejército Mexicano y a la Policía Federal Preventiva (PFP) para "controlar" la movilización popular (Garduño, 2005).
La magnitud de la protesta popular y el desacuerdo mayoritario de la sociedad mexicana con el desafuero de López Obrador, llevó al gobierno de Vicente Fox a una crisis de legitimidad. Esta crisis quedo de manifiesto cuando el 28 de abril de 2005 Vicente Fox anunció durante un mensaje a la nación la "renuncia" del principal ejecutor del proceso judicial de desafuero, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha. Dentro de este mensaje también anunció que la Procuraduría General de República revisaría de "manera exhaustiva" el expediente de consignación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la búsqueda de "preservar dentro del marco de la ley la mayor armonía política del país. A nadie se impedirá participar en la próxima contienda electoral". El jefe del Ejecutivo Federal termino por enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para que se resguardaran "los derechos de los ciudadanos sujetos a juicio, en tanto no se dictara sentencia final y definitiva" (Vargas, 2005). Así, la decisión de dar marcha atrás a la eliminación jurídica de López Obrador fue un logró de los movimientos de protesta en todo el país, la participación popular fue el factor que evito el primer intento importante de deslegitimar la competencia presidencial; situación que posteriormente el vocero de los Pinos, Rubén Aguilar Valenzuela, reconocería en declaración: "Este gobierno es absolutamente sensible a las demandas ciudadanas, tiene los oídos atentos a ellas y son un elemento clave en nuestra decisión" (Vargas, 2005).

5. Palabras finales: los tropiezos de la democracia procedimental en México.

A principios del siglo XXI, la democracia liberal y representativa parece haber llegado al punto culminante de su prestigio. Después de más de dos mil años de descrédito, la palabra democracia hoy es sinónimo de buen gobierno. Incluso es la referencia básica para una izquierda que durante muchos años la calificó de manera peyorativa como "democracia formal". Sin embargo, sigue habiendo una distinción entre la democracia vista desde la izquierda y la que se observa desde la derecha. Desde ésta última posición, la democracia schumpeteriana es la referencia fundamental. Es decir una democracia que se concibe sobre todo como procedimiento electoral, como método para elegir gobernantes y que tiene una profunda aversión a el papel que pueden tener desde abajo el demos, la sociedad civil o los ciudadanos. La democracia desde la derecha es la schumpeteriana: un método para elegir gobernantes los cuales se escogen en las filas de las distintas élites políticas. El resto de los ciudadanos solamente participan en el momento electoral y sirven fundamentalmente para legitimar a los gobernantes que siempre o preferentemente proceden de las alturas.
Desde la izquierda la democracia liberal y representativa ya no es vista como una realidad formal sino como una condición necesaria pero no suficiente de la plena democracia. Aceptando sin conceder, que la democracia no es la resolución de problemas sociales sino un método para procesar las diferencias políticas, el hecho cierto es que la democracia no puede sobrevivir sin un mínimo de equidad social. Además, es un reduccionismo electoral el concebir a la democracia solamente como método para elegir gobernantes y por tanto aceptar la participación como algo que es igual al sufragio. Finalmente, es una concepción elitista que a la larga limita a la democracia el concebir a la clase gobernante como algo que generalmente o preferentemente procede de las élites de una comunidad política. La democracia liberal y representativa corre el riesgo de convertirse en una formalidad o de resultar en una democracia de baja calidad sino se agrega a sus reglas una creciente participación ciudadana y no se concibe como una de sus premisas de existencia a la justicia social.
Pero no es esto lo que en este trabajo se ha querido demostrar.
En las líneas que anteceden lo que se ha pretendido argumentar es que en el caso mexicano ni siquiera la visión limitada de la democracia, inspirada en el paradigma schumpeteriano, ha podido tener éxito. La transición democrática quedó interrumpida en el momento en que entre las distintas opciones electorales apareció una con un proyecto político y económico que difería esencialmente de aquel que han representado en los últimos 25 años el PRI y el PAN. En el año 2000, la alternancia fue posible porque el Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Fox no tenían diferencias sustanciales en el proyecto económico que representaba ya en esos momentos el PRI y por lo tanto su candidato, Francisco Labastida. El convencimiento de que el neoliberalismo era el paradigma que debía regir el desarrollo económico del país, hizo que estos dos partidos establecieran puentes de comunicación, acuerdos políticos (llamados coloquialmente concertaciones) y por lo tanto el que se aceptara sin traumatismos, la posibilidad de que el priato terminara sus días a manos de una derrota sufrida ante el PAN. La diferenciación entre ambos partidos se mantuvo por otros motivos. Finalmente el PRI no ha roto plenamente todavía con la matriz liberal y juarista aun cuando se haya desecho del nacionalismo revolucionario. Y el PAN mantiene entre sus raíces identitarias su afección al clericalismo y opone un conservadurismo decimonónico a los resabios liberales del PRI.
El triunfo de la candidatura presidencial de Vicente Fox en 2000, generó en amplios sectores y en muchos analistas un optimismo desmesurado. Finalmente la transición democrática mexicana había superado su "prueba de fuego": el régimen de partido de estado o de partido hegemónico había llegado a su fin sin derramamiento de sangre y en el marco de unas instituciones electorales fortalecidas. Este optimismo desmesurado es el que resultó esencialmente deteriorado como consecuencia del proceso electoral de 2006. En este año, la candidatura de Andrés Manuel López Obrador representó diferencias esenciales en relación a las de los candidatos del PRI y del PAN. En el terreno político el proyecto lopezobradorista planteó una nueva visión de la democracia que apeló constantemente a la participación de la ciudadanía mucho más allá del momento electoral. He aquí una de las razones por las cuales desde el PRI y principalmente desde el PAN se le hicieron acusaciones de populismo. En el terreno económico, el lopezobradorismo se planteó como objetivo estratégico el desmantelamiento de la política económica neoliberal que ha regido a México en el último cuarto de siglo. Esta fue otra de las razones por las cuales desde PRI y desde el PAN se le lanzó el anatema antipopulista. Si bien durante muchos años la oposición entre el PRI y el PAN era una suerte de reedición del conflicto entre liberales y conservadores que se arrastraba desde el siglo XIX, el surgimiento de una fuerte candidatura lanzada desde la coalición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y del partido Convergencia, cambió los parámetros de la geometría política mexicana.
Justo es decir que este cambio se observó como una realidad no marginal desde el surgimiento de la Corriente Democrática en el seno del PRI en 1987 y desde la buena fortuna de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Ahora la confrontación ya no era entre una derecha conservadora que paradójicamente levantaba la bandera democrática, en contra de un partido autoritario que heredaba la tradición liberal y que la articulaba al nacionalismo revolucionario. Desde fines de los años ochenta, la confrontación que se empezó a avizorar fue entre una derecha que se dividía en un partido crecientemente neoliberal (el PRI) y un partido con resabios clericales (el PAN) y una izquierda que articulaba las tradiciones socialistas con el nacionalismo revolucionario que había abandonado el PRI. Esta izquierda fue la que se amalgamó en 1988 con el Frente Democrática Nacional y que posteriormente se constituyó principalmente en el PRD. En 2006, esta izquierda se expresó en la Coalición por el Bien de Todos (CBPT) y al postular a López obrador como su candidato emergió como un serio peligro para el PRI y el PAN. La naciente democracia mexicana no pudo sobrevivir a la polarización entre izquierda y derechas (neoliberal y clerical) y los primeros síntomas de este naufragio se empezaron a vivir con los sucesos que se han reseñado páginas atrás.
Lo que se observó en Chile en 1973 con el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular y su presidente Salvador Allende, demostró que aun democracias plenamente consolidadas como la chilena, no podían procesar la asunción al gobierno de una fuerza política con un proyecto político y económico esencialmente diferente al dominante. Lo que en el momento de escribir estas líneas se observa en Venezuela y Bolivia, demuestra que las democracias pueden coexistir con una izquierda funcional y acotada electoralmente, pero que la crisis política y la polarización se vuelve una realidad ineludible si esta izquierda se vuelve una amenaza electoral. Al parecer México no ha sido una excepción en la anterior regularidad. La existencia de la izquierda pudo ser asimilada por la transición democrática siempre y cuando se mantuviera en un nivel razonable de votación (15 o 16%). Cuando las tendencias electorales detectadas por las encuestas revelaron que dicha izquierda había rebasado el 40% los focos rojos se encendieron y aun la democracia schumpeteriana terminó fracasando. Las grandes movilizaciones durante la primera mitad de 2005, en las calles de la ciudad de México y en diversos puntos de la república mexicana tuvo como objetivo esencial el que se respetara una de las reglas del juego mínimo de la democracia electoral: el que se permitiera a todos los competidores participar. La bajísima calidad del proceso electoral de 2006 o eventual fraude acontecido el 2 de julio, demostró que en el contexto de un proyecto de izquierda con perspectivas de triunfo, otra de las reglas del juego mínimo de la democracia electoral (elecciones libres y limpias) no resultaba posible. En los próximos años el tropiezo de la democracia procedimental en México puede asimilarse y hasta olvidarse si la izquierda deja de ser una amenaza electoral. Si esto no es así, y el escenario del 2006 vuelve a repetirse, será evidente que la transición democrática en México ha fracasado.

Notas

¹ Profesor Investigador del Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego" de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. C.E.: carlosfigueroaibarra@yahoo.com.mx

² Doctorando del Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego" de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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