ARTÍCULOS ORIGINALES

Comunidad, cultura y prevención social del delito: formas de territorialización en la intersección de la política social y la política criminal

 

Emilio J. Ayos¹

1 Becario doctoral del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.

E-mail: emilio.ayos@gmail.com

Fecha de recepción del artículo: Agosto 2012
Fecha de evaluación: Septiembre 2012

 

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Resumen

El objetivo de este artículo es analizar la manera en que son problematizadas las nociones de comunidad y cultura en las estrategias de prevención social del delito en Argentina durante la primera década del nuevo siglo. Para ello, analizamos el desarrollo de políticas estatales concretas desde la perspectiva conceptual de los "estudios sobre la gubernamentalidad" y a partir de un enfoque metodológico cualitativo. Argumentaremos que la comunidad circula como forma de territorialización de estas intervenciones, profundamente arraigada en una producción sobre la dimensión cultural de estos espacios sociales.

Palabras clave: Comunidad; Cultura; Prevención social del delito; Territorio Políticas sociales

Abstract

The objective of this article is to analyze the way in which the concepts of "community" and "culture" are problematized. Particularly, we try to analyze how such reconstruction happens in the social crime prevention strategies, in Argentina during the first decade of the new century. We do this by exploring the development of specific government interventions from the conceptual perspective of "governmentality studies", from a qualitative methodological approach. We argue that the community is a way of territorialization in such interventions. Furthermore, it is deeply rooted in a production on the cultural dimension of these social spaces.

Key words: Community; Culture; Social crime prevention strategies; Territory; Social policies

Résumé

Le but de cet article est d'analyser la façon dont ils sont problématisé les notions de communauté et de la culture dans les stratégies de prévention de la criminalité sociale en Argentine au cours de la première décennie du siècle. Nous analysons l'élaboration des politiques gouvernementales spécifiques du point de vue conceptuelle de la «gouvernementalité des études» et à partir d'une méthodologie qualitative. Communauté soutiennent que circule comme une forme de territorialisation de ces interventions, profondément enracinée dans une production sur la dimension culturelle de ces espaces sociaux.

Mots-clés: Communauté; Culture Stratégies de prévention de la criminalité sociale; Territoire ; Politiques sociales

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1. Introducción

El objetivo de este artículo es analizar las formas en que las nociones de comunidad y cultura fueron elaboradas en el desarrollo de las políticas de prevención social del delito en Argentina en el período 2001-2010. De esta manera se abordarán los modos en que la cuestión de la comunidad se constituyó en uno de los ejes organizadores de dichas intervenciones estatales y a la vez, cómo esta dimensión comunitaria fue asociada a la construcción de una cultura propia de las zonas de intervención. Este trabajo es producto de una investigación en curso que se propone el objetivo de analizar las formas en que es problematizada la relación entre delito y condiciones de vida en el desarrollo de las políticas de prevención social del delito en Argentina durante la primera década del nuevo siglo.
El vínculo entre el delito y las condiciones de vida de los supuestos ofensores es uno de los puntos nodales de los debates en torno a la llamada "cuestión de la inseguridad" en la Argentina contemporánea. Las diferentes formas en las que se elaboró esta "cuestión" en la discusión política tuvo uno de sus elementos recurrentes en la ligazón entre el delito y la pobreza, aunque también otras nociones circularon en él para aprehender las condiciones de vida de los sectores populares: marginalidad, vulnerabilidad, exclusión o riesgo. Y si bien la producción social sobre esta asociación se encuentra históricamente articulada en la noción de pobreza, utilizamos el concepto de condiciones de vida para integrar en el análisis quien fuera su opuesto constitutivo en el desarrollo histórico de las sociedades modernas capitalistas: el trabajo (Danani, 2004; Grassi, 2003; Morell, 2002).
Tanto la producción social de las condiciones de vida, (en esta tensión entre trabajo y pobreza que reelabora constantemente la cuestión de la autovalía y la dependencia como forma de dirimir la pertenencia legítima de los sujetos dentro de las sociedades capitalistas) como la producción social del delito (como administración diferencial de los ilegalismos que constituye a los sujetos de la peligrosidad) tienen un punto álgido de elaboración en las políticas que hacen foco en dichos procesos: las políticas sociales y las políticas criminales, respectivamente. Las reorientaciones de estos campos de intervención política implican transformaciones en las formas en que son problematizadas las condiciones de vida o el delito y así sus relaciones recíprocas. Las mutaciones históricas conceptualizadas en torno a la noción de neoliberalismo han afectado fuertemente dichos campos: una intensificación punitiva, la emergencia de estrategias "administrativas" y actuariales de control del delito, el descentramiento de la idea de rehabilitación del delincuente y la proliferación de programas inscriptos en el paradigma de la "nueva prevención" del delito en cuanto a las políticas criminales. Las políticas sociales muestran una tendencia hacia la asistencialización de sus intervenciones, tanto en el sentido de la mayor centralidad de las estrategias asistenciales, como la incorporación de modalidades de gestión y problematizaciones históricamente propias de las estrategias asistenciales en otros sectores de políticas sociales como la seguridad social o las políticas educativas. En conjunto podemos conceptualizar estas transformaciones como un proceso de individualización de las formas de intervención social, en el marco de lo que se ha problematizado como la emergencia de una "sociedad de individuos", donde la cuestión de la inseguridad, la incertidumbre y el riesgo adquieren una preponderancia fundamental (Castel, 1997; 2004; Beck, 1998; Rose, 1996). En Argentina se observa con particular intensidad a partir de 1990, mostrando en los últimos años algunas tendencias divergentes, conceptualizadas con la noción de contrareformas (Danani y Grassi, 2009).
En este contexto de individualización (tendencia en la cual integramos a la idea de comunitarización como parte de este proceso de des-socialización) y centralización de la cuestión de la inseguridad y el riesgo es donde emerge toda una producción social sobre el "retorno de las clases peligrosas", como reactualización de la relación entre condiciones de vida, peligrosidad y delito. Hablamos de retorno o de reactualización porque esta producción no es nueva: la idea de las "clases peligrosas" formó parte de la construcción de la "cuestión social" decimonónica, en donde la pobreza (y con ella la cuestión de la asistencia, de la autovalía o la dependencia legítima) como constructo opuesto al trabajo, fue progresivamente asociado a la peligrosidad y al delito.
Y en el contexto del neoliberalismo prolifera y cristaliza (aunque sus orígenes son muy anteriores) un espacio específico de elaboración de esta relación entre condiciones de vida y delito, constituyéndose por ello en un espacio privilegiado para el análisis del "retorno" de la cuestión de la peligrosidad de los sectores populares: las intervenciones de prevención social del delito. Este tipo de estrategias se caracterizan por intentar influir en las supuestas causas sociales de los comportamientos delictivos, es decir, se orienta fundamentalmente hacia los potenciales ofensores y sus condiciones de vida. (Baratta, 1997; Sozzo, 2000, Selmini, 2009). Proponemos entenderlas como espacios de intersección de la política criminal y la política social, dada la relación histórica que estas políticas preventivas establecieron con las intervenciones enfocadas en las condiciones de vida de los sujetos y los grupos. Esta mirada nos permite problematizar las mutaciones históricas que se observan en las políticas sociales y criminales como un eje analítico central para aprehender los procesos en los cuales las estrategias de prevención social participan. A su vez, estas políticas, en las diferentes formas en las que tematizan la relación entre condiciones de vida y delito, retoman la cuestión de la etiología del delito en los diferentes debates que el discurso criminológico trazó de manera específica desde finales del siglo XIX. En el marco de la proliferación de políticas inscriptas en el paradigma de la prevención "extra-penal" del delito a partir de los años 80 del siglo pasado, las estrategias de prevención "social" se han diferenciado por retomar la cuestión de las específica de las "causas sociales" en la organización de sus intervenciones, es decir, por orientarse hacia los supuestos orígenes estructurales-sociales del delito; esto las diferenció de las políticas encausadas hacia la reducción ambiental y situacional de las oportunidades para la comisión de delitos en los ámbitos urbanos, las cuales sin dejar de elaborar una concepción sobre el delito, tendieron al abandono del problema de una etiología. Identificar los rastros de dichos debates que se encuentran en las formulaciones de las políticas preventivas actuales es un ejercicio necesario para la interpretar las formas en que problematizan dicha cuestión del delito y la pobreza.
Por último, las políticas de prevención social del delito y las formas particulares en que estas reconstruyen la relación entre delito y condiciones de vida emergen en el campo de contradicciones y debates políticos que en la Argentina a partir de los años '90 se estructuró en torno a la noción de "inseguridad". En este sentido, es necesario historizar la emergencia y el desarrollo de estrategias preventivas en relación a las discusiones sobre la inseguridad que se dan en la sociedad argentina, en el marco a su vez de las reorientaciones específicas que se producen en la política social y la política criminal en nuestro país. En este punto entendemos que las políticas de prevención social del delito reactualizan la cuestión de la polaridad seguridad-inseguridad en las sociedades tardo-modernas poniendo en tensión su problematización en términos de seguridad-inseguridad frente al delito con la que refiere a la inseguridad social, la proliferación del riesgo o la liquidez de las relaciones sociales como característica constituyente de la experiencia vital en el último ciclo histórico. Consideramos un eje fundamental de nuestro análisis el inscribir el desarrollo de las políticas de prevención social del delito y la forma en que elaboran la relación entre condiciones de vida y delito en el marco de las discusiones políticas y sociales sobre la cuestión de la seguridad que se desarrollan en Argentina en las últimas décadas.
El enfoque metodológico adoptado para la investigación es cualitativo, y conjuga la realización de entrevistas en profundidad a las autoridades y operadores territoriales de los programas analizados, con el análisis de un corpus de documentos ligados a la formulación y gestión de dichas intervenciones. La estructura del artículo será la siguiente: en el próximo apartado, describiremos las políticas que constituyen nuestros referentes empíricos. Seguidamente presentaremos la emergencia en el contexto internacional de la "nueva prevención" del delito a partir de fines de la década de 1970. Luego desarrollaremos las herramientas conceptuales fundamentales que organizan nuestro análisis acerca de las nociones de comunidad y cultura. Ya entrando en el análisis del material producido en nuestro trabajo de campo, en el tercer apartado analizaremos la forma en que la noción de comunidad participa en lo que denominamos como una territorialización segmentada de la intervención. La sección cuarta se dedicará a sondear los modos en que la comunidad es tematizada como problema y a la vez, como solución, en relación a las prácticas delictivas. Por último, condensamos las conclusiones del trabajo.

2. Intervenciones analizadas

Los referentes empíricos de nuestra investigación son intervenciones estatales que se han inscripto en el paradigma de la "nueva prevención" del delito, en particular en relación al tipo de prevención "social". A su vez, estos programas comparten el haberse articulado en su implementación con el Programa de Empleo Comunitario (PEC en adelante), intervención laboral asistencial que se otorgó a los destinatarios de los programas de prevención social del delito como beneficio por la contraprestación de su participación en las actividades que estos prescribían.  EL PEC es creado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS) en el año 2003, como cristalización de experiencias originadas en el interior del "Programa de Emergencia Laboral" (PEL) iniciado en 1999 y en el marco de la aparición del "Programa Jefas y Jefes de Hogar" en el año 2002. En el contexto de la declaración de la emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria por parte del gobierno nacional, el MTySS decide abrir la incorporación al PEL a sectores que quedaban por fuera de la delimitación de la población-objetivo del Programa Jefas y Jefes de Hogar, especialmente los jóvenes. En ese sentido, se dispone un monto del beneficio similar al programa anterior, y como contraprestación la realización de actividades "comunitarias" de carácter mensual, para 300.000 beneficiarios.
Uno de estos programas es la experiencia más importante de políticas inscriptas en el campo de la "nueva prevención" del delito en el ámbito argentino, en tanto intervención de prevención social orientada hacia jóvenes: el Programa "Comunidades Vulnerables" (PCV), surgido en el año 2001 en el marco del Plan Nacional de Prevención del Delito (Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) que se pusiera en marcha en el año 2000. Decimos que es la experiencia más importante dado que en primer lugar fue una política que intentó alcanzar un verdadero desarrollo nacional: se aplicó en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, como Morón, Avellaneda, Tres de Febrero, San Isidro, además de hacerlo en otras provincias: Río Negro, Neuquén, Chubut, Mendoza y Santa Fe. Aunque es para destacar que el grueso de su población objetivo se encontró en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Por otro lado, hasta el momento no se desarrolló ninguna otra estrategia de prevención social alcance la cantidad de jóvenes que participaron en él (promedió los 1400 destinatarios) y los años que extendió su desarrollo: desde el 2001 hasta el año 2008.  El PCV junto al PEC demarcaron una población destinataria conformada por jóvenes de 16 a 30 años de edad, entendidos como jóvenes en conflicto con la ley penal, categoría que no necesariamente implicaba el contacto formal con el sistema penal. Las intervenciones que caracterizaron a este programa, en una dinámica que se definió como "territorial", a partir del trabajo de operadores en las diferentes zonas (generalmente villas o barrios populares), fue por un lado el trabajo grupal con los jóvenes, tanto en la forma de los "proyectos" productivos, culturales o recreativos como en los "talleres" de discusión y tratamiento de temáticas diversas, como adicciones, violencia o proyecto de vida. Por otro lado se configuró a las entrevistas individuales de los jóvenes y los operadores como una intervención regular del PCV, aunque no estaba presente en las formulaciones originales del mismo. La participación en estas actividades era la condición para el mantener el beneficio del PEC. En segundo lugar, analizaremos las intervenciones que a nivel municipal, luego de la finalización del PCV en el año 2008, continuaron con las estrategias de prevención social del delito articuladas con el PEC presentando fuertes continuidades aunque también significativas diferencias, como luego observaremos (En el análisis nos referiremos a ellas como PostPCV). Por último, incluimos en nuestra investigación el Programa "Intervención multiagencial para el abordaje del delito en el ámbito local" (en adelante PIM) (Secretaría de Seguridad Interior / PNUD) que se implementó desde agosto de 2008 hasta agosto de 2010. El mismo tuvo como objetivo

"...promover la implementación de políticas integrales de seguridad con énfasis en la prevención que, sin desvalorizar los aportes que pueden realizar las instituciones policiales, incluyan y comprometan a otras agencias gubernamentales y actores no gubernamentales en el abordaje y resolución del problema".

Se enfocó originalmente sobre tres ciudades medianas: Santa Fe, Neuquén y Resistencia. Luego se desarrolló sólo en las dos primeras ciudades y sólo en Santa Fe logró establecer estrategias concretas de intervención sobre jóvenes. Se estructuró en dos etapas: una primera abocada al diagnóstico de la situación a partir del análisis documental de los programas estatales sobre la materia y de entrevistas en profundidad con actores claves, tanto estatales como de la sociedad civil. En una segunda etapa, tomando dicho diagnóstico, se elaboró una estrategia multiagencial de abordaje de problemas prioritarios de seguridad para dichas ciudades. El mismo fue construyó como la violencia altamente lesiva en hechos delictivos para la ciudad de Santa Fe. Y de la misma manera se delimitó una población objetivo: la mayor parte de los protagonistas de la violencia altamente lesiva, configurada como el problema prioritario de seguridad en la ciudad de Santa Fe, son jóvenes varones de barrios populares. Las intervenciones realizadas (durante el breve período de trabajo territorial con jóvenes) fueron el trabajo grupal, los proyectos recreativos, particularmente el llamado "Vacaciones Compartidas" donde los jóvenes destinatarios accedían en grupo a las instalaciones de clubes provinciales donde compartían los espacios con otros jóvenes destinatarios de diferentes políticas e instituciones provinciales. Por otro lado, planteó experiencias de proyectos productivos, ligados a la reparación de bicicletas y sillas de ruedas provistas por el gobierno provincial. Para esta actividad el programa estableció la misma articulación que el PCV con el campo de la política social: otorgó el beneficio del PEC.

3. Emergencia de la "nueva prevención" del delito

Desde mediados de los años setenta y con mayor fuerza durante los años ochenta comienza a cristalizarse una reorientación de las lógicas estatales de intervención que habían caracterizado a los arreglos institucionales propios de los Estados de Bienestar, más allá de las profundas diferencias que existían entre las distintas experiencias históricas concretas. Este proceso tiene una clara expresión tanto en el campo de la política social como en el ámbito de la política criminal o las intervenciones dirigidas al control del delito. En este último, comienza a producirse lo que se ha considerado como un cambio paradigmático (Sozzo, 2000) en cuanto a las estrategias orientadas al control de la criminalidad. Una de las conceptualizaciones más poderosas acerca de este proceso de transformación la encontramos en el análisis de David Garland (2005) sobre la desarticulación de lo que él llamó el complejo penal-welfare. Centrando su estudio en las estrategias de control del delito en el contexto anglosajón, Garland refiere con este concepto a la estructura institucional estable que se consolidó en el campo de la política criminal a inicios el siglo XX hasta mediados de los años setenta. La misma se caracterizaba por su hibridez: penal-welfare, combinación de "legalismo liberal" en el proceso penal y un "compromiso correccionalista" centrado en la idea de rehabilitación del delincuente. Es decir, una estructura formada por el solapamiento de las instituciones tradicionales del campo del control del delito (la policía como institución especializada, los tribunales, el ministerio público y las prisiones) y los principios penales liberales por un lado, con el desarrollo de una estructura más reciente, ligada a finalidades correccionalistas como la rehabilitación, el tratamiento individualizado o las condenas indeterminadas.
La creciente desestructuración de este complejo a partir de mediados de los años setenta abre paso a un campo de control del delito complejo, con tendencias diversas. Una de las orientaciones fundamentales de esta mutación histórica es el declive del ideal de la rehabilitación, entendido como el debilitamiento de los argumentos correccionalistas en las intervenciones de justicia penal. A su vez, se observa un resurgimiento de las sanciones punitivas. Esta transformación ha sido conceptualizada por Simon Hallsworth (2006) como el "giro punitivo". Con este concepto se refiere a un movimiento de las sociedades occidentales hacia el fuerte endurecimiento de las sanciones penales, expresado en un aumento exponencial de la población encarcelada y en la proliferación de penas que se destacan por su inusual crueldad. Si bien algunas posturas entienden a esta transformación como una consecuencia de la subordinación de los sistemas penales a la lógica instrumental de la racionalidad estatal burocrática moderna (Christie, 1993), Hallsworth en el citado artículo sostiene que:

"Contra la tesis que sostiene que los sistemas de ley y orden se están volviendo más modernos, yo quiero argumentar, en cambio, que al mismo tiempo y en un aspecto diferente, se están volviendo más des-modernos" (Hallsworth, 2006: 66).

A su vez, se transforma el conocimiento criminológico: si las criminologías de la era del Estado de Bienestar tendían a trabajar bajo el supuesto de la perfectibilidad del hombre y ver al delito como producto de una socialización deficiente en el marco de las desigualdades sociales, comienzan a circular criminologías centradas en el diagnóstico que entiende al delito como producto de un control inadecuado; hay una tendencia al pasaje desde las teorías de la "privación social" hacia las teorías del control (Garland, 2005). En este marco se inserta el surgimiento de la nueva corriente dentro del campo de los estudios criminológicos que se conoció con el nombre de los "nuevos realistas" o el realismo criminológico de derecha (Platt y Takagi, 2001). Por último, se observa una tendencia hacia la transformación de los estilos de gestión: aparecen ciertos rasgos vinculados a las formas de administración empresarial, el management y a la gestión de riesgos (Garland, 2005). Una de los conceptos que dan cuenta de este fenómeno es el de nueva penología (Feeley y Simon, 1998). Con ella se refieren a una propensión hacia el descentramiento del individuo en el campo penal, inclinándose hacia la consideración de agregados sociales; es decir, comienza a vislumbrarse un nuevo tipo de proceso penal que pareciera alejarse de la preocupación por castigar y reformar individuos, abocándose cada vez más al management de los grupos sociales clasificados como "de riesgo" (Feely y Simon, 1998).  
En este contexto se produce el desarrollo de la prevención del delito, como una de las orientaciones fundamentales que expresan la desarticulación del complejo penal-welfare. Nos referimos a la prevención extra penal, es decir la prevención proactiva, para diferenciarla de la intervención puramente reactiva propia del sistema penal. Las formas que adquieren estas intervenciones no penales son variadas y hacen de la política criminal, en tanto conjunto formado por estas políticas y las penales propiamente dichas, un concepto complejo, indeterminado, que contiene diversas técnicas concretas, dependiendo de la posición teórica y política que la sustente (Baratta, 1997). Estos desarrollos en acciones proactivas que en conjunto forman lo que se conoce como "nueva prevención" (Crawford, 1998) comparten dos características: por un lado, el ingreso de la comunidad local como protagonista de este tipo de estrategias, reflejado en la pluralidad de organismos que participan en sus distintos niveles de implantación (Pavarini, 2009). Por otro lado, la extensión de las acciones preventivas más allá de las que se dirigen a conductas que infringen la ley penal, alcanzando aquellas denominadas incivilités, no formalmente delictivas (Baratta, 1997; O' Malley, 2004).
Dada su amplitud e intensa heterogeneidad, al interior del conjunto de intervenciones que son denotadas con la noción de prevención del delito surgen numerosas formas de clasificación y de condensación de las mismas en tipos o estrategias diferentes. Sin embargo, existe una forma preponderante de estructurar las diferencias entre las distintas intervenciones concretas que se desarrollan bajo la noción de prevención del delito, y es la que separa o diferencia dos grandes grupos: la prevención situacional-ambiental, y la prevención social. A su vez, podemos señalar un proceso posterior de autonomización de otras dos formas, la prevención comunitaria y la "prevención del desarrollo" (developmental crime prevention) (Sozzo, 2000; O' Malley, 2004; Selmini, 2009).
Podemos decir que la táctica situacional-ambiental se diferencia fundamentalmente por estar orientada hacia las víctimas potenciales, y esta orientación se evidencia a partir organizar todo un conjunto diverso de intervenciones sobre las situaciones y los ambientes para reducir las oportunidades de que se cometan delitos en ellos. Por su parte, el modelo de prevención social se distingue por intentar influir en las supuestas causas sociales-estructurales que estarían por detrás de los comportamientos delictivos; es decir, a diferencia de las anteriores se orienta fundamentalmente hacia los potenciales ofensores. Este modelo contiene ciertos resabios positivistas, tanto respecto del tipo de interpretación que propone acerca de los "fenómenos delictivos" (en términos de su orientación etiológica, pues se centra en la búsqueda de las causas del delito), como de su disposición hacia la "reforma social" como método ex - ante de prevención. Uno de los puntos centrales de debate en torno a este tipo de intervenciones es su especificidad, fundamentalmente en relación al campo de las políticas sociales, lo que constituye el punto nodal de nuestro problema de investigación. Nos interesa poner de manifiesto aquí que este debate se estructura entre quienes proponen una visión "amplia" de las políticas de prevención social, asimilándolas al conjunto de intervenciones sociales del Estado, y entre quienes buscan delimitar su especificidad a partir de identificar lo particular de sus objetos de intervención y de sus fines propuestos.
Como consignamos, la noción de lo local es una de las dimensiones distintivas de la proliferación contemporánea de la prevención del delito. Y en este marco surge la importancia de la interpelación a la comunidad en estas políticas. La autonomización de la prevención comunitaria como un tipo diferente de táctica preventiva estaría dado por la forma en que estas políticas construyen a la comunidad como sujeto activo de la intervención, y no sólo como su "lugar" u objeto de realización. Dentro de estas estrategias de responsabilización de los ciudadanos (Garland, 2005), conviven tanto intervenciones que promueven una idea de "comunidad defensiva" frente a los potenciales ofensores, como intentos de desarrollar participación comunitaria y nuevas formas de solidaridad social. Esto marca el grado en que la prevención comunitaria puede pensarse como una forma compuesta, que engloba tanto medidas de prevención social como estrategias situacionales (Selmini, 2009).

4. Comunidad y cultura: herramientas conceptuales

En torno a la categoría de comunidad tendremos como principal referencia la producción teórica que desde la perspectiva de los "estudios sobre la gubernamentalidad" (De Marinis, 1999) se realizara sobre la reactivación de la comunidad como forma de territorialización en las tecnologías de gobierno y las racionalidades políticas neoliberales. Hemos tomado dicha decisión entendiendo que este enfoque es particularmente productivo en relación a nuestro problema de estudio, en la medida en que apunta directamente a la reconfiguración que en el marco del neoliberalismo ha venido produciéndose en la relación entre la política social y la política criminal. En "Gobernando la comunidad, gobernando a través de la comunidad", Mariana Valverde y Ron Levi (2006) presentan tres diferencias características entre este enfoque y las perspectivas analíticas más tradicionales acerca de la noción de gobierno: en primer lugar, el gobierno más allá del Estado: este tipo de estudios no privilegia el estudio del gobierno a partir de instancias estatales sino que lo inscribe en el marco de las relaciones de poder en general, propiciando una deconstrucción de las habituales diferenciaciones entre lo público y lo privado. En segundo lugar, difieren en cuanto a la importancia de los efectos: la pregunta no se orienta a develar los contenidos o procesos "ocultos" que determinadas instituciones encubren ideológicamente sino que intentará captar los efectos de poder concretos que determinadas prácticas generan, mediante un análisis en su "exterioridad". Por último, la idea del gobierno en contexto: estos estudios hacen énfasis en conectar la "microfísica del poder" (Foucault, 1999) con los procesos y los cambios históricos en un enfoque más general o macro. 
Esta reactivación de la comunidad aparece como la contracara de un proceso de debilitamiento de la noción de lo social. Si la "invención de lo social" (Donzelot, 2007) como invención estratégica que comienza a circular en la segunda parte del siglo XIX, produjo una forma de territorialización caracterizada por un espacio continuo, el discurso sociológico conformó su objeto de estudio bajo el signo de la totalidad: un todo constituido por partes integradas (De Marinis, 2005). Esta construcción aparece en la actualidad en crisis y la revitalización del concepto de comunidad sería una de sus más claras manifestaciones. Nikolas Rose (1996) apunta tres procesos fundamentales de esta mutación: en primer lugar, una suerte de des-totalización: como dijimos, si lo social fue producido fundamentalmente como un espacio unitario, territorializado en el espejo de la nación, y a la par de la construcción de los arreglos de bienestar desde la referencia política a la categoría de ciudadanía social, la comunidad resurge en el trasfondo de un resquebrajamiento; la comunidad es siempre una instancia múltiple, es siempre comunidades. En segundo lugar, un cambio en el carácter ético: si lo social fue un orden de la entidad colectiva y de obligaciones y responsabilidades colectivas, en esta reterritorialización la conducta es reconducida a una percepción ética nueva del actor individualizado y autonomizado, teniendo ataduras únicas, locales y específicas con su familia particular y con una comunidad moral particular. Por último, aparece otra forma de identificación: ya no surge como meta el ciudadano socialmente identificado, que se entendía como parte de una única sociedad nacional integrada; sino, una relación más directa, menos artificial, en matrices de afinidad que parecen más naturales. Sin embargo, esta identificación es algo de lo que debemos devenir concientes: "La comunidad existe al mismo tiempo que debe ser lograda, pero este logro no es sino el-nacimiento-para-la-presencia de una forma de ser que preexiste" (Rose, 1996). Junto con esta "reinvención" de la comunidad, De Marinis (2005) señala otros dos "procesos de desconversión" de lo social. En primer lugar, una economización del Estado sobre sus medios de gobierno, una suerte de "adelgazamiento" que más que simple retiro, revela una redefinición de las relaciones entre lo público y lo privado. En este punto, Rose (1996) marca un proceso de "des-socialización del gobierno económico". En segundo lugar, una proliferación de tecnologías del yo activo, generadoras de un tipo subjetivo que esté en condiciones de asumir tareas de autorregulación. Por último, como otras de estas dimensiones conectadas al resurgimiento de la comunidad, Rose (1996) señala una reconfiguración de las relaciones entre experticia y política.
En este punto es necesario señalar que otra dimensión de este proceso de resquebrajamiento de los antiguos espacios sociales es la centralización de la noción de cultura. Nos referimos a la importancia que la dimensión cultural ha tenido a la hora de aprehender, tanto en producciones propias del sentido común, como en diferentes discursos de las ciencias sociales, los "nuevos" espacios comunitarios. Las particularidades de grupos y territorios fueron tematizadas a partir del eje de lo cultural.  Aquí nos parece preciso traer al análisis algunas de las problematizaciones que plantea Adam Kuper, en su libro Cultura: La versión de los Antropólogos (2001). En él, historiza el proceso de centralización de la noción de cultura dentro del campo de la antropología, el cual llega a convertirse a mediados del siglo XX en su objeto exclusivo de estudio: la antropología como disciplina de lo cultural. Pero a su vez, analiza cómo la noción de cultura en la actualidad rebasa el ámbito de la antropología como término "técnico" y se presenta como uno de los conceptos de mayor circulación a la hora de dar cuenta de los procesos más disímiles de nuestras sociedades. Kuper entiende a este culturalismo como idealismo: de una noción de cultura como fenómeno a desentrañar, a describir, interpretar o explicar observamos la creciente incidencia de una noción de cultura como fenómeno autónomo de donde emanan las explicaciones sobre las relaciones entre los hombres; cuando esto sucede, la explicación cultural obtura los complejos procesos políticos, económicos y sociales que a su vez constituyen esa dimensión cultural y, por supuesto, cómo en un mismo momento ésta es parte del desarrollo de dichos procesos.
En este sentido retomamos una noción de cultura como producción siempre polémica: cultura no como el ámbito de la armonía de valores, lo compartido, sino justamente aquello por lo que se lucha. En otras palabras, la cultura como construcción conflictiva, como espacio que se redefine continuamente a partir de las luchas por el sentido. En este punto Pierre Bourdieu (1990) ha hecho una contribución fundamental al acuñar la noción de poder de nominación. Entendemos que el mismo introduce de lleno en el análisis de los fenómenos culturales la cuestión de la política y el conflicto. Esta conceptualización muestra cómo las luchas sociales ponen siempre en juego, como posibilidad y como resultado de las mismas, al conocimiento del mundo a partir de las categorías que lo posibilitan: la posibilidad de transformación política, como una lucha indisociablemente teórica y práctica por la transformación del mundo que supone la transformación de las categorías de percepción a partir del cual el mismo es recreado. La capacidad de "nombrar, y hacer existir gracias a la nominación", el poder de performar el mundo social a partir de la influencia en las categorías o taxonomías que permiten aprehender el mundo social, constituye una fuerza social ineludible de la lucha política:

 "...el poder de hacer los grupos haciendo el sentido común, el consenso explícito, de todo el grupo". (1990; 290)

5. La comunidad como forma de territorialización segmentada

Luego de haber tratado alguno de los lineamientos conceptuales que organizan nuestra mirada, comenzaremos aquí el análisis de las formas en que la noción de comunidad fue problematizada en los programas de prevención social del delito sobre los que realizamos nuestro trabajo de campo. Como eje organizador de la mirada sobre las zonas en las cuales se desarrollaron sus estrategias, entendemos que las políticas analizadas presentaron una dinámica de territorialización segmentada de la intervención. Así nos referimos a un proceso por el cual la construcción del territorio a intervenir aparece bajo la figura fragmentada de zonas específicas, de barrios o de comunidades. Esta forma de construir los territorios de intervención marcan una ruptura con las lógicas de territorialización que caracterizaron la invención de lo social: como vimos, una tendencia hacia la continuidad,  la homogeneidad, y la universalidad como positividad en tanto propiedades definitorias de un territorio de gobierno. Los programas que analizamos en esta investigación se presentan como herederas de un cambio epocal. Sus modos de territorialización performan un espacio discontinuo, heterogéneo, fragmentado, en el que las especificidades de las "zonas" se vuelven el centro de la intervención. La territorialización que es promovida entiende el espacio como un espacio diferenciado, y en esta diferenciación encuentra el fundamento de su intervención. Justamente, lo territorial emerge como una dimensión clave para esta intervención porque construye un territorio segmentado como su objeto de acción. Resulta evidente esta discontinuidad si observamos la escasa importancia que la dimensión territorial tuvo en los arreglos institucionales de bienestar, tanto en los esquemas contributivos de seguro social como en los ligados a una noción fuerte de derechos no contributivos.
Las construcciones de sentido que estas políticas preventivas elaboran sobre la centralidad de la dimensión territorial en sus intervenciones participan de esta reactivación de la comunidad. Las políticas se construyen como territoriales como expresión de la nueva significación que adquieren las brechas que separan un territorio de otro: las intervenciones estatales deben ser territoriales para "dar lugar", "expresar" lo que tienen de específico esos espacios recortados como comunidades.

"...uno puede percibir una especie de unidad, que es fuente de bastantes males pero también de recursos, entonces un poco empezar a percibir y fortalecer los vínculos y las redes, no desde nosotros sino hacerlos visibles con ellos, con ellos quiere decir con los jóvenes pero también con su familia y la familia extendida, de ver cuales son las fortalezas y los recursos que hay ahí, no todo es tan malo, no todo es tan detestable porque vivo en la calle tanto que tiene la numeración que tienen todos y ninguno es dueño de la tierra donde tiene instalada la casilla... entonces eso también lo usamos como un recurso nosotros, para poder tener una base socio-geográfica digamos, para poder apoyarnos y repeler la idea de la institución... siempre tuvimos bastante claro que no teníamos que generar una institución que trabajara con jóvenes en prevención del delito, si no que había que trabajar medio a cielo abierto y cielo abierto es el cielo abierto de ese pedazo de sociedad..." (Entrevista Nº 2 - Autoridad Nacional PCV).

A su vez, lo territorial es producido en oposición a la noción de institución: es decir, opuesta a las formas de intervención que construían un espacio social, extendido, centrífugo. El trabajo territorial se hace en el cielo abierto de ese pedazo de sociedad, que se quiebra, se recorta del viejo mapa social.

"Necesitaba la idea física del barrio. 'No puedo laburar si no me lo dimensiono. Es más: vamos a nada, vamos a caminar, a charlar, a estar. Metámonos en los lugares, vayamos viendo y ahí se van a ir generando temas de entrevista'. Si entrás muy por la institución llegás a la institución, vamos a decir" (Entrevista Nº 36 - PIM).

La producción de esa territorialidad segmentada comprende la producción de un vínculo cercano, cara a cara entre la intervención y la comunidad. El proceso denominado como inserción comunitaria justamente se organiza en su búsqueda: la intermediación de los "referentes locales" en el tejido de esa trama de lazos sociales entre el equipo de intervención, los barrios y especialmente los jóvenes destinatarios. La generación de estos lazos de proximidad, de vínculo "caliente" entre operador y el barrio es uno de los prerrequisitos para la prevención del delito. Pero como luego analizaremos, la estrategia preventiva se planteó a su vez como objetivo la producción y el fortalecimiento de esos mismo lazos de proximidad. A su vez la noción de inserción comunitaria repone una construcción central de este proceso de territorialización segmentada: la reelaboración continua de un adentro y un afuera. La inserción comunitaria expresa una imagen de distancia y de exterioridad de la intervención con respecto a las zonas, entendidas estas como territorio ajeno, diverso, heterogéneo, inaprensible para un programa estatal. En estos procesos de inserción se construye una relación propia del nativo y el extranjero, configurando los territorios de intervención como exterioridad.
La idea de la complejidad y de la especificidad de cada barrio, las particularidades, que como un lenguaje desconocido, era necesario descifrar para entender las dinámicas sociales de cada barrio. En el PIM surge esta construcción especialmente en cuanto al desciframiento de los enfrentamientos entre las diferentes "bandas" de jóvenes y de las fronteras simbólicas que trazaban estos conflictos, en una dinámica que podríamos denominar intracomunitaria. Esta idea de heterogeneidad extrema, de complejidad inaprensible se elabora al entender al momento del diagnóstico como la exploración de un territorio ajeno, como una colonización, para entender sus mapas, sus 'laberintos'.

"La construcción del diagnóstico por barrio, nos permitió en primer lugar, reconocer los territorios donde se llevaría adelante el proyecto, empezar a entender sus mapas, sus 'laberintos'" (Documento Nº 11 - PIM)

La producción sobre las comunidades como espacios indescifrables para la intervención se presenta también en el modo en que es tratada la figura de los referentes barriales. La idea de que ellos son los que posibilitan un proceso de comunicación entre dos lenguas diferentes al desentrañar el mundo simbólico que es ajeno al programa. Los referentes barriales como la "puerta abierta" al barrio, como intérprete que traducía las lógicas simbólicas de territorialización que la construyen como un lenguaje inextricable. Su construcción como los traductores de la propuesta, habla de esta distancia, de este territorio desconocido, extraño.

"A estos referentes, durante el trabajo de campo,  los fuimos llamando los 'traductores de la propuesta', dado que ellos nos iban presentando o contando sobre la propuesta de acuerdo a su saber sobre el grupo o el momento por el que éstos atravesaban" (Documento Nº 11 - PIM).

5.1. Territorio y cultura

La producción de un territorio de intervención fragmentado, discontinuo, se presenta íntimamente vinculado a los elementos que lo hacen delimitable, es decir, a las propiedades que le brindan cierta homogeneidad. Una de las dimensiones que emerge como fundamentales en la problematización de lo local en estas políticas de prevención del delito es la noción de cultura. La idea de cultura es una de las fibras discursivas más intensas a la hora de caracterizar a las comunidades, a los espacios sociales donde se desarrollan las políticas preventivas en cuestión. Aunque, por supuesto, no son desconocidas en las prácticas de gestión o en los documentos confeccionados por los agentes que dirigen a las mismas los elementos socio-económicos que caracterizan a estas zonas urbanas, entendidos en términos de pobreza, vulnerabilidad social, o marginalidad. Sin embargo, el eje cultural presenta una marcada centralidad para caracterizar los elementos distintivos que al homogeneizar hacia adentro, trazan la frontera de la diferencia con el afuera. Y sobretodo la cultura adquiere centralidad cuando es necesario organizar una etiología de los comportamientos delictivos y violentos: en ésta se anudan las conductas (y las características subjetivas) y lo territorial con un lazo eminentemente cultural. 
Así encontramos que sobre la dimensión material de pobreza, surge una producción de sentido que articula fuertemente el registro territorial espacial con las nociones de cultura o subcultura. Hay una especie de aproximación "ecológica" en la que los barrios o comunidades (que, salvo contados casos, son "villas de emergencia") configuran una cierta cultura propia, con sus específicos entramados simbólicos. Estas culturas comunitarias son organizadas como uno de los nexos entre los espacios territoriales y los elementos subjetivos en la producción de explicaciones sobre las prácticas delictivas, de allí, sobre sus formas de prevención. Esta orientación no se encuentra sin sustentación teórica al interior del pensamiento criminológica. En el caso del PIM se expresa especialmente: hay un posicionamiento sobre la centralidad de la dimensión cultural que es presentada como arraigada en la producción conceptual de distintos autores: la corriente del realismo de izquierda brítanico (en especial Jock Young, 2003) y su elaboración sobre la noción de subcultura; Robert Merton (2002) y la tensión entre estructuras materiales y simbólicas: Albert Cohen (1955) también entendiendo al delito como forma de adaptación colectiva, expresiva e instrumental a las tensiones estructurales; Philippe Bourgois (2010) con la idea de "cultura callejera de los barrios pobres"; Sergio Tonkonoff (2007) que denomina a las adaptaciones colectivas a las tensiones estructurales como "estrategias juveniles de reproducción". Y a partir de David Matza (1961) rechazan la idea de valores desviados, sino la adscripción a las normas culturales dominantes, restringiendo los mandatos de la misma temporalmente a partir de las "técnicas de neutralización", que justifican sus acciones. Esta idea es retomada desde la problematización de Young:

 "'La delincuencia juvenil aparece impregnada por un conjunto de valores que se pueden caracterizar como la búsqueda de disfrute, el desden por el trabajo, y el deseo de generar dinero por la vía fácil, además de la concepción de la agresión como prueba de masculinidad', que están presentes también en el sistema de valores dominante pero que se contraponen a la moral pública (Young, 2008)" (Documento Nº 8 - PIM).

Es decir, en términos de grandes enfoques, se hace hincapié en la dimensión cultural desde la recuperación que hacen los realistas de izquierda de la tensión entre estructuras materiales y respuestas simbólicas desde el planteo mertoniano. Sin embargo, entendemos que la centralidad de la dimensión territorial, en términos en de una territorialización segmentada en el desarrollo concreto de la intervención, se pone en tensión con el intento de aprehender las continuidades culturales que está en la base de la crítica que a través de Matza y Young hacen a la noción de valores desviados. La fuerte impronta territorial oscurece dichas continuidades presentando una elaboración sobre la cultura de los barrios, una cultura comunitaria. Aquí pareciera emerger la vinculación de los realistas de izquierda con el pensamiento de la Escuela de Chicago, teniendo en cuenta su enfoque ecológico y su producción sobre de la prevención del delito. La tradición sociológica, la relevancia de la investigación empírica y la problematización "zonal" de los conflictos culturales en relación a transformaciones sociales estructurales (las mutaciones en las ciudades de industriales a principios del siglo XX), parecen ser significativas referencias (Park y Burgess, 1921; Sozzo, 2008; Thrasher, 2010).
Ahora bien, uno de los elementos fundamentales con que es caracterizada esta producción sobre la cultura de los barrios es la noción de violencia y con ella aparejada, el delito. Es decir, configura una trama de construcciones de sentido sobre esta cultura que tiene como una de sus particularidades salientes la paradójica proliferación mimética de violencia. Hay una interpretación sobre la diseminación de una cultura en espacios sociales - territoriales acotados, específicos, en los cuales la violencia y el delito se expanden.

"... el problema de la inseguridad en el barrio es que se cagan a trompadas y a tiros por cualquier cosa y eso no está tipificado como un delito por las condiciones en que se producen y en qué lugar se produce. La otra vez hablábamos, hicimos unas charlas con algunos [jóvenes destinatarios], preguntando el origen, por qué había tanta violencia. Ellos decían: 'por un hábitat', por una forma de estar. Por ahí, pasás por algún lado, te miran mal, ya te mira mal y supone que vos tenés que contestar, porque si no contestás vos sos débil y por lo tanto avanzan sobre vos. Entonces, vos le contestás, el otro te contesta, empieza como una escalada que termina a las piñas. Después es un grupo contra otro grupo, la violencia se va... Y en la raíz del conflicto hay un gesto mínimo, chiquito, que en realidad es como un momento en que se miden, pero para los chicos nuestros [se refiere a niños que no pertenecen a estos espacios urbanos] es un momento menor y para ellos no" (Entrevista Nº 29 - Operador PostPCV).

Una producción sobre la violencia como elemento común en las zonas de intervención, ligada a la idea de una violencia mimética que desde el más mínimo gesto se reproduce amplificándose, construyéndose ese "hábitat" como origen de los comportamientos violentos. Y por otra parte, esta cultura comunitaria es también presentada como algo coercitivo, de la cual los sujetos muy difícilmente pueden escapar (la idea de las miradas y el enfrentamiento inevitable, que luego se expande). Se reconstruye lo analizado en cuanto a los mecanismos preventivos: la intervención sobre la subjetividad intenta introducir el componente reflexivo para romper esa lógica mimética.
En este marco de sentidos se reconstruye la idea de subcultura delictiva. El delito es elaborado como emergente de este espacio cultural acotado. Es el caso de este pasaje, la idea de subcultura se centra en la diferenciación entre las nociones de ley y códigos:

"Y sí, yo creo que sí, el tema del barrio, creo que el tema de la cultura del barrio, porque este barrio tiene una subcultura como en todas las villas grandes, en la Cava también, en el Bajo Flores creo que también , debe tenerlo, no sé, no conozco, pero me imagino, tiene una subcultura donde no hay ley, donde hay códigos pero no hay ley, no esta la ley ahí, desde que se cuelgan del cable te das cuenta, bueno eso lamentablemente lo hace también la clase media, la clase alta, está en todos los estratos sociales en realidad pero ahí está como acumulado todo ¿entendés?, pero bueno creo que eso influye, que esa cultura influye, que esta ahí" (Entrevista Nº 6 - Operadora PCV).

Sin embargo, este discurso sobre unas condiciones ilegales de vida propias de un territorio claramente demarcado, como generalización y naturalización de delitos en las formas de vida y reproducción de la vida. La subcultura delictiva como productora de condiciones de vida atravesadas por las prácticas delictivas como formas de reproducción social. Aunque es preciso señalar que esta idea de  condiciones ilegales de vida también se presenta en otro registro, que no hace hincapié en la subcultura, sino como consecuencia de una situación de la cual son víctimas: las condiciones de vida signadas por la privación de derechos fundamentales.

"...es un poco complejo, ellos viven en circunstancias ilegales, no por ellos, no por el delito, no por lo que producen, sino porque no tienen agua, no tienen casa..." (Entrevista Nº 2 - Autoridad Nacional PCV).

6. La "comunidad" como problema y como herramienta

Como pudimos observar, la forma de territorialización segmentada que produjeron estos programas de prevención social del delito esta fuertemente vinculada a la noción de cultura, en términos de una cultura comunitaria, fragmentada, propia de los barrios, la cual presentaba el paradójico rasgo distintivo de desatar una propagación mimética de la violencia, y con esta el delito. En esta problematización, que presenta algunos resabios del enfoque ecológico sobre la idea de desorganización social que autores como Park y Burgess (1921) o Thrasher (2010) dieron a la llamada Escuela de Chicago, los intercambios simbólicos que se tejían de manera intracomunitaria eran el mecanismo a partir del cual los procesos de exclusión social se transferían a las estructuras subjetivas. Así esta comunidad (que por la centralidad de esta dimensión puede entenderse como comunidad cultural, aunque no de manera exclusiva) es entendida como mecanismo criminógeno. Sin embargo, como analizamos en el apartado correspondiente, la comunidad también se presenta como herramienta preventiva, como mecanismo preventivo. En esta sección presentaremos los modos en los que se elabora esta tensión entre la construcción de la comunidad como problema y como solución.
Como dijimos, uno de los rasgos salientes de la producción acerca de los elementos homogeneizadores que construyen a los barrios o las comunidades como unidades diferenciables era la idea de una subcultura delictiva extendida en el marco de transacciones culturales que fomentaban la diseminación de la violencia. Subcultura en el sentido de una generalización de códigos delincuenciales que regulan prácticas ilegales que se propagan en todo el entramado de estas comunidades. 

"...sí eran comunidades, por supuesto que eran comunidades y eran comunidades con códigos muy propios y distintos a los de afuera, así que si eran comunidades, había una comunión ahí y estaban con unos códigos totalmente... hasta opuestos te diría a los del afuera y los de cualquier persona de ahí, de afuera del barrio..." (Entrevista Nº 6 - Operadora PCV).

Lo común de estas comunidades en esta construcción es la extensión de los ilegalismos como forma de vida, configurando unas condiciones ilegales de vida a partir de la circulación de códigos delictivos; y aquí la idea de código se opone a la noción de Ley en un sentido fuerte del término.
Una dimensión central de la comunidad local como espacio delimitado por la violencia y el delito refiere a sus propiedades coercitivas y limitadoras con respecto a los jóvenes destinatarios. En ellas emerge una elaboración sobre lo local que podemos denominar como comunidad de encierro: el espacio comunitario como frontera infranqueable para los jóvenes, tanto en términos materiales como simbólicos y culturales. La idea de que los jóvenes "no salen" de sus barrios nunca, implicaba tanto la cuestión física de sus vidas sin franquear casi lo límites de sus comunidades, como la idea de que se encuentran influenciados sólo por el comercio simbólico que caracteriza dichos ámbitos: el no salir como hecho material y simbólico.
En el PIM la producción sobre una comunidad de encierro es reelaboraba en la idea de de una comunidad delimitada, más que por marcaciones visibles, por fronteras simbólicas que trazan las zonas de apropiación de los grupos de pares, las bandas que integran los jóvenes. Estos límites, producidos en la dinámica de esta violencia intracomunitaria, pero también con el hostigamiento policial, son presentados a su vez cómo límites para el acceso a la ciudad.

"Algunos barrios dentro de la ciudad, se vuelven zonas intransitables para aquellos que allí no residen, como también  infranqueables para aquellos que allí viven" (Documento Nª 11 - PIM).

Como analizamos, el enlace con otras instituciones para realizar el abordaje socio-cultural, fundamentalmente el proyecto "Vacaciones Compartidas" es construido como mecanismo para debilitar la exclusión de estos jóvenes, tanto a nivel "comunitario", bajo el diagnóstico que las barreras de los barrios ataban a estas jóvenes a su calle, su esquina, como también en el sentido de estar aislados de otras intervenciones sociales para jóvenes. Los mecanismos preventivos que ponían en juego estas estrategias se vinculaban a resquebrajar las fronteras de la comunidad (trazadas desde la violencia policial o la violencia intracomunitaria) como así también las fronteras que los separan de las intervenciones sociales destinadas al resto de los jóvenes. La tutela para la salida del barrio como "demanda" de los jóvenes en la realización de proyectos de emprendimientos productivos, como demanda de protección de la violencia comunitaria, muestra esta misma imagen de una comunidad de encierro. Fueron discutidos y seleccionados los caminos posibles para llegar hasta el lugar de realización del proyecto de reparación de bicicletas, que era en el interior del barrio, aunque este punto se encuentre a contramano de franquear los límites del barrio. El diagnóstico es que la lejanía del barrio conspiraba con la capacidad de los jóvenes para "sostenerlo", reconstruyendo el diagnóstico de una subjetividad pasiva. En el caso del PCV, aunque esta construcción no cristalizó de manera tan directa en un tipo de intervención como en el caso del PIM, este diagnóstico también circula.

"Así que bueno, al final conseguimos trabajar en el Hospital Posadas, en la parte de atrás de un chalet derruido que lo tenía ATE en ese momento y nos lo prestaron como diciendo 'no sé, no sé, hagan...', total era una tapera. Bueno, y ahí estuvimos trabajando desde marzo del 2003 hasta junio del 2007, que se incendió y ya no pudimos ir, ya no pudimos más pero, digamos, varios años trabajando en el barrio. Nos venía muy bien esa ubicación geográfica a nosotros porque si bien estaba a campito por medio del barrio, los pibes salían del barrio y así como podía ser que vayan a cualquier lado, no sólo que viniesen acá. Porque también hay una resistencia grande al que quiere cambiar, hay una resistencia muy grande; empiezan los insultos 'ahora se te enfrió el pecho, ahora no te da la sangre para salir, ahora te hiciste careta, ahora te pusiste la gorra, ahora sos un buchón'" (Entrevista Nº 3 - Operadora PCV).

El reunirse para las actividades que organizaba el programa afuera de la villa es presentado como algo productivo en sí mismo, porque hacía "salir" de esa comunidad a los destinatarios, haciendo hincapié en los elementos limitantes de la misma. Ahora bien, como observamos, la comunidad no sólo es vista como problema, como barrera que hay que quebrar o intercambios simbólicos que es necesario neutralizar: la comunidad también es reconstruida como una herramienta valorada por estos programas para la prevención del delito, es decir, como mecanismo preventivo.
En este sentido los programas analizados establecieron estrategias que se orientaron a la reactivación de las energías comunitarias en los vínculos entre los jóvenes y sus barrios. Así, se estructuraron una serie de mecanismos de recreación comunitaria con el fin de intensificar y reorientar los intercambios entre los jóvenes destinatarios y las comunidades que atravesaron los tipos de intervención que se pusieron en juego. En este sentido podemos identificar como experiencias de participación comunitaria a una serie de actividades grupales, sobre todo en el marco de los proyectos, en donde los jóvenes eran instados a ponerse en contacto que diferentes miembros de sus barrios a partir de actividades concretas. Algunas de estas experiencias de participación comunitaria son el proyecto de merendero que se realizó en el programa PostPCV del Municipio 2, como intento de posicionar a los jóvenes de manera activa frente a lo que era identificado como necesidades del barrio. O la iniciativa de reparación de bicicletas que organizó el PIM valorando posicionar a los jóvenes dentro de la comunidad como sujetos ligados al trabajo. Dentro de estas experiencias se destacan a su vez las que propusieron formas concretas de representación de la comunidad como el proyecto de fotografía en el programa PostPCV de Municipio 2, en donde la representación fotográfica de la comunidad se establecía como forma de reconocer y solidificar la distinción de lo "bueno" y lo "malo" del barrio. También el proyecto de mapeo de la villa en el PCV, en donde se intentaba una reconstrucción vincular de los jóvenes con esos espacios a partir de su de representación. La sutura de estos lazos fue siempre producida como parte de un proceso que intentaba conjugar un corrimiento de los roles en los que eran representados los jóvenes por sus comunidades (ligados al delito) y las representaciones de sus comunidades en los jóvenes. Así, se instaba un proceso de re-representación de la comunidad que era a su vez una instancia de re-representación de sí.

"Otra cuestión a ponderar [de la intervención es] provocar otra visibilidad en su propio barrio (juntarse para hacer alguna actividad, buscarse casa por casa para participar de éstas, espacios de encuentro y acuerdo en el mismo barrio)" (Documento Nº 8 - PIM).
"Pero se ven las diferencias, ellos mismos las ven porque muchas veces vienen y te dicen "el viejito de enfrente ni me miraba ni nada, y ahora me ve por las dudas me saluda". Es decir, esos cambios los vecinos los ven y bueno, ya les cambia su actitud; los ayuda muchísimo" (Entrevista Nº 5 - Operadora PCV).

De esta manera las formas de recreación comunitaria en tanto procesos de re-representación eran también vistas como modos de exorcizar la peligrosidad que portaban estos jóvenes en sus comunidades. Pero por otro lado, este proceso de recreación comunitaria es entendido desde la producción de lo que podemos llamar una comunidad responsabilizada. Este proceso comprende la activación de diferentes agentes de las zonas de intervención en el desarrollo de las actividades preventivas propuestas como un proceso de responsabilización de esos espacios comunitarios. Esta operación se observa con particular intensidad en la participación de los "referentes locales" no sólo en las instancias de inserción comunitaria, sino también en el devenir de los tipos de intervención implementados. En el caso del PIM se expresa claramente en la orientación de responsabilizar a "otros actores" en el manejo de la seguridad, incluido el nivel local, a partir de la noción de multi-agencialidad. Además, es utilizada la noción de equipos ampliados para denotar la participación de los referentes locales en los equipos de intervención.

 "Asimismo, la integración de agentes locales claves a los equipos territoriales, como los referentes, permitieron pensar en la conformación de equipos ampliados para las distintas intervenciones que se fueron construyendo en el devenir del hacer reflexionado. Por esto, los equipos territoriales se constituyeron en espacios flexibles donde es posible  "la entrada o salida" estratégica de agentes, sean éstos estatales (pertenecientes a distintos estamentos de las instituciones gubernamentales) como del mismo barrio o de la sociedad civil, siendo lo convocante la actividad, o la discusión acerca de la situación de alguno de los jóvenes, etc. Así, se fueron elaborando procesos multiagenciales locales, dinámicos y flexibles, aunque esta no exenta de ambigüedades y dificultades" (Documento Nº 11 - PIM).

La participación de referentes barriales en los equipos de intervención también fue una particularidad estuvo presente en el desarrollo territorial de las estrategias que pusieron en marcha el PCV y los programas locales PostPCV.
Por último, nos interesa destacar que la tensión entre la comunidad como mecanismo preventivo y como mecanismo criminógeno se mantiene en el desarrollo de estas intervenciones sin cancelarse en uno u otro sentido. La idea de que es una herramienta con problemas muestra esta forma de conjugar ambos elementos. Tanto en términos de una subcultura delictiva (donde hay lazos pero son ilegales y violentos), como parte de un proceso de desarticulación de lazos sociales comunitarios que el programa debe reactivar constantemente, la idea de lo comunitario siempre aparece como tensionada en la problematización de esta intervención.

R: "En las comunidades lo que se ve es eso, comunidades que antes de la dictadura (...) había mucha cosa comunitaria en el sentido de estar trabajando todos con un objetivo de solidaridad y de códigos y de... Me parece que hay lugares donde los códigos no existen, lo han perdido, no sé qué... o hay que ver qué es lo que pasa ahí..." (...) Era una herramienta..."
P: "¿Una herramienta?"
R: "Una herramienta con problemas. No sé si es una herramienta o no, es lo que hay. Nosotros trabajamos en la comunidad, eso sí es importante recalcar porque a mí me parece que es uno de los aspectos que... más favorables de la intervención. Es en la comunidad, no es ni en la oficina ni en... otro lugar..." (Entrevista Nº 8 - Autoridad Local PCV).

Regenerar los elementos preventivos de las zonas (ese proceso de re-representación de los jóvenes y sus comunidades) y neutralizar la propagación de los intercambios simbólicos que diseminan la violencia son las formas propuestas para la intervención. En este sentido, entendemos que hay una suerte de re-producción de la comunidad como estrategia explícita en estos programas. Si bien la comunidad es un objeto que preexiste a la intervención preventiva del delito, aparece como necesaria una constante reinvención de la misma:

"...la profusa referencia a la comunidad en los discursos políticos no hace más que mostrar su carácter de proyecto que es necesario apuntalar y reactivar constantemente (Bauman, 2002).

7. Conclusiones

En estas páginas hemos sondeado las diversas formas en que estos programas han producido un territorio de gobierno, centrado en la noción de comunidad. Como eje organizador de esta mirada sobre las zonas sobre las cuales se desarrollaron sus estrategias, observamos una dinámica de territorialización segmentada de la intervención. Así nos referimos a un proceso por el cual la construcción del territorio a intervenir aparece bajo la figura fragmentada de zonas específicas, de barrios o de comunidades. Esta forma de construir los territorios de intervención marcan una ruptura con las lógicas de territorialización que caracterizaron la invención de lo social: las intervenciones de la última parte del siglo XIX y la primera del siglo XX cristalizaron lo social como campo y dieron corporeidad a esa invención estratégica llamada sociedad. Los programas que analizamos en esta investigación se presentan como herederas de un cambio epocal. Sus modos de territorialización performan un espacio discontinuo, heterogéneo, fragmentado, en el que las especificidades de las "zonas" se vuelven el centro de la intervención. La territorialización que es promovida entiende el espacio como un espacio diferenciado, y en esta diferenciación encuentra el fundamento de su intervención. Lo territorial emerge como una dimensión clave para esta intervención porque construye un territorio segmentado como su objeto de acción.
Como observamos, aunque sin desconocer sus ejes materiales, una de las dimensiones que emerge como fundamentales en la problematización de lo local en estas políticas de prevención del delito es la noción de cultura. La idea de cultura es una de las fibras discursivas más intensas a la hora de caracterizar a las comunidades, a los espacios sociales donde se desarrollan las políticas preventivas en cuestión. Esta producción de una cultura comunitaria, se caracterizaba por una propagación mimética de la violencia y por la extensión de códigos ligados a una subcultura delictiva. Así esta comunidad es entendida como mecanismo criminógeno. Sin embargo, como analizamos en el apartado correspondiente, la comunidad también se presenta como herramienta preventiva, como mecanismo preventivo. En este sentido los programas analizados establecieron estrategias que se orientaron a la reactivación de las energías comunitarias en los vínculos entre los jóvenes y sus barrios. Así, se estructuraron una serie de mecanismos de recreación comunitaria con el fin de intensificar y reorientar los intercambios entre los jóvenes destinatarios y las comunidades que atravesaron los tipos de intervención que se pusieron en juego.
Estas construcciones nos muestran políticas con tendencias marcadas hacia una  comunitarización (Danani, 2005) de los términos de su intervención, en el sentido de organizarse interpelando a los sujetos a partir de sus particularidades en términos de grupos y territorios. La construcción de territorios de intervención intensamente fragmentados, interpelados en cuanto sus diferencias con el resto del entramado social como elemento homogeneizador muestra la impronta de la asociación del fenómeno delictivo con grupos sociales, en esta caso territoriales-comunitarios específicos. La centralidad en esta construcción que adquirió la cuestión de la cultura comunitaria propia de los barrios, como elemento criminógeno expresa dicha tendencia. Y aunque en estos programas el reconocimiento de los procesos sociales de exclusión como motores de estas culturas de la violencia y el delito no faltan en sus formulaciones, las dinámicas de intervención concreta que implementaron y las construcciones de sentido que produjeron en su desarrollo tienden a centrarse exclusivamente en la dimensión cultural (y de ahí al eje subjetivo) de los procesos, corriendo el riesgo de tornarse culturalistas, en el sentido de entender a la cultura como variable independiente de los de los procesos sociales (Kuper, 2001). Las intervenciones, especialmente del PIM, que intentaban romper con lo que tematizaban como una comunidad de encierro, a partir de la lógica del enlace de los jóvenes destinatarios con espacios sociales e institucionales ajenos hasta el momento para ellos presenta una tendencia contrapuesta, que es necesario subrayar.
Estas son las tensiones que desató el proceso de construcción de un territorio de intervención en los programas analizados, tensiones en las que las nociones de comunidad y cultura fueron medulares, reconstruyendo y modelando una particular vinculación entre ambas. La dimensión cultural fue uno de los ejes centrales de una territorialización segmentada de la intervención, que construyó a estos espacios comunitarios como "caldo de cultivo" de las prácticas delictivas, pero también, como mecanismo preventivo. Entendemos que esta construcción es una de las propiedades fundamentales que caracterizan el vínculo entre condiciones de vida y prácticas delictivas que produjeron las políticas analizadas.

8. Bibliografía

1. ALVAREZ LEGUIZAMÓN, S. (2005), "Introducción" en Alvarez Leguizamón, Sonia (Comp.) Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: estructuras, discursos y actores, CLACSO - Buenos Aires.         [ Links ]

2. AYOS, E. J. (2010) "Individualización y prevención "social" del delito en Argentina: la reactualización de las 'clases peligrosas'", en Revista Katálysis, Fascículo 2, Volume 13, Año 2010. Universidade Federal de Santa Catarina - Brasil.         [ Links ]

3. BARATTA, A. (1997), "Política Criminal: entre la política de seguridad y la política social" en Carranza, E. (coord.), Delito y seguridad de los habitantes, Siglo XXI - México DF.

4. BAUMAN, Z. (2002), Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil,  Siglo XXI - Madrid.

5. BOURDIEU, P. (1990): "Espacio social y génesis de las clases". En Bourdieu, P. Sociología y cultura. Grijalbo - México.

6. BOURGOIS, P. (2010) En busca del respeto. Vendiendo crack en Harlem. Siglo XXI - Editores Buenos Aires.

7. CASTEL, R. (1997), Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Ed. Paidós - Buenos Aires.

8. CASTEL, R. (2004), La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, Manantial - Buenos Aires.

9. COHEN, A. (1955) Delinquent Boys. The culture of the Gang, The Free Press. Ed. Glencoe.

10. CRAWFORD, A. (1998), Crime Prevention and Community Safety. Politics, Policies and Practices, Harlow - Longman.

11. CHRISTIE, N. (1993) La industria del control del delito. Ediciones del Puerto - Buenos Aires.

12. DANANI, C. (1996), "Algunas precisiones sobre la política social como campo de estudio y la noción de población-objeto" en Susana Hintze (org.), Políticas sociales. Contribución al debate teórico-metodológico, CBC-UBA - Buenos Aires.

13. DANANI, C. (1999), "De la heterogeneidad de la pobreza a la heterogeneidad de los pobres. Comentarios sobre la investigación social y las políticas sociales" en Revista Sociedad N° 14, UBA - Buenos aires.

14. DANANI, C.(2005) "Las políticas sociales de los '90: los resultados de la combinación de individualización y comunitarización de la protección". En: Coloquio Internacional: "Trabajo, conflictos sociales e integración monetaria: América Latina en una perspectiva comparada", Instituto de Ciencias (UNGS)/Institut de Reserche por le Développement/ANPCyT-FONCyT - Buenos Aires.

15. DANANI, C. y GRASSI, E. (2008): "Ni error ni omisión. El papel de la política de Estado en la producción de las condiciones de vida y de trabajo. El caso del sistema previsional, Argentina 1993-2008". En: Lindenboim, J. (comp): Trabajo, ingresos y políticas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI. Editorial Eudeba -  Buenos Aires.

16. DAROQUI, A. (2003) "Las seguridades perdidas" en Argumentos, Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA - Buenos Aires.

17. De Marinis, P. (2005), "16 comentarios sobre la(s) sociología(s) y la(s) comunidad(es)" en Papeles del CEIC, Nº 15, CEIC, Universidad del País Vasco - España.

18. DONZELOT, J. (2007), La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones políticas, Nueva Visión - Buenos Aires.

19. EZCURRA, A. M. (1998), ¿Qué es el neoliberalismo? Evolución y límites de un modelo excluyente, Lugar Editorial - Buenos Aires.

20. FEELEY, M. y SIMON, J. (1998) "La nueva penología: Notas acerca de las estrategias emergentes en el sistema penal y sus implicaciones", en Revista Delito y Sociedad, Nº 6-7, pp. 33-58. Ediciones UNL - Santa Fe.

21. FOUCAULT, M. (1999) Vigilar y Castigar, Siglo XXI - México.

GARLAND, D. (2005), La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Editorial Gedisa - Barcelona.

22. GLASER, B. y STRAUSS, A. (1967), The discovery of grounded theory, Aldine Publishing Company - Nueva York.

23.GOLBERT, L. (2004), ¿Hay opciones en el campo de las políticas sociales?, Clacso Libros - Buenos Aires.

24. GRASSI, E.; HINTZE, S.; NEUFELD, M. Et Alii (1994), Políticas sociales, crisis y ajuste estructural, Espacio Editorial - Buenos Aires.

25. GRASSI, E. (2003), Política y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame, Espacio Editorial - Buenos Aires.

26. HALLSWORTH, S. (2006) "Repensando el giro punitivo. Economía del exceso y criminología del otro". En Revista Delito y Sociedad, Nº 22. Ediciones UNL - Santa Fe.

27. HIMMELFARB, G. (1983), La idea de la pobreza. Inglaterra a principios de la era industrial, Fondo de Cultura Económica - México.

28. KUPER, A. (2001), Cultura. La versión de los antropólogos. Paidós - Barcelona.

29. MATZA, D.  SYKES G. (1961) "Juvenile Delinquency and Subterranean Values" en American Sociological Review, Vol. 26, No. 5.

30. MERTON, R. (2002) Teoría y Estructuras Sociales. ED. Fondo de Cultura Económica- México.

31. MORELL, A. (2002), La legitimación social de la pobreza. Editorial Anthropos - Madrid.

32. OFFE, C. (1990), "La política social y la teoría del Estado" en Offe, Claus. y Keane, J. Contradicciones en el Estado de Bienestar,  Alianza - Madrid.

33. O' MALLEY, P. (2004), "Riesgo, poder y prevención del delito" en Revista Delito y Sociedad, Nº 20, Buenos Aires, 79-102.

34. PAVARINI, M. (1983), Control y Dominación, Siglo XXI Editores - México.

35. PAVARINI, M.(2009), Castigar al Enemigo. Criminalidad, exclusión e inseguridad. FLACSO Sede Ecuador - Quito.

36. PARK, R. y BURGESS, E. (1921), Introduction to the science of sociology. The University of Chicago Press - Chicago.

37. PLATT, T. y TAKAGI, P. (2001) "Los intelectuales del derecho y el orden. Una crítica a los 'nuevos realistas'". En Revista Delito y Sociedad, Nº 15-16. Págs. 118 a 140. Ediciones UNL - Santa Fe.

38. PEGORARO, J. (2002), "Teoría Sociológica y Delito Organizado: El Eslabón Perdido" en Encrucijadas UBA. Revista de la Universidad de Buenos Aires, Nº 19, Buenos Aires.

39. POLANYI, K, (1992), La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestros tiempos, Fondo de Cultura Económica - México.

40. RANGUGNI, V. (2004), "Transformaciones del Estado y Políticas de Control del Delito en la Argentina de los '90", en Muñagorri y Pegoraro (comp) La relación seguridad-inseguridad en centros urbanos de Europa y América Latina, Estrategias, Políticas, Actores, Perspectivas, Resultados, Oñati Proccedings, Editoria Dickinson - Madrid.

41. ROSE, N. (1996), "The death of the social? Re-figuring the territory of government" en Economy and Society 25 (3), 327-356.

42. SELMINI, R. (2009), "La prevención: estrategias, modelos y definiciones en el contexto europeo" en Urvio. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, Nº 6, Flacso Ecuador - Quito.

43. SOJO, A. (1990), "Naturaleza y selectividad de la política social" en Revista de la Cepal, N°41, Santiago de Chile.

44. SONEIRA, J. (2004), "'La teoría fundada en los datos', (Grounded Theory) de Glaser y Strauss" en IV Jornadas de etnografía y métodos cualitativos, IDES - Buenos Aires, SOZZO, M. (2000), "Seguridad Urbana y Técnicas de Prevención del Delito" en Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal, Nº 10, Buenos Aires.

45. SONEIRA, J.(2003), "Globalización y control del delito. Algunas reflexiones exploratorias" en Revistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nº 3. Año 3, Ediciones UNL - Santa Fe.

46. SONEIRA, J.(2008), "Park, Shaw y McKay y la mirada sociológica sobre el delito en la Escuela de Chicago", en Revista Delito y Sociedad, Nº 25. Ediciones UNL - Santa Fe.

47. TENTI FANFANI, E. (1993), "Representación, Delegación y Acción colectiva en Comunidades Urbanas pobres" en Lumi, S., L. Golbert, y E. Tenti   Fanfani, La mano izquierda del estado. La asistencia social según los beneficiarios, CIEPP / Miño y Dávila -  Madrid-Buenos Aires.

48. THRASHER, F. (2010) "La delincuencia juvenil y la prevención del delito", en Revista Delito y Sociedad, Nº 29. Ediciones UNL - Santa Fe.

49. TONKONOFF, S. (2007) "Tres movimientos para explicar por qué los Pibes Chorros visten ropas deportivas". En La Sociología AHORA. Siglo XXI Editores - Buenos Aires.

50. TOPALOV, Ch. (2004), "De la cuestión social a los problemas urbanos: los reformadores y la población de las metrópolis a principios del siglo XX" en Danani, Claudia (comp.), Política social y economía del trabajo, UNGS/OSDE/Altamira - Buenos Aires.

51. VALVERDE, M. y LEVI, R. (2006) "Gobernando la comunidad, gobernando a través de la comunidad". En Revista Delito y Sociedad, Nº 22, Ediciones UNL - Santa Fe.

52. WACQUANT, L. (2000), Las cárceles de la miseria, Manantial - Buenos Aires.

53. YOUNG, J. (2003) La Sociedad Excluyente: Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad tardía, Editorial Marcial Pons - Barcelona.