Introducción

"Así se hace

Mira a dónde llegaron lo' peore' de la clase (Hace; clase) Sin careta ni dinero, sin fucking disfrace' (Disfrace')" (La clase, Cazzu)

Entre el sábado 02 de octubre del 2021 y el jueves 07 del mismo mes se llevó a cabo el relevamiento para la actualización de datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en El Chaparral, barrio popular de la ciudad de Córdoba donde realizamos nuestro trabajo de campo. Unos meses antes, el 26 de abril se había anunciado públicamente la reapertura del relevamiento a fin de actualizar los datos que se habían edificado entre los años 2016 y 2018. Por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia del COVID-19 la actividad fue virtual. Mediante una trasmisión en la plataforma Youtube seguida por casi 400 personas y que duró poco más de media hora se publicitó el anuncio. En primer lugar, intervinieron Daniel Arroyo (ministro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en ese momento) y Fernanda Miño (a cargo de la Secretaria de Integración Socio-Urbana). Luego, se anotaron para compartir pequeñas exposiciones representantes de organizaciones populares involucradas en el registro como Caritas, Techo y la Federación de Tierra y Vivienda, entre otras. Para el cierre de la actividad, tomaron la palabra Esteban el “Gringo” Castro, Secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y, nuevamente, el mencionado ministro.

En forma concisa, el representante nacional de la UTEP expresó la importancia de abordar el tema del hábitat de manera integral y desde esa perspectiva, la necesidad de actualizar los datos del RENABAP. Asimismo, destacó la importancia de haber evitado desalojos de barrios populares gracias a la legislación relacionada con el registro ya que si bien nunca han promovido tomas de tierras, estas suceden porque hay necesidades populares y la respuesta no puede ser la represión.

Finalmente, el ministro Arroyo manifestó cinco objetivos centrales de la actualización que merecen ser mencionados: 1- Que el RENABAP y la integración urbana se transformen definitivamente en políticas de Estado; 2- Visibilizar la problemática del hábitat para transformar la realidad; 3- Poder tener mejor información sobre los barrios populares; 4- Lograr derechos como fue el Certificado de Vivienda Familiar (CVF) y 5- Seguir apostando a una política que se construye de abajo para arriba porque nadie mejor que les habitantes de barrios populares para saber que necesitan sus barrios.

Dadas estas proyecciones sobre el RENABAP, realizaremos un análisis en relación a su alcance, partiendo del estudio de su aplicación en un barrio popular en Córdoba que permitirán una mejor la comprensión del tema general. Específicamente, estudiaremos la experiencia de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que además de ser el referente empírico de nuestra investigación doctoral, fue una de las principales organizaciones impulsores del registro. A la par, dejaremos planteadas algunas coordenadas de nuestro enfoque pues, asumimos un compromiso con la experiencia estudiada y lo hacemos reflejando la potencialidad epistemológica que puede adquirir el análisis a partir de dicha relación.

Recorrido teórico y metodológico: la experiencia de organización de la EP

“Un poco enfermos Ofendiendo a la razón" (Fantasía, Cazzu)

La CTEP ha expresado el agrupamiento de mayor peso del sector de la EP desde su nacimiento en mayo del 2011 hasta su confluencia con otras organizaciones para dar vida a la UTEP en diciembre del 2019¹. El objetivo central de la Confederación fue estimular la organización en clave gremial de quienes trabajan en las actividades de la EP (Fernández Moujan, Maldovan Bonelli y Ynoub, 2018; Grabios y Persico, 2015; ^{Schejter, 2020}). A tal fin, debieron al mismo tiempo que avanzar en la organización, construir el sujeto, visibilizarlo y delimitarlo. En esta “categoría político-reivindicativa” (^{Fernández Álvarez, 2018}), se hayan comprendidos quienes inventan su trabajo día a día, con organización y mucha creatividad dado que sus medios de producción son aquellos descartados por el sistema. Por esta razón, y en paralelo, quienes forman parte de la EP logran “ganarse la vida” sin salir de condiciones de marginalidad. En palabras de “Nori” Montes, un referente del Movimiento Evita y dirigente de la UTEP Córdoba: “Nosotros siempre decimos que la economía popular se podría resumir en que es el trabajo que se inventan los compañeros para subsistir ante la falta de laburo o de oportunidades. A veces, son opciones. A veces, no te queda otra” (P. Montes, entrevista del autor, 29 de agosto 2019).

Sin embargo, podemos afirmar que quienes desarrollan estas actividades realizan un trabajo que, aunque esté en los “márgenes”, no se encuentra afuera de la economía capitalista global (aunque en la mayoría de los casos no se lo reconozca). Como han señalado diverses autores, la economía popular es parte de la heterogénea economía global, no es “otra economía” (^{Fernández Álvarez, 2020}; ^{Grabois y Persico, 2015}), y su organización no debería pensarse desligada de la organización de les otres trabajadores (^{Sorroche y Schejter, 2021}).

Sin dudas, al organizarse y potenciar su voz, la EP comenzó a ser un sector más visible en los últimos años y han surgido diversos trabajos que dan cuenta de ello. Por un lado, tenemos un primer registro estatal del sector, y por otro, algunos informes militantes - académicos.

El Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP) “busca reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo.”². En 10 meses de funcionamiento, el primer informe de mayo del 2021 informa de más de 2.000.000 de personas inscriptas. En el segundo informe, que salió tres meses después, en agosto, ya se registraron más de 2.800.000.

Sucintamente, de los datos del RENATEP se destaca la feminización de las actividades enmarcadas en el sector: si bien las proporciones varían según las ramas, hay una mayoría abrumadora de mujeres. En total, se ha registrado el 54,7% y, en algunas actividades, los números son contundentes. Por ejemplo, en tareas de cuidado, las mujeres representan un 89,2%. Este punto evidencia algo que hace tiempo se viene planteando desde los estudios del sector: es clave desarrollar una mirada de género para comprender los temas ligados a los hogares populares que son el ámbito privilegiado de la reproducción social en nuestro país (^{Gago, Cielo y Gachet, 2018}).

En este sentido, proponemos una mirada interseccional no puramente accidental ni contingente (Arruzza, [2014] 2016), ni cosmética (^{Viveros Vigolla, 2016}), que permita reconocer las complejidades de las dimensiones de género y de clase para analizar a la EP.

A su vez, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) denominado “La Economía Popular”, informó para el total de “trabajadores, ingresos y transiciones laborales” lo siguiente: “En 2020-IV, la EP abarca a 4,1 millones de trabajadorxs” (OCEPP, 2021). Por su parte, el Centro de Innovación de los Trabajadores también publicó los resultados de su investigación³. Con el título “La economía popular en números. Bases metodológicas para una propuesta de medición”, contabilizan lo siguiente: “El Universo Amplio de la economía popular ascendió a 4.278.751 personas, un 33.1% de la Población Económicamente Activa” (^{Fernández Álvarez, Natalucci, Di Giovambattista, Fernández Mouján, Mate y Sorroche, 2021}).

En base a estos números y los análisis derivados en los informes, se desprende que existe una sintonía en las mediciones, pudiendo afirmar que este sector de la “clase que vive del trabajo” (^{Antunes, 2005}) posee una gravitación cada vez relevante en nuestro país. Asimismo, y si bien quienes cobran algún tipo de subsidio y han decidido organizarse en la CTEP o ahora en la UTEP agrupan a una porción pequeña del total de la EP, continua siendo relevante reflexionar sobre un sector que sigue profundizando su dimensión año a año, y que se plantea la organización gremial de cientos de miles de trabajadores/as, abriendo una particular experiencia en la transformación de la lucha de clases (^{Fernández Álvarez, 2019}; ^{Sorroche y Schejter, 2021}).

Como se puede advertir, el proceso de conformación de la EP y su auto-organización, es complejo, y su aproximación analítica, también lo es. En general, los trabajos académicos que lo abordan suelen plantearlo explícitamente como un tema a problematizar. Aquí consideramos que el trabajo de campo como la investigación en ciencias sociales, no son neutrales. Debemos admitir que están embebidas de concepciones implícitas acerca de cómo se construyen representaciones de la vida social y cómo se les da sentido a partir de la experiencia (^{Paz, Schejter y Filippi, 2021}).

Se debe asumir el carácter político de toda investigación y visibilizar/problematizar desde donde se piensan/sienten/escriben los fenómenos sociales y su complejidad. Así, nuestra perspectiva está construida de manera comprometida, pensando “con” la organización estudiada y no “sobre” la misma (^{Fernández Álvarez, 2017}). En este punto, retomamos el aporte de ^{Leyva Solano (2018}) quien reconociendo tensiones entre los mundos militantes y académicos, propone recuperar traslapes y convergencias que permitan dar una “lucha epistémica” en favor de perspectivas comprometidas con los sujetos a estudiar (^{Schejter, 2020}). A la par, existen corrientes feministas que han aportado claridad para pensar las tensiones militante-académicas (^{Tarducci, 2010}).

En particular, quisiéramos destacar el enfoque de “investigación militante” que existe en algunos trabajos (^{Virgílio, 2018}; ^{Hurtado, 2016}; ^{Rodrigues Ramalho, 2013}; ^{Bard Wigdor, Barrionuevo y Echavaría, 2012} ), pero aún es marginal en el ámbito académico. En estos trabajos, la militancia de quien investiga es concebida como una experiencia específica que genera relaciones y que ubica a les autores en situaciones particulares, significativas, ante determinados problemas y preguntas de valor cognoscitivo. Ergo, proponemos asumir la militancia, como cualquier otra manera de involucrarse con el referente empírico, en tanto acción que habilita potenciales elementos para la investigación, y no como un riesgo de “perdida de neutralidad” (^{Bourgois, 2010} [1995]; Favret-Saada, 1990).

No desconocemos que asumir una identidad militante puede dar lugar a ciertas posibilidades así como también puede cerrar otras (^{Fernández Álvarez y Carenzo, 2012}). Empero, consideramos que el compromiso problematizado explícitamente puede ser un instrumento clave para nutrir nuestro trabajo de investigación (^{Jimeno, 2019}).

Puntualmente, el trabajo de campo entendido como una red de relaciones (^{Quirós, 2011}) fue realizado entre los meses de agosto de 2019 y noviembre del año 2020, y estuvo asentado en cuatro pilares: 1. El acompañamiento de un trabajo de base a la rama socio-comunitaria del barrio popular El Chaparral, en ciudad capital de Córdoba; 2. La participación en diversas actividades especiales de las organizaciones que conformaron la CTEP; 3. La realización de entrevistas a referentes de la Confederación en diversas partes del país; 4. La revisión de redes sociales.

En base al enfoque etnográfico y su entrecruzamiento con reflexiones teóricas y análisis de fuentes, elaboramos en primer lugar, una descripción para comprender el sentido del Registro de Barrios Populares (RENABAP), la Ley de “Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana” y decretos relacionados al eje del relevamiento. Luego, analizamos algunos antecedentes destacados, intentando dar cuenta de los momentos claves y las conquistas relacionadas a la vivienda digna a partir de la ejecución del registro en los barrios populares. Finalmente, nos detendremos en los significados y repercusiones de este recorrido para evaluar los avances que permiten pensar el binomio producción / reproducción de la vida en el sector de la EP.

Primera aproximación al Registro de Barrios Populares (RENABAP)

"A callarle la boca ya me acostumbré Actuando como si supiera meno' 'e lo que sé" (Mucha data, Cazzu)

El tema que abordaremos puede relacionarse más con la reproducción de la fuerza de trabajo que con la esfera de la producción. Cuando hablamos de la dimensión reproductiva aludimos a un conjunto de actividades y relaciones gracias al cual la vida y por lo tanto, la capacidad laboral, se reconstruyen cotidianamente, y al modo en que está socialmente organizado el trabajo entendido este en un sentido amplio (^{Azarian, 2020}). Nos referimos al RENABAP y las conquistas que se lograron en base al relevamiento realizado bajo su organización.

Un porcentaje inmenso de quienes trabajan en la EP viven en los barrios populares, por ello, a partir de esta tarea la CTEP amplía los horizontes de un sindicalismo estrecho y corporativista, incluyendo en su perspectiva la mejora integral de las condiciones de vida de les trabajadores que la integran. Así, también se logra traducir parte de la reivindicación de las “3T”⁴ en política pública. Un referente de la Confederación lo explica con estas palabras: “hay que destacar la iniciativa del RENABAP que la llevamos, no únicamente adelante desde CTEP, pero si se quiere, fue una idea nuestra, impulsada por nosotros, que después tuvo el acompañamiento de la organización Techo, de Caritas, de Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) (Gonzalo Prestia, entrevista del autor, 09 de julio de 2020).

La problemática de la vivienda y el hábitat se relaciona con una dinámica mundial del capital que en las últimas décadas desarrolló un proceso de desposesión de las grandes mayorías populares sobre el “derecho a la ciudad” (^{Harvey, 2014}). En este sentido, las ciudades latinoamericanas encuentran a gran parte de su población resolviendo sus necesidades habitacionales por fuera de los mecanismos formales del mercado lo cual tiene como resultado una multiplicidad de informalidades y precariedades urbanas (^{Guevara, Marigo y Wallace, 2018}). De allí que la intervención estatal sea relevante para brindar parámetros sobre la organización habitacional y la distribución de viviendas. Sin embargo, en general esta ha sido débil.

En el caso de nuestro país, el problema habitacional también se expresa de manera contundente. Con la política neoliberal del gobierno militar que tomó el poder en 1976 y del menemismo después, la dinámica de precarización de la vivienda fue creciendo a la par de la heterogeneización y fragmentación de la clase que vive del trabajo. Estos fenómenos se desarrollaron de manera entrelazada (^{Terranova, 2020}). Por otro lado, el hecho de que la Constitución Nacional jerarquice la propiedad privada como un derecho central también habilitó a que el mercado desarrolle su dinámica sin demasiada intervención estatal y que por lo tanto, la propiedad de inmuebles se concentre con el paso de los años.

Esto no fue modificado en la reforma constitucional del 1994 y la tendencia continuó produndizándose (^{Privitera y Rodriguez, 2019}). De esta forma, en la década de 1990, si bien existieron mecanismos de transferencia y regulación de tierras, primó el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la vivienda digna (^{Guevara, Marigo y Wallace, 2018}).

En este sentido, la cuestión del acceso a la vivienda digna y a un hábitat saludable expresa una de las deudas pendientes más importantes con los derechos humanos en Argentina (^{Morales, Zimerman, Fairstein, Pieczanski y Píngaro Lefevre, 2013}). Millones de personas sufren esta problemática, sobre todo los sectores marginalizados y más humildes. Los datos estructurales reafirman la lectura de la gravedad del problema en tanto, según estudios recientes, en nuestro país antes de la pandemia existía un déficit habitacional aproximado de 3,5 millones de viviendas de las cuales 2,2 millones serían viviendas deficitarias, 1,1 millones de hacinamiento semi-crítico y 0,2 de hacinamiento crítico (^{Granero Realini, Barreda y Bercovich, 2018})⁵.

En virtud de esta problemática, y para comenzar a dar respuesta a esta situación, se realizó el RENABAP, como resultado de un largo proceso de luchas y conquistas de la organización en los barrios populares. Así, en agosto del 2016 comenzó el relevamiento del registro y unos meses después, en mayo del año 2017, se sancionó el decreto 358/17 que reconocía formalmente al RENABAP. Un año más tarde, se presentó el proyecto de la norma fundamental que diagramaba una serie de políticas públicas para responder a los problemas arrojados por el relevamiento realizado. Esta ley fue denominada “Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana”⁶. Finalmente, se destacan un conjunto de decretos del año 2019 que tratan sobre el funcionamiento del RENABAP y la Secretaria de Integración Socio-Urbana (SISU).

El relevamiento

“Nosotros es una película que no fue (Oye)”

(Mentiste, Cazzu)

A comienzos de 2016, con la asunción al gobierno nacional de la Alianza Cambiemos, se estructuró una mesa de negociaciones integrada por movimientos populares, a saber: la CTEP, la CCC, Barrios de Pie (BP) y Un Techo para mi País (Techo), y algunos funcionarios, entre ellos, el Vicejefe de Gabinete de Ministros Mario Quintana. Desde ese espacio, salió la propuesta de realizar un primer relevamiento de barrios populares para lo cual se creó la Unidad Ejecutora de Proyectos Socio Comunitarios dependiente de la Secretaría de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (^{Guevara, Marigo y Wallace, 2018}). De allí surge el RENABAP que reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina:

Este relevamiento permitiría luego visibilizar y dimensionar la problemática de la capa más vulnerable del hábitat informal en la Argentina en pos de la construcción de políticas públicas consistentes, integrales y sostenibles en el tiempo. Hasta ese entonces, no existía información consolidada a nivel nacional de villas y asentamientos que permitiera pensar en un abordaje profundo e integral sobre el déficit habitacional de la Argentina (Informe del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2019)

En un sentido similar se expresaron referentes de la CTEP en las entrevistas realizadas. Una de Santiago del Estero nos expresó: “el RENABAP para mi es algo importantísimo (…) poder decirle al Estado que estos no son solo puntos en el mapa, son personas que han construido un barrio que no tiene luz, que no tiene agua, que trabajan de esto, o sea, para mí esto ha sido fundamental, el registro de los barrios populares” (Noelia Ibarra, entrevista del autor, 18 de julio de 2020). Uno de la Provincia de Buenos Aires, por su parte nos indicó: “Únicamente el objetivo no era tener la foto, aunque la foto es súper necesaria, sino tener la foto para ver el estado en el que están las villas, asentamientos del país, pero después, pensar políticas públicas para lograr la integración urbana de todos estos barrios” (Gonzalo Prestia, entrevista del autor, 09 de julio de 2020).

Sin dudas, esta idea de “visibilizar y dimensionar” el problema que plantea el informe es un elemento destacado por les referentes de la Confederación. En la CTEP existió una percepción común de que tener una foto realista es la base necesaria para poder proyectar políticas eficaces en los territorios populares. A su vez, un elemento central del RENABAP es que fueron las mismas organizaciones populares y ONGs quienes realizaron el relevamiento en los propios lugares donde ya trabajaban (^{Señorans, 2020}). Específicamente, en El Chaparral, un barrio popular de Córdoba Capital, observamos la importancia de que tres vecinas del barrio organizadas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) lo llevaran a cabo.

Un segundo aspecto destacable es que este trabajo permitió contar con información detallada y actualizada lo cual es un requisito imprescindible al momento de planificar políticas públicas que sean efectivas (^{Queija, 2020}; ^{Terranova, 2020}). De esta forma, Gildo Onorato, referente de la CTEP, nos decía: “Hacemos el relevamiento RENABAP y llegamos a la conclusión de que un porcentaje importante de las villas y asentamientos se generaron entre el 2010 y el 2016, en pleno crecimiento económico. Entonces, ello ya hablaba de que existía una nueva realidad en términos sociales, y en términos económicos” (entrevista del autor, 08 de julio de 2020).

Según el informe denominado “Hacia una política de integración urbana de barrios populares” que realizó la Mesa Nacional de Barrios Populares, alrededor del 45% de los barrios se han establecido post año 2000, y un 18% post año 2010. Gracias a la dimensión del relevamiento no sólo se obtuvieron estadísticas generales acerca de la existencia de 4.416 barrios populares donde viven unas 925.000 familias (incluyendo, aproximadamente, a unas 4.000.000 de personas); sino también información más especifica por provincia, ciudad y asentamiento o villa (^{Terranova, 2020}).

En tal sentido, se destaca el análisis de datos referentes a la dinámica nacional así como las especificidades locales, permitiendo crear una base de datos para que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y municipales puedan desarrollar líneas de acción en los barrios más empobrecidos, focalizando prioridades y urgencias: existen alrededor de 3,5 millones de viviendas con problemas, y el RENABAP registro más de 900.000 familias en los barrios populares. Esta información es clave para comenzar a abordar el problema del hábitat en Argentina.

De leyes y decretos conquistados por la organización popular

"Siento la curiosidad, de volver mi realidad Busco la oportunidad (ay, nah)" (No me ignores, Cazzu)

Para profundizar el análisis, es preciso indagar en los marcos normativos que se sancionaron durante este proceso. Por ejemplo, el Decreto Presidencial N.º 358/17 fue sancionado el 22 de mayo del 2017, creando formalmente el RENABAP e incorporándolo dentro de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La norma establece el reconocimiento de todos los barrios populares existentes al 31 de diciembre del 2016, tal como está expresado en su artículo Nº 1.

Un elemento central del decreto es que incorpora una concepción compleja de la pobreza y postula procesos de integración socio-urbana para los barrios populares como herramienta para atender la problemática habitacional de una manera integral, “haciendo hincapié en la multidimensionalidad del problema sin perder de vista los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, tal como lo expresa los considerandos de la norma. En ellos se toman los derechos humanos como parte de los fundamentos del decreto y por lo tanto, a asumir a les habitantes de los barrios populares como sujetos de derechos. Por esta razón, el 23 de mayo de 2017, un día después de sancionado el decreto, la CTEP junto a BP, CCC y Techo, sacan un comunicado público afirmando:

Las organizaciones sociales peleamos y trabajamos durante meses en la construcción del primer Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Miles de vecinas y vecinos fueron casa por casa para encuestar a las familias a lo largo y ancho de los 4100 barrios de la república argentina.El 22 de mayo de 2017, fruto de este esfuerzo compartido, se firmó el decreto 358/17 que reconoce por fin la existencia de estos barrios, de esta parte de la patria y crea el Certificado de Vivienda Familiar. Se trata de un documento público inédito en nuestro país, que legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, 2017)

Esta valoración evidencia la relevancia de la norma así como del extendido y efectivo trabajo que han realizado las organizaciones populares en territorios de todo el país. Así, algunos elementos como la definición de “barrio popular”, la creación del certificado de vivienda familiar (CVF) y la formación de la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares evidencia que el relevamiento y la legislación marco, se apoyaban en la labor territorial de las organizaciones de las EP.

El decreto define como barrio popular “a todo aquel agrupamiento mayor o igual a ocho viviendas contiguas o consecutivas, donde la mitad o más de las familias habitantes no poseen título de propiedad y carecen de al menos dos de los tres servicios considerados básicos” (artículo N°1 del Decreto Presidencial Nº 358/17). Esta conceptualización es importante porque intenta obtener una imagen real de la situación habitacional en los territorios más marginados, y permite visibilizar los problemas más profundos, urgentes.

Por su parte, el CVF, es quizás la gran conquista de la norma junto con el reconocimiento formal del RENABAP. Así es presentado al final del primer artículo:

La Agencia de Administración de Bienes del Estado será el organismo responsable de emitir un Certificado de Vivienda Familiar, para ser entregado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a los responsables de vivienda incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Dicho instrumento se considerará un documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y/o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas (artículo N°1 del Decreto Presidencial Nº 358/17).

De esta forma, las familias de los barrios populares relevados pueden obtener mediante un trámite simple el CVF y con él, el acceso a diversos derechos básicos que previamente se encontraban negados al no ser reconocidos por el Estado. Según la página web oficial del Ministerio de Desarrollo Social, alrededor de 200.000 familias ya habrían pedido y obtenido su CVF al momento de escritura del presente artículo. Por eso, en el comunicado ya mencionado se valora este certificado como un gran paso en la perspectiva de conquistar efectivamente las 3T, o sea “tierra, techo y trabajo” para todas las personas de la economía popular que viven en los barrios populares.

Un último aspecto destacado del decreto es la formación de la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares. Esta se ubicó en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros donde se establecieron sus funciones, a saber:

Promover estrategias de gestión del suelo, infraestructura básica, servicios, espacio público y equipamiento comunitario destinados al mejoramiento integral de los barrios populares. b. Coordinar políticas, normas y procedimientos relacionados con la creación de lotes con servicios y nuevas urbanizaciones. c. Procurar, en coordinación con los organismos estatales nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con entes privados competentes, la provisión de servicios públicos e infraestructura barrial para los habitantes de los inmuebles enumerados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)d. Coordinar las políticas participativas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de los bienes inmuebles enumerados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), que fueran debidamente elaboradas. e. Coordinar la colaboración con asociaciones profesionales, organizaciones sociales, organismos internacionales de cooperación y universidades y entidades públicas o privadas afines, tendientes a la realización de proyectos globales de capacitación, reordenamiento urbano y vivienda (artículo N°2 del Decreto Presidencial Nº 358/17).

Esta “mesa” permitió proyectar políticas públicas para avanzar en la provisión de servicios públicos e infraestructura barrial. Uno de sus trabajos destacados es el informe ya mencionado, de nombre “Hacia una política de integración urbana de barrios populares” y presentado el 19 de julio del año 2019 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Allí se describen los lineamientos centrales de la propuesta estratégica y las posibles formas de financiamiento que se realizan desde los movimientos populares. En plena sintonía, el programa “Mi Pieza” lanzado entre septiembre y octubre del 2021 por el Gobierno Nacional permite refaccionar casas para mujeres mayores de 18 años que habiten un barrio popular y estén registradas en el RENABAP⁷.

La Ley 27453, cuyo proyecto fue presentado en abril del 2018 y, luego de múltiples debates, fue aprobada definitivamente en octubre. Denominada “Régimen de Integración Urbana y Regularización Dominial”, resultó un logró de dimensiones importantes para la CTEP y las demás organizaciones que estuvieron trabajando en ella.

Se debe precisar que los dos pilares fundamentales que permitieron la sanción de la ley fueron: el trabajo de base representado en el relevamiento del RENABAP y una estrategia de varios frentes, que incluyó la lucha callejera y las negociaciones legislativas (^{Bruno, Coelho y Palumbo, 2017}). De esta forma, a punto de cumplirse un año del Decreto 358/17 y acercándose al segundo aniversario del comienzo del relevamiento del RENABAP, la CTEP junto a otras organizaciones plantearon públicamente y con más fuerza, la necesidad de una ley que permitiera avanzar en términos del derecho a la vivienda digna y la integración urbana de los barrios populares.

El 11 de abril de 2018, la CTEP, la CCC y BP organizaron un “feriazo por la economía popular y la integración urbana” y presentaron “Ley de Integración Urbana y Expropiación”. En esa jornada, se dejó asentada la propuesta afirmando que “Integrar los barrios significa dejar de pensar a esa población como enemiga, como carente de derechos sino reconocer su posesión sobre las tierras que habitan y todos sus derechos como ciudadanos”. Este momento de la lucha continuó hasta mayo cuando se produjo el ingreso al Congreso del proyecto de ley que fuera presentado por el bloque de Cambiemos a fin de lograr mayor legitimidad.

Les referentes de la CTEP tenían la lectura común de que si lograban que el proyecto ingresará por el sector más lejano en términos políticos, el resto de los bloques no tendrían más opciones que votarlo a favor. Presentado por Cambiemos, el proyecto expresaba que se encontraba por fuera de la “grieta política” del momento, pudiendo ser trabajado con el más amplio consenso posible. El 5 de julio, se dio la media sanción en “diputados” por unanimidad. La CTEP celebró lo sucedido en un comunicado público que terminaba así:

Le toca ahora al Senado dar la aprobación final. Cuestión que se vuelve cada día más urgente, ya que los ambiciosos de siempre especulan cada día con la vida de nuestros compañeros y compañeras, moviendo influencias y forzando desalojos ilegales en distintos puntos del país. Seguiremos luchando junto a los vecinos y las vecinas de los barrios por tierra, techo y trabajo. ¡Ninguna familia sin un techo digno!” (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, 2018).

En este sentido, a fines de agosto sale la “Carta al Senado para que apruebe la Ley de Integración Socio Urbana”. La misma fue firmada por todas las organizaciones que trabajaron en unidad desde el RENABAP. Allí se expresa que la propuesta ha surgido “desde abajo”, gracias al trabajo de miles de vecines de los barrios populares que hicieron el relevamiento, que la “informalidad en la tenencia de la tierra” y la precarización de la vida es un tema que no puede ser demorado. Sobre esta lectura, solicitan una reunión con representantes de todos los bloques y el tratamiento urgente de la Ley en la Cámara de Senadores. Finalmente, tras meses de presión y negociaciones, el 10 de octubre se aprueba la Ley y el día 29 se promulga.

Ahora bien, detengámonos brevemente en algunos elementos relevantes de la norma que busca establecer un régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana (^{Terranova, 2020})⁸. El concepto presentado de manera amplia y compleja, permite pensar la “integración socio-urbana” desde varias dimensiones. Asimismo, implica una perspectiva donde se reconoce a quienes viven en los barrios populares como sujetos y por lo tanto, se da lugar a sus experiencias y sus voces. Es decir, se plantea un proceso en un sentido integral, que incluye las dimensiones involucradas como la infraestructura y el equipamiento, pero también el componente subjetivo, intersubjetivo y simbólico (^{Guevara, Marigo y Wallace, 2018}). A tal fin, podemos decir que fue fundamental el involucramiento de las organizaciones populares, en tanto se reforzaron vínculos e identidades colectivas.

Algunos planteos centrales que se expresan en los 20 artículos de la Ley, tienen como objetivo solucionar las problemáticas de vivienda, de infraestructura y servicios sanitarios, de transporte y de cuidado del medio ambiente (^{Privitera y Rodriguez, 2019}). En el segundo artículo de la norma se plantea que “Con el objeto de proceder a su integración urbana, declarase de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el RENABAP”. Esto habilitó a la suspensión de desalojos y a discutir la propiedad de la tierra. Este artículo permitió dar vuelta las prioridades y subordinar en estos casos la propiedad privada de la tierra a su “utilidad pública” a fin de garantizar el básico derecho humano de la vivienda.

En los artículos 6, 7 y 8 se plantean las tareas centrales que debe cumplir el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la implementación de la Ley. Otro punto fundamental que destacó la CTEP fue el que figura en el artículo Nº 12, que establece lo siguiente:

Las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio-urbana mencionados en el artículo 6°, inciso 2), de la presente ley, así como cualquier obra a realizarse en los Barrios Populares incluidos en el RENABAP deberán adjudicarse, en un veinticinco por ciento (25%) como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares (artículo N°12 de la Ley 27453/18).

Así la CTEP junto al resto de las organizaciones daba un paso importante en la perspectiva de la conquista de las “3T” uniendo la reivindicación de “techo” con la de “trabajo”. Con este piso del 25% se garantiza que parte de la política pública relacionada con las respuestas al problema habitacional en los barrios populares quede en manos de las organizaciones de la EP. Esto fue un planteo realizado a fin de poder avanzar hacia la integralidad de las soluciones y buscar alternativas a las posibles mercantilizaciones de las obras públicas.

En los artículos 12 y 13 se faculta al Ejecutivo Nacional a la creación de un fideicomiso para financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el “objeto de la ley”. De esta manera, se establece una fuente material para la normativa que resulta relevante porque en múltiples ocasiones se aprueban leyes relacionadas a necesidades populares, pero no se pueden efectivizar por falta de dinero. A la par, queremos destacar lo que plantea el artículo Nº 15 que establece otro de los puntos más relevantes de toda la norma:

Suspéndanse por el plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP, tanto los sujetos a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado nacional. La aplicación del presente artículo es de orden público (artículo N°15 de la Ley 27453/18).

Para cerrar este apartado, debemos destacar que entre noviembre y diciembre del año 2019, se promulgaron los Decretos 789/19 y 819/19. Este último como anexo reglamentario de la Ley 27435 tiene por función central complementar la Ley, pero también al Decreto 358/17. El primero, más allá de los considerandos, tiene cinco artículos que plantean algunas modificaciones de una norma precedente en pos de reestructurar gran parte de la política pública relacionada a la integración socio-urbana de los barrios populares. Por su parte, el decreto 819/19, publicado solo unos días después, se focaliza en sus 13 artículos en la creación de un fondo fiduciario y de la Secretaria de Integración Socio-Urbana (SISU) como lo establece su artículo Nº 2.

La SISU adquirirá un rol preponderante con la asunción de Ramona Fernanda Miño como secretaria, en tanto es una referenta del MTE. Esto fue un acontecimiento fundamental para la organización pues permitió avanzar en la perspectiva de lograr la vivienda digna. El nombramiento es visto como el resultado de la construcción y la lucha colectiva. Así lo expresaba un referente de la Confederación: “A raíz de esto nos dieron una secretaria, en el Ministerio de Bielsa, que es la Secretaria de Integración Socio Urbana que la secretaria es una compañera de un barrio popular de San Isidro, que es Fernanda Miño” (Gonzalo Prestia, entrevista del autor, 09 de julio de 2020).

Fernanda ha manifestado en diversas ocasiones esta particularidad de ser funcionaria y ser parte de una organización de la EP. Sin dudas, que sea una mujer marginalizada quien esté a cargo de este rol nos recuerda que la EP es un sector altamente feminizado y, desde una perspectiva interseccional, entendemos que este nombramiento ha sido una conquista de las organizaciones populares. En sus palabras:

Quienes venimos de los sectores populares y las organizaciones sociales sabemos que es el territorio el que nos mantiene en alerta para no errar en el camino de la gestión. Nos reconfirma la misión que nos fue encomendada por el sector por el cual llegamos a encabezar ciertos procesos y áreas dentro del Estado. Y también demuestra que somos parte de la solución a los problemas más profundos de nuestro país (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, noviembre de 2020).

Como se puede observar, todo el proceso expresa un desafío complejo, pero necesario en pos de que efectivamente las políticas públicas puedan proyectarse teniendo en cuenta la voz de quienes serán beneficiaries de las mismas. Hasta el momento, el desarrollo federal de la SISU ha sido desigual, destacándose los avances en el conurbado bonaerense. Por esta razón, el rol de la CTEP y luego, de la UTEP como canalizadoras de la participación constante esta siendo central (^{Terranova, 2020})⁹.

Un último aspecto a destacar en el contenido del decreto es lo referido al financiamiento. Así, el artículo cuarto establece lo siguiente: “Créase, como un fideicomiso de administración y financiero, el “Fondo de Integración Socio Urbana” (el “FONDO” o “FISU”), cuyo objetivo se encuentra dirigido a financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la Ley Nº 27.453 y su modificatoria” (articulo Nº 4 del Drecreto Nacional 819/19). Lo importante aquí es que esta normativa conlleve la creación de un fondo específico lo que tiende a garantizar el cumplimiento de la Ley dando sustento material a la política pública dictada.

En definitiva, podemos ver como entre la actualidad de la SISU y los Decretos mencionados se busca garantizar el cumplimiento de la Ley. De esta manera, se termina asegurando otro avance en la aplicación de la política pública proyectada sobre la base de base de la información del RENABAP.

Por “el Chapa”: la experiencia del RENABAP en los barrios populares de Córdoba

“Sé que a veces te ilusiona (-siona) Pensar que puedo cambiar” (Conversación, Cazzu)

Como venimos advirtiendo, existen múltiples acciones que se fueron concretando con el impulso que da la información del registro. Creemos que es valioso reflexionar sobre el RENABAP anclado en la experiencia de la CTEP como organización más representativa de la EP, y desde los espacios propios de la organización y la militancia.

Así, en El Chaparral, barrio popular de la ciudad de Córdoba capital donde desarrollamos nuestro trabajo de campo, el impacto del programa Mi Pieza fue instantáneo. A los minutos de que les militantes del saloncito comentaron su existencia, se agolparon mujeres de todo el barrio para recibir ayuda e inscribirse.

La comida comunitaria que se estaba realizando fue quedando en segundo plano y “anotarse en eso” fue ocupando la centralidad de la jornada. Incluso, durante toda la semana, les militantes recibieron mensajes a sus teléfonos para seguir inscribiendo mujeres. Esto implica, nuevamente, comprobar el éxito de la experiencia que conjuga el trabajo publico-callejero con el legislativo. Por eso, se valora como el proceso ha incorporado a organizaciones no gubernamentales y organizaciones populares que han cumplido un rol fundamental desde el comienzo: no solo haciendo el relevamiento u ocupandose de las tareas organizativas sino participando activamente en cada etapa del proceso.

Esta perspectiva, que puede identificarse en el cuerpo de la Ley 27453/18, se debe entre otras razones, al origen de la norma: ha sido construida por las propias organizaciones de la economía popular, por las personas que viven en los barrios populares. Con esta afirmación nos referimos no solo a la redacción sino a la efectivizarían de la misma. Hemos notado la relevancia que este carácter participativo tuvo en los barrios: al acompañar a las mujeres que registraron el barrio El Chaparral, notamos como este trabajo reforzó vínculos comunitarios.

En este barrio donde pesaba un posible desalojo, les propies vecines recolectaban información del asentamiento, sabiendo que de esta forma se podía estar incluides en una norma que frenaría nacionalmente los desalojos. Si bien “El Chapa” es pequeño y todes les vecines se conocen, los diálogos que se dieron en el relevamiento casa por casa generaron intercambios novedosos y esto fue destacado con sorpresa por las relevadoras en charlas posteriores.

Por ejemplo, el impacto inmediato del artículo Nº 15 de la mencionada Ley fue contundente en el barrio de El Chaparral, teniendo una fuerte repercusión entre les vecines. La razón fue que en los meses previos a que se sancione la norma, existían múltiples rumores sobre posibles traslados de villas en Córdoba. Medios de comunicación llegaron a publicar planes de relocalización donde El Chaparral (también llamado ex-villa Richardson) sería parte de una primera etapa de traslados. Esto había prendido todas las alertas entre les vecines. Por esos días, se realizaron algunas asambleas en la puerta del saloncito comunitario para intentar sentar bases de una definición colectiva frente a los posibles intentos de desalojo.

Por cierto, las posturas que encontramos entre las personas del barrio distaban de ser homogéneas: algunes planteaban que la relocalización no estaba mal si ofertaban algo interesante en términos de dinero y de terrenos, mientras otres aseguraban que no se moverían de sus casas “por nada del mundo”. Luego, y a partir de varios encuentros, se acordó que podría aceptarse la relocalización solo si la misma se producía por la zona y en un proceso donde les vecines sean parte con “voz y voto”. Más allá de alcanzar este logro, la tensión en el barrio fue importante durante esos meses. En tal sentido, la prohibición de efectuar desalojos por cuatro años fue un alivio para todes.

Como ocurrió en “El Chapa”, esta situación se vivenció de manera similar en otros barrios. La suspensión de los intentos de desalojo en diversos lugares del país cambió la vida de miles de personas. Así lo expresaba un referente cordobés de la UTEP:

Ley de Integración Urbana ha logrado una idea de consenso social, entonces, de algún modo, aunque siguen pasando, se frenaron los desalojos, digo… hay algunos, son recursos de autodefensa, si se quiere. En lo material, tiene una potencia increíble (Iván Fernández, entrevista del autor, 12 de octubre de 2020).

En definitiva, la ley viene a dar un paso adelante en términos de garantizar los derechos para quienes viven en El Chaparral como en el resto de los barrios populares. Lo podemos percibir en la perspectiva general de integración socio-urbana que se enuncia, en el proceso de efectivización con dinero específico y con una dinámica participativa de las organizaciones de la EP. Asimismo, elementos de la resolución han tenido un efecto inmediato como la suspensión de despidos o la posibilidad de participar en el programa Mi Pieza. Otros, parecen tener una perspectiva de mayor plazo como el reforzamiento de las relaciones al interior del barrio.

Reflexiones finales

"Dijeron, no rompan na' Rompimo' hasta la tarima Nunca, nunca por detrá', siempre, siempre por encima" (Esquina, Cazzu)

Llegado el momento de las conclusiones, queremos detenernos en dos cuestiones: por un lado, la relación producción / reproducción de la vida que plantea la CTEP al jerarquizar esta lucha por la vivienda digna. Por otro, los desafíos que han quedados planteados con las posibles perspectivas relacionadas al tema.

En primera instancia, la búsqueda de una vivienda digna expresa esa intima relación entre producción y reproducción, al igual que la lucha por una integración socio-urbana. Esto puede ser pensado dentro del planteo de la lucha por el “derecho a la ciudad”, como lo ha planteado la CTEP en declaraciones que hemos compartido. Esta perspectiva implica un desafío para las organizaciones populares que buscan agremiar a un amplio conjunto de trabajadores marginalizades y, por lo tanto, deben buscar dar respuesta al problema habitacional de los barrios populares.

Partiendo de condiciones de marginalidad, la lucha por una vivienda cobra un peso central. De allí que las vidas precarizadas de la EP que se organizan en una perspectiva sindical hayan promovido el abordaje de este eje que no es propiamente laboral. En estos casos, el derecho a la ciudad es un elemento clave para poder proyectar y sostener los trabajos. En otras palabras: la CTEP, al estructurarse para conquistar derechos, no pudo subestimar el problema de la vivienda como si fuera un elemento secundario. La integración socio-urbana es fundamental para la reproducción social de quienes trabajan en la EP y se evidencio muy limitado quedarse en el ámbito estrictamente laboral.

En segunda instancia, y en relación a los desafíos que quedaron pendientes a lo largo de este proceso generado por el RENABAP, se puede afirmar que un aspecto conflictivo es la falta de inversión y de agilización del proceso de integración socio-urbana pues en un primer momento, había quedado como único gran logro la entrega de CVF. Esta cuestión, en la mayoría de los casos, hace foco en la necesidad de llegar con políticas a la mayor cantidad de barrios en el menor tiempo posible.

El informe y propuesta “Hacia una política de integración urbana de barrios populares” realizado por la Mesa Nacional de Barrios Populares había incluido una propuesta de plazos que deberían cumplirse. Por cierto, la pandemia ha sido un elemento que influyó en retrasar los tiempos para desarrollar las obras públicas correspondientes que había proyectado la SISU. Actualmente existe un compromiso que en la salida del país de esta situación extraordinaria se reprogramarán los plazos y objetivos. Las organizaciones populares se encuentran a la espera de que efectivamente se destrabe el proceso.

Un aspecto relevante al respecto es que mediante la Resolución 52/2020 del 08 de julio del año 2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se resolvió la creación del programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares para financiar proyectos de infraestructura relacionados a la integración de los barrios populares. Este programa tiene por fin central efectivizar la política derivada del RENABAP y las normativas mencionadas. En sus nueve artículos se reafirma la SISU como la “Autoridad de Aplicación” del programa, se establecen algunos criterios financieros y para suscribir convenios. En definitiva, lo que se busca es determinar marcos de acción para el desarrollo de la política pública relacionada al registro.

Si se consideran todos los elementos analizados hasta aquí, podemos señalar que en este proceso se pone en juego una perspectiva estructural que involucra las tensiones entre el desarrollo de la integración socio-urbana y el mercado inmobiliario. En este sentido, el rol del Estado es fundamental para garantizar la vivienda digna en los sectores mas vulnerables.

Finalmente, mientras escribimos el presente texto, se están relevando nuevamente datos para actualizar la información del RENABAP. Al mismo tiempo, está en curso el Programa Mi Pieza. Ambos elementos son positivos, pero no exentos de contradicciones.

En El Chaparral, notamos que la actualización de datos era necesaría porque había familias que habían sido registradas de una manera y, actualmente, su realidad era otra. Por ejemplo, dos hermanas de 18 y 21 años habían formado cada una su familia y estaban viviendo cada una en la casa que se habían construido para ellas y sus hijes, pero en el relevamiento anterior del RENABAP figuraban conviviendo con su madre. De allí que lo que antes había sido un CVF, al presente, se había transformado en la necesidad de tres, y tal cambio no registrado hizo que en un primer momento al Programa Mi Pieza solo se pueda inscribir una de las tres. Por ello, con los datos actualizados del registro se espera una nueva apertura de las inscripciones. Esto se evidencia como un problema no solo para El Chaparral sino para los más de 4400 barrios populares relevados.

En efecto, con el RENABAP y la legislación relacionada se busca priorizar la “vivienda digna” por sobre el lucro de la propiedad privada, pero debemos reconocer que no se ha logrado superar esta tensión e “inclinar la balanza” en favor de los intereses populares. La situación es compleja y actualmente es difícil predecir cómo puede desarrollarse en un futuro próximo. Lo que se ha conquistado es importante, así lo intentamos describir y analizar en el presente artículo, pero aún hay demasiados desafíos para el futuro inmediato. Sin embargo, con la perspectiva de salir de la pandemia del COVID 19, se han ido consolidando las fundamentos para abrir una nueva etapa donde se intensifique la efectivización de la norma mientras se sigue trabajando en la actualización de la información.