Introducción y estado de la cuestión

En las dos últimas décadas, los países de América Latina han visto la emergencia de numerosos conflictos socioecológicos como respuesta a los avances de las dinámicas capitalistas globales en los territorios. En parte, estos avances se han materializado en grandes infraestructuras destinadas a la extracción y transporte de elementos de la naturaleza considerados “materia prima”, bajo la forma de commodities².

Una extensa gama de estudios (^{Antonelli, 2011}; ^{Giarraca, Teubal, 2013}; ^{Bottaro, 2015}; ^{Palmisano, 2016}; Giarraca, 2017; ^{Pengue, 2017}; ^{Svampa, 2019}; ^{Guzman López, 2020}; ^{Marín, 2020}; ^{Acacio, 2021}) denuncian una variedad de impactos derivados de actividades como la megaminería, la industria forestal, los agricultura de escala industrial, la extracción de gas por fracking.

En América del Sur, el programa infraestructural promovido por la Iniciativa para la Integración Regional Suramericana (IIRSA) constituye el ejemplo más destacado de esta dinámica exportadora que ha conformado una geografía extractivista en la región. Dentro de este programa, la vía navegable conocida como Hidrovía Paraguay Paraná (HPP) constituye un eje “interior” clave en sentido norte-sur para transportar commodities, desde Brasil hasta la salida al océano Atlántico, en Uruguay.

Si bien el proyecto completo no ha sido concretado en todos sus tramos, en sus más de 3400 km a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná, la Hidrovía constituye un corredor navegable de especial relevancia para la exportación en Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, principalmente. En Argentina, la encrucijada de la HPP con el Corredor Bioceánico Central (CBC) define una zona de intensidad en las dinámicas exportadoras que se manifiesta territorialmente en el enclave agro-exportador de la Región Gran Rosario (RGR).

A partir de este contexto y de la geografía de desposesión que han definido las dinámicas exportadoras de gran escala en estos territorios, hace más de una década, comenzaron a difundirse en los ámbitos académicos las nociones de extractivismo y neoextractivismo. Las mismas pretenden dar cuenta de específicas relaciones y dinámicas (desiguales) que se despliegan entre los países de economías centrales y periféricas. El capitalismo se expande superando sus límites en un movimiento de incorporación de territorios “marginales” al mercado mundial. Estas zonas marginales suelen tener un conjunto de características que favorecen a las empresas obtener “ventajas comparativas” en términos económicos, tales como disponibilidad de elementos de la naturaleza para ser incorporados a los circuitos económicos (commodities), una institucionalidad débil que propicia el avance con escasa regulación y altos beneficios económicos para los inversionistas, un Estado deficitario, ávido de atraer inversiones y gran parte de la sociedad empobrecida con necesidades insatisfechas. Dichas características definen relaciones dependientes con los países de economías centrales, altamente tecnologizados, cuyas empresas se encuentran en la búsqueda de “canteras” para la extracción de materias primas en función de su producción. Así, el extractivismo se ha definido como una relación desigual.

El presente artículo desarrolla y analiza la geografía de desposesión definida por la HPP durante los primeros años de su puesta en marcha, evidenciando el carácter vertical y unilateral con que se han planteado este tipo de grandes proyectos en los últimos años, en América Latina. Se coloca en relieve el rechazo de diversas poblaciones a la megaobra junto a las acciones de defensa del territorio llevadas adelante por la Coalición Ríos Vivos (CRV), durante la década de 1990.

Consideraciones metodológicas

La indagación se ha planteado en perspectiva histórica con los aportes conceptuales de la Ecología Política y la Geografía Humana. Partimos de una voluntad de transdisciplinariedad, asumiendo que se trata de un modo de construcción del conocimiento que aún se encuentra en discusión. La naturaleza y específicamente el agua -y por lo tanto, los territorios hidrosociales- son objetos complejos cuyo abordaje requiere aproximaciones igualmente complejas (^{Castro, 2019}). Así, este trabajo propone un recorrido “holístico”³ asumiendo la fragmentariedad y la parcialidad de nuestra indagación.

Se pretende contribuir, de manera general, a los estudios territoriales abocados a investigar los impactos y las consecuencias de la construcción de grandes proyectos de infraestructura en el llamado Sur Global, en la fase del capitalismo iniciada en los ´90. Se busca aportar con un análisis cualitativo de la Hidrovía Paraguay Paraná como eje, en el Cono Sur, del proyecto de integración desigual de las economías al mercado mundial. Específicamente, se parte del concepto de extractivismo⁴ para analizar los conflictos territoriales que emergieron durante la década de 1990, expresados en la lucha de las poblaciones que rechazaron el megaproyecto en asociación con las acciones de un conjunto de ONGs ambientalistas alineadas en la CRV.

El análisis de este momento particular de la Hidrovía posibilita visibilizar los contrastes que se generan en los procesos de implementación de grandes infraestructuras, la diversidad de usos y miradas sobre el territorio y la naturaleza, así como también el carácter desigual y violento con el que se incorporan -a los circuitos del mercado global- territorios que se encuentran en sus márgenes.

La investigación se ha sustentado en el análisis de fuentes documentales oficiales y pertenecientes a organizaciones no gubernamentales. Especialmente se ha trabajado con la información técnica oficial del proyecto, normativas relacionadas y el conjunto de publicaciones y documentos confeccionados por la CRV y la International River Network⁵ (IRN), durante la década de 1990. Esta documentación fue complementada y contrastada con fuentes hemerográficas e informes técnicos independientes contratados por las organizaciones ambientalistas integradas en la CRV.

Extractivismo y conflictos sociambientales en el capitalismo global

Machado Aráoz (2015) señala que la noción de plusvalía ecológica hace referencia a un proceso de apropiación y consumo desigual de naturaleza que se diseña a través de una geografía de extracción, diferente a la geografía de consumo, siendo una el reverso de la otra. Así, mientras en los grandes centros económicos mundiales se ha instalado una geografía de consumo, en las periferias del mercado mundial se está llevando adelante un descomunal proceso de desposesión de naturaleza, con múltiples consecuencias para la vida de las poblaciones.

Este proceso que es histórico, se originó -según el autor- junto a la invención de América, y ha sido denominado extractivismo (con su variante actualizada de neoextractivismo):

“El extractivismo es la práctica económica-política y cultural que “une” ambas zonas; el modo a través del cual una se relaciona con la otra. Extractivismo es ese patrón de relacionamiento instituido como pilar estructural del mundo moderno, como base fundamental de la geografía y la “civilización” del capital, pues el capitalismo nace de y se expande con y a través del extractivismo” (Machado Aráoz, 2015:15).

El autor señala que a partir de dichas prácticas, se ha ido delineando a nivel mundial, una “geografía del extractivismo” que nos habla de relaciones desiguales entre áreas que funcionan como canteras de extracción -las periferias o satélites- y aquellas que son destinatarias de las materias primas para su industrialización -los centros de producción o metrópolis-. Esta geografía le asigna el lugar del desarrollo al “centro” y el subdesarrollo a las “periferias”, siendo una el reverso de la otra. Es decir, no hay posibilidad de desarrollo del centro sin perpetuar el subdesarrollo de las periferias. Al respecto, ^{Svampa (2019}) señala que el extractivismo tiene una dimensión histórico-estructural basada en la conquista, el genocidio y el saqueo.

Asimismo, dicha geografía desigual define genéricamente dos territorios que coexisten conflictivamente: por un lado, el territorio de los procesos de modernización, que implica el avance de la frontera urbano-industrial; y por el otro, el territorio de extracción o “de sacrificio” (^{Svampa y Viale, 2014}). Estos últimos son los que sufren directamente, y con mayor intensidad, las dinámicas extractivas.

Por su parte, Gudynas (2018) advierte que el tipo de impacto ambiental no define a los extractivismos, ya que existen otras prácticas de alto impacto ambiental que por estar destinadas al consumo local o nacional, no corresponden a tal clasificación. El autor señala que los extractivismos son un “tipo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o procesamientos limitados” (Gudynas, 2018:62). Para Gudynas, en los extractivismos el volumen de elementos de la naturaleza que se extraen sobrepasa las necesidades locales y nacionales ya que están destinados al consumo de otros continentes. Por lo tanto, el extractivismo es un fenómeno global.

Otra cuestión que menciona Gudynas (2018) es el carácter “alegal” de los extractivismos. El autor señala que estas prácticas implican acciones que formalmente son legales pero que aprovechan vacíos legales o imperfecciones de la normativa para obtener beneficios económicos en detrimento de las poblaciones y los territorios que afectan.

En los últimos años ha surgido la noción de neoextractivismo para dar cuenta de un modo particular, histórico, en que se despliegan los extractivismos en el siglo XXI, especialmente en América Latina. Esta particularidad recaería en el corte progresista de los gobiernos nacionales que estarían llevando adelante este modelo. Según considera ^{Svampa (2019}), en el neoextractivismo el Estado juega un rol activo en la captación del excedente y la redistribución. Esto lo diferenciaría de otros extractivismos en la región y le daría mayor legitimidad social, no obstante sus impactos socioecológicos estarían al mismo nivel.

Como consecuencia de estas prácticas capitalistas voraces de alto impacto territorial, favorecidas por las políticas de Estado, comenzaron a emerger y acrecentarse en América Latina, numerosos conflictos socio-ambientales por la defensa del territorio. Estos conflictos han sido definidos por Svampa como:

“aquellos ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio, que suponen por parte de los actores enfrentados intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder. Dichos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente” (2019:31-32).

Los conflictos socioambientales del siglo XXI pueden considerarse un emergente de la superposición de distintas escalas de apropiación del territorio, o distintas territorialidades: por un lado, la escala del mercado global que irrumpe con las infraestructuras y mega proyectos que conforman los circuitos económicos orientados hacia los centros de producción; y en contraposición, la escala local donde se desarrolla la vida de las poblaciones y que pueden considerarse “zonas de sacrificio”. Entre ambos extremos, el Estado posee su territorialidad e injerencia, en mayor o menor grado dependiendo de los países, aunque esto no redunda en la mitigación de los impactos.

En esta geografía de desposesión, los grandes proyectos de infraestructura constituyen un factor clave en el despliegue extractivista, ya que fijan los flujos del capital a los territorios (^{Harvey, 1985}; ^{Brenner, 1999}). Al mismo tiempo, estos mega proyectos son los focos en torno a los cuales se desarrollan los conflictos y las disputas por el territorio.

La Hidrovía Paraguay Paraná: características y breve sinopsis de las condiciones históricas iniciales

La vía de navegación conocida como HPP comenzó a planificarse a finales de la década de 1980⁶, como parte de la agenda para la integración de las economías del Sur al mercado internacional⁷. Inicialmente, los interesados en el proyecto eran los grandes cultivadores de soja de Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina⁸, así como también el sector minero y maderero.

Luego de dos reuniones de los ministros de Obras Públicas y Transporte de los países de la Cuenca del Plata⁹ (HPP. Acta 1 1988; Acta 2 1989), se creó el Comité Intergubernamental Hidrovía Paraguay Paraná (CIH, 1990). Este organismo estaba encargado de coordinar las acciones entre los países, así como también con los organismos internacionales de financiación.

El proyecto HPP original consistía en una serie de obras de dragado y rectificaciones de cauce¹⁰ a lo largo de 3442 km de los ríos Paraguay y Paraná con el objetivo de garantizar la navegación de trenes de barcazas desde Puerto Cáceres (Mato Grosso, Brasil) hasta Puerto Nueva Palmira (Uruguay), durante todo el año. Este recorrido comprendía un área de influencia que la Corporación Andina de Fomento (CAF)¹¹ estimaba en 720 mil kilómetros cuadrados, con una población que se calculaba de 40 millones de habitantes (CAF, 1998).

El proyecto original (Figura 1) fue concretado en forma parcial y de manera segmentada.

Figura 1 Proyecto original de la HPP 

Fuente: ^{Dunne, et. al. (1997}), 10

El tramo correspondiente a Argentina, denominado tramo oceánico o Sistema Troncal de Navegación (STN), quedó a cargo del Estado argentino¹², mientras que los tramos restantes permanecieron vinculados a instancias intergubernamentales (el CIH) y de influencia de las instituciones financieras en la región (BID, FONPLATA, CAF).

En el año 2000, el Comunicado de Brasilia inició una nueva etapa para las economías de los países involucrados en la HPP: se dejó la concepción geopolítica “latinoamericana” para pasar a una “suramericana”. Asimismo, se conformó una “zona de paz”, dando prioridad a la cooperación regional (^{Bono, 2014}) y se puso en marcha la IIRSA¹³ (Figura 2).

Figura 2 IIRSA con proyectos infraestructurales 

Fuente: iirsa.org

La IIRSA fue presentada como un proyecto multinacional, multisectorial y multidisciplinario, involucrando doce países de la región suramericana, con injerencia tanto el sector transporte, como los sectores energético y de comunicaciones y asimismo, involucrando diversas disciplinas en la formación y puesta en marcha de la misma. En este nuevo marco, la HPP pasó a formar parte de la cartera de proyectos de esta Iniciativa y se consideró uno de los Ejes de Integración y Desarrollo (EID). No obstante, el CIH permaneció en sus funciones de coordinación, excepto en el tramo argentino.

La IIRSA inaugura el denominado “segundo ciclo extractivista”, que para el caso de Argentina se inicia tras una crisis política, económica y financiera que definían el derrumbe del modelo neoliberal, que había prevalecido durante los años 90. A nivel región suramericana, emergieron gobiernos de corte progresistas que articulaban propuestas desarrollistas y populistas, a la vez que se insertaban a la economía financiera global¹⁴.

La nueva etapa que se iniciaba en la región suramericana, estaría definida por una economía primaria y altamente dependiente, basada fuertemente en la exportación de commodities que en gran parte sustentaría el pago de la deuda externa. En este sentido, ^{Svampa (2019}) señala que esta etapa se encuentra definida por el Consenso de los Commodities. La autora utiliza ese término para definir un período marcado por una agenda política y económica basada “en la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado” (Svampa, 2019:26). En el caso de los gobiernos progresistas, sigue la autora, “el Consenso de los Commodities aparece asociado a la acción del Estado, así como a una batería de políticas económicas y sociales dirigidas a los sectores más vulnerables” (Svampa, 2019:26).

No obstante, gran parte de las bases de dicho modelo extractivo, fueron establecidas durante la década de 1990. En efecto, en Argentina, por ejemplo, el Consenso de Washington¹⁵ (1989) que dio lugar a la Reforma del Estado y la implementación del modelo neoliberal, constituyó la condición de posibilidad para el despliegue del mismo. Si bien la ideología neoliberal con algunas concreciones en la economía había tenido lugar en Argentina y algunos países de América Latina durante los gobiernos dictatoriales de la década de 1970, es recién a partir de los 90 que puede observarse el modelo consolidado. Y como señala ^{Puello-Socarrás (2015}), este modelo no sólo atañe al Consenso de Washington, sino que puede concebirse como un proyecto político de clase, transnacional, que excede las políticas económicas y las medidas de ajuste fiscal.

Asimismo, el paso de una matriz de desarrollo basada en la producción industrial, a una matriz sustentada en el mercado financiero, junto a la desregulación de las protecciones comerciales que habían regido la economía internacional en las décadas precedentes y el proceso de transferencia de los bienes estatales a manos privadas (entre estos, los puertos), posibilitó el establecimiento de un nuevo orden territorial.

Esta geografía transnacional se fue materializando en los países de América del Sur a través de grandes proyectos de infraestructura y acuerdos entre países para el libre comercio. En el caso de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay¹⁶, fue el Mercosur (1991) el acuerdo que manifestó la intención de iniciar un proceso de integración comercial entre los países participantes. Es decir, su objetivo fue crear un espacio común para la generación de relaciones comerciales e inversiones a través de la integración competitiva de las economías de dichos países al mercado internacional. En este contexto, el proyecto de la HPP se constituyó en un promisorio eje Norte-Sur que venía a ser el soporte para la concreción de tales objetivos.

Geografía de desposesión y conflictos socioecológicos: la Coalición Ríos Vivos

¿Cuántas lenguas tenemos en el Atlántico Sur Latinoamericano? ¿Cuántas formas diferentes de sentir el paisaje, el río, el modelo de desarrollo dominante, que nos da y nos quita cosas entrañables o necesarias? La comunicación multidireccional nos devuelve el asombro de conocernos entre nosotros mismos. (Boletín RV, Nº 1 1996, 2).

La antinomia naturaleza/cultura ha orientado -y justificado- los procesos de modernización en los países occidentales, desde los inicios de la industrialización. La idea de que aquellos territorios que se encuentran por fuera o en los límites del capitalismo están “vacíos” ha justificado históricamente los procesos de desposesión en las poblaciones. Como ha señalado ^{Rodríguez (2010}), lo que la mirada económica ve en estas poblaciones “de los márgenes”, es la desidia para el trabajo productivo, la indiferencia al consumo, al refinamiento de los placeres y al “progreso”. Por lo tanto -sigue el autor- esa condición legitimaría la apropiación capitalista: “en el principio de esta mirada económica, fundada en la representación de la carencia como principio de la riqueza, se encuentra la necesidad” (Rodríguez, 2010:175). De ahí, concluye Rodríguez, la civilización, al producir consumos, introduce la falta.

Como suele suceder con los grandes proyectos de infraestructura y de modernización en general, los territorios sobre los cuales se pretende implantarlos son concebidos en dicha carencia. Las teorías desarrollistas del siglo XX han sustentado sus propuestas en esa lógica que pretende la universalización de las necesidades; y el neoliberalismo de finales del siglo llevó este principios a niveles extremos¹⁷. En una comunicación de 1994, la Comisión Europea expresaba esta idea de carencia mencionando la región Mercosur:

El desarrollo futuro de las relaciones con el Mercosur aparece condicionado por la reducida red de infraestructuras físicas y las carencias del sistema de transportes y servicios al cual los cuatro países están vinculados (…) la falta de reglamentación del transporte marítimo y la valorización de la navegación fluvial constituyen enormes desafíos a la inversión (Comisión Europea citado en Ribeiro, 1996:10).

Con el anuncio público del proyecto Hidrovía, un conjunto de ONG, movimientos campesinos e indigenistas y poblaciones indígenas pertenecientes a la Cuenca del Plata -que ya venían intercambiando experiencias- comenzaron a reunirse con la preocupación común puesta en los posibles impactos que la megaobra tendría en sus vidas. Así, en 1994 en la ciudad de San Pablo (Brasil), se eligieron las organizaciones que integrarían la coordinación de la recientemente creada Coalición Ríos Vivos.

Con este nombre se definió una instancia operativa de coordinación de más de 300 ONG ecologistas, movimientos sociales, indigenistas e indígenas, principalmente de Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay (CRV, Boletín Nº 1, 1996).

Según la propia definición, Ríos Vivos “no es una federación que toma resoluciones cuyos miembros deban acatar, sino que es un espacio para compartir e intercambiar informaciones, establecer posiciones y realizar acciones comunes” (Boletín RV Nº 3, 1997:3).

La demanda que hacía la Coalición al CIH era el acceso a información sobre el proyecto y el derecho básico de las comunidades a decidir sobre qué tipo de obras y modelo de desarrollo querían. Asimismo, demandaban que se realicen evaluaciones ambientales adecuadas y participativas que contemplen proyectos alternativos a la vía navegable propuesta (Boletín RV Nº1, 1996). Este pedido se fundaba en determinadas condiciones bajo las cuales se había llevado adelante la licitación de las obras. En efecto, el consorcio que había ganado la licitación contrató, en 1994, a la consultora Taylor-Golder-Consular-Connal¹⁸ (TGCC) para confeccionar los estudios de impacto ambiental. Éstos, debían basarse en los Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental de la HPP (TDR), presentados en la reunión del CIH de Julio de 1990 (CIH, 1991). Los TDR contemplaban una diversidad de posibles impactos de la HPP sobre los territorios, que iban desde los aspectos biofísicos -más vinculados a la navegación y a los impactos en el medio fluvial- hasta los territoriales-sociales¹⁹, vinculados a las poblaciones del territorio de influencia de la infraestructura y a sus formas de vida.

Sin embargo, el estudio que presentó TGCC no siguió los TDR al no contemplar los aspectos vinculados al territorio de influencia, y específicamente al avance de la frontera agropecuaria, una de las preocupaciones principales de las comunidades. Además, según advertía la CRV, los estudios eran insuficientes y había utilizado metodologías inadecuadas²⁰. A esta conclusión llegaron a partir de una variedad de consultas que la Coalición realizó a diferentes expertos que contrataron para el análisis del Estudio oficial (^{Dunne, et. al., 1997})²¹ .

La geografía de desposesión que anticipaban las organizaciones reunidas en la CRV implicaba la destrucción de importantes ecosistemas de la Cuenca del Plata junto a drásticas transformaciones en las formas de vida, principalmente de las poblaciones no urbanas. El proyecto original preveía la navegación de trenes de barcazas de hasta 16 pies, con un ancho de 40 metros por 60 metros de largo. Para lograr la navegación de estas embarcaciones, se calculaba que era necesario realizar obras de dragado en 93 pasos a lo largo de los ríos, estimando que el volumen del material a retirar por dragado era de unos 13 a 22, 5 millones de metros cúbicos, sólo en la primera fase del proyecto. También se preveía realizar rectificaciones de curvas y remoción de afloraciones rocosas entre Asunción y Corumbá (Hidroservice Louis Berger, 1996).

Una de las mayores preocupaciones acerca de las obras proyectadas, eran los impactos que estas tendrían en Pantanal²², un área de 128 mil kilómetros cuadrados conformada por ecosistemas especialmente frágiles²³, con características de humedal, y cuyas poblaciones locales desarrollan sus formas de vida en estrecha asociación al régimen hidrológico marcado por inundaciones y sequías anuales. El Pantanal es uno de los humedales más grandes e importante del mundo y posee una especial riqueza en cuanto a flora, fauna y culturas. Al ser una zona con meandros muy pronunciados, la construcción de la HPP requería obras de rectificación de cauce que implicaba drásticas transformaciones en estas poblaciones y en el régimen hidrológico, propiciando las inundaciones (Figura 3 y 4).

Figura 3 Área de influencia de la HPP 

Fuente: iirsa.org

Figura 4 Mapeo de algunas poblaciones en el área de influencia de la HPP 

Fuente: ^{Dunne, et. al. (1997}, 152)

Las organizaciones reunidas en la CRV tuvieron una intensa actividad entre 1994 y 1997. Por un lado realizaban una diversidad de eventos y actividades a nivel local, y en los diferentes países, para informar a las poblaciones de la Cuenca del Plata acerca del proyecto en marcha y sus impactos. Por otro lado, establecieron comunicación con los organismos internacionales vinculados al proyecto (BID, PNUD) y con el CIH, para acceder a la información técnica así como también para solicitar que las poblaciones participen en las decisiones. Asimismo, la CRV entabló vínculos a nivel internacional con la IRN y realizaron campañas conjuntas²⁴.

Dichas actividades eran publicadas en el “Boletín Ríos Vivos”, cuya finalidad, además de visibilizar las acciones de la Coalición, era dar a conocer la diversidad de culturas y formas de vida de las poblaciones de la Cuenca del Plata que iban a ser afectadas por el funcionamiento de la megaobra, y que no habían sido contempladas en los estudios de impacto.

Así, por ejemplo, se publicaba que el 1 de Julio de 1995, cuatro referentes de movimientos indigenistas en nombre de los pueblos Indígenas del Pantanal, Chaco del Paraguay, Bolivia y Brasil habían elevado una carta a los coordinadores de la Campaña de Defensa del Río Paraná y Paraguay, en la que expresaban con preocupación los impactos que la HPP tendría en sus comunidades:

“Todo esto²⁵ tiene consecuencias graves sobre nuestras comunidades, sobre los pueblos campesinos, pescadores e incluso sobre los grandes empresarios de ganados y agricultura que aún respetan el proceso natural de las aguas dentro del Chaco y el pantanal” (Pueblos Indígenas de Pantanal, Chaco del Paraguay, Bolivia y Brasil, 1995). “El mundo civilizado no puede convivir en paz cuando familias enteras pueden desaparecer. Los grandes proyectos económicos miran tan sólo sus lucros inmediatos y no están preocupados con los efectos que generan, sean cambios climáticos, alteración de la vida de los animales o la destrucción de la biodiversidad. Nosotros los indígenas tampoco podemos pagar el costo social por eso” (Pueblos Indígenas de Pantanal, Chaco del Paraguay, Bolivia y Brasil, 1995).

El 21 de Julio de 1996, vecinos de Bahía Negra (Paraguay), alertados por las consecuencias del megaproyecto en sus territorios, enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay en las que expresaban sus inquietudes:

“Nosotros, pueblos que vivimos perseveramos y aguantamos en esta parte de la geografía patria, las peripecias de la sequía o la inundación, vemos la realidad que sufrimos y sufrirán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, el resultado trágico que acarreará a nosotros, a nuestro hábitat, a los ecosistemas y a la biodiversidad, la construcción de la hidrovía, que terminará con el agua potable natural del río” (CRV, Boletín Nº 3, 1997:14).

En las áreas urbanizadas, esta geografía transnacional que definía el funcionamiento de la HPP se manifestaba en la privatización de zonas costeras a partir del avance territorial por parte de las empresas multinacionales y sus puertos. Así, por ejemplo, en Pueblo Esther (Santa Fe, Argentina), la empresa ACBL fue denunciada por el intendente de la misma localidad, con motivo de haber ocupado áreas ribereñas superiores a las pactadas (La Capital, 13 de marzo de 1997). Esta situación que en los años 90 fue anecdótica, se volvió habitual a partir del siguiente siglo. Las localidades ubicadas en la RGR, que pertenecen el cordón industrial, situado a la vera del río Paraná, han visto transformar drásticamente sus vidas y sus espacios habitables a partir de la conformación del polo agroexportador más importante a nivel mundial²⁶.

Reflexiones y discusiones finales

Como hemos podido observar, los procesos de incorporación de territorios a los circuitos del mercado internacional, se realizan en la coexistencia conflictiva entre una escala transnacional dedicada a mover los flujos económicos, y una escala local que se ve desterritorializada y “sacrificada” al servicio de tales flujos. Es de este modo que se genera la plusvalía ecológica, es decir, a partir de las relaciones desiguales entre dos territorialidades: la de modernización y la de sacrificio.

En este proceso de apropiación que hace el capital internacional de los territorios en las “márgenes”, hemos visto que las grandes infraestructuras juegan un rol clave, al ser los soportes físicos de los flujos económicos. Las grandes infraestructuras operan como condiciones materiales ineludibles para la generación de la plusvalía ecológica. Y a su vez, estos proyectos adquieren concreción a partir de ciertas condiciones -normativas, políticas, sociales, ecológicas- que la propician.

Se generan así dos “caras” de los procesos llamados “de desarrollo”, por un lado, sectores que son efectivamente beneficiados por estos circuitos: los Estados nacionales obtienen divisas de la exportación, las multinacionales y los distintos sectores privados y nacionales asociados obtienen ingentes ganancias. Sin embargo, el costo de estas ganancias son pagadas con el sacrificio de gran parte de las poblaciones que sufren los impactos de estos procesos y de la imposición violenta y conflictiva de las dinámicas transnacionales en sus vidas.

Actualmente en Argentina se está llevando adelante el proceso de licitación de la Vía Troncal de Navegación, perteneciente a la HPP. En 2020 vencía el contrato -prorrogado varias veces- de la empresa belga que tiene a su cargo la vía navegable. En la nueva licitación están previstas obras de profundización del río Paraná con el objetivo de maximizar las exportaciones, que en Argentina se basan principalmente en el poroto de soja y algunos subproductos.

Luego de 26 años de funcionamiento de la HPP, y de más de dos décadas del modelo agroexportador, con sus consecuencias en la geografía de despojo que se ha ido delineando en el país, consideramos ineludible indagar y repensar en el modelo de desarrollo actual, en las distintas violencias que implica a nivel territorial y en las geografías de despojo y las relaciones desiguales que, no sólo tienen lugar a nivel continental -entre las potencias económicas mundiales y los “países pobres”-, sino también en la misma interioridad de los territorios nacionales.

Conclusiones

Con este trabajo hemos colocado en evidencia la unilateralidad con que se proponen los grandes proyectos de infraestructura en los países del Sur Global, que como se mencionó antes, se encuentran exclusivamente orientados a generar beneficios económicos en sectores muy específicos y a establecer un orden que se despliega en detrimento de las poblaciones locales.

Nuestra indagación de tipo histórico ha pretendido mostrar un momento de la Hidrovía que constituyó el umbral del modelo neoextractivista que se consolidaría en el siglo XXI, con graves consecuencias en los territorios en América Latina. También tuvimos como objetivo visibilizar la lucha que llevó adelante -de manera inédita para el momento-, la CRV, cuyas estrategias y acciones fueron innovadoras e inspiradoras para muchas luchas posteriores.