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Revista del Museo de Antropología

versión impresa ISSN 1852-060Xversión On-line ISSN 1852-4826

Rev. Mus. Antropol. vol.9 no.2 Córdoba dic. 2016

 

[Dossier

Últimos `planes para La Rioja colonial'. Relocalizaciones y remates de pueblos de indios a fines del Siglo XVIII

 

Latest `plans for colonial La Rioja'. Relocations and closings of indian villages in thelate eighteenth century

Roxana Boixadós*

*Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Centro de Estudios de Historia, Cultura y Memoria (CEHCME), Universidad Nacional de Quilmes. CONICET, Argentina. E-mail: roxboixados@gmail.com

 

Recibido 23-07-2016. Recibido con correcciones 28-10-2016. Aceptado 01-11-2016.

 

Resumen

El trabajo dialoga con artículos clásicos de Félix Luna para dar cuenta de una serie de "planes" que proponían el remate de las tierras de los pueblos de indios y la relocalización de su población a finales de la colonia. Los intereses de la elite local y de los funcionarios borbónicos fueron coincidiendo en las ventajas de reunir varios pueblos de indios con el fin de favorecer el cobro de los tributos, controlar a los nativos y apropiarse de tierras que contaban derechos al agua. Estas políticas borbónicas confrontaron con diverso tipo de resistencias implementadas por las corporaciones nativas.

 

Palabras clave: Pueblos de indios; remates; relocalizaciones; La Rioja; siglo XVIII.

 

Abstract

 

This article converses with classic works of Felix Lunato account for a series of "plans" which proposed the auction of the lands of the Indian villages and the relocation of its population at the end of the colony. The interests of the local elite and Bourbon officials were agreeing on the benefits of gathering several Indian villages in order to promote the collection of taxes, control the natives and seize land that had water rights. These policies Bourbon confronted with different type of resistance implemented by Native corporations.

Keywords: Indian villages;auctions; relocations; La Rioja; XVIII century

En 1978 Félix Luna publicaba en la revista Investigaciones y ensayos un artículo clave para la historiografía colonial de la patria de sus antepasados: Planes para La Rioja colonial. El texto articula una serie de propuestas ­o "planes", en palabras del autor- pergeñadas por hombres comprometidos con su presente y preocupados por el futuro de la jurisdicción que buscaban en un lejano monarca amparo y recursos para resolver sus problemas. Son cuatro los planes identificados por Luna, expresiones de coyunturas críticas: el primero pertenece a la pluma del fundador de la ciudad y gobernador del Tucumán don Juan Ramírez de Velasco, quien cifraba en un complejo proyecto de explotación minera la viabilidad de la instalación española en territorio diaguita; el segundo y el tercero (1682 y 1692) proponían medidas para paliar el estado de estancamiento económico y social posterior a la finalización de las guerras calchaquíes y a caballo de las primeras convocatorias a la frontera chaqueña, sumando severas críticas a la administración colonial. Finalmente el cuarto data de 1766 y responde a una suerte de "plan de fomento" a través del cual el cabildo proponía impulsar el desarrollo de la jurisdicción -casi en ruinas después de sobrellevar una peste- a través de la reformulación de las cargas impositivas y el estímulo de la minería.1
Luna analizó la elaboración de cada uno de estos "planes" en sus respectivos contextos y rescató de ellos diagnósticos de diferentes momentos sobre la situación socioeconómica, política y cultural de la jurisdicción. Si el optimismo ­algo fantasioso- caracteriza al primer plan, el desaliento y la amargura trasuntan los siguientes, dejando entrever un panorama de estancamiento y desolación que parecía solidamente instalado hacia finales del período colonial. Ninguno de ellos fue llevado a la práctica y sus mentores no recibieron respuestas concretas por parte de la corona; como meros escritos circularon entre secretarías y despachos anoticiando a funcionarios metropolitanos acerca de las dificultades que enfrentaban súbditos demasiado distantes como para concitar la atención regia. Así, en todas estas oportunidades los riojanos debieron arreglárselas por su cuenta.

Sin embargo, las renovadoras políticas borbónicas implementadas a partir de la década de 1770 articularon varias estrategias que interpelaron a burócratas y autoridades locales en pos de la búsqueda de soluciones para varios problemas, la mayoría de ellos de larga data y compleja raíz (Bazán 1968 y 1979; Bazán Lazcano 1973). Es éste el contexto de elaboración de un conjunto de propuestas o "planes" que con diverso grado de formalidad, organicidad y eficacia pusieron a la sociedad riojana en estado de debate dando cuenta de nuevas expectativas alimentadas por el clima reformista. De este abanico de cuestiones, que llamamos "últimos planes" para dar continuidad a la propuesta de Félix Luna, vamos a centrarnos en los referidos a la recaudación de los tributos y al estado de los pueblos de indios. ¿Qué hacer cuando los padrones de 1726, 1758 y 1773 registraban una preocupante dispersión de la población nativa, el "desgreño" de varias reducciones y la creciente presencia de foráneos, mestizos y agregados en su interior y linderos? La discontinuidad (y merma) en la recaudación del ramo de tributos llevó al gobernador don Andrés Mestre a ordenar la realización de un nuevo empadronamiento en los pueblos de indios con miras a ajustar el cobro y disciplinar tanto a las autoridades nativas como a las capitulares que parecían desentendidos de sus obligaciones para con su monarca. El comisionado para llevar adelante esta tarea y averiguar por qué no se habían pagado los tributos en los dos últimos años fue don Juan José de Villafañe y Dávila, teniente de oficiales reales y Gobernador de Armas de La Rioja, conspicuo miembro de la elite local (Bazán 1968). El Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba custodia el expediente completo de los padrones de los pueblos de indios de La Rioja (1779) y también, en expediente separado, un breve traslado de la visita que debió realizarse de manera conjunta con los padrones.2
Esta visita comienza con una escueta referencia al pueblo de Los Sauces, en la doctrina de Arauco y se concentra en el partido de Los Llanos y en sus tres pueblos de indios: Olta, Colosacán y Atiles, conteniendo los testimonios de la liquidación de los dos últimos que fueron presentados de manera inmediata al gobernador como una muestra de la eficaz competencia del comisionado para ejecutar un plan prefigurado de antemano: el remate de las tierras y el traslado de sus habitantes a otros pueblos.

La visita de 1779

Sabemos ya que las visitas coloniales son fuentes particularmente ricas para calibrar impresiones, identificar relatos y discursos producidos por distintos actores sociales en un mismo escenario, enmarcado en un operativo ritual estatal y mediado por un repertorio de preguntas cuyas respuestas dejan perfilar antagonismos y complicidades.3
Esta visita tiene sus características particulares porque muestra la puesta en marcha de una política concreta que buscaba el reordenamiento espacial, jurídico, político y económico de los pueblos de indios. Por un lado, tenemos al comisionado y juez como agente del proyecto reformador, acompañado apenas por dos testigos y sin escribano, el cura y vicario del partido de Los Llanos Dr. Nicolás Videla del Pino ­nombrado como "examinador sinodal"-, y un pequeño grupo de vecinos llanistos que fueron citados a declarar. Formaron también parte de esta comitiva un comisionado representante del cabildo y un grupo de soldados reformados. Por otro, los pobladores de Colosacán, Olta y Atiles, de variada condición socioétnica y algunas de sus autoridades, objetivos de este procedimiento. Llamativamente, el evento se desarrolló sin la presencia del Protector de Naturales, figura obligada en cualquier visita. El primer pueblo en ser visitado fue Colosacán. Allí encontraron a un "viejo cuasi incapaz" de más de ochenta años que resultó ser el mandón, y a una familia de mestizos de apellido Guardia; algunos de ellos vinieron de los "montes" al ser procurados por el viejo mandón. Para más datos, el único tasero se reivindicó como soldado y exento por tanto de tributo y acusó al anciano mandón ­quien en sus palabras se dedicaba a cuidar su huerta y sus higueras- de haber arrendado por un año a un español el potrero del pueblo de indios, beneficiándose de 50$ en efectos de Castilla (Farberman 2009). La situación de Colosacán, que no era desconocida, resulta el anclaje de presentación del objetivo no expreso pero bien explícito de esta visita: registrar la ausencia o escasez de indios de tasa para justificar su traslado a otros pueblos e incorporar las tierras de comunidad al circuito de arrendamientos, remates y composiciones, mecanismo que permitía recaudar para la real hacienda. Tanto el comisionado como el sacerdote estuvieron de acuerdo en este "sentir", ordenando la radicación de los Guardia en Aymogasta, pueblo donde tenían parientes y condiciones para pagar los tributos. No dejemos de notar el aspecto formal ­y ritual- de la consulta efectuada al mandón, quien consintió el arrendamiento de las tierras a favor de Su Majestad, pagar la deuda del tasero soldado -con el dinero del arriendo del potrero- para agradecer finalmente al juez la deferencia de dejarlo permanecer en el pueblo por el "poco tiempo que le restaba". El siguiente paso en esta visita, el antiguo pueblo de Olta, pondría a prueba la aplicabilidad del plan ya que se trataba de un dominio habitado. Al contrario del anterior, estaba regido por un cacique quien junto a su padre -cacique reservado- contaban con la legitimidad de pertenecer a la familia Chantán, caciques de Olta desde hacía más de un siglo. Antes que cualquier referencia a los tributos, aquí el puntapié inicial lo dio el vicario Videla del Pino, arremetiendo contra el "lamentable estado" del pueblo: la capilla destruida, la inexistencia de fiscales que enseñaran doctrina al punto que él mismo se había visto obligado a permanecer en el pueblo unos días para que aprendieran las oraciones... en vano, pues a pesar de ser "bien ladinos en castellano y no hablar otra lengua" no podían superar la "desidia y la negligencia" en que vivían acostumbrados. El cura se quejó además de la "altanería" de los indios y de la indolencia de no haber querido reedificar la capilla. La solución que Videla del Pino proponía era cumplir con la ordenanza que disponía "pasen estos indios de los llanos a esta parte de la cordillera de Famatina donde están los demás pueblos que sirven y están más arreglados, no siendo por expulsión sino que se atraigan a que gusten de la mudanza..." (f. 8), recurriendo a la política de la persuasión autoritaria aún creyéndola ineficaz; debía mantener las formalidades aunque su opinión era coincidente con la del comisionado: había que expulsarlos sin demora al valle de Famatina y proceder al remate de las tierras. Éste por su parte puso en autos al cacique respecto de su obligación de recoger anualmente los tributos y entregarlos a principios de año a la ciudad de La Rioja; tal era su responsabilidad ante el Rey y su incumplimiento lo dejaba expuesto a penalidades al tiempo que ponía en cuestión su capacidad para ejercer el cargo. Las deudas de los tributarios, que recaían en el cacique como cobrador responsable, ascendían a 75$ por los últimos 5 años. Mientras que el cacique aceptó la deuda de tributos ­ comprometiéndose a pagar en dos meses en maíz y mulas mansas- y reconoció la falta de celo en el cuidado de la doctrina, se resistió ­en nombre de su extensa familia y de los agregados presentes- a abandonar el pueblo ya que les era "imposible dejar el lugar donde habían nacido". Como contrapartida, el cacique se comprometió a "estar a la mira para que ningún agregado parara en el pueblo ni menos admitirían alguno que viniera ha refugiarse a consecuencia de quedar enterados no tienen tal libertad" (f. 10v.). La cuestión de los agregados emerge aquí como diagnóstico de lo que para las autoridades coloniales era la descomposición de los pueblos de indios: algunos de ellos eran mestizos hijos ­o nietos- de miembros de la comunidad, otros eran soldados o "arrimados" en las márgenes de la corporación granjeándose el acceso a las tierras a través del casamiento (Farberman 2009). El mismo cacique reservado de Olta admitió haber anotado a algunos de ellos en padrones anteriores, una estrategia de larga data utilizada en otros casos también para revitalizar las reducciones. Villafañe y Dávila procedió con cautela en Olta, no sólo por los argumentos del cacique sino porque dos años atrás éste junto al protector de naturales habían denunciado al visitador anterior, don Blas Joaquín de Brizuela, acusándolo de haberse excedido en el cobro de las contribuciones.4
Finalmente, el grupo visitador se dirigió a Atiles, pueblo que encontraron desolado y en ruinas. No había a quién "visitar" por lo que el comisionado decidió citar "a los circunvecinos de mayor excepción", a quienes interpeló a

Figura 1: Mapa de La Rioja indicando los sitios mencionados.

Figure 1: La Rioja's map indicating the sites mentioned.

partir de un interrogatorio compuesto por seis preguntas bien concretas: si el pueblo estaba efectivamente habitado por indios de tasa y sus familias, si tenían capilla y autoridades propias (cacique o mandón, alcalde y fiscal), si contaban con sementeras de comunidad, si pagaban sus tributos, si bajaban a La Rioja a dar la mita ... en suma, se trataba de comprobar si reunían los requisitos del modelo de reducción clásico alfariano de inspiración toledana. Los testigos fueron cinco vecinos del partido, hombres de antigua radicación en la zona, tres de ellos de alrededor de 60 años, conocedores de su medio y de la gente. Sus perfiles sociales coinciden y sus declaraciones también: el pueblo estaba deshabitado desde hacía muchos años, el último mandón había muerto cinco o seis años atrás, de la capilla quedaban apenas unos orcones abandonados y nadie recordaba que se hubieran hecho sementeras. Reiteraron un retrato conocido sobre la dinámica de los pueblos de indios que solían estar "con poca asistencia [...] de repente se perdían del pueblo y otra vez volvían a aparecer y así andaban". Pero a pesar del carácter inestable de este "modo de vida" los vecinos los conocían bien porque supieron dar sus nombres y apellidos. Llama la atención los detalles que ofrecen sobre sus mujeres, casi todas ellas mestizas, mulatas libres o pardas -inclusive las del mandón- dato que connotaba la progresiva disolución del componente indígena de la población en el mestizaje. Fueron elocuentes además al responder sobre las condiciones de vida en Atiles: "los indios de este pueblo nunca se habían dado a la sujeción y siempre había sido su vida andar escondidos de la justicia por los montes", para rematar afirmando que "se mantienen robando ganado de los vecinos del campo". Así, se trataba de un pueblo "desolado" principalmente por "la mala inclinación de los indios que en él habitaban", fundamentalmente "cimarrones que andaban huyendo" (f. 13 y 14). Esta esclarecedora y concluyente visita sirvió para que el comisionado confirmara el perjuicio causado al real erario, reconociendo "el desgreño, abandono y mal estado de estos pueblos", señalando las consecuencias de unas prácticas ya insostenibles:

"multiplicando indios en los padrones donde no los hay sino alguno u otro perverso vagabundo y holgazán que con título de ser del pueblo sale a él a que le apadrocine (sic) Su Magestad hasta en tanto llegó el tiempo a estrechársele por el tributo a que baje a mitar, vuelve a seguir su ruta del monte o se extraña a la jurisdicción de suerte que se hace imposible su reducción a la comunidad" (f. 15 v. y 16).

Mientras se anoticiaba al único "indio viejo" que apareció ante el comisionado de las actuaciones en curso, se le ordenó trasladar a su familia (hijo y nuera) al valle de Famatina; a los agregados se los conminó a abandonar el pueblo en tres días y al soldado se lo enlistó en una compañía, disponiéndose la prosecución de los trámites para el arrendamiento por remate de las tierras. A continuación la visita describe el procedimiento ritualizado de los remates tal como se llevaron a cabo: los pregones a viva voz y caja, las pujas de los interesados, la repetición del procedimiento durante tres días para asegurarse la oferta más alta. No sorprende que uno de los oferentes de las tierras de Atiles fuera don Joaquín Cabezas, vecino que declaró en la visita con evidente interés en el desalojo de los residentes. Sin embargo, en las posturas se impuso don Francisco Peñaloza, antepasado del Chacho y vecino de Malanzán que buscaba ampliar los dominios de sus emprendimientos ganaderos. Colosacán pasó a manos de don Esteban Bazán, vecino de Tama también involucrado en esta actividad. Y con esto la visita a los pueblos de indios de Los Llanos se dio por terminada a mediados de septiembre de 1779, con sorprendente efectividad, quedando Olta a salvo de la liquidación.

Planes, objetivos, resistencias

Otro artículo de Félix Luna publicado en 1994 -"La protección a los indios de La Rioja: dudas y perplejidades"-, nos asiste para conocer las repercusiones que tuvo esta visita. Luna analiza una presentación realizada por el protector de naturales (interino) don Fabián González ante el virrey Vértiz en febrero de 1780, en la que exponía los excesos cometidos por el visitador Villafañe y Dávila: por un lado, la visita se había realizado sin la intervención del protector, por otro la orden de expulsión de los pueblos de Atiles, Colosacán, Anguinán, Abaucán y Sanagasta, cuyos habitantes le habían solicitado amparo para impedir los traslados. Comprobamos entonces que no fueron sólo los pueblos llanistos los afectados por estas medidas sino también dos situados en el corazón del valle de Famatina (Anguinán y Abaucán) y otro (Sanagasta) ubicado en las proximidades de la ciudad. Así, la continuidad de cinco pueblos de indios estaba seriamente en riesgo. Más allá del compromiso de González como funcionario, su rápida reacción revela ­en fundada opinión de Lunauna importante sensibilidad por sus representados; supo además aprovechar la circunstancia para denunciar explícitamente a Villafañe y Dávila y a los miembros de esta familia, que por entonces dominaban el escenario político y militar de la jurisdicción. Agreguemos a este retrato del protector español que nos ofrece Luna -quien sería el ascendiente directo del célebre don Joaquín V. González- que los Villafañe desde el cabildo buscaban apropiarse de las tierras del pueblo de Sanagasta, recorridas por el río que abastecía de agua a la ciudad de La Rioja, estando ya "opuestos a arrendar o comprar". Pero es evidente que las medidas ordenadas por Villafañe y Dávila no encontraron a los nativos desprevenidos; nótese la rápida reacción de sus representantes y la celeridad con que recurrieron a las autoridades superiores en busca de protección. Según el testimonio comentado por Luna, el escrito del protector más dos denuncias breves fueron llevadas por el cacique de Sanagasta desde La Rioja hasta los despachos virreinales en Buenos Aires, donde al parecer tuvieron buena acogida. A fines de 1780 (insistimos, en un término menor a un año), el fiscal y defensor de la Real Hacienda, el Protector General de Naturales del Virreinato y el Tribunal Mayor de Cuentas aconsejaron que las actuaciones de Villafañe y Dávila fueran llevadas ante el virrey para comprobar que hubieran estado aprobadas por autoridades superiores, de lo contrario "se deberá mandar la reposición a su primitivo suelo a costa de quien sin facultad alguna" había ordenado los traslados (Luna 1994:319). Lo anterior devela intereses diferenciados entre los miembros de la elite hispano criolla y los representantes de la corona: mientras los primeros orientaban su accionar político ­público o privado- en pos de la apropiación de las tierras de los pueblos de indios, los segundos aún guardaban el imperativo de preservar las reducciones con el fin garantizar el cobro del tributo. La atenta mirada de Luna sobre las prácticas de la corporación capitular -y de las redes familiares que los entramaban- permite reconocer con claridad los avances implacables realizados sobre la territorialidad indígena mientras los funcionarios que asesoraban a virreyes y gobernadores interponían medidas ­precautorias o dilatorias-, para resguardar las condiciones que favorecían la reproducción comunitaria y el pago del tributo. En efecto, la recaudación del ramo de tributos aparece como la principal preocupación de los agentes de la corona y por eso se había ordenado levantar en

 

Tabla 1: Reales tributos del año 1786. Fuente: Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, Escribanía 4, legajo 3, expediente 11 (1787).

Table 1: Real taxes of the year 1786. Source: Historical Archive of the Province of Córdoba, Escritanía 4, file 3, file 11 (1787).

1779 padrones generales que contuvieran un registro meticuloso acerca de los titulares de las encomiendas, las condiciones de concesión y la situación de revista. Según este padrón eran 183 los indios de tasa de toda la jurisdicción riojana y la población total alcanzaba unas 1231 almas repartidas en 9 reducciones (4 menos que las registradas en el padrón anterior, de 1758); a 5$ anuales los tributos sumaban 590 pesos.5
Los pueblos de indios más populosos eran los de Los Sauces en Arauco (53 tributarios y 381 personas), seguido por Vichigasta (39 y 219), Pituil (19 y 160) y Famatina (15 y 119). Los demás pueblos contaban con menos de 10 tributarios, justificando la consagrada caracterización de "pueblos desgreñados". A lo largo de la visita de 1779 se advierten procedimientos claros para expurgar a los pueblos de agregados y soldados, desalojando a los primeros y enlistando a los segundos en las milicias. Esta política, al tiempo que precisaba el número de taseros evitando "la multiplicación de indios allí donde no los hay", mostraba la exigua rentabilidad de este ramo. A esto se sumaban las dificultades ya aludidas para el cobro, dado que los indios solían ausentarse ­o irse a los "montes"- justamente cuando llegaban los alcaldes a recaudar. Años después se ordenaba la revisita de 1786, enmarcada en un contexto de crítica a las actuaciones del visitador anterior, Villafañe y Dávila, y de cambio institucional por la implementación de la Real Ordenanza de Intendentes (1782) que concedía poder político, económico y militar a los subdelegados responsabilizados de la recaudación del tributo. Las matrículas de tributos habrían de regirse por las instrucciones elaboradas por el visitador General don Jorge Escobedo debiendo ser adaptadas a las condiciones de cada jurisdicción con el fin de aumentar la recaudación (Punta 2009; Ferrero 2015). En La Rioja, fue el subdelegado español don Juan Antonio Gómez, nombrado juez de la revisita y padrón de 1786, elencargado de registrar con prolija precisión a todos los naturales de tasa residentes en los pueblos y las estancias (entre ellos los encomendados en Chuquis, Pinchas, Anillaco y en los ex pueblos de indios ya entregados en arriendo), discriminando originarios y forasteros (con y sin tierras), y especificando nombres, apellidos, edades y condición socio étnica de los tributarios y de sus familias. La ansiada consecuencia de estos procedimientos se hizo visible en los cómputos finales de la matrícula, que pasó de 183 en 1779 a 341 en 1786. A fines de este año, Gómez había logrado recaudar en las reales cajas 1705$, todo un récord en relación a años anteriores, quedando una deuda de 622$ con 2 reales, que se habría de saldar el año entrante. El nuevo "plan" de recaudación ­aparentemente- había sido un éxito. Enfoquemos más de cerca el cuadro de la matrícula de los reales tributos del año 1786 (Tabla 1).

De los 1705$ algo más de 1000$ fueron pagados en lienzo, que era la costumbre local, y apenas 56$ en plata; éstos correspondían a porcentajes menores de tributos en Olta, Pituil, Famatina y Malligasta, y la totalidad del tributo pagado en las encomiendas de Chuquis y Pinchas. Aunque son cifras pequeñas, la tributación en moneda da cuenta de ciertas transformaciones que estaban teniendo lugar en nuestro medio, frente a las prácticas tan sostenidas de pago en lienzo y en servicios personales. El subdelegado Gómez reconoció en su informe que en La Rioja los tributos no solían pagarse en dinero y que sería "difícil" modificar esta "costumbre". Con todo, queda claro que la política de la corona apuntaba en esta dirección, llamando la atención que a "los que pueden satisfacer en dinero respecto de sus conciertos en servicio personal" -si es que efecto, agreguemos, recibían sus pagos en moneda.6
Reparemos, sin profundizar, que dos de los pueblos que tenían acceso a la misma eran Famatina y Malligasta, situados en las proximidades del cerro cuya explotación venía siendo evocada y demanda en todos los "planes" elaborados para el despegue riojano. ¿Se trataba de indicios de la puesta en marcha de este antiguo "plan"? Efectivamente, varios trabajos sobre la minería de Famatina en el período colonial reconocen esta precisa coyuntura reformista como favorable para renovados emprendimientos (Plaza Karki 2003, Staricco 2016). Por entonces, el plan de remate de tierras de pueblos de indios ­que también se buscaba aplicar como mencionamos en Anguinán y Abaucán, cercanos al cerro- articuló con otro que apuntaba a reunir a todos los desplazados en el valle de Famatina, donde ­se afirmaba- los indios tenían "mejores comodidades". Si bien esto fue tema de debate, ya que el valle tenía su propia problemática y limitaciones relacionadas con el carácter temporal de los cursos de agua, parecía conveniente a los criollos que tenían tierras en la zona e intereses en la minería contar con mano de obra accesible. De hecho, en las fuentes que estamos examinando ­y en otras secundarias- el valle de Famatina es reiteradamente sindicado como el nuevo espacio reduccional para alojar a los indios extrañados. La presunción de la activación de este proyecto minero sobre la base de mayor disponibilidad de mano de obra asociada al plan de agregación de pueblos en el valle en esta década se fortalece por las referencias encontradas a la explotación minera a comienzos del siglo XIX (Ayrolo 2013). Pero en la década de 1780 el argumento central era todavía que los desplazados podrían ser incorporados a los pueblos de valle, integrándose a la vida comunitaria; sería más sencillo el cobro del tributo, la organización del trabajo y la administración de la doctrina. El cura y vicario de la doctrina de San Pedro de Famatina don Josef Cascante iba aún más allá de las opiniones del visitador, al declarar en 1786 que "para mejorar la situación conviene reunirlos a todos los seis pueblos a solo dos, quedando Vichigasta y (...) Famatina por cuanto este tiene las mejores proporciones en tierras y agua capaces de sufrir a un doblado número de indios de los que se juntarían" (f. 38v y 39). La dispersión de la población y la distancia que separaba a los pueblos de la parroquia de Santa Rosa de Anguinán complicaban la labor pastoral y el cobro de los derechos de bautismo y entierro. A medida que avanzaba la década de 1780 vemos el despliegue y la articulación de dos propuestas integradas bajo un mismo plan: liquidar los pueblos de indios con escasa población rematando sus tierras ­evocando incluso la ordenanza 113 de Alfaro que recomendaba la agregación de los pueblos para sostener la vida comunitaria-, y aumentar del cobro de los tributos a través de sistemáticos procedimientos de registro y control. Ambas propuestas favorecían los intereses de la real hacienda -que esperaba tener más a su alcance a estos díscolos naturales tan poco afectos al reclutamiento laboral- y de los vecinos locales, que en particular buscaban el acceso a las tierras de los pueblos, generalmente bien dotadas de agua, como las del valle de Famatina, esenciales para cualquier emprendimiento. Sin embargo, en este mismo escenario riojano reconocemos planes alternativos, más visibles en momentos críticos pero igualmente significativos para calibrar los alcances de las novedades que acompañaron esta década. En efecto, son bien conocidas las reiteradas quejas de vecinos y sacerdotes acerca del carácter de los naturales de la jurisdicción; las mismas son piezas largamente ensambladas en la elaboración de un estereotipo basado en la experiencia de una dominación difícil y de resistencias constantes. Por supuesto, los criollos hacían responsables de esto a los nativos a quienes retrataban invariablemente apelando a la desidia, holgazanería, altanería, propensión a los vicios (sobre todo la embriaguez y el ocio) y poco inclinados al trabajo, siendo por supuesto artífices de su propia ruina. En el último cuarto del siglo XVIII la hispanización había ganado mucho terreno y casi todos los naturales entendían y hablaban castellano; las autoridades coloniales por tanto ya no justificaban la falta de acatamiento de sus órdenes y disposiciones por la ignorancia. Empero, no les resultaba nada fácil obtener de ellos lo que esperaban. Confrontados los indios y sus representantes ­ya fueran caciques, mandones o alcaldes- con jueces, visitadores o representantes del cabildo, solían presentarse con humildad, remarcando su estado de pobreza y su disposición completa y sumisa a la autoridad. Todos los examinados recurrieron al argumento de la "ignorancia", pero cada vez más con desplazamientos que hacían recaer la responsabilidad de las faltas que se les reclamaban en las autoridades coloniales; bajo expresiones indirectas, dejaban entrever que eran éstas las que no habían informado acertadamente las reales órdenes o bien no se allegaban a los pueblos lo suficiente como para comprobar el estado de cosas. Los mismos cargos se deslizaban con sorprendente ingenuidad contra los curas y vicarios, tan poco presentes en estos pueblos. Las resistencias discursivas de los nativos formaban parte de planes más activos vinculados al pago del tributo; en general, y más allá de las condiciones de posibilidad de cada pueblo, se advierte que eludir esta erogación, demorarla o complicarla era parte del asunto. El subdelegado don Juan Antonio Gómez, quien se jactaba del éxito de la recaudación de 1786, fue informado por el alcalde ordinario don Manuel Rincón y Escudero al año siguiente de las dificultades encontradas para cobrar las deudas previas. Para comenzar, porque "apenas supiesen que salimos a este fin ganaran los montes como lo acostumbran siempre que los jueces los persiguen por sus maldades", según justificó el alcalde Rincón y Escudero, el mismo español que arrendara en 1779 las tierras del pueblo de Colosacán al mandón Turquiolín. Pero no solo su testimonio reafirmaba la evasión tributaria como un delito sino que además develaba las reacciones de la población frente a la política de ampliación del alcance del tributo y su metódico registro:

"también se hará Vuestra Señoría cargo del aumento de tributarios que hay del padrón antiguo al presente que pasan de 140 y tantos, y algunos de estos nuevos empadronados se hallan fugitivos viven fuera de la jurisdicción que ni los mandones ni el alcalde se pueden juntar con ellos según nos han insinuado, otros han alegado ser soldados y sin embargo de haber hecho todo el entero el año pasado de 85 que no fue tan calamitoso como el presente de 86, no se cobro tanto como ahora" (f. 1v. y 2, destacado nuestro).

Encontramos en el informe del alcalde estrategias bien conocidas: el abandono de los pueblos, la huída hacia jurisdicciones vecinas y el ingreso a las milicias, a pesar de lo cual el mismo reconocía el aumento efectivo de la recaudación. Las tensiones entre los tributarios esquivos y los recaudadores aumentaron cuando el subdelegado Gómez ordenó el arresto de dos mandones: Fernando Guanichay de Vichigasta y Sebastián Aballay de Olta. Mientras a Aballay "se le dio la ciudad por cárcel", para que consiguiera remitir 59 y medio varas de lienzo y una cantidad no precisada de pesos en plata para lograr su libertad (tan convencidos estaban de que ocultaba o demoraba el pago), Guanichay fue a parar a la cárcel y se le embargaron los pocos bienes personales que tenía. Como mandón ­o mejor dicho, como "cobrador de tributos"- debía responder por las deudas contraídas con el fisco. La intervención del Protector de los Naturales, don Andrés Ortíz de Ocampo Isfrán, logró su libertad recién al año siguiente alegando que su ausencia del pueblo hacía peligrar las sementeras, de donde se esperaba poder saldar los tributos... En suma, el episodio expuso la conflictividad generada por el "plan" de recaudación llevando a las justicias, al protector y a los mandones a controlar los padrones nuevamente para calibrar y rectificar los "fallos". Ya examinamos en detalle esta problemática en otro trabajo (Boixadós 2012); lo que aquí queremos recuperar es el complejo entramado de tensiones y violencia que se mantuvieron a lo largo de los subsiguientes años. Las fuentes civiles y eclesiásticas refieren un creciente abandono de los pueblos, la dispersión de la población concomitantes a sequías y plagas de langosta, todos factores que atentaban contra el ramo de la recaudación (Ayrolo 2007). Varios funcionarios españoles reformistas -ya profundamente integrados a la elite local por parentesco y con la cual compartían intereses y antagonismos- mantuvieron a los pueblos en la mira. Entre ellos nuestro ya conocido don Juan Antonio Gómez, alcalde en varias ocasiones y de nuevo subdelegado en 1792, quien denunció al mandón de Malligasta por su resistencia a pagar los tributos atrasados. Lo acusó de haber repartido las tierras del pueblo entre agregados ­caracterizados como "gente de otras castas"- con cuyas "copiosas" sementeras se pagaba el tributo, permitiéndoles a los indios retirarse a vivir "en lo espeso de los montes", sin trabajar. Promediando la década de 1790, algunos pueblos de indios se encontraban en jaque por funcionarios reales y capitulares quienes mantenían hacia ellos una verdadera política de asedio.

La sumaria información de 1797

En 1797, el español don Vicente Bustos ­sucesor de Gómez- redactó un informe dirigido al gobernador Intendente Sobremonte en el que volvía a plantear la necesidad de reducir la población indígena en pocos asentamientos, retomado la recomendación de su antecesor al finalizar la revisita de 1792. Por cierto que ésta había registrado alrededor de 40 tributarios menos que en 1786, descenso que Gómez había atribuido a fallecimientos, ausentismo permanente y a las remociones del padrón solicitadas y aceptadas por el juez. Se trataba de personas que habían sido inscriptas en los pueblos como tributarios pero que no habían encontrado allí sus "conveniencias", prefiriendo vivir en tierras de españoles. El dato no es menor y se suma a otros en los que la inscripción (o no) en los padrones de indios era resultado de una negociación entre el sujeto, la comunidad y las autoridades coloniales (Boixadós y Farberman 2009). Con todo, la depuración de los padrones apoyaba el argumento de que en algunos pueblos la existencia de "indios tributarios" era ínfima. En palabras de Bustos, "... en la comprensión de esta ciudad se hallan cuatro pueblos de indios nombrados Olta, Anguinán, Aymogasta y Malligasta los cuales según la actual matrícula no tienen más indios tributarios que 8 el primero, 4 el segundo, 12 el tercero y 16 el último cuyos naturales sin embargo de disfrutar los mas escogidos suelos que hay en toda la jurisdicción su ocupación es la del robo, insultando y perjudicando a los pobres vecinos en sus escasos patrimonios, manteniéndose en los campos y bosques sin mas acuerdo de sus obligaciones ni otro objeto que el de continuar las tales inclinaciones a que sin propensos con vida airada".7
El subdelegado continuaba proyectando un "plan" ejecutable en los próximos años, que consistía en reunir a los habitantes de estos pueblos a otros, para que "vendidos por cuenta del Rey lo menos que entraría en las arcas reales serían cuatro mil a cinco mil pesos, pues por el citado de Olta ha habido sujeto que ha hecho la expresión que por dos mil y quinientos pesos no se quedaría sin él".8
La "voracidad fiscal" del régimen de intendencias, tal como señalara Armando R. Bazán (1968), estaba personificada en este grupo de burócratas que llevaban adelante el gobierno de la ciudad y su jurisdicción. Pero las actuaciones de por lo menos dos subdelegados ­Gómez y Bustos- muestran también la existencia de una "voracidad" por las tierras de los pueblos de indios, intereses personales y corporativos de la elite local de la que ellos formaban parte. Después de todo, ¿quién sería el "sujeto" que había ofrecido 2500$ por las tierras del pueblo de Olta antes de que hubieran sido declaradas vacantes? No lo sabemos, pero sí nos constan los denodados esfuerzos de don Juan Antonio Gómez por apoderarse de tierras en el valle de Famatina, antiguas tierras de pueblos abandonados (Boixadós 2014), de los intereses compartidos por Rincón y Bustos en tierras, comercio y la minería (Bazán Lazcano 1973, Staricco 2016), y de las ventajas que les deparaban estar situados en oficios y puestos de poder con buenas conexiones establecidas en Córdoba. Presentada la propuesta del subdelegado el gobernador Intendente Sobremonte, sobre la base de los pareceres de los ministros de la Real Hacienda y fiscales, ordenó levantar una sumaria información en La Rioja citando a los curas doctrineros y al Protector de Naturales para determinar las ventajas y desventajas del proyecto. Para entonces, eran variadas las voces que se habían hecho oír sobre esta materia, incluidos los representantes indígenas, y parecían persistir ciertas dudas y desacuerdos sobre cómo se habría de llevar adelante. Mientras esta sumaria se levantaba, dispuso que no se hiciera "novedad alguna en el asunto" (f. 4 v.). La sumaria se inició con los testimonios del cura y vicario de Arauco, Dr. Don Pedro Antonio de la Colina, quien apoyó el plan de traslado como única opción para remediar "los vicios de la embriaguez, ocio, superstición, desenfrenamiento de costumbres y más a que están entregados", viviendo "metidos entre los bosques mas parecen cuevas de fieras que habitaciones de racionales". Imposible para un solo pastor cumplir con su misión entre pueblos situados a grandes distancias, en medio de tanta pobreza; de hecho, aunque de la Colina propuso que los indios fueran trasladados a Los Sauces, el pueblo más populoso cercano a Machigasta y Aymogasta, también suscribía su relocalización en Soto o Pichana, en la jurisdicción de Córdoba. Por su parte, el testimonio del cura y vicario de Los Llanos, Dr. don Sebastián Cándido Sotomayor, enfatizó las ventajas de reubicar a los habitantes de Olta en Famatina, para evitar "sus ladrocinios", "por no tener en aquellos tanta ocasión de robar ganado". Las sequías y la dispersión habían sumido a sus feligreses olteños en la pobreza, declarando que "los han dejado mendigos". Finalmente, el testimonio del ayudante de cura el maestro don José Nicolás Villafañe apoyaba con énfasis las medidas de traslado de población nativa pero desarrollaba un extenso relato para sostener la conveniencia de reducirlos a todos a Anguinán y no a Famatina "pues la situación de aquel (Famatina) es a las inmediaciones del famoso Nevado circundado de frigidísimas serranías". Los tres sacerdotes coincidieron en las dificultades para doctrinarlos, su tendencia a vivir dispersos en las sierras, destacando la "desidia y floxedad a que son por su naturalmente inclinados". Don Vicente Bustos procedió a cuestionar el testimonio del cura Villafañe, una reacción que abre camino hacia un escenario de disputas. Bustos mandó preparar un cuestionario de cuatro preguntas para examinar a testigos para recabar más apoyos. Dos de los primeros declarantes descubrieron los intereses del cura Villafañe para procurar el traslado de indios a Anguinán: río arriba del extinto pueblo de indios familiares directos del cura (dos primos carnales, entre ellos el propietario de la doctrina) tenían tierras obtenidas como merced de "sobras", pero habían ampliado sus sementeras, tenían ganado y utilizaban con discrecionalidad el agua para su beneficio. Y el argumento de que en Anguinán serían fácilmente doctrinados porque allí estaba la parroquia y la residencia del sacerdote ­en el propio pueblo de indios- también fue desmentido ya que la sede parroquial se encontraba en Famatina, "con el anticuado título de la Doctrina de San Pedro de Famatina." Si los testimonios de don José Cristóbal Gordillo y de don Inocencio Gordillo ­ambos calificados como "padres de la patria"- expusieron los intereses de la familia Villafañe en el valle, ya que alentaban la relocalización de los indios cerca de sus tierras donde seguramente serían puestos a su servicio, encubrieron con detallados y sensatos argumentos los suyos propios. Ambos personajes estaban vinculados al señor del mayorazgo Francisco José Brizuela y Doria y además del parentesco que los ligaba eran socios, por lo menos desde hacía diez años, en los emprendimientos mineros del Famatina. Nuevamente encontramos que el plan de traslado buscaba direccionar la población indígena hacia el centro minero que se encontraba en una etapa de activación y procuraba poner a disposición de los empresarios mano de obra para prosperidad de esta actividad. Tres cuestiones adicionales, todas ellas importantes, aparecen en esta sumaria. En primer lugar, el pedido del alcalde ordinario don Francisco Antonio Soaje ­también español-, y hacia el final del expediente del cabildo en pleno, de trasladar a los indios del pueblo de Sanagasta dejando sus tierras en manos de la corporación capitular. Es que como ya fue comentado, por Sanagasta bajaba el río de la sierra que suministraba agua a la ciudad y no resultaba conveniente dejar este preciadísimo (y escaso) recurso en manos particulares. El riesgo se planteaba en el caso de salir las tierras a remate público. Sobre esto hubo unánime consenso por el bien de la ciudad y de sus vecinos. En segundo lugar, el argumento que afirmaba que el plan de desarraigo pondría a disposición tierras en manos de vecinos: "de subastarse los dichos seis pueblos lograrían acomodarse muchos vecinos de honor de esta ciudad en los terrenos y agua que quedasen vacantes ... por haberse acrecido este vecindario" (f. 12). Esta afirmación impresionista, presente en varios testimonios, buscaba llamar la atención del gobernador Intendente demostrando la importancia que esto tenía para la comunidad de vecinos y pobladores, no para un sector en particular. Era sabido que la ciudad tenía sus limitaciones, sobre todo respecto del abastecimiento del agua y sin dudas el crecimiento de su población generaría tarde o temprano serios inconvenientes. Y en tercer lugar, los testimonios aportaron razones de peso para avanzar con la liquidación de los pueblos de indios en cuestión: relatos de sucesos de violencia que evidenciaban la "perversidad de estos naturales" y su constante actitud de desafío a las justicias españolas. Nuestro ya conocido don Juan Antonio Gómez aseguró que en las cercanías de Machigasta y Aymogasta (Arauco) "contó nueve heridos" mientras seguían en ambos pueblos "los bailes a que se dedicaban los indios con una extraña gritería y alaridos que atimidaban (sic), y luego las borracheras y puñaladas" (f. 13). También informó sobre otras reyertas entre ellos y muertes de mandones, enfatizando las frecuentes condiciones de violencia que imperaban en los pueblos de indios. Allí donde ni siquiera respetaban a sus propios mandones, menos acataban las disposiciones de las autoridades españolas: cuando el alcalde don Francisco Antonio Soaje intentó cobrar el tributo en el pueblo de Pituil, se encontró con "que un mandón le amenazase diciendo que iba a convocar a toda su indiada y sublevarla contra este mismo declarante que aún se hallaba con la vara de segundo voto". Los insultos y faltas al respeto causaron temor en este funcionario que solicitó, para cumplir con su misión, asistencia al comando de armas (que jamás llegó, según afirmó). Pituil no era de los pueblos cuya continuidad se estaba debatiendo, pero el ejemplo resultaba eficaz: en todos los casos, se trataba de reducciones alejadas de la ciudad, difíciles de controlar, que se mantenían resistentes a respetar y obedecer a los representantes del cabildo. Comentarios finales En noviembre de 1797, los "últimos planes" para La Rioja colonial lograron unificarse en una sola propuesta que el subdelegado Bustos habría de entregar al gobernador intendente Sobremonte. Todos habían dado su acuerdo, los doctrineros, el cabildo, los jueces pedáneos, los "padres de la república", el fiscal de la Real hacienda, el protector de naturales ... incluso don Fabián González, a quien Félix Luna reconociera como receptivo a los reclamos de los naturales en 1779, compartía casi 20 años después la común opinión que retrataba a los nativos como "tan soberbios y altivos que los jueces españoles del partido temen con justa razón el riesgo de sus vidas". Señalemos además que si al comienzo de la elaboración de este plan eran cuatro los pueblos que estaban en debate al finalizar el proceso se trataba de siete: Machigasta, Sañogasta y Sanagasta fueron integrados al proyecto, aprovechando el contexto de apertura y cambios que desde la gobernación intendencia se promovía. Al cierre del último expediente que analizamos, el subdelegado Bustos daba por aprobadas todas las actuaciones y recomendaba para llevar adelante los traslados "se prevengan los auxilios de que puede necesitar el comisionado que la practique, en atención a la altivez y soberbia de que están revestidos los naturales".

La información se detiene en este punto sin que sepamos con certeza si este último plan (ahora ya en singular) llegó a implementarse. Sabemos que en Olta y en Malligasta los reclamos y presentaciones ante los estrados judiciales de los mandones con una larga experiencia litigiosa les permitieron sostenerse hasta al menos los inicios del período republicano. Otros fracasaron, como Aymogasta y Machigasta, y sus tierras fueron adjudicadas a particulares después de largos procesos judiciales sobre la base de una inicial concesión de "sobras" del pueblo pergeñada por don Juan Antonio Gómez (Levaggi 2003). Los últimos años del período colonial y los comienzos del independiente aguardan todavía ser atendidos en la jurisdicción riojana; las fuentes conocidas hasta ahora no dejan vislumbrar de qué manera los "pueblos" más populosos, como Los Sauces o Vichigasta enfrentaron los procesos de cambio que acompañaron la conformación del estado provincial. Algunos de los casos ya estudiados en Córdoba (Tell 2011, 2012 y 2014), Tucumán (Lopez de Albornoz y Bascary 1998, Fandos 2007, Rodríguez 2009 y 2011, Steiman 2013), Santiago del Estero (Farberman 2008, 2009 y 2011), Jujuy (Sica 2014, Fandos y Teruel 2014) y Catamarca (de la Orden de Peracca 2006, de la Orden de Peracca y Moreno 2012) han dado buena cuenta de los diferentes senderos que fue tomando esa transformación y serán los referentes para avanzar en próximas investigaciones.

Agradecimientos

A Isabel Castro Olañeta y Sonia Tell que organizaron el encuentro en la Universidad Nacional de Córdoba donde se presentó la primera versión de este texto. A Ana María Presta, Silvia Palomeque y Judith Farberman que aportaron comentarios para mejorarlo. El trabajo está dedicado con cariño a la Dra. María Florencia Guzmán.

Notas

1 Archivo Histórico de Córdoba (en adelante, AHPC), Escribanía 2,
legajo 58, expedientes 6 y 9 (1779).

2 Las bibliografía sobre las visitas en Hispanoamérica es vasta; cfr. Guevara Gil y Salomon 2000, Herzog 2000, Noli 2003, Bixio 2009, Smietniansky 2014, entre otros.

4 AHPC, Escribanía 2, legajo 55, expediente 9.

5 Resumen y extracto tomado de Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), División Colonia, Sección Gobierno, Legajo 22,
expediente 21 (1786); llamativamente en este resumen no figura el pueblo de Vichigasta, que contaba con 39 tributarios.

6AGN, División Colonia, Sección Gobierno, Legajo 22, expediente 21 (1786).

7AHPC, Escribanía 2, legajo 93, expediente 3.

8 Ibídem.

 

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