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Revista del Museo de Antropología

versión impresa ISSN 1852-060Xversión On-line ISSN 1852-4826

Rev. Mus. Antropol. vol.11 no.1 Córdoba jul. 2018

 

ANTROPOLOGIA SOCIAL

Ciencia, derecho, política y cultura en el conflicto por el bosque nativo en la provincia de Córdoba, Argentina
Science, politics and culture in the conflict over the native forest in the province of Córdoba, Argentina

Adrián Koberwein
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Correo electrónico: adriankoberwein@yahoo.com.ar

Recibido 21-04-2018.
Recibido con correcciones 29-06-2018.
Aceptado 29-06-2018

Resumen
En el presente artículo, y en términos amplios, reflexiono en torno al rol del conocimiento científico en el marco de los conflictos ambientales contemporáneos. En concreto, analizo un conflicto reciente en torno a la reforma de la ley de bosques de la Provincia de Córdoba, Argentina. Entendiendo el conflicto como una lucha cognitiva, política, social, económica y cultural, considero que estoy tratando con un “proceso social total”. En este sentido, mi objetivo es analizar cómo el conocimiento científico es socialmente producido como una herramienta política para reclamar y demandar participación en las decisiones en torno al ambiente y su supuesta “destrucción”, “utilización sustentable” o “preservación”. Concluyo que este conflicto en particular se nos revela como parte de un conflicto más amplio acerca de la legitimidad de una crisis socio-ambiental en la provincia de Córdoba. Pero la ciencia, como un instrumento necesario pero no suficiente, es traducida en otras formas de lenguaje para así comunicar la importancia social del bosque nativo y, en consecuencia, la necesidad de su defensa frente a intereses que lo pondrían en peligro. 

Palabras clave: conflictos ambientales; ley de bosques; conocimiento científico; procesos políticos; legitimidad.

Abstract
This article analyzes the role of scientific knowledge in contemporary environmental conflicts. Specifically, it addresses a conflict regarding the reform of the forest protection law in the province of Córdoba, Argentina. Understanding the cognitive, political, social, cultural and economic struggle between parties in favour and against the law reform as a “total social process”, the aim is to analyze the way in which scientific knowledge can be socially produced as a political instrument for claiming and demanding participation in matters such as environment “destruction”, “sustainable exploitation” or “conservation”. The conclusion shows that this particular conflict is part of a broader struggle on the legitimacy of a social and environmental crisis in Córdoba. As a necessary asset, science is not enough. Scientific knowledge is translated into other forms of language in order to communicate the social importance of the forest and the necessity to stand against interests that would put it in danger.

Keywords: Environmental conflicts; forest protection law; scientific knowledge; political processes; legitimacy.

 

Entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, tuve la oportunidad de seguir de cerca, en calidad de antropólogo observador-participante, un conjunto de nuevos acontecimientos alrededor de un viejo conflicto ambiental en la provincia de Córdoba, Argentina: el manejo y la conservación de los bosques nativos. En esta oportunidad, el conflicto tomó forma concreta alrededor de un heterogéneo y multitudinario movimiento de oposición a un proyecto de reforma de la Ley Provincial 9814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Durante el desarrollo del conflicto, el objetivo político más inmediato de los opositores al proyecto fue el de evitar su sanción en forma de ley; este objetivo que fue logrado, y se sostiene hasta el momento de escribir estas líneas.

Luego de la presentación oficial del proyecto en la Legislatura, una gran cantidad de agrupaciones de toda la provincia se organizó en una “Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo”. Apoyada en una alianza entre diferentes sectores, tales como grupos involucrados en temas socio-ambientales, movimientos campesinos, organizaciones indígenas, estudiantes, científicos, personalidades de la cultura, partidos políticos y legisladores provinciales opositores a la reforma, la Coordinadora encabezó un proceso de reclamos y manifestaciones públicas organizadas en forma paralela y simultánea en gran cantidad de puntos dispersos de la provincia, que resultaron en una masiva convocatoria a una marcha realizada el 28 de diciembre de 2016 en la Ciudad de Córdoba, pero que no se agotó allí. El resultado fue el de evitar la “apurada” sanción de una ley que fuera significada, por muchos, como la ley del desmonte, y por otros como la ley del ecocidio. La magnitud de la convocatoria lograda en tan corto tiempo (apenas tres semanas) y el resultado obtenido, sorprendieron no sólo a sus protagonistas directos, sino también a políticos y funcionarios del poder legislativo y ejecutivo nacionales, que se reunieron en febrero de 2017 con una comitiva de la Coordinadora que viajó a Buenos Aires luego del éxito político logrado en diciembre de 2016.

El presente artículo forma parte de una investigación más amplia desde la cual analizo una diversidad de conflictos ambientales por el agua, el bosque y el espacio-territorio en una zona de la provincia conocida como “Sierras Chicas”, basándome en la observación participante en diversos contextos marcados por las actividades de diversas organizaciones locales que se preocupan por estos temas en la zona (ver plano de referencia). Durante diciembre de 2016 y principios de 2017, la actividad de estas agrupaciones giró en torno a su participación en el conflicto por la ley de bosques; esta participación adoptó diferentes modalidades, y su ritmo fue impuesto por constantes traslados en vehículo para participar de reuniones con organizaciones de otras regiones, concurrir a asambleas inter-sectoriales, u organizar manifestaciones públicas, conferencias de prensa y festivales en diferentes puntos de la Provincia.

Durante el seguimiento etnográfico del conflicto y en el posterior análisis de mis materiales, sobresalió que el conocimiento de origen científico ofició como una suerte de lenguaje común que enmarcó la puesta en práctica de estrategias políticas y jurídicas, siendo utilizado en la elaboración de fundamentos a favor y en contra del proyecto de ley, apareciendo asimismo como base de las mutuas refutaciones de los argumentos de los sectores contrapuestos, o como eje de los informes y noticias de los medios de comunicación. Todo ello, independientemente de si los protagonistas de las situaciones fueran profesionales de la ciencia. El conflicto, en su totalidad, se cargó de sentidos científicos en torno a las categorías y criterios de protección de los bosques, en torno a discusiones sobre la definición de lo que es, concretamente, el bosque o el monte, qué se pierde si no se lo protege, cuáles son las consecuencias socioambientales del desmonte, qué tipo de especies animales estarían en peligro, qué significa el aprovechamiento sustentable, cuál es el rol de los insectos, las aves y los mamíferos en el ecosistema, etc.

Aunque fueron una pequeña minoría en comparación al resto de los protagonistas, una buena cantidad de científicos participaron activamente en la oposición a la reforma de la ley. Algunos de ellos, ocupando posiciones de liderazgo en la organización de las actividades callejeras; otros, ofreciendo charlas en las plazas y espacios públicos, y algunos desde espacios más distantes, pero no por ello menos comprometidos. Ciencia y política, como lenguajes y prácticas, sobresalieron durante todo el transcurso del conflicto, aunque no fueran monopolizadas por científicos y políticos profesionales. Además, tuvieron su lugar los fenómenos estéticos y culturales, cuestiones de índole económica y productiva, así como una diversidad de estrategias jurídico - legales. De esta manera, el caso que aquí me ocupa se nos presenta al análisis como aquello que Marcel Mauss (1991) llamaría un hecho social total.

Mi intención es la de comenzar con los primeros pasos para dar cuenta del carácter total de los conflictos ambientales, tomando como punto de partida, y como objetivo de este artículo en particular, el análisis de las condiciones de posibilidad para que la ciencia sea transformada en herramienta de lucha política en el marco de la oposición a la ley provincial de bosques en Córdoba. Utilizo materiales etnográficos recopilados en el período mencionado (diciembre 2016 – marzo 2017), sirviéndome también de otros materiales obtenidos en campañas de campo anteriores, así como de conclusiones ya publicadas sobre mi investigación en torno al agua, los bosques y el espacio en Sierras Chicas.


Figura 1. Plano de referencia
Figure 1. Reference plane

Antes de entrar en las cuestiones específicas del caso, cabe aclarar ciertos supuestos y cuestiones más amplias sobre los cuales se apoya mi análisis, para que el problema específico que aquí se presenta -la transformación de la ciencia en herramienta política- tome un sentido más cabal, y para que quede claro que el tratamiento de este problema es sólo un paso hacia un objetivo de índole más general. Como adelanté, el caso presenta varias y potenciales aristas para comprender los conflictos ambientales contemporáneos en su carácter de fenómenos sociales totales, dado que revela aspectos políticos, económicos, estéticos, jurídicos, morales y cognitivos. Ahora bien, no es una novedad que los conflictos ambientales observen, simultáneamente, todas estas dimensiones. La literatura sobre el tema ya lo ha demostrado, aún cuando rara vez se apele a aquella noción elaborada originalmente por Mauss. Sin embargo, queda mucho por decir respecto de cómo es que un fenómeno social total de este carácter se produce: ¿de qué manera específica se amalgaman dimensiones supuestamente separadas tales como la política, la ciencia, la cultura, la economía, cargándose asimismo de componentes estéticos y morales cuando tratamos con conflictos y problemas ambientales?

Esta característica pluridimensional de los hechos sociales totales es la más conocida. Para Mauss, sin embargo, un hecho social total es algo más complejo que la evidencia de la articulación de diferentes órdenes de la vida social. En rigor, esta es su definición heurística (véase Gofman, 1998); por tal razón, es la que tomo aquí como punto de partida. Pero las reflexiones de Mauss en torno a este concepto tienen un alcance mayor, dado que se trata de fenómenos que ponen en juego a la sociedad toda: un hecho social total “anuda el conjunto de relaciones que una sociedad es capaz de tejer entre los individuos y los subgrupos que la componen” (Karsenti, 2009: 49). Además, y en forma muy similar a la idea marxiana de totalidad, el concepto se mueve en diferentes planos y niveles de generalidad, atrapando en un sólo movimiento lo real-concreto y lo general-abstracto. Así, por ejemplo, un elemento clave del concepto en el plano de lo concreto es la idea de alianza, y con ello la idea de que un hecho social total sólo es aprehensible en el movimiento vital de la sociedad, es decir, en torno a la acción de seres humanos concretos y socialmente situados en su mutua relación, independientemente de si la relación es cooperativa o competitiva (o cualquier otro dualismo típico que se nos ocurra), dado que son simultáneamente lo uno y lo otro. Al mismo tiempo, esta idea de alianza (que va mucho más allá de la noción elemental de contrato) pretende incorporar un elemento clave que la noción durkheimiana de “cohesión social” no ofrece: el de la intencionalidad de actores concretos, brindándonos así la posibilidad de pensar que un hecho social total no es algo dado, sino socialmente producido, aún cuando Mauss no lo haya puesto en estos términos.

Para explorar estas cuestiones, tomo como supuesto de partida que aquellas imbricaciones no existen a priori en el universo social más que como potencialidades. Por lo tanto, allí cuando nos encontramos con un “hecho social total” (por apelar a la terminología clásica), estamos indefectiblemente frente a un fenómeno socialmente producido. Así, el objeto del análisis no es la articulación en sí, no es la obviedad antropológica de que el mundo social está hecho de múltiples facetas, dimensiones, esferas (o como queramos llamarlas); en un sentido amplio, y bajo nuestro supuesto, el objeto de análisis se vuelve el proceso de producción de esa totalidad, de ese “hecho social total”. Por lo tanto, cabe en rigor hablar de “proceso social total”, más que de un hecho o fenómeno.

Como adelanté, durante el desarrollo del conflicto por la reforma de la ley de bosques se destacó un tipo de comunicación común que apeló a conocimientos provenientes de las ciencias naturales. Afirmo que este lenguaje fue de uso común por varias razones: a) tanto el proyecto presentado, como la ley 9814 vigente que se quiso reformar, apelan a argumentos científicos como base de su contenido legal-jurídico;  b) el conocimiento científico fue utilizado como base de los argumentos político-jurídicos y económico-productivos de los impulsores, tanto como de los opositores al proyecto; c) los actores en conflicto se desacreditaban mutuamente por una supuesta falta de rigor científico, fueran o no profesionales de la ciencia quienes esgrimieran los argumentos en cuestión; d) en ocasiones, sobre todo durante las concentraciones públicas, el conocimiento científico involucrado en las demandas fue comunicado a través de elementos estéticos tales como danzas y representaciones teatrales, música, poesía, etc.

El movimiento de oposición al proyecto entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, con las multitudinarias marchas como los momentos de mayor intensidad, estuvo atravesado por la consigna “la ciencia sale a la calle”. Manifestaciones en ciudades emblemáticas como Cosquín y en varias localidades menores, reuniones rotativas de la Coordinadora en diversos pueblos y ciudades, asambleas y conferencias de prensa, intervenciones culturales, “juntadas” para pintar banderas y consignas en pancartas, entre otras actividades, marcaron una intensa actividad política en contra de un proyecto de ley que despertó profundo rechazo en amplios sectores.

Mi hipótesis operativa es que el lenguaje de origen científico, como lenguaje común, ofició como elemento amalgamador de aquellas “otras” dimensiones del proceso social total con el que estamos tratando aquí. Este lenguaje común fue, asimismo, una de las condiciones de posibilidad del desarrollo del conflicto entre quienes impulsaron y se opusieron a la reforma de la ley, así como de las particularidades de su desarrollo.

A continuación, describo el devenir del conflicto en cuestión, dando cuenta al mismo tiempo de su contexto más amplio así como algunas conexiones con “otros” problemas socio-ambientales conflictivos en Córdoba, presentando asimismo reflexiones sobre la relación entre ciencia, política y ambiente. Basado en el análisis propuesto, concluyo que la característica de proceso total de este conflicto en torno a los bosques nativos está fuertemente constituida por un conflicto más general relativo a la existencia o no de una crisis socioambiental en la Provincia de Córdoba; es decir, en torno a su legitimidad.

Bosque, agua, ciencia y política

El 7 de diciembre de 2016 ingresó a la Legislatura de la Provincia de Córdoba aquél mencionado proyecto de reforma de la ley de bosques que, de haber sido sancionado durante la última sesión del año tal como estaba previsto, hubiera reemplazado a la ley 9814, vigente desde el año 2010.1 Ante la evidencia de que el proyecto contaba con un apoyo mayoritario entre los legisladores y el consentimiento del Poder Ejecutivo provincial, una diversidad de agrupaciones y organizaciones civiles de toda la provincia comenzaron a trabajar políticamente para tratar de impedir que se sancionara en forma de ley. Para ello, se nuclearon en la Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo. Consideraron que, bajo la engañosa apariencia de preservar el bosque nativo, el proyecto en cuestión legitimaba el desmonte en función de ocultos propósitos: la especulación inmobiliaria, el avance de la frontera agrícolo-ganadera, y la legalización de recientes desmontes ocurridos en infracción a la ley vigente. De allí que fuera significada por muchos como la ley del desmonte. Si bien unos meses antes de la presentación de este proyecto se realizaron una serie de reuniones en el marco de una mesa de diálogo entre funcionarios, legisladores, federaciones ruralistas, una ONG y representantes del movimiento campesino, las conversaciones entre estos diferentes sectores no lograron el consenso esperado. Cuando la mesa se diluyó, el diálogo tomó nuevas formas: se transformó en conflicto explícito, cruzó las fronteras institucionales y de los medios de comunicación, y comenzó a instalarse en la calle.

En Córdoba, el proceso de formulación de la ley 9814 que se estaba queriendo reformar fue también un proceso polémico, signado por una controversia técnico-científica que se centró en el problema de la zonificazión del bosque en diferentes categorías o niveles de conservación.2 Sin embargo, a diferencia del conflicto actual por su reforma, estas polémicas no se dieron con tanta gente en la calle. Como comentaba un biólogo que participó del proceso de formulación de la ley vigente: si hubiéramos tenido esta cantidad de gente, la ley 9814 hoy sería otra. Muchos de quienes participaron en las comisiones técnicas asesoras en la formulación de la ley vigente coincidían con este parecer. Sin embargo, nadie tenía dudas de que,  frente al nuevo proyecto, había que defender la ley actual, por perfectible y criticable que fuera.

Ciencia y política, si son entendidas como instituciones, como campos o dominios, pueden ser vistas de diversas y contradictorias maneras. Pueden ser consideradas como una unidad; pueden trazarse relaciones de mutua influencia y determinación, pueden estar enemistadas o en armonía. Si son entendidas como esferas de la actividad humana, deberíamos afirmar que los que hacen política son los políticos, y los que hacen ciencia, científicos. Sin embargo, “el término ‘científico’ constituye una categoría cultural cargada de significados complejos y contradictorios, susceptibles de ser utilizados e interpretados por los interlocutores en el contexto social de actuación” (Stagnaro, 2015: 319). Aquí, el término “científico” es entendido de esta manera, y lo mismo vale para el término “ciencia” y la expresión “conocimiento científico”. Además, y por sobre todo, el tipo de análisis que estamos encarando, es decir, el inspirado en la noción de “hecho social total” de Mauss, nos impide fragmentar a los procesos sociales en campos o, en su defecto, en instituciones, dado que “estos hechos son por su naturaleza incompatibles con toda forma de separación” (Karsenti, 2008: 51).

El conocimiento científico ocupa desde hace tiempo un lugar preponderante en el desarrollo de los conflictos ambientales. De hecho, la historia del llamado “ambientalismo” nos revela la contradicción fundante de esta relación: por un lado, los primeros problemas ambientales habrían sido planteados y alertados por científicos (Yearly, 1993; Escobar, 1998; Gudynas 2004). Asimismo, una gran parte de la responsabilidad en la generación de esos mismos problemas es asociada a la actividad científica (Yearly, 1993; Romero y Díaz, 2010); no sorprende, por lo tanto, que nos encontremos con cuestiones relativas a la ciencia cuando tratamos con problemas y conflictos socio-ambientales. Sin embargo, como ha demostrado hace tiempo Yearly (1993), la relación entre ciencia y ambiente no es necesaria ni autoevidente. Muchos de los llamados movimientos por el ambiente polemizan con las propuestas y análisis de los científicos sobre el mismo tipo de problemas reconocidos. No tener en cuenta esta cuestión se vuelve riesgoso para el análisis. Si en ocasiones la ciencia es una poderosa forma de legitimación en el marco de los conflictos ambientales, es dudoso que esa legitimidad resida únicamente en ella o en los usos y apropiaciones del conocimiento científico por parte de actores “no-científicos”. Hay quienes afirman que la ciencia ofrece una suerte de “lenguaje cohesivo” en el marco de los debates en torno a las cuestiones ambientales (Bixler, 2013). Este tipo de interpretaciones se basan en el supuesto de que existe una suerte de maridaje históricamente establecido entre ambos dominios, la ciencia y la política, aunque manteniendo sus autonomías relativas. Sin embargo, esta lectura nos lleva a olvidar un detalle: la relación entre ciencia y conflictos ambientales no es una relación coherente y establecida más que en un nivel de abstracción muy general. Desde esta perspectiva general, es cierto que, cuando la ciencia se amalgama con las políticas públicas, la concepción de ambiente que resulta de esta conjunción
“es un mundo cuya realidad es dada con bastante independencia de nuestra experiencia de él, y que sólo podemos conocer a través de la compilación de los conjuntos de datos extraídos de una observación y medición desapegadas, y retransmitida en forma de mapas, gráficos e imágenes” (Ingold, 2012: 21).

Sin embargo, en el desarrollo de conflictos concretos, la concepción de “ambiente” no necesariamente adopta este carácter. Si lo adopta, se transforma también en otra cosa. Se amalgama con lenguajes provenientes del derecho, de la economía, de la vida cotidiana, el trabajo, la política y la cultura. Por lo tanto, “la ciencia” puede tomar caminos inesperados al transformarse en parte de la experiencia colectiva. Un caso paradigmático al respecto nos lo revela el problema del agua en Córdoba.

Las cuestiones alrededor del agua están estrechamente vinculadas con el problema de la vegetación nativa que, según afirman los biólogos, es el principal regulador hídrico. De hecho, algunas zonas como las Sierras Chicas sufrieron, entre 2007 (aprox.) y 2014, una profunda crisis hídrica signada por la falta de agua, que en 2015 se transformó en una catástrofe debido a las violentas crecidas en los ríos y arroyos serranos que provocaron víctimas fatales, destrucción de infraestructura y viviendas, aislamiento de localidades y caseríos. Las consecuencias de esta tragedia ocurrida en 2015 se viven aún hoy muy de cerca. Menciono esto dado que, durante el período de escasez de agua, se instaló la idea de que la crisis hídrica era el resultado de la mala salud de las cuencas, que implica la ausencia de una cantidad adecuada de vegetación nativa. La vegetación nativa, como regulador hídrico, produce lo que se conoce como efecto esponja; es decir, retiene el agua en la tierra y, en las zonas serranas, evita su rápido escurrimiento hacia los valles o las zonas bajas. Entonces, la vegetación nativa mitiga tanto las consecuencias de la escasez de agua proveyendo formas de retención natural, como las consecuencias de la sobreabundancia, conteniendo en gran parte el fuerte, violento y repentino aumento del caudal de los ríos y arroyos serranos en la época de lluvias. Este conocimiento, que proviene de la ciencia y que fue generalizándose como explicación de la sostenida crisis hídrica, es hoy un conocimiento instalado en gran parte de la población. Por lo tanto, existe un pensamiento colectivamente esgrimido, que es el siguiente: la tragedia del 15 de febrero de 2015 se podría haber evitado de haber sido escuchadas las advertencias en torno a la mala salud de las cuencas, esto es, la falta de vegetación nativa.3
 
Una gran cantidad de agrupaciones preocupadas por el ambiente en las diversas localidades serranas, -agrupaciones que comenzaron a tomar fuerza en el marco del desarrollo y la intensificación de la crisis hídrica durante casi una década- tienen, por lo tanto, el cuidado del bosque nativo como eje central de sus preocupaciones.4 Por lo tanto, el conflicto por el bosque está estrechamente relacionado con los conflictos en torno al agua. No es casualidad que la Coordinadora haya sido impulsada por una gran cantidad de agrupaciones de las zonas serranas de la Provincia que habían tenido, no hace mucho, una fuerte visibilidad producto de los problemas y conflictos en torno a la catástrofe del 15F. Si bien el monte nativo en peligro inmediato por este proyecto no era, estrictamente hablando, el de las zonas serranas que sufrieron la catástrofe mencionada, la historia reciente de las inundaciones y las muertes ocurridas en esa región en particular, sumada al trabajo acumulado de diferentes agrupaciones en torno al cuidado de las cuencas y la defensa del bosque nativo, fueron parte sustantiva necesaria, aunque no suficiente, de la fuerza política del movimiento a nivel provincial.

Por la vida, no a la ley de desmonte

Tal fue (y sigue siendo) la consigna que amalgamó el trabajo de una gran diversidad de sectores sociales de la provincia de Córdoba para preparar, coordinar y organizar una multiplicidad de eventos de protesta realizados entre diciembre de 2016 y marzo de 2017: radios abiertas, charlas y conferencias, intervenciones informativas en los cruces de calles y rutas, marchas y movilizaciones en la capital de Córdoba y en diferentes puntos de la Provincia, reuniones con legisladores provinciales, viajes a Buenos Aires para reunirse con diputados y senadores nacionales de diferentes bloques, y audiencias con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, fueron sólo las actividades más destacadas que marcaron la dinámica del conflicto en torno a la reforma de la ley de bosques de la Provincia de Córdoba en el período mencionado.

Para un observador ocasional o distante de esta dinámica, las formas de coordinación simultánea de eventos en regiones alejadas de la provincia, y la magnitud de la participación en las manifestaciones (alrededor de diez mil personas en la marcha del 28/12 y un número similar en otra realizada en marzo) fueron “impactantes”. Así lo escuché manifestarse a Fernando “Pino” Solanas, presidente de la comisión de asuntos ambientales del Senado de la Nación, durante una reunión que tuvo en su despacho de Buenos Aires con una comitiva de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo: “ustedes lograron una convocatoria mayor a la nuestra” dijo Solanas en referencia a una de las demandas polítcoambientales recientes que había llevado adelante su partido. La sorpresa del senador se basaba en que una organización de reciente creación había podido convocar a una manifestación de tal magnitud. Sin embargo, la fuerza política no fue construida en unas pocas semanas, sino que observa un largo proceso de trabajo acumulado a niveles locales.

A estas actividades simultáneas en diversos espacios y regiones de la Provincia, así como en las oficinas y despachos de los políticos, se le sumó una constante circuación de documentos e informes firmados por científicos y técnicos que discutían el polémico proyecto tanto en su aspecto legal como en términos de su escasa y dudosa apoyatura científica. Así, por ejemplo, unos meses antes de la escalada del conflicto, en octubre del año de 2016, circuló un informe firmado por científicos pertenecientes a una diversidad de ONG, la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET.5 El informe indicaba, entre otras cuestiones, que
“...ante el expreso objetivo de distintos sectores ruralistas encabezados por CARTEZ[6] de reducir la superficie con Categoría de Conservación I (Rojo), fundamentada en su propuesta de OTBN,[7] es que vemos la necesidad de refutar una serie de afirmaciones . (…) Desde CARTEZ, el marco teórico a partir del cual se plantea que la Categoría II (Amarillo) es mejor que la I (Rojo) para la conservación, se basa en el modelo de Estados y Transiciones aplicado al bioma chaqueño. El problema es que dicha interpretación se sostiene en un modelo de Estados y Transiciones para el Chaco Árido de Córdoba elaborado por Díaz (2007), pero este modelo no está sustentado por datos, ni por ningún tipo de evidencia empírica.

Más aún, y contrariamente a lo postulado en dicho modelo, numerosos trabajos científicos indican que el bosque chaqueño tiene una notable capacidad de recuperarse tras un disturbio (remoción de biomasa) si el suelo no se ha perdido, si hay semillas en el paisaje circundante y si se remueve la presión de dichos disturbios (por ejemplo, Barchuk et al. 2006; Rotundo y Aguiar 2005, ver más detalles en la sección 2.3 de Fundamentos Ambientales). Ignorando la existencia de estas evidencias científicas, en el documento de CARTEZ se toma el citado modelo de Díaz como algo verdadero, cuando es sólo una serie de hipótesis sobre el funcionamiento del sistema que pueden ser refutadas a partir del conocimiento existente sobre los ecosistemas boscosos del Chaco árido del oeste de Córdoba”. (Kopta, et. al, 2016.) El subrayado es mío, para destacar el lenguaje típicamente científico que está en juego. Las notas al pie entre corchetes son también agregados míos.

El informe remite a la propuesta de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) de modificar la valoración de conservación de amplias zonas que actualmente estarían bajo la categoría I “rojo” -sectores de muy alto valor que no deben transformarse- a categoría II “amarillo” -sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e investigación científica-. Este informe fue recuperado por varias notas de prensa, una de las cuales hacía notar, en referencia a los debates de hace unos años en torno a la ley hoy vigente, que
“Otra vez se endurece el debate sobre cuánto se puede desmontar. Las entidades rurales quieren sumar más hectáreas con monte autóctono a la categoría amarilla, donde se puede realizar ganadería. Los ambientalistas aseguran que la propuesta no tiene argumentos legales ni ecológicos”. (La Voz, 28/10/16)

En noviembre, un nuevo documento firmado por científicos es puesto en circulación en el marco de esta misma polémica. No nos detendremos en los detalles del documento para evitar extendernos demasiado. Sin embargo, en comparación con el documento que había circulado apenas un mes atrás, podemos hacer notar un pequeño detalle. Al segundo documento se le suma una firma que en el primero no estaba: la de un representante del Movimiento Campesino de Córdoba. Así, poco antes de que el conflicto “saliera a la calle”, nos encontramos con dos elementos clave del conflicto: la discusión de base científica, y la alianza inter-sectorial que, con el pasar de los días, iría cobrando mayor fuerza y visibilidad. A continuación centraré mi atención en algunos de los eventos ocurridos durante las semanas previas a la marcha del 28 de diciembre de 2016. Como sucede en toda preparación de este tipo de eventos, el trabajo de organización se intensifica a medida que se acerca la fecha. En términos espaciales, había dos tipos de ámbitos donde se focalizó la coordinación y preparación de la manifestación. Por un lado, el nivel local, ámbito de influencia de las organizaciones que conforman la Coordinadora. Por otro lado, el nivel provincial, focalizado en la capital de la provincia, que exigía una constante atención a lo que sucedía en términos legislativos con el proyecto de ley.

El 21 de diciembre, a metros de la puerta de la Legislatura provincial, y mientras los legisladores debatían si tratarían o no el proyecto de ley durante la última sesión del año, se realizó una “vigilia en defensa del bosque nativo”, que comenzó a las 18hs y terminó a medianoche cuando concluyó la sesión legislativa. Los temas discutidos y/o comunicados fueron: la evolución de la sesión, la ciencia, la naturaleza, y las formas en que el poder económico se apropia impunemente de los recursos naturales en todo el mundo, particularmente en Córdoba. Los oradores fueron científicos, legisladores opositores al proyecto de ley (que de a ratos salían de la sesión para informar lo que estaba sucediendo en el recinto), y fotógrafos de la naturaleza.

En un primer bloque hablaron dos biólogos sobre las formas de adaptación de las aves al bosque nativo. Un segundo bloque estuvo a cargo de dos fotógrafos (uno de ellos también geógrafo de profesión), que mostraron imágenes de aves que habitan el monte y el bosque Cordobés, e imágenes de la destrucción de la naturaleza motivada por la sed de ganancias en todo el mundo y en Córdoba en particular. Transcribo algunos extractos de las charlas, para dar cuenta de cómo la ciencia fue ponderada como central. Uno de los fotógrafos que habían tenido la iniciativa de realizar la serie de charlas, abrió el evento como sigue:
“bueno, hacemos una pequeña introducción: digamos, para algunos que no me concen, qué hago acá. No soy biólogo, no soy de la universidad, soy un amante de las aves de toda la vida, y si, eso me llevó a ser fotógrafo de la naturaleza. Desde los siete años que recorro los bosques nativos y es por eso que me ven tan activo y tan preocupado (…)  Yo siempre me sentí fotógrafo, pero siempre cuando encontré una especie nueva, tenía que recurrir a alguien que me ayude. ¿Quién me va a rescatar? ¿Quién me va a tira una soga? Había pájaros que no conocía, es más, no me avergüenza saber hoy que no se siquiera un sólo nombre científico. Jamás me avergonzó eso. Lo mío es la imagen, la foto y la pasión por las aves. Pero los que están al lado mío y los que sí van a hablar porque yo solamente voy a hacer lo mío, que es mostrar imágenes, es el doctor en biología y ornitólogo al cual le pido un fuerte aplauso”.

Al tomar la palabra, el biólogo comentó lo siguiente:
“Agradezco que me hayan invitado, porque muchas veces los que somos investigadores, realmente tenemos poco contacto con la gente y con los medios, que muchas veces los trabajos que hacemos quedan un poco enmascarados (...) y es bueno que también de vez en cuando uno pueda llegar a la gente que ha estado tan interesada por (...) los bosques de la Provincia de Córdoba. Les voy a comentar brevemente los estudios que hemos llevado a cabo durante 40 años en Córdoba, al principio desde la Dirección de Náutica, Caza y Pesca, y luego desde el CONICET.  (…)  Lo que hay que hacer ahora en la provincia es... ¿no nos importa, como les decía la otra vez, que estén hablando de deforestación química, que estén buscando 11 especies de aves para que sean indicadoras? Buscarle la importancia a las aves como comedoras de insectos, de distribución de semillas, todo eso es cierto. Pero todo eso es secundario. Ahora hay que evitar que se talen los fragmentos o que se modifiquen, eso es lo primordial. No hay que entrar en discusión. Ya da lo mismo a una selva, a un bosque, que lo volteen con productos químicos, que lo voltee una topadora. Una vez que destruyen todo eso, aran y plantan soja, ya no queda nada”.

Cuando terminó con su exposición, el fotógrafo dijo:
“Bueno, los científicos no son de aparecer en público, son siempre de perfil bajo, así que un agradecimiento enorme de mi parte por haberme hecho caso y venir, y haberlo metido en semejante rosca”.

La “rosca” ya había comenzado hace tiempo, y no implicaba únicamente un frente de discusión en términos científicos, sino también jurídico / legales:  el derecho se nutrió del lenguaje científico. Las estrategias legales comenzaron a tomar mayor fuerza ante la idea de que el proyecto se aprobaría antes de fin de mes. La vigilia concluyó con el fin de la sesión Legislativa, y con un informe de un legislador opositor al proyecto que se acercó al micrófono para comentar las últimas novedades de la sesión: el oficialismo había presentado y logrado aprobar una moción de preferencia que habilitaba el tratamiento del proyecto el 28 de diciembre, última sesión del año. Su aprobación en forma de ley (durante esta última sesión o la primera del 2017) era una posibilidad cada vez mayor.

El 24 de diciembre, al menos en la asamblea realizada en la localidad de Salsipuedes (Sierras Chicas) para continuar con los preparativos de la marcha del 28, estaba instalada la idea de que la transformación del proyecto en ley era un hecho. Un abogado propuso en consecuencia implementar estrategias legales inmediatas para que tengan efecto a futuro. Concretamente, para sentar precedentes del conflicto y de las partes involucradas, y así tener nuevas herramientas que permitieran pelear, por ejemplo, por la inconstitucionalidad de la ley. La propuesta del abogado, bienvenida por todos los participantes, fue la de elaborar y enviar cartas documento a, al menos, 35 de los 70 legisladores provinciales, advirtiéndoles que, de aprobar el proyecto de ley, estarían incurriendo en incumplimiento de deberes de funcionario público. El abogado redactaría la carta, quien además se comprometió profesionalmente con los firmantes (a razón de uno por carta) frente a una posible respuesta intimidatoria de algún legislador: su estudio jurídico fue el domicilio legal que figuró en la carta. La firma de las cartas se realizaría el día 26 en una plaza de la Ciudad de Córdoba, y el envío a través de una sucursal del correo cercana.

El 26 de diciembre, dos días antes de la marcha, y en el mismo lugar en donde se había realizado la vigilia, el abogado montó entonces una oficina callejera: una mesa para sus “clientes” con una computadora y una impresora para poder imprimir los formularios de las cartas documento. En la carta se advertía que el proyecto de ley era violatorio de una serie de normas ambientales pre-existentes y que, en el caso de que el proyecto fuera aprobado, el legislador en cuestión quedaba advertido de que podía ser hecho responsable penalmente. Lo que me interesa destacar es que el texto de la carta tuvo que ser redactado en colaboración con biólogos, dado que el lenguaje científico-ambiental fue parte fundamental de la argumentación legal.

A unas cuadras de esta oficina callejera se estaba realizando una conferencia de prensa convocada por la Coordinadora en virtud de la realización de la movilización del día 28. Los expositores de esta conferencia fueron 2 representantes de organizaciones vecinales locales y regionales, un representante del Movimiento Campesino de Córdoba, y un biólogo que había participado de la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos al momento de confeccionarse la ley 9814, que sería inminentemente reformada en la sesión del 28. Esta conferencia puso en escena, nuevamente, la articulación entre ciencia y derecho. Ante una pregunta del público al panel sobre cuestiones jurídicas relativas a la obligatoriedad de la realización de audiencias públicas en cuestiones de legislación ambiental, fue el biólogo quien tomó el micrófono para responder:
“...abogados que entienden en materia de derecho ambiental dicen que habría dos bibliotecas para entender si a esta norma le corresponde o no aplicar la 10208. Me decían, seguramente muchos abogados van a entender que sí, [que] hay algunos artículos de la 10208 que darían a entender que el poder legislativo debería generar una audiencia pública (...) con determinado tiempo de anticipación, informando los detalles del proyecto, permitiendo que todas las personas interesadas se inscriban (…)  Ahora, va a haber otra lectura de juristas que van a decir no, los legisladores no están obligados a aplicar la 10208 [que obligaría la realización de audiencias] para aprobar un proyecto de ley. En todo caso, no estoy respondiendo completamente, porque no soy jurista, pero creo que tendríamos que insistir que si esto pasa al año que viene, que se aplique la 10208. Eso sí me parece que sería interesante”.

Aparentemente no sólo hay “dos bibliotecas” para los juristas, sino también dos bibliotecas científicas, tal como se refleja en el primer documento citado en páginas anteriores, donde un grupo de científicos “refuta” un “modelo” por considerarlo no “sustentado por datos, ni por ningún tipo de evidencia empírica”.

Por su parte, los promotores del proyecto de ley, concretamente las federaciones ruralistas y un grupo de legisladores que muchos asociaban a los intereses de los sectores rurales, insistieron en que la discusión siga su curso en términos científicos. La cuestión de la ciencia en el conflicto tomó un giro cualitativo cuando, desde CARTEZ, criticaron por “falta de rigor científico”, a dos consagradas personalidades de la cultura como el humorista José Luis Serrano (Doña Jovita) y el músico Raly Barrionuevo, que se habían involucrado en la defensa del bosque nativo y en la oposición al proyecto de ley. De hecho, “Doña Jovita” encabezó por momentos la marcha del 28 de diciembte, y abrió el festival que se realizó en la Plaza del Fundador, a metros de la Legislatura.

La noticia del día 27, que afirmaba que finalmente el proyecto no se trataría en la última sesión, fue interpretada por algunos como un intento de los legisladores de disminuir la participación en la marcha; por otros, fue entendida como una estrategia para evitar relacionar la marcha con el no tratamiento del proyecto, dado que la convocatoria masiva ya era evidente. Interpretaciones al margen, luego de la manifestación, sin embargo, las actividades no mermaron, sino todo lo contrario: se vieron intensificadas en virtud del entusiasmo por la gran convocatoria, y ante el entendimiento de que la lucha recién comenzaba. Enero, febrero y marzo fueron también meses cargados de actividades en defensa del bosque: festivales, reuniones, conferencias, y una serie de actividades convocadas bajo el lema el rigor científico sale a la calle, consigna desencadenada a partir de un desarrollo puntual del conflicto que paso a detallar, y que refiere al giro que adelanté líneas atrás.

Una semana después de la marcha, y como respuesta a la fuerte participación de aquellas personalidades de la cultura, que ofrecían su imagen y su voz convocando a la gente a manifestarse, La Confederación de Asociaciones Rurales hizo circular un comunicado en el cual se pudo leer lo siguiente en relación a los diferentes pronunciamientos públicos de los artistas:
“Sorprende y preocupa la escasa valoración y respeto con que algunos artistas consideran a estudios técnicos de marcado rigor científico cuando muestran atracción por el aplauso fácil de un público condescendiente, que no tiene por qué estar debidamente informado sobre cuestiones que competen al ámbito académico antes que al festivalero. Parece existir una licencia otorgada por la popularidad que habilita a emitir, con liviandad, opiniones técnicas sobre temáticas que exceden largamente el conocimiento artístico y las habilidades teatrales. (…) En ese camino de búsqueda de consensos poco ayudan las expresiones, seguramente bien intencionadas pero claramente tendenciosas y carentes de peso científico, vertidas por el humorista José Luis Serrano, en la piel de su entrañable personaje “Doña Jovita” y el cantante y compositor Raúl Eduardo “Raly” Barrionuevo, ambos representantes del mundo cultural vernáculo y de indiscutible talento artístico, que tiran por tierra el trabajo serio antes comentado, el que invito a conocer en profundidad antes de continuar con declaraciones y enunciados de juicios de valor que generan confusión en la opinión pública y llevan el foco de la discusión al ámbito de las ideologías extremas, que es el que se pretende superar. (…) desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, CARTEZ, instamos a los referentes sociales a no propiciar divisiones ideológicas que tanto daño han ocasionado a lo largo de los últimos años, sino a contribuir a la generación de consensos que permitan superar tantos desencuentros”.

Los mencionados con nombre y apellido en este comunicado no tardaron en responder, y los apoyos de otros artistas se multiplicaron en las redes sociales y en los medios. Así, por ejemplo, “Piñón Fijo”, seudónimo de un artista muy aclamado por los niños, le habló a “Doña Jovita” desde un video:
“Te piden fundamentos científicos Jovita, y no debe haber ciencia más exacta que la realidad ante nuestros propios ojos. Sólo basta recorrer nuestros suelos, para darnos cuenta que en muchos lugares ya no queda casi nada. Sólo queda mirar para arriba y esperar el próximo tsunami que caiga del cielo, y lamentarnos por la mala suerte. Te quiero, abuelita”.

Raly Barrionuevo, por su parte, contestó de la siguiente manera:
“A ustedes, señores, que me piden que no hable de cosas que no sé, de cosas que, según su criterio, estoy desautorizado a opinar. Pues deben saber ustedes que hablo de ese monte que tantas veces recorrí de la mano de mi madre, una mujer nacida y criada bajo los algarrobos blancos y negros, quebrachos, tinti takos, tuscas e innumerables plantas de nuestra tierra; ese monte que canta por mi garganta y hace música a través de mis manos. (…) Desde hace mucho tiempo que otros señores como ustedes vienen vaticinando el fin de las ideologías. Quiero decirles que los desmontes irracionales que viene sufriendo nuestra tierra no son otra cosa que el resultado de una ideología extrema, la de ustedes. (…) ¿Ustedes me piden argumentos científicos para sostener mi postura? Hay cientos de ellos, uno más contundente y fehaciente que otro, hay tantos que no cabrían en esta pequeña carta. Les cuento, por si no están al tanto, que muchos de estos argumentos fueron aportados por prestigiosas instituciones a las autoridades legislativas. En algún cajón deben estar”.

La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo respondió con una serie de actividades que llamó “el rigor científico sale a la calle”, convocando no sólo a más científicos y técnicos a participar de las asambleas internas, sino también a participar de charlas y debates en diferentes plazas y espacios públicos de la Provincia, actividades que ya se venían realizando desde antes de este conflicto en particular, al menos en lo que me consta para las agrupaciones de Sierras Chicas (véase Koberwein, 2017), pero que ahora se empezaban a organizar bajo este lema en toda la Provincia. Las convocatorias de la Coordinadora llamaban a los “Profesionales de la Ciencia Digna” a trabajar en conjunto con la agrupación (en la cual participaron científicos y técnicos desde el primer momento).


Figura 2. Convocatoria a una charla sobre la reforma de la ley de bosques
Figure 2. Call for a talk on forest law reform

Nótese, más abajo, el afiche de convocatoria a una charla (Figura 2): la ciencia y el derecho aparecen como dos campos de conocimiento experto ponderados como necesarios para la defensa del bosque nativo. El título de la charla a cargo del biólogo, que lleva por título “Tsunamis, diques y otras acciones que tapan la incesante pérdida de bosques nativos”, hace una directa referencia a las inundaciones del 2015 en Sierras Chicas, y a las propuestas del gobierno provincial de construir diques para frenar el agua frente a otras posibles crecidas de los ríos y arroyos.

El manejo sustentable del bosque nativo es también un reclamo de larga data de los movimientos campesinos e indígenas, sectores que en el desarrollo real del conflicto fueron protagonistas centrales, como exponentes de un “aprovechamiento económico sustentable” del bosque nativo. La marcha de fines de diciembre de 2016 fue convocada también bajo la consigna “defender el trabajo campesino es defender los bosques”. Por ello, desde el escenario central montado en las inmediaciones de la Legislatura durante la manifestación del 28/12, un campesino leyó una carta escrita para el gobernador de la provincia. Luego de describir las actividades económicas en el monte para producir leña, cabritos, etc., y haciendo énfasis en lo que desde el lenguaje ambiental serían prácticas “sustentables” (aunque no usó esta palabra), sentenció que:
“Y con todo esto, para el gobierno, nosotros no somos productores. Nos dicen holgazanes por salir en defensa de nuestro bosque, por salir a la calle, por mostrar y por decir basta de tanto pisoteo, ninguneo, que nosotros somos los que destruimos el monte y la fauna. Esos improperios contra nosotros lo dicen señores que viven en countries o en barrios privados, que tienen un montón de empleados que les trabajan y les engrosan la fortuna. Y no saben de frío, ni de calor, ni de hambre ni de necesidades. Que por otra parte no ponen el lomo ni para dormir. Y en la puerta de su casa les espera una 4x4 con chofer para decidir los caminos que debe transitar nuestra Argentina”.

La participación de los abogados también fue clave, como así también la participación de otra gran cantidad de protagonistas que aportaron a la organización de la oposición activa al proyecto, significada por la gran mayoría como una “lucha colectiva” para impedir lo que, desde el principio, fue calificado como un proyecto de ley ecocida. El desmonte no es una idea abstracta, sino que se experimenta en el día a día de los habitantes de la provincia: localidades serranas destruidas por las crecientes de los ríos, muertes humanas ocurridas por la misma razón, poblaciones campesinas e indígenas desplazadas, cerramiento de caminos públicos, “tormentas de tierra” que provocan accidentes en rutas y autopistas, cambios en los regímenes hídricos, etc. La crisis socio-ambiental es puesta así en escena en este conflicto, que no es sólo por el 3% o 5% del bosque nativo que aún queda en la Provincia, sino también por la legitimidad y el reconocimiento público de esta crisis que pone en evidencia el riesgo en el que se encuentra la reproducción social de grandes sectores de la población. Es, asimismo, una lucha por la participación política, y por las formas de hacer ciencia.

Pero el conflicto involucra cuestiones que van más allá del conocimiento científico. De hecho, su eficacia en términos de un lenguaje político implicó su traducción en otro tipo de formas comunicativas que se cargaron de componentes estéticos y culturales. Durante un festival que coronó una marcha en Cosquín, sentados tomando algo y escuchando a un artista cantándole al bosque y a los pájaros al ritmo de  zamba, alguien dijo: en los 70, el folclorista que le cantaba a los pájaros y al paisaje era un conservador… ¡Cómo cambian los tiempos!, dijo alguien más. Así, los fenómenos estéticos, la política y la naturaleza, quedaron expresados en un pequeño detalle anecdótico. Pero hubo formas más visibles e intencionalmente preparadas como formas estéticas: en esa misma marcha en Cosquín (locación aprovechada por la gran afluencia de gente al “PreCosquín”, certamen previo al festival de música folclórica más importante de la Argentina), así como en las otras dos grandes movilizaciones que se realizaron en la Ciudad de Córdoba, un grupo de niños a cargo de una maestra marchó siempre por delante de las columnas de manifestantes, sosteniendo en lo alto un gran símbolo de un árbol confeccionado en cartón, alambre y papel, representando así la responsabilidad por el cuidado de los bosques para las generaciones presentes y futuras. Algunos niños tomados de la mano de las ramas del árbol, hechas de largas cintas verdes, otros rodeándolo y llevando imágenes de aves y consignas por la defensa del bosque, pusieron en escena una metáfora reiteradamente pronunciada: “somos el bosque que marcha”. Así, la política, la sociedad y la naturaleza encontraron nuevamente su condensación en fenómenos estéticos. Así también, los argumentos científicos por sí mismos no tuvieron fuerza política propia, ni tuvieron la fuerza suficiente como para consolidar este tipo de movimientos. Fueron elementos necesarios, pero no suficientes.

Palabras finales

El derecho y las ciencias naturales son campos de conocimiento ponderados por los actores en casi todos los conflictos ambientales que pudiéramos relevar. Pero quisiera destacar que en la provincia de Córdoba, y particularmente en este caso, las controversias en torno a las “diferentes bibliotecas” jurídicas y científicas reconocidas, indican un conflicto más general por la legitimidad de una crisis ambiental. Este aspecto, considero, es clave en cuanto a la explicación de las condiciones de posibilidad para que la ciencia adopte características políticas, y la política se nutra de la ciencia mediado por lo jurídico y por elementos de carga moral como la dignidad de cierta ciencia, que nos haría sospechar sobre la existencia de una ciencia “indigna”. De hecho, en Sierras Chicas hay antecedentes de informes ambientales tildados de falsos, firmados por científicos. La legitimidad de la crisis ambiental es disputada no solo contra el estado, visto como el “actor” responsable de la permisividad de que ciertos sectores sociales adopten prácticas ambientalmente destructivas, sino también contra esos mismos actores (sectores ruralistas y desarrollistas).

Asimismo considero que, en términos aún mas generales, lo que está aquí en juego es un conflicto en torno a diferentes modos de reproducción social. Este problema de la legitimidad de la crisis no se generó con este conflicto por la ley de bosques. Puede pensarse también en relación a los antecedentes de una crisis hídrica y una catástrofe fuertemente asociada a los desmontes. No me queda espacio para tratar con mayor profundidad estos antecedentes, que he seguido también de cerca en el marco de mi investigación. La intensa actividad política, la apelación al derecho y a a ciencia por parte de las organizaciones nucleadas en la Coordinadora no son nuevas, sino que están basadas en un trabajo y un conocimiento acumulado en el tiempo, y en la producción de relaciones sociales que exceden los localismos.

Habría que refinar un poco más el lenguaje: el conocimiento científico no se nos presentó aquí en términos de “la ciencia” como institución, sino todo lo contrario: como anclado en la experiencia vital y como parte de una experiencia colectiva más allá de las fronteras institucionales del campo científico. Cargada de componentes morales -para Mauss (2006) la moral es el arte de vivir en común- la ciencia construida socialmente de esta manera ofició, dicho en términos teóricos, como la fuerza productiva más destacada de un movimiento heterogéneo y diverso en favor de la conservación del bosque nativo y en contra del proyecto de ley. ¿Se transformó en herramienta de lucha política? En cierto sentido, la respuesta es afirmativa, pero con el mayor de los énfasis en la idea de transformación, y con el cuidado expreso de evitar extender esta respuesta más allá de los acontecimientos relatados, al menos por ahora, ya que de hacerlo cometeríamos una imprudencia analítica.

Al menos en Sierras Chicas, buena parte de las agrupaciones que conformaron la Coordinadora habían comenzado a tomar fuerza a partir de la crisis hídrica que comenzó a manifestarse en Córdoba hace casi una década. Por un lado, los conflictos en torno a esta crisis estuvieron estrechamente vinculados a la situación del bosque nativo y a la salud de las cuencas. Las inundaciones de febrero de 2015, además, pusieron en primer plano las constantes alertas de los científicos y organizaciones locales en torno a la pérdida de la capacidad regulación hídrica de las cuencas en virtud de la desaparición del bosque nativo, y esta tragedia es reiteradamente rememorada en los debates y las charlas, en las manifestaciones callejeras, etc., recordándole al Estado y a los sectores desarrollistas que Córdoba está sufriendo una crisis socio-ambiental de larga data que, desde la perspectiva de las agrupaciones, aquellos no reconocen y niegan sistemáticamente. De allí que estemos tratando también con un conflicto por la legitimidad; esto es, por la existencia real de una crisis.

Buenos Aires, 20 de abril de 2018

Agradecimientos
Quisiera agradecer a mi colega Laura Ferrero la atenta lectura y los comentarios al primer borrador de este artículo.

Notas
1. La Legislatura de Córdoba es unicameral y los tiempos de aprobación o desestimación de un proyecto de ley son ostensiblemente más dinámicos que en los casos de las Provincias con dos cámaras legislativas. En este caso, además, su tratamiento se habría acelerado aún más en virtud de una moción de preferencia que habilitaba su tratamiento durante la última sesión legislativa del año, el 28 de diciembre.
2. Categoría I “rojo”: alto valor de conservación; categoría II “amarillo”: mediano valor de conservación; cateoría III “verde”: sectores de bajo valor de conservación.
3. Para una ampliación de estas cuestiones véase (Deon, 2015; Koberwein, 2016 y 2017)
4. En las zonas agrícolas de la provincia, las inundaciones toman otro carácter dada la geografía del terreno, pero también allí se responsabiliza a la falta de vegetación nativa por la cantidad y extensión de tierras inundadas.
5. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
6. Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona.
7. Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos

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Documentos e informes citados
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