ARTÍCULOS ORIGINALES

Victimización y violencia sexual en el conflicto armado en Colombia¹

Victimization and sexual violence during the armed conflict in Colombia

 

Frank Steward Orduz Gualdron²

² Psicólogo por la Universidad Santo Tomás. Maestrante en Resolución de Conflictos y Mediación. Investigador del Grupo Educación, Desarrollo Humano y Procesos Sociales. E-mail: f.orduz01@unisimonbolivar.edu.co, fsorduz@yahoo.com

¹ Este artículo original, es producto de la investigación titulada, Violencia de género y violencia sexual en el conflicto armado colombiano, adscrita al grupo de investigación Educación, desarrollo humano y procesos sociales de la Universidad Simón Bolívar.

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Resumen

El presente artículo tuvo como finalidad el análisis victimológico de la violencia sexual ocurrida en el conflicto colombiano. Contó con un enfoque cualitativo correlacional y un diseño fenomenológico para el análisis de la información proporcionada por instituciones involucradas en la atención de víctimas y representantes de las asociaciones de víctimas del departamento Norte de Santander. Se halló que en el departamento, las rutas de atención presentan limitaciones en su divulgación en las zonas rurales y en la oferta de instituciones que atiende a esta población, situación que a la luz de la psicología jurídica y específicamente de la victimología, aumenta la probabilidad de victimización secundaria de parte de los esquemas de atención a víctimas del conflicto armado implementados por entidades gubernamentales y no gubernamentales. Este tipo de violencia requiere la implementación de estrategias de atención en zonas rurales con “enfoque diferencial” para así superar diferencias culturales de la población.

Palabras clave: Conflicto armado colombiano; Derecho internacional humanitario; Violación; Victimología; Violencia sexual.

Abstract

This aim of this article is to show the victimological analysis of the sexual violence that occurred during the Colombian conflict. A qualitative, correlational approach and a phenomenological design were applied for the analysis of the information provided by institutions involved in the care of victims and representatives of associations of the victims of the northern area of Santander. It was found that in the area, care programs have limitations to connect with rural areas as well as regarding the supply of institutions serving this population, a situation that increases the likelihood of secondary victimisation on the part of the schemes of assistance to victims of the armed conflict, implemented by governmental and non-governmental entities in the light of forensic psychology and victimology, specifically. This type of violence requires the implementation of care strategies in rural areas with “differential approach” in order to address cultural differences in the population.

Keywords: Colombian armed conflict; International humanitarian law; Rape; Victimology; Sexual violence.

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Introducción

La violencia sexual ha sido desde hace varios años un tema de gran interés para la psicología jurídica, continuando con dicho interés esta investigación aborda los procesos de victimización ocurridos a partir de las agresiones sexuales en el conflicto armado en Colombia. Los conflictos armados tal como lo plantean Aguirre et al. (1996), generan “efectos destructivos muy grandes tanto para los actores y sociedades en que se desarrollan como para otros países” las características de la violencia que se presenta en ellos, se relaciona con el contexto social en el que se desarrollan. Durante los conflictos bélicos, “cada rival tiene la necesidad de preparar el aumento de las propias fuerzas para desequilibrar la relación” (García, 2005), en Colombia la agresión sexual se sumó a actos como la tortura, la desaparición forzada, las masacres, entre otros, que buscan cumplir este objetivo. Tales conductas, de acuerdo con Díaz y Gutiérrez (2008), motivaron un especial interés de la psicología jurídica por la victimología. El conflicto armado colombiano ha provocado aproximadamente 7´392.679 víctimas³ en un periodo de 50 años en los cuales grupos armados al margen de la ley se disputaron el control de negocios ilícitos, de tierras, entre otros. Estos enfrentamientos incluyeron la agresión sexual a mujeres y niñas principalmente, los autores de estas agresiones de acuerdo con Amnistía internacional (2011a) son: grupos paramilitares (en la actualidad bandas criminales), miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes de la guerrilla.
En algunas regiones del país, los grupos armados ejercen control de las poblaciones dictando normas, horarios, soluciones a sus problemáticas y castigos, que incluyen actos de violencia sexual (Amnistía Internacional, 2004). El número de víctimas de delitos contra la integridad sexual en Colombia asciende a 10.042 de acuerdo con los registros de la entidades gubernamentales, número que podría ser mayor si se tiene en cuenta que las víctimas de agresión sexual a veces no denuncian por miedo a la estigmatización de la sociedad (Cañas y Tapias, 2012) y además “algunos investigadores han observado que las personas encuestadas o entrevistadas generalmente sienten temor de identificar a los responsables, especialmente si estos siguen viviendo en la misma comunidad u ocupan puestos de autoridad” (Roth, Guberek, y Hoover, 2011). La motivación de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano de acuerdo con el estudio realizado por Céspedes (2010) es territorial “estos actores basan muchas de sus dinámicas de violencia en el papel estratégico que le asignan a su presencia en algunas zonas, al control de corredores estratégicos o a la simple depredación”. La magnitud de este tipo de delito es amplia, Rodríguez y Rodríguez (2014), presentan cifras aproximadas de 489.687 mujeres víctimas directas de violencia sexual ocurridas desde 2001 hasta 2009, resaltando que el cambio cultural es necesario para la erradicación de este tipo de violencia “las normas, leyes, resoluciones y derechos contribuyen a denunciar y reconocer la violencia sexual contra la mujer; sin embargo, es indispensable la reflexión social y la transformación de los patrones culturales en la vida cotidiana y en todas las instituciones”.
Las autoridades encargadas del seguimiento de estos delitos no estaban preparadas, ni poseían en el equipo humano adecuado para recolectar los hechos de violencia sexual ocurridos en el conflicto armado, por ello muchas denuncias se hicieron a través de organizaciones o prensa y no las autoridades (Pinzón et al., 2009). En relación con lo anterior, Ambos (2012), propone grupos de investigación judicial específicos para la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado, “las investigaciones temáticas así comprendidas pueden ser un medio útil para crear una conciencia más amplia respecto del problema y contribuir, asimismo, a una confirmación enérgica de la prohibición penal de la violencia sexual”. A su vez, Wilches (2010) resalta la importancia frente a este delito de una reparación integral que vaya más allá de la reparación económica “lo que requiere la reparación psíquica, moral, subjetiva, no puede traducirse en dinero, solo puede operar el desagravio a través del sentimiento”. A diferencia de los estudios anteriores, este estudio quiere indagar los niveles de victimización a los que se ven expuestos las víctimas de la violencia sexual después de la agresión recibida recolectando información a través de las instituciones encargadas de la atención y de agrupaciones formales de víctimas ubicadas en el departamento Norte de Santander, Colombia.

Victimización primaria
Cuando se habla de victimización primaria, de acuerdo con Uribe y Romero (2008), esta se refiere a aquella que es “dirigida contra una persona o individuo en particular”, en otras palabras es aquella victimización que padece quien recibe la agresión directamente. La violencia sexual genera afectaciones emocionales y físicas, provocando que la vida de la víctima se afecta al punto de suspender las actividades que normalmente hacía, como interactuar con los demás desde el momento de la agresión (Soria 1998, Thomas 2008). Es así, que Thomas (2008) halla “correlaciones significativas entre abusos sexuales ocurridos en la infancia y problemas psicológicos y de comportamiento”.
Las consecuencias de la violencia sexual en el conflicto armado son tan graves que Caicedo, Buena Hora y Benjumea (2009), la consideran como “una forma de tortura con el carácter de crímenes de guerra y/o de lesa humanidad”. Weinstein y Lira (1997) citado por Cruz, Hidalgo y Rodríguez, (2009) plantean que “una persona víctima de actos de tortura que no recibe atención psicosocial, presentara problemáticas ligadas a depresión, bloqueo emocional, y deterioro de relaciones familiares y de pareja”. Teniendo en cuenta lo anterior muchas de las víctimas de violencia sexual podrían enfrentarse a una serie de problemáticas de índole psicológica.

Victimización secundaria
La victimización secundaria para Beristaín (1996), son las “consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas resultantes de la interacción entre la víctima y el sistema jurídico penal”, si esta interacción causa daño psicológico a las víctimas involucradas, debe considerarse “un efecto indeseable grave del sistema de justicia y una instancia de la victimización secundaria de las víctimas” (Orth, 2002). Por ello, debe entenderse que la correcta y sensible atención multidisciplinar a la víctima desde las diferentes instituciones que resultan implicadas en estos casos de agresión sexual, contribuye de manera decisiva a minimizar la intensidad de estos nuevos impactos, y en consecuencia a un mejor pronóstico del posible daño psíquico consecuente (González y Pardo, 2007). La victimización secundaria parece ser un fenómeno psicológico, social y político que no recibe la suficiente atención por parte del sistema judicial (Gutiérrez, Coronel y Pérez, 2009).
La falta de castigo al victimario frente a los delitos (impunidad) de acuerdo con Rochel (2005), influye en el desarrollo de un ambiente de maltrato y revictimización dentro de un ámbito judicial

Trauma social
De acuerdo con Beristaín y Páez (2000), el trauma social se refiere a “la huella que ciertos procesos históricos pueden dejar en poblaciones enteras afectadas”. Sus efectos dependerán de factores individuales y características del acto, por ello algunos necesitaran de atención psicológica o psiquiátrica. De acuerdo con Mackenzie (2010), el cuerpo de la mujer se considera como propiedad de la sociedad, por ello se convierte en un medio para transmitir mensajes de humillación y poder del enemigo, ejerciendo no solo control sobre ellas, sino en toda su comunidad. Para Olujic (1998), la violencia sexual genera sufrimiento en los hombres cuando se evidencia su incapacidad para “proteger su propiedad” incluyendo sus mujeres. Así, el ocultamiento de la violencia sexual, tanto individual como social busca salva guardar el honor masculino, puesto que un reconocimiento público demostraría su fracaso en su rol protector. Los crímenes de violencia sexual requieren apoyo y acompañamiento psicosocial debido a los efectos catastróficos que genera en la víctima y en su comunidad. Conociendo la dificultades que deben enfrentar las víctimas del conflicto armado en Colombia es de primordial interés analizar desde la victimología los procesos que deben afrontar después de la agresión experimentada, además de conocer la percepción de las víctimas frente a los mecanismos de atención y asistencia implementadas por instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Lo anterior lleva a plantearse la siguiente: ¿Es posible que, a pesar del esfuerzo de instituciones y profesionales por brindar atención requerida a las víctimas de violencia sexual ocurrida en el conflicto armado, actualmente estén siendo victimizados en un nivel secundario y terciario?

Método

Diseño
La metodología del estudio corresponde una investigación de corte cualitativo de alcance correlacional, con un diseño fenomenológico; de acuerdo con Bogden y Biklen (2003) citados por Hernández, Fernández y Baptista (2005), este diseño pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado de un fenómeno o experiencia, que para el caso de la investigación, la atención institucional recibida luego de la agresión sexual. Se recogió información de instituciones gubernamentales y no gubernamentales (entrevista estructurada) que operan en la región brindando atención a víctimas del conflicto Colombiano, y de representantes de asociaciones de víctimas de del conflicto armado de Norte de Santander.

Procedimiento
Para recoger la información de las instituciones encargadas de brindar asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado, se realizó el contacto con las directivas de las mismas a través de cartas de presentación institucional. La entrevista se realizó únicamente con los funcionarios delegados por las directivas de cada institución para dicha actividad. La recolección de información en miembros de asociaciones de víctimas de Norte de Santander se realiza a través de contacto personal y telefónico (explicando los objetivos del estudio), diez de las personas contactadas aceptaron participar voluntariamente en la investigación, las cuales fueron posteriormente fueron citadas para la aplicación de la encuesta de victimización y breve entrevista no estructurada antes y después de la misma.

Población
La población entrevistada correspondió a ocho representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales de la ciudad de Cúcuta (Colombia), en atención de víctimas de conflicto armado. Adicionalmente se entrevistaron 10 miembros de asociaciones de víctimas del conflicto armado de Norte de Santander que voluntariamente desearon participar.

Instrumentos
El primer instrumento fue aplicado a los delegados de Instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Este fue una entrevista estructurada que consto de 8 preguntas, enfocadas a recoger información sobre el tipo de población atendida, especificidad de atención y cobertura. El segundo instrumento (Anexo 1), fue aplicado a miembros de las asociaciones de víctimas de Norte de Santander, este cuestionario consta de dos apartados (A y B). La parte A consistió en cuatro preguntas de selección múltiple (Grupo autor de agresión, tiempo de espera de la atención psicosocial, oferta de instituciones y motivo de la agresión), la parte B estaba conformado por 20 preguntas tipo Likert basado en el “Protocolo para la orientación psicojurídica a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno” de la Defensoría del Pueblo⁴, esta buscaba conocer los procesos de victimización, calidad de la atención recibida, entre otras temas. Las categorías seleccionadas para el análisis de la información fueron: 1. Agresión, 2. Red de apoyo, 3. Consecuencias, 4. Acción del estado, 5. Asequibilidad, 6. Cobertura y 7. Divulgación de los servicios de atención. Ambos instrumentos fueron objeto de validación por expertos, antes de su aplicación.

Resultados

Son pocas las instituciones que brindan atención a las víctimas de violencia sexual, la mayoría de estas se encargan de orientar y remitir a la ruta que se considere pertinente según sea los derechos afectados. Las víctimas que viven lejos de las cabeceras municipales muchas veces no tienen la posibilidad de acceder a tratamientos médicos y psicológicos. Las instituciones con la infraestructura adecuada se ubican en la capital del departamento (punto de encuentro), dificultando a las víctimas el acceso a los tratamientos requeridos cuando no poseen las condiciones económicas o de seguridad para el desplazamiento desde sus lugares de residencia (rural) hacia la capital del departamento (Cúcuta) en busca de programas e instituciones dedicadas a la atención psicosocial (Humanas, 2009).
El estado colombiano ha implementado una ruta de atención integral para la atención de las víctimas del conflicto armado, sin embargo la población afectada en zonas rurales no tienen claridad de esta ruta, ni de los procesos requeridos para obtener las medidas de reparación, y los que ya han recibido algún tipo de atención argumentan que no es un proceso corto, en el cual tuvieron que pasar por otras instituciones que demandaron más tiempo del estimado para estos procesos, situación que ha motivado a asociaciones de víctimas de Norte de Santander a recurrir a mecanismos como la acción de tutela para el reconocimiento de sus derechos (Araque, 2013).

Discusión

La divulgación de las rutas de atención a esta población, no es del todo clara para los afectados, y muchas veces para las instituciones encargadas de su orientación ya que durante los años 2012 y 2013 varias de las víctimas fueron dirigidas la fiscalía específicamente al centro de atención a víctimas de abuso sexual (CAIVAS), aunque esta oficina no estaba diseñada para atender los casos de violencia sexual ocurridas en el marco del conflicto armado en Norte de Santander. La institución de carácter oficial que brinda atención a la población víctima de violencia sexual del conflicto armado es la Unidad de atención y reparación a las víctimas, esta posee un “registro único de víctimas”, registro cuyo ingreso es requisito para acceder a las diferentes medidas de asistencia y reparación. Para ingresar a dicho registro se debe verificar la veracidad de los hechos victimizantes (60 días), por parte de la Unidad, procedimiento descrito en el artículo 156 de la ley 1448 de 2011, y aunque este es un proceso necesario para evitar que personas inescrupulosas suministren datos falsos a la unidad para obtener beneficios, de acuerdo con los relatos de los participantes en la investigación esta condición es difícil de cumplir debido a la distancia entre sus lugares de origen y Cúcuta, a esto se suma la situación de seguridad en el trayecto y los gastos a que esto conlleva. Debido a fallas en la divulgación de la ruta de atención para el manejo de esta población en el departamento, algunas víctimas de delitos sexuales ocurridos en situación de conflicto en Colombia son revictimizados, puesto que el evento delictivo genera altos niveles de estrés ante la inminente posibilidad de recibir una nueva agresión, esa sensación de inseguridad se acentúa cuando la víctima no recibe la atención, información y respuesta adecuada y oportuna de parte de las instituciones, lo que se suma a su grave situación personal, familiar y social (Marchiori, 2004).
Las víctimas de este tipo de violencia enfrentan su propia vergüenza y el rechazo de sus familias y comunidades, por permitir lo ocurrido, esta situación aumenta el impacto de este acto (Corporación AVRE, 2010). Situación que Paz del Corral⁵ describe como victimización terciaria cuando “las víctimas tiene que hacer frente al estigma de haber sido agredidas sexualmente”.

Conclusiones

Las mujeres son un medio por el cual distintos actores del conflicto armado colombiano transmiten mensajes de violencia. Y la práctica de la violencia sexual en este contexto logra sembrar el terror en las comunidades, vengarse de los adversarios o silenciar denuncias de mujeres defensoras de los derechos humanos o líderes sociales⁶. En síntesis a través de esta violencia pueden demostrar el poderío de la organización a la cual pertenecen, que a su vez les permite realizar este tipo de actos sin ninguna consecuencia. Asimismo, la cobertura de la atención y asistencia humanitaria en zonas rurales no incluye la atención psicosocial a las víctimas de la violencia sexual ocurrida por razón del conflicto armado, Orduz (2015) plantea que “todavía existen regiones del país en donde las víctimas no tienen la posibilidad de recibir algún tipo de acompañamiento distinto de la atención médica”.
Por lo cual se puede vislumbrar que las víctimas de violencia sexual además de ser victimizados por sus agresores directos, también pueden llegar a serlo por el sistema de atención, sus mismas familias y comunidades (estigmatización). El impacto de esta violencia también ha alcanzado niveles de trauma social en algunas comunidades del país, por lo que es de vital importancia la ejecución de procesos de reparación colectiva en algunas zonas del departamento. Para ello, se requiere aplicar tal como lo expone la Ley de víctimas un abordaje desde el “enfoque diferencial” y así disminuir el impacto negativo de la intervención cuando se atiende población indígena, (debe incluir traductores en los procesos judiciales, además de protocolos de atención específicos para las mujeres indígenas o afrodescendientes).
La impunidad frente a este delito está relacionado con el silencio que víctimas y comunidades guardan por el poder que tuvieron (o aún poseen) ciertos grupos armados en algunas regiones del país. Situación que ha afectado incluso la investigación con fines judiciales debido al temor a represalias de los autores de estos actos, convirtiendo esta labor en una profesión de alto riesgo (Amnistía Internacional, 2011b). Por lo anterior la impunidad en Colombia frente a estas conductas sigue presentándose, haciendo evidente el interés de las autoridades por delitos más visibles como el desplazamiento, masacres y desaparición forzada. Una forma de llegar a la población con difícil acceso a la justicia es ampliar la cantidad de equipos móviles pertenecientes a la unidad de atención encargados de orientar en procedimientos y facilitar así, la inscripción de aquellos afectados en el registro único de víctimas desde sus mismos lugares de residencia.

Anexos

Anexo 1. Victimización y violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano

Notas

³ Registro de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas a 1º de mayo de 2015. Consultado en http://www.unidad.gov.co/

⁴ Tomado de Internet el 14 de octubre de 2014 de www.defensoria.gov.co/public/pdf/04/protocoloVS.pdf

⁵ Modulo Asistencia a las Víctimas de Experiencias Traumáticas. Fundación AZMOS. Tomado de Internet el 20 de febrero de 2015 en http://www.sociedadvascavictimologia.org/images/documentos/Postgrado/4_Victimizaci%C3%B3n_primaria_secundaria_y_terciaria_P._del_Corral.pdf

⁶ Caso reportado por la Revista Semanaen “Fiscalía estudia ocho procesos por violencia sexual asociada con el conflicto” del 10 de noviembre de 2012.

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Fecha de recepción: 16/08/15
Fecha de aceptación: 30/09/15