POSGRADO

Ciudadanía en un contexto de modernización periférica. Catamarca 1945-1955.
José Ricardo Ariza. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Catamarca, 2009. Director: Magister Mario Alanis.

La modernización en el litoral argentino se produjo hacia mediados del siglo XIX e implicó un proceso de inclusión ciudadana gradual no exento de conflictos. En Catamarca, esa modernización se presentó tardíamente; fue una demanda y a la vez un proyecto expresado por la intelectualidad y los actores políticos, filiados o no a los partidos de la provincia, que de manera sistemática hicieron oír su voz durante casi toda la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, fue con la emergencia del peronismo que surgió la oportunidad de producir una modernización en la sociedad catamarqueña. La elite dirigente constituida durante ese proceso generó una fuerte disputa con la elite tradicional e interpretó la aplicación de aquel proyecto como un signo de cambio y como la posibilidad de asentarse en el poder. Para ello tuvieron que apartarse de lo viejo en términos de la conducción política del Estado provincial, promocionando una nueva dirigencia que pudiera llevar a cabo el propósito modernizador. En un primer momento, durante la conformación de la nueva fuerza política, la convergencia hacía presumir que se estaba planteando una ruptura importante con el pasado. La aparición en la escena de los obreros, como actores principales, incorporando a su reciente partido a políticos de antigua militancia antipersonalista, radical y, en algún caso, conservadora, planteaba contradicciones que prontamente afloraron. Fundamentalmente por el rol que desempeñaría en el nuevo escenario, donde el pasado operó como un filtro que determinó el lugar que ocuparon unos y otros en la estructura de poder que se estaba conformando. Esto se debe a que, si bien muchos no tuvieron una destacada presencia en la vida pública, otros habían sido figuras representativas de lo que se pretendía dejar en el pasado.
Ganadas las elecciones se planteó cuál de todos esos sectores detentaría el poder real en el manejo del gobierno provincial. Los representantes de la vieja elite no captaron las demandas de los sectores emergentes que, extrañamente, no eran los obreros sino los sectores medios, quienes se apropiaron de los espacios de poder ocupados usualmente por la elite. Este conflicto político puso en evidencia, según nuestro entender, un conflicto social que hasta ese momento no encontraba los canales de expresión adecuados para manifestarse. Las alianzas, dinámicas y cambiantes, que sucedían en el peronismo y la búsqueda de una hegemonía en la política local, generaron disputas internas que sirvieron, a la vez, para desplazar a viejos actores y posicionar una nueva elite en el poder. La lucha se dio en dos frentes: en el ámbito externo, por un lado,  donde era preciso ganar las elecciones para contradecir las prácticas hasta ese momento usuales a fin de consolidarse como una opción transformadora; y, por otro lado, en el ámbito interno, donde se debía construir un consenso que imposibilitara una derrota electoral puesto que corría peligro la naciente oportunidad. Las reglas de juego institucional ayudaron a que el primer objetivo se cumpliera, dado que la minoría solamente consiguió un tercio de la representación legislativa, haciendo prácticamente imposible pelear en igualdad de condiciones contra el oficialismo. El conflicto interno, por su parte, se resolvió cuando una de las facciones internas logró la anuencia de la conducción nacional liquidando el pleito de manera contundente. Para los actores de esa época esto no aportaba nada nuevo al campo de la política, ya que no rompía con ninguna práctica anterior. Las elites sabían que el mejor modo de preservar el poder local era sosteniendo la voluntad nacional. Con la victoria en la mano y con importantes recursos financieros disponibles, la facción triunfante logró la hegemonía de poder y comenzó un plan de obras públicas cuyo impacto en la economía y en la sociedad catamarqueña fue alto. Esta situación puso de manifiesto el cambio social propuesto.
La nueva elite entendía que la distribución de incentivos de modo igualitario potenciaría la aceptación de su programa tanto por parte de sus seguidores como de sus opositores. Por ello, promovió una legislación que no dañara de manera significativa los intereses de los sectores tradicionales o propietarios. De algún modo los incluía en los beneficios proporcionados por las obras públicas, ya que generaba un valor agregado a sus tierras a través del fomento de infraestructura básica para la producción como el riego, canalización y energía, o del apoyo a la industria y al comercio, por medio del acceso al crédito promovido por la política financiera y fiscal de la Nación. De ahí que las cámaras comerciales e industriales, modestas por cierto desde lo material pero importantes desde lo simbólico, se adhirieron con cierto entusiasmo a la propuesta. Sin embargo, el sector tradicional de esa elite económica y social encontró en las cámaras de legisladores el lugar para alzar su voz en contra de este nuevo sistema que entendían como una práctica dictatorial y antirrepublicana, y apoyados en sus diarios y periódicos propugnaban el debilitamiento del peronismo. Por lo demás, durante todo el período la posibilidad de la participación no estuvo vedada. Por el contrario, se puede reconocer como una de sus fortalezas dado que los sectores obreros y las mujeres experimentaron una instancia de participación real. Ello fue posible por un doble juego: por un lado los sectores tradicionales marginados comprendieron que el peronismo era su oportunidad para requerir antiguas demandas; y por el otro, el Estado en manos del peronismo entendió que la configuración de un escenario de inclusión comprendía la inversión financiera y material destinada a la ampliación de servicios que otrora eran privilegios de unos pocos. Es decir que se concibió a la obra pública como igualitaria e inclusiva. Esta idea se materializó en la ampliación del sistema educativo que, a su vez, impactó positivamente en el acceso a la información y a la justicia. También fue positiva la puesta en marcha de algunos medios de transporte, hasta ese entonces inexistentes, que acortaban las distancias entre distintos puntos geográficos.
Por otra parte, y obligado por la alianza con la Iglesia, esa obra pública de algún modo sirvió para configurar un orden moral y para disciplinar ciertas prácticas sociales que no estaban del todo admitidas. Este disciplinamiento también fue político en tanto que el vínculo con el partido peronista favorecía el  acceso a los servicios básicos. En ese orden, el acceso al ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos se estableció por vías formales e informales. Las políticas sanitarias, educativas o de administración de la justicia fueron los caminos formales, en cambio el fomento al deporte y la cultura fueron las vías informales, junto con la priorización de las organizaciones colectivas como destinatarias de sus acciones por encima de los intereses individuales. También a través de la política de cooptación de organizaciones se aplacó el conflicto y se extendieron los derechos ciudadanos. El traspaso del viejo hospital San Juan Bautista, dependiente de la sociedad de beneficencia, al ámbito de la esfera estatal es una demostración de esa práctica.
En síntesis, la tesis demuestra que el peronismo posibilitó el acceso y el ejercicio de derechos civiles, sociales y políticos dando lugar a un proceso de modernización en una zona marginal y periférica como Catamarca durante el período 1945-1955.