ARTÍCULOS ORIGINALES

La conflictividad política en la década de 1860: disputas regionales y tensiones locales (Tucumán, Santiago y Salta)

 

María José Navajas*

*Doctora en Historia (El Colegio de México). Pertenece al Instituto Ravignani - CONICET (cargo: Investigadora asistente). Sus publicaciones recientes son: "Los clubes políticos en Tucumán: discursos, representaciones y prácticas" en Estudios Sociales, N° 36 (2009); "Las identidades políticas en la retórica de la prensa tucumana, 1880-1887", en Travesía, N° 12 (2010); "Un actor 'incómodo': prensa política en Córdoba y Tucumán a fines de la década de 1870. Discursos, prácticas y representaciones" (en coautoría con Laura Cucchi), en Secuencia, N° 82 (2012). mjnavajas@hotmail.com

RECIBIDO: 18/07/11
ACEPTADO: 29/02/12

 

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RESUMEN

Se analizan los escollos y resistencias que generó el proceso de unificación política que tensionó la relación entre las provincias y el gobierno central, afectando también los entramados de poder a nivel local y regional. Se pretende matizar la noción establecida sobre la conformación del Estado-nación como un proceso unidireccional de penetración y subordinación de las periferias al centro. Para esto se revisan varios conflictos que afectaron a las provincias del norte argentino, los cuales se manifestaron a través de acciones materiales, pero también involucraron permanentes polémicas en las que las identidades políticas heredadas de la década anterior tuvieron un lugar destacado.

Palabras clave: Historia política; Siglo XIX; Mitre; Provincias; Estado-nación

ABSTRACT

We analyze the obstacles and resistances generated by the process of political unification which stressed the relationship between the provinces and the central government, also affecting the frameworks of local and regional powers. It is intended to nuance the established notion of the nation-state';s formation as a unidirectional process of penetration and subordination of the peripheries to the center. For this, we review various conflicts that affected the Northern Argentinean provinces. Such conflicts were expressed through material actions, but also provoked ongoing controversies. In these controversies the political identities inherited from the previous decade had a prominent place.

Key words: Political history; Nineteenth Century; Mitre; Provinces; Nation-state

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Introducción

En los últimos años se ha desarrollado un conjunto de investigaciones que promueven nuevas miradas sobre la conformación del orden político post Caseros. Si bien en el horizonte de las preocupaciones aparece un problema clásico de la historiografía, es decir, la formación del Estado-nación argentino, los enfoques se han modificado significativamente. Para esto ha resultado fundamental el cambio en la perspectiva desde donde son analizados los diversos conflictos y dificultades que involucró la instauración del régimen constitucional sancionado en 1853. La mirada de los historiadores se ha reposicionado para revisar, desde los escenarios provinciales, los múltiples escollos y resistencias que generó el proceso de unificación política que no sólo tensionó la relación entre las provincias y el gobierno central, sino que también afectó los entramados de poder a nivel local y regional. Desde esta perspectiva renovada se han matizado y cuestionado aquellas lecturas que, privilegiando el accionar del gobierno nacional, describen el nuevo ordenamiento institucional como un movimiento unidireccional de penetración y subordinación progresiva de las periferias al centro. Esto, a su vez, ha permitido ponderar la actuación de los poderes provinciales y complejizar la percepción acerca de las vinculaciones entre las dirigencias locales y los elencos nacionales (Bragoni y Míguez, 2010).
Este trabajo se inscribe en ese cambio de enfoque para revisar la dinámica política norteña durante la década de 1860. Si bien el eje del análisis es la provincia de Tucumán, la perspectiva adoptada nos permitirá dar cuenta de las interrelaciones entre los espacios local, regional y nacional. En las páginas que siguen se analizan distintas coyunturas conflictivas de los años que siguieron a las batallas de Cepeda y Pavón poniendo de relieve la incidencia de tales espacios en la configuración y desarrollo de los antagonismos. Del mismo modo, interesa considerar los márgenes de autonomía de los mandatarios provinciales para llevar adelante una intervención activa en los asuntos que afectaban a la región y, como contrapartida, las limitaciones del gobierno central para obtener obediencia a sus instrucciones y a los preceptos establecidos por la Constitución. Esto generó tensiones entre las autoridades provinciales y el ejecutivo nacional, pero además involucró una intensa competencia entre los gobernadores (en especial los de Santiago y Tucumán) por establecer un liderazgo en el norte y funcionar como interlocutor privilegiado del poder central.
Dicha competencia no sólo se manifestó a través de acciones materiales, sino que involucró permanentes polémicas, a través de la prensa y de la correspondencia, en las que las identidades políticas heredadas de la década anterior tuvieron un lugar destacado. Entendemos que la dimensión simbólica y discursiva de los conflictos que caracterizaron la década de 1860 es una variable fundamental para su comprensión. Desde esa perspectiva es posible dar cuenta de los principios de legitimación que esgrimieron los distintos sujetos y examinar la articulación de los lenguajes que dieron sentido a la dinámica política de esa etapa. A través de ese tipo de análisis se podrá advertir el significado y la importancia de términos como Constitución, Nación y orden liberal. Esto de ninguna manera supone ignorar o menospreciar otras variables que tuvieron una incidencia significativa en la relación entre el gobierno federal y las provincias. En este sentido, los fondos aportados por la nación a las magras economías de algunas provincias desempeñaron un peso considerable en la construcción de alianzas y también como herramienta de disciplinamiento político. Pero si bien en algunos pasajes del texto haremos referencia a tales cuestiones, es necesario advertir que el foco de nuestro análisis estará puesto en las variables arriba mencionadas.

El escenario político regional de Cepeda a Pavón

Como es sabido, la etapa circunscrita entre las batallas de Cepeda y Pavón se caracterizó por una marcada fluidez del escenario político: las alternativas cambiantes y los recurrentes ensayos para destrabar situaciones conflictivas configuraron un momento especialmente complejo e incierto (Gorostegui de Torres, 2000: 65-70). En esa coyuntura puede ya advertirse la importancia del norte en la estrategia política de Mitre que, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, dirigía las negociaciones para la incorporación de la misma a la Confederación presidida por Derqui. Este, a su vez, realizará importantes esfuerzos para contrarrestar las alianzas que el mandatario porteño estaba tejiendo en la región. En la retórica que definió la conformación de tales alianzas, Buenos Aires se proponía como salvaguarda de los principios constitucionales y la disputa entre el gobierno nacional y el gobierno porteño era descrita como un enfrentamiento entre la tiranía y la república que, a su vez, remitía a identidades políticas antagónicas, es decir federales y liberales.¹
Tanto Derqui como Mitre instrumentaron acciones para sumar aliados y poder definir el equilibrio de poder a su favor. En lo que respecta al norte, ya desde finales de 1860 y hasta mediados de 1861, la situación se presentaba favorable al gobernador de Buenos Aires. Allí, el propio Mitre aseguraba que Santiago era la "base de poder" y daba por descontado un fuerte apoyo por parte de Tucumán. En cambio, Salta se vislumbraba con mayores dudas y Jujuy era considerado una incógnita (Mitre, 1912: 154, tomo XXII, Mitre a José Posse, Buenos Aires, 4 de marzo de 1861). La asidua correspondencia entre Mitre y los principales referentes provinciales funcionaba como una herramienta clave para fortalecer los vínculos y sellar una alianza contra el gobierno de la Confederación. En las distintas epístolas el gobernador porteño planteaba su compromiso indeclinable con la defensa de las instituciones y la organización definitiva de la República. Dicho compromiso iba acompañado de reiterados ofrecimientos de recursos, principalmente armamento y dinero, para que las provincias del norte secundaran a Buenos Aires en su lucha por "la unión y nacionalidad" (Mitre, 1912, tomo XXII).²
Tal panorama contrastaba con el esquema que había caracterizado la etapa previa a Cepeda, cuando Buenos Aires sólo obtuvo escasos apoyos. Por el contrario, en los meses que precedieron a Pavón, la dirigencia encabezada por Mitre había logrado sumar un número considerable de adeptos que se expresaba a través de la identificación con el partido liberal.³ Éste no constituía una organización política formal, pero simbolizaba las alianzas que habrían de oponerse al gobierno de la Confederación. Dicho partido se reivindicaba como la segura garantía de las instituciones republicanas y de la integridad de las provincias, amenazadas por la reacción del caudillaje y la instalación de una nueva tiranía. Esta perspectiva no sólo se enunciaba desde la dirigencia porteña, sino que era ampliamente compartida en las provincias de Santiago y Tucumán. La noticia del fusilamiento de Aberastain y las medidas ejecutadas por la intervención federal en San Juan, reforzaron ese discurso en clave bélica:

Esto es horrible; estamos en media pampa, peor que amenazados de incursiones salvajes. Rosas, Quiroga y Aldao hicieron menos para espantar al mundo que los caudillos constitucionales de nuestro tiempo, que han agrandado la tiranía y excedido a aquellos en la forma y en los detalles del crimen. [...] El temple dado a la reacción en San Juan, la sangre allí derramada, ha entonado a todo el partido reaccionario en cada provincia, de manera que la lucha que se prepara va a tomar las proporciones y el carácter de aquel punto de partida. Los hombres que gobiernan Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago, están en buen sentido; defenderán su provincia y las instituciones que la rigen; pero no evitarán la guerra que la miro próxima (Mitre 1912: 156-157, tomo XXII, José Posse a Mitre, Tucumán, 18 de febrero de 1861. Cursivas nuestras).

La perspectiva de una nueva guerra se volvió aún más cierta luego del rechazo de los diplomas de los diputados electos por Buenos Aires. Frente a tales circunstancias, Mitre insistió en la necesidad de estrechar la "liga de las provincias del Norte" bajo el liderazgo de los hermanos Taboada que controlaban Santiago y podían contar con los recursos que le proporcionaría su gobierno, en especial para la compra de armamento. Casi simultáneamente, los mandatarios de Santiago y Salta celebraban reuniones secretas para definir la defensa común (Mitre, 1912: 140-141, tomo XXII, Mitre a Manuel Taboada, Buenos Aires, 22 de abril de 1861).⁴ La influencia del mitrismo en el norte y la inminencia del conflicto armado, determinaron a Derqui a operar en las provincias que cuestionaban su conducción y se mostraban como eventuales aliadas del gobierno porteño. En ese escenario Córdoba era la primera posición que debía  asegurarse, y así lo entendió el presidente que resolvió encargarse en persona de la intervención en esa provincia. Estando allí dictó un decreto ordenando la reposición de Pedro Alcorta como gobernador de Santiago.
La situación en esa provincia era bastante compleja y a través de ella pueden apreciarse las alternativas cambiantes del conflicto entre los gobiernos de Buenos Aires y la Confederación. A finales de septiembre de 1860 Alcorta había sido destituido por la legislatura santiagueña y, a requisición del mismo, el ejecutivo nacional decretó la intervención designando para la tarea al gobernador de Tucumán, Salustiano Zavalía. El interventor obtuvo de parte de la legislatura provincial una nueva ley por la cual se le restituía el cargo a Alcorta, pero este se negó a asumir entendiendo que no contaba con el respaldo necesario para mantenerse en el gobierno. Alcorta reclamaba que un cuerpo del ejército nacional permaneciera en Santiago como garantía ante las eventuales amenazas. El presidente no atendió tal pedido y finalmente la legislatura declaró cesante a Alcorta por abandono de su cargo, nombrando a Pedro Gallo como gobernador propietario. Derqui, ante la insistencia de Mitre, resolvió reconocer al nuevo mandatario (Sommariva, 1929: 56-60, tomo I).⁵
El escenario cambió drásticamente al romperse las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación. Santiago ocupaba un papel estratégico decisivo en el norte y Derqui resolvió aprovechar un nuevo requerimiento de Alcorta para modificar el esquema de poder en esa provincia. Al respecto, el vicepresidente Pedernera ya había señalado: "La cuestión de Santiago debe zanjarse, inmediatamente [...], ese gobierno es el centro y la esperanza de los traidores" (Scobie, 1964:330, Pedernera a Urquiza, 10 de abril de 1861). Por su parte, los liberales no estaban dispuestos a ceder esa posición y le aseguraban a Mitre que, en caso de registrarse hostilidades, harían de esa provincia su "cuartel general" (Mitre, 1912: 120, tomo XII, José Posse a Mitre, Tucumán, 31 de mayo de 1861). De esta manera la acción del gobierno nacional en Santiago era considerada como una medida de guerra. Esto resultó aún más claro cuando se ordenó la movilización del IV cuerpo del ejército al mando de Octaviano Navarro, quien dispuso la reunión de milicias de Salta y Tucumán. Al mismo tiempo que Derqui ordenaba la reposición de Alcorta, el Congreso declaraba en rebeldía a la provincia de Buenos Aires y disponía la intervención federal. Tales resoluciones se tomaron en contexto de creciente debilidad del gobierno de la Confederación: a las acuciantes dificultades financieras se sumaban los repetidos desacuerdos entre Derqui y Urquiza (Oszlak, 1997: 62-65).⁶
En el norte, sin embargo, las primeras acciones bélicas favorecieron al gobierno nacional. Las huestes de Navarro derrotaron a los liberales de Santiago y Tucumán en la batalla del Manantial (4 de octubre de 1861) y promovieron un recambio inmediato del elenco gobernante tucumano. El nombramiento de un gobernador de filiación federal se llevó a cabo junto con la ocupación de la capital provincial por una parte del ejército vencedor. Durante dos meses Tucumán sufrió dicha ocupación y muchos liberales fueron sometidos a contribuciones forzosas, mientras que la capital santiagueña sólo fue dominada por pocos días. Las condiciones volverían a modificarse al conocerse la noticia del triunfo de Mitre en Pavón.
Luego de casi una década resultaba evidente que la desarticulación del régimen rosista no había allanado el camino hacia la conformación de un Estado unificado. El conflicto entre Buenos Aires y la Confederación había revelado uno de los problemas más graves que debería resolver el gobierno nacional para afirmarse como principio excluyente de autoridad sobre las autonomías provinciales. La resistencia de la antigua metrópoli virreinal para incorporarse en un esquema de poder en el que su papel rector pudiera verse disminuido tenía motivos muy concretos: por una parte, el control sobre el puerto y la aduana, principal fuente de recursos fiscales e instrumento clave para el diseño de la política comercial y productiva. Por otra parte, la designación del territorio provincial como capital de la nueva República federal significaba la pérdida de la autonomía para los porteños, cuestión que nunca sería aceptada de manera voluntaria.
A su vez, esa disputa se articuló en las provincias con un conflicto establecido en nombre de partidos e identidades antagónicas heredadas de la década precedente.⁷ Desde la perspectiva de los propios actores, ese conflicto se entablaba entre dos contendientes, liberales y federales, que se presentaban como mutuamente excluyentes y que habrían de resolver su antagonismo por la vía de las armas. El gobernador de Buenos Aires fue un claro intérprete de ese conflicto, enlazando la bandera del liberalismo con la defensa de la Constitución y la vigencia de las instituciones. Con esa consigna logró la adhesión de un sector mayoritario de las dirigencias de Santiago y Tucumán que, luego de Pavón, obtendrían una posición expectable en el entramado de vinculaciones políticas de la región con el gobierno nacional. Sin embargo, ese escenario no estuvo exento de discrepancias y turbulencias. En los siguientes apartados analizaremos los conflictos que afectaron a la región luego del derrumbe de la Confederación poniendo especial atención a la retórica instrumentada por los actores para explicar sus enfrentamientos y obtener el respaldo del nuevo gobierno central.

La política post Pavón en el norte

[...] no será en las provincias del norte donde quede en
pie el partido bárbaro, porque su voluntad y sus antecedentes
las llaman a buscar su puesto de honor, a la sombra de la bandera
de la libertad. [...] Tucumanos: la hora de la redención para
los pueblos que odian a los tiranos y aman la libertad ha sonado
(Taboada, 1929: 288-289, tomo I, 27 de noviembre de 1861).⁸

Luego de la batalla en los campos de Pavón, las primeras noticias difundidas en la región señalaban que las huestes de Buenos Aires habían sido derrotadas por el ejército nacional. Esto fue fundamental para el avance de las tropas fieles a la Confederación en el norte y para mantener ocupada la plaza tucumana. Una vez que se supo el resultado exacto del combate, un grupo de liberales tucumanos organizó la contraofensiva bajo el liderazgo de José María del Campo y con el apoyo decidido de los Taboada que habían recobrado el control sobre Santiago.⁹ El 17 de diciembre los ejércitos se enfrentaron en el Ceibal resultando un claro triunfo para los aliados. Unos días después, la legislatura nombró gobernador provisorio a Campo confirmando el retorno de los liberales al frente de la provincia. Previamente, el 12 de diciembre, se había proclamado formalmente el derrumbe del gobierno nacional: el vicepresidente decretó el receso del ejecutivo, mientras Mitre obtenía la autorización de varias provincias para el ejercicio provisorio de las funciones correspondientes.
Tal como pudo apreciarse en las alternativas que precedieron a Pavón, la dimensión regional de la política tenía una relevancia indiscutible y orientaba de manera consistente las estrategias de los actores locales. En el período subsiguiente esa variable conservaría un peso fundamental en la dinámica política del norte. Si bien el texto constitucional sancionado en 1853 establecía dos sujetos legales -la nación y las provincias- con atributos y prerrogativas delimitados, y prohibía expresamente a las provincias la celebración de tratados políticos tanto como la declaración de guerra entre ellas, el espacio regional mantuvo una gravitación decisiva en la perspectiva y en el esquema de poder de los gobernantes provinciales. Esto en gran medida era una herencia de la etapa preconstitucional en la cual las provincias funcionaban como estados cuasi autónomos y necesitaban contar con la presencia de mandatarios afines en los gobiernos vecinos como garantía de orden y paz. Aunque con la sanción de la Constitución dicha garantía debía ser proporcionada por el ejecutivo federal, lo cierto es que por largo tiempo los gobiernos provinciales consideraron como una variable fundamental el ordenamiento político regional y la identidad partidaria de los respectivos mandatarios. Esto último aparecía como un resguardo clave frente a las amenazas de reacción por parte de la oposición. En la etapa de dominio rosista, esa amenaza estaba representada por los unitarios, mientras que en el periodo post Caseros la reacción a la que se aludía de manera casi continua era la rebelión de los federales.
Una expresión muy clara de esa dinámica puede advertirse en el proceder de los gobernantes de Tucumán y Santiago durante los meses que siguieron a la batalla del Ceibal. Luego del restablecimiento de un gobierno de signo liberal en Tucumán, Campo y Taboada acordaron avanzar con sus milicias sobre las provincias de Catamarca y Salta para propiciar un recambio del elenco gobernante que garantizara un esquema de poder regional sustentado en la unanimidad de partido. El gobierno tucumano justificaba la movilización armada en los siguientes términos: "Mientras exista Catamarca y Salta, dominadas por el mal elemento, la paz del norte estará expuesta a perturbaciones más o menos graves; es preciso que nos libremos de un vecindario tan perjudicial, y enseñarles a vivir en política con lealtad y honradez" (Taboada, 1929: 293, tomo I, José Posse a Mitre, Tucumán, 6 de enero de 1862).¹⁰
Ese tipo de definiciones orientaron la política regional post Pavón y tuvieron su sustento de legitimidad en las nociones sobre las cuales se conformó el liderazgo mitrista en esta etapa. A partir del triunfo en los campos de batalla, se proclamó la fundación de un nuevo orden configurado en torno a vocablos muy apreciados del lenguaje político decimonónico: la civilización, el progreso y la libertad. Tales vocablos articularon las consignas que daban sentido y legitimaban la labor de una clase política que se consideraba responsable de conducir a las catorce provincias a un lugar de privilegio entre las naciones de occidente. Dentro de esa retórica se recortaban antagonistas muy precisos: la barbarie, el atraso y la tiranía, estigmas que habían oprimido a los pueblos rioplatenses y que, para el mitrismo y los liberales, se condensaban en la figura del caudillo.¹¹
Esas nociones continuaron presentes por largo tiempo en el discurso político, definiendo conflictos y como herramienta fundamental en la deslegitimación del adversario. La civilización, el progreso y la libertad se reivindicaban como atributos privativos del partido liberal y, a partir de Pavón, el apelativo liberal adquiriría una fuerza política decisiva. Como veremos, en los variados conflictos que afectaron a la región, resultó un elemento fundamental la apropiación de ese nombre que significaba, en última instancia, obtener el reconocimiento de un ejecutivo nacional que se percibía plenamente identificado con dicho partido.
Sin embargo, la vigencia de ese discurso no estuvo exenta de tensiones y discordancias. Su invocación en las distintas disputas que protagonizaron las provincias norteñas puso en evidencia esas limitaciones. Por una parte, el texto constitucional, reivindicado por el bando victorioso en Pavón, establecía cotos al accionar de los gobernadores. Por otra parte, el propio Mitre les daba instrucciones a sus aliados para concluir los conflictos, lograr la pacificación en el norte y concretar la normalización institucional y el restablecimiento de las autoridades nacionales. Así se lo señalaba a los Taboada:

[...] preferir los medios pacíficos a las armas para estender [sic] el imperio de nuestros principios, haciendo concurrir a los pueblos a la reorganización sin causarles mayores sufrimientos, a fin de que ella les sea más querida, y de este modo se liguen a nuestra causa por conveniencia y por gratitud [...]. Toda nuestra política militante debe dirigirse a cerrarse lo más pronto posible el periodo de la lucha intestina [...]. Lo he nombrado Comisionado Nacional [a Marcos Paz] en dichas provincias a fin de que ya sea mediando, y poniendo en juego su influencia, [...] obtenga de acuerdo con U. (en quien deposito mi entera confianza) el que resuelvan en esas Provincias las cuestiones pendientes, prefiriendo los medios pacíficos y trabajando activamente a fin de que cuanto antes se cierre el periodo de las lucha intestina para entrar decididamente en la obra de la reorganización nacional, bien entendido y esto es sin perjuicio de satisfacer las legítimas exigencias de la situación, procurando garantías para nuestro partido y salvando ante todo el decoro de los principios que han puesto las armas en mano de los pueblos que [...] se han sacrificado generosamente por la causa de la libertad argentina (Taboada, 1929: 321-323, tomo III, Mitre a Manuel Taboada, Buenos Aires, 22 de enero de 1862. Cursivas nuestras).¹²

Si bien resulta claro que Mitre exhortaba a sus aliados para que no prolongaran los enfrentamientos armados, subrayando la conveniencia de reorganizar de inmediato el gobierno nacional, esas  recomendaciones resultaban contradictorias con la noción imperante de victoria de partido y las exigencias consiguientes de garantizar esa victoria en todo el territorio nacional. Esa contradicción y la declaración de absoluta confianza en los Taboada proporcionaban a los liberales norteños un resquicio para justificar la empresa bélica en la región. Finalmente esa acción acabó siendo legitimada por la invasión al territorio tucumano de huestes que respondían al Chacho Peñaloza, el emblemático caudillo riojano. Desde la perspectiva de éste, las provincias de la región debían organizar un frente común para negociar desde una posición de fuerza ante el avance de las tropas porteñas. Tal estrategia daba sustento al argumento de Campo y Taboada quienes señalaban que sólo con una completa derrota de los federales podría asegurarse la paz y el orden en el norte. Peñaloza era para los liberales norteños el "alma de la mazorca" y en esos términos justificaban los planes para invadir Catamarca. (Taboada; 1929: 219-220, tomo I).¹³ De esa manera se llegó a la Batalla de Río Colorado, el 10 de febrero de 1862, resultando un claro triunfo para las tropas comandadas por Campo. La batalla selló la victoria de los liberales en el norte y dio paso a las negociaciones entre las provincias en conflicto bajo la mediación de un comisionado nacional.
El texto del acuerdo firmado entre Catamarca y Tucumán permite entrever la diversidad de principios de legitimidad invocados en un contexto en el que el gobierno nacional se había derrumbado, pero se sostenía la vigencia de la Constitución. En primer lugar, el acuerdo suponía la aceptación de una autoridad en la figura del comisionado que intercedía entre las partes en nombre de la nación. En cuanto a los compromisos asumidos por las partes, Catamarca le reconocía a Tucumán el derecho a "entablar reclamos ante los Tribunales Federales" (Cordeiro y Viale, 1917: 475-476).¹⁴ Por consiguiente se delimitaba un terreno de acción para una autoridad aún no constituida que debería encargarse de la resolución definitiva del conflicto. Así, tanto en la aceptación del comisionado nacional como mediador facultado, como en la disposición referida a los tribunales federales, el referente excluyente de legitimidad era la nación.¹⁵ Pero simultáneamente se invocaba un concepto diferente. El compromiso entre Tucumán y Catamarca resolvía la reposición del gobernador de Salta, en tanto "la completa uniformidad de principios sinceramente profesados por los Gobiernos del Norte, con los que han prevalecido en Pavón" era un requisito ineludible para la tranquilidad de las provincias y el afianzamiento de la "causa nacional".¹⁶ Esto ratificaba el principio de unanimidad de partido invocado por Campo y Taboada para justificar sus incursiones en las provincias vecinas y, en consonancia con lo planteado por ellos, ese principio se legitimaba en nombre de la causa nacional.
Ahora bien, el convenio entre Tucumán y Catamarca no impidió que se sucedieran nuevos conflictos en la región. Rápidamente, el esquema de alianzas se replanteó y comenzaron a esbozarse desacuerdos entre Santiago y Tucumán. Como se verá, la controversia expresó una competencia por el predominio regional, que no sólo se planteó en el plano material-militar, sino también, y de manera fundamental, en el plano simbólico. La cuestión de quién ocupaba el papel de representante y guardián del "orden liberal" en el norte fue lo que enfrentó a los mandatarios de esas provincias durante toda la década y configuró distintos conflictos y disputas. En el desarrollo de esos conflictos se advierte una estrategia discursiva recurrente: la imputación al adversario de prácticas propias de los regímenes rosistas. Claramente dicha estrategia podía funcionar como un argumento básico para invalidar la reivindicación de guardián del orden liberal.
Las diferencias entre los antiguos aliados se plantearon por distintas cuestiones y alcanzaron intensidades variables. Una primera discrepancia se planteó a raíz de un decreto del gobierno tucumano que prohibía la comercialización de granos fuera de la provincia. Luego de las campañas realizadas en la región, Santiago y Tucumán debían recomponer su economía, pero las situaciones diferían. Mientras Tucumán había sufrido una invasión y saqueos de diversa magnitud, Santiago había asumido el costo de la movilización de importantes contingentes para sostener la "causa liberal" en el norte.
En tales circunstancias el gobierno de Tucumán decidió prohibir la extracción de granos de la provincia para garantizar el abastecimiento interno. Esta resolución afectaba directamente a Santiago que era un importante consumidor de los granos tucumanos. El reclamo del gobierno santiagueño no se hizo esperar, planteando diversos argumentos que impugnaban el decreto dictado por la provincia vecina. En primer lugar, se asemejaba dicho decreto a las trabas que, en tiempos pasados, habían obstaculizado el comercio interprovincial y que constituían "la base única en que descansaba el poder despótico de Rosas". Por otra parte, se señalaba que ese tipo de disposiciones contrariaban la Constitución vigente que vedaba a los gobiernos provinciales el establecimiento de limitaciones o impedimentos para el comercio interprovincial. Finalmente se invocaba el concepto de reciprocidad en virtud del papel desempeñado por Santiago "en favor de la libertad de los pueblos del Norte", por lo cual sus milicias habían estado durante "diez meses con las armas en la mano, sin poder empuñar sus instrumentos de labranza", contando con que "sus hermanos no le negarían en cambio de su sangre, el pan para su subsistencia" (Cordeiro y Viale, 1917: 474).
La controversia por el comercio de granos finalmente se zanjó por la decisión del gobernador tucumano  de anular el cuestionado decreto. Pero casi de inmediato se planteó un problema de mayor trascendencia. Previamente destacamos la pretensión de los gobernadores de establecer y preservar un esquema de poder regional, dentro del cual la presencia de mandatarios afines en las provincias vecinas constituía un requisito de primer orden. Esto se expresó con mucha claridad al momento de la elección del gobernador de Catamarca. Allí las dirigencias de Tucumán y Santiago intervinieron para respaldar a distintos candidatos, procurando resolver la cuestión de acuerdo con el sistema de alianzas que cada cual había establecido. El tema adquirió mayor relevancia porque involucraba la definición de la candidatura de vicepresidente.
En Catamarca los grupos liberales ostentaban una debilidad manifiesta, y sólo lograban permanecer en el poder por la protección que les brindaban los gobiernos vecinos.¹⁷ En las elecciones para gobernador de 1862 se habían enfrentado dos candidatos de filiación liberal: Ramón Correa que obtuvo por un escaso margen la mayoría de votos, y el gobernador interino, Moisés Omill que, al verse derrotado, impugnó el nombramiento e inmediatamente demandó la protección del mandatario tucumano. Correa contaba con el apoyo de los Taboada que exigían el cumplimiento de lo resuelto por la junta de electores.
Desde Tucumán el gobierno responsabilizaba a los santiagueños por el conflicto desatado en Catamarca y legitimaba su influencia a través de la figura de la mediación. Desde las tres provincias involucradas se enviaban cartas a Wenceslao Paunero, que actuaba como representante de Mitre, cruzando acusaciones y declarando obediencia a las indicaciones del gobierno central con el propósito de obtener la aprobación del mismo.¹⁸ Al intercambio epistolar se sumaba la acción de la prensa que le otorgaba un tono de mayor virulencia al conflicto. Mientras el periódico oficial de Santiago acusaba a los tucumanos por traicionar a sus antiguos aliados, éstos desestimaban las pretensiones de Taboada de acceder a la vicepresidencia y sugerían que la retórica de la prensa santiagueña era propia de la política rosista. El periódico tucumano le replicaba a su par santiagueño: "Siempre lo de Rosas, el que no está conmigo es mi enemigo. Para los gobiernos personales los principios de una causa, la causa misma son ellos; y por eso fuera de ellos no ven sino traidores".¹⁹
El enfrentamiento adquirió tal gravedad que fue necesario el nombramiento de un comisionado nacional para promover una conciliación entre los gobiernos de Santiago y Tucumán y conseguir la normalización institucional en Catamarca. En las instrucciones dadas al comisionado se planteaban las distintas medidas autorizadas a tomar según el escenario que encontrara a su llegada. Si bien se preveían varias soluciones posibles, se señalaba claramente que en ningún caso Omill podía ser reconocido como gobernador legítimo.²⁰ Esto significaba ratificar la legalidad de lo actuado por la legislatura provincial y, por supuesto, una derrota política para la dirigencia tucumana que había apoyado las pretensiones de Omill.
Sin embargo, a pesar de dicha derrota, la vicepresidencia quedó en manos del candidato sostenido por Tucumán: el ex gobernador Marcos Paz. Ciertamente, la carrera política y militar de Marcos Paz había transcendido ampliamente los límites provinciales y su llegada al ejecutivo nacional no se debía en particular a sus raíces tucumanas. Pero su posición como vicepresidente le proporcionó a la dirigencia local un canal directo de comunicación con el poder central. Por su parte, los santiagueños consiguieron otros beneficios con la designación de Antonino Taboada como Jefe de las Fuerzas Nacionales en el norte al mando del Ejército de línea en la frontera con el indígena en el Chaco.²¹
A partir de los episodios que hasta aquí se examinaron es posible subrayar varios componentes que definieron la política regional en la década de 1860. Tanto la dirigencia tucumana como la santiagueña mostraban una clara vocación por liderar políticamente el escenario del norte. Esto configuró una auténtica competencia en torno a la figura de guardián del orden liberal. Esa competencia, en la que se dirimía el predominio regional, se planteó en el ámbito concreto de la práctica política, interviniendo en elecciones, mediando en conflictos internos de las provincias vecinas y buscando obtener el favor de las autoridades nacionales en la resolución de los mismos. A su vez, esto demandó un fortalecimiento de la capacidad bélica de cada provincia, para lo cual se solicitaba armamento y se incorporaban nuevos contingentes de milicianos.²² Pero esta competencia también tenía una dimensión simbólica que reforzaba y legitimaba la pretensión de ser el guardián del orden liberal en el norte. Para esto resultaba clave obtener el beneplácito del gobierno nacional en la disputa por apropiarse del apelativo liberal:

Usted no debe desconocer que en la única provincia del Norte que tiene mayoría el partido liberal, es en la de Tucumán, porque en Catamarca y Salta es diminuto el partido liberal, pues bastaría la presencia de los cabecillas para revolverlas enteramente. A la vez verá usted que la única provincia capaz de resistir es la de Tucumán, porque lleva en su corazón la causa que defiende (Mitre, 1912: 202, tomo XII, Campo a Paunero, Tucumán, 24 de agosto de 1862).²³

En esa disputa que entablaron Santiago y Tucumán durante la década de 1860 ambos contendientes aprovecharon los intersticios constitucionales, sobre todo en lo referido a la movilización de tropas, y pusieron de manifiesto las condiciones limitadas en las que el gobierno nacional ejercía su potestad, apelando a la mediación de los actores locales para subsanar la falta de recursos propios.²⁴ Sin embargo, en el desarrollo de esas acciones que en principio carecían de la autorización del gobierno federal los mandatarios provinciales también contribuyeron a consolidar la autoridad del ejecutivo nacional. Ya que, en última instancia, la legitimidad de esas acciones autónomas e inconsultas dependía del reconocimiento del presidente al que, casi sin excepción, apelaron los gobernadores para mediar en los conflictos, pero sobre todo para obtener la conformidad por lo realizado.

La amenaza "mazorquera": el levantamiento de Peñaloza

A principios de 1863 un pronunciamiento en La Rioja se extendió hasta el territorio catamarqueño. En este caso los grupos sublevados levantaron la bandera del partido federal bajo el liderazgo de Chacho Peñaloza quien gozaba de un notable ascendiente sobre los sectores populares rurales.²⁵ Informado de los acontecimientos, el gobernador de Tucumán ordenó la inmediata movilización de la Guardia Nacional para someter la rebelión en la provincia vecina. En estos términos se lo comunicaba al Presidente:

[...] no he trepidado un momento en creer que mi deber, el interés de la patria y la salvación de la provincia exigían medidas enérgicas y activas, resolviéndome por lo tanto a ponerla en armas y abrir campaña inmediatamente para auxiliar a Catamarca y destruir allí mismo los elementos de anarquía y desorden que se reúnen en daño de la República y de la autoridad de V. E. Esperar sería exponerse a mayores sacrificios [...] (Mitre, 1912: 80, tomo XXVI, Campo a Mitre, Tucumán, 5 de abril de 1863).

El peligro de la reacción federal o de la amenaza mazorquera fue un argumento que utilizaron con frecuencia los mandatarios de Santiago y Tucumán para justificar sus pedidos de armamento, así como para organizar y movilizar contingentes de guardias nacionales. Esa situación de alerta casi permanente les permitía reforzar la figura de guardianes del orden liberal y auspiciar acciones en las que la guerra se presentaba como un mecanismo necesario y legítimo para la resolución de los conflictos.²⁶ Esta circunstancia se acentuaba en el caso de la provincia de Santiago, la cual, debido a la amenaza indígena en su frontera, había construido un aparato militar de importantes dimensiones que no sólo desempeñó un papel en la política regional, sino que gravitó durante largo tiempo en la economía local.
Las intervenciones en las provincias vecinas se hacían en nombre del partido liberal, que pretendía interpretar los intereses de la nación amenazados por la reacción de federales que complotaban para desestabilizar la región y provocar la anarquía en todo el país. En varias circunstancias, el ejecutivo nacional aceptó y convalidó el accionar de los gobernadores, aun reconociendo que el texto constitucional vedaba la injerencia de las provincias en los asuntos internos de otra:

Si bien es cierto que según la constitución ninguna provincia puede ingerirse en los asuntos de otra, esto no importa el que atenta la gravedad e inminencia del peligro que pueda afectar el orden legal de una provincia, estén inhibidas de correr en su auxilio las circunvecinas, mucho más si se tiene en vista que la inmensa distancia que separa a algunas provincias de la residencia del Gobierno nacional, no permite que su acción se sienta con la rapidez que los sucesos lo requieran, en cuyo caso deber es de los gobiernos amigos volar en auxilio de aquel que estuviese en peligro, como lo han hecho los gobernadores de Tucumán y Santiago, en favor del de Catamarca, dando cuenta simultáneamente a la autoridad nacional de tal proceder, como asimismo lo han hecho, mereciendo la más completa aprobación, pues debido a su oportuno auxilio han salvado a la provincia de Catamarca de que cayera en poder de los rebeldes de La Rioja, evitando así que el mal acreciera (Mitre, 1912: 241, tomo XXVI, Mitre a Juan N. Uriburu, Buenos Aires, 6 de mayo de 1863. Cursivas nuestras).²⁷

Esta función acordada a las provincias revelaba las dificultades propias del gobierno central para hacer efectiva su presencia en todo el territorio nacional, asumiendo el monopolio de la violencia legítima. Si bien el Ejército de línea y la Guardia Nacional debían responder al presidente, "la capacidad de convocatoria militar continuaba en manos de los gobiernos locales" dado que no existía una fuerza diferenciada de su origen provincial y el ejecutivo seguía dependiendo de los oficios de los gobernadores para el reclutamiento y movilización de los efectivos que en cada ocasión se necesitaban (Oszlak, 1997: 106).²⁸ En el norte, esto significó que los mandatarios de Santiago y Tucumán ejercieran un papel de veedores y custodios del orden liberal, manteniendo contingentes de milicias y guardias nacionales con capacidad para movilizarse e intervenir en las provincias que se consideraban amenazadas por la llamada reacción federal. El ejecutivo nacional no sólo confería legitimidad a ese papel, sino que además otorgaba los recursos materiales para sostener las fuerzas de dichas provincias, entregando armamento y compensando los gastos ocasionados en la movilización de los efectivos.²⁹ Por ejemplo, si observamos las ejecuciones presupuestarias de la provincia de Tucumán, entre las partidas cubiertas por el gobierno nacional, se advierte un rubro específico denominado gastos militares. El mismo llegó a sumas importantes, sobre todo entre 1863 y 1865, años en los que fue particularmente intensa la impronta bélica en la política regional.³⁰
Ahora bien, ese tipo de medidas que convalidaban las iniciativas autónomas de los mandatarios provinciales se justificaban en aras de establecer y consolidar un ordenamiento constitucional que, precisamente, debía restringir los márgenes de acción de los poderes locales en beneficio del gobierno central. Es decir, la Constitución y la organización nacional eran los emblemas en nombre de los cuales se legitimaban acciones que aparecían como provisorias e irregulares, pero que deberían conducir a la efectiva vigencia del régimen diseñado por las asambleas constituyentes. Para que esto pudiese concretarse, las autoridades nacionales debían ser capaces de ejercer los atributos y potestades que el texto constitucional les acordaba y, como contrapartida, debían abolirse aquellas prácticas autónomas de los gobernadores que remitían al régimen impugnado en Caseros. En los ejemplos hasta aquí analizados resulta evidente la vigencia de dichas prácticas, aunque con los matices que ya señalamos. En el conflicto que a continuación examinaremos podrán advertirse ciertas diferencias significativas.

¿Otra vez la amenaza mazorquera? El pronunciamiento de Uriburu en Salta

En 1864 se produjo otro conflicto que suscitó la intervención de Tucumán y Santiago, esta vez en la provincia de Salta. Las características del conflicto presentan ciertas semejanzas con lo ocurrido en las elecciones de gobernador en Catamarca, ya que el enfrentamiento se planteó entre círculos del partido liberal. Sin embargo, el curso que siguió y la postura adoptada por los gobiernos vecinos expresó diferencias sustantivas.
A principios de mayo, y ante la evidencia de una segura derrota electoral, José Uriburu movilizó un batallón de guardias nacionales y declaró disueltos los poderes de la provincia, encarceló a los diputados y se hizo nombrar gobernador provisorio. El presidente de la legislatura. Segundo Díaz de Bedoya, huyó de la prisión y, desde los departamentos del interior de Salta, se declaró gobernador interino y ordenó la movilización de las milicias que, poco tiempo después sitiaron la ciudad capital (Sommariva, 1929: 216-217, tomo I). Al verse rodeado, Uriburu se dirigió a los mandatarios de Santiago y Tucumán solicitándoles el auxilio de tropas para mantenerse en el poder. En principio ambos gobernadores pensaron en respaldar el movimiento operado por Uriburu, considerando las advertencias que éste les hacía sobre la presencia de la mazorca federal entre las filas de sus adversarios. Uriburu les solicitó primero una declaración de respaldo a través de la prensa. Al respecto el gobernador Posse decía:

No me ha parecido prudente [...] anticiparme al Gobierno nacional, temiendo ponerme en contradicción con su juicio, y sobre todo asumiendo un rol que no me corresponde [...]. El hecho [de la revolución] es simpático y conveniente a los intereses de nuestro partido, pero no se puede consagrar por un gobierno de provincia sin usurpar una facultad que nadie le ha dado; digo en la forma oficial. Lo que he prometido [...] es interesar a nuestros amigos de Buenos Ayres porque trabajen con el Gobierno nacional en el sentido de hacer la vista gorda a lo ocurrido en Salta, poniéndoles por delante los intereses de partido que se hallan comprometidos en la cuestión [...], puesto que a espaldas de aquellas intrigas parlamentarias, existe el partido mazorquero, que tarde o temprano ha de traernos una guerra inevitable, en que indudablemente tomarán parte todas las provincias del Norte.³¹

A pesar de esta afinidad con el sector liderado por Uriburu, los dos mandatarios se mostraron reticentes a involucrarse con la movilización de milicias o expresando el reconocimiento público de aquél como gobernador legal, y resolvieron que lo más conveniente era presentar una propuesta de mediación para que los grupos en conflicto depusieran las armas. Dicha propuesta se encuadraba dentro de los límites establecidos por la Constitución, pero, al mismo tiempo, podía favorecer al bando sublevado en tanto detendría el avance de los adversarios de Uriburu. Simultáneamente, los gobernadores de Santiago y Tucumán buscaron obtener el visto bueno del ejecutivo nacional para los insurrectos, reiterando el argumento de la amenaza mazorquera. En ese sentido, Manuel Taboada le aseguraba a Mitre que el pronunciamiento de Uriburu pretendía "impedir que nuestros enemigos políticos se apoderen de la situación de aquella provincia" y consideraba que "para dar forma legal a un hecho que se ha producido sin más tendencia que la de salvar a nuestro partido, [...] no hay más medio que reconocer el poder que inviste el señor Uriburu" (Mitre, 1912: 296, tomo XXV, Taboada a Mitre, Santiago del Estero, 19 de mayo de 1864. Cursivas nuestras). Pero la respuesta del presidente fue terminante: el pronunciamiento era un "hecho ilegal y violento" que estaba provocando la guerra civil entre los salteños y de ninguna manera podía ser aceptado por el gobierno nacional:

Esto es lo que se llama una revolución no sólo contra la ley, sino contra los principios democráticos que nos rigen. Los autores de tales escándalos, lejos de apoyar la situación y consolidarla, no hacen sino desacreditarla y comprometerla, pues además de abrir una brecha a las instituciones, asumen abiertamente el carácter de revolucionarios, colocando a sus opositores en el terreno del derecho, y dándoles por ese medio más fuerza que la que antes tenían. [...] No creo que la situación de Salta se hubiese comprometido, como usted lo cree, por la elevación de ninguno de los candidatos que sostenían las opiniones disidentes, [...] el mal que se ha hecho pretendiendo remediarlo, es mil veces mayor, y el remedio hoy, mucho más difícil que antes (Mitre, 1912: 297-298, tomo XXV, Mitre a Manuel Taboada, Buenos Aires, 1° de Junio de 1864).

La postura asumida por el ejecutivo nacional expresaba la voluntad de afirmar el principio de la legalidad por encima de los enfrentamientos facciosos, subordinando a los distintos grupos y partidos al imperio de las instituciones. Por su parte, la conducta asumida por Posse y Taboada, aunque tuvo por objeto sostener el cambio operado con el pronunciamiento, se mantuvo dentro de los límites señalados por la Constitución. Esto demostraba que si bien el concepto de unanimidad de partido aún tenía vigencia en el ámbito regional, los mandatarios provinciales debían contar con la anuencia del ejecutivo nacional para intervenir en los conflictos que no amenazaban su territorio. En el caso de Salta era claro que el problema se planteaba entre dos grupos que buscaban la gobernación y que, a pesar de la movilización de milicias, la disputa estaba circunscrita al territorio local y no suponía una impugnación al orden imperante. Así el argumento de la amenaza mazorquera no resultó convincente para el gobierno nacional que condenó rotundamente el pronunciamiento de Uriburu, al tiempo que rechazaba cualquier posibilidad de intervención militar de las provincias vecinas.³²
El episodio suscitó un entredicho entre el presidente y el gobierno tucumano acerca de la participación que había tenido éste en el conflicto de Salta. Mitre consideró que la postura de Tucumán frente al pronunciamiento de Uriburu no había sido clara y sospechaba que desde el gobierno provincial se había brindado algún tipo de apoyo material a los sublevados. Las sospechas fueron públicamente rechazadas, poniendo en evidencia cierta tensión en la relación entre el ejecutivo nacional y el gobernador Posse.³³
Finalmente el conflicto en Salta se resolvió a favor del sector que secundaba a Bedoya que, luego de sitiar a la ciudad por unos días, logró recuperar el control del gobierno provincial. En pocas semanas se restableció el orden y se designó a un nuevo gobernador. La definición de la situación política salteña estaba lejos de responder a las expectativas de los mandatarios de Tucumán y Santiago, quienes entendían que el nuevo elenco gobernante se identificaba con el partido federal. Esto configuró un escenario de mutua desconfianza y sospechas, y promovió una serie de polémicas a través de la prensa tucumana y salteña.
Un momento particularmente intenso de dichas polémicas se produjo a mediados de junio cuando debían cumplirse ciertas disposiciones del gobierno nacional por la guerra contra Paraguay. La discusión entre la prensa tucumana y su par salteña comenzó por el tema de los contingentes que cada provincia debía alistar para enviar al escenario de combate, pero rápidamente derivó en una disputa acerca del papel que las respectivas provincias habían desempeñado en distintos enfrentamientos armados. Aunque el relato se remontaba a las guerras de independencia, se ponía particular énfasis en los conflictos que habían sacudido recientemente a la región. En ese contexto, la derrota sufrida por las huestes tucumanas en la batalla del Manantial se planteó como un tema particularmente ríspido por la parte que le había correspondido a cada provincia:

Tucumán ha caído, es verdad, pero ha caído con honor cediendo al número en el campo de batalla; no ha transado vendiendo a su partido, ni hizo alianzas jamás con los enemigos de la libertad nacional, como nuestros vecinos vividores que han estado siempre espiando los resultados de la lucha para gritar ¡vivan los vencedores! Vamos refrescando la memoria. Tucumán depuso las armas en el Manantial momentáneamente, peleando uno contra cuatro, con fuerzas improvisadas, teniendo por adversarios el ejército arreglado de Navarro, una división cordobesa y otra salteña al mando del famoso bandido Latorre [...]. Tucumán tenía la conciencia de ser vencido, pero cumplía con su deber salvando su honor. El combate del Manantial fue una agresión infame y pérfida, combinada con los vividores de Salta que creían perdida la causa de Buenos Aires y trataban de hacer mérito ayudando a sofocar las libertades de Tucumán en servicio del gran montonero Derqui.³⁴

El tono exaltado del relato expone con mucha claridad el tipo de discurso característico de la prensa política decimonónica. Por otra parte, el tema planteado y los argumentos utilizados colocan el eje de la discusión en la actuación de Tucumán y Salta durante la guerra de 1861. En relación con eso se construye un relato en el que Tucumán asume una misión heroica, allí la provincia, a pesar de las adversidades, no vacilaba en asumir la defensa de sus libertades y las de la nación. De esta manera se pretendía reivindicar la actuación de los liberales tucumanos y resignificar la derrota militar como una acción digna y valiente. En contraposición, Salta aparece representando un papel interesado y desleal. A la dirigencia salteña se la acusaba por haber integrado el bando de "los enemigos de la libertad nacional", pero también se la imputaba porque dicha conducta no respondía a convicciones ni principios, sino a un carácter artero y calculador.
A su vez, el desarrollo de la polémica pone en evidencia una dinámica de funcionamiento político donde el escenario regional aún resultaba primordial. Dicha dinámica atravesó varios momentos de tensión en la década de 1860, articulando dos factores principales. Por una parte puede advertirse la vocación de los mandatarios locales para establecer un esquema de alianzas que garantizara un ordenamiento político unánime en lo referente a las identidades partidarias. Por otra parte resulta claro que dicha vocación se entremezcló con una persistente competencia por asumir un papel preponderante en la región y oficiar como referente político frente al gobierno nacional. En el contexto de la guerra del Paraguay se realizaron fuertes acusaciones contra el gobierno salteño, advirtiendo que resguardaba en su territorio a federales que complotaban para desestabilizar la región y provocar la anarquía en todo el país:

El periódico de la vecina capital, haciendo coro de las satánicas maquinaciones de los federales asilados en su territorio, incita a sus pocos adeptos de por acá a la lucha, pero a una lucha armada, disfrazando con el nombre de pueblo a los que apenas pueden llamarse fracción política.³⁵

La polémica con la prensa salteña continuó en los meses siguientes. Las permanentes acusaciones del periódico tucumano sobre la alineación federal de la vecina provincia aparecen enlazadas con denuncias acerca de la falta de cooperación con la empresa bélica y de la complicidad del gobierno salteño con mazorqueros que conspiraban contra la estabilidad política del norte. De todas maneras, a pesar de la intensidad de la polémica, quedó vedada toda posibilidad de intromisión en las cuestiones internas de la política salteña. Las reprensiones del presidente a consecuencia del pronunciamiento de Uriburu y la insistencia en la preservación de la legalidad marcaron un límite para la conducta de los mandatarios locales. Precisamente el curso de ese conflicto demostró la voluntad del ejecutivo nacional de acotar la actuación de los gobernadores dentro del marco institucional. Sin embargo, no puede omitirse el hecho que el gobierno central seguía dependiendo, en gran medida, de los gobernadores para el reclutamiento y movilización de las milicias. Esta dependencia se acentuó en aquellos momentos en que la simultaneidad de conflictos demandó un incremento de las tropas movilizadas.
En el norte esa situación terminó consolidando el poder de los Taboada, aliados incondicionales de Mitre y referentes del liberalismo en la región. Si bien Tucumán contaba a su favor la presencia de un comprovinciano en la vicepresidencia, Santiago obtuvo de parte del ejecutivo importantes recursos que afianzaron su capacidad bélica y convirtieron a la provincia en una especie de base militar de la región. Por otra parte, el grupo gobernante en Tucumán debió afrontar el distanciamiento con el vicepresidente Marcos Paz por los enfrentamientos internos que se plantearon entre los liberales. Allí las disputas propias del escenario regional se articularon con disensiones que afectaban a los liberales tucumanos provocando un levantamiento armado y el recambio íntegro del elenco gobernante.

Disputas locales y poderes regionales: el derrocamiento de los Posse

En este último apartado examinaremos los episodios que pusieron fin a la hegemonía del grupo Campo-Posse en la provincia de Tucumán. Aunque se trata de un conflicto circunscrito al escenario local, en el mismo tuvieron una incidencia significativa varios factores vinculados a la dinámica política regional. Además, los términos en que se expresó la disputa aluden de manera directa a la antinomia federal-liberal que hemos analizado en los casos previos como un elemento clave de los enfrentamientos que caracterizaron la década de 1860.
Luego de las batallas del Ceibal y Río Colorado, el gobierno tucumano había quedado en manos del partido liberal. Ese partido, al igual que el denominado partido federal, carecía de una estructura organizativa formal y estaba lejos de expresar un grupo homogéneo y unificado en torno a un proyecto ideológico definido. El mote liberal reunía de manera muy laxa a varios grupos, familias e individuos que proclamaban su rechazo a los regímenes rosistas (en muchos casos ese rechazo se hizo explícito luego de Caseros, pero en otros significó una militancia decisiva y los castigos políticos consecuentes) y manifestaban su adhesión al ya mítico Partido de la Libertad conducido por Mitre. Bajo ese emblema convivían distintas fracciones y círculos que periódicamente disputaban entre sí por el acceso a los cargos de gobierno y por la conducción de la política provincial frente al ejecutivo nacional. En ese contexto el grupo Campo-Posse tenía un papel destacado. Ya en la década previa había demostrado una presencia notable en el escenario político local, disputando el liderazgo del partido y ocupando diversos cargos dentro del gobierno y en las milicias provinciales. Pero su pretensión de acceder a la gobernación resultó frustrada y los llevó a la vía armada para resistir la desarticulación de sus redes de poder. La intentona fue desbaratada y el grupo fue marginado de los espacios institucionales. El regreso a los primeros puestos de gobierno se produjo a partir del triunfo de José María del Campo en El Ceibal. Progresivamente la familia y sus aliados comenzaron a establecerse en oficios claves del gobierno y de la administración provincial: legisladores y electores, jueces, comandantes y jefes de la milicia provincial y de los batallones de la  Guardia Nacional, que se combinaron y potenciaron con los vínculos de parentesco y amistad montados a través del matrimonio y los negocios.³⁶
En los primeros meses del gobierno de Campo la recuperación de los espacios de poder se dio de manera muy clara en las jefaturas militares, tanto de las milicias provinciales como de la Guardia Nacional. El gobernador había sido designado por el ejecutivo nacional como Jefe del Primer Cuerpo de Operaciones de la región y esto le permitió efectuar un importante recambio en los puestos de comandantes y entre las jefaturas intermedias de los distintos batallones (Macías, 2007). Estas modificaciones obedecían  fundamentalmente al contexto de guerra que afectaba a todo el noroeste argentino, pero a su vez, resultaron decisivas para garantizar el control de los comicios. La eficacia de esos mecanismos quedó demostrada en la designación del sucesor de Campo: en febrero de 1864 fue electo José Posse por una amplia mayoría de votos. Durante su mandato, Campo ocupó el puesto de ministro general y se intensificó el control sobre los espacios de poder provincial. La percepción que los Posse tenían acerca de su papel en Tucumán como agentes del progreso y de la civilización funcionaba como argumento básico para justificar su posición hegemónica al frente de los destinos de la provincia y, al mismo tiempo, desestimar las pretensiones de sus eventuales adversarios.
Las primeras evidencias de resistencia ante el gobierno del grupo Campo-Posse se registraron en un periódico de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento el único diario tucumano era decididamente oficialista y no admitía artículos que objetaran al gobierno. La designación del sucesor de José Posse acentuó los cuestionamientos y terminó de definir la ruptura. El grupo detentaba una amplia mayoría en la legislatura y en la junta de electores, de esa manera se logró fácilmente la elección de Wenceslao Posse como gobernador en 1866.  Esta situación fue denunciada a través de la prensa porteña como el establecimiento de una dinastía y terminó por decidir a los liberales desplazados del poder a organizarse como grupo opositor. Así se estableció un club político y comenzó a aparecer el periódico El Pueblo dos veces por semana. Este periódico expresó un discurso de impugnación al gobierno de Wenceslao Posse, articulando argumentos que, meses más tarde, se utilizarían para legitimar un pronunciamiento en su contra. La acusación principal ratificaba la idea expuesta en la prensa porteña acerca de la dinastía Posse, lo cual quebrantaba groseramente los preceptos republicanos de alternancia en el poder. Además, agregaba que esa apropiación de los puestos de gobierno se  hacía para favorecer los negocios familiares defraudando las rentas públicas.³⁷ También el tema del reclutamiento de los contingentes que debían incorporarse al Ejército nacional en la guerra contra el Paraguay se convirtió en un tema sumamente polémico. Los opositores denunciaban que el gobierno actuaba con absoluta discrecionalidad en el reclutamiento, empleando esa operación como un mecanismo para castigar a sus adversarios.³⁸ Estas acusaciones se sumaban a un ya prolongado desacuerdo por la injerencia del grupo Campo-Posse en los asuntos de las provincias limítrofes y por el papel preponderante que se les daba a las milicias en el escenario político.³⁹
Wenceslao Posse intentó atemperar los cuestionamientos ofreciendo al grupo opositor algunas bancadas en la legislatura. Esta oferta fue rechazada y la negociación quedó trunca. El gobernador reprobaba la división del partido liberal en su mensaje anual, advirtiendo la amenaza que esto importaba para Tucumán por la reacción del partido federal:

[...] doloroso me es decirlo, conciudadanos de la Sala de RR, el cuadro de nuestra actualidad, tan brillante como es notorio a todos, tiene sus sombras fatídicas. En el cielo azul y tranquilo de la Provincia revolotean negras nubes que, condensándose pueden estallar en tempestad y detenernos en el camino feliz que llevamos.
El partido federal nos hace oír otra vez sus bramidos de reacción y el liberal está dividido; la enseña de Mayo que empuñara antes, está rota; sus dos manos no se estrechan ya, y el símbolo de la libertad caerá en tierra si un esfuerzo de patriotismo del pueblo no restablece nuestra antigua unión (Cordeiro y Viale, 1917: 406-407. Cursivas nuestras).⁴⁰

El argumento de la amenaza enemiga y la reivindicación de la causa común no resultaron efectivos: la oposición, reunida en el Club del Pueblo, proclamó la abstención en los comicios, denunciando la injerencia del gobierno para reclutar adeptos e impedir que los adversarios compitieran. La división en las filas liberales no se resolvió, incluso cuando la reacción federal alcanzó a las provincias vecinas de La Rioja y Catamarca. En tales circunstancias la cuestión del reclutamiento de contingentes volvió a suscitar denuncias por parte de la oposición y puso en evidencia los límites de la hegemonía de los Posse.
El levantamiento de Felipe Varela, que desde finales de 1866 afectaba a la región de Cuyo, había obligado al gobierno provincial a tomar fuertes medidas de control sobre la Guardia Nacional,  prohibiendo a sus miembros que se ausentaran del distrito en donde estuviesen domiciliados, imputándole la pena de desertor a todo aquél que transgrediera esa disposición. Tales medidas fueron cuestionadas por la oposición, en especial aquellas que afectaban al Batallón Belgrano en cuya oficialidad se concentraban varios de sus miembros. ⁴¹ Ese fue uno de los ámbitos clave para organizar el pronunciamiento contra los Posse. En combinación con varios jefes del Ejército nacional y con el apoyo tácito de los Taboada, el 30 de junio de 1867 se movilizaron en distintos puntos de la provincia un total de 1,160 hombres, casi una tercera parte de los reclutados eran miembros del Batallón Belgrano (Macías, 2007).⁴² El gobernador no fue capaz de responder en forma inmediata al levantamiento y aceptó presentar una renuncia indeclinable.
Los argumentos invocados por los insurrectos para justificar el cambio de gobierno fueron expuestos una vez consumado el hecho. El texto en cuestión reiteraba un motivo clásico para legitimar el camino de las armas en la destitución de un gobernante: el establecimiento de una tiranía confería a los ciudadanos no sólo el derecho, sino también el deber de tomar las armas para restituir al pueblo la soberanía usurpada.

El pueblo de esta capital, cansado de sufrir la tiranía dinástica de los  Posse y de Campo [...] ha resuelto ponerle término por el uso legítimo  de la fuerza; esa administración ilegal, su origen y procedimientos que no emanó de los sufragios del pueblo, que nació y ha vivido hollando la constitución del país [...] ha caído el día de ayer al empuje incontrastable de los ciudadanos de la capital. Dicho movimiento no importa el menor designio de inobediencia a la suprema autoridad de la nación, antes al contrario ha sido inspirado por el peligro que el orden nacional corría en nuestra provincia.⁴³

Como puede advertirse, también se invocaron dos consignas primordiales del lenguaje político post Caseros: la defensa de la Constitución y la preservación de la organización nacional. Por otra parte, el texto de la renuncia fue clave para que el movimiento obtuviera la aprobación de las autoridades nacionales, aprobación que, en última instancia, significó la conclusión del conflicto. El vicepresidente Marcos Paz, encargado del ejecutivo por la ausencia de Mitre, destacó que el pronunciamiento había adoptado "ciertas formas legales", ya que el gobernador había renunciado de manera "voluntaria y sin coacción de ningún género", y la legislatura había aceptado posteriormente la dimisión; en consecuencia, el gobierno nacional no tenía motivos para intervenir (Paz, 1959: 219 y 314, Marcos Paz a Campo, Buenos Aires, 6 de Agosto de 1867 y Marcos Paz a José Posse, Buenos Aires, 3 de septiembre de 1867, respectivamente). De la misma manera, en su mensaje anual el presidente hizo referencia al "movimiento revolucionario" ocurrido varios meses antes en Tucumán para explicar la prescindencia del ejecutivo nacional. Allí destacaba los términos de la renuncia del mandatario y la normalización inmediata de los poderes de acuerdo con los preceptos institucionales. Asimismo, advertía que el movimiento se había desarrollado dentro de los límites provinciales, sin perturbaciones que pudieran afectar a las provincias vecinas y "sin tendencia alguna reaccionaria" (Mabragaña, 1919:267). En virtud de esas razones, el gobierno nacional consideró que no había fundamentos para llevar adelante una intervención federal de acuerdo con lo prescrito por la Constitución.
En definitiva, aunque el cambio se había realizado por la intervención de milicias al servicio de la nación, truncando el período constitucional del mandato del gobernador, la remoción del mandatario se postulaba como una acción legítima que inhibía al gobierno nacional de intervenir. Los argumentos brindados por el ejecutivo subrayaban que el conflicto se había desarrollado entre sectores adscriptos al liberalismo (o sea, sin amenazas de reacción federal) y que el mismo no se había extendido alterando el orden. Detrás de esta postura se movían intereses relativos a la sucesión presidencial que, conjugados con la amplia resistencia que los Posse habían suscitado entre los propios liberales tucumanos y con la conflictividad desarrollada con los Taboada en la región, produjeron el desplazamiento del gobernador y la completa desarticulación del esquema de poder basado en la red parental.⁴⁴
Asimismo, debe considerarse que el ejecutivo nacional debió afrontar, de manera simultánea, otros focos de conflicto que revestían mayor gravedad para la estabilidad interna. En el momento que se produjo el pronunciamiento contra Wenceslao Posse, Catamarca y La Rioja se encontraban intervenidas por el gobierno central. La última incluso estaba ocupada militarmente luego de la sublevación de Varela. Entretanto, el conflicto en Tucumán se resolvía dentro de lo prescrito por la Constitución provincial: la renuncia del gobernador fue aceptada por la legislatura y este mismo cuerpo designó a Octavio Luna, jefe militar del levantamiento, como gobernador interino. Inmediatamente, los diputados y electores adeptos a los Posse presentaron sus respectivas renuncias, con lo cual se produjo un recambio íntegro del elenco gobernante, pero respetando los preceptos legales. Poco después la asamblea de electores designó al mismo Luna como gobernador propietario. Éste no pertenecía a ninguno de los círculos que se habían disputado el poder en la provincia, y tampoco estaba vinculado a las familias prominentes de la élite tucumana, su notoriedad devenía exclusivamente de su carrera militar y su gestión se caracterizó por un importante incremento de las milicias en un contexto de fuerte inestabilidad regional y local.⁴⁵

Comentarios finales

La etapa inaugurada por las batallas de Cepeda y Pavón se caracterizó por una profunda conflictividad y por un importante nivel de violencia que afectó, con intensidades variables, a los distintos escenarios provinciales. Como pudimos apreciar en el caso del norte, esa conflictividad no se derivó tanto de los avances unificadores ensayados por el ejecutivo nacional, sino que fue sobre todo el corolario de la propia actuación de los poderes provinciales que sustentaban una dinámica política en la que el ámbito regional tenía una importancia decisiva. Es decir, la vocación por establecer y conservar esquemas de poder sustentados en la uniformidad partidaria ejerciendo, al mismo tiempo, un papel de liderazgo regional, suscitó tensiones y disputas entre los mandatarios provinciales que tuvieron una gravitación significativa en la política del período.
Pero, a su vez, esa conducta con fuertes visos de autonomía por parte de los gobernadores fue asumiendo matices considerables en virtud del reconocimiento a las prerrogativas del gobierno federal. Ese reconocimiento devino, en primera instancia, del doble papel de mediador y legitimador en los conflictos suscitados en el espacio local y regional. Dicho papel se ejerció en nombre de la Constitución y de la organización nacional, pero además fue permeado por una retórica en la que el apelativo liberal ocupó un lugar primordial. La identificación del orden liberal con valores incuestionables del imaginario decimonónico como la civilización y el progreso le otorgaban un manto de sacralidad que no sólo lo posicionaba en un lugar inexpugnable, sino que demonizaba a sus eventuales adversarios. Como es sabido, ese discurso se utilizó para denostar a aquellos que se identificaban como federales, pero además constituyó una especie de molde interpretativo para las disputas que enfrentaron entre sí a los propios liberales. En esos términos se plantearon las discrepancias entre Santiago, Tucumán y Salta, pero también las escisiones generadas entre los liberales tucumanos. Esa misma retórica fundamentó reiteradas intromisiones en las cuestiones internas de las provincias vecinas, intromisiones que se reivindicaban como exigencia ineludible para la preservación del orden liberal.
En algunas circunstancias, el propio presidente alentó cierto grado de iniciativa por parte de los mandatarios locales en aras de conjurar aquello que visualizaba como amenazas contra la nación. Sin embargo, esto tenía un límite bastante claro: en todos los casos se requería la aprobación del ejecutivo. Así, en última instancia, sancionar la legitimidad de los actos era atribución exclusiva del gobierno nacional que resolvía en qué situaciones podía convalidarse la intromisión. Esa decisión estaba sujeta a distintos factores y en muchas ocasiones las circunstancias específicas de la coyuntura política fueron determinantes. Pero en ningún caso podían soslayarse los preceptos constitucionales. La Constitución -y la unificación política que ella expresaba- se esgrimía como la bandera que todos decían defender. Esta primacía del idioma constitucional terminaría por imponer restricciones a aquellos que lo articulaban para justificar sus acciones y, finalmente, llevaría a los gobiernos provinciales a sujetarse a las pautas que el mismo consagraba.

NOTAS

1 A lo largo del trabajo emplearemos las cursivas para los vocablos "liberal" y "federal" para poner de relieve el uso político de los mismos y las disputas que se plantearon por los sentidos asignados.

2 Tales términos aparecen repetidos en varias cartas dirigidas a los gobernadores de Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy.

3 Varios trabajos que abordan la política del período sugieren una continuidad entre el partido de la libertad mitrista y el partido unitario, pero todavía son exiguas las reflexiones dedicadas al asunto. Un aspecto importante, aunque insuficiente, refiere a los sujetos que se identificaron como unitarios y liberales. Allí fácilmente pueden advertirse las vinculaciones. Pero el aspecto central, a nuestro entender, supone analizar las rupturas y continuidades en el lenguaje político y en los rasgos de identidad partidaria. Justamente esa cuestión es la que ha recibido menor atención.

4 En lo referido a la reunión entre los gobernadores, Mitre 1912: 164, tomo XXII, José Posse a Mitre, Tucumán, 15 de Abril de 1861.

5 Sobre la mediación de Mitre hay varias cartas que demuestran su interés por legitimar el desplazamiento de Alcorta y sostener a sus aliados, los Taboada. Éstos reivindicaban la unidad de principios con el "partido liberal" e insistían en que la reposición de Alcorta significaba poner a todo el norte "en poder de la mazorca". Mitre 1912: 95, tomo XXII, Antonino Taboada a Mitre.

6 Oszlak que la separación de Buenos Aires había privado "a las autoridades de la Confederación de la única fuente significativa de recursos fiscales que existía en el territorio", es decir, la aduana del puerto de Buenos Aires. Esto no pudo ser subsanado con otras fuentes de recursos ni con la organización de un aparato de recaudación eficiente. En definitiva, "el gobierno de la Confederación nunca alcanzó una situación económica mínimamente estable, y permanentemente se vio acosado por los gastos de la guerra".

7 No podemos desarrollar este tema por cuestiones de espacio. Para el caso tucumano, remitimos a nuestra tesis doctoral (2008), en especial el cap. 1.

8 Proclama del general Antonino Taboada al pueblo de Tucumán.

9 En esos días también se conoció el resultado de la batalla de Cañada de Gómez en la que las fuerzas de Buenos Aires, al mando de Venancio Flores, obtuvieron una  victoria aplastante.

10 Dos meses antes de Pavón, la orientación política del gobierno salteño, hasta entonces aliado de Mitre y de los liberales norteños, había cambiado. El nuevo mandatario, José María Todd se mostró dispuesto a cumplir las indicaciones del ejecutivo nacional y movilizó las milicias requeridas para la intervención en Santiago y Tucumán. Por otra parte, la arremetida contra las provincias vecinas pretendía resarcir a Tucumán de los perjuicios ocasionados durante la intervención federal que, según denunciaban los liberales tucumanos, se había caracterizado por el saqueo y la destrucción y había contado con el apoyo de efectivos de Salta y Catamarca.

11 Sobre la oposición civilización y barbarie y su papel central en la tradición política argentina ver Svampa, 2006.

12 En el mismo sentido le había escrito a Paunero (Scobie, 1964: 379). Evidentemente las indicaciones de Mitre para finalizar los enfrentamientos se derivaban de los cambios generados en el contexto político por la aceptación de Urquiza de todas las demandas planteadas por el gobernador porteño.

13 Sobre la figura del Chacho y el papel político y social de los caudillos ver De la Fuente, 2007.

14 Dichos reclamos se harían "contra las personas e intereses del ex general D. Octaviano Navarro y del ex gobernador D. Samuel Molina" a quienes el gobierno de Tucumán consideraba "autores principales de la invasión armada llevada desde Catamarca a aquella Provincia" (Cordeiro y Viale, 1917: 475-476).

15 Acerca de las limitaciones y dificultades para la organización de la justicia federal puede consultarse Zimmermann, 1998. También, pero referido a la década de 1850, Lanteri, 2011.

16 También se menciona que dicha reposición debía hacerse en razón de la ilegitimidad de su destitución. Los medios previstos para la reposición de Rojo eran, en primer lugar, exhortar "por medio de reclamos especiales" al gobernador en uso del cargo; y, en segundo lugar, poner a disposición del comisionado las fuerzas de las provincias signatarias en caso de que el mandatario se negara a cumplir con la restitución indicada.

17 Al respecto Wenceslao Paunero le comentaba a Mitre: "los liberales de Catamarca [...], como buenos liberales están divididos y perfectamente peleado los cuatro gatos que osan allí darse ese título." Mitre 1912: tomo XI, 10 de Junio de 1862.

18 El intercambio epistolar referido puede consultarse en Mitre 1912: 151-172, 190-192 y 200-206, tomo XI.

19 Sobre Manuel Taboada el periódico decía "no pasa de una entidad mediocre en la política, un poco afortunado en las luchas internas de Santiago, pero que en los círculos políticos de Buenos Aires se encontraría muy pequeña". Diario El Liberal, 24 de Agosto de 1862. Sobre el papel de la prensa en el conflicto, un tucumano afirmaba "Los abusos de la prensa producen la anarquía y la lucha actual entre las prensas es furiosa". Mitre 1912: 191, tomo XI, Emilio Salvigni a Wenceslao Paunero, Tucumán, 4 de Agosto de 1862.

20 Mitre a Anselmo Rojo, Instrucciones reservadas sobre la misión que debe cumplir en Catamarca, Archivo Anselmo Rojo, Archivo Histórico de Tucumán, Vol. IV, Buenos Aires, 13 de agosto de 1862, fs. 153-155.

21 Como advierte Macías (2011), la designación de Antonino "posicionó muy bien a los Taboada en la región donde su tradicional y superior poder militar [...] destacaba respecto de las fuerzas tucumanas y de las otras provincias del norte. A su vez, esto implicaba la subordinación militar de Tucumán respecto de las fuerzas santiagueñas, el constante envío de contingentes frente a los requerimientos de Taboada así como la remisión de dinero para la guerra". Hasta ahora no hemos podido localizar estudios referidos a los Taboada y los mecanismos que emplearon para conformar su esquema de poder en Santiago.

22 Esta cuestión particularmente importante. Lamentablemente no hemos podido localizar investigaciones que aporten datos fidedignos sobre la compra de armamento y el equipamiento con el que contaba cada una de las provincias. La afirmación que hacemos parte de comentarios sueltos en la correspondencia de los gobernadores con el ejecutivo nacional.

23 Por su parte, Manuel Taboada le subrayaba al presidente que Tucumán y las demás provincias de la región podían caer fácilmente bajo la influencia de la "reacción federal" y que el único "núcleo del partido liberal" en el norte era la provincia de Santiago. Mitre 1912: 292, tomo XXV, Taboada a Mitre, Santiago, 30 de abril de 1864.

24 En lo que se refiere a los intersticios constitucionales Flavia Macías señala las ambigüedades contenidas en el artículo 105. Allí se estipulaba que las provincias no tenían atribuciones para declarar la guerra ni movilizar tropas, pero al mismo tiempo se consideraba una excepción en el caso de "invasión exterior" o "peligro inminente". Bajo estas figuras los gobernadores buscarían amparar sus decisiones frente al gobierno nacional (Macías, 2007).

25 Un análisis muy sugerente sobre el arraigo del "partido federal" en La Rioja, ver en De la Fuente, 2007.

26 De esta manera caracterizaba el emisario del Presidente la situación que observaba en su visita a Tucumán: "Estas gentes creen siempre en nuevas guerras, en invasiones y en intervenciones." Mitre 1912: 276, tomo XII.

27 Así lo manifestaba el presidente en ocasión del pronunciamiento del Chacho. En su mensaje anual al Congreso, Mitre calificaba el levantamiento como "actos de sedición y guerra civil" perpetrados por "bandas de ladrones armados" (Mabragaña, 1910: 195, tomo III).

28 Sobre este tema, pero centrado en el caso tucumano ver Macías, 2007.

29 Así, por ejemplo, Mitre le enviaba una partida de fusiles al gobernador de Santiago, indicándole lo siguiente: "Habiendo sabido por don Manuel Ocampo que usted le encargaba la compra de 300 fusiles, he dicho a este señor que no se ocupe de ello. Por el ministerio de la Guerra se remitirán a ese gobierno, del parque nacional, 300 fusiles fulminantes de primera clase con sus correspondientes cebas, y al hacerlo me persuado que no puedo ponerlos en mejores manos, sea para consolidar nuestra actualidad política, sea para garantirlo y defenderle en todo evento, como lo ha hecho en circunstancias supremas esa provincia, y usted y su distinguido hermano". Mitre 1912: 294, tomo XXV, Mitre a Manuel Taboada, Buenos Aires, 21 de Mayo de 1864.

30 El año 1863 registra la suma más alta, con 19.540 pesos bolivianos, en los dos años siguientes la cifra es bastante menor, 3.516 y 3.241, respectivamente. Al respecto, Herrera 2010, p. 204. Lamentablemente la autora del artículo no cuenta con la serie completa de datos para el período que aquí analizamos. Entre 1859 y 1867 sólo hay información para el rubro de "gastos militares" de los años señalados y sobre 1867 ($b 421). Además de este rubro, el gobierno nacional contribuía con un "subsidio" que, en promedio, estuvo en el orden de los $b 12.000. El monto de este rubro, a diferencia del referido como "gastos militares", habría sido igual para todas las provincias. Según lo señalado por Oszlak, a partir de 1862 se había adoptado "como norma de alcance general, acordar a cada provincia la suma de 1000 pesos fuertes mensuales, sin perjuicio de "auxiliar" adicionalmente a algunas de ellas" (Oszlak, 1997: 124).

31 José Posse a Anselmo Rojo, Tucumán, 16 de Mayo, Archivo Anselmo Rojo, Archivo Histórico de Tucumán, Vol. VI, fs. 206-207. Cursivas nuestras.

32 Una vez derrotado el círculo liderado por Uriburu, el gobernador José Posse decidió explicar su conducta ante la Sala de Representantes para desestimar las dudas generadas por sus expresiones de simpatía hacia aquél. En esas circunstancias fue concluyente en su apreciación de la estrategia adoptada por el jefe de la insurrección: "La noticia de aquel suceso [el pronunciamiento] era natural que agitase los partidos, porque venía revestido de datos alarmantes en cuanto a las tendencias políticas que se atribuía a los hombres de la resistencia contra la revolución. Era una estrategia de partido para buscar alianza y simpatías fuera de su centro de acción, hábilmente calculada para tocar una cuerda sensible en el sentimiento público." Cordeiro y Viale, 1917: 218, Mensaje a la Sala, 21 de Junio de 1864.

33 El diario El Liberal publicó un descargo redactado por el propio gobernador en los siguientes términos: "Cuando el Gobierno nacional escribía su mensaje estaba bajo la impresión de la duda y de la desconfianza en la conducta del Gobierno de Tucumán [...] Suponíase una liga política de Gobiernos provinciales, de la que el nuestro era parte, y la revolución de Salta formaba en la liga. El Gobierno de Tucumán no tiene que sincerarse, porque a las dudas y desconfianzas responden los hechos". 10 de Julio de 1867. También en la correspondencia privada se expuso el disgusto de Posse con el Presidente Mitre por la misma cuestión: "el Gobierno nacional [...] me hizo la injusticia de dudar de mi conducta, y sin más ni más, sin requisición de las autoridades depuestas por la sedición, pidió al Congreso autorización para intervenir, para reprimir el escándalo de que una provincia tomase injerencia armada en las cuestiones internas de otra". Castro, 1946: 132, tomo I, José Posse a Domingo Sarmiento, Tucumán, 18 de Julio de 1864.

34 Diario El Liberal, 23 de Julio de 1865. Cursivas en el original. Es importante recordar que la oposición liberal-federal también desempeñó un papel fundamental en la configuración de la contienda que involucró a Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, la cual fue planteada como una guerra de partidos, "una empresa inequívocamente facciosa" (Halperín Donghi, 2005: 90). Esta percepción también se observa con mucha claridad en el contexto tucumano, sobre este tema ver Navajas, en prensa.

35 Diario El Liberal, 14 de Septiembre de 1865.

36 José María del Campo y José Posse eran los principales referentes de una extensa red de parentesco claramente identificada con el "partido liberal" desde los años post Caseros. Además una parte de la familia Posse habían logrado amasar una considerable fortuna a partir de la combinación de actividades comerciales y productivas. Al respecto ver Gutiérrez, 2005: 53-78.

37"Sus intereses debían anteponerse a los del Estado [...] el Gobierno vendía a buen precio sus trapos apolillados, su tío carnal vendía los suyos con un 100% de provecho sobre los precios de plaza [...] Otro señor Posse, elevado al rango de senador [...] hubo que dársele la provisión de carne para la tropa, sin llamar a licitaciones a los hacendados de la provincia" Diario El Pueblo, 18 de Julio de 1867. Otra denuncia hacía referencia a una sociedad establecida entre el Jefe de Policía y el Gobernador Wenceslao Posse, la cual se estableció mediante un decreto como la exclusiva compradora de cuero para comercializar, imponiendo unilateralmente el precio del artículo. Diario El Pueblo, 1 de Agosto de 1868.

38 Esto también se denunciaba ante el vicepresidente, entonces a cargo de la presidencia por la ausencia del titular: "vea VE el periódico de Tucumán y en él encontrará la orden de que marche a campaña el número de 200 hombres de la clase decente [...], porque los 200 hombres pertenecen a la oposición. Tal gente no puede servir para hacer la campaña, porque para ello hay hombres disciplinados y capaces de soportarla [...], se han dado esas medidas con el propósito de castigar a la oposición". Archivo del Coronel Dr. Marcos Paz, tomo V, pp. 127-129, Próspero García a Marcos Paz.

39 La intervención en los conflictos catamarqueños había sido particularmente cuestionada por un grupo de legisladores. En relación con el papel de las milicias, se comentaba: "el gobernador Campo, entusiasta por la milicia para dar importancia a esta provincia con la fuerza, olvida que las instituciones dan más importancia que las armas". Ibíd., tomo III, p. 27, José Frías a Marcos Paz, Tucumán, 22 de Junio de 1862.

40 En ese momento el levantamiento liderado por Felipe Varela controlaba la región occidental y amenazaba con avanzar hacia el noroeste.

41 Al respecto, Flavia Macías advierte que desde sus orígenes ese cuerpo se había caracterizado por reunir a representantes de la élite tucumana y destaca la discrepancia entre la legislación nacional, que definió la organización de la Guardia sobre criterios igualitarios e inclusivos, y la legislación provincial que consideraba el enrolamiento en esa fuerza un "título de honor", exigiendo como requisito la posesión de "oficio útil y lucrativo o propiedad conocida". Esta concepción se reformuló con la reforma de la Constitución provincial en 1856 para adecuarse a los preceptos nacionales. Sin embargo, "el Batallón Belgrano siguió recortándose como cuerpo urbano de notables y heredó ciertas connotaciones de la milicia cívica" (Macías, 2007).

42Ibíd.

43 Diario El Pueblo, 7 de Julio de 1867. Cursivas nuestras. En un lenguaje casi idéntico se legitimaron las acciones armadas que tuvieron por escenario la provincia de Buenos Aires, sobre el tema ver Sabato, 2002.

44 José Posse era íntimo amigo de Sarmiento y el principal sostenedor de su candidatura en el Norte, en detrimento de las pretensiones de Marcos Paz que en ese momento aparecía como uno de los nombres para suceder a Mitre. El conflicto con los Taboada se había recrudecido por las diferencias con el Ministro Campo en los asuntos de Catamarca.

45 Se organizaron dos nuevos batallones de la Guardia Nacional, uno de 400 plazas y el otro de 600. La inestabilidad regional estaba asociada a las secuelas del levantamiento de Felipe Varela y sirvió como argumento para declarar a la provincia en "estado de asamblea" e imponer un estricto control sobre la población masculina adulta a través de la Guardia Nacional. En el plano local el gobierno, según sus propios dichos, desbarató tres conspiraciones de sus adversarios (Cordeiro y Viale, 1917: 444).

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