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Población y sociedad

versão On-line ISSN 1852-8562

Poblac. soc. vol.21 no.1 San Miguel de Tucumán jun. 2014

 

ARTÍCULOS ORIGINALES

 

Maternidad y política social: experiencias y sentidos atribuidos a los ingresos monetarios percibidos por el programa "Ciudadanía Porteña", Buenos Aires

Maternity and social policies: experiences and meanings attributed to the monetary payments received through the program "Ciudadanía Porteña", Buenos Aires

 

María Victoria Castilla*

*Doctora en Antropología, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México. Maestra en Ciencias Sociales, FLACSO-México. Licenciada en Antropología, Universidad Nacional de La Plata. Investigadora de CONICET-FLACSO. Docente en la Maestría en Antropología Social y Política, FLACSO-Argentina, en la Maestría de Políticas Sociales y Urbanas de la UNTREF y de la UNLaM. Correo electrónico: vickycastilla@yahoo.com.ar

RECIBIDO: 25/06/13
ACEPTADO: 17/12/13

 


RESUMEN

A partir de una investigación antropológica realizada en 2010-2011 en la ciudad de Buenos Aires con mujeres-madres beneficiarias del programa de transferencias monetarias condicionadas "Ciudadanía Porteña" a cargo del gobierno local, en este texto se analiza el entramado de sentidos atribuidos por las mujeres-madres beneficiarias a los ingresos monetarios recibidos por ese programa social en particular -y por otros semejantes en general-. El argumento central abordado a lo largo del texto consiste en que los ingresos monetarios percibidos por la política social son concebidos por éstas como retribuciones a sus tareas relacionadas con el ejercicio de sus maternidades y quehaceres domésticos.

Palabras clave:Vulnerabilidad; Maternidad; Política social; Transferencias monetarias

ABSTRACT

Based on an anthropological study carried out between October 2010 and September 2011, this text discusses the network of meanings attributed -by beneficiary mothers- to the money obtained from social programs, in general, and by the conditional cash transfer "Ciudadanía Porteña" (Buenos Aires, Argentina), in particular . The central argument addressed throughout the text is that such income is regarded as compensation for the tasks enmeshed in motherhood and also for their domestic obligations.

Key words:Vulnerability; Maternity; Social policy; Monetary transfers


 

Introducción

A finales de la década de 1990, en América Latina la apertura de las economías latinoamericanas, la desregulación de sus mercados y la retirada del Estado de la economía y de la protección social estuvo asociada con la profundización de la pobreza, el incremento de la vulnerabilidad de los hogares y un marcado deterioro en las condiciones de vida de mujeres de bajos ingresos (Chant & Craskel, 2003). Desde una perspectiva de género, una consecuencia de estos cambios macroeconómicos en la vida de las mujeres se pone de manifiesto en la distribución del uso del tiempo, en la cual la jornada de éstas se evidencia más larga que la de sus contrapartes genéricas, los hombres. Esto se debe a que el crecimiento en la participación de la mujer en el mercado de trabajo no ha significado una incorporación proporcional del hombre a las actividades del hogar (Arriagada, 2005; Wainerman, 2005). En correlación, en esa misma década, comenzaron a diseñarse e implementarse los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas destinados a incrementar el capital humano de la población más vulnerable (de Ferrantis et al., 2004), principalmente de las mujeres. Éstos, se caracterizaron por asignar una suma de dinero a las familias de menores recursos para financiar parte de su consumo a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones relacionadas con la inversión en capital humano, tales como asistencia escolar y controles de salud en niños y embarazadas.
Todo ello de desenvuelve en el marco de una sociedad en la que la maternidad, como gran hecho social, continúa consolidándose como uno de los principales ejes sobre los cuales se erigen tanto las identidades femeninas como la vida cotidiana de las mujeres. Este escenario cobra especial importancia en los barrios más vulnerables, precarios y marginales de la sociedad en los cuales la maternidad se vincula con deseos de autorrealización y/o afirmación de las propias subjetividades e identidades genéricas (Marcús, 2003) y, además, con desamparos sociales e institucionales (Fainsod, 2011) y con discursos políticos y sociales que sitúan en la figura de la madre la responsabilidad principal por la supervivencia y bienestar de los hijos, sobre todo de los más pequeños (Jelín, 1998).
El horizonte normativo de la buena maternidad surgido de las clases media argentinas durante las primeras décadas del siglo XX y extendido hacia los sectores más pobres (Cosse, 2006), reconoce a la buena madre como una mujer presente, cuidadora, cariñosa, tolerante y que está pendiente del bienestar de los hijos. Esto es, de una mujer  que prioriza las necesidad de los hijos frente a las propias. Ahora bien, esta normatividad se vincula en los barrios marginales y vulnerables con constantes tensiones referidas por las madres -dadas las capacidades y recursos disponibles- entre el trabajo de abastecimiento del hogar, el aseo y orden de la vivienda, las prácticas de cuidado, atención y contención de los hijos y adultos a cargo, las exigencias de las instituciones estatales (escuelas, centros de salud, dependencias municipales, etc.), los requisitos propios de las contraprestaciones de las políticas sociales y el trabajo asalariado.
A partir de una investigación cualitativa,1 en este texto me propongo identificar, describir y analizar el entramado de sentidos atribuidos a los ingresos monetarios recibidos por los programas sociales que realizan las propias beneficiarias. La información recogida durante el trabajo de campo, permitió documentar que muchas de las mujeres entrevistadas residentes en barrios marginales y vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se consideran a ellas mismas como las principales responsables de la provisión del hogar -lo cual implica un cambio en el orden genérico tradicional-. Y ello ocurre, tanto por el dinero recibido por sus trabajos asalariados como por los programas sociales de los cuales son beneficiarias. El argumento central que será abordado a lo largo del texto consiste en que los ingresos monetarios percibidos por la política social son concebidos por éstas como retribuciones a sus tareas relacionadas con el ejercicio de sus maternidades y quehaceres domésticos.

Cuidado, vulnerabilidad y estado

En Argentina, desde la década de 1970 -y principalmente en 1980- se estableció un programa de liberalización de los mercados y de tercerización de la economía que desmanteló el modelo económico de industrialización orientado al mercado interno. Con ello, cambiaron las orientaciones con las que se desenvolvían hasta ese momento las actividades industriales y se estableció un programa de liberalización de los mercados, con la consecuente posterior apertura externa y se eliminaron las regulaciones y los subsidios (Kosacoff, 1993). A partir de la década de 1980, la lógica predominante de las políticas sociales en América Latina ha sido de tipo compensatoria con estrategias de focalización, muchas de las cuales, privilegian a las mujeres como principales receptoras, al reconocer la discriminación, la desigualdad económica, social, política y legal ejercidas hacia las ellas. Asimismo, muchas de las políticas sociales destinadas al combate a la pobreza han privilegiado a las mujeres como sujetos de asistencia, bajo el supuesto que éstas utilizan mejor que los hombres los recursos brindados, debido a que los destinan a satisfacer principalmente las necesidades de alimentación, salud y educación de sus familias, sobre todo de los menores y de los enfermos, generando lo que se denominó la feminización de la asistencia social (Srinivasan & Metha, 2003).
En 1990, Argentina comenzó a implementar una nueva estrategia de crecimiento económico basada en la convertibilidad de la moneda, la reducción del déficit fiscal, la desregulación de los mercados (incluido el mercado de trabajo) y las masivas privatizaciones de empresas estatales (Bayón & Saraví, 2002). A ello, se le sumaron la reducción en los aportes destinados a la seguridad social, la flexibilización del uso de tiempo de trabajo, la desarticulación de los sindicatos (cf. Bayón & Saraví, 2002) y la creciente inestabilidad laboral. Estos cambios, junto con los que venían desarrollándose desde 1970, tuvieron un fuerte impacto en las condiciones de vida de muchos argentinos que perdieron sus trabajos o vieron disminuir sus ingresos al afrontar un aumento drástico en los precios de los bienes de consumo. Todo ello, favoreció el proceso de flexibilización los roles genéricos tradicionales.
Junto con la reestructuración productiva y la creciente globalización, se produjo una ampliación de los procesos de tercerización (expansión de los servicios) que colocó a algunos países de la región (Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay) como economías de servicios. Las crisis del Estado, las privatizaciones y los cambios en los diseños de las políticas sociales tuvieron como efecto privatizar la responsabilidad por el bienestar, transfiriendo tareas del Estado hacia la familia (Jelin, 1998). Con el modelo neoliberal de la economía de mercado, actividades y beneficios de cuidado y protección son desplazados a las redes vinculares y familiares de los mismos sectores populares en los que la vulnerabilidad social y en salud hace necesaria la participación y asistencia estatal.
Diversas investigaciones realizadas en América Latina sostienen que el aumento de la tercerización de la economía ha supuesto la apertura de oportunidades laborales para la población femenina (cfr. Ariza & de Oliveira, 2003; Pautassi, 2007; Wainerman, 2005). Es decir, a diferencia de la masculinización del mercado de trabajo que caracterizaba el modelo de crecimiento centrado en el mercado interno, desde mediados de la década de1990 asistimos a una pauta de feminización en aumento (Ariza & de Oliveira, 2003). Por otro lado, Arriagada (2001) comparte las afirmaciones previas y sostiene que también generaron ocupaciones de alta calidad para grupos reducidos de trabajadoras altamente calificadas (aunque en menor proporción que las anteriores). Puntualmente, en Argentina, la incorporación de la población femenina al mercado de trabajo en la década de 1990, no puede ser interpretada simple y exclusivamente como indicador de modernización, desarrollo o crecimiento -como se entendía en la década de 1970, cuando en la participación laboral se cifraban las esperanzas del cambio de la condición de las mujeres-, sino como complemento a los ingresos aportados por los varones jefes de hogar. Es decir, como una estrategia para apuntalar un presupuesto familiar sumamente deteriorado, y tratar de mantener los niveles de consumo y evitar el desclasamiento.
Complejiza el escenario anterior, el hecho que las políticas de ajuste estructural implementadas en los países del continente, principalmente en la década de 1990, presentan supuestos tradicionales de familia y maternidad y, en consecuencia, han tenido un sesgo de género frente a la falta de reconocimiento del triple papel ejercido por las mujeres -el hogar, su comunidad y el mercado- que presentan quienes formulan las políticas públicas. El principal efecto, ha sido la agudización de ciertos procesos ya presentes en la realidad latinoamericana: a) la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado; b) las consecuentes limitaciones en el uso del tiempo de la mujer y; c) la discriminación tanto laboral como salarial en el mercado de trabajo. De hecho, la creciente participación femenina en el mercado de trabajo ha contribuido a aumentar el ingreso familiar y a paliar los efectos de las caídas de los niveles salariales que impiden a una gran proporción de familias solventar sus necesidades básicas con el ingreso de un solo miembro (Serrano, 2005).
Tal como lo confirman Chant & Craskel (2002), la apertura de las economías latinoamericanas, la desregulación de sus mercados y la retirada del Estado de la economía y de la protección social estuvo asociada con la profundización de la pobreza, el incremento de la vulnerabilidad de los hogares y un marcado deterioro en las condiciones de vida en mujeres de bajos ingresos. Por ello, encuestas de uso del tiempo han mostrado que la jornada femenina es más larga que la masculina, puesto que el crecimiento en la participación de la mujer en el mercado de trabajo no implicó una correspondencia en la incorporación del hombre en las actividades domésticas y de cuidado, atención y contención de los hijos (Arriagada, 2005; Wainerman, 2005). Así, el deterioro de las condiciones de trabajo, el aumento de la vulnerabilidad y la pobreza y los cambios demográficos, contribuyeron a alejar a los hogares argentinos del modelo llamado tradicional -que concibe al jefe-varón como proveedor exclusivo, cuyo salario alcanzaba para solventar los gastos de manutención de la familia, y a la mujer-madre-ama de casa centrada en el hogar-. Los dos aspectos clave en esta tensión son: 1) un estado de bienestar que entra en crisis y en proceso de disolución antes de haberse consolidado; 2) un mercado de trabajo que sufre un proceso de precarización y flexibilización, sobre un trasfondo de amplia informalidad.
Las mujeres, obligadas por una situación económica apremiante del varón-jefe de familia o motivadas por deseos individuales, desde 1970 se han ido incorporando al mercado de trabajo y lo han hecho en el marco de un estado que poco ha promovido políticas y acciones de conciliación del trabajo productivo con las responsabilidades familiares. Diversas investigaciones han demostrado que en la medida en que las mujeres se integran al mercado laboral, se debilita el modelo familiar hombre proveedor de ingresos-mujer ama de casa abriendo paso a otros modelos que tiende a consolidarse, principalmente el de dos proveedores y de hogares con jefatura femenina sin cónyuges (cfr. Arriagada, 2001).
Asimismo, este cambio ha ido acompañado por la ampliación de los niveles educativos, la emergencia de  nuevas estructuras familiares y la consolidación de valores que resaltan la autonomía y desarrollo personal. Todo lo expuesto, redefine las nociones de sustento económico familiar y del papel social de la mujer en la sociedad, ubicándolo más allá de la domesticidad (Wainerman, 2005). En este entramado de continuidades y cambio, Marcús (2003) documentó -particularmente en los sectores más pobre y marginales de la sociedad en los cuales el inicio de la maternidad se produce principalmente durante la adolescencia- que el rol maternal brinda a las mujeres recompensas y gratificaciones que no encuentran en otros ámbitos de sus vidas.
Entonces, y siguiendo los intereses particulares de este texto, podemos destacar tres fenómenos, antes mencionados, que considero relevantes para el análisis y comprensión de los sentidos atribuidos a los ingresos monetarios percibidos (por salarios o política social) y su relación con las experiencias del ejercicio de las maternidades y sentidos los atribuidos a las mismas. Me refiero particularmente a: a) la paulatina incorporación de la mujer-madre al trabajo asalariado que, en ocasiones, viene a reemplazar al del hombre y plantea una reconfiguración en los roles genéricos tradicionales vinculados específicamente a la provisión; b) los procesos de feminización de las políticas sociales que si, por un lado, favorecen la autonomía de la mujer, por el otro, refuerzan y se erigen sobre supuestos de maternidad y mujer tradicionales; y c) la continuidad del horizonte normativo de la buena maternidad presente tanto en los discursos legos y expertos de la sociedad como en los supuestos de muchas políticas sociales.

Programa de transferencias y el programa Ciudadanía Porteña

Hacia finales de la década de 1990 con los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas comenzó un nuevo tipo de políticas sociales que en América Latina emergieron como estrategia para reducir la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad, y como respuesta a las crisis macroeconómicas que azotaron la región circa el fin del milenio. La característica central es que asignan una suma de dinero a las familias de menores recursos para financiar parte de su consumo a cambio de que cumplan ciertas condiciones relacionadas con la inversión en capital humano, tales como asistencia escolar y controles de salud en niños y embarazadas.
Sus inicios se remontan a 1997 cuando sólo tres países en vías de desarrollo los tenían. Éstos eran: Bangladesh, Brasil, y México. Posteriormente, Honduras y Nicaragua fueron los primeros países  centroamericanos en iniciar un programa de transferencias monetarias en el año 2000, seguidas en la región latinoamericana por Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, El Salvador, Paraguay, Perú y República Dominicana entre el 2001 y el 2005. Actualmente, estos programas se han extendido por el mundo, distribuidos principalmente en América Latina, Asia, África Subsahariana, Turquía en Europa y más recientemente Opportunity en la ciudad de Nueva York (TI, 2009).
A modo de síntesis, las principales metas que se han propuesto con este tipo de políticas son las siguientes: 1) combatir la pobreza atacando fundamentalmente su ciclo generacional; 2) proteger a los niños sacándolos de la calle y reduciendo el trabajo infantil; 3) mejorar el desempeño escolar, reduciendo el número de repitencia y ausentismo; 4) asegurar a las madres un salario mínimo para cuidar la salud y educación de sus hijos; 5) reducir la migración de los más pobres; 6) mejorar la salud y alimentación de los niños; 7) ayudar a reducir la violencia social y la drogadicción juvenil; 8) limitar los costos de asignación de planes en los aparatos políticos locales.
Entre los efectos positivos que dan cuenta específicamente de cambios en el ámbito doméstico, los resultados de las evaluaciones realizadas en los programa en Perú, México, Brasil, Chile, Nicaragua, Ecuador y Colombia señalan el favorecimiento del desarrollo de autonomía en el manejo del dinero e incremento del tiempo disponible debido a la escolarización de los hijos (Aramburú, 2009; Armas, 2004; González de la Rocha, 2006; Rivera, 2006). Respecto del impacto que tiene el manejo de dinero por parte de las mujeres y su relación con la violencia doméstica, la mayoría de los estudios concuerdan que el acceso al dinero no genera nuevas situaciones de violencia. Tal y como lo señala González de la Rocha respecto del programa Oportunidades de México, el paso a la jefatura femenina a partir de percibir los ingresos del programa es decisión de la mujer e implica mayor control femenino de los ingresos y menor nivel de estrés y de violencia intra-doméstica, podemos pensar en un proceso sumamente benéfico que puede incrementar el impacto positivo del programa (González de la Rocha, 2006).
Por último, investigaciones realizadas en México y Chile dan cuenta de los cambios ocurridos a nivel de las personas, como por ejemplo, la generación de una mayor autoestima y de conciencia de la capacidad de agencia de las mujeres para sobrellevar las situaciones de pobreza y vulnerabilidad (Arriagada & Mathivet, 2007; López & Salles, 2006). Ahora bien, no todas las evaluaciones desarrolladas a los programas de transferencias condicionadas en efectivo, han dado cuenta de resultados positivos. Entre los negativos, algunos estudios concluyen que aunque la mujer está en el centro de los programas, no hay una atención particular para ella y desde su diseño y modalidad de gestión, las transferencias monetarias condicionadas refuerzan los roles tradicionales de género: las mujeres son las titulares del beneficio y las encargadas de efectuar los trámites correspondientes (participación en talleres, reuniones, cumplimiento de condicionalidades en educación, salud). Así, se refuerza la división social de género en donde las mujeres tienen que ser antes de todo buenas madres, sirviendo a su familia y guardianas de los valores de virtud moral, altruismo, sacrificio (Armas, 2004; Arriagada & Mathivet, 2007; Martínez Franzoni & Koen Voorend, 2008).
El programa de transferencias condicionadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudadanía Porteña fue creado por la Ley 1878 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comenzó a funcionar en noviembre de 2005. Su objetivo general es disminuir los niveles de desigualdad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorgando una prestación monetaria mensual no retributiva que se entrega a través de una tarjeta magnética precargada emitida por el Banco Ciudad y Cabal y debe ser utilizada únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar. La percepción del programa está condicionada al cumplimiento por parte de los hogares beneficiarios de obligaciones en educación y salud. En los hechos, el programa se destina principalmente a las mujeres ya que nueve de cada diez transferencias tienen como titulares a éstas. No obstante, en ningún objetivo o meta se hace referencia o se especifican acciones positivas destinadas hacia el género femenino ni a las mujeres en particular.
El Programa dirige sus acciones a los hogares residentes en la Ciudad de Buenos Aires en situación de pobreza, enfatizando su accionar en los de mayor vulnerabilidad, entre estas características se destacan: la presencia de embarazadas, menores de dieciocho años, discapacitados y adultos mayores. La condición para acceder al beneficio es la asistencia escolar y el control de la salud de embarazadas, niños y adolescentes. El beneficio que otorga el Programa consiste en un subsidio mensual a ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con documento nacional de identidad, que no sean beneficiarias de otro programa de transferencias monetarias (como por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo) y que no posean un trabajo registrado. El monto del subsidio se establece de acuerdo al valor de la canasta básica alimentaria, tomando como parámetro, el adulto equivalente, fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la situación de pobreza del hogar y la composición del mismo.

Los destinos del dinero

Previo a adentrarme en el análisis cualitativo de la información recogida en terreno, considero que puede ser de utilidad para el lector conocer las principales características de las mujeres comprendidas en la investigación que dio origen a este texto, con el fin de contextualizar el análisis cualitativo que desarrollo a lo largo del texto.2 Para comenzar, quisiera señalar que las nacionalidades de las mujeres beneficiarias entrevistadas se distribuyen entre: 51% argentina (53 de 104 entrevistadas); 20% boliviana; 15%  paraguaya; y 14% peruana. En lo que respecta a las edades de las beneficiarias, el promedio es de 37.1 años. Al considerar el lugar de residencia, el 57.5% habita en barrios con casas de material y revoque, mientras que el resto reside en asentamientos. La media de miembros por hogar es de 5.5, entre los cuales: 40% vive en hogares con cinco y seis miembros, el 35% lo hace en hogares con tres y cuatro miembros y el 25% de los hogares tiene siete, ocho y más miembros. El 57.5% de las encuestadas refirió vivir sólo con su familia nuclear (compuesta principalmente por ella, el cónyuge y los hijos de uno, otro y/o ambos). Para las beneficiarias que no cohabitan con sus cónyuges, la táctica de vivir en el marco de una familia extendida abarca a casi el 70% de las mujeres, encontrando en su familia de origen un recurso no sólo monetario, sino también social, ya que ésta colabora cuidando a sus hijos a la hora de salir.
En lo que respecta a las maternidades de las beneficiarias, el número medio de hijos es de tres, entre las cuales: el 18% tiene sólo un hijo/a, el 33% dos hijos/as, el 18% tienen tanto las mujeres con tres y cuatro hijos/as y el restante 13% tiene cinco y más hijos. La edad media para el inicio de las maternidades son los 22.4 años y casi la mitad de las mismas tuvo su primer hijo entre los quince y los diecinueve años. Al analizar los niveles máximos de escolaridad alcanzados por las beneficiarias, se observa que el 10% no terminó los estudios primarios, poco más del 20% sí lo hizo pero no continuó, el 35% inició pero no terminó los estudios secundarios y el 32% terminó la secundaria.
De forma semejante a lo documentado en investigaciones previas (Armas, 2004; Martínez Fronzoni & Koen Voorend, 2008; Srinivasan & Metha, 2003; Vos et al., 2001; Zibecchi, 2009), el programa procura reforzar a través del dinero la situación económica de los hogares marginales y vulnerables -en general- y de las mujeres -en particular-. Ello, bajo el supuesto compartido tanto por las beneficiarias como los/as funcionarios/as, que ellas utilizan mejor que los hombres los recursos brindados, debido a que los destinan a satisfacer principalmente las necesidades de alimentación, salud y educación de sus familias. Estos supuestos, se corresponden la transferencia principalmente a las mujeres (casi el 90% equivalente a 94 entrevistadas) que se realiza en el programa.
Se evidencia, lo que en la bibliografía se denominó como focalización sexista de la política social (cfr. Attanasio & Székely, 2001; Serrano, 2005) que plantea que el Estado social ha intervenido en materias relacionadas con las mujeres con modelos de familia tradicional formada por una pareja de adultos con hijos que asumen roles predeterminados: el jefe de hogar, el rol de proveedor y cabeza del grupo familiar y la mujer-esposa-madre, por su parte, que asume la tarea reproductiva en el ámbito doméstico. Esta situación, no sólo impacta en la capacidad de tiempo disponible de las mujeres ya que la carga de trabajo de todo el grupo familiar se dirime entre mujeres, sino también deja por fuera a los hombres de la política social -en el marco de una economía marcada por la precariedad e inestabilidad laboral de los sectores más marginales y vulnerables-, a la vez que no promueve su inclusión, participación y responsabilización de las actividades de provisión, cuidado, atención y contención del hogar y la familia.
Para ilustrar este punto con la información cualitativa recogida en la investigación, presentaré un fragmento de la entrevista con Paula de treinta y un años, quien tiene cinco hijos todos menores y que vive con la familia de su marido en la misma vivienda pero no comparte los gasto con ésta y de Jimena, de veintiséis años, madre de un hijo, separada y que vive con su madre enferma. Ambas residen en asentamientos precarios con las características típicas de las denominadas villas del sur de la ciudad de Buenos Aires y dan cuenta de ciertas incompatibilidades entre el trabajo asalariado extra doméstico y el trabajo de cuidado de los miembros del grupo familiar.

Entrevistadora: ¿Para qué usan el dinero del programa?
Paula: Alimentación, higiene personal [...] A mi mamá enferma le sirvió montón. Ayuda bastante para sentirte mejor, por la comida. Mi mamá dejó un poco de trabajar en casa de familia, haciendo limpieza por hora [...] cobraba muy bien, hacía muchos años, pero tuvo un problema serio en la rodilla, se cayó y no podía trabajar. Y yo trabajé hasta el 2008 [...] cuando vine trabajaba pero por hora porque [...] Karen [la hija menor] nació con problemas del corazón, y entonces no podía tener trabajo fijo [...] pero ahora tengo la tarjeta y es un ingreso fijo y la puedo cuidar, llevar al hospital cuando está mal, a los controles, a rehabilitación [...].
Jimena: En mi caso, yo estoy criando a mi hijo y mi nene tiene, una […] si bien no llega a ser una discapacidad, pero tiene el trastorno de déficit atencional y tiene hiperactividad [...] entonces demanda, mucho tiempo y bue! [...] hay que llevarlo a psicopedagoga, hay que llevarlo a psicóloga hay que [...] una serie de cosas. Lo estoy tratando en el hospital y entonces […], tengo mi madre que tiene 80 años también que, tengo que apuntalarla y un montón de situaciones familiares que hacen, que […] que bueno […] pero si, la intención es trabajar, pero trabajo todo el día con ellos y si quisiera trabajar 4 horas, mientras el nene está en el colegio, no podría por mi madre y todas las otras cuestiones familiares [...] (Grupo Focal 4).

Lo expresado por Paula y Jimena da cuenta de una ya vieja discusión en las ciencias sociales acerca de las incompatibilidades entre el trabajo doméstico y el asalariado en las mujeres. Cuidar y trabajar, es la tensión. Las restricciones económicas que afrontan, impiden que éstos puedan tercerizar en el mercado los servicios requeridos y, en consecuencia, aumenten la dependencia familiar para la provisión del bienestar. Asimismo, la delegación de las tareas de cuidado en la familia también se debe a que ésta es concebida como un valor, cuyos miembros establecen entre sí vínculos recíprocos de confianza.
Al respecto, tanto en los relatos de algunos funcionarios de los tres niveles de gobierno como en los comentarios que las beneficiarias mencionaron recibir o escuchar en los comercios o en la calle, está presente la noción que el dinero entregado en las transferencias desincentiva el trabajo asalariado tanto de mujeres como de hombres. En relación con la posibilidad de trabajar menos horas de forma asalariada y dedicarse a las tareas de reproducción familiar y doméstica, en los relatos de Paula y Jimena -como también de otras entrevistadas- se pone de manifiesto el hecho que la noción del hombre como  proveedor principal de alimentos y bienes necesarios para la reproducción del grupo doméstico, se encuentra debilitada no sólo por dificultades en la obtención de ese dinero, sino por el destino del mismo. Ahora bien, previo a continuar desarrollando este punto, considero que puede resultar útil al lector algunos daros cuantitativos.
Para comenzar, señalaré que la media de los ingresos del hogar referidos por el programa Ciudadanía Porteña es de $680 (año 2011). Este valor varía según se trate de mujeres nativas o migrantes: para las primeras el ingreso medio es de $617, mientras que para las segundas es de $758. Lo mismo sucede cuando se calculan las medianas de los ingresos de los hogares3, según si las beneficiarias son nativas o migrantes: para las primeras es de $2220, mientras que para las segundas es de $1700. Si consideramos la presencia o no del cónyuge en el hogar, en aquellos hogares con cónyuge conviviente el monto medio percibido por el programa es de $700 a diferencia de los $567 de ingresos medios por el programa para los hogares donde no reside el cónyuge.
El 41% (de 104 casos) de las beneficiarias entrevistadas manifestó tener un trabajo asalariado, mientras que el restante declaró no tenerlo sin diferenciarse si lo estaban buscando o no. De éstas, casi el 75% mencionaron que habían podido disminuir el número de horas trabajadas por semana o que frente a la posibilidad de trabajar por un monto cercano al que perciben por el programa prefieren no hacerlo. Dentro de los principales motivos que mencionaron fue: a) la incompatibilidad entre los horarios de los hijos (escuelas, comedores, jardines de infantes, actividades extra curriculares, turnos en los centros de salud, tratamientos médicos, psicológico y de rehabilitación), los de sus trabajos y los vinculados a las responsabilidades de la casa y el resto del grupo familiar; b) las dificultades de dejar a los hijos al cuidado de otra persona cuando ellas no se encuentran en las casas; c) los problemas de salud tanto propios como de otros miembros del grupo familiar que requieren cuidados; d) la violencia que se vive en el barrio, los peligros que los hijos adolescentes o jóvenes se trasladen solos en los barrios y asentamientos y, por último, la desconfianza de dejar la vivienda; e) la imposibilidad económica de tercerizar las actividades del hogar o de cuidado, atención y contención de la familia -a diferencia de lo que hacen los sectores medios de la sociedad-.4
En concordancia con lo registrado en otras investigaciones (CIESAS, 2001; López & Salles, 2006), las mujeres incorporaron productos nuevos desde que perciben el programa, aunque la mayoría sigue comprando lo mismo pero en mayor cantidad, no registrándose diversificación o modificación del patrón alimentario. Los productos mencionados por las beneficiarias fueron clasificados considerando el orden de mención (primero, segundo, tercero y cuarto). Con base en esta clasificación, los dos productos que fueron nombrados en primer lugar fueron: carnes (vacuna y pollo) y lácteos, ambas en un 33% cada una respecto del total de productos mencionados. El resto de ítems mencionados en primer lugar, no supera el 5.5% del total. Si bien, las carnes y los lácteos comparten el primer lugar en orden de mención. Cuando se analizan el total de beneficiarias que mencionaron lácteos fue del 83.3%, mientras que las mujeres que mencionaron las carnes fue de 47.2% sobre el total de encuestadas. El 48% mencionó comprar algún producto específicamente para ella, especialmente dentro del rubro higiene persona (desodorante, shampoo, otros cosméticos), diferenciándose una mención del rubro limpieza (cera para pisos) y una de útiles. Es pertinente señalar que los almacenes o supermercados barriales ofrecen ciertas ventajas a las mujeres cuando éstas no disponen de efectivo, ya que en éstos se les permite comprar con la tarjeta de otra persona (puede ser la de la madre o la hija), mientras que en las grandes cadenas de supermercados les solicitan el documento de identidad cuando presentan la tarjeta para pagar.
Un aspecto importante a destacar de las entrevistas realizadas y que se vincula estrechamente con la capacidad productiva de las mujeres, es que el dinero recibido no sólo permite ampliar cuantitativamente la mercadería que se compra, sino que también permiten el desarrollo de pequeños emprendimientos. Claro está, que esto último también se presenta asociado a ciertos sentimientos encontrados de desconfianza y bronca por parte de algunas de las beneficiarias que no los realizan. Un ejemplo de ello, lo comenta Julia (veintisiete años, unida y madre de tres hijos) quien compra harina en un mercado mayorista para la elaboración de pan que vende cerca del centro porteño. De forma semejante, Valeria (treinta y un años, unida y madre de cinco hijos) compra harina, carne y verduras para la realización de empanadas que vende los fines de semana en el barrio, sobre todo cuando se realizan los torneos de fútbol.

Julia: Yo este año mi marido me compró el hornito y empecé a hacer pan, compro con la tarjeta harina, levadura y todas esas cosas, y empecé a hacer pan, de lunes a viernes vendo pan con mi mamá y algo entra [...].
Valeria: yo compro en Equi la harina, la carne y la verdura y los fines de semana me hago empanadas y las vendo ahí en el barrio. Me voy a donde hacen los torneos de fútbol y ahí vendo [...] con eso [...] me ayudan mis hijos también [...] y con eso es que tengo un ingreso (Grupo Focal N° 4).

En estas circunstancias, el apoyo contribuye a mejorar las condiciones de vida en general por los ingresos extras que genera la venta de las empanadas o pan e incide en la elaboración de un proyecto propio por parte de las beneficiarias. Como menciona Molyneux (2007) en su análisis de la política social de transferencias condicionadas en México, las transferencias son factores que no sólo dan recursos sino que también pueden afectar la conversión de recursos preexistentes en activos. Siguiendo esta proposición que realiza la autora y aplicándola al análisis de los relatos de Julia y Valeria, el dinero percibido al permitir comprar el horno y las materias primas para la elaboración de los panes y empanadas transforma los recursos previos que disponían las beneficiarias (conocimientos de cocina, utensilios domésticos, etc.) en activos y que, en cierta medida, mejoran la vulnerabilidad de esos hogares.
Entre otras oportunidades documentadas que abre la entrega del apoyo en efectivo, se encuentra la de pagar deudas ya que el dinero que ingresa por los trabajos de la beneficiaria y/o su cónyuge se destina para ello comprometiendo en menor medida el sustento alimentarios del hogar. Al respecto, los relatos de Ana (veintiséis años, con dos hijos y unida) y de Valeria (treinta y un años, cinco hijos y unida) resultan ilustradores de esta lógica de distribución de los ingresos.

Entrevistadora: Lo que compran con la tarjeta, ¿para cuánto les alcanza?
Ana: Más o menos dos semanas.
Valeria: Dependen del monto que reciba cada una... yo tengo las dos, capaz que la de Estudiar y Trabajar no la toco y gasto la otra. Yo la que gasto generalmente es la de Ciudadanía Porteña porque me cargan un monto muy grande así que es la que gasto más [...] El sueldo de mi marido lo usamos con los gastos de las deudas y otras cosas más, la ropa y otras cosas [...].
Entrevistadora: ¿Y van pudiendo ahorrar?
Micaela: Yo pude arreglar mucho mi casa y poder estudiar, porque si no hubiese tenido la tarjeta me tendría que dedicar a trabajar y lo que menos podría hacer es arreglar mi casa. Me sirvió mucho poder estudiar y al mismo tiempo arreglar un poco mi casa y todo, porque ahorras un montón [...] (Grupo focal N°1).

En otro sentido, es frecuente escuchar a las beneficiarias mencionar que desde que reciben la transferencia pueden tener pequeños endeudamientos con los comerciantes locales quienes les permiten la compra a crédito al saber que ellas reciben mensualmente dinero, así como también el intercambio entre beneficiarias (casi con exclusividad entre familiares) de mercadería posibilita adquirir los bienes que el hogar necesita. Si bien presente, es muy poco frecuente que los productos adquiridos sean intercambiados por servicios originados por otras necesidades o exigencias del grupo doméstico. No obstante, Carla (treinta y cuatro años, dos hijas y separada) mencionó que entrega la tarjeta para pagar el alquiler de su habitación sin baño ni cocina para ella y sus hijas.

Yo alquilo una piecita y ahí estoy con mis dos nenas. El hijo de la señora que me la alquila me arregló para que yo le entregue la tarjeta como [forma de] pago todos los meses. Como yo estoy sola y no puedo mucho trabajar porque si no las tengo que dejar solas en la casa [a las hijas de nueve y once años] [...] porque mi familia es de Paraguay y no tengo a nadie acá [...] para comer nos vamos al comedor y ahí la gente es muy buena y siempre nos dan algo para llevarnos y cuando necesitamos algo también se fijan qué nos pueden dar [...] (Entrevista individual, Carla, 34 años).

Haciendo una recapitulación de las consecuencias directas o indirectas que las transferencias tienen en las dinámicas domésticas vinculadas a la provisión de bienes y servicios en el hogar, encontramos: a) ampliación de la cantidad y, en menor medida, de la diversidad de alimentos; b) mejora de la vivienda; c) compra de infraestructura e insumos para micro-emprendimientos productivos; d) posibilidad de créditos en comercios locales; e) pago de deudas; f) pago del alquiler de viviendas. Ahora bien, estos mismos aspectos positivos señalados por algunas beneficiarias son criticados por otras que dan cuenta del descontento por la falta de controles por parte del gobierno de la ciudad de los destinos que tiene el dinero que transfiere el programa.
Algunas entrevistadas mencionaron que, en ocasiones, otras beneficiarias utilizan el dinero que se les entrega no para el abastecimiento del hogar sino para otros fines y que esto, desde sus perspectivas, le quita la posibilidad de dar el beneficio a mujeres que realmente lo necesitan. Un ejemplo de ello son Analía (veinticinco años, un hijo y unida) y Sofía (veintinueve años, cuatro hijos y unida).

Analía: Yo creo que es una ayuda la tarjeta [...] pero hace falta control para la gente que la tuvo y pudo progresar. Yo tengo la mamá de un compañero de mi hijo en el colegio que cobra la tarjeta, que cobra inclusive caja y no sé un par de cosas, y el marido trabaja en blanco y ella se puso un negocio en una galería, una tienda de ropa interior, entonces 'stop', ahora no la necesita, si tu marido trabaja en blanco y vos tenés un negocio algo entra ahí, sino cerras. Esas cosas son las que ¿nadie se da cuenta, nadie controla? Ahí veo la injusticia [...] Esa gente, yo veo que compran la mercadería y se pone a venderla, el primer mes vende toda la mercadería, sacó la ganancia completa de eso, y al otro mes van a comprar, y al otro...
Sofía: [...] yo no me meto y no me gustaría que se metan conmigo. A veces estoy tentada de agarrar el teléfono y llamar al 147 o al 0800 para denunciar. Imaginate, hay gente que no le dan el programa y que una sabe que lo necesita, que tiene hijos y que no tiene nada y no se lo dan. Y hay otras que una vé que tienen un negocio y que  compran las cosas del negocio con las tarjetas y después las venden [...] Mi marido me dice que me quede tranquila [...] te da miedo porque imaginate que le digan 'una vecina de tal casa dijo que usted tiene un almacén o que compras todo cerveza' […] después vienen a mi casa y me rompen todo [...] y tengo los chicos [...] no imaginate [...] no llamo (Grupo Focal N° 3).

Esta última dimensión resulta de especial importancia ya que genera tensión entre las beneficiarias, situación que se refuerza con un entorno social caracterizado por lazos comunitarios y mecanismos de reciprocidad y de solidaridad erosionados. Al respecto, en el relato de Sofía se pueden identificar dos dimensiones vinculadas a los usos que tiene la tarjeta en los barrios: una es la desconfianza y la otra es el miedo. Sofía manifiesta un dilema entre su sentido de justica por saber que el dinero lo recibe miembros de su barrio que, en sus propios términos "no lo necesita", por un lado, y el miedo que le generan las posibles consecuencias negativas de realizar lo que ella considera correcto. Así con la expresión "después vienen a mi casa y me rompen todo [...] y tengo los chicos [...]" da cuenta de ello.

Salario a la maternidad

Los sentidos y experiencias de maternidad se conforman a partir de un entrelazado de elementos de continuidad y otros de cambio. En particular, desde la mayoría de los discursos sociales de legos y expertos y desde las instituciones sociales (escuela, centros de salud, entre otras) se continúa responsabilizando a las mujeres-madres por el bienestar, supervivencia, crecimiento y desarrollo de los hijos. A la vez que se impone -sobre todo en barrios más pobres- su participación en el mercado de trabajo como un imperativo tendiente a poder revertir las situaciones y consecuencias de la pobreza y la vulnerabilidad de los hijos, en particular.
Como se mencionó en el apartado anterior, las beneficiarias comienzan a considerarse a sí mismas como las principales responsables de adquirir los bienes para satisfacer las necesidades del hogar. Al analizar los micro-mecanismos referidos por cada una de las beneficiarias en relación con sus dinámicas familiares y domésticas y los trabajos asalariados, se configura lo que he denominado como madre proveedora. Esto puede darse por un conjunto de factores como la autodeterminación de las propias mujeres, la decisión del hombre de disminuir las horas de trabajo, el desempleo, el hecho que éste efectivamente destine una porción de sus ingresos para la compra de alimentos u otros bienes necesarios y/o que envíe dinero cuando no se encuentre viviendo en la casa.
Todo ello, a la vez que se presenta como una mujer presente, cuidadora, cariñosa, tolerante y que está pendiente del bienestar de los hijos. Esto es, de una mujer que prioriza las necesidad de los hijos frente a las propias. Un tipo de madre que fuera consolidado por el auge de la familia burguesa y patriarcal que requiere de la existencia de un amor maternal para que la mujer se implique con los hijos y tengan más posibilidades de sobrevivir (Badinter, 1981) y que se representa a partir una matriz de imágenes, significados, prácticas y sentimientos que siempre son social, histórica y culturalmente producidos.
Por ejemplo, Mónica de treinta y cinco años, madre de dos hijos y unida por tercera vez, al igual que Ana, de veintiséis años, también madre de dos hijos y que convive con el padre de ambos, dan cuenta de entramado de elementos de continuidad y de cambio que se evidencia en la expresión: "nosotras somos las que hacemos y sabemos".

Mónica: A mí esto me viene bárbaro, estoy sin trabajo y mi marido también desde hace un montón [...] y él no es estable [...] el papá de los nenes [...] en este momento estoy dependiendo del programa [...] si yo no llevo la comida con lo de la tarjeta, no tendríamos nada [...] con la tarjeta compro la mercadería, hago la comida [...] si hace falta alguna ropita, también [...] y sé que eso no falta [...] yo creo que por eso nos lo dan a nosotras, porque somos la que hacemos y sabemos.
Ana: Antes de la tarjeta yo trabajaba yo pero ganaba $100 por semana y mi pareja siempre hizo changas. Él ganaba más que yo [...] lo que pasa es que lo gastaba en otra cosa [...] Él cuando ganaba más tomaba y se gastaba la plata ahí. Ahora hizo un tratamiento y ya no toma más. Siempre trabajaba yo y trabajaba él. Él daba muy poco pero yo me manejaba (Grupo Focal N° 1).

Siguiendo los relatos de Ana y Mónica, la posibilidad de provisión por parte del hombre depende no sólo de que éste se encuentre con trabajo, sino que también que destine el dinero para el abastecimiento del hogar. La expresión "lo gastaba en otra cosa" o "él no es estable" extensible a muchas otras entrevistadas,  da cuenta que estos hombres- padres con trabajo no presentan al abastecimiento como prioridad en el gasto de sus salarios. Frente a estos hechos, las mujeres-madres- beneficiarias esgrimen diversas estrategias para el abastecimiento del hogar. Entre las cuales, hemos podido documentar: el trabajo asalariado, el pedido, el intercambio de trabajo por mercadería, inscribirse en comedores comunitarios y diversas instituciones barriales (iglesias, organizaciones no gubernamentales, centros barriales) para conseguir alimentos, ropa o medicamentos y los planes sociales que brindan las diversas instancias de gobierno.
Como se desarrolló en el apartado anterior, con el dinero recibido por el programa las mujeres refieren que pueden comprar todo lo que consideran necesario para realizar las diversas comidas, la limpieza del hogar y el aseo personal, así como alguna vestimenta, calzado, útiles o sustancias para la combustión (principalmente, garrafas). Ahora bien, los sentidos atribuidos a los impactos de la ampliación del consumo y del dinero percibido en las economías domésticas se extienden al horizonte normativo que permea los roles genéricos dentro de la familia. Clara (treinta y ocho años, tres hijos y unida) y Aurora (treinta años, cuatro hijos y unida) son un ejemplo. Ambas en sus relatos mencionan que cuando esperaban que sus maridos les dieran dinero para comprar los bienes para el abastecimiento, por lo general, no les alcanzaba mientras que ahora que ellas reciben directamente el dinero por el programa pueden comprar "todo lo que necesita". Claro está que esta "necesidad" es la del grupo doméstico.5

Clara: Desde que tengo la tarjeta voy a Coto y sé que compro todo lo que necesito, no tengo que estar midiendo o ir en el día a comprar cada cosa, por lo menos tengo todo en mi casa y si esperaba a mi marido [...] no tenés efectivo, no tenés plata para comprar, si no te da no tenés para hacer las comidas y a veces no me daba y tenía que ir al comedor o mi mamá nos daba algo [...] lo importante es que con la tarjeta sé que voy y compro todo lo que necesito para manejarme en mi casa [...] el dinero lo uso para todos pero me fijo yo en qué lo gasto porque soy yo la que se todo de la casa... es un dinero que nos dan a nosotras porque somos las que sabemos hacemos todo [...] qué falta, qué no [...].
Aurora: A mí también [...] antes era re difícil cuando le tenía que pedir para cada cosa [al marido], porque no te daba de una vez para ir al super y comprar de todo [...] y tenía que ir día a día con lo que me daba y nunca alcanzaba [...] y él se compra de todo cuando tiene plata, a veces se compra para tomar con los amigos o compra unas galletitas recaras y no se fija lo que se necesita en la casa, los chicos [...] (Grupo Focal Nª 2).

La expresión "manejarse" da cuenta de cierta autonomía en la administración de los recursos del hogar, misma que se entrelaza en las entrevistas con relatos acerca de que lo comprado es "lo esencial" para la alimentación y funcionamiento del hogar descartando en la mayoría de los casos el gasto "en algo que no se necesita". En este sentido, los relatos de las beneficiarias refuerzan los supuestos por los cuales los subsidios son destinados principalmente a las mujeres debido a que ellas priorizan el bienestar de los miembros del grupo familiar por sobre el propio. Entonces, a la vez que se refuerza este rol femenino, también se fortalece la autonomía de las mismas al no tener que pasar por situaciones de dependencia como las que relatan tanto Clara como Aurora expresadas en "si no te da [dinero el marido], no tenés" o "le tenía que pedir para cada cosa", por un lado, y las expresiones de "compro todo lo que necesito para manejarme" o "me manejo yo, compro lo que necesito". La secuencia de necesitar y pedir o necesitar y manejarse, cambia la forma en que se entabla la relación con sus contraparte genéricos, lo cónyuges.
Esta dinámica de abastecimiento de la familia presente en Clara, Mónica, Aurora y Ana da cuenta de un cambio en los sentidos atribuidos al rol de proveedor de los hombres pasando a ser las mujeres-madres las responsables de dicha actividad. Es decir, desde la perspectiva de las propias beneficiarias, ellas y sus maternidades se representan a partir de un doble rol: madres-amas de casa y proveedoras, desplazando no sólo en la práctica sino simbólicamente al hombre en su rol tradicional de ser el proveedor del hogar. En cuanto a su rol de madres-amas de casa, diversas investigaciones al respecto han señalado que, sobre todo, en las mujeres pobres el rol maternal brinda a las mujeres recompensas y gratificaciones que no encuentran en otros ámbitos de sus vidas (Marcús, 2003). A la vez que se vinculan con procesos de desincrustación social e institucional (Fainsod, 2011), las maternidades se ven moldeadas por el tipo e intensidad de los vínculos comunitarios como por las redes afectivas básicas. A partir de concebir a los hijos como propios, se reproduce y afirma aún más el lugar de madre como dadora de identidad a las mujeres.
Esta noción genérica de la maternidad y el cuidado, se encuentra estrechamente vinculada a la de familia nuclear (padre proveedor y madre-ama de casa) que constituye el modelo sobre el que se planifican las políticas públicas (Cosse, 2006; Jelín, 1998; Nari, 2004). Ahora bien, este horizonte normativo de la familia y la maternidad no escapó a los cambios sociales, políticos y económicos sucedidos en la sociedad argentina durante los últimos treinta años, distanciando cada vez más -y en mayor cantidad de hogares- lo posible de lo estipulado, sobre todo en los sectores marginales y vulnerables de la sociedad. En correspondencia, algunos aspectos de la organización doméstica familiar exhiben señales de cambio, como por ejemplo, el sostenido incremento de la participación de las mujeres-madres en el mercado de trabajo, que redefine las nociones de sustento económico familiar y del papel social de la mujer en la sociedad.
En lo que respecta al desplazamiento en el rol de proveedor del hogar, esto si bien tiene raigambre en procesos sociales que se vienen desarrollando en torno a la familia, las redes vinculares y la conformación de las familias, se vio facilitado y acelerado por la tendencia a feminizar la política social, sobre todo del tipo de transferencias monetarias. Según la perspectiva de las propias beneficiarias entrevistadas, ellas no sólo tienen autonomía para hacerlo, sino que esa autonomía presenta tanto una dimensión económica como de otra asociada a la noción de la buena maternidad. Es decir, este cambio en el rol de provisión se considera como parte de las actividades de reproducción doméstica, siendo las decisiones y la administración sobre el gasto referido a la reproducción del hogar como la compra de suministros para la realización de las comidas diarias, los útiles escolares, la ropa de los hijos, los artículos de limpieza e higienes se presentan como actividades exclusivas y excluyentes de la mujer.
En correspondencia con lo anterior, las mujeres son las que generalmente realizan los trámites en instituciones gubernamentales, en bancos y/o en diversas instituciones barriales (comedores, mercadería, materiales para el hogar), las que piden los turnos en los centros de salud, llevan a los hijos a los controles médicos, solicitan y retiran los certificados escolares para presentar en el marco de las obligaciones que impone la modalidad de contra-transferencia del programa, entre otras semejantes. Aunado a lo anterior, considero pertinente mencionar que en estos contextos de marcada vulnerabilidad y exclusión sociales del que dieron cuenta la mayoría de las beneficiarias, las actividades domésticas y de cuidado y atención de los hijos/as suelen ser burocráticamente complejas y tardar varias horas e incluso días.
Ahora bien, retomando los relatos de Ana, Clara y Aurora quienes -como otras semejantes- señalaron que la percepción de los ingresos por el programa han permitido que pudieran replantearse la autonomía económica respecto de los hombres, otras entrevistadas, como por ejemplo Josefina (veintiocho años, tres hijos y unida), también señalaron que ello se convierte en una enseñanza hacia sus propias hijas mujeres.

Yo creo que ahora tengo este dinero que sé que puedo comprar la comida para ellos [los hijos] y no es que le tengo que pedir para cada cosita que vaya necesitando a mi marido […] así es mucho mejor porque me manejo yo sola con el dinero, es mi dinero [...] puedo hacer todas las cosas de las casa y de los chicos tranquila [...] no dependes de
que venga si te quedaste sin nada o necesitas algo […] y yo siento que eso […] hasta es mejor para mis hijas que ven que no tienen que estar esperando que les den dinero para ir a comprar [...] Es como un dinero por todo lo que hacemos en la casa (Josefina, Grupo Focal N° 3).

Con la expresión "ven que no tienen que estar esperando que les den dinero" que manifiesta Josef na, ella da cuenta de la comunicación de un cambio respecto de las capacidades y autonomía femeninas. Este cambio registrado en Josefina y otras beneficiarias sobre la responsabilidad por la provisión del hogar si bien se presenta como recurrente, convive o no necesariamente reemplaza al horizonte moral instituido en la sociedad del hombre como encargado por la provisión y la mujer de las actividades domésticas y de cuidado hacia los hijos. Es decir, los cambios en los hechos registrados en muchas de las beneficiarias conviven con idearios de familia tradicional.
Los cambios analizados en este apartado dan cuenta del hecho que el favorecimiento del desarrollo de la autonomía de la mujer-madre-ama de casa en el manejo del dinero, se corresponden con lo relevado en investigaciones acerca de las consecuencias de los programas de transferencias condicionadas en las mujeres latinoamericanas respecto de la generación de una mayor autoestima y de conciencia de la capacidad de agencia de las mujeres para sobrellevar las situaciones de pobreza y vulnerabilidad (Arriagada & Mathivet, 2007; López & Salles, 2006). Si bien, se refuerzan los roles tradicionales de género donde las mujeres tienen que ser ante todo buenas madres, sirviendo a su familia y guardianas de los valores de virtud moral, altruismo, sacrificio (Armas, 2004; Arriagada & Mathivet, 2007; Martínez Franzoni & Koen Voorend, 2008). También se refuerza la autonomía de las mujeres y, a la vez, las mujeres beneficiarias del programa Ciudadanía Porteña conciben a este dinero como un salario a las tareas tradicionales que ellas deben realizar como madres y amas de casa. Es decir, la incompatibilidad maternidad-trabajo asalariado, en parte es resuelta al concebir que su trabajo es el cuidado de los hijos y el hogar y el salario a estas actividades está, en parte, dado por la transferencia. Las mujeres procuran "soluciones biográficas a problemas producidos socialmente" (Bauman, 2005: 66).
Es decir, retomando los resultados de las evaluaciones previas y analizando la información recogida en esta investigación, se puede señalar la siguiente tensión: a) en general, los programas de transferencias monetarias condicionadas -como es el caso del programa Ciudadanía Porteña- están diseñados sobre la base una concepción tradicional del papel de la mujer en la familia y el hogar; b) pero por otro lado, considerando los relatos de las beneficiarias entrevistadas se puede identificar que las propias titulares otorgan nuevos sentidos a sus prácticas cotidianas de atención y cuidado del hogar y la familia vinculados al manejo del dinero percibido por las políticas sociales en general -y por el programa Ciudadanía Porteña en particular-. Con ese dinero ellas abastecen, pueden "manejarse" y comprar lo que se necesita para el sostenimiento del hogar y la familia y no tienen que "esperar" a que los maridos/parejas les den dinero pudiendo decidir y administrar ellas cuándo, cuánto y qué se compra.
Asimismo, en estos cambios de sentidos a sus prácticas cotidianas radican las implicancias en sus subjetividades: relacionarse con otras personas, reconocimiento personal y aumento de la autoestima. Todo ello, claro está y como ya se mencionó en el marco de concepciones de maternidad y familia de tipo conyugal o nuclear (por ejemplo: en el programa Ciudadanía Porteña el ingreso por hijos sólo incluye a los hijos reconocidos biológicos o adoptados y no a nietos, sobrinos, hijos/as de allegados u otros menores a cargo), lo cual facilita la conformación y consolidación de un modelo familiar asociado a las intereses del Estado (Cosse, 2006; Nari, 2004).

Conclusiones

Luego de la revisita a algunos de los programas de transferencias implementados tanto en Argentina como en el resto de la región, queda claro que existe una tendencia hacia designar a las mujeres como las beneficiarias de las políticas sociales destinadas a disminuir los índices de pobreza. Asimismo, que muchas de las evaluaciones y análisis de estas políticas sociales pusieron el énfasis en atender los impactos de estos ingresos en las economías de las familias, los hogares, las relaciones inter e intragénero y la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Ahora bien, considerando las características descritas acerca de los programas de transferencias condicionadas en general y las particularidades que posee el Ciudadanía Porteña, en el texto se describió y analizó la articulación de éste con las normativas y modelos de maternidad en relación con las características que adopta el ejercicio de las maternidades en contextos de pobreza, vulnerabilidad y marginalidad.
Los relatos de las entrevistadas dan cuenta de un modelo genérico de distribución de roles tradicional, en el cual la mujer es la principal encargada del cuidado y atención del hogar y sus miembros mientras que los hombres cumplirían el rol de proveedores. Dadas las condiciones de marginalidad, precariedad laboral y vulnerabilidad en la viven la gran parte de las beneficiarias, estos roles se presentan como esquemas normativos los que, en la práctica, generalmente no se cumplen. No obstante, las mujeres del hogar son las responsables de las actividades domésticas y de crianza, a la vez, que a partir de percibir planes o sus salarios son las principales responsables del abastecimiento de alimentos y útiles. Por su parte, la asignación de roles referida por las beneficiarias da cuenta de un hombre que no ostenta la provisión del hogar ya sea porque no tiene trabajo, tiene alguna enfermedad incapacita, porque su salario no alcanza para cubrir los gasto del hogar o porque gran parte de sus ingresos lo destina para él mismo (cigarrillos, bebida, salida con amigos, compra de bienes de consumo caros).
Es decir, se evidencia la consolidación de un cambio que viene desarrollándose desde hace poco más de una década que ubica a las responsabilidades de abastecimiento del hogar como una competencia propia de las mujeres y no de los hombres mayores del grupo doméstico. Por el otro, se expuso el hecho que estos cambios no implicaban otros sustantivos en lo que respecta a las actividades femeninas propias de un modelo tradicional de distribución de roles genéricos al interior del hogar. De esta forma, las mujeres-madres continúa siendo las principales encargadas del aseo, la preparación de los alimentos, el cuidado, atención y contención de los hijos menores a cargo, los adultos mayores o los enfermos, a la vez que han comenzado a considerarse las principales encargadas por el abastecimiento del hogar. Fue necesario detenernos a analizar estos dos fenómenos ya que constituyen una parte sustantiva para poder comprender los sentidos atribuidos por las propias beneficiarias a los ingresos percibidos por el programa y, de esta, forma, delinear y exponer la noción de salario a la maternidad.
En estrecha vinculación con lo anterior, el 75% de las entrevistadas que trabajan mencionó que había podido disminuir el número de horas trabajadas por semana, en virtud de percibir con los ingresos del programa y los motivos recurrentes en ellas para tomar esa decisión fueron que al tener asegurada la compra de alimentos y útiles escolares. De esta forma, según las propias beneficiarias, pueden estar más tiempo en sus hogares cuidando a los hijos y familiares mayores.
Las decisiones y la administración sobre el gasto referido a la reproducción del hogar como la compra de suministros para la realización de las comidas diarias, los útiles escolares, la ropa de los hijos, los artículos de limpieza e higienes se presentan como actividades exclusivas y excluyentes de la mujer. Algunas beneficiarias, utilizan el monto del programa Ciudadanía Porteña para realizar emprendimientos como preparación de comidas para la venta o el intercambio de la tarjeta por la renta de la vivienda.

NOTAS

1 La investigación que dio origen a este texto consistió en una evaluación cualitativa de corte antropológico (por sus técnicas de recolección de la información y posterior análisis de la información) del programa Ciudadanía Porteña correspondiente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizada por un equipo de investigadores del Centro de Investigaciones en Políticas Sociales y Urbanas (CEIPSU) de la UNTREF, llevada a cabo durante los meses de octubre de 2010 a septiembre de 2011. La misma contó con el financiamiento de ONU-MUJER y recursos del CEIPSU.

2 En total se realizaron cuarenta y una entrevistas semi-estructuradas confeccionadas ad-hoc siguiendo los objetivos de investigación y las categorías e indicadores de análisis; seis grupos focales en los que participaron en total 58 beneficiarias y cinco entrevistas en profundidad. Todo ello, da un corpus final de 104 entrevistas con sus correspondientes observaciones. Asimismo, se mantuvieron charlas informales con maridos e hijos/as de las beneficiarias las que fueron volcadas en notas de campo. Todas las entrevistas fueron grabadas y los textos obtenidos analizados de acuerdo a las técnicas de análisis de narrativas y de contenidos. En una segunda instancia de la investigación, se analizó la información recogida con el fin de entrelazar todas las dimensiones en un análisis crítico comprehensivo.
Para la selección de las beneficiarias se realizó un muestreo aleatorio estratificado del padrón de beneficiarias correspondiente al año 2010 considerando un conjunto de variables consideradas relevantes a los efectos de segmentar el marco muestral en estratos homogéneos al interior y heterogéneos entre sí. Las variables utilizadas para segmentar el padrón fueron: a) lugar de residencia: vivienda en asentamiento-vivienda en barrio; b) lugar de nacimiento: nativo-migrante; c) máximo nivel educativo alcanzado; d) presencia de menores en el hogar (criterio determinante de la población objetivo del programa); d) antigüedad en el programa. Asimismo, se realizaron observaciones durante las instancias de entrevistas y en los barrios donde residen las beneficiarias.
Casi el 50% de las beneficiarias (54 de 104 entrevistadas totales) corresponde a mujeres de origen argentino, siendo el resto de origen boliviano, paraguayo y peruano. Al considerar el lugar de residencia, más de la mitad de las entrevistadas (58%, correspondiente a 60 beneficiarias) habita en barrios con casas de material y revoque, mientras que el restante residen en asentamientos con las características típicas de las denominadas "villas".

3 En este ítem se incluyen remuneraciones al trabajo asalariado, renta por negocios propios o trabajo por cuenta propia, rentas de la propiedad (alquiler de inmuebles), transferencias (recibidas de otros hogares, del país o del extranjero y de instituciones), excluyendo la producción para el autoconsumo y los regalos-pagos recibidos en especies.

4 Entre las diversas dimensiones asociadas al estudio de la pobreza y la vulnerabilidad, el presente análisis consideró el consumo (gasto). El consumo de las familias, en general, depende del gasto monetario y, en menor medida, del auto-aprovisionamiento y de regalos recibidos. Dado que la escasez caracteriza la economía de estas familias, su consumo (el consumo en términos amplios y el consumo alimentario específicamente) es de naturaleza restringida y se encuentra supeditado a cambios en las condiciones socioeconómicas del hogar; es decir, cambia de acuerdo con los ingresos y las necesidades por cubrir.

5 En concordancia con lo relevado con investigaciones previas (cfr. Armas, 2004; Arriagada & Mathivet, 2007; Martínez Franzoni & Koen Voorend, 2008).

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