NOTAS

Migrantes y poder judicial. Crónica de una investigación basada en datos secundarios

Migrants and the Judiciary. Chronicle of a research based on secondary data

 

Carolina Montera*
Romina Paola Tavernelli**

* Licenciada y Profesora en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales en la misma casa de estudios. Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Docente de "Metodología de la Investigación Social II" en la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: carolinamontera@gmail.com
** Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora tesista de doctorado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Jefa de trabajos prácticos del Seminario de investigación a cargo del Prof. Néstor Cohen, "Discriminación y prejuicio hacia el migrante externo: imágenes y discursos", en la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: rtavernelli@sociales.uba.ar

RECIBIDO: 01/07/2015
ACEPTADO: 16/10/2015

 

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RESUMEN

La presente nota reflexiona sobre la utilización de datos secundarios en la investigación sociológica, una estrategia que no recibió suficiente atención en la enseñanza universitaria y los debates académicos. Las ideas presentadas surgen de la experiencia de las autoras en la búsqueda y evaluación de fuentes secundarias para identificar posibles asimetrías en el accionar del sistema judicial de acuerdo con la nacionalidad de los sujetos. Las dificultades surgidas durante este trabajo llevaron a la reformulación de los objetivos y alcances iniciales de la propuesta. Pese a ello, se muestra la importancia de recurrir a esta estrategia para conocer y comprender ciertos fenómenos sociales.

Palabras clave: Datos secundarios; Estadísticas penales; Relaciones interculturales; Migración externa; Poder judicial

ABSTRACT

This note reflects on the use of secondary data in sociological research, a strategy that has not received sufficient attention in higher education and academic debates. The ideas presented here are based on the experience of the authors in the search and assessment of secondary data so as to identify possible asymmetries in the actions of the judicial system depending on the nationality of the law breakers. The difficulties that arose during this work led to the reformulation of the initial objectives and scope of the proposal. Nevertheless, the article shows the importance of using this approach to understand certain social phenomena.

Keywords: Secondary data; Penal statistics; Intercultural relations; External migration; Judiciary

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Introducción¹

Es una práctica extendida de investigación utilizar datos elaborados por otras personas y/o instituciones para analizar fenómenos sociales. Muchas veces, esta estrategia constituye la única forma de abordar ciertos aspectos de la realidad, aunque no esté libre de dificultades y prejuicios. Lamentablemente, la importancia que los datos secundarios tienen para el desarrollo del conocimiento no se condice con el entrenamiento que otorgan los cursos universitarios o el grado de reflexión que recibe en los círculos académicos. Cuando sí se habla de ellos, ineludiblemente, se destaca el ahorro de tiempo y dinero, pasando por alto las tareas y dificultades asociadas al trabajo con este tipo de fuente.
Partiendo de este hecho, el presente artículo reflexiona sobre la utilización de datos secundarios en la investigación sociológica. Las ideas que aquí se presentan surgen de nuestra participación en el proyecto Exclusión, control social y diversidad en la relación entre el migrante externo y las instituciones educativa y judicial² donde se analizaron estadísticas públicas para establecer si el Poder Judicial ejercía un tratamiento diferencial basado en la nacionalidad de los sujetos. En el presente trabajo se narran los obstáculos y limitaciones de dicha experiencia para mostrar que el análisis de fuentes secundarias está lejos de la simpleza e inmediatez con que suelen presentarlo los manuales de metodología. Por el contrario, examinar información construida en otros contextos no sólo demanda tiempo y esfuerzo, sino también capacidad analítica para evaluar su calidad y pertinencia para responder a nuevas preguntas de investigación.
En la primera parte del trabajo, se describe el problema de investigación cuya estrategia teórico-metodológica se basó en fuentes secundarias. Luego, se narra en detalle nuestra experiencia con este tipo de datos y se repasan las principales dificultades. Finalmente, se exponen algunas lecciones aprendidas, esperando que sean de ayuda a quienes desean reutilizar datos ya construidos.

Nuestro problema de investigación

En los últimos años, los estudios sobre las migraciones desde un enfoque que tome en cuenta la multiculturalidad han crecido consolidándose como un campo de conocimiento con nombre propio. Diversas disciplinas, como las ciencias de la educación (Juliano, 2002; Novaro, 2001), la demografía (Novick, 2008; Maguid, 1996); estudios centrados en el impacto económico de las migraciones (Schiller, 2009), o diagnósticos sobre las distintas poblaciones asentadas en el país (Cerrutti, 2009, 2005; Texidó, 2008; Pellegrino, 1995) han tomado al migrante como sujeto de estudio, indagando sobre los modos en que su presencia impacta en diferentes espacios y en relación a sus posibilidades de  acceso a diferentes derechos como salud, educación o vivienda (Mera, 2011; Jelin, 2006;). Por su parte, la antropología se ha dedicado a investigar las formas en que los migrantes se organizan como comunidad, se relacionan con otras existentes en los lugares de destino e, incluso, han indagado en las percepciones que ellos tienen sobre su relación con los nativos (Grimson, 2005). En estos estudios, ha predominado el método etnográfico, valorado por sus ventajas de observación de las situaciones de la vida cotidiana y por la importancia que asigna al rol de la subjetividad individual y colectiva.
A pesar del mencionado auge, quedan aspectos del fenómeno por explorar. En este sentido, creemos necesario avanzar en una mirada relacional que indague en la red de lazos, sentidos y acciones por las que transitan los migrantes en la sociedad que los recibe, más que en sus características y trayectorias individuales. Abogamos por una perspectiva que comprenda que la cuestión migratoria no es sólo cuestión de migrantes (Cohen, 2009). Este cambio es teórico y metodológico a la vez, pues, se requieren técnicas que puedan ver más allá del decir de los propios sujetos.  
La investigación Exclusión, control social y diversidad en la relación entre el migrante externo y las instituciones educativa y judicial, soporte empírico de este artículo, se inscribe dentro de esta perspectiva. En particular, se ubica en el punto de fusión de dos áreas de vacancia. Primero, porque aborda la cuestión migratoria desde las acciones y las representaciones de la sociedad receptora. Segundo, porque describe el fenómeno recurriendo a datos secundarios, una estrategia raramente utilizada en los estudios interculturales.
Uno de los objetivos centrales de la investigación fue conocer cómo se vincula la institución judicial con las poblaciones migrantes y la sociedad nativa, aspirando a descubrir la existencia de un tratamiento diferencial por parte de la institución en función del origen nacional de la población.³ Se buscó probar que los discursos y las prácticas del Poder Judicial son portadores de estigmas articulados al interior de un código moral hegemónico que segrega y excluye, privilegiando la condición de nativo, diluyendo la diversidad y estableciendo relaciones sociales de dominación y penalización diferenciales.
El interés por conocer el accionar del sistema judicial estuvo motivado por la importancia que las instituciones estatales tienen en la investigación sociológica. En particular, resultaba interesante estudiar el rol que la misma asume como brazo legal de los sectores dominantes y como reguladora de las relaciones humanas en el marco de un orden socialmente aceptado.
Metodológicamente, se decidió utilizar las estadísticas como forma de conocimiento de las prácticas y tácticas de disciplinamiento hacia la alteridad que forman parte de las relaciones sociales de dominación, entre nativos y migrantes externos, en la institución judicial. A partir de la información estadística, buscamos dar cuenta de lo que es el hacer judicial, es decir, la expresión de todas las prácticas judiciales que aparecen como objetivas y neutrales a partir de seguir determinados protocolos de acción. Así lo sostiene Wacquant (2007):

En términos más generales, está bien documentado que las prácticas judiciales aparentemente más neutrales y rutinarias, comenzando por la detención preventiva (reiterada), apuntan sistemáticamente a las personas de origen extranjero o percibidas como tales. Y 'la justicia a cuarenta velocidades' sabe demasiado bien cómo hacer el cambio a una velocidad más alta cuando se trata de arrestar, procesar y encarcelar a los residentes de zonas estigmatizadas con una densa concentración de desocupados y familias originadas en las migraciones laborales […] que se instalaron en los barrios hoy designados como 'sensibles' por la jerga estatal oficial (2007: 201).

Como primera labor, rastreamos las fuentes de datos que contaran con información sobre la relación entre el tipo de intervención judicial y el origen migratorio de los sujetos -en particular, personas nacidas en Bolivia, Paraguay, Perú y Asia-. Esta búsqueda se realizó a nivel nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abarcando el período 1980-2008. Las dificultades fueron muchas y los resultados menos contundentes de lo esperado. No obstante, cada obstáculo nos enseñó un poco más sobre el funcionamiento de las instituciones públicas, como también sobre el oficio de sociólogo.

La ardua tarea de buscar y evaluar datos secundarios

La búsqueda de datos secundarios se realizó entre julio de 2008 y noviembre de 2009. Durante ese tiempo, los integrantes del equipo de investigación nos dedicamos a rastrear las instituciones públicas que sospechábamos tendrían estadísticas sobre la situación de nativos y migrantes en el sistema judicial. Esta tarea duró varios meses más de los proyectados porque muy pocos organismos contaban con datos accesibles. En verdad, cada contacto que establecimos fue el comienzo de un largo camino de notas y llamados que no siempre finalizó con la obtención de información.
La renuencia a entregarlos o la falta de datos en las dependencias del Poder Judicial nos obligaron a extender el rastreo por fuera de los límites iniciales. Así, buscamos en organizaciones del tercer sector especializadas en la temática y en oficinas del sistema penitenciario⁴, lo que nos permitió acceder a datos significativos para analizar el tratamiento diferencial del sistema penal.
En total, contactamos a quince instituciones. De ellas, cuatro resultaron adecuadas para nuestros propósitos porque tenían estadísticas sobre el sistema penal desagregada para nativos y migrantes. Al representar los criterios de selección en un diagrama de Venn, vemos que las fuentes pertinentes para nuestra investigación eran únicamente aquellas que se ubican en la intersección de todos los conjuntos.

Figura 1. Criterios de selección de las fuentes de datos secundarios

Fuente: Elaboración propia.

Así, el primer conjunto de fuentes que descartamos correspondía a instituciones que poseían estadísticas sobre población nativa y migrante pero no relevaban información sobre la participación de los mismos en el sistema penal (Intersección I). Este grupo incluía al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas; la Encuesta Permanente de Hogares; la Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales y la Encuesta Anual de Hogares del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estos relevamientos son extremadamente útiles para conocer la estructura demográfica, los flujos migratorios (en un nivel básico), y las principales características educativas y laborales de la población pero nada dicen sobre el desempeño de las instituciones judiciales o penitenciarias.
El segundo grupo que excluimos estaba conformado por aquellas fuentes que si bien poseían información sobre nativos y los migrantes en el sistema penal, lo hacían en un formato distinto al estadístico (Intersección II). Aquí figuran el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, el Archivo General de la Nación, el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos y el Centro de Estudios de Población. Estas organizaciones cuentan con bibliotecas especializadas y una enorme cantidad de documentos escritos y fotográficos sobre migrantes en Argentina pero ninguna de ellas produce estadísticas sobre el tema.
En tercer lugar, prescindimos de aquellas fuentes que tenían datos cuantitativos sobre el sistema penal pero no registraban el lugar de nacimiento de las personas involucradas (Intersección III). Por ejemplo, el Poder Judicial de la Nación dispone de una base de datos con el estado y resolución de las causas judiciales pero no precisa la nacionalidad de las personas involucradas. Similarmente, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional lleva un registro de denuncias contra el abuso policial sin registrar el país de nacimiento de los denunciantes.
Como dijimos, las fuentes que resultaron pertinentes para nuestro trabajo fueron las que contaban con estadísticas que permitirían comparar la situación entre nativos y migrantes en el sistema penal (Intersección IV). Ellas eran: el Registro Nacional de Reincidencia, el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De ellas, entonces, debimos examinar detenidamente los datos suministrados.
El Registro Nacional de Reincidencia nos brindó una cantidad significativa de información en base a las sentencias de los años 1996-2001, 2004 y 2007. Las misma incluía: justicia interviniente, instancia judicial, cumplimiento de la condena, sanciones penales, medidas de seguridad, medidas tutelares, privación patria potestad, disposiciones generales, nivel de instrucción, estado civil, sexo, edad, otros nombres y apodos, nacionalidad, naturalización, años de residencia en el país, profesión, lugar del hecho, motivos determinantes, estado al delinquir, tipo de delito, reincidencia, antecedentes del procesado, antecedentes de su infancia, familia a su cargo, duración del proceso. Lamentablemente, tipo de delito fue la única variable desagregada por lugar de nacimiento con las siguientes categorías: Argentina, países limítrofes, otros países de América del Sur, España e Italia y otros países.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal tenía información publicada en el sitio web sobre las principales características de los internos extranjeros, entre las que incluían: país de nacimiento, sexo, situación legal y tipo de delito cometido (2003 y 2007). Este organismo contaba con datos para argentinos y extranjeros, de modo que pudimos saber si existen diferencias notorias entre el sexo, la situación legal y el tipo de delito cometido por los internos. Sin embargo, no se pudieron establecer diferencias según el país de origen porque la variable nacionalidad se presentaba dicotomizada en los grupos mencionados, sin identificar el lugar de nacimiento de los extranjeros.
En tercer lugar, recurrimos al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. La información obtenida de este organismo incluyó: las causas de muerte de los internos (2004-2007), la situación procesal (2000-2007), la matrícula educativa (2004-2007), los convenios de trabajo (2004-2007), los trabajadores por cuenta Ley 11.046 (2004-2007), la nacionalidad de los internos extranjeros⁵ (2004), la unidad de destino de los internos extranjeros (2007) y el año de inauguración de las unidades penitenciarias (1863-2006). Por desgracia, ninguno de estos datos estaba desagregado por nacionalidad ni incluía a la población argentina, imposibilitando la comparación con los migrantes. Además, carecían de toda explicación sobre la definición, operacionalización y forma de registro de las variables mencionadas.
El Consejo de la Magistratura nos brindó la mayor cantidad de datos de todos los organismos contactados. Incluso, fue el único que produjo cuadros específicos para nuestra investigación. De allí, obtuvimos las causas contravencionales ingresadas por nacionalidad y artículo (2004-2007), las causas contravencionales resueltas por nacionalidad y forma de resolución (2004-2006), las causas de faltas ingresadas por nacionalidad y artículo (2004-2007), las causas de faltas resueltas por nacionalidad y forma de resolución (2004-2006), las causas penales ingresadas por nacionalidad y artículo (2004-2007), las causas penales resueltas por nacionalidad y forma de resolución (2004 y 2006), las causas penales resueltas por nacionalidad y artículo (2005) y las causas en las que intervino el Ministerio Público de la Defensa por nacionalidad y artículo (2004-2007).⁶
Como muestra el cuadro, los datos facilitados por el Servicio Penitenciario bonaerense y muchas de las tablas brindadas por los demás organismos se descartaron por no estar asociados al país de nacimiento de los sujetos. Esto significa que la evaluación de las fuentes secundarias en función de las unidades de análisis consideradas nos dejó apenas con una docena de cuadros para analizar. El acceso a las bases de datos de los organismos hubiera permitido relacionar una mayor cantidad de variables con la nacionalidad de los sujetos, incrementado significativamente el volumen de datos disponibles. Sin embargo, el actual desarrollo de la producción y acceso a la información pública en nuestro país se encuentra lejos de tal realidad.

Cuadro 1. Variables según nacionalidad facilitadas por los organismos consultados, con sistemas de categorías y años de referencia

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, debemos mencionar que no en todos los casos pudimos acceder a documentos metodológicos o entrevistas con los responsables de la producción de la información para profundizar en las características de los relevamientos, los instrumentos de registro aplicados y la operacionalización de las variables, lo cual dejó algunos interrogantes sobre la validez y confiabilidad de los datos obtenidos. 

Ver más allá de las restricciones

Llegados a esta altura de la investigación, entonces, restaba analizar las estadísticas obtenidas para saber si las mismas permitían identificar asimetrías en el accionar del sistema judicial respecto a la población de origen local y migrante desde los años `80 hasta la actualidad. Cabe destacar que la información disponible introdujo algunas limitaciones a nuestro propósito inicial, ya que refería a un área temática, a una población y a un recorte tempo-espacial diferentes.

Cuadro 2. Comparación entre objetivo inicial y datos disponibles, según dimensiones relevantes

Fuente: Elaboración propia.

El primer cambio, ya lo mencionamos, fue la ampliación del área de interés. La ausencia de información en las oficinas del Poder Judicial nos obligó a extender nuestra preocupación inicial hacia el sistema penitenciario, donde hallamos algunos datos relevantes para responder las preguntas de investigación.
En segundo lugar, debimos adecuar la población bajo estudio porque no pudimos determinar el origen migratorio de los sujetos. En términos demográficos, por migración se entiende "[…] el desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde un lugar de origen a un lugar de destino o llegada que implica atravesar los límites de una división geográfica" (Welti, 1997: 124). Esta definición deja en claro que no todos los movimientos de personas son migratorios, como, por ejemplo los traslados laborales cotidianos o los viajes de turismo. Por esta misma razón, no todos los extranjeros en conflicto con la ley son migrantes. Muchos de ellos son personas en tránsito, como turistas o visitantes fugaces. Lamentablemente, las estadísticas nacionales no toman en cuenta esta diferencia y se aproximan al fenómeno migratorio a través del concepto de nacionalidad. El Registro Nacional de Reincidencia es la única fuente con información sobre los años de residencia en el país y la naturalización de los extranjeros condenados pero, al no poner estos atributos en relación con los demás, tampoco permite diferenciar entre extranjeros y migrantes. Esta situación es particularmente seria en el caso del Servicio Penitenciario Federal, pues, allí se computan los delitos de narcotráficos, muchos de cuales ocurren en zonas fronterizas e involucran a extranjeros que trasladan sustancias ilegales entre países.
En tercer lugar, debimos abandonar la mirada de largo plazo porque ninguna de las instituciones contaba con información para las década del 1980 o 1990. En el mejor de los casos, obtuvimos información sobre el tipo de delito cometido para el período 2000-2007. Incluso nuestra principal fuente de datos, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, no tenía información previa al año 2004 y las series temporales que brindó estaban incompletas.
En cuarto lugar, la escasa información disponible obligó a reducir el recorte geográfico. Si en un principio buscábamos caracterizar la situación de nativos y migrantes a nivel nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestra descripción quedó prácticamente limitada al ámbito porteño porque la mayor cantidad de datos fueron provistos por el Consejo de la Magistratura de dicha jurisdicción.
Con todo, los datos obtenidos apoyan la hipótesis de que el Poder Judicial ejercería un tratamiento diferencial en función del origen nacional de los sujetos. González & Catania (2008) ofrecen tres evidencias. Primero, la sobrerrepresentación de la población extranjera encarcelada respecto a su presencia en la sociedad: en el año 2007, el 21% de los reclusos era extranjero, mientras que sólo el 4% de los residentes en Argentina poseía la misma condición. Segundo, el crecimiento de la proporción de extranjeros entre la población detenida: en el año 2003, el 14% de los recluidos en penitenciarias federales había nacido en otro país (1.343 personas), mientras que cuatro años más tarde dicha proporción aumentaba al 21% (1.925 personas). Tercero, la proporción cada vez mayor de extranjeros privados de su libertad sin sentencia firme: en el año 2003, el 28% de los extranjeros alojados en cárceles federales estaba en calidad de procesado, mientras que dicho porcentaje creció al 63% para el año 2007.
Dado que las estadísticas penales más que reflejar la criminalidad de la sociedad, muestran la actividad del poder policial, judicial y penitenciario (Monclús Masó, 2006), estos datos indicarían que los extranjeros son víctimas de un proceso de criminalización mayor. La misma autora menciona que en el estudio de la relación entre migración y sistema penal deben tenerse en cuenta dos aspectos: uno estático -que refiere al complejo normativo y jurídico- y otro dinámico -que refiere a la aplicación de esas normas por el sistema penal- (Monclús Masó, 2008). En este sentido, entendemos que las estadísticas citadas revelan una la aplicación selectiva de las leyes para con los extranjeros. 

Palabras finales

Este trabajo tuvo como objetivo narrar las dificultades que tuvimos al utilizar estadísticas públicas para probar la existencia de un tratamiento judicial diferencial hacia nativos y migrantes. A lo largo de estas páginas, creemos haber dejado claro que la escasa disponibilidad de datos en Argentina vuelve esta tarea un gran desafío. No obstante, si reconocemos las dificultades y frustraciones que conlleva trabajar con fuentes secundarias no es para abogar por su abandono, sino, por el contrario, para alentar a descubrir su potencial en la investigación social. Existe un sinfín de datos aún inexplorados que pueden decirnos mucho sobre el presente y pasado de nuestra sociedad.
Lo que sí diremos, parafraseando a Howard Becker (2015), es que para hablar de la (in)justicia, las estadísticas no bastan. Las limitaciones encontradas en esta investigación nos obligan a buscar nuevas estrategias de indagación como, por ejemplo, entrevistas a funcionarios del Poder Judicial, estudio de fallos y casos testigos para establecer la incidencia del origen nacional en el proceso judicial, y análisis del discurso a partir de documentos y revistas especializadas del sector. En pocas palabras, creemos que debemos hacer jugar a la pluralidad metodológica de las ciencias sociales a nuestro favor para encontrar otros modos de develar los efectos del accionar estatal. La comprobación de prácticas discriminatorias en otros países y nuestra propia experiencia en educación, juventud y vivienda nos indican la importancia de esta tarea. Por lo demás, nadie dijo que ejercer una sociología crítica, capaz de denunciar mecanismos de segregación y exclusión socio-cultural sea una empresa sencilla. Desafíos como éstos son los que deben estimular nuestra imaginación sociológica. 

REFERENCIAS

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NOTAS

1 Una versión anterior de este trabajo fue presentada en III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, realizado en Manizales entre el 30 de agosto y 1 de septiembre de 2012. Agradecemos los comentarios que Luján Menazzi y Nora Morales hicieron a una versión preliminar de este escrito.

2 Proyecto de investigación acreditado y financiado por la Universidad de Buenos Aires, correspondiente a la programación científica 2008-2010, dirigido por Néstor Cohen, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

3 Además de la institución judicial, el proyecto de investigación tenía como universo de estudio a la institución educativa.

4 A fin de facilitar la lectura, en adelante hablaremos de estadísticas penales para referirnos a los datos producidos por el sistema judicial y/o el sistema penitenciario, sin olvidar que dicho concepto también incluye a las estadísticas policiales.

5 Dato calculado en base a muestras estadísticas.

6 Para todas las variables cuyas categorías referían a artículos del Código Contravencional y de Faltas, se buscaron los artículos mencionados y se construyó un nuevo sistema de categorías donde figura en acto o tema de referencia.