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Población y sociedad

versão On-line ISSN 1852-8562

Poblac. soc. vol.24 no.1 San Miguel de Tucumán jun. 2017

 

ARTÍCULOS ORIGINALES

La pobreza infantil en clave de derechos humanos y sociales. Definiciones, estimaciones y principales determinantes (2010-2014)

Childhood Poverty in Terms of Social and Human Rights. Definitions, Estimations and Main Determinants (2010-2014)

 

Ianina Tuñón*
Santiago Poy**
Agustina Coll***

* Socióloga, Magíster en Investigación Social y Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Es Coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Es Docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza, de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Sus investigaciones y publicaciones están focalizadas en aspectos del desarrollo humano y social de las infancias desde un enfoque de derechos. Correo electrónico: ianina_tunon@uca.edu.ar
** Sociólogo y candidato a Doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). Es Becario Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Es docente de la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de investigación están orientados al estudio del mercado de trabajo, la distribución del ingreso y la reproducción de los hogares. Correo electrónico: santiago_poy@uca.edu.ar
*** Licenciada en Relaciones Internacionales (Universidad Católica Argentina) y Maestranda en Generación y Análisis de Información Estadística (Universidad Nacional Tres de Febrero). Es Becaria de Investigación en el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Programa del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Investiga temas de pobreza en niños, niñas y adolescentes. Correo electrónico: agustina_coll@uca.edu.ar

RECIBIDO:14/03/2016
ACEPTADO: 04/08/2016

 


RESUMEN

Los niños, niñas y adolescentes conforman una de las poblaciones más vulnerables a la pobreza con relativa independencia de la definición y método de medición que se utilice. En este artículo se presentan diferentes formas de medir la pobreza a nivel de la infancia y adolescencia en la Argentina urbana, y se presenta un índice multidimensional que busca dar cuenta de la complejidad del fenómeno. Se definieron espacios de privación relacionados con distintas dimensiones de derecho: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, estimulación temprana, educación e información. A partir de los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, se analiza la incidencia, evolución y determinantes de las privaciones entre 2010 y 2014.

Palabras clave: Pobreza infantil; Espacios de privaciones; Medidas multidimensionales; Enfoque de derechos

ABSTRACT

Children and adolescents are among the most vulnerable to poverty groups regardless of  the measuring methods and  definitions of poverty employed. This article shows different ways of measuring childhood poverty in urban Argentina. It presents a multidimensional index in order to tackle the complexity of the phenomenon. The method identifies areas of social deprivation related to different dimensions within children’s rights: nutrition, sanitation, housing, health, early stimulation, education and information. Based on micro-data from Argentinean Social Debt Survey, the article shows the incidence, evolution and determinants of deprivation among children between 2010 and 2014.

Keywords: Child poverty; Deprivation spaces; Multidimensional measures; Rights-based approach


 

Introducción1

Existen numerosos esfuerzos orientados a definir la pobreza infantil y es amplio el consenso en torno a las múltiples dimensiones en que se expresa el fenómeno (Alkire & Foster, 2009; Minujin & Nandy, 2012; CEPAL & UNICEF, 2012; CEPAL, 2013; Nandy & Gill, 2015). Desde la adhesión a enfoques críticos de las medidas indirectas de la pobreza, un conjunto de aportes avanzan en la consideración de diferentes dimensiones del bienestar que, en algunos casos, establecen indicadores y umbrales que guardan correspondencia con los derechos humanos, como es el caso particular de CEPAL & UNICEF (2012) y UNICEF & CONEVAL (2015).
En el caso de la Argentina, las mediciones oficiales de la pobreza se han basado de modo prioritario en el método indirecto de línea de pobreza por ingresos, y sus estimaciones se han realizado a nivel de la población en general.2 En tal sentido, en este caso se considera especialmente valioso realizar estimaciones directas e indirectas con el objetivo de otorgar visibilidad a la pobreza infantil. Existe suficiente evidencia en la región de que la proporción de niños, niñas y adolescentes3 en hogares pobres en términos de ingresos continúa siendo más elevada que en otros grupos poblacionales (CEPAL, 2013; Rossel, 2013; Calvo et al., 2013).
En este marco, el presente artículo avanza sobre algunos desarrollos propios anteriores (Tuñón, Poy & Coll, 2015a, 2015b; Tuñón & Poy, 2014; Tuñón & González, 2013) en los que se procuró definir la pobreza infantil desde una perspectiva de privaciones humanas y sociales que representan la vulneración de derechos vigentes en la sociedad argentina. Si bien se realizan estimaciones tradicionales de pobreza indirecta (a través de ingresos monetarios de los hogares) y directa (como necesidades básicas insatisfechas) con el propósito de sumar evidencia en torno a la mayor vulnerabilidad de la infancia a las diferentes expresiones de la pobreza, interesa especialmente retomar los desarrollos más recientes en el campo académico internacional, regional y local, que dan cuenta del carácter multidimensional de las privaciones infantiles. Es por ello que se lleva adelante una estimación de los niveles de incidencia de privaciones en diferentes dimensiones de derechos a nivel de la infancia argentina en el período 2010-2014,4 a la vez que se avanza en el reconocimiento de los distintos determinantes sociales y demográficos que permiten advertir inequidades en el acceso al pleno ejercicio de los derechos de la infancia, incluyendo una exploración de los efectos del sistema de protección y asistencia social (especialmente considerando la Asignación Universal por Hijo, AUH). Para responder a estos objetivos, se utilizan los microdatos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) que anualmente releva el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. 
El artículo se organiza en cuatro apartados. En el primero, se sintetizan los principales aportes teóricos a partir de los cuales se desarrollan medidas alternativas y multidimensionales de la pobreza, así como parámetros conceptuales y de derechos a partir de los cuales se proponen dimensiones de capacidades, de derechos y umbrales empíricos con los que aproximarse a la medición de la pobreza en la infancia para el caso de la Argentina. Un segundo apartado avanza sobre las especificidades metodológicas del cálculo de la pobreza multidimensional adoptadas en este trabajo y en relación a los antecedentes de la cuestión. La tercera sección presenta los resultados en diferentes niveles de análisis: una primera descripción de la evolución de las estimaciones de la pobreza a través de medidas tradicionales como línea de pobreza e indigencia, y necesidades básicas insatisfechas, proponiéndose una comparación con otras poblaciones, con el objetivo de evidenciar la mayor propensión de la infancia al fenómeno de la pobreza. Luego se ingresa a las estimaciones particulares de la pobreza en múltiples dimensiones del espacio de las capacidades y derechos vigentes en la sociedad Argentina. Se analiza su incidencia, evolución y los principales factores asociados. El trabajo se cierra con un apartado de reflexiones finales.

Marco conceptual y operativo para un abordaje multidimensional

Los aportes orientados a captar el déficit en las condiciones de vida en dimensiones constitutivas del bienestar y la dignidad de las personas han sido múltiples (Boltvinik, 2005; Alkire, 2002; Nussbaum & Glover, 1995; Doyal & Gough, 1994; Max-Neef, 1987; Sen, 1976), y de modo creciente se han constituido en un marco de referencia de diferentes interpretaciones que procuran aproximarse a la comprensión de los problemas de la pobreza y la equidad, que entendemos guardan una estrecha relación conceptual con los derechos humanos.
Nociones como las de capacidades y necesidades, calidad de vida o bienestar parecen más cercanas a la complejidad del espacio de las privaciones que experimentan las infancias. En efecto, mientras que la representación social de la pobreza suele estar asociada a las privaciones en una dimensión material, la no pobreza material puede no ser suficiente para evitar carencias emocionales, maltrato físico y/o verbal, limitaciones en el ejercicio del juego autónomo, en el acceso a ofertas educativas de mala calidad, entre otras, que constituyen aspectos relevantes de la vida de las infancias y adolescencias. Incluso, en la actualidad, existen otros abordajes sobre la noción de capacidad que buscan captar la interpretación que los propios niños y adolescentes tienen del concepto, con el objetivo de llegar a definiciones construidas desde la perspectiva de la infancia y no determinadas desde el mundo adulto. De manera que con metodologías basadas en la participación y reflexión de los niños se intenta construir la noción de capacidades centrales a la infancia (Nandy & Gill, 2015; Biggeri et al., 2006). La gama de posibles capacidades en los niños está favorecida o desfavorecida por los entornos sociales y físicos próximos. La capacidad de transformar recursos en capacidades y funcionamientos en la infancia depende de modo particular de las capacidades de los adultos de referencia y de la evolución de sus propias facultades que se modifican con la edad pero también pueden diferir según la naturaleza de los derechos ejercidos (Biggeri et al., 2006, Lansdown, 2005).
En esta línea, la propuesta de medición de la pobreza infantil realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2012), parte de la siguiente definición conceptual:

Los niños y niñas que viven en la pobreza [son los que] sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad (UNICEF, 2005: 18).

De esta definición retomamos la perspectiva multidimensional y el enfoque de derechos. En efecto, abordar la problemática de la pobreza desde un enfoque de derechos parece especialmente importante en tanto su garantía puede ser legítimamente exigida a los Estados (Pemberton, Gordon & Nandy, 2012; Hunt, Osmani & Nowak, 2002; O’Donnell, 2002; PNUD, 2000). Al introducir a los derechos humanos como umbral o parámetro en la definición de la pobreza se modifica de forma sustantiva la cuestión, en tanto se pasa de una cuestión moral a una responsabilidad legal, que es exigible a los gobiernos, e interpela a las familias y a las sociedades.
Al mismo tiempo, el enfoque de derechos permite definir mejor el espacio de las privaciones, legitima su exigibilidad, salda la discusión en torno a cuáles son las privaciones más urgentes en tanto los derechos son indivisibles, y aporta elementos para una mejor definición del destino de los recursos públicos y de las responsabilidades o co-responsabilidades de los Estados, la sociedad, la familia y al mercado. La legitimidad de este modo más integral de representar el ideario humano radica en que el desarrollo humano se halla protegido y promovido por la sumatoria de derechos individuales, sociales, políticos y culturales de alcance internacional que la humanidad ha ido incorporando al ritmo del progreso de la civilización.
Para la construcción del índice de privaciones se definió en una primera etapa el espacio de los derechos sociales, tomando como marco normativo principal los derechos declarados en la Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1989). El Estado argentino ha participado activamente en la construcción de las condiciones para el ejercicio de una plena ciudadanía por parte de la niñez y adolescencia. No sólo adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) sino que además asumió compromisos frente a los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ONU, 2000), sancionó la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061), entre otros tantas leyes que han sido sancionadas y consideradas en este trabajo.
En este sentido, las dimensiones de derechos e indicadores que se utilizaron para medir el espacio de las privaciones cumplen con el requisito de permitir identificar elementos esenciales del derecho, sin los cuales no se puede asegurar que los niños puedan ejercer los mismos. Al respecto, las medidas multidimensionales se pueden definir en dos momentos (Sen, 1976): el de identificación y el de agregación. El primero establece los criterios que serán utilizados para definir si un niño está o no en situación de pobreza, permitiendo identificar el número de privaciones que se requiere para encontrarse en situación de pobreza; mientras que el segundo momento establece el método con el que se agregarán las privaciones a los efectos de generar una medida de pobreza. En este marco, la metodología para medir las privaciones en el ejercicio de derechos en la infancia y adolescencia propuesta en el presente trabajo considera las siguientes dimensiones: (a) Derecho a la alimentación, (b) Derecho al saneamiento, (c) Derecho a una vivienda digna, (d) Derecho a la atención de la salud, (e) Derecho a la estimulación temprana (para la población de niños de 0 a 4 años); (f) Derecho a la educación (para los niños de 5 a 17 años), y (g) Derecho a la información (Tuñón & Poy, 2014; Tuñón & González, 2013; Tuñón, 2013). Dado que (e) y (f) remiten a subpoblaciones distintas, cada uno de los niños y adolescentes estudiados se ubicará en una posición de un espacio de seis dimensiones. Retomando desarrollos presentados en Tuñón (2013), a continuación se señala, para cada una de las dimensiones, el instrumento de derecho al cual está asociado y sobre el cual se indagará el estado de cumplimiento:
a) Derecho a la alimentación: uno de los objetivos del Milenio (ONU, 2000: 5) con el que el Estado argentino se ha comprometido es erradicar la pobreza y el hambre, en particular “reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta (…) que padezcan hambre”. El acceso a la alimentación en cantidad y calidad, y de manera socialmente aceptable, es un derecho básico para garantizar no sólo el sostenimiento de la vida sino una vida saludable (FAO, IFAD & WFP, 2014). Además, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria dificulta el pleno ejercicio de otros derechos, como son gozar de buena salud, llevar una vida activa, educarse, jugar, participar de la vida cultural, entre otros.
b) Derecho al saneamiento: el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 21 de la Ley 26061 establecen derechos a un hábitat saludable. En particular, el Estado argentino se ha comprometido con el siguiente Objetivo del Milenio para 2015 (ONU, 2000: 5): “reducir  a  la  mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable”. El adecuado ejercicio del derecho al agua requiere de disponibilidad, calidad y accesibilidad. El agua es esencial para garantizar la hidratación, funciones corporales y el aseo personal, pero también para usos domésticos como la cocción de alimentos, y la limpieza de los ambientes. Por su parte, el saneamiento adecuado en el interior de la vivienda, en condiciones de seguridad y privacidad, es de suma importancia para garantizar un medio ambiente limpio. El acceso al agua segura y la higiene de los ambientes y personal es necesario para la prevención de enfermedades. Algunas de ellas especialmente frecuentes en niños menores de 5 años como las diarreicas (UNICEF, 2016a; OMS, 2006).
c) Derecho a una vivienda digna: la Constitución Nacional, a través del artículo 14 bis, garantiza el acceso a la vivienda digna, derecho también reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, en el marco de los Objetivos del Milenio, la Argentina se comprometió a reducir a la mitad la proporción de hogares residentes en viviendas deficitarias y en condiciones de tenencia irregular. La vivienda constituye el espacio de residencia en donde niños desarrollan sus actividades cotidianas fundamentales (alimentarse, jugar, descansar, higienizarse, estudiar e interactuar con pares y adultos). La precariedad de los materiales de construcción de la vivienda y el hacinamiento podrían tener efectos directos e indirectos en la salud. La infraestructura precaria resulta poco protectora, por ejemplo, de las inclemencias del tiempo y otros factores ambientales hostiles. La situación de hacinamiento facilita la transmisión de enfermedades infecciosas, pero también vulnera el derecho a la privacidad e intimidad, complejiza los procesos de sociabilidad, y educabilidad (UNICEF, 2016a; Kaztman & Filgueira, 2001)
d) Derecho a la atención de la salud: la Ley 26061 manifiesta la obligación de garantizar a la infancia el acceso a servicios de salud (artículos 14 y 27). El acceso a la salud tiene la característica de ser, por un lado, un derecho en sí mismo y, por otro, condición habilitante para el ejercicio de otros derechos. Los controles periódicos, la asistencia médica y el calendario de vacunación constituyen derechos inalienables en tanto permiten prevenir enfermedades y realizar una detección temprana de las mismas para su tratamiento oportuno.
e) Derecho a la estimulación temprana (niños de 0 a 4 años): la Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1989) en el artículo 18, establece que los Estados deben prestar asistencia a los padres para el desempeño de sus funciones de crianza y velar por la creación de servicios de cuidado. La Ley 26233 de Centros de Desarrollo Infantil señala la responsabilidad de los Estados con la educación inicial (entre los 45 días y 5 años). Las múltiples interacciones a través de la palabra en contextos significativos, y la exposición temprana a procesos de  alfabetización se asocian de modo positivo con el fomento de habilidades lingüísticas (UNICEF, 2016a). El acceso a estímulos emocionales e intelectuales como la disponibilidad de libros, la lectura de cuentos o narración de historias orales, así como el vínculo con adultos de referencia sensibles a las necesidades del niño se constituyen en factores protectores. Asimismo, se destaca la importancia de considerar la calidad de los ambientes de crianza (Lipina & Segretin, 2015). La inclusión temprana en centros educativos de calidad puede reportar beneficios prolongados en el rendimiento escolar en los trayectos educativos posteriores (UNICEF, 2016a; Canetti, et al., 2015).
f) Derecho a la educación (niños y adolescentes de 5 a 17 años): la Ley de Educación 26206, en los artículos 11 y 15 establece el derecho a la educación, y en los artículos 16 (con la modificación de 2015), 26 y 29 señala la obligatoriedad de la sala de 4 años del nivel inicial, de la educación primaria y de la secundaria. La educación es un derecho que habilita, promueve y facilita el ejercicio de otros derechos (UNICEF, 2016a). La educación tiene un valor intrínseco e instrumental en el desarrollo humano en tanto herramienta para el desarrollo de una cultura común, la superación de la pobreza y la desigualdad. La educación secundaria se ha constituido en la educación básica para la integración social de las nuevas generaciones.
g) Derecho a la información: en los artículos 31 de la Convención de los Derechos del Niño y 20 de la Ley 26.061, se señala el derecho del niño a la libertad de expresión e información. La dimensión adquiere particular relevancia en los procesos de socialización de la niñez y adolescencia. Un modo de aproximación a esta dimensión es a través del acceso a los medios de comunicación, que se constituyen de modo creciente en oportunidades en el acceso a la información pero también en herramientas de expresión de opiniones y participación social.
Seguidamente, en el Cuadro 1 se presenta el esquema de dimensiones de derechos e indicadores (umbrales de déficit) considerados en la construcción del índice.

Cuadro 1. Dimensión de derechos, indicadores y umbrales de déficit

Fuente: elaboración propia sobre la base de Tuñón (2013); Tuñón & Poy, (2014); Tuñón & González (2013).

Metodología y datos

El criterio de identificación adoptado en este artículo se centra en el enfoque de unión, según el cual un niño se encuentra en situación de déficit en el ejercicio de derechos si registra al menos una privación en alguna de las dimensiones consideradas. El enfoque de unión se basa en los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Al mismo tiempo, una vez definidas las dimensiones de derechos, se establecieron dos niveles de déficit o privación: uno severo y uno moderado.
Este ejercicio de medición de la pobreza infantil se acerca a lo que Alkire & Foster (2009: 10) han denominado “línea de corte dual” (dual cutoff). Este procedimiento implica asignar un umbral de privación a cada dimensión, y luego definir cuántas privaciones debe tener un individuo para ser considerado pobre. En los estudios basados en la metodología de Alkire & Foster (2009) se utiliza una función de identificación rk, en la que una persona será considerada pobre según el número de k que se establezca como parámetro. Es por ello que existe discusión acerca del criterio de corte a utilizar siguiendo esta metodología (cfr. Datt, 2013; para el caso argentino, UNICEF, 2016b), por cuanto no cumple en sentido estricto con un enfoque de derechos y su aplicación no se ajusta a ciertos axiomas (como el de transferencia).
En este trabajo se retoma el enfoque de unión -que ajusta conceptualmente al enfoque de derechos presentado- y se considera pobre a todo niño que se encuentre privado en al menos una de las dimensiones consideradas. Al mismo tiempo, siguiendo un criterio habitual en la literatura sobre pobreza multidimensional (CEPAL, 2013; CEPAL & UNICEF, 2012) se incluyen dos umbrales por dimensión, para distinguir diferentes situaciones de privación. Esto último tiene por objeto aproximarse a diferentes perfiles de las privaciones en la Argentina, si bien desde un enfoque de derechos, el cumplimiento de los mismos no admite gradaciones. Como medida de agregación -esto es, el segundo momento de las medidas multidimensionales- en este documento, se utilizan las medidas propuestas por Bourguignon & Chakravarty (2003), que se inspiran en los índices de Foster et al. (1984).5 A partir de la siguiente expresión:

Cuando ɑ=0, la medida de agregación se convierte en el índice de recuento o tasa de pobreza (H), cuando ɑ=1, es el cociente de brecha de pobreza (o índice de profundidad de la pobreza); cuando el cociente de brecha de pobreza se calcula sólo sobre el total de pobres, se obtiene el cociente de brecha de pobreza entre los pobres (o índice de profundidad entre los pobres). Finalmente, cuando ɑ=2, representa el índice de severidad de la pobreza multidimensional.
Las medidas de Bourguignon & Chakravarty (2003) se inscriben en la tradición de los índices Foster, Greer & Thorbecke (Gasparini et al., 2013). En la etapa de identificación no se pondera ninguna de las dimensiones (por la ya mencionada utilización del enfoque de unión), mientras que en la fase de agregación estas medidas permiten ponderar la distancia de los niños con privaciones en relación con el umbral considerado. Dado que el índice de recuento (H) no cumple con el axioma de monotonicidad de Sen (que indica que cuando un individuo es más pobre que antes la medida debe crecer), las otras medidas ofrecen una idea de gradodelo ocurrido con las privaciones (en especial, la brecha de pobreza y la severidad).6 En efecto, el cociente de brecha de pobreza entre los pobres, o índice de profundidad entre los pobres, distribuye la brecha o distancia al umbral de privaciones entre los niños con alguna carencia. Por este motivo, si un niño pasa de tener privaciones a no tener ninguna, es excluido del cálculo. Si todos los niños que permanecen con alguna carencia no han modificado la gravedad de las mismas, el índice subirá en lugar de disminuir. Es por ello que no cumple con los axiomas fundamentales de Sen, pero resulta una medida discriminante del comportamiento de las privaciones en la infancia (UNICEF, 2010). Por su parte, en el índice de severidad de la pobreza, al elevarse al cuadrado la distancia entre la situación del niño y el umbral de no privación considerado, aquellos que se encuentran más lejos de éste (por tener privaciones severas) tienen un peso mayor en el cómputo que quienes se encuentran a menor distancia -es decir, tienen privaciones moderadas-. Dado que el universo de referencia en el cálculo es el total de la población infantil, este índice capta el desplazamiento de niños con mayores grados de privación a menores grados de privación y cumple los axiomas de Sen.7
Debe tenerse en cuenta que las medidas de profundidad y severidad buscan capturar distancias, por lo que están diseñadas para variables métricas. Sin embargo, las situaciones de privación aquí consideradas remiten a variables ordinales, por lo que no es posible establecer con precisión matemática las distancias consideradas. En este documento se definió con valor de 1 a la privación severa, 2 a la moderada y 3 a la situación de no privación. Esto implica que los índices de profundidad y severidad deben tomarse como referencia pero no consiguen expresar de forma acabada distancias métricas.8
Los resultados que se presentan en este documento surgen de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) Serie del Bicentenario, que releva anualmente el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. En particular, se trabajó con los microdatos correspondientes a los años comprendidos en el período 2010-2014. La EDSA es una encuesta de hogares multipropósito que incluye un módulo específico que releva indicadores a nivel de los niños menores de 18 años. Se trata de una muestra urbana probabilística con estratificación socioeconómica residencial según el clima socio-educativo del radio censal, que involucra a los principales aglomerados urbanos de la Argentina.9 En los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, la muestra de la EDSA incluyó 6.396, 5.598, 5.426, 4.715 y 4.929 niños y adolescentes de 0 a 17 años, respectivamente.

Resultados

La particular vulnerabilidad de la infancia a la pobreza considerando medidas tradicionales de bienestar
Las estimaciones de la pobreza10 e indigencia11 por ingresos, y una medida más estructural y directa como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)12 a nivel de la infancia, juventud, población adulta, y personas mayores13 permiten reconocer la particular vulnerabilidad de la infancia a la pobreza en la Argentina urbana.

Cuadro 2. Porcentaje de personas bajo la línea de pobreza, de indigencia y con Necesidades Básicas Insatisfechas según grupos de edad, variación (puntos porcentuales) y significancia estadística del cambio. En porcentaje de personas de cada grupo de edad. Total de Aglomerados Urbanos, 2010-2014

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA). Años 2010-2014.
Nota: * p<0,1 - ** p<0,05 - *** p<0,01.

Aun cuando la pobreza por ingresos pudiera ser un proxy de la capacidad de consumos materiales y de servicios de subsistencia de los hogares, no se logra evaluar fácilmente las dimensiones del desarrollo humano y social que se ven afectadas. Por su parte, el índice de NBI logra una mejor aproximación a las dimensiones del déficit en el espacio del hábitat, y la inclusión educativa, dimensiones que son esenciales al desarrollo infantil pero claramente insuficientes. A pesar de las limitaciones de estos indicadores para representar las vulnerabilidades en la infancia, permiten reconocer las disparidades respecto de la población de jóvenes, adultos y adultos mayores.
En este sentido permite advertir que la infancia constituye una población con mayores niveles relativos de pobreza, indigencia y NBI que los otros grupos de edad.
Con relativa independencia de la medida de pobreza que se considere la propensión a la pobreza es mayor entre los niños que en otras poblaciones. Asimismo, las brechas regresivas para la población infantil se incrementan a medida que aumenta la edad del grupo poblacional de referencia. También cabe señalar que las mismas son relativamente estables en el tiempo y solo han disminuido respecto de la población adulta mayor que ha incrementado su propensión a la pobreza económica en el período analizado. Mientras que en el caso de la pobreza de tipo estructural por NBI dicha brecha se redujo como consecuencia de una evolución positiva, estadísticamente significativa, en la infancia.
Cabe preguntarse en qué indicador del índice de NBI se ha producido el cambio positivo. Se destaca lo ocurrido en aspectos del hábitat de vida, en la inserción socio-ocupacional del jefe del hogar, y en la inclusión educativa de los niños. Lo cierto es que este tipo de medidas directas permiten reconocer con mayor exactitud los componentes de la pobreza y su evolución específica. Sin embargo, este índice de NBI focaliza de modo prioritario en atributos del hogar y del jefe de hogar antes que en el niño.
En el caso de las mediciones indirectas por ingresos hay aspectos esenciales al desarrollo humano y social de la niñez que son invisibles. No obstante, también lo son a la definición del índice de NBI. Por ejemplo, el maltrato a través de la violencia física o verbal que caracteriza a ciertos estilos de crianza, la carencia de estímulos nutricionales, emocionales e intelectuales claves en los primeros años de vida, entre otros, son situaciones de privación que están ajenos a las medidas de pobreza de referencia.
Así es que parece adecuado avanzar hacia la estimación de la incidencia de medidas multidimensionales de las privaciones que enfrentan poblaciones urbanas de niños y adolescentes de la Argentina. Hacia allí se dirige la próxima sección.

Incidencia, evolución y características de la pobreza infantil multidimensional en el período 2010 - 2014
Si consideramos la incidencia de la pobreza infantil (índice de recuento), ¿cuál fue la evolución seguida por las distintas privaciones que caracterizan a la infancia en el período considerado? Tal como se observa en la Figura 1, entre 2010 y 2014 la proporción de niños y adolescentes con privaciones severas se redujo 6,5 puntos porcentuales, y la proporción con privaciones totales se redujo 2,2 puntos porcentuales Es decir, que la disminución de las privaciones severas fue más pronunciada que la que exhibe la proporción de niños con privaciones totales. Esto parece indicar que hay una proporción de niños que salieron de la situación de pobreza extrema pero no lograron mejoras suficientes como para salir de la situación de pobreza.14


Figura 1. Evolución de la incidencia en la privación de derechos. En porcentaje de niños  y adolescentes entre 0 y 17 años. Total de Aglomerados Urbanos, 2010-2014
Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA). Años 2010-2014.

Como se observa en el Cuadro 3, las distintas medidas de pobreza multidimensional calculadas exhiben tendencias semejantes. Una aproximación a la intensidad de los déficits atravesados por las infancias puede obtenerse también a partir de considerar el número de privaciones. En primer término, se observa que la media de privaciones totales se redujo de 2,09 a 1,95 entre 2010 y 2014 (entre años de puntas del período), y la media de privaciones severas pasó de 1,30 a 1,25 por niñoEsto significa que no sólo se redujo el índice de recuento -que incluye a todos los niños que tengan al menos una privación- sino también la cantidad de carencias que afectan a las infancias observadas.

Cuadro 3. Medidas de pobreza multidimensional. En porcentaje de niños y adolescentes entre 0 y 17 años. Total de Aglomerados Urbanos, 2010-2014

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA). Años 2010-2014.
Notas: (a) Se calcula considerando a niños con privaciones severas y moderadas.
(b) El cálculo de este indicador se realiza tomando en cuenta sólo a los niños con alguna privación.
(c) Se calcula considerando a niños con privaciones severas y moderadas.

En segundo término, el índice de profundidad de la pobreza infantil pasó de 8,2% a 7% entre 2010 y 2014 (Cuadro 3). Esta medida va en la línea de lo examinado a partir del índice de recuento e indica que, al término del período, los niños y adolescentes analizados se encontraban, en promedio, a menor distancia del umbral de privaciones considerado en cada dimensión. Por su parte, el cociente de brecha de pobreza entre los pobres (un índice de profundidad calculado sobre la población con privaciones) -que se redujo de 13,6% a 12,2%- permite observar que, entre las infancias con algún tipo de carencias, las más graves redujeron su incidencia; en otros términos, los niños que tenían privaciones en 2014 estaban más cerca del umbral de no privaciones que quienes tenían carencias en el año 2010. Finalmente, el índice de severidad -que pondera más la presencia de niños con privaciones severas sobre la población total de niños- se redujo de 1,6% a 1,2%, lo que significa, en la misma línea que lo anterior, que al término del período las infancias con carencias graves tenían una menor incidencia sobre el total de los niños.
La Figura 2 permite observar la distribución acumulada de las privaciones. En primer término, en 2010 58,1% de los niños y adolescentes con privaciones tenía 2 o más carencias, mientras que 32,1% sufría 3 o más y 14,5% tenía 4 privaciones o más. Como se aprecia, en 2014 las magnitudes son menores. Esto indica que la intensidad de la condición de privación en el 2014 disminuyó: 53,3% de los niños con privaciones tenía 2 o más carencias, 26,9% sufría 3 o más, y 11,4% tenía 4 o más privaciones.


Figura 2. Distribución acumulada del número de privaciones totales. En porcentaje de niños y adolescentes entre 0 y 17 años con privaciones severas y moderadas. Total de Aglomerados Urbanos, años 2010-2014
Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA). Años 2010-2014.

A su vez, la Figura 3 permite observar que en 2010 23,5% de los niños y adolescentes sufría al menos una privación severa o moderada tenía 2 o más carencias, mientras que 6,5% sufría 3 o más y sólo 1,2% tenía 4 privaciones o más. En el año 2014 se observaba una leve disminución de los porcentajes: 20,5% de los niños con privaciones tenía 2 o más carencias, 4% sufría 3 o más, y 0,5% tenía 4 o más privaciones.


Figura 3. Distribución acumulada del número de privaciones severas. En porcentaje de niños y adolescentes entre 0 y 17 años con
privaciones severas. Total de Aglomerados Urbanos, años 2010-2014
Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA). Años 2010-2014.

Los datos presentados en el gráfico 3 permiten observar la incidencia del déficit en cada una de las seis dimensiones de derechos consideradas. Tanto si se considera a las privaciones totales como a las privaciones severas, se advierte que los principales déficits a lo largo del quinquenio se encuentran en las dimensiones relativas al espacio del hábitat (vivienda y saneamiento) y la alimentación.
En relación a la vivienda, en 2014, se estimaba que 24,3% de los niños y adolescentes estudiados residía en hogares en situación de hacinamiento o precariedad en términos de los materiales de la construcción, y además 5,5% encuentra agravada esta situación por mayor severidad en el hacinamiento y en la precariedad de la construcción. La evolución de este indicador muestra que de 2010 a 2014 las mejoras no alcanzaron niveles estadísticamente significativos al nivel deseado (p-valor < 0,05), el indicador pasó de 25,7% en 2010 a 24,3% en 2014 (una variación de 1,4 puntos porcentuales). Ahora bien, a nivel de la privación severa, se registraron avances más importantes ya que el porcentaje bajó de 8,3% a 5,5% (2,8 puntos porcentuales, una diferencia estadística significativa).
La dimensión de saneamiento indica que en 2014 20,6% de los niños presentaba déficit con distinto nivel de gravedad: 15,7% tenía déficit en el suministro de agua corriente o en la instalación del inodoro (por no tener o porque éste no tenga descarga de agua), y 4,9% presentaba simultáneamente ambos déficits. Su comportamiento en el período analizado indica que de 2010 a 2014 hubo avances: en 2010 el 26,2% tenía déficit mientras que en 2014 el porcentaje desciende a 20,6% (una merma de 5,6 puntos porcentuales con significación estadística). En efecto, esta es la dimensión que más redujo su nivel de privación total entre los años extremos del período. No obstante, cabe señalar que el déficit severo pasa de 6,2% en 2010 a 4,9% en 2014 (una merma de 1,3 puntos porcentuales, estadísticamente significativa).

Cuadro 4. Incidencia del déficit en cada dimensión de derecho. En porcentaje de niños y adolescentes entre 0 y 17 años. Total de Aglomerados Urbanos, años 2010-2014

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA). Años 2010-2014.
Notas: (a) Incluye privaciones severas.
(b) Sobre población de niños de 0 a 4 años.
(c) Sobre población de niños de 5 a 17 años.
* p<0,1 - ** p<0,05 - *** p<0,01

El indicador de alimentación exhibe, en 2014, que 21,2% de los chicos tenía alguna privación en torno a la alimentación. El 16,5% vive en hogares donde hay inseguridad alimentaria y por tanto recibe alimentación gratuita por parte de algún organismo, y adicionalmente 4,7% está en esa misma situación pero no recibe la ayuda social, siendo este último un escenario más severo. La evolución del déficit total indica que no hubo variaciones entre los años extremos del período, el nivel de privación se mantuvo estable en torno al 21%. Sin embargo, las privaciones severas sí registran mermas del déficit significativas en términos estadísticos: en 2010 el 7,6% tenía déficit y en 2014 disminuyó a 4,7% (2,9 puntos porcentuales) (Figura 3). Esta tendencia acompaña el hecho de que la inseguridad alimentaria severa disminuyó en el período mientras que la alimentación gratuita aumentó (Tuñón, 2015).
Para analizar la estimulación temprana se consideró a la población de 0 a 4 años de edad. La estimulación variada durante los primeros años de vida resulta importante para que el niño desarrolle la motricidad, el lenguaje, el autoestima y otras habilidades que se desarrollan en  la interacción y la experiencia (Griffa & Moreno, 2001). En este marco, se estima que en 2014, el 18% de los niños presenta algún grado de privación en esta dimensión. En particular, 13,3% tiene déficit en tres de las siguientes privaciones: no le leen cuentos, no juega con otros miembros de la familia, no asiste a centros educativos, y en el hogar se utiliza el maltrato físico y/o verbal como forma de disciplinar. Asimismo, se estima que 4,8% acumula cuatro o más de estos déficits encontrándose así en una situación más severa. Cuando se estudia su evolución entre los años de punta del período, el índice total de estimulación no muestra variaciones, se mantiene en 18%. Las privaciones severas también se mantienen constantes, 4,1% en 2010 y 4,8% en 2014 (una variación mínima y no significativa de 0,7 puntos porcentuales).
La dimensión de información incluye la medición de las oportunidades de acceso y uso de los diferentes recursos materiales de información y de expresión como son la computadora, internet, los libros infantiles, la biblioteca, y el teléfono. La privación de acceso a cuatro de estos recursos en el marco del hogar indica una situación deficitaria, y en el caso de que no se acceda a ninguno, indica una situación deficitaria severa. Tanto la privación total como la severa presentan mejoras testeadas en términos estadísticos: la primera pasa de 20,7% de déficit en 2010 a 15,7% en 2014, y la segunda de 3,2% en 2010 a 2,1% en 2014. Es decir que, si bien hubo avances, aún queda 15,7% de niños sin un acceso pleno a los recursos de información.
En cuanto al ejercicio del derecho a la educación, en 2014 13,1% de niños y adolescentes estudiados veía afectado su derecho por varias situaciones. Precisamente, en 2014 el 9,9% de los niños y adolescentes entre los 5 a 17 años tenía déficit debido a que, si bien asiste a la escuela, tiene una oferta curricular incompleta en el caso de la educación primaria; o el adolescente presenta sobre-edad y además se encuentra trabajando. Asimismo, en lo que refiere a la privación severa, aún hay un 3,3% que no asiste a la escuela. La evolución de este indicador muestra una disminución del déficit total de 4,3 puntos porcentuales dado que pasa de 17,4% en 2010 a 13,1% en 2014. De hecho, fue una de las dimensiones que más se redujo (junto con saneamiento e información). La privación severa también disminuyó: en 2010 el 5% de los chicos de 5 a 17 años no asistía a la escuela y en 2014 baja a 3,3% (una merma de 1,7 puntos porcentuales estadísticamente significativa).
Finalmente, la dimensión de la salud es la que presenta la menor incidencia dentro de la población infantil. El déficit incluye a los niños que no se realizaron un control médico en el último año (o no recuerdan haberlo hecho) y que no tienen cobertura de salud (obra social, mutual o prepaga). Hacia finales del período bajo análisis, esta situación alcanza al 14,6% de los chicos. La condición severa que involucra no tener todas las vacunas correspondientes a su edad alcanza al 2%. De manera que el déficit total escala a 16,6% para el 2014. Esta dimensión es importante ya que es la única que exhibe un aumento del déficit a lo largo del período analizado de 3,3 puntos porcentuales con significancia estadística a nivel del total, mientras que el déficit de vacunación se mantiene constante en 2%. En esta dimensión el principal componente que aumenta es el déficit de consulta médica preventiva del niño sano (Tuñón, 2015).

Principales factores asociados a la pobreza infantil y su evolución
Una vez que se ha avanzado en el conocimiento de la magnitud y las tendencias que alcanzan las privaciones en el ejercicio de derechos en la infancia medidas a través de un índice sintético, interesa conocer los principales factores sociodemográficos y sociales que intervienen en el fenómeno.15
La composición sociodemográfica indica que no hay diferencias significativas a nivel del total de privaciones entre varones y mujeres, y entre grupos de edad (Cuadro 5) en términos de incidencia a lo largo del período 2010-2014. Ahora bien, si se atiende a la evolución de este indicador entre 2010 y 2014, se observa que la retracción del déficit total fue estadísticamente significativa para las mujeres, y para el grupo de niños de 5 a 12 años.

Cuadro 5. Incidencia de la privación de derechos total según características seleccionadas. En porcentaje de niños y adolescentes entre 0 y 17 años. Total de Aglomerados Urbanos, años 2010-2014

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Nota: * p<0,1 - ** p<0,05 - *** p<0,01.

Cuando se analiza el comportamiento del déficit total en función de factores socioeconómicos se observan importantes asimetrías. En 2014, se observó que mientras en el estrato trabajador marginal 77,0% de los niños de 0 a 17 años experimentaba privaciones de algún tipo, 9,9% de los niños del estrato medio profesional estaba en dicha situación. Atendiendo a la evolución, se advierte que disminuyó la incidencia de las privaciones en ambos estratos sociales entre 2010 y 2014, aunque en el estrato medio profesional la variación no es estadísticamente significativa, y en el estrato trabajador marginal sí lo es. Por tanto, podría decirse que la brecha social se redujo entre 2010 y 2014.
Por otra parte, las disparidades entre aglomerados urbanos también aportan al análisis de las privaciones en la infancia. El Conurbano Bonaerense representa el aglomerado urbano con mayor incidencia del índice: en 2014 69,0% de la infancia se encontraba privada en el ejercicio de algún derecho. Las otras áreas metropolitanas relevadas y el resto urbano interior presentan en 2014 a la mitad de sus poblaciones infantiles con privación en alguna dimensión: 50,4% en el caso de Otras áreas y 51,0% en Resto urbano interior. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el porcentaje más bajo en relación al resto de los aglomerados, este representa al 31,4% de los niños y niñas.
Si se atiende la evolución 2010-2014 de las grandes ciudades analizadas se observa que hubo progresos significativos sólo en el Resto Urbano Interior (una merma de 7,9 puntos porcentuales). El grupo que concentra las Otras Áreas Metropolitanas exhibe mejoras pero la variación no alcanza significancia estadística. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense no tuvieron variaciones significativas.
Por último, se aborda, de modo exploratorio, la evolución seguida por el déficit en el espacio multidimensional en niños y adolescentes según el tipo de protección social. Interesa considerar la evolución de niños perceptores del Programa Asignación Universal por Hijo para Protección Social y otros planes similares locales. En este sentido, puede observarse que en 2014 77,3% de estos niños presentaba algún déficit, frente a 46,4% del resto de las infancias estudiadas no alcanzadas por un programa de asistencia. Es decir, se advierte que los niños que residen en hogares en los que se perciben transferencias condicionadas pertenecen a unidades domésticas con mayores restricciones económicas y de acceso a recursos.
En el Cuadro 6, por su parte, se presenta la evolución seguida por las privaciones en el nivel severo a lo largo del período 2010-2014. En general las variaciones entre los años extremos del período son más pronunciadas que las que resultan de las privaciones totales, y por tanto tienden a ser significativas estadísticamente.

Cuadro 6. Incidencia de la privación severa de derechos según características seleccionadas. En porcentaje de niños y adolescentes entre 0 y 17 años. Total de Aglomerados Urbanos, años 2010-2014

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
Nota: * p<0,1 - ** p<0,05 - *** p<0,01.

En primer lugar, en 2014 las características sociodemográficas no muestran grandes diferencias entre varones y mujeres, y entre grupos de edad. Únicamente se observa que el grupo de 5 a 12 años experimenta una incidencia levemente menor de la pobreza multidimensional en comparación con los grupo de 0 a 4 años y adolescentes de 13 a 17 años. La evolución indica que las privaciones se redujeron de 2010 a 2014. Los adolescentes fueron el grupo que más progresos evidenció con una variación positiva de 8,1 puntos porcentuales, probablemente como efecto de una mayor inclusión educativa y acceso a la información.
Al considerar el estrato socioeconómico de los niños y adolescentes, se verifican cuestiones relevantes. En primer término, a lo largo del quinquenio 2010-2014, mientras 31,0% de los niños del estrato trabajador marginal tenía al menos una privación severa, sólo 2% de los niños del estrato medio profesional estaba en dicha situación. Ahora bien, si se atiende a la reducción del déficit severo entre 2010 y 2014, es posible observar que la misma fue más intensa en los sectores más desfavorecidos en términos de inserción socio-ocupacional, esto es entre los niños del estrato trabajador marginal (6,1 puntos porcentuales) y del estrato obrero integrado (8,1 puntos porcentuales).
El análisis por aglomerados urbanos muestra que en el 2014 23,1% de los niños y adolescentes del Conurbano Bonaerense experimentaba al menos una privación severa. Los niños de Otras Áreas Metropolitanas y del Resto Urbano Interior experimentan privaciones severas en menor proporción, 15,8% y 14,9% respectivamente. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje desciende a 6,0%. Las infancias de todos los aglomerados exhiben una retracción significativa: 7,7 puntos porcentuales en Conurbano Bonaerense, 6,2 puntos porcentuales en Otras Áreas Metropolitanas, 5,7 puntos porcentuales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 4 puntos porcentuales en Resto Urbano Interior.
Por último, es relevante analizar el comportamiento del déficit severo según la protección social a la que acceden los niños y adolescentes. En este sentido, se observa nuevamente una mayor incidencia de las privaciones severas entre quienes perciben un programa de transferencia como la AUH u otros programas frente al resto de las infancias. Sin embargo, la reducción del déficit severo fue más importante, en términos absolutos, entre los primeros (9,7 puntos porcentuales) que entre los últimos (3,6 puntos porcentuales), y en ambos casos dicha retracción fue estadísticamente significativa. La reducción del déficit severo observada entre los niños que perciben AUH frente a una tendencia estable del déficit total, entre 2010 y 2014, podría sugerir que muchos de estos niños lograron atravesar el umbral de las privaciones severas.

Reflexiones finales

En 2014, 18,9% de los niños y adolescentes estudiados experimentaban una situación de privaciones graves en dimensiones de derechos que son esenciales al desarrollo humano y social. Por su parte, cuando se considera el conjunto de las privaciones, la pobreza en la infancia y la adolescencia alcanzaba a 57,4% de la población estudiada.
Una de las principales evidencias presentadas en este documento remite a la retracción que tuvo lugar a nivel de las privaciones severas en el quinquenio bajo estudio (2010-2014), que alcanzó los 6,6 puntos porcentuales. En cambio, los progresos a nivel de las privaciones totales fueron menores, de 3,2 puntos porcentuales. Estos datos podrían sugerir que parte de la infancia superó el umbral de las privaciones severas, pero no el de las moderadas.
En segundo lugar, más allá de la incidencia y la evolución considerada, se dio cuenta de la poca variación de la composición de la pobreza infantil. En efecto, durante el quinquenio, continúan siendo las dimensiones relativas al hábitat en el espacio de la vivienda y el saneamiento y a la alimentación las que presentan mayores incidencias de déficit tanto severo como total. Con menor incidencia, las carencias en el campo de la estimulación emocional e intelectual en los primeros años de vida se revelan estructurales en su evolución y casi alcanzan a dos de cada diez niños entre 0 y 4 años. También existe un núcleo duro de niños privados en el ejercicio de un derecho esencial como es tener las vacunas correspondientes a su edad, y una tendencia claramente regresiva en la atención preventiva de la salud del niño sano. Los mayores progresos se advierten en el ejercicio del derecho a la educación y el acceso a la información.
En tercer lugar, el análisis en términos de los principales determinantes de la pobreza multidimensional permitió advertir pocas diferencias por edad y sexo, pero fuertes correlaciones con la estratificación social, así como la persistencia de estas brechas de desigualdad a lo largo del período -si bien se constató una reducción más intensa, en términos absolutos, de las privaciones severas en los niños del estrato social en mayor desventaja-. En igual sentido, parecen mantenerse un conjunto de disparidades regionales. Por último, al considerar el sistema de protección social, pudo advertirse que los niños beneficiarios de la AUH y otros programas experimentaron una retracción más significativa en términos absolutos de las privaciones severas que sus pares que no reciben este programa, pero no ocurrió lo mismo a nivel de las privaciones totales, lo que podría indicar, nuevamente, un tránsito hacia el umbral moderado.
La identificación de las privaciones en distintas dimensiones de derechos permite aportar al reconocimiento de las deudas pendientes con la infancia a nivel agregado y en términos de cada uno de los aspectos considerados. En este sentido, las medidas multidimensionales, además de ofrecer una mirada de conjunto y complementaria de las medidas indirectas, brindan la posibilidad de definir mejor los problemas específicos que afectan a diferentes infancias y adolescencias.

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NOTAS

1 Los autores agradecen las valiosas opiniones y sugerencias realizadas por los revisores anónimos que han permitido mejorar el presente artículo. Una versión anterior fue presentada en las XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población, realizadas en la ciudad de Salta, entre el 16 y el 18 de Septiembre de 2015; y difundida en un documento de trabajo titulado “Pobreza infantil en las ciudades de la Argentina (2010-2014). Diferentes mediciones de la pobreza infantil y una propuesta de medición multidimensional desde un enfoque de derechos” (Tuñón, Poy & Coll, 2015b).

2 Estimar la incidencia de la pobreza infantil no es el único desafío que enfrenta el sistema estadístico de la Argentina. En el período 2007-2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) estuvo intervenido por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación. Dicha intervención produjo modificaciones en la metodología de medición de la pobreza e indigencia, una manipulación de los índices de precios, para finalmente dejar de publicar los índices en el año 2013.

3 Con el propósito de evitar reiteradas aclaraciones en términos de género, se enfatiza que la referencia a niños incluye tanto a varones como mujeres. Adicionalmente, se aclara que, en el marco de este trabajo, se considera niño todo ser humano menor de dieciocho años de acuerdo a lo estipulado por la Convención de los Derechos del Niño (CDN) en su Artículo 1. En el presente texto se utilizarán como sinónimos las siguientes denominaciones: infancia y adolescencia, niños y adolescentesmenores de 18 años de edad.

4 El período de análisis elegido (2010-2014) responde a dos razones: (1) A partir del 2010 la EDSA amplió su marco muestral y ello posibilita la realización de estimaciones robustas y representativas de las infancias de aglomerados urbanos de 80 mil habitantes y más. (2) El período de referencia representa los primeros cinco años de la implementación de la Asignación Universal por Hijo que es una transferencia de ingresos directa a los hogares, que alcanzó una amplia cobertura, estuvo orientada específicamente a la infancia en situación de vulnerabilidad social y coadyuvó a la ampliación de la protección social a un 80% de la población entre 0 y 17 años. Entonces el período reviste especial interés para el análisis de la evolución de diferentes medidas de pobreza y análisis puntuales en relación a la población perceptora.

5 En este sentido, se retoma una línea de trabajo en el marco del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia que recupera la metodología de agregación planteada por UNICEF y CEPAL para el estudio de la pobreza infantil en América Latina (CEPAL & UNICEF, 2012), la que se basó en los índices de Bourguignon & Chakravarty (2003). Esta decisión tuvo que ver principalmente con facilitar la comparabilidad con estudios a nivel regional.

6 Los indicadores desarrollados por OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative), como los índices de Alkire & Foster (2009), no ofrecen resultados diferentes cuando se utiliza el enfoque de unión aquí adoptado. De todas formas, a diferencia de las medidas de Bourguignon & Chakravarty (2003), Alkire & Foster (2009) generalizan los enfoques de intersección y unión por medio de una función rk, de tal modo que una persona es considerada pobre cuando tiene privaciones en por lo menos k dimensiones (o indicadores). En este sentido, las medidas de Alkire & Foster (2009) son más flexibles que las de Bourguignon & Chakravarty (2003) aquí empleadas. Sin embargo, como se mencionó, la función de identificación conduce a la discusión sobre cuántos son los k a considerar, lo que implica decisiones más o menos arbitrarias (cfr. UNICEF, 2016b).

7 Como se indicó, el espacio de las siete dimensiones presentadas no es aplicable a toda la población de niños de entre 0 y 17 años. Cada niño i puede ser descripto únicamente en seis dimensiones, por cuanto Estimulación temprana y Educación sólo fueron medidas para la población de 0 a 4 y de 5 a 17 años, respectivamente. Esto fue considerado en el cálculo de las medidas de brecha y profundidad de la pobreza, de tal forma que estas dimensiones no quedaran sobrerrepresentadas en su ponderación al estar siendo aplicadas a dos subpoblaciones específicas, a diferencia de lo ocurrido con las otras cinco dimensiones analizadas.

8 Una solución similar puede encontrarse en CEPAL (2013) aplicada a esta misma metodología.

9 Los aglomerados urbanos relevados son los siguientes: Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y San Rafael, Gran Salta, Gran Tucumán y Tafí Viejo, Mar del Plata, Gran Paraná, Gran San Juan, Gran Resistencia, Neuquén-Plottier, Zárate, Goya, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande. Se puede acceder tanto a los cuestionarios como a información metodológica adicional en: www.uca.edu.ar/observatorio.

10 Se considera pobre a aquellos niños en hogares cuyos ingresos no superen el umbral del ingreso monetario necesario para adquirir en el mercado el valor de una canasta de  bienes y servicios básicos (canasta básica total - CBT). CBT-mensual por adulto equivalente se evaluó en: $590 en 2010, $738 en 2011,  $940 en 2012, $1.283 en 2013 y $1.780.- en 2014 (Tuñón et al., 2015a). El valor de las canastas (tanto de la fuente IPC-INDEC como fuentes no oficiales) se ajusta de acuerdo a los coeficientes por región de Paridad de Precios de Compra del Consumidor elaborados por el INDEC.

11 Se considera indigente a aquellos niños en hogares cuyos ingresos no les permiten adquirir el valor de la canasta básica alimentaria. La misma incorpora una serie de productos requeridos para la cobertura de un umbral mínimo de necesidades alimenticias (energéticas y proteicas). La CBA-mensual por adulto equivalente se evaluó en: $284 en 2010, $355 en 2011, $451 en 2012, $617 en 2013 y $851 en 2014 (Tuñón et al., 2015a).

12 El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es el porcentaje de niños que presentan al menos una de las siguientes privaciones: tres o más personas por cuarto habitable, habitar en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria), hogares sin ningún tipo de retrete, hogares con algún niño en edad de escolarización obligatoria (5 a 17 años) que no asisten a la escuela y hogares con 4 o más personas por miembro ocupado y además cuyo jefe tuviera como máximo hasta primaria completa (Tuñón & Poy, 2014).

13 La población joven comprende de los 18 a los 29 años, la población adulta de los 30 años a los 59 años, y la de personas mayores de los 60 años y más.

14 A modo comparativo cabe referir al reciente trabajo de UNICEF (2016b) sobre pobreza infantil en el caso argentino desde una perspectiva multidimensional. Una primera medición aborda 6 dimensiones (nutrición, agua potable, saneamiento, vivienda, educación e información), distinguiendo entre umbrales severos y moderados, replicando el abordaje de CEPAL & UNICEF (2012) aquí presentado. Esta metodología es aplicada a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la que, sin embargo, sólo permite hacer observables 4 de las 6 dimensiones estudiadas. La incidencia (tasa de recuento) de la pobreza infantil siguiendo esta metodología -que al tomar el enfoque de unión considera como “pobre” a cualquier niño que tenga al menos una privación en las dimensiones definidas- asciende a 31,7% para el año 2015 (UNICEF, 2016b: 12). Resulta difícil comparar directamente tal resultado con los presentados aquí por cuanto las fuentes utilizadas para el cómputo son muy disímiles. No sólo la EPH no permite captar las dimensiones de nutrición e información -que aportan de forma relevante al índice presentado aquí-, sino que además la definición de los umbrales es diferente. En el mismo trabajo (UNICEF, 2016b) se aplica una metodología alternativa, en la que se evalúan 28 indicadores correspondientes a 10 dimensiones. El Informe señala que “no hay niños en la Argentina que experimenten privaciones en los 28 indicadores” (2016: 21) y que el número máximo de privaciones simultáneas es 15. Cabe indicar que esta aseveración es evidente por cuanto no sólo los indicadores remiten a niños de diferentes edades (por ejemplo, la dimensión de “Nutrición” que tiene 4 indicadores sólo es medida para niños de hasta 5 años), sino que algunos son excluyentes entre sí (por ejemplo, no asistir a la escuela y hacerlo con sobre edad), por lo que ninguna de las unidades de análisis podría tener simultáneamente las 28 privaciones. El informe de UNICEF toma la privación en 4 indicadores como criterio para establecer la situación de pobreza multidimensional, lo que arroja 33% de niños pobres. En la justificación de este criterio de corte, indican que, dado que cada dimensión tendría en promedio 2,8 indicadores, “bajo el umbral de ‘un poco más de una dimensión’, la identificación implicaría que para que un niño sea considerado pobre debe estar privado en 2,9 indicadores o más. El 33% de niños pobres surge […] de un umbral de cuatro indicadores, un valor más elevado que los 2,9 de mínimo” (2016: 22. Énfasis nuestro). De acuerdo con la información disponible en el Informe, 86,9% de los niños argentinos tenían al menos una privación, y si se toma el valor de 3 privaciones, como aproximación al promedio de indicadores por dimensión y, por tanto, al enfoque de unión utilizado en este artículo, la proporción de niños con privación asciende a 49,7%, un valor más cercano al aquí presentado que el 33% seleccionado por UNICEF (2016b).

15 Las variables independientes consideradas fueron:
Grupo de edad: Se analizan las diferencias entre los siguientes grupos de edades que representan diferentes ciclos vitales (a) primera infancia (0 a 4 años), (b) escolares  (5 a 17 años), y (c) adolescencia (13 a 17 años).
Sexo: Se analizan las diferencias entre varones y mujeres.
Estrato socio-ocupacional: Expresa la posición de clase de los hogares a través de la condición, tipo y calificación ocupacional, fuente de ingresos y nivel de protección social logrado por el principal sostén económico del grupo doméstico.
Región urbana: Clasifica en grandes ciudades. El aglomerado resto urbano reúne a las localidades urbanas de menor tamaño relevadas en la encuesta como Mar del Plata, Salta, Paraná, Resistencia, San Juan, Neuquén, Zárate, Goya, La Rioja, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Tierra del Fuego.
Protección social: porcentaje de niños y adolescentes en hogares que perciben ingresos a través de programas sociales de transferencias monetarias y asignaciones familiares no contributivas.

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