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Introducción
El presente estudio se inscribe en una perspectiva clásica crítica de las ciencias sociales desde la cual se comprende un cierto estado social a partir del reconocimiento del conflicto como indicador sintético del orden existente (Samaja, 2000) y a través del mismo, se expresan los bienes que están en disputa y se sustancian las correlaciones de fuerzas sociales (Gramsci, 2010).
En este camino, interpretamos la conflictividad laboral en relación a la configuración regional del empleo, atendiendo a los límites o posibilidades que ésta impone a la fuerza de trabajo para visibilizar demandas. Para ello analizaremos la situación de los/las trabajadores/as de Mendoza entre 2011-2019 (los últimos dos períodos de gobierno, nacional y provincial) a partir de dos aspectos: el primero, describe los sectores dinámicos de la economía y en función de la descripción caracteriza la situación general de los ocupados. El segundo, sistematiza la conflictividad laboral en la provincia a fin de evaluar quiénes luchan, cómo y por qué lo hacen y contra quién dirigen sus reclamos. El supuesto que guía nuestra labor es que el conflicto laboral de la provincia no puede ser explicado por sí mismo, sino a través de las condiciones que impone la dinámica del capital local. Los acercamientos propuestos se sustancian centralmente en el análisis de fuentes estadísticas (primarias y secundarias).
De este modo, el problema de investigación pretende dilucidar la dinámica del conflicto capital-trabajo en una específica formación social, debido al vacío de estudios que debaten las especificidades de las regiones en la particular articulación entre dinámica de acumulación/dominación política. Estos aspectos los trataremos en un nivel de abstracción en el que es posible articular la emergencia de la conflictividad con la base económica y la dinámica del empleo, para dar cuenta tanto de la singularidad provincial como de los comunes denominadores que la enmarcan en el ciclo de conflictividad nacional. En tanto esta problemática se vincula con dos dimensiones que esquemáticamente podemos identificar como procesos socio-estructurales (ciclos económicos que revisaremos en términos de actividades dinámicas relacionadas con el empleo, que se expresan en el recorte socio-espacial) y procesos políticos coyunturales (en relación a las gestiones de administración provincial y que sostienen la decisión del recorte temporal).
El desarrollo del escrito se estructura en cuatro apartados: el primero, Acercamientos al tema, establece el estado del arte de las investigaciones sobre conflictividad laboral en nuestro país y sus producciones locales. El segundo, Sobre la metodología de abordaje, reflexiona en la construcción de datos realizada, las fuentes consultadas, las limitaciones que las mismas impusieron, así como justifican el modo de construcción y la circunscripción temporal. El tercero, Configuración de la relación capital-trabajo, aborda la dinámica económica regional en las áreas de inserción de la fuerza de trabajo y los condicionamientos impuestos a la misma en relación a la calidad del empleo. El cuarto, Conflictividad en Mendoza: de las demandas salariales a luchar por el trabajo, expone y analiza el ciclo de conflictos a fin de establecer líneas de continuidad y cambios entre las dos últimas administraciones provinciales. Finalmente, en el apartado Interpretación del conflicto: hacia dónde va Mendoza, exponemos el análisis de la configuración laboral y de la disposición a actuar colectivamente de los/las que viven del trabajo, a fin de señalar las notas sobresalientes en su vinculación interpretativa.
Acercamientos al tema
Para cualquier investigador de las ciencias sociales el escenario social actual invita a colocar en agenda, la génesis y dinámica de la conflictividad laboral. Esto se verifica en una configuración regional en que las transformaciones del capital y la institucionalidad que la resguarda, se expresan en crisis cuyo cierre de modo recurrente conforma ajustes económicos, depredación de la naturaleza y pauperización-exclusión de sectores de la población. Aun así, la disputa de los y las trabajadoras emerge con distintas connotaciones e improntas.
Ahora si bien el conflicto social como tema central es innegable para muchos autores/as o investigadores/as, su tratamiento en sí mismo se tornó arena de disputa, ya que colocaba en su centro la cuestión de la relevancia (o no) de los/las trabajadores/as versus otros nuevos/as sujetos/as; la aparición de otras-nuevas demandas más allá de la salarial que expresaban el desborde de lo social hacia otro tipo de conflictividad y finalmente, el retorno de las organizaciones clásicas (sindicatos) con amparo del Estado, cuyo balance pivotea desde la consecución de derechos hasta la regulación de la precariedad. Nuestro recuento intenta acercarnos a los/las que luchan, con una síntesis de los antecedentes de investigación en nuestro país. De ellos rescatamos la centralidad del conflicto, los modos diversos de aproximación al mismo, el rescate de la experiencia en la configuración compleja de la clase (Collado, 2019) y las nuevas perspectivas de subjetivación política que entraman clase, edad, género y etnicidad. Para organizarlos nos detenemos en tres momentos que abrieron líneas analíticas específicas de debate y que para nosotros renovaron las formas de acercamiento e interpretación.
El primer momento, durante los ’90, bajo la implementación inicial del programa neoliberal en Argentina, la mayor parte de los estudios dedicaron sus esfuerzos a desentrañar las características de conflictos relativos al trabajo-empleo, en relación con las transformaciones del Estado y la reconversiones productivas derivadas del empalme nacional con la mundialización del capital (Murillo, 1997; Novick, 2001: Marshall, 2002).[1] Según estas investigaciones, la conflictividad se orientó de modo general hacia el resguardo de derechos sociales-laborales, bajo la impronta de defensa y preservación. Como respuesta al debate internacional sobre el fin de la clase obrera un importante núcleo de investigadores re-pusieron en el centro de la discusión las luchas de los /las trabajadoras (Pozzi & Schneider, 1994; Iñigo Carrera & Podestá, 1997; Iñigo Carrera & Cotarelo, 2000). Con el fin de la década, las transformaciones estructurales (y, al mismo tiempo estructurantes) de una nueva cuestión social variaron sus intereses de estudio, ubicando como centro al trabajo más allá del empleo. Es decir, se dedicaron a actividades de subsistencia, periféricas al mercado laboral y caracterizadas por su precariedad, autogestión o sostén a través del Estado (Schuster, 1996; Giarracca, 2001; Jelin, 2002; Auyero, 2002; Seoane, 2003; Merklen, 2005; Scribano, 2003, 2007; entre muchos otros).
En un segundo momento a partir y luego de 2001 (punto de inflexión de la crisis nacional), hubo una apertura hacia la conflictividad social más amplia. Aparecieron temas en torno a la reconstitución del tejido social y de las solidaridades perdidas imponiéndose investigaciones sobre el sujeto (social, laboral, ciudadano, vecinal) o la política –como comunidad de intereses–, que expresaban y visibilizaban demandas y reclamos en el territorio. Adquirieron mayor énfasis las preocupaciones en torno a la identidad y los sujetos colectivos, la representación (en sus formas tradicionales y novedosas), la acción colectiva y los nuevos movimientos sociales (Bonifacio & Villagrán, 2017). El fenómeno del protagonismo de las mujeres fue reconocido como denominador común en las luchas, pero no se tematizó fuertemente como en la actualidad.[2]
Con la clausura de la algidez del conflicto y el cierre de la crisis institucional, las producciones migraron, no casualmente, hacia nuevas áreas de interés. La cuestión de la subjetividad surgió como marca específica de los cambios en ciernes y ámbito desde donde exponer las transformaciones del capital y su impacto en los que viven del trabajo. Las contribuciones se dirigieron a los cuerpos, emociones, la construcción identitaria y la subjetivación, en tanto que retornaron al trabajo-empleo y su inserción en diversas actividades económicas para connotar la intensificación y modos de extorsión activados y legitimados por las reformas neoliberales (Battistini, 2004; Abal Medina, 2004; Pierbattisti, 2007; Drolas, Montes Cató & Pichetti, 2005; Rebón, 2005; Panaia, 2008, entre otros/as)
Más allá del primer quinquenio de dos mil podemos establecer un tercer momento en que la cuestión del conflicto volvió a enfocarse específicamente en la cuestión laboral y a debatir bajo nuevo halo, la temática clásica de la organización, participación e impronta de las organizaciones sindicales. Un marcado interés se situó en la crisis y resurrección sindical, la vitalidad organizativa desde el lugar de trabajo y la reposición de su militancia (Palomino, 2005; Palomino y Trajtenberg, 2006; Soul 2006, 2010; Senen González & Medwin, 2007; Duhalde, 2009; Piva, 2009; Santella, 2009; Lenguita & Montes Cató, 2010; Varela, 2010; Marticorena, 2014a; Collado & Roitman, 2015, entre otros). A la par, se verificó la renovación temática y casuística de la historiografía del movimiento obrero sobre el pasado reciente de la que se sirvieron las producciones actuales para su enriquecimiento mutuo (Ceruso & Varela, 2016; Collado, Bonifacio, Vommaro, 2017), entre otros. Cuentan aquí también los aportes específicos de quienes reflexionan de modo conjunto en torno a la hegemonía, procesos de acumulación y conflicto social-laboral (Piva, 2006, 2016; Grigera, 2013; Bonnet, 2015).
El énfasis sin duda lo marcó el debate en torno a la revitalización sindical (su emergencia internacional, la pertinencia del fenómeno en nuestro país, la singularidad de sus expresiones locales), la re-emergencia del sindicalismo de base, la irrupción de un nuevo clasismo, la regulación estatal de la conflictividad por la vía de la negociación colectiva y el retorno al debate sobre lucha de clases, clase, consciencia y/o disposición a actuar como tal (Senén González & Haidar, 2009; Ventrici, 2013; Senén González & Del Bono, 2013; Marticorena 2014b; Varela, 2013; Galafassi & Pucciarelli, 2017, entre muchos otros).
Actualmente vislumbramos nuevas preocupaciones que interrogan a la conflictividad de los y las trabajadoras como los estudios de género y feministas (Varela, 2019), juventudes (Abal Medina, 2014; Adamini, 2018), los dilemas de la ruralidad (Rau, Trpin & Pazos, 2011) y las infancias trabajadoras (Barboza & Estrada, 2018), solo para marcar algunas aperturas que renuevan o remozan las líneas clásicas de indagación.
En este gran campo de interés, consideramos que los estudios de conflictividad laboral no dan cuenta de las peculiaridades y distinciones regionales, que se invisibilizan en los estudios que generalizan las dinámicas que asume ésta a nivel nacional. Consideramos que los procesos sociales siempre implican una territorialización y adquieren una especificidad en su manifestación, de manera que resulta relevante el estudio de la conflictividad en la provincia de Mendoza, no sólo por la ausencia de estudios locales, sino también debido a que los mismos han sido enfocados hasta el momento casi exclusivamente por investigaciones de corte histórico. Desde la historia reciente cuentan los trabajos del sindicalismo, organizaciones y disputas del movimiento obrero de Marcela Emili (2010), Gabriela Scodeller (2008), el Colectivo Fantomas (2012), Mariana Garzón Rogé (2014) y Laura Rodríguez Agüero (2018). En tanto que, centrados en los problemas de la conflictividad laboral hoy, se encuentran las producciones de Collado & Roitman (2015) y Canafoglia (2019), entre otras.
Los aportes de la historiografía coadyuvan a comprender las tradiciones militantes y sindicales y su relación con la dinámica económica y política regional. Esta reflexión se encuentra en la base de lo que pretendemos sea nuestro aporte: evaluar las transformaciones de la conflictividad en relación a los cambios en la matriz productiva y la división regional del trabajo. En los parágrafos siguientes pretendemos mostrar que la terciarización de la economía provincial y su contracara, la apuesta por la re-primarización económica ayudan a comprender lo que visibilizan y ocultan los procesos de conflictividad laboral. Con relación a la primera, la centralidad en las protestas de la administración pública que concentra un plantel de trabajadores/as formalizado, estable y altamente sindicalizado. Con respecto a las segundas, la escasa o nula emergencia de conflictos abiertos, relacionados con los ciclos estacionales del sector vitivinícola y la posición estratégica de los petroleros.
Como indicaremos a continuación, la transición del modelo de desarrollo mendocino[3] no se ha mostrado en vínculo directo con la conflictividad laboral. La emergencia conflictual se ha expresado como pueblada en mayor sintonía con conflictos de índole socio-territorial, tal como se mostró en las jornadas de diciembre de 2019, en la masividad de la defensa de la Ley 7722, que protege el agua, invalida la megaminería y con ella, el uso de sustancias tóxicas en su desarrollo.[4]
Sobre la metodología de abordaje
En general las formas de abordaje clásicas del conflicto laboral o la protesta se han realizado a través del seguimiento de la prensa gráfica.[5] Como antecedentes en nuestro país cuentan las experiencias de investigación del Programa de Investigaciones sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) coordinado por N. Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo; el Grupo de Estudios de Protesta Social y Acción Colectiva (IIGG-UBA) dirigido por F. Schuster; el Observatorio Social de América Latina (OSAL) dependiente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); El Observatorio de Derecho Social (ODS) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)[6] y el grupo de Adrián Scribano en Córdoba (hasta 2005), la sistemática en los registros nacionales que produjo desde la órbita estatal el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS),[7] los Observatorio de Conflictividad Laboral de Córdoba[8] y el Seminario de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad de Mar del Plata (SISMOS).[9]
Este tipo de seguimiento con base en fuente periodística permite continuidad, cotidianeidad y comparabilidad (en tiempo y espacio) en la construcción de datos, así como disponer de información básica sobre su producción o emergencia (quiénes luchan, por qué lo hacen, contra quién y cómo llevan a cabo la disputa). Aun así, el grueso de los investigadores que se dedican al tema, reconocen importantes limitaciones si solo se sustancia este tipo de acercamiento al fenómeno (Franzozi, 2017; Chakrabarty, 2008; Ghigliani, 2009; Stiberman, 2017, entre otros/as).
Debido a ello, en este trabajo conjugaremos una doble entrada al problema: desde la dinámica del capital y desde la producción conflictual del trabajo, siguiendo la perspectiva del configuracionismo latinoamericano (De la Garza, 2018). Con respecto a la primera, pretendemos dar cuenta de la configuración regional de la relación capital-trabajo a través del modo en que el primero impone las condiciones de venta a la clase-que-vive-del-trabajo (Antunes, 2005; De la Garza & Leyva, 2012). Esto es, describir y analizar qué áreas dinamiza el capital, dónde precisa mayor cantidad de mano de obra y qué condiciones laborales generales impone. Pretendemos así interpretar el ciclo de conflictividad laboral en la antinomia que proponen los clásicos de la sociología crítica del trabajo. Esta aproximación será realizada a partir del procesamiento de fuentes estadísticas oficiales, sobre todo económicas y de empleo con base en fuentes oficiales (Encuesta de Condiciones de Vida, Producto Bruto Geográfico (PBG), Encuesta Permanente de Hogares).[10]
Con respecto a la segunda cuestión, analizaremos la conflictividad laboral a través del ciclo de protestas que se sustanció entre 2011-2019 en la provincia de Mendoza. Con este acercamiento queremos caracterizar qué demandaron los/as trabajadores/as, a quién/es, en qué ámbitos y de qué modo (bajo qué modalidad o repertorios de acción). Así, nuestro objeto será describir y analizar el conflicto laboral a través de la emergencia de acciones conflictivas encaradas por los/las trabajadores/as. Esta labor se sostendrá en el procesamiento y análisis de la base de conflictividad laboral construida por el Observatorio de Conflictividad Laboral de Mendoza (cuyos registros sistemáticos recuperamos para el período 2012-2017 ya que a partir de esa fecha no han tenido continuidad).[11] Debido a lo anterior, los datos que permitan comprender el lapso temporal escogido, serán completados con información disponible del ODS-CTA y MTEySS. El recorte temporal se justifica en el interés de establecer características del momento bisagra entre las últimas administraciones provinciales, las que denotan discrepancias en la forma de administrar y/o gestionar el conflicto laboral.[12]
Configuración de la relación capital-trabajo
Comprendemos que la dinámica de la economía regional se encuentra entramada en relaciones sociales que la posibilitan y le imprimen su impronta. De esto se desprende que en Mendoza el modo de desarrollo regional articula de modo específico los sectores dominantes y subalternizados. A esta impronta denominamos configuración: red de relaciones que se visibilizan en procesos concretos y que, en nuestro caso, se muestran en indicadores que marcan el desenvolvimiento y desempeño socio-económico regional.[13] Estructuras que se materializan en condiciones, áreas y formas de inserción de la mano de obra, así como en dinámicas económicas y sujetos que se manifiestan y visibilizan en luchas y acciones de disputa.
A partir de esta concepción, podemos afirmar que la provincia de Mendoza es conocida y referenciada por su impronta vitivinícola y producción petrolera (Roig, Lacoste & Satlari, 2004). Sin embargo, la terciarización de su base económica es un fenómeno que ha crecido y se ha acentuado durante todo el siglo XXI. Los registros anteriores al fin del siglo XX mostraban una constitución tripartita del Producto Bruto Geográfico. En la actualidad, en contrario (Ver Figura 1), se registra una tendencia sostenida a favor de los servicios y el comercio, lo que impacta de forma certera sobre el área de inserción laboral de la mano de obra y las condiciones laborales y que como veremos luego, se relacionan con las expresiones visibles de conflicto laboral.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de las fuentes estadísticas sectoriales-económicas, Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Notas: * Dato provisorio; ** Dato preliminar.
Figura 1 Evolución del Producto Bruto Geográfico por sector Provincia de Mendoza 2003-2017
Apreciados de modo comparativo, los sectores que pierden peso relativo son la industria manufacturera y el sector primario. Es importante recordar que el sector secundario en Mendoza está vinculado estrechamente a la producción primaria: su característica es agroindustrial. Esta pérdida debe ser analizada de modo conjunto y en relación con la crisis que atraviesan las economías regionales.
Desde este marco y para complejizar el análisis del sector primario, podemos decir que en su composición no todas las cadenas productivas fueron afectadas por la crisis regional de la misma manera. En este caso, la vitivinicultura –pilar casi bicentenario de la economía mendocina– es la actividad más resguardada por regulaciones y políticas públicas,[14] lo que hace que sea menos sensible a los vaivenes cíclicos de los momentos de auge y caída económica. Esto no sucede con el resto de las producciones primarias (olivícola, frutícola y hortícola), cuyo desempeño en el lapso de los últimos 15 años (2003-2017) perdió 10 pp. Lo anterior se relaciona con la disminución de superficie cultivada y la cantidad de producción, debido a los impactos climáticos.[15] Una de las consecuencias más relevantes de esta situación es la acelerada homogeneización de la matriz productiva general en especial primaria, su urbanización y la consolidación de un perfil especializado con escasos márgenes de maniobra en términos de inserción de la fuerza de trabajo al mercado laboral (sobre todo formal). De ello sigue la retracción de actividades de subsistencia más allá del empleo, asociadas tradicionalmente al sector primario.[16]
El desempeño de los sectores económicos debe ser relacionado, a los fines de nuestros objetivos, con los lugares de inserción de la mano de obra, su cantidad y la intensidad de la ocupación. Según la Encuesta de Condiciones de Vida alrededor del 67% de la mano de obra ocupada se concentra en actividades del sector terciario, localizadas en el Gran Mendoza (DEIE, 2016). La más importante porción de mano de obra del sector primario se ubica en los oasis de cultivo (Valle de Uco, Noreste), aunque no alcanza al 30% del total. Llama la atención que en el Oasis Sur (constituido por los departamentos Malargüe, San Rafael y General Alvear) este porcentaje es aún más bajo (16%), teniendo en cuenta que no sólo es locación de la producción frutícola y vitivinícola. La importancia del sur provincial en relación a la cuenca petrolera se muestra en el 24% que asume el sector secundario.
Estos datos nos indican tanto la concentración de la mano de obra en sectores productores de servicios, como su connotación urbana-terciarizada,[17] aún en regiones provinciales que históricamente se han caracterizado por la producción agroindustrial como se muestra en el Cuadro 1. En el último trienio con datos disponibles (ECV) muestra la consolidación del predominio del sector servicios para el conjunto de la provincia.
Cuadro 1 Total de ocupados por gran sector de actividad económica Mendoza 2016-2018 (en porcentajes)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta de Condiciones de Vida, Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
En relación con el mercado laboral urbano,[18] la provincia presenta una estabilidad relativa en las tasas de actividad e inactividad, cuyos promedios para el período 2012-2017 fueron de 45% y 55% respectivamente. En cuanto al empleo, si bien muestra para los años seleccionados un promedio de 43%, registra desde 2003 un aumento considerable, pasando del 38% (2003) al 42,4% (2017). En tanto el desempleo mostró una caída entre los años 2003 a 2015 (moviéndose alrededor de un 4%), período en que comienza un ciclo de crecimiento sostenido, con pico máximo en 2019 (8,6% en el tercer trimestre). Es importante destacar que la población pobre en 2018 alcanzó el 36%, los hogares pobres llegaron al 25% en tanto que la indigencia alcanzó al 5% del total de la población mendocina y al 3% de los hogares.[19]
En la composición total de las actividades del sector terciario predomina el comercio, que en promedio el último trienio asumió un 19,3% del empleo de dicho sector, al que siguen en importancia la enseñanza (17,4%), administración pública (14,3%) y el servicio doméstico (13,6%).[20] Por otra parte, la inserción laboral marca a las claras otro factor de importancia: la fuerte impronta del Estado como empleador en las áreas que ocupan mayoritariamente a la población inserta en el sector terciario.
El predominio del sector terciario en el conjunto de la mano de obra no homogeniza las condiciones laborales en las cuales la misma se inserta. En este gran grupo heterogéneo los que se encuentran más afectados por la precariedad corresponden al ámbito privado si se toman en consideración las coberturas de seguridad social y previsional.
Según diferentes dimensiones de precariedad laboral, mostramos a continuación la situación de los empleados provinciales (Cuadro 2). En este conjunto (representativo de la provincia) se observa cómo la órbita privada está afectada por la precariedad (en más del 50% en todos los ítems seleccionados): vacaciones pagas, días pagos reconocidos por enfermedad, aguinaldo, descuento de obra social, descuento de jubilación y formalización de la relación contractual a través de la jubilación (el 49% de los empleados privados no perciben descuento jubilatorio) y la recepción y disponibilidad del bono de sueldo (52% no cuenta con dicho comprobante en el sector privado). Si sumamos más de 3 ítems de vulnerabilidad, el 90% de los empleados del sector privado está afectado de alguna manera (datos de 2018).
Cuadro 2 Empleados de la Provincia de Mendoza por tipo de empresa en la que trabajan según indicadores seleccionados de vulnerabilidad laboral Mendoza 2018
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El fenómeno de precariedad medido por no registración de los ocupados (informalidad), es un común denominador que afecta en promedio al 30% de los/as asalariados/as ocupados del Gran Mendoza. Su valoración por área de inserción laboral, refuerza las condiciones de vulnerabilidad de sectores clásicamente precarios como la construcción y el servicio doméstico y, acentúa la diferencia entre los asalariados del sector público y de las ramas tradicionalmente más formalizadas como transporte, servicios financieros, industria petrolera y electricidad, gas y agua.
La indicación de registración por rama nos muestra las mayores disparidades en términos de protección y seguridad social de la mano de obra, valoradas por clase, género y edad: son los varones pobres los afectados por la rama de construcción y las mujeres en el servicio doméstico, mientras que los/as jóvenes son preferencialmente ocupados en el sector restaurantes y hoteles (Randis, 2014). La segunda gran partición se constata en términos de protección por ámbito: el sector público (enseñanza, administración) es el más resguardado en comparación con el privado.
Cuadro 3 Salarios reales promedio anual de los empleados registrados de Mendoza por rama de actividad económica 2012-201721
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales (DGEyEL), Subsecretaría de Políticas y Estadísticas y Estudios Laborales (SSPTYEL) y Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
A la condición de estabilidad de la relación laboral se le suma la cuestión salarial. Mendoza muestra singularidades con respecto a su consideración: mientras que en otras provincias los trabajadores industriales son los mejores pagos, en la industria manufacturera mendocina, debido a su configuración en MiPymes de base agroindustrial (Canafoglia, 2019), los niveles salariales son considerablemente inferiores. En tanto en el sector público formalizado, los estables muestran vulnerabilidad en el nivel salarial (condicionada, a la vez, por las bajas presupuestarias). En general, los ingresos más elevados se muestran en sectores con muy baja concentración de ocupados y alta rentabilidad, pero estratégicos en términos de peso económico (por su condición de commodity). El sector financiero, de crecimiento constante durante la última década y media, es otra actividad de salarios altos restringido a trabajadores formalizados, tal como se detalla en el Cuadro 3.
Con este set de datos hemos querido resaltar los rasgos situacionales y de cambio de la economía regional mendocina que marcan a las claras, los lugares donde se inserta centralmente la mano de obra, sus condiciones en términos de formalización, seguridad y nivel salarial que coadyuva a que el conflicto se exprese (entre los asalariados formales, sindicalizados, estables), se invisibilice (entre los precarizados de todas las ramas, especialmente del sector primario y el comercio) o desborde los marcos de lo laboral para disponerse como disputa socio-territorial. El escenario así configurado, nos ayuda a comprender la conflictividad y lo que está en disputa en nuestra formación social.
Conflictividad en Mendoza: de las demandas salariales a luchar por el trabajo
Para nosotras el conflicto social general y laboral en especial, es un indicador sintético de lo que está en disputa y hacia dónde se mueve una determinada formación social. En el sendero de los clásicos marxistas, la experiencia de lucha conforma un acercamiento a las clases sociales, en tanto las mismas no existen como realidades separables, sino en la dialéctica de su lucha. No desaparecen cuando las formas más vivas o las más conscientes de la lucha se atenúan. Heterogénea y desigual, la conciencia es inherente al conflicto que comienza con la venta de la fuerza de trabajo y la resistencia a la explotación. Y que ya no cesa (Bensaïd, 2002: 186).
Por ello es importante seguir el pulso de la cuestión social a través del conflicto que, como señala Edwards (1990), puede ser considerado en distintos niveles de análisis y observado en sus manifestaciones. Desde este nivel empírico-operativo, el conflicto es la disputa (material o simbólica) entre sectores dominantes y la subalternidad o, su manifestación al interior de cada uno de éstos agrupamientos, y que en ambos casos se expresa en acciones conflictivas. [22]
En todo caso, si bien la provincia de Mendoza participa de la impronta conflictual que involucra a la Argentina, pretendemos situar su singularidad. En este marco, entre los años 2011-2019, los registros de conflictividad nacional mostraron diferencias relevantes entre los ciclos correspondientes a las diferentes administraciones nacionales que se sucedieron (MTEySS y ODS-CTA). La primera etapa 2011-2014, estuvo marcada por el incremento paulatino de la conflictividad, tanto en el ámbito público como en el privado. Los conflictos en el sector público fueron motivados por aumentos salariales –lo que se explica por el deterioro registrado entre los/as trabajadores/as estatales–, en tanto la mayoría de las disputas ocurrieron contra los Estados provinciales, las que ganaron centralidad sobre las que se manifestaron contra el Estado nacional. Entre los repertorios de acción, el paro y la movilización fueron los predominantes.
En cuanto a la conflictividad del sector privado, perdió peso relativo en relación al sector público a partir del año 2012. Desde el año 2007, la mayoría de los conflictos ocurrieron a nivel de empresas, tendencia que se mantuvo durante todo el periodo. No obstante, entre 2011-2013 ganó peso relativo la conflictividad por rama de actividad económica, fenómeno que podría asociarse a la mayor dificultad de los sindicatos para cerrar negociaciones paritarias. En cuanto a los motivos que expresaron, se observó en el largo plazo una caída de demandas salariales y un crecimiento progresivo de conflictos ligados a situaciones de crisis (despidos masivos, quiebras, suspensiones, deudas salariales, etc.). Las actividades del sector privado que manifestaron más disputas se localizaron en servicios de transporte e industria manufacturera.
El 2014 fue el año de mayor conflictividad de la serie (según los registros de MTEySS y ODS-CTA), a partir del cual comenzó una tendencia decreciente en el contexto del nuevo gobierno nacional. Durante los primeros meses de la gestión del presidente Mauricio Macri, se delineó un escenario complejo de ahogamiento de las luchas de los/as trabajadores/as, signado por despidos y suspensiones tanto en el sector público como en el privado, que se relacionan con el retroceso de la conflictividad del sector privado.
Durante esta segunda etapa (2015-2019), el sector público siguió teniendo un peso relativo mayor que el privado en términos de cantidad de conflictos, siendo el reclamo de mejoras salariales el principal causante del mismo. A partir de 2016, hubo un incremento de disputas por despidos y deudas salariales, que se registraron fundamentalmente en las reparticiones del Estado municipal y nacional, aunque la amplia mayoría de las mismas continuaron siendo contra los Estados provinciales. En cuanto al tipo de acción, predominaron el paro de actividades seguido por acciones comunicacionales y movilizaciones.
En el sector privado se advirtió un descenso de la conflictividad en términos absolutos y relativos. Con igual tendencia que el periodo anterior, los conflictos ocurrieron fundamentalmente en las empresas, motivados en por situaciones de crisis –entre las que destacan los pedidos de re-instalación de puestos de trabajo frente a los despidos–. Mientras que los conflictos por rama de actividad (con menor peso relativo) fueron motorizados por reclamos de nivel salarial (aumentos porcentuales, sumas fijas, aumentos jubilatorios, etc.). Entre los principales tipos de acción colectiva predominaron el paro seguido por los cortes de calle y las movilizaciones.
En este marco la conflictividad en Mendoza asume su impronta. Aquí se verifica una fuerte estacionalidad conflictual implicada con la vendimia: los conflictos más fuertes se expresan en la escena pública entre marzo-abril y retornan con intensidad considerable en noviembre-diciembre (donde entran en disputa cuestiones estacionales de vendimia y los sujetos de esa cadena de producción). Consecuente con esto, entre febrero y abril se hallan la mayor cantidad de acciones conflictivas, lo que a la estacionalidad señalada se le adosa el desarrollo más o menos regular de las negociaciones paritarias. Esta tendencia recurrente se prolongó en el último trienio (2015-17), tanto por ampliación de los reclamos como por extensión de duración y cantidad de las acciones conflictivas, debido al contexto inflacionario, la devaluación salarial y la consecuente escalada del costo de vida (Bonifiglio, Vera & Salvia, 2018).
En términos de distribución geográfica, advertimos que la mayoría de las acciones conflictivas en todo el período se sustancian en el Gran Mendoza y dentro del aglomerado, son más frecuentes en la capital provincial (en promedio para los seis años considerados ronda el 44%). Esa concentración en la locación de los conflictos se debe a que la capital es el centro de poder político-administrativo provincial y donde más se visibilizan las demandas. Así, los repertorios de acción se constatan en sede de la Legislatura Provincial, Casa de Gobierno o tribunales judiciales.[23]
La inserción laboral de los protagonistas asume una fuerte presencia de los/as trabajadores/as estatales. Estos concentraron la mayor cantidad de acciones conflictivas en toda la serie, mientras los/as privados registraron una disminución en su participación relativa (concordante con la situación nacional), salvo en el año 2015 en el que alcanzaron un 22%. Esto se explica por el aumento de los conflictos en las ramas de actividades primarias, industria y transporte (Figura 2).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Conflictividad Social, Mendoza (OCS-M).
Figura 2 Acciones conflictivas por ámbito de inserción laboral de los y las trabajadores en conflicto Mendoza 2012-2017
El registro del ámbito de inserción institucional de los trabajadores en conflicto, diferencia claramente su nivel de participación: si bien en todo el sexenio predominan los trabajadores provinciales como protagonistas mientras los municipales participan en menor cuantía, los conflictos de la órbita nacional muestran un aumento considerable en el último trienio (luego de la crisis provincial de 2014 y el cambio de gobierno en 2015, año bisagra). Esta situación reconoce su origen en los recortes de las plantas de trabajadores del Estado nacional y la afectación en su presupuesto durante 2015-2017 (Cuadro 4).
Cuadro 4 Acciones conflictivas registradas por ámbito institucional de inserción y nivel de agregación de loslas trabajadoresas en conflicto Mendoza 2012-2017 (en porcentajes)
Nota: Los datos de agregación no totalizan el 100% por porcentual sin respuesta.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Conflictividad Social, Mendoza (OCS-M).
Las cifras empero nos dicen algo más que la pertenencia institucional: mientras en el primer trienio el conflicto se dispersa en ámbitos locales, en el segundo se comienza a concentrar en ámbitos provinciales y nacionales, cuestión que se refuerza si consideramos el nivel de agregación de las acciones conflictivas que, salvo en el 2014 (como dijimos año de relevante crisis provincial), registran un comportamiento paulatino de concentración y agregación (por actividad económica) hasta el final de la serie.
Analizadas las acciones conflictivas por sector de actividad, predominó en todo el período el sector terciario (en promedio 71%). En su litigiosidad influyeron diferentes factores como el sindicato que llevó a cabo las acciones y/o la consecución o no de los acuerdos paritarios: mientras fue notoria la disminución de la participación de ATE-Asociación de Trabajadores del Estado y AMPROS -Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud en el último bienio, los trabajadores educación pública (SUTE- Sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación) sostuvieron el incremento del sector público. Vale aclarar que en todo el período los sujetos de disputa se organizaron mayoritariamente a través de las organizaciones sindicales clásicas. Al contrario de lo que sucedió a nivel nacional con el fenómeno que algunos investigadores/as denominaron revitalización sindical, en Mendoza no se registró un movimiento por las bases que inaugurara nuevas representaciones u organizaciones, sino que se expresó en una mayor participación a través de asambleas y renovación de delegados (que como muestra la Figura 3, se advierten en el primer período).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Conflictividad Social, Mendoza (OCS-M).
Figura 3 Acciones conflictivas protagonizadas por trabajadoresas estatales según rama de actividad económica Mendoza 2012-2017
Dentro del sector terciario, la mayor cantidad de conflictos se ubicó en las ramas de Administración Pública, Enseñanza y Salud. Mientras que tendencialmente, tanto el sector primario como el secundario perdieron peso y aumentaron la participación relativa de las acciones de varios sectores (ramas) aunque siempre ligadas al ámbito público, al confluir en las protestas de los sindicatos estatales.
En tanto los conflictos del sector secundario se sustanciaron centralmente en empresas agroindustriales, bodegas y conserveras (Canafoglia, 2019), con escasa conflictividad en el último trienio. Cabe destacar la conflictividad social (más allá de lo laboral) que involucró al sector de electricidad, gas y agua, ya que los aumentos tarifarios motivaron acciones de la ciudadanía, impulsadas a través de organizaciones de la sociedad civil. En tanto, los conflictos que involucraron al sector primario fueron más fuertes entre 2012-2013, como se observa en la Figura 4, asociados a la pérdida de puestos de trabajo en el sector de minería y a la lucha y demandas orientadas al Estado de los pequeños productores vitícolas por contingencias climáticas y la frecuente caída del precio de la uva.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Conflictividad Social, Mendoza (OCS-M).
Figura 4 Acciones conflictivas por grandes sectores de actividad Mendoza 2012-2017
Un aspecto a destacar es que las demandas de los/as trabajadores/as se han concentrado fundamentalmente en la problemática salarial. Aunque este motivo fue dominante, no tuvo el mismo nivel ni impronta en cada uno de los períodos considerados. En el marco de la regularización de las negociaciones paritarias, las mejoras salariales fueron la principal demanda en el primer trienio. Resulta importante señalar la dinámica de funcionamiento que advertimos, ya que ciertas negociaciones testigo con algunos sindicatos (como el docente) establecieron topes negociables e incrementaron la discusión y regulación estatal de la conflictividad. También estableció importantes premios que se vincularon a la productividad. En tanto en el segundo trienio, la cuestión salarial se conformó en reclamo defensivo y fue puesta en contra de la propia conflictividad (por la vía de descuentos masivos y castigos diferenciadores al interior de diversos colectivos de trabajadores). Su centralidad estuvo relacionada con la carestía en la reproducción de la mano de obra por espiral inflacionaria, aumento de los servicios públicos básicos (luz, gas, transporte) y la depreciación de su poder de compra. El salario adoptó aquí una connotación disciplinadora, que se vio reforzada por el peso que adquirieron los conflictos con demandas relativas a la crisis (pagos adeudados, despidos, suspensiones y vaciamiento), que aumentaron su participación desde 2015 (Figura 5).
Si los datos relativos a las demandas de los/as trabajadores/as nos muestran un proceso de crisis del trabajo en términos salariales y de fuentes de empleo, las formas de resistirlo bajaron su intensidad con relación a la acción directa: como se advierte en la Figura 6, el paro, las asambleas y los piquetes decrecieron en el último trienio en tanto aumentaron las protestas cuyos repertorios de acción son las declaraciones de prensa y difusión pública, a la par que la negociación adoptó el modo de conciliación obligatoria. En este escenario, el comportamiento de las marchas merece especial atención. Como expusimos, los conflictos docentes son los que explicaron el aumento de conflictividad laboral estatal en el último bienio estudiado y uno de los sectores más castigados por el Gobierno,[24] que les aplicó el ítem aula, el cual penaliza el ausentismo con descuentos sustanciales de haberes. Debido a ello dejaron de expresarse en paros para hacerlo a través de concentraciones y marchas (fuera de la jornada laboral). A esta limitación se sumó el cercamiento de las protestas por aplicación generalizada del Código de Faltas del municipio de Capital (que en 2018 se extendería a toda la provincia). Esta norma penaliza a los que impiden el tránsito u ocupan la vía pública con abultadas multas. La efectividad de ambas disposiciones incidió en la retracción progresiva de la conflictividad y su visibilización pública.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Conflictividad Social, Mendoza (OCS-M).
Figura 5 Acciones conflictivas por motivo de los y las trabajadores Mendoza 20122017
Finalmente, cabe destacar dos procesos de conflictos que por su envergadura en términos porcentuales no aparecen con peso estadístico, pero se destacaron por sus demandas, acciones y formas de expresión colectivas durante el período de referencia. Ambos fueron protagonizados por trabajadores atípicos o no clásicos (De la Garza, 2017): feriantes y artistas de vendimia. El conflicto de los/as feriantes involucró a la comunidad boliviana del departamento de Guaymallén, quienes reconocen en las ferias un modo de sostén que se afirma durante los momentos de crisis económica y suple al mercado laboral, colaborando en el sostén de un amplio número de familias (entre 500 y 600 feriantes por más de 30 años). En 2014 la intendencia intentó la relocalización de la feria en un espacio periférico, esgrimiendo acusaciones de robo, higiene pública y competencia desleal. Sus protagonistas, centralmente mujeres bolivianas, organizaron asambleas y enfrentaron la decisión municipal hasta que, en 2017, procesaron a algunos/as de sus miembros y se los reubicó, estableciéndose la prohibición de ferias a cielo abierto.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Conflictividad Social, Mendoza (OCS-M).
Figura 6 Acciones conflictivas por tipos de acción de los y las trabajadores en conflicto Mendoza 2012-2017
El segundo conflicto admitió una publicidad mayor pues involucró a los artistas de vendimia (bailarines/as, músicos/as, escenógrafos/as y actores/actrices). Sus condiciones de trabajo precarias y flexibles tuvieron como corolario la visibilización de demandas múltiples en un ciclo de conflictos que comenzó en al año 2011 con un pico máximo en 2017, cuando un accidente laboral de envergadura expuso el menoscabo de sus condiciones y relaciones laborales, la alta siniestralidad de la que son objeto y su potencialidad de organización colectiva (aún en ciernes), así como los dilemas de su propia consideración como trabajadores/as del arte.
Interpretación del conflicto: hacia dónde va Mendoza
Como expresamos al inicio de esta presentación, los procesos de conflictividad laboral conforman una aproximación válida para evaluar la situación de una formación social. Los mismos se llenan de sentido cuando se analiza el piso material que los sostiene, es decir la dinámica del capital. En este estudio quisimos presentar un abordaje doble, partiendo de la conformación de las áreas de inserción de la mano de obra y de las condiciones en que la población se inscribe en las mismas y de los y las sujetos/as que se visibilizaron en conflictos.
De la configuración delineada, a modo de cierre, esbozamos algunas connotaciones sobre la expresión, emergencia y sostén de demandas de la población trabajadora en el período temporal seleccionado. En primer lugar, la provincia está afectada por una crisis de modelo de desarrollo que se vislumbra en la mengua de importancia de las actividades primarias y secundarias que otrora le imprimieran su dinámica e impronta. Empero, en el sector primario-agrícola, donde la mano de obra es rural y dispersa, escasamente sindicalizada, es poco común la visibilización del conflicto laboral. De los sectores poblacionales perjudicados por la dinámica en esta área, han sido los pequeños productores vitícolas los que consiguen hacer visibles y potentes sus demandas de modo recurrente, con cada nuevo ciclo anual de producción y en cada vendimia. Mientras que, en relación a la población industrial, su escasa expresión conflictual se vincula a las formas de agregación en micro y pequeñas empresas agroindustriales, dependientes fuertemente de la estacionalidad agrícola y los ciclos y mercados de los sectores a los cuales sirven. En tanto, los trabajadores vinculados al petróleo, no han demostrado alta conflictividad durante el período. Más allá de esto, cuando realizaron un reclamo el mismo fue atendido puntualmente de modo rápido y diferencial, mostrando a las claras su posición estratégica (Womack, 2007). En este primer aspecto, la conflictividad relativa a la recusación/resistencias en torno a la transformación estructural de la dinámica de acumulación provincial, se ha vinculado a la emergencia de conflictos socio-territoriales de tipo ambiental (defensa del agua, del territorio, del paisaje, de reservas naturales y humedales, de la producción primaria) más que circunscritos a la lógica laboral.
La segunda cuestión es la relación conflicto/terciarización económica. Como vimos, el grueso de la dinámica económica provincial se sustancia en actividades de servicios, localizadas en las zonas urbanas. Este sector es el que más intensamente utiliza a la fuerza de trabajo y el que más ampliamente la precariza. En el grupo poblacional de comercio y servicios incide fuertemente lo que podemos denominar disciplinamiento interno al ámbito laboral, que imprime limitaciones a la expresión de las demandas según se trate del ámbito público o privado.
Como vimos, la incidencia de precariedad afecta alrededor del 50% de los/as empleados/as del sector privado, lo cual implica fuertes restricciones a expresar demandas o luchas. El desconocimiento de los derechos laborales de partida (como vimos en los indicadores de vulnerabilidad que afectan a esta población de trabajadoras/es) cercena el planteo del conflicto laboral. A ello se suma el papel que juegan los sindicatos que representan a ese sector que, como en el caso del comercio, sostiene un perfil negociador y renuente al conflicto (Soria, 2016).
Del otro lado, se encuentran los trabajadores de servicios del ámbito estatal. Se trata de un grupo altamente formalizado y con importante sindicalización. La demanda recurrente de esta población es la recomposición salarial. En el período de tránsito entre administraciones nacionales y provinciales se produjo entre éstos un cambio de antagonista: los conflictos del primer período fueron orientados en su mayoría contra el Estado provincial y se nuclearon en pedidos de mejoras en las condiciones de trabajo; mientras que los del segundo, se orientaron hacia el ámbito nacional y dirigieron sus demandas a la defensa de fuentes de trabajo. Los sindicatos estatales de conjunto, han sido los grandes protagonistas de la conflictividad laboral de todo el ciclo considerado. Debido a esto, las formas de limitación del conflicto se han dirigido hacia ellos, tanto a través de normativas internas (el ítem aula en el caso de los/as docentes), como externas (normativas como el código contravencional), lo que afectó de conjunto su visibilización y expresión pública.
Tercero, los/las trabajadores/as en conflicto más allá del mercado formal de empleo no han protagonizado luchas relevantes. En un contexto de crisis regional en aumento, la conflictividad de la provincia registró una importante disminución, sobre todo entre los trabajadores estables y no mostró organizaciones que agruparan a los más vulnerados, como otrora hicieran los movimientos de desocupados. La única excepción de autogestión fue la Cooperativa La Terre, recuperada y gestionada por sus trabajadores desde 2016.
Sin embargo, emergieron expresiones de lucha y organización de feriantes, comerciantes (manteros) y artistas callejeros a quienes también se disciplinó por la vía de normativas de baja intensidad: relocalizaciones, criminalización y deslegitimación de su actividad laboral. En definitiva, el Estado enfrentó la protesta poniendo límites al uso del espacio público y penalizando su uso inadecuado para el desarrollo de actividades laborales.
Cuarto, sin revitalización sindical, el conflicto laboral provincial ha pasado mayoritariamente por los cauces de clásicas organizaciones sindicales. Pertenecer a una organización sindical sigue haciendo la diferencia para resistir el deterioro del empleo. Aun así, los sindicatos muestran una importante crisis de participación y escasa innovación en sus repertorios. Tal como se verifica en el ciclo considerado, no innovaron en los modos de defensa ni en la ampliación de su base de representación, sujeta a la membrecía paga y, por tanto, limitada al plantel estable y formal de trabajadores e inerme frente a las formas extendidas y generalizadas de precariedad e informalidad laboral.
Debido a ello, sólo adquirieron centralidad cuando de modo conjunto aglutinaron a los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales frente a los despidos y/o racionalizaciones o baja presupuestaria. En este contexto, no se observaron alianzas extensas entre organizaciones y sectores de trabajadores en pos de confluir en un programa común de demandas y revertir en ampliación y/o extensión de la protesta.
Por lo expresado anteriormente, se constata la desprotección del grueso de las y los trabajadores en términos de defensa y posibilidad de recursos frente a disputas de corte laboral, debido a que la población más vulnerable no se encuentra agrupada ni sindicalizada (como los/las trabajadores/as rurales), por dominancia de informalidad y precarización (en función directa a la terciarización), o disciplinamiento interno (como el que afecta al sector privado) o internos/externos (como en los empleados públicos) o, a causa de la rigidez y limitación del accionar sindical (tal como se expresa en el comercio).
Para finalizar, es importante una última reflexión: mientras los trabajadores/as y sus organizaciones clásicas han constreñido su participación conflictual, es importante culminar este ejercicio de interpretación denotando que hay nuevos protagonistas en la escena provincial. Desde 2015, las movilizaciones de mayor envergadura han sido protagonizadas por el movimiento feminista en función de los femicidios registrados a través de Ni una Menos. Las mujeres y disidencias, son las grandes protagonistas del proceso de concienciación y acción colectiva en curso, que huelga decir, permea la disposición a actuar como clase de las trabajadoras/es, interpela a las organizaciones sindicales y deja abiertos múltiples interrogantes sobre la impronta de la acción política conflictiva.
Otro tanto ocurrió con la cuestión socio-ambiental. Este fue el masivo común denominador de las jornadas de diciembre de 2019, cuyo significado fue ampliamente reconocido como el nuevo Mendozazo, oportunidad en que la población, con gran protagonismo de las asambleas y organizaciones socio-ambientales (pero a la vez desbordándolas), colmó la escena pública en defensa de la ley que protege el agua y limita el uso de sustancias tóxicas (Ley Provincial N° 7722).
El modo de vivir y sus sujetas/os han reconfigurado la agenda social y visibilizado nuevas demandas. La posibilidad de comunicación entre sus reclamos y los del mundo del trabajo y sus hacedores, son aún una tarea pendiente, que no parece constatar fluidez a la hora de expresar una demanda conjunta, solidaridad entre luchas y/o mutuo reconocimiento. Los dilemas y tensiones entre trabajo/modo de desarrollo/sujetos/as en movimiento y disputa, deberán atenderse en futuras indagaciones acerca de la conflictividad y su incidencia en la Mendoza actual.
