Introducción

La movilización en torno a los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos ha sido extensamente analizada (Alvarez et al., 2003; Barrancos, 2007, 2008; Di Marco, 2011; Tabbush et al., 2016; Tarducci, 2017, 2018). Esta lucha cuenta en Argentina con una larga historia, comenzando con la demanda del voto femenino hasta las movilizaciones en torno a la legalización del aborto voluntario y la lucha contra la violencia de género –solo por enumerar las que mayor cantidad de población han movilizado últimamente–. Estos movimientos lograron importantes conquistas para personas gestantes, mujeres y diversidades sexuales e identitarias, evidenciando repertorios de protesta novedosos que se han extendido incluso más allá de las fronteras nacionales.

A medida que la movilización por derechos sexuales avanzaba, ganaba lugar en la escala internacional e incluso lograba cambios institucionales y legales, se fortalecía también la avanzada conservadora que resistía esas modificaciones (Morán Faundes, 2015). Mientras observábamos el crecimiento de las movilizaciones espontáneas en contra de la creciente violencia basada en género, y veíamos que esas consignas se multiplicaban a lo largo y ancho de la región; los grupos caracterizados como antiderechos ^[1] también desarrollaban sus trayectorias políticas y enriquecían sus formas de intervenir en la arena pública, ampliando sus redes de activismo, modificando su relación con los cultos religiosos, construyendo vínculos con otros actores políticos, el Estado e incluso facciones partidarias.

Desde 2018 fue muy visible la confrontación entre la ola verde de lucha por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ola celeste que surgió con gran fuerza y niveles consolidados de activación política. Recientemente, es posible observar que estos grupos conservadores^[2] han logrado fortalecer estrategias de protesta y articulaciones entre organizaciones, en un movimiento heterogéneo y multiclasista que ha ganado presencia en el espacio público.

Las experiencias de 2018 y 2020 frente al debate por la aprobación de la IVE mostró la repetición de acciones desarrolladas en protestas contra los Encuentros Nacionales de Mujeres, la Ley de Divorcio Vincular aprobada en la transición a la democracia, y las más actuales Ley de matrimonio igualitario y Ley de Identidad de Género (Amegeiras y Martín, 2009; Felitti, 2011; Tabbush et al., 2016; Tarducci, 2018). Aunque estos antecedentes nos permiten identificar elementos que se reiteran en las movilizaciones conservadoras, también observamos cierta diversificación de su repertorio de protesta. La relación con los cultos religiosos se evidencia cada vez más compleja, existiendo organizaciones que se reconocen multirreligiosas e incluso organizaciones seculares que no apoyan ningún credo específico. Al mismo tiempo, muchas de estas organizaciones han atravesado un proceso de profesionalización y fortalecimiento institucional que ha sido característico de la sociedad civil en torno a temáticas como género, salud y sexualidad (Alvarez et al., 2003; Morán Faúndes, 2015).

En el contexto de discusión del proyecto de ley presentado por la Campaña por el Acceso al Aborto en 2018 ante el Congreso de la Nación, los grupos conservadores fueron consolidando una fuerte capacidad de movilización, una sostenida articulación y una clara estrategia de incidencia política. Se abrió un extenso debate alrededor de ese proyecto (tanto en 2018, con el rechazo, como en 2020, con su aprobación), que contó con exposiciones de expertas/os, tanto a favor como en contra de la iniciativa. La discusión fue ganando fuerza y colmó las calles y espacios públicos del país, así como la escena mediática, durante meses. Se hizo evidente la conexión de la oposición al proyecto de legalización del aborto con otras demandas conservadoras como la campaña Con mis hijos no te metas, ampliamente extendida en América Latina. Estos grupos mostraron contar con redes organizacionales a escalas regional y global.

Este artículo se propone explorar las estrategias de movilización, representaciones sociales y las articulaciones en red del conjunto de organizaciones y personas que lograron combinar sus amplias prácticas institucionales particulares (muy asociadas a actividades religiosas, de acompañamiento, de formación de líderes, de apoyo socioeconómico y comunitario) con una convocatoria general impulsada por la resistencia activa a la legalización del aborto en Argentina en 2018 y en 2020. A partir del análisis de aquellas dimensiones que consideramos novedosas en el activismo provida, o que al menos provocan una profunda revisión del modo en que usualmente se ha considerado a estos movimientos desde la academia y desde el activismo pro-IVE, buscaremos profundizar el estudio del proceso de consolidación de Unidad Provida que comenzamos en un trabajo previo (Loza y López, 2020).

Nos proponemos indagar centralmente en tres ejes analíticos, a partir de los intereses planteados: la extensión territorial (que nos permite comprender las articulaciones establecidas), la reflexión sobre la cuestión nacional (que habilita la comprensión de un aspecto relevante de las representaciones sociales), y las formas de organización y construcción argumentativa (que sirven como disparadores para comprender las estrategias utilizadas, algunas novedosas y otras que traen de sus experiencias previas). Estas dimensiones emergen del trabajo de campo realizado (entrevistas en profundidad en 2020) y del análisis del corpus de presentaciones de expositores y expositoras que se oponían al proyecto de IVE ante el Congreso de la Nación (en 2018 y 2020).

Sostenemos que el fenómeno político que se desató en 2018 en torno al proyecto de legalización del aborto que llegó al Congreso –siendo finalmente aprobado en un segundo tratamiento en 2020– y las formas de organización tanto del movimiento feminista como del sector conservador, componen un capítulo de suma relevancia para la escena política nacional y regional, pero que sólo puede ser comprendido dentro de un largo proceso histórico de disputas de derechos y de construcción de sentidos y de representaciones del espacio político, socio-comunitario y religioso.

Respecto al abordaje, hemos desarrollado un análisis interpretativo multietápico, desde un enfoque cualitativo. En una primera etapa, se analizaron todas las intervenciones orales brindadas por las y los expertas/os externas/os, convocadas/os para argumentar en contra de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo frente a las dos Cámaras del Congreso, la de Diputados y la de Senadores en 2018 y 2020 (cuyos invitados y argumentos fueron muy semejantes).

En una segunda etapa, se seleccionaron estratégicamente líderes de organizaciones que se articularon en la red Unidad Provida, referente de la movilización en contra del proyecto de IVE. Estas agrupaciones adquirieron un rol central y sus repertorios de protesta, como se detallará más adelante, irrumpieron en la arena pública, replicando estrategias de ocupación y movilización muy arraigadas en los estilos de protesta y resistencia más progresistas. Se realizaron entrevistas en profundidad a representantes de Frente Joven,^[3] Juventud con Una Misión (JUCUM),^[4] Mujeres por la Nación,^[5] Fundación Más Vida,^[6] CitizenGo, ^[7] y a quien fuera reconocido como uno de los articuladores de la estrategia mediática y periodística de Unidad Provida, también miembro de Comunicadores por la Vida, Rodrigo Fernández Madero,^[8] quienes accedieron a contar sus experiencias y antecedentes para los trabajos académicos que derivasen de esta investigación y dieron su autorización a ser grabados y plasmados como referencias en el tema.

Si bien las entrevistas se realizaron a representantes y líderes de las organizaciones que habitan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Unidad Provida tiene presencia en diferentes provincias, al igual que muchas de sus conformantes. Las exposiciones que tuvieron lugar ante el Congreso en 2018 y 2020 mostraron, además, una fuerte participación de representantes de provincias muy diversas (Salta, La Rioja, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Río Negro), dando cuenta de la extensión federal de la movilización conservadora.

Las entrevistas se realizaron tras un primer contacto con la organización que nos indicaba quién nos respondería, siendo generalmente la mayor autoridad quien se hacía cargo de esta tarea.

En estas entrevistas indagamos sobre cada una de las organizaciones y su inserción en la red, los perfiles de trabajo en conjunto y los aprendizajes previos que se pusieron en juego en este contexto, y los adquiridos en la práctica colectiva de movilización en contra de la IVE.

En una tercera etapa se buscaron confluencias y diferencias entre las características de las organizaciones y las exposiciones en el Congreso, encontrando elementos discursivos que permiten caracterizar a la movilización anti IVE. Estos elementos fueron abordados a partir de un conjunto de teorías y conceptos provenientes de la sociología y los estudios de género que describiremos en cada apartado de la sección de análisis.

Las expresiones de acción colectiva pueden ser analizadas desde diversas dimensiones (Tarrés, 1992). Aunque nos interesa construir un enfoque que logre combinar algunas de esas dimensiones, nos detendremos en la dimensión simbólica (Melucci, 1991; Snow y Benford, 1992) de la movilización provida contemporánea de Argentina. Esta aproximación destaca la relevancia de símbolos, valores, conceptos compartidos que son construidos colectivamente y que consolidan cierta solidaridad al interior de un movimiento. Nos interesa particularmente el concepto de campos discursivos de acción de Sonia Alvarez (2019), ya que permite identificar la diversidad de las dinámicas de protesta que se movilizan en torno a una demanda o tema particular, como podría ser el de los derechos reproductivos o la sexualidad. Los campos discursivos contemplan una heterogeneidad de actores, organizaciones, instituciones, etc., son dinámicos e inestables. Ese concepto le permite pensar cuáles son las tramas políticas de lo cultural: es decir, cómo se tejen y construyen los conceptos, las demandas, los marcos ideológicos que sostienen a esas movilizaciones.

Los sectores conservadores modifican y planifican sus estrategias de intervención y las entretejen con los sentidos políticos y sociales de su época. Por ejemplo, a partir de la transición a la democracia, Felitti (2011) demuestra que los grupos antiderechos se reapropiaron del discurso centrado en el concepto de derechos que caracterizaba al movimiento feminista y el de los derechos humanos (DDHH), apelando a resistir el genocidio del aborto y reclamando el Nunca Más, asimilando la práctica de la IVE a la desaparición forzada de personas.

Carbonelli, Mosqueira y Felitti (2011) describen un proceso similar, remarcando que así como el Estado incorporó un discurso de DDHH para promover la libertad y autonomía reproductiva, del mismo modo actuaron la jerarquía católica local y los grupos religiosos más conservadores.^[9] Por un lado, la noción de derechos sociales y reproductivos y, por el otro, el derecho a la vida. El desarrollo científico y tecnológico, las redes internacionales y el amarillismo de imágenes y videos les permiten respaldar estas posturas. También mostraron hacer uso de argumentos jurídicos, referencias a la corporación médica y la figura de la objeción de conciencia.

Además, mientras las organizaciones de mujeres se nutren de los debates sobre género, interseccionalidad, raza y clase, el movimiento conservador también lo hace, denunciando que están en contra del aborto pues deben defender los derechos reproductivos de grupos étnicos y las personas más pobres, diciendo que el aborto es una forma de negarle los derechos a esos grupos sociales.

Comenzaremos este artículo presentando las reflexiones epistemológicas que consideramos fundamentales a la hora de comprender la consolidación de la estrategia conservadora. Luego, analizamos brevemente la organización del movimiento pro-IVE, para comprender mejor a las organizaciones anti-IVE, nucleadas en Unidad Provida, que serán objeto de este trabajo. Esta red no reúne a todas las organizaciones que se han opuesto a la ley, pero reúne a un número muy significativo (ciento cincuenta, según lo describe la misma articulación) e imprimió un matiz colectivo y estratégico a la movilización del sector. En esa sección, indagamos sobre los aspectos de esa red que la vinculan a una agenda regional conservadora. A partir de esa descripción de sus estrategias, nos concentramos en los ejes analíticos seleccionados para este artículo: la construcción de la red transnacional, la reflexión sobre la cuestión nacional, y las nuevas estrategias y formas de consolidación de los argumentos. Finalizamos reflexionando sobre cómo su gran capacidad de movilización, la diversidad de sus organizaciones y sus intervenciones volvieron a Unidad Provida un objeto de análisis nodal.

Revisiones epistemológicas

Los grupos conservadores sostienen estrategias defensivas del statu quo alrededor de sentidos respecto de lo familiar, la mujer, la niñez y la sexualidad ya instalados en nuestras sociedades, que incluso han regido históricamente la toma de decisiones y diseños de políticas públicas. Es por ello que las movilizaciones en contra del aborto o de derechos sexuales emergen en contextos de discusiones sobre ampliaciones de derechos, reconocimiento de las diversidades, entre otras. Como hemos mencionado en la introducción, la movilización conservadora se manifestó anteriormente en Argentina y con repetidas características (Amegeiras y Martín, 2009; Felitti, 2011; Morán Faundes, 2015; Tabbush et al., 2016; Tarducci, 2018). Sin embargo, estas experiencias de movilización aún resultan un incómodo tema de abordaje para las ciencias sociales. Si bien se ha estudiado la movilización conservadora en Argentina (Vaggione, 2010), especialmente cuando sus protestas se dirigen contra los derechos de las mujeres, el tema está apenas instalado y ha estado muy vinculado al accionar de grupos religiosos (Carbonelli, 2015, 2019, 2019b; Irrazabal, 2015; Jones y Carbonelli, 2012; Jones y Cunial, 2012).

Volviendo al concepto de campos discursivos (Álvarez, 2019), buscamos revisar a partir de tres tópicos construidos a posteriori del trabajo de campo, los modos en que el colectivo conservador antiderechos va conformando la agenda conservadora nacional y regional. Nos proponemos, desde un análisis político cultural, contrastar aquellas opiniones del sentido común del campo político argentino y latinoamericano que postulan que se trata de grupos poco calificados, sin estructura o poco organizados, con escasa experiencia de movilización.

De hecho, muchas de estas organizaciones ya se conocían entre sí o habían logrado influir en ciertos sectores políticos previamente, en el momento de la aprobación del matrimonio igualitario y de la Ley de Identidad de Género, y otras incluso habían convivido en la primera expresión del Movimiento Ni Una Menos.

La movilización conservadora ha sido recientemente centro de una amplia producción periodística, y se ha erigido como un espacio sobre el que la militancia por los derechos de las mujeres ha desarrollado profundas indagaciones. En este sentido, es un campo en el que abordaje académico (Di Marco, 2011; Tabbush et al., 2016; Tarducci, 2018) y desarrollo militante se han solapado, generando una fluidez de categorías entre ambas dimensiones, siendo la categoría antiderechos ejemplo de la misma.

El solapamiento provoca un conjunto de consecuencias positivas, como la de permitir el acceso y la circulación de conocimientos entre diferentes sectores del movimiento de mujeres y diversidades sexuales, enriqueciendo los trabajos académicos con experiencias pragmáticas de los procesos organizativos y permitiendo volcar en estos últimos aportes teóricos derivados de los primeros. Pero también desencadena algunas dificultades, como las generadas a partir de analizar un fenómeno con el que no se comparten bases epistemológicas ni éticas.

En este sentido, recuperamos elementos del trabajo de Goodale (2020) quien escribió sobre la tendencia a indagar con cierto sesgo ético los fenómenos con los que moralmente compartimos una plataforma en común. Estas reflexiones metodológicas han sido desarrolladas más profundamente en los campos de la etnografía y la antropología, donde, al igual que en otras disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas, se evidencia la dificultad de estudiar y analizar procesos con los que no se comparte percepciones y representaciones sociales, generando incluso rechazo moral.

El proceso de estudiar “lo desagradable”, como lo describe Shoshan (2015: 149) presenta importantes retos metodológicos. El autor lo analizó durante sus estudios de los jóvenes de extrema derecha alemana, enfrentando al mismo tiempo tres problemas. En primero lugar, la baja probabilidad de que “investigadores de la ciencia social compartamos sus posiciones políticas o representemos dichas posiciones de manera particularmente positiva […]”, dado que se estudian procesos y sujetos que son desagradables para el campo académico y para las audiencias que consumen los productos científicos. En segundo, el riesgo de que al presentar a los sujetos analizados, su representación final no sea lo suficientemente negativa. Finalmente, la necesidad ética de posicionarnos ante las injusticias que analizamos, lo que genera una obligación con los pares, que se sentirán desilusionados o traicionados si no mostramos la desagradabilidad de lo desagradable tal como se espera.

En la misma línea, Goodale (2020) plantea el peligro de que los imperativos éticos hegemónicos en las disciplinas sociales comprometidas hayan fomentado la proliferación de puntos ciegos en la epistemología, es decir elementos que distorsionen con tanta profundidad el desarrollo de la propia investigación que inhiban la posibilidad de conocer profundamente un proceso desagradable.

El autor se pregunta cómo analizar los movimientos que no comparten el principio de la dignidad humana universal o que han modificado esta interpretación. En este caso, es para nosotras una tarea compleja la de desarticular nuestras propias percepciones y representaciones del movimiento conservador anti-IVE, para lograr comprender su motivación. Sería más cercano a nuestro juicio ético estudiar el movimiento por la legalización de la IVE, del que, además, formamos parte.

La posición opuesta a los sujetos que abordamos en esta investigación nos cuela un proceso de juzgamiento y preconcepto que resulta muy difícil de desarraigar al momento del análisis. Esto incentiva imágenes caricaturizadas o ridiculizadas de las y los oponentes, y dificulta el proceso de estudio y comprensión de la cosmogonía de los adversarios políticos.

Ambos elementos: la combinación de ciencia y militancia, y lo que llamaremos hiato ético, dificultan el proceso de investigar a los grupos que se han organizado y luchado para bloquear la legalización de la IVE en Argentina antes, durante y luego del año 2018. Sostenemos aquí que resulta indispensable indagar en el análisis de las ideas y estrategias de grupos conservadores, en tanto se traducen en acciones que impiden o retrasan el reconocimiento de derechos reproductivos y civiles, al oponerse a políticas públicas o legislaciones que modifican formas tradicionales de la sexualidad, lo familiar, las categorías de sexo o género.

De la misma forma, caracterizar a estos movimientos permite reconocer aquellas estructuras y representaciones cristalizadas de la cultura que estos grupos pretenden conservar. Es decir, mientras analizamos a los grupos organizados en contra de la IVE, podemos comprender cuáles son los valores predominantes que estos grupos defienden, cuáles categorías de lo social han logrado hegemonizar y cuál es el statu quo que podría perderse a partir de la aprobación de nuevos derechos para otros actores sociopolíticos.

Finalmente, como explica Goodale (2020), el adecuado conocimiento de los movimientos conservadores permite una lectura adecuada del espacio político en disputa y del estado de situación de las luchas por los derechos. Esto deriva, a su vez, en una mejor interpretación del momento histórico.

Entendiendo que la estrategia conservadora anti-IVE, caracterizada por el color celeste (en contraposición al verde que representa a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito), se ha fortalecido progresivamente, en muchos casos urgida por los avances consolidados en derechos de las mujeres y minorías, analizaremos a continuación brevemente las características del movimiento por el derecho al aborto.

Movilizaciones y avances por el aborto en Argentina

Argentina cuenta con una larga tradición de movilización en torno a los derechos sexuales, la salud pública y la situación de la mujer y diversidades sexuales. El aborto estaba incluido en la legislación argentina desde 1921, en casos de riesgo de salud para la madre o violación cometida contra una mujer discapacitada. La lucha en torno al aborto convoca a un movimiento diverso y ha resultado medular para el movimiento feminista de Argentina, y coadyuva discusiones sobre sexualidad, maternidad, roles de género y sus basamentos ideológicos (Tabbush et al., 2016). Los rastreos sobre las movilizaciones en relación a este tema (Di Marco, 2011; Tabbush et al., 2016; Tarducci, 2018) ubican en la década del ´80 a las primeras organizaciones que lucharon por instalar la IVE como una cuestión de salud pública, con políticas públicas específicas y una legislación que avalase su práctica.

El 8 de marzo de 1988 un grupo de organizaciones de mujeres fundó la Comisión por el Derecho al Aborto, dedicada a la diseminación de información sobre anticoncepción, aborto, derechos sexuales. Las reuniones comenzaron en el Encuentro Nacional de Mujeres de ese año, que se había realizado en Mendoza. Al mismo tiempo, crecía la movilización en contra de la legalización del aborto, en lo que se llamó la ofensiva clerical (Tarducci, 2018) por la centralidad que ocupó la Iglesia católica.

El tema se fue consolidando y en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, en 1990, se definió que el 28 de septiembre sería conmemorado como el Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Así, la campaña se extendía a otros países de la región.

Actualmente y desde 2005,^[10] la referencia de la movilización por el acceso al aborto la constituye la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esta red es la impulsora del lema Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir, impreso en los pañuelos verdes que se adoptaron como identificación. Concentra a 338 organizaciones (Tabbush et al., 2016). Desde la Campaña se habían presentado anteriores proyectos de acceso al aborto legal, seguro y gratuito; pero recién en 2018 logró entrar al recinto del Congreso y ser debatido; y en 2020 ser aprobado tras una nueva ronda de exposiciones y votaciones. El debate en torno a ese proyecto permitió también la aparición en la escena pública de las organizaciones conservadoras, en contra de la IVE. Sus expresiones muestran que el debate no tuvo que ver solamente con el proyecto legal de acceso al aborto, sino que se discutían también ideas respecto de los géneros y el ejercicio de la sexualidad. Para las organizaciones religiosas, constituyó una oportunidad de difundir más ampliamente sus ideas sobre estos temas (Jones y Cunial, 2012).

En 2015, el Ministerio de Salud publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE, por las iniciales de Interrupción Legal del Embarazo),^[11] que estableció modelos para la aplicación de la Ley de aborto no punible, y se basó en los antecedentes de la Guía técnica para la Atención de Abortos No Punibles de 2007 y 2010.

El proyecto de acceso al aborto presentado en 2018 ante el Congreso, incluía un fuerte apoyo en educación sexual y establecía que mujeres y personas gestantes podrían acceder a una interrupción de sus embarazos hasta la semana catorce inclusive, sin necesidad de explicitar las razones detrás de esa decisión. Superado ese plazo, se mantenían tres causales: inviabilidad fetal extrauterina, riesgo para la vida o la salud de la mujer y embarazos producto de violación. El proyecto establecía la obligación del Estado de garantizar el acceso a la práctica del aborto, posicionándolo como una cuestión de salud pública. La Cámara de Diputados formó una comisión de trabajo sobre el tema, desde donde se convocó a expertas/os a exponer sus argumentos en contra y a favor. En 2018, la movilización en las calles ganó masividad y el tema creció en el tratamiento mediático. El proyecto de ley de IVE obtuvo media sanción al ser aprobado en la Cámara de Diputados, pero fue finalmente rechazado en la Cámara de Senadores. El debate de 2020, aunque similar en cuanto a la organización de presentaciones previas de expertas/os y a la votación posterior, fue más escueto en tiempo y en forma, pues fue mayoritariamente online, ceñido por el aislamiento y el distanciamiento social decretados a nivel nacional por la pandemia desatada por el COVID-19.

Movilizaciones y construcciones en contra del aborto en Argentina

Como mencionamos anteriormente, la movilización en contra de los derechos sexuales, reproductivos e identitarios emerge ante la posibilidad de la modificación de las condiciones actuales de vida, la ampliación de derechos, la revisión de categorías sociales. Sin embargo, el debate en torno a un proyecto de reglamentación de la IVE ante el Congreso de la Nación en 2018, y luego en 2020 –cuando finalmente fue aprobado–, evidenció que la acción colectiva conservadora había incorporado nuevas estrategias comunicativas, contaba con un repertorio de protesta consolidado y había logrado fortalecer su participación pública. Contaba además con el apoyo de aliados de larga trayectoria, como las Iglesias evangélicas y la católica, y más coyunturales, como los medios de comunicación y específicamente algunos portavoces periodistas de medios masivos (como Mariano Obarrio, Gisela Barreto, Viviana Canosa, Eduardo Feinmann) o con alto impacto en redes sociales (entre ellos: Agustín Laje, Nicolás Márquez, Guadalupe Batallán, Amalia Granata).

La indagación sobre estos grupos (Loza y López, 2020) nos permite observar que se trata de un movimiento diverso, ligado a prácticas religiosas pero también con un importante sector laico, en el que confluyen distintos sectores socioeconómicos que sostienen una agenda política conservadora.^[12] Su defensa de la familia monogámica, cisheterosexual, reproductiva, con subordinación femenina y división tajante según roles de género; y su fuerte oposición al reconocimiento de la diversidad sexual los condujeron a autodenominarse como provida, en clara contraposición con la principal acusación que le hacían sus integrantes a quienes se expresaban a favor del proyecto de IVE y eran considerados asesinos de niños por nacer.^[13]

La particularidad de la movilización del 2018, y nuevamente su aparición en 2020, se concentra en la capacidad de difusión de los mensajes conservadores de forma masiva, a través de redes sociales y en el espacio público, así como en la construcción de símbolos propios y la capacidad de articulación federal. Aquí retomamos el concepto de campo discursivo de Álvarez, para comprender la relevancia de la utilización de un pañuelo celeste como símbolo de la movilización provida, marcando una fuerte posición al retomar uno de los colores de la bandera argentina. El pañuelo celeste se contrapuso al histórico pañuelo verde esparcido por la Campaña.

El esfuerzo de diseminación de las ideas de los grupos celestes evidencia importantes resultados: convocatorias a manifestarse en la vía pública que resultaron en encuentros masivos, la difusión del mensaje conservador en grandes medios de comunicación, la manifestación pública de la posición conservadora en figuras reconocidas del mundo político y del mundo del entretenimiento. Pero, sin duda, el resultado más importante lo constituye la conformación de la red organizacional Unidad Provida, en la que este trabajo se concentra. Unidad Provida reúne a 150 organizaciones del país, en la promoción de lo que llaman “derecho a vivir de la mujer y el niño por nacer”. Según cita su página web la red se conformó “para defender el derecho a vivir de todos los argentinos, para que nadie deba sufrir o morir por el aborto. Porque todo ser humano tiene derecho a vivir”.^[14]

Unidad Provida es, hasta la actualidad, el eje articulador de las demandas en contra de la legalización del aborto y congrega, aunque no a todas, a un sector significativo de las organizaciones que han hecho de la oposición a la IVE un eje central de su activismo político. Surgida en 2018 al calor del primer tratamiento legislativo del proyecto de ley, se consolidó como la columna del movimiento celeste, coordinando las acciones de diversas iglesias, de diferentes sectores políticos y de actores individuales que se acercaban desde sus profesiones a colaborar con la causa.

La combinación de las trayectorias de cada organización por separado, en sus territorios y sus comunidades, con la formación de diferentes profesionales, autoridades religiosas y líderes o lideresas, le imprimieron a la Unidad un perfil público bien articulado, con estrategias innovadoras de comunicación.

La ola celeste asumió su experiencia acumulada de trabajo territorial en la asistencia a sectores vulnerables, educación, trabajo con adicciones, y articuló con funcionarios públicos y personajes mediáticos de ideas afines, llamando a la movilización pública.

En las experiencias de 2018 y 2020, pudimos observar que la militancia y la política se retroalimentaron en dos sentidos, algo que Carbonelli, Mosqueira y Felitti (2011) describieron analizando la aprobación del matrimonio igualitario. Mientras miembros del Congreso en ambas Cámaras hicieron propios los discursos de los movimientos en disputa, miembros de ambos frentes intentaron acceder a cargos electivos en los comicios. Desde los grupos conservadores, las demandas se plasmaron en partidos políticos que en 2019 llegaron a las elecciones nacionales. Además del Partido Celeste, conformado por representantes de la Fundación Más Vida, encontramos, entre otros, al Movimiento Unidos por la Vida y la Familia de Chaco, al Espacio Unite por la Familia y la Vida de Santa Fe y al Frente NOS, que llevó a Raúl Gómez Centurión como candidato a presidente en 2019. La fórmula estaba integrada también por Cynthia Hotton,^[15] dirigente evangélica y exdiputada. Hotton fue la representante del gobierno de Mauricio Macri ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y es la participante argentina de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos (UIPC), conformada también en 2019 para reunir a representante del culto evangélico que ocupan cargos legislativos en América Latina. Retomaremos este caso más adelante.

El apoyo explícito a la ley de IVE expresado por el presidente Alberto Fernández, elegido en 2019, se contrapuso al rechazo que había manifestado su antecesor, Mauricio Macri (2015-2019). El nuevo primer mandatario elevó el proyecto en 2020 a la Cámara de Diputados, retomándose así el debate parlamentario que había quedado clausurado tras el rechazo del proyecto en el Senado en 2018.

Tras la aprobación de la ley en diciembre de 2020, la Unidad Provida (2020) recalcó en su página web que habría repercusiones y que se lanzarían “a la revolución de la vida y responderá en las urnas en 2021” porque “aprobar el aborto fue una traición de la clase política al Pueblo Argentino”.

En un trabajo previo (Loza y López, 2020) describimos cuatro ejes de análisis surgidos de la indagación empírica, que nos permitieron operacionalizar los discursos de organizaciones que se manifestaron y movilizaron en contra del proyecto de IVE y expusieron ante el Congreso en 2018. Encontramos que algunas características discursivas se vinculaban directamente con sus estrategias de intervención pública: en primer lugar, observamos la centralidad de los argumentos que denunciaban conspiraciones y complot internacional, por medio de los cuales la IVE atentaría contra la demografía, la idiosincrasia y la identidad argentinas. La propuesta de legalizar la IVE es concebida como una amenaza a la soberanía nacional y una extensión de los dominios de potencias y redes ocultas que intentan ingresar a Argentina y alterar el orden interno. Esta perspectiva, fuertemente asociada a la proliferación de las fake news, está extendida en la región y puede observarse en estudios de otros países (Viteri, 2020; Chaher, Florentín y Gabioud, 2020).

En segundo lugar, hallamos elementos que dan cuenta de una descentralización y federalización de la organización. Al mismo tiempo que los movimientos se ampliaron en términos de diversidad interna, dejando de pertenecer linealmente a las diferentes iglesias o logrando esconder o diluir la asociación directa con las iglesias (Vaggione, 2005, 2009; Morán Faúndes y Peñas Defago, 2016), fueron afianzando su permanencia y consolidación en la geografía del país. Parte de las estrategias de la movilización celeste en 2018 fue extender su presencia al interior del país, donde nuestros entrevistados aseguran que cuentan con una fuerte presencia.^[16]

En tercer lugar, identificamos una cercanía manifiesta entre algunos sectores organizados en contra de la IVE y algunos representantes políticos, o incluso, una incorporación de estos líderes anti-IVE dentro de la política partidaria,^[17] en paralelo o en combinación con ciertos actores que se identifican con las Iglesias evangélicas, que han actuado dentro de la arena política con relativa permanencia pero sin consolidarse como líderes electorales de peso (Carbonelli, 2019, 2019b).

Finalmente, evidenciamos las transnacionalizaciones de citas de autoridad y la construcción de redes internacionales de organizaciones. Es decir, extralimitando las redes y financiamientos de la Iglesia católica (Gudiño Bessone, 2017) y evangélica, también se han hallado conexiones de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) e instituciones de investigación y salud. Se construye, de esta forma, una autoridad en la temática a personas afines, con las que existen contactos. Esto sucede con especialistas de algunos países limítrofes (como Uruguay y Chile) que tienen organizaciones con las que diferentes grupos conservadores tienen contacto.^[18] En el debate en torno al proyecto de IVE de 2018 y 2020, representantes de grupos conservadores de otros países fueron convocados por los locales para ejemplificar la situación en torno a la legalización del aborto en sus países de origen. Esta estrategia también se utilizó por parte de quienes bregaban por la IVE.

Esto nos lleva a dos puntos que queremos destacar aquí. Por un lado, el aprendizaje que han tenido los grupos conservadores, tanto por asimilación de estrategias de su contrincante político –el pañuelo celeste^[19] como símbolo contrapuesto a la figura del pañuelo verde, la territorialización de la disputa y la presencia en las calles, que Tarducci (2017) define como poner el cuerpo, ^[20] entre otras–, como por los procesos previos de organización que han tenido tanto por su trabajo en comunidad, como por el papel que han tenido al oponerse al matrimonio igualitario y a la Ley de Identidad de Género (Carbonelli, Mosqueira y Felitti, 2011), lo que les facilitó alianzas estratégicas, redes y formas de articulación que siguen vigentes hasta la actualidad. Es interesante agregar que algunas organizaciones que componen Unidad Provida fueron parte de la convocatoria inicial del Movimiento Ni Una Menos (colectivo feminista que lucha contra la violencia machista y los femicidios) del que se separaron tras la irrupción de la demanda de la IVE dentro de esta plataforma, como relataron en las entrevistas JUCUM y Mujeres por la Nación. Es decir, incluso tuvieron espacios de confluencia con agrupaciones verdes.

Por otro lado, la apuesta por el discurso científico, que si bien sigue siendo en algunas ocasiones acompañado por imágenes emotivas o que apelan a lo sentimental (Felitti, 2011), ha sido una estrategia creciente dentro de los diferentes grupos anti-IVE (Vaggione, 2005, 2009).

A continuación, con el objetivo de acercarnos a una descripción de las articulaciones, representaciones y estrategias, profundizaremos en los tres ejes de análisis previamente enumerados (la extensión territorial y las redes; la cuestión nacional y las formas de organización y construcción argumentativa). A través de esta exploración, ampliaremos la descripción de la movilización conservadora contemporánea, con especial hincapié en Unidad Provida.

Extensión territorial y construcción de red transnacional

Una de las características que la acción colectiva conservadora mostró en 2018 y 2020 es su amplia extensión territorial. Las exposiciones ante el Congreso de la Nación en Argentina contaron con la participación de activistas y expertas/os de varias provincias del país; y del extranjero. Esa diversidad nos habla de la capacidad de articulación de la acción colectiva conservadora en el presente y, tal como propusimos al inicio, es una característica que debería ser tenida en cuenta en el análisis de sus movilizaciones y alcances.

La literatura sobre acción colectiva transnacional suele concentrarse en el activismo transfronterizo que aboga por un cambio en las condiciones de vida de sectores de la población (Keck y Sikkink, 1998; Alvarez, Dagnino y Escobar, 1997; Della Porta y Tarrow, 2005). Ese enfoque evidencia que el espacio internacional ya no es un escenario habitado solamente por Estados nacionales y organismos internacionales, sino que se pueden identificar actores de la sociedad civil intervinientes en la construcción de esa escala política. Las formas organizativas que estos actores construyen, trascienden fronteras nacionales y superan campañas temáticas y coyunturales.

Tal como fue relatado por las organizaciones que entrevistamos, la transnacionalización de la movilización conservadora no es novedosa, ya que muchas de estas organizaciones ya contaban con una red internacional y regional consolidada.^[21] JUCUM es la organización con mayor extensión transnacional, fundándose el ministerio argentino dentro de esta tradición previa. Nacida en la década del ‘60, cuenta hoy con presencia en 180 países. Por su parte, los representantes de Frente Joven relataron tener sedes nacionales en otros países, como Ecuador, Perú y Paraguay, siendo este un proceso de regionalización más novedoso y ligado a la movilización contra los derechos sexuales.

Otras organizaciones nacieron en Argentina y fueron alcanzando notoriedad y contactos transnacionales a partir de su trabajo y activismo reciente. Mujeres por la Nación relata que su experiencia de trabajo comunitario está siendo replicada en España y Chile.^[22] La consolidación de una movilización latinoamericana es descripta también por Rodrigo Fernández Madero, especialista en comunicación que participó de la fundación de Unidad Provida como un profesional independiente. Fernández Madero nos comentó

[…] lo que se dio en llamar la ola celeste tiene presencia a esta altura, o sea, lo que tiene que ver con el pañuelo, el salvemos las dos vidas, la ola celeste nació acá en Argentina hoy por hoy tiene presencia en casi todos los países de América Latina. Trabajamos muy bien articulados con casi todos los países.^[23]

Esa articulación se sostiene actualmente por redes sociales y ha sido beneficiada por el aprovechamiento de medios virtuales de comunicación durante el aislamiento preventivo por la crisis de COVID-19, de acuerdo con el análisis que Fernández Madero realiza de la extendida convocatoria que tuvo el evento del 8A, cuando se celebraron los dos años de la no sanción de la ley en Argentina. De hecho, la implantación del 8 de agosto como el día internacional de lucha por las 2 vidas es producto de la extensión y contactos transnacionales de la movilización conservadora argentina.^[24]

Esa extensión funcionó como un recurso propio que fortaleció la rápida construcción de la red provida, siendo una experiencia previa fundamental a la hora de articular con organizaciones del sector. Ello nos permite afirmar que las reacciones conservadoras que despiertan los proyectos relativos a salud sexual, salud reproductiva e igualdad de género que se presentan en los países de la región no se dan en el vacío, sino que son la expresión de una construcción activa y preexistente. Esa construcción regional revela, además, la firmeza del sistema de géneros patriarcal, así como la persistencia del autoritarismo y el etnonacionalismo en el presente (Baiocchi, 2020).

Esa transnacionalización tiene mucho que ver con la extensión territorial de cultos religiosos específicos –como el evangelismo y el pentecostalismo, aunque no exclusivamente–. En la década de los ‘90 se conformó la campaña contra la avanzada de la denominada “ideología de género” y desde allí, “se impulsó a la conformación de grupos de militantes laicos antiabortistas y su consecuente derivación en una red de activismo transnacional” (Gudiño Bessone, 2017: 138). La fuerza con la que los derechos sexuales y reproductivos ingresaron al debate público también activó una fuerte presencia religiosa y una transnacionalización de la reacción conservadora como parte de una estrategia del Vaticano (Gudiño Bessone, 2017).

La campaña Con mis hijos no te metas tuvo origen en el trabajo de pastores evangélicos de Perú, se ha formalizado en 2016 y desde entonces ha tenido efectos en varios países de la región. En 2017, bajo la presión de grupos conservadores que se pronunciaron en contra de lo que llamaron ideología de género, el Ministerio de Educación y Ciencia de Paraguay firmó la resolución 29.664, que prohíbe la inclusión de material educativo e información relativa a derechos humanos, salud sexual y reproductiva, entre otros temas. En Argentina, la campaña Con mis hijos no te metas se conformó en 2019 y cuenta con un pastor bautista como vocero.

Otro ejemplo lo constituye la llegada a Argentina de la organización internacional CitizenGo que tuvo un rol central dentro de las protestas y acciones realizadas en 2018 por parte de los grupos anti-IVE. Con una participación focalizada en las redes y en internet, surgen en el exterior, con sede inicial en España desde donde llegaron a Argentina y lograron incluso ser convocados a exponer frente a la Cámara de Diputados en 2018.

En la entrevista personal, Silvina Spataro, Directora de Campaña de la organización, indicó que su participación en la cruzada anti-IVE deriva de los pilares de la ONG que son la Vida, la Familia y la Libertad. Es interesante que ante la pregunta sobre si tuvo contacto con organizaciones de otros países, la directora indicó “influimos en instituciones y organismos de 50 países diferentes”, remarcando que no es la presencia en un Estado lo que les importa, sino su capacidad de injerirse en los procesos de toma de decisiones de esos espacios.^[25]

En cuanto al caso argentino, participaron en marchas provida en 2017, y en 2018 también estuvieron

acompañando las sesiones que se realizaron en el Congreso, con una gran campaña de firmas online, con performance y actividades en la vía pública, como un camión provida que estuvo acompañando las actividades y marchas en el Congreso y la Ciudad de Buenos Aires, durante más de 15 días, carteles publicitarios, un gran pasacalle frente al Congreso.^[26]

Hemos señalado que los argumentos vertidos en el debate del Congreso, que refieren a la existencia de conspiraciones o fuerzas internacionales que apoyan proyectos de ley de IVE, fueron frecuentes y reflejan una lectura interesante sobre la internacionalización del debate. Mientras estos argumentos intentaron probar distintas formas de conspiración que eran entendidas como injerencias extranjeras sobre asuntos nacionales, poniendo en peligro a la soberanía, también buscaron mostrar la existencia de la idea de cierta idiosincrasia latinoamericana que refiere a representaciones conservadoras sobre la familia, la mujer, la sexualidad y que caracterizan a los sistemas de género vigentes en los países de la región. Ese marco de sentidos es el que sostiene y reproduce la acción colectiva transnacional conservadora y, tal como mostró Felitti (2008) en su análisis del debate en torno a las políticas natalistas de la década del ’70, no es novedoso sino que está fuertemente instalado.

En 2019 se conformó la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos (UIPC) como uno de los efectos concretos de la regionalización de la movilización conservadora en América Latina. Uno de sus objetivos principales es el combate a la corrupción, al abuso de poder y todas las iniciativas que consideren opuestas a la vida y la familia. La UIPC fue presentada públicamente en Panamá, en el III Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (CIPVF) 2019. Este espacio surgió en 2017 como un proyecto del periodista mexicano, también pastor evangélico, Aarón Lara, y congrega a representantes de diecisiete países, en su mayoría vinculados a organizaciones y partidos políticos. El CIPVF logró congregar, desde 2014, una representación activa en reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de diseminar sus posiciones y consolidar estrategias de protesta en América Latina.

La avanzada conservadora es regional y no es novedosa. La llegada de Jair Bolsonaro al poder en Brasil en 2019 evidenció la fortaleza de partidos políticos conservadores que eran vistos como nuevos y marginales. Este país vio crecer las demandas conservadoras, también catalogadas como de derecha, tras el impeachment a Rousseff y durante el gobierno de Temer. El clima social mostraba una fuerte inclinación hacia la derecha y un contundente rechazo a los anteriores gobiernos progresistas. Se consolidaban organizaciones políticas con fuerte presencia de doctrinas religiosas, con propuestas moralistas y referencias nacionalistas. Estos partidos ya habían mostrado su potencialidad en Costa Rica, Ecuador y Colombia, con el rechazo a leyes que garantizaban derechos a mujeres y diversidades sexuales. Otro caso de llegada al poder lo vimos en Bolivia, vía golpe de Estado en 2019, con la presidencia autoproclamada de Janine Añez, activista evangélica que entró a la casa de gobierno empuñando una Biblia. Tanto en Bolivia como en Ecuador, el clima de rechazo a los gobiernos progresistas no fue tenido en cuenta y las demandas de estos sectores no fueron escuchadas.

Sobre la cuestión nacional

Una dimensión que ha resultado central en las presentaciones realizadas durante el debate en 2018 y 2020, es la referencia a la cuestión nacional. Esta dimensión fue retomada en discursos mediáticos y en la discusión en redes sociales.

La identificación de la legalización del aborto con un riesgo para la existencia misma de la nación evidencia, una vez más, el carácter conservador de la ola celeste, que sostiene que la introducción de nueva legislación amenaza el orden construido.

Algunas exposiciones tomaron imágenes realmente truculentas para referirse al nivel de peligro sobre la comunidad nacional que implicaba la aprobación del proyecto, como el caso de la especialista en filosofía Alejandra Planker ante la Cámara de Diputados en 2018, que advirtió del peligro de convertirnos en “una patria monstruosa que se devore a sus propios hijos”; o el de la médica genetista Graciela Moya quien, ante el Senado en 2020, comparó el aborto con los planes eugenésicos y de exterminio del nazismo.^[27] Coincide con Pablo María de la Torre, quien advirtió sobre intereses extranjeros sobre la natalidad en nuestro país: “[…] la legalización del aborto no responde a una necesidad real del Estado, sino a intereses más poderosos, siendo el control de la natalidad y de los recursos naturales una exigencia fundamental para el desarrollo económico de un país”.^[28]

Las referencias a la nación como un cuerpo, tomando metáforas de la biología, son usuales en enfoques funcionalistas de la nación, dado que habilitan a resaltar la organicidad de sus componentes. Además del riesgo de pérdida de cohesión social y organicidad del pueblo de la nación por la sanción del proyecto de ley bajo debate, en varias exposiciones se mencionó el riesgo de la injerencia extranjera sobre la cuestión nacional. En esta línea, la exposición de José María Aguerre apela a la idea de dependencia y colonialidad e incorpora un giro argumental que vincula autonomía a la conservación de ideas y valores que parecen ser esenciales a la nación Argentina:

Más de una vez hemos escuchado en nuestra patria hablar de liberación o dependencia, pero la verdadera liberación de un pueblo se funda -paradójicamente- en una verdadera dependencia a lo propio, es decir, a nuestra cultura, raíces, tradiciones, creencias y valores por los cuales nuestros próceres no dudaron en entregar sus vidas. No podemos abandonar el primero de todos estos valores: el derecho a la vida.^[29]

Podemos también enumerar los ejemplos de Luis Durand Figueroa, médico expositor ante el Senado en 2018 que habló del aborto como mecanismo de control poblacional dentro de una política internacional; Zemira Bottini de Rey, de la Universidad Católica Argentina, hablando de la necesidad de respetar la idiosincrasia latinoamericana de cuidar la vida y la familia; Fernando Secín denunciando el negocio del aborto que puso sus ojos en Latinoamérica; y Chinda Brandolino, médica y vocera del movimiento celeste, asociando el aborto y la anticoncepción como prácticas promovidas por los centros del poder.

En otra intervención de 2018, la senadora Silvia Elías de Pérez refirió también al negociado que se realiza a nivel internacional con “la venta de los niños abortados, de los líquidos y todos estos materiales”. Lo cual se suma a la conspiración de la industria farmacológica y los productos que podrían desarrollarse a partir de los restos de los abortos. Esto se reiteró en 2020, sobre todo en el Senado, donde la renovación parcial permitió que Senadoras/es que se opusieron en 2018 hayan seguido en sus escaños.

Mucho se ha dicho ya respecto de la artificialidad de la nación (Anderson, 1991; Chatterjee, 2008) y sobre la penetración de los sentidos de lo nacional en las acciones cotidianas (Billig, 2015). Sin embargo, poco se ha profundizado en el análisis de la vinculación entre nación y género (Yuval Davis, 1993; Walby, 2002).

El debate en torno a la legalización del aborto que se dio en Argentina en 2018 y 2020 da cuenta de la existencia de ideas específicas sobre géneros y sexualidad que aparecen vinculadas a la sostenibilidad de la comunidad nacional. En las exposiciones realizadas en el Congreso de la Nación encontramos frecuentes referencias al pueblo, a la patria y al peligro que supone que las mujeres tomen decisiones sobre su propia sexualidad. Las mujeres son tradicionalmente comprendidas como las madres de la comunidad nacional, pero además del trabajo reproductivo, se les asigna la tarea de la reproducción ideológica de la comunidad nacional (Yuval Davis, 1993). Este expositor llama a diputados y senadores a ponderar su sentido de pertenencia y afecto por la comunidad nacional al definir su voto:

Les pido por favor que piensen en lo que sus padres les hubieran aconsejado hacer, que vean a cada hijo argentino como a su propio hijo y que la decisión final la tomen con conciencia y, sobre todo, con verdadero amor por la patria y por el prójimo.^[30]

José María Aguerre también alertó a los legisladores que su decisión tendría implicancias para los habitantes de la comunidad nacional: “Señoras y señores diputados: nuestro pueblo confía en ustedes”.^[31]

Las ideas sobre sexualidad y género que una comunidad sostiene en cada momento histórico responden a la alianza hegemónica de esa época (Chatterjee, 2008), que fue capaz de imponer un discurso sobre lo nacional. Esas ideas, además, se consolidan en una materialidad específica, en términos de categorías de género y sexo, que deja a quienes no entran en las categorías aceptadas por fuera de las políticas públicas. El acceso a derechos garantizados por un Estado nación está regido, entonces, por las ideas de comunidad que esa administración contiene.

Conocer la realidad del territorio nacional, tener acceso a diferentes lugares y haber acompañado a colectivos vulnerables es un respaldo para la defensa de la vida. De las organizaciones entrevistadas, dos dieron cuenta de un largo trabajo con mujeres (JUCUM y Mujeres por la Nación) que les permitió indagar sobre las problemáticas muy arraigadas. Ambas cuentan con muchísima experiencia en el acompañamiento a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica profunda y estructural e incluso en situaciones de violencia. De hecho, ambas indicaron haber sido parte de la lucha contra los femicidios y del proyecto inicial del Movimiento Ni Una Menos, alejándose cuando el tema del aborto irrumpió dentro del mismo. En la entrevista con Rodrigo Fernández Madero, también se mencionó el trabajo territorial de acompañamiento a mujeres cursando embarazos como la actividad central a la que han abocado sus esfuerzos las organizaciones de Unidad Provida en el presente.^[32]

Esto, además de demostrar el importante rol que han llegado a tener las Iglesias en la lucha contra la pobreza y en el liderazgo y centralización de trabajos sociales y comunitarios, sobre todo en períodos en los que el Estado se repliega de sus obligaciones como garante de derechos; también evidencia la diversidad y diferencias que existen dentro de Unidad Provida, y la multiplicidad de actores que intervienen en esta red, siendo muchos de estos protagonistas de procesos sociales de gran importancia como la apertura de comedores, ollas populares, espacios de acompañamiento de pares, formación laboral inicial en oficios^[33] y procesos de formación en liderazgo, activismo y juventud.^[34]

Las estrategias de organización y de construcción argumentativa

La articulación de la red de organizaciones autodenominadas provida en 2018 fue posible gracias a la existencia de intercambios y lazos previos, tanto nacional como internacionalmente. Llamativamente, la atención académica y mediática no se dirigió a esas extensas redes, tal como sus integrantes resaltaron.^[35]

Las experiencias previas, las estrategias aprendidas, la articulación con la política coadyuvaron en una red interconectada, Unidad Provida, que compartían el eslogan Salvemos las 2 vidas y que monopolizaron el discurso de la defensa de la vida. En su ontología, la vida de la mujer tiene el mismo valor que la del feto, lo que los pone en igualdad de condiciones y obliga al Estado (y a su legislación) a protegerlos a ambos por igual. La aprobación de la IVE constituiría, entonces, una ruptura en este equilibrio que garantiza que toda vida tenga la misma importancia. La propuesta frente a la realidad del aborto clandestino es garantizar que no se realicen abortos, en vez de considerar, como lo hace la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que la única forma exitosa de prevenir las muertes es legalizando la práctica, acompañándola de educación y anticoncepción.

Como Gudiño Bessone (2020) indica, en Unidad Provida confluyen grupos católicos y evangélicos pero también laicos, que se articulan en espacios políticos. Si bien el autor hace especial hincapié en los primeros, nos interesa dar cuenta, justamente, de la irrupción de los segundos (Pecheny, Jones y Ariza, 2016; Carbonelli, 2015, 2019, 2019b) y la alianza con los terceros, entre los que podemos nombrar a Frente Joven, organización reconocida como un pilar en el proceso de articulación. Es decir, el frente de organizaciones articuladas para impedir la legalización de la IVE, se destaca por la diversidad y la multiplicidad y mientras algunas se reconocen abiertamente religiosas y están dirigidas incluso por pastores o pastoras o clérigos, como Mujeres por la Nación^[36] y JUCUM,^[37] otras se declaran laicas, como Frente Joven^[38] o aconfesionales, como CitizenGo ^[39] y Fundación Más Vida.^[40] Esa composición diversa es resaltada por sus miembros, nuestros entrevistados, como un valor distintivo de la Unidad:

A mí me maravilla mucho esta movilización porque es bastante variopinto. Si bien es real que si vos te pones a hacer una encuesta vas a encontrar un porcentaje mayor de gente religiosa, ya sea católica, evangélica… y eso es real, no lo voy a negar. Pero también tenés gente que no.^[41]

Morán Faúndes y Peñas Defago (2016) definen a la conformación de ONGs como una de las más hábiles estrategias políticas de los grupos denominados provida en los últimos años, y explican que muchas veces, estas ONGs se fundan sobre otras previas, aglutinando demandas provida y profamilia. Junto con Alvarez, Dagnino y Escobar (1998) denominan a este proceso ONGización y dan cuenta de que también ha sucedido en el campo de los movimientos sociales feministas. Eso ha permitido un mayor cabildeo en política y ha tenido un efecto profesionalizador. Coincidimos con los autores en que, para el caso de las organizaciones autoproclamadas provida, esta formalización –junto con la proliferación de redes sociales– también les ha permitido acceder a contactos políticos de la escena internacional, propicios para la proliferación de estos grupos.

El otro elemento de este proceso que resultó positivo para estos grupos es que, mediante esta forma de organización, han logrado matizar la importancia y centralidad del factor religioso (Morán Faúndes y Peñas Defago, 2016). En este sentido, se activa, en términos de Vaggione (2009) un secularismo estratégico que permite articular con organizaciones no religiosas permeando el discurso y las intervenciones de relatos con pretensión cientificista y basamentos jurídicos y biológicos, no sostenidos abiertamente en escrituras sagradas, pero sin implicar una pérdida efectiva del rol de las religiones (Vaggione, 2005).

El secularismo estratégico impactó también en un giro discursivo que se corrió de los argumentos religiosos con un viraje explícito hacia dos nuevos horizontes de sentido: el de los derechos sociales y el de la comunidad científica (médica y jurídica).

Al ser indagado sobre su perfil de intervención, Fundación Más Vida sostuvo que trabaja “desde un enfoque científico, como nos caracteriza, todo ciudadano que disponga del más mínimo conocimiento en la materia, o incluso desde el sentido común, defiende la vida humana. Se trata de una lucha ciudadana, ante todo”.^[42] Esto confirma, entonces, que independientemente de la validez o veracidad de los argumentos esgrimidos en las exposiciones y los medios, la impronta que le imprimen a su trayectoria busca el respaldo del discurso científico.

Otro ejemplo lo constituye Mujeres por la Nación, que describió que en los inicios de su trabajo con mujeres, cerca del año 2001, se autoconvocó “un grupo de mujeres profesionales, amigas, una abogada, una psicóloga, también una ama de casa”.^[43] Es decir, la conformación profesional y universitaria aparece como un elemento fundamental a ser relatado, no así la concepción religiosa de las conformantes.

En este sentido, excluyendo algunas posturas más tradicionales que continuaron utilizando las imágenes de supuestos abortos filmados o de restos de bebés, una amplia sección de las intervenciones en el Congreso se sostuvo con un discurso basado en datos médicos, jurídicos y estadísticos.

Más allá de la valoración que podamos tener en cuanto a la veracidad, validez y relevancia de estos datos, nos resulta destacable la estrategia de incorporarlos, rompiendo con un perfil religioso y emotivo que solía caracterizar previamente el abordaje del tema. Esta estrategia es descripta por las organizaciones entrevistadas como una acción consciente, orientada a fortalecer sus posiciones en el debate público y mediático.^[44]

Si bien existieron también intervenciones que se fundaron en las apelaciones emocionales (como la presencia de una persona con discapacidad que fue adoptada en vez de abortada, otra que sobrevivió a un aborto desde el vientre materno, entre otras de similar construcción discursiva) un sector sustantivo habló de legislación internacional, consecuencias biomédicas, selección demográfica, disputas sobre el concepto científico de vida, validez de la norma en el orden jurídico interno.

La nueva estrategia discursiva fue facilitada por la intersección entre diferentes organizaciones, la apertura a participaciones externas y la irrupción de profesionales que adhirieron a la causa, como Médicos por la Vida o Abogados por la Vida. Estas organizaciones imprimieron un conjunto de características propias a las argumentaciones y articularon, más allá de sus creencias individuales (muchas veces cercanas a la Iglesia católica o evangélica), a partir de sus áreas de experiencia y conocimiento. Sobre esto, es interesante que muchas de las referencias mencionadas por las organizaciones entrevistadas son a especialistas o médicas/os que acompañaron sus demandas en contra de la IVE. Por ejemplo, Graciela Giménez de Mujeres por la Nación, refirió reiteradas veces a la solidez argumentativa y los datos provistos por dos médicas;^[45] también Frente Joven remarcó la importancia de los datos y la información científica, así como la formación de las y los jóvenes.^[46]

El diseño de esta estrategia se atribuye a la temprana participación de periodistas y expertos en comunicación en la movilización en contra del proyecto de IVE. Rodrigo Fernández Madero relató haber colaborado desde su experiencia profesional, por convicción personal y describió la estrategia que las organizaciones venían manteniendo: sostener mensajes no agresivos, conciliadores, que logren convencer y superar dualismos. En sus palabras:

El tema de la no discusión, la no pelea, que sea un mensaje por lo positivo, que sea un mensaje… algo que trabajamos muchísimo era que no sea un NO. Que nuestro mensaje no tenía que ser un NO al aborto. Era instalar el ‘cuidemos las 2 vidas’, era una acción propositiva, no reactiva. No reactiva de decir NO, sino propositiva de decir sí.^[47]

Ese posicionamiento fue más claro en los medios de comunicación que en las exposiciones en el Congreso de la Nación.

La existencia de Universidades religiosas también ha facilitado la proliferación de referentes, expertas/os y especialistas que pueden, desde su formación académica, impartir el mensaje de su iglesia, pero evitando el discurso propiamente religioso.

Gudiño Bessone (2017) reconoce el cambio en el método comunicacional de la Iglesia católica sobre esta temática y se lo adjudica a la fuerza con la que los derechos sexuales y reproductivos ingresaron al debate político internacional, por lo que su cambio en términos internos, puede asociarse a una estrategia transnacional del Vaticano. Esto, combinado con la pregnancia que tuvo el discurso de los derechos humanos en los grupos autodenominados provida, generó una confluencia en ejes argumentativos. Es decir, se activó entre grupos a favor y en contra de la IVE una disputa discursiva en torno a la interpretación ya no sólo del concepto de vida, sino del sentido de los derechos humanos.^[48]

Otra estrategia, ya no de contenido, sino de difusión y forma, reconocida tanto a nivel académico como por sus protagonistas, es la combinación de la presencia física en el espacio público con la militancia digital. Las diferentes organizaciones, con trayectorias muy diversas y prácticas disímiles, algunas religiosas, otras laicas y otras mixtas, se articularon para generar hashtags, flyers, memes y otros instrumentos, es decir, todo un conjunto de herramientas digitales de intervención pública tanto en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram) como en intervenciones en las calles.

Los diferentes referentes entrevistados hicieron mención a la importancia que adquirieron las redes. Sin embargo, fue especialmente nodal para dos de las organizaciones consultadas: Fundación Más Vida y CitizenGo. Sobre la primera, su representante nos indicó que la organización “comenzó trabajando exclusivamente en Facebook. Posteriormente se sumaron las nuevas redes sociales, pero nos concentramos principalmente en Facebook por ser esta la más utilizada en nuestro país”.^[49] Además, las redes y la página web aparecen como el espacio de mayor impacto para la suma de nuevos voluntarios que sostienen, completamente ad honorem, las actividades de la fundación.

Respecto a la segunda, CitizenGo, como explicamos, se constituye centralmente en “una plataforma que los ayude a hacerse escuchar ante los políticos y poderosos que toman las decisiones”.^[50] Esta plataforma es mayoritariamente telemática, siendo las campañas para juntar firmas online una de sus acciones más habituales. Esto ha llevado a que los núcleos de esta organización en otras partes del mundo tengan recursos humanos focalizados en comunicación digital. Sobre esto, nos describieron “hay un equipo tecnológico que trabaja para poder llevar adelante las campañas online, un equipo de comunicación y en cada país, hay un Director de Campañas que lleva adelante las peticiones y las actividades que se realizan”.^[51] También existen “citizengoers” cuyo rol es difundir las campañas online y firmarlas. Este es el ejemplo de mayor uso de redes sociales de todas las organizaciones entrevistadas, aunque es generalizada la apreciación por las redes como herramientas para el activismo desarrollado en 2018: Rodrigo Fernández Madero destacó el uso de redes, especialmente Twitter, como campo de batalla. ^[52]

Además de referir a su incursión por la virtualidad, todas las organizaciones entrevistadas valorizaron positivamente sus experiencias de interacción, haciendo especial referencia a la conexión generada con otras organizaciones (algunas desconocidas hasta ese momento), que fue definida por las representantes de JUCUM como la “redocracia”, es decir redes como centro y eje de acción política.^[53]

Es especialmente interesante analizar las percepciones que cada organización tiene de las otras con las que conforman Unidad Provida. Si bien son generalizadas las referencias cruzadas entre las entrevistas y a menudo, en nuestro trabajo de campo, unas asociaciones recomendaron que entrevistemos a otras por su grado de relevancia y centralidad, también convinieron en determinar que existe una mayoría que acordó un conjunto de acciones comunicativas y de trayectoria de protesta que una minoría no acató. En este sentido, tanto JUCUM, como Mujeres por la Nación y Rodríguez Madero indicaron –aunque sin identificarlo públicamente– que existe un sector más radicalizado, con ideas extremistas, que insiste en la explotación de estrategias y herramientas previas, como lo son asociar discursivamente aborto con genocidio o culpabilizar a las mujeres que toman esas decisiones. Los entrevistados toman esta posición para marcar su distancia de la misma, relatando que la nueva impronta dada a la red es incorporar la idea del valor de las 2 vidas con prácticas propositivas y de proyectos de acompañamiento a las mujeres en el proceso de embarazo o maternidad vulnerable.

Estos matices son importantes al momento de analizar el frente anti-IVE porque dan cuenta de una heterogeneidad tanto ontológica como política en cuanto a las formas de comprender el conflicto y las medidas para intervenir en el mismo.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos elaborado una descripción del movimiento conservador autodenominado provida, sus articulaciones, representaciones y estrategias, especialmente a través del análisis de su representación de la cuestión nacional, sus conexiones y construcciones transnacionales, sus nuevas estrategias argumentativas y organizacionales y sus formas discursivas, todos elementos que le imprimieron características renovadas a sus formas previas de activación política.

Al momento de indagar sobre este fenómeno y entrevistar a diferentes líderes de la ola celeste, específicamente de la Unidad Provida, enfrentamos retos epistemológicos y metodológicos, que nos obligaron a revisar nuestras prácticas de investigación y a reflexionar sobre el potencial peligro de sesgos cognitivos que nos impidiesen analizar las fuentes, debido a nuestra percepción inicial de estos movimientos que se encuentran en las antípodas de nuestro pensamiento personal.

Conocedoras de este riesgo y siendo parte del movimiento que lucha por el reconocimiento del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, analizamos todas las participaciones en contra de la legalización de la IVE que se expusieron en el Congreso y entrevistamos a un conjunto de líderes del movimiento conservador que son considerados referentes por haber conducido la articulación y participado en la creación de la red Unidad Provida, nodal para comprender el devenir del movimiento en el país.

Hemos caracterizado al movimiento que se organizó en 2018 y 2020 para impedir la legalización de la IVE como estatuquista, en tanto se opone al cambio del orden vigente y a la modificación de la legalidad que lo garantiza; como religioso y laico, pues congrega y combina personas de diversos credos o que se presentan como no-creyentes; como portador de una fuerte idea de lo nacional, entendida como una identidad perenne e irrevocable que debe ser defendida de posibles embates e injerencias externas; como portavoces de un discurso que ya no está linealmente pegado a las santas escrituras religiosas, sino que ha adquirido recursos de cientificidad y profesionalismo; como transnacional, pues desarrolla una movilización que trasciende fronteras y se vincula con organizaciones surgidas en otros países; y como extremadamente diverso en términos de procedencias, trayectorias organizativas y campos de acción, que incluso reconoce esa diversidad y la categoriza en distintos grados de radicalidad según sus formas de intervención.

Además, este movimiento está emplazado en ONGs, que se tejen en redes y se agrupan a partir de coincidir en contra de la IVE; propone una actitud más dialoguista. Desde 2018, generó el slogan Salvemos las 2 vidas e intentó implantar una estrategia comunicativa conjunta que evitase recurrir a argumentos que asocien al aborto con un genocidio u otras metáforas similares.

La vasta cantidad de organizaciones que conformaron Unión Provida no responde por igual a esta caracterización, pues en algunas aún persisten los discursos más virulentos y belicosos, y la utilización de imágenes, videos y herramientas más truculentas (y se sirven de especialistas, muchas veces egresadas/os de carreras universitarias o trabajadoras/es de instituciones universitarias, médicas o jurídicas dependientes de iglesias, como UCA, Austral, El Salvador, entre otras).

El nombre de frente antiderechos proviene de la nomenclatura dada desde su oposición, generando especial rechazo por parte de estas organizaciones, que consideran que luchan por el respeto de los derechos humanos de toda la población, a diferencia de la ola verde que representa únicamente los derechos de las mujeres.

Las organizaciones de Unidad Provida no tienen como único objetivo la obstaculización de la legalización de la IVE, de hecho, en muchos casos, esta fue una causa anexada posteriormente, dado que su trabajo inicial era de asistencia o acompañamiento a mujeres o poblaciones en situación de vulnerabilidad económica, laboral o social. Muchas tienen experiencia previa en trabajo comunitario, especialmente fuerte en las organizaciones cercanas a las iglesias católica y evangélica; y muchas trabajan en la formación de oficios y prácticas de liderazgos. Por su parte, la suma de profesionales por la vida aportó un conjunto de argumentos y prácticas derivadas del mundo académico, universitario y empresarial que complementó la red, brindando cifras e información más sostenida en datos, a pesar de que muchas veces no tenían validación científica.

La confluencia en torno a la oposición a la ley propició encuentros de agrupaciones diferentes que encontraron en su activismo anti-IVE una forma de asociación extendida. Todas las organizaciones aportaron parte de su trayectoria previa, su experiencia de base comunitaria y sus recursos. El resultado es una red nacional con conexiones internacionales que les permitieron lanzar una plataforma de valores alrededor de representaciones específicas de la sexualidad, la familia, el rol de la mujer en la sociedad y las prácticas sexo-afectivas, que subyace a su oposición a la aprobación de la IVE en América Latina.

Algunos interrogantes que surgieron a partir de esta investigación serán abordados en otros trabajos, y apuntan a analizar el perfil político partidario de estas organizaciones, el futuro de la Unidad y su plan de acción tras la aprobación de la ley de IVE, los proyectos de permanencia o expansión y la incorporación de la pluralidad de voces federales, sobre todo a partir de las experiencias provinciales de lucha y manifestación.