¿Hay una reconfiguración y creciente movilización de las derechas en América Latina en los últimos años, luego del llamado ciclo posneoliberal? Entre 1998 y 2011 gobiernos de izquierda, centro-izquierda o nacional-populares fueron elegidos en once países y dos tercios de la población de la región estuvo bajo administraciones de dicho signo político. Pero a la “Marea Rosa” y al boom de las commodities le sucedió un período de estancamiento o ralentización económica y social con modulaciones políticas divergentes: giros a distintas expresiones del centro-derecha y la derecha, entre ellas las elecciones argentinas de 2015, las chilenas de 2017, las uruguayas de 2019, las ecuatorianas 2021. Sin embargo, fueron eventos como la sorpresiva elección de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018; dos años antes el rechazo al plebiscito por el acuerdo de Paz en Colombia; el golpe contra Evo Morales en Bolivia en 2019 o el ballotage con un candidato evangélico conservador en Costa Rica, también en 2018, los que centraron la atención y la preocupación en la múltiple emergencia de distintas manifestaciones de una derecha más extrema. No se trataba, claro está, de una particularidad latinoamericana: nos precedían la inesperada victoria de D. Trump en Estados Unidos en 2016, el triunfo del Brexit en el referendum británico de 2016 y gobiernos con distintas combinaciones de nacionalismo, religiosidad y conservadurismo en Hungría, Polonia, Turquía, la India o Filipinas, para citar tan sólo algunos ejemplos. De norte a sur de nuestro continente, comenzamos a advertir que las derechas con distintos grados de radicalidad se habían vuelto electoralmente más competitivas, con capacidad de movilización política, en particular porque lograban renovar su dramaturgia y su estética y atraer nuevos simpatizantes.

Como dijimos, este fenómeno trasciende la región. En Occidente, con epicentro en Europa, asistimos a la más importante reconfiguración de las derechas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En particular, a la expansión y crecimiento de partidos y movimientos de extrema derecha, lo que algunos autores han llamado extrema derecha 2.0 (Forti, 2020), que intentan suavizar -al menos públicamente- algunas de sus aristas más feroces para ser aceptadas de pleno derecho en el juego democrático. Tales derechas intentan tanto pescar en las aguas de los alicaídos electorados de izquierda o socialdemócratas como en el de las derechas tradicionales.

Ahora bien, ¿estamos asistiendo a un proceso comparable en América Latina? Posiblemente se requiera dejar correr un poco más de tiempo para dar una respuesta acabada. En rigor, se encadenan dos procesos. Luego del fin del decenio progresista, como ha señalado, J.P. Luna (2021) se ha producido una aceleración de los ciclos políticos, una de cuyas manifestaciones es la rauda caída de popularidad de los gobiernos apenas electos si se lo compara con lo que sucedía hace una década. En un contexto general de debilidad de los partidos, coaliciones electorales poco estables se quiebran muy fácilmente, intensificando la inestabilidad política. Por lo cual, más que pronosticar un nuevo ciclo de derechas, asistimos a una nueva etapa de aceleración de la historia. Así las cosas, darle una chance de gobierno a “lo nuevo” parece ser un motivo de decisión electoral importante y, dado que las derechas no han sido gobierno en varios países por un buen tiempo, tienen más probabilidad de ocupar ese lugar que las opciones progresistas. Cuentan a su favor con públicos renovados y con el hecho de que, a una población tradicionalmente conservadora, se le suman otros grupos, como los jóvenes que se politizan hacia la derecha en el fragor de los procesos de polarización de sus respectivos países y en contra de lo que es considerado el establishment o la elite política, en estos recientes tiempos mayormente de izquierda o centro-izquierda.

Sin duda, parte del proceso es propio de la oposición que se galvaniza ante un tipo de gobierno que ha estado en el poder por un tiempo considerable y que ha tenido diferentes tipos de avances en derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Pero esto explica sólo parte del problema, puesto que el signo de la oposición no estaba prefigurado de antemano. Debemos entender esta movilización de las derechas dentro de una serie de procesos previos, con algunos rasgos comunes entre los países y otros propios de cada historia y coyuntura nacional. En efecto, como dijimos, el avance de las ultraderechas 2.0 en Europa y de D. Trump en Estados Unidos insufla nuevos bríos, exporta estrategias y recursos, contribuyendo a atenuar o lisa y llanamente esfumar el tabú de considerarse de derechas en muchos países de nuestra región. Al fin de cuentas, las dictaduras van quedando en el pasado y las nuevas generaciones no se sienten responsables ni amedrentadas por su sombra como le sucedía a quienes los precedieron. Por lo demás, la “lucha contra la corrupción” en contra de algunos gobiernos de centro-izquierda en particular en Brasil, en Argentina y en menor medida en Ecuador, amalgama y moviliza a públicos por lo general sin experiencia política previa. Es en este contexto que la movilización deja de ser sólo de la izquierda y de los movimientos sociales progresistas; públicos de derecha ocuparon las calles y, como antes en Estados Unidos, influencers reaccionarios, las redes (Kessler, Vommaro y Paladino, en prensa).

La vitalidad de las movilizaciones de derecha conmociona el consenso posneoliberal en materia económica y distributiva promovido por las agendas de los gobiernos progresistas y favorecido por la disponibilidad extraordinaria de recursos producto del boom de las materias primas. La memoria de la crisis de los programas neoliberales cimentó esta reorientación favorable a la intervención y la regulación estatal. Buena parte de los gobiernos latinoamericanos aumentó el gasto social mediante políticas de transferencia directa a población pobre y pensiones contributivas y no contributivas para adultos mayores que estaban desprotegidos de la seguridad social (Garay, 2016; Benza y Kessler, 2020). La cuestión distributiva ocupó el centro de la agenda pública. Los grupos anti distributivos dejaron de dominar los debates económicos, pero mantuvieron sus redes de difusión de pensamiento –fundaciones, think tanks– así como sus voceros y organizadores políticos –líderes partidarios, comunicadores–. Con el fin del boom de las materias primas los gobiernos progresistas vieron disminuidos los recursos para financiar la redistribución. En algunos casos también agudizaron sus problemas de déficit del gasto público y de la balanza de pagos, lo que llevó a idear nuevos impuestos. Esto abrió un espacio para la movilización antiigualitaria que se manifestó tanto en Argentina como en Ecuador. También evidenció los déficits en la provisión de bienes públicos de calidad, cuya mejora no llegó a materializarse en algunos rubros. Estos déficits generaron protestas y movilizaciones que en algunos casos fueron capitalizadas por movimientos conservadores. A esto se suma que las demandas por seguridad en una región con altas tasas de delito urbano no se han resuelto, alimentando una demagogia punitiva creciente. Franjas de poblaciones de distintas clases expresan su malestar por sentirse cada vez más presionadas por los impuestos, pero sin obtener ni apoyos ni servicios equiparables en contrapartida.

En paralelo, el proceso de más largo aliento de secularización y cambio cultural que tuvo lugar en la región desde los años de la democratización fue tomado por algunos de los gobiernos progresistas como parte de su agenda programática y, en algunos casos, se generaron cambios en la legislación en un contexto de intensa movilización social de apoyo y de oposición. El avance de esta agenda cultural, que también tuvo lugar en otros países sin giro a la izquierda a nivel nacional como Colombia y, hasta los últimos años, México, actuó como incentivo para la reorganización y movilización de grupos conservadores. Grupos religiosos que ya habían iniciado un proceso estratégico de construcción desde la sociedad civil (Vaggione, 2012) se movilizaron intensamente en oposición a la agenda de derechos sexuales y de género que se activó especialmente en los años del giro a la izquierda. La movilización conservadora puede ser vista como la última línea de resistencia a un proceso de secularización en marcha (Baldassarri & Park, 2020). Pero también es parte de una revitalización de sectores conservadores que, tanto en la calle como en las redes sociales, protagonizaron una contraofensiva contra los consensos progresistas (Stefanoni, 2021).

En América Latina, la convergencia de la agenda antidistributiva y la agenda conservadora en el terreno cultural llevó a que sectores neoliberales y hasta libertarios se encontraran con los grupos conservadores en el mismo campo anti izquierda o antipopulista (Kessler, Vommaro y Paladino, en prensa). Esta convergencia llevó muchas veces a que en el comentario político se observe una especie de nuevo bloque homogéneo. En realidad, la resistencia a los consensos progresistas y los apoyos a las opciones políticas conservadoras están hechas de la confluencia de, entre otros, los diferentes grupos y demandas enumerados más arriba (anti-distributivos, anti-impuestos, anticorrupción, conservadurismo cultural).

La heterogeneidad de las derechas plantea diferentes desafíos a la agenda de los estudios en este campo. Este dossier intenta contribuir a la construcción de esa agenda. Contiene artículos que se proponen complejizar la mirada sobre los movimientos de derecha, así como sobre los ciudadanos identificados con las ideas conservadoras. El primer desafío está asociado a cómo evitar que las imágenes estereotipadas impidan dar cuenta de la complejidad adquirida por estos movimientos. La ajenidad y la aversión que la mayor parte de los/las académicos/as tenemos por los movimientos de derecha, y más aún de extrema derecha, nos coloca frente al desafío de entender y/o explicar fenómenos respecto de los cuales sentimos una distancia radical. Dicho en otros términos, a construir reflexividad en la relación a una otredad ideológica. El texto de Mark Goodale que abre el dossier reflexiona específicamente sobre los desafíos de estudiar desde una mirada interpretativa -etnográfica- actores de extrema derecha. A partir de su experiencia de estudio del movimiento falangista en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, vuelve de manera crítica sobre los obstáculos epistemológicos que la antropología política comprometida trae al estudio de lo desagradable (Shoshan, 2015). ¿Qué efectos tiene sobre la comprensión del etnógrafo abandonar terrenos de movimientos con los que se tiene simpatía –lo que imbrica antropología y activismo– para abordar grupos conservadores? Para Goodale es necesario llevar a cabo una antropología política “no comprometida” que, a la vez que se toma en serio el punto de vista y los valores defendidos por los grupos conservadores, los interroga críticamente desde lo que el autor llama una “antropología del prejuicio”. Queda como incógnita saber cómo “regresa” esta perspectiva a los estudios “comprometidos”, es decir cómo esa interrogación de los grupos conservadores en términos de prejuicio puede impactar en el modo en que estudiamos a movimientos por los que sentimos afinidad.

A propósito de estos desafíos especulares del estudio de movimientos conservadores en relación a los movimientos progresistas, el trabajo de Angela Alonso da cuenta del desarrollo de nuevos movimientos conservadores en Brasil que ganan la calle a partir de las protestas contra la organización del Mundial de Fútbol en ese país. La autora muestra como estos movimientos se apoyan en las promesas pendientes de las reformas realizadas por el PT así como en las resistencias que esas reformas provocaron en los grupos conservadores para producir una politización a la derecha que culmina en la elección de Jair Bolsonaro a la presidencia. Esta politización es dominada por una agenda que combina posiciones anti-distributivas con autoritarias. Los componentes de esta agenda abren interrogantes que son retomados por los siguientes trabajos del dossier. El artículo de Mariana Caminotti y Constanza Tabbush desmonta precisamente una mirada demasiado simplista sobre la reacción cultural a la agenda de derechos sexuales y de género. Las autoras muestran que la agenda conservadora del backlash tiene componentes, por así decirlo, creativos, que impiden pensarla como pura reacción y que, al contrario, ayudan a explicar la ampliación de las alianzas establecidas por los conservadores en el contexto del fin del giro a la izquierda. Sostienen que el encuadre de la “ideología de género” y su uso estratégico fue un modo exitoso de aglutinar diferentes grupos y de construir una posición ofensiva antes que defensiva frente a otras amenazas a la definición de la familia y de la sociedad como orden jerárquico. Las siguientes dos contribuciones retoman la otra cuestión identificada en el trabajo de Alonso sobre la movilización conservadoras: el regreso de apoyos al autoritarismo, que históricamente ha sido un rasgo característico de las derechas. El trabajo de Noam Lupu, Virginia Oliveros y Luis Schiumerini analiza a través de datos de encuestas la evolución de la adhesión a valores autoritarios en la región. Por un lado, el texto muestra que el fin del giro a la izquierda a nivel de los gobiernos no se vio acompañado, en toda la región, por un giro a la derecha en la sociedad. Esta situación es diferente en el Cono Sur, donde se advierte un crecimiento de las personas que se identifican con la derecha, incluso en Argentina, donde históricamente el electorado declaradamente conservador era limitado (Catterberg, 1989). Este crecimiento de la identificación con la derecha tiene como correlato, en Brasil y en Chile, el aumento de adhesión a posiciones autoritarias. En definitiva, el giro a la derecha y el autoritarismo no parecen ser tendencias uniformes en América Latina, pero los casos en los que estas se manifiestan funcionan, en un contexto de crisis como el actual, como espejo posible para los demás países. En el mismo sentido, el artículo de Ilka Treminio y Adrián Pignataro muestra un crecimiento de posiciones autoritarias y antiigualitarias en los jóvenes en Costa Rica, lo que se correlaciona con un crecimiento del apoyo de este segmento a las opciones electorales asociadas con la derecha radical, que tuvieron fuerte presencia en las elecciones presidenciales de 2018. Esto es coincidente con lo que muestran los estudios en Europa sobre la pregnancia de los movimientos de extrema derecha en los jóvenes. Asimismo, el texto tiene dos hallazgos que obligan a revisar lo que sabemos hasta ahora sobre los movimientos conservadores. Por un lado, muestra que las mujeres jóvenes apoyaron más opciones de derecha radical que sus pares hombres. Esto contradice los hallazgos en otros países, donde entre los que apoyan a la ultraderecha hay más varones que mujeres y más en general, la idea de que las diferencias de género están siempre correlacionadas con posiciones ideológicas. Por otro lado, Treminio y Pignataro encuentran que los jóvenes antiigualitarios y autoritarios son menos conservadores en el plano cultural que los no jóvenes, en especial en relación a su posición frente al matrimonio igualitario. Sabemos que posiciones frente a asuntos culturales y frente a los económicos no están necesariamente alineadas en América Latina. Este hallazgo obliga además a repensar la relación entre posiciones progresistas frente a tópicos culturales y las adhesiones autoritarias, así como a tomar en cuenta el valor desigual de la democracia en diferentes países y contextos.

El número cierra con una reflexión de Nitzan Shoshan en clave comparada. El autor interroga las diferentes contribuciones a la luz de su experiencia de estudio de las extremas derechas en Europa, y propone, como creemos lo hace este dossier, combinar métodos, perspectivas y disciplinas para estudiar las derechas de manera situada, aunque sin perder de vista la riqueza de la mirada comparativa. Esperamos que algo de este propósito haga eco en los/las lectores/as de este dossier.

¿Hay una reconfiguración y creciente movilización de las derechas en América Latina en los últimos años, luego del llamado ciclo posneoliberal? Entre 1998 y 2011 gobiernos de izquierda, centro-izquierda o nacional-populares fueron elegidos en once países y dos tercios de la población de la región estuvo bajo administraciones de dicho signo político. Pero a la “Marea Rosa” y al boom de las commodities le sucedió un período de estancamiento o ralentización económica y social con modulaciones políticas divergentes: giros a distintas expresiones del centro-derecha y la derecha, entre ellas las elecciones argentinas de 2015, las chilenas de 2017, las uruguayas de 2019, las ecuatorianas 2021. Sin embargo, fueron eventos como la sorpresiva elección de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018; dos años antes el rechazo al plebiscito por el acuerdo de Paz en Colombia; el golpe contra Evo Morales en Bolivia en 2019 o el ballotage con un candidato evangélico conservador en Costa Rica, también en 2018, los que centraron la atención y la preocupación en la múltiple emergencia de distintas manifestaciones de una derecha más extrema. No se trataba, claro está, de una particularidad latinoamericana: nos precedían la inesperada victoria de D. Trump en Estados Unidos en 2016, el triunfo del Brexit en el referendum británico de 2016 y gobiernos con distintas combinaciones de nacionalismo, religiosidad y conservadurismo en Hungría, Polonia, Turquía, la India o Filipinas, para citar tan sólo algunos ejemplos. De norte a sur de nuestro continente, comenzamos a advertir que las derechas con distintos grados de radicalidad se habían vuelto electoralmente más competitivas, con capacidad de movilización política, en particular porque lograban renovar su dramaturgia y su estética y atraer nuevos simpatizantes.

Como dijimos, este fenómeno trasciende la región. En Occidente, con epicentro en Europa, asistimos a la más importante reconfiguración de las derechas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En particular, a la expansión y crecimiento de partidos y movimientos de extrema derecha, lo que algunos autores han llamado extrema derecha 2.0 (Forti, 2020), que intentan suavizar -al menos públicamente- algunas de sus aristas más feroces para ser aceptadas de pleno derecho en el juego democrático. Tales derechas intentan tanto pescar en las aguas de los alicaídos electorados de izquierda o socialdemócratas como en el de las derechas tradicionales.

Ahora bien, ¿estamos asistiendo a un proceso comparable en América Latina? Posiblemente se requiera dejar correr un poco más de tiempo para dar una respuesta acabada. En rigor, se encadenan dos procesos. Luego del fin del decenio progresista, como ha señalado, J.P. Luna (2021) se ha producido una aceleración de los ciclos políticos, una de cuyas manifestaciones es la rauda caída de popularidad de los gobiernos apenas electos si se lo compara con lo que sucedía hace una década. En un contexto general de debilidad de los partidos, coaliciones electorales poco estables se quiebran muy fácilmente, intensificando la inestabilidad política. Por lo cual, más que pronosticar un nuevo ciclo de derechas, asistimos a una nueva etapa de aceleración de la historia. Así las cosas, darle una chance de gobierno a “lo nuevo” parece ser un motivo de decisión electoral importante y, dado que las derechas no han sido gobierno en varios países por un buen tiempo, tienen más probabilidad de ocupar ese lugar que las opciones progresistas. Cuentan a su favor con públicos renovados y con el hecho de que, a una población tradicionalmente conservadora, se le suman otros grupos, como los jóvenes que se politizan hacia la derecha en el fragor de los procesos de polarización de sus respectivos países y en contra de lo que es considerado el establishment o la elite política, en estos recientes tiempos mayormente de izquierda o centro-izquierda.

Sin duda, parte del proceso es propio de la oposición que se galvaniza ante un tipo de gobierno que ha estado en el poder por un tiempo considerable y que ha tenido diferentes tipos de avances en derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Pero esto explica sólo parte del problema, puesto que el signo de la oposición no estaba prefigurado de antemano. Debemos entender esta movilización de las derechas dentro de una serie de procesos previos, con algunos rasgos comunes entre los países y otros propios de cada historia y coyuntura nacional. En efecto, como dijimos, el avance de las ultraderechas 2.0 en Europa y de D. Trump en Estados Unidos insufla nuevos bríos, exporta estrategias y recursos, contribuyendo a atenuar o lisa y llanamente esfumar el tabú de considerarse de derechas en muchos países de nuestra región. Al fin de cuentas, las dictaduras van quedando en el pasado y las nuevas generaciones no se sienten responsables ni amedrentadas por su sombra como le sucedía a quienes los precedieron. Por lo demás, la “lucha contra la corrupción” en contra de algunos gobiernos de centro-izquierda en particular en Brasil, en Argentina y en menor medida en Ecuador, amalgama y moviliza a públicos por lo general sin experiencia política previa. Es en este contexto que la movilización deja de ser sólo de la izquierda y de los movimientos sociales progresistas; públicos de derecha ocuparon las calles y, como antes en Estados Unidos, influencers reaccionarios, las redes (Kessler, Vommaro y Paladino, en prensa).

La vitalidad de las movilizaciones de derecha conmociona el consenso posneoliberal en materia económica y distributiva promovido por las agendas de los gobiernos progresistas y favorecido por la disponibilidad extraordinaria de recursos producto del boom de las materias primas. La memoria de la crisis de los programas neoliberales cimentó esta reorientación favorable a la intervención y la regulación estatal. Buena parte de los gobiernos latinoamericanos aumentó el gasto social mediante políticas de transferencia directa a población pobre y pensiones contributivas y no contributivas para adultos mayores que estaban desprotegidos de la seguridad social (Garay, 2016; Benza y Kessler, 2020). La cuestión distributiva ocupó el centro de la agenda pública. Los grupos anti distributivos dejaron de dominar los debates económicos, pero mantuvieron sus redes de difusión de pensamiento –fundaciones, think tanks– así como sus voceros y organizadores políticos –líderes partidarios, comunicadores–. Con el fin del boom de las materias primas los gobiernos progresistas vieron disminuidos los recursos para financiar la redistribución. En algunos casos también agudizaron sus problemas de déficit del gasto público y de la balanza de pagos, lo que llevó a idear nuevos impuestos. Esto abrió un espacio para la movilización antiigualitaria que se manifestó tanto en Argentina como en Ecuador. También evidenció los déficits en la provisión de bienes públicos de calidad, cuya mejora no llegó a materializarse en algunos rubros. Estos déficits generaron protestas y movilizaciones que en algunos casos fueron capitalizadas por movimientos conservadores. A esto se suma que las demandas por seguridad en una región con altas tasas de delito urbano no se han resuelto, alimentando una demagogia punitiva creciente. Franjas de poblaciones de distintas clases expresan su malestar por sentirse cada vez más presionadas por los impuestos, pero sin obtener ni apoyos ni servicios equiparables en contrapartida.

En paralelo, el proceso de más largo aliento de secularización y cambio cultural que tuvo lugar en la región desde los años de la democratización fue tomado por algunos de los gobiernos progresistas como parte de su agenda programática y, en algunos casos, se generaron cambios en la legislación en un contexto de intensa movilización social de apoyo y de oposición. El avance de esta agenda cultural, que también tuvo lugar en otros países sin giro a la izquierda a nivel nacional como Colombia y, hasta los últimos años, México, actuó como incentivo para la reorganización y movilización de grupos conservadores. Grupos religiosos que ya habían iniciado un proceso estratégico de construcción desde la sociedad civil (Vaggione, 2012) se movilizaron intensamente en oposición a la agenda de derechos sexuales y de género que se activó especialmente en los años del giro a la izquierda. La movilización conservadora puede ser vista como la última línea de resistencia a un proceso de secularización en marcha (Baldassarri & Park, 2020). Pero también es parte de una revitalización de sectores conservadores que, tanto en la calle como en las redes sociales, protagonizaron una contraofensiva contra los consensos progresistas (Stefanoni, 2021).

En América Latina, la convergencia de la agenda antidistributiva y la agenda conservadora en el terreno cultural llevó a que sectores neoliberales y hasta libertarios se encontraran con los grupos conservadores en el mismo campo anti izquierda o antipopulista (Kessler, Vommaro y Paladino, en prensa). Esta convergencia llevó muchas veces a que en el comentario político se observe una especie de nuevo bloque homogéneo. En realidad, la resistencia a los consensos progresistas y los apoyos a las opciones políticas conservadoras están hechas de la confluencia de, entre otros, los diferentes grupos y demandas enumerados más arriba (anti-distributivos, anti-impuestos, anticorrupción, conservadurismo cultural).

La heterogeneidad de las derechas plantea diferentes desafíos a la agenda de los estudios en este campo. Este dossier intenta contribuir a la construcción de esa agenda. Contiene artículos que se proponen complejizar la mirada sobre los movimientos de derecha, así como sobre los ciudadanos identificados con las ideas conservadoras. El primer desafío está asociado a cómo evitar que las imágenes estereotipadas impidan dar cuenta de la complejidad adquirida por estos movimientos. La ajenidad y la aversión que la mayor parte de los/las académicos/as tenemos por los movimientos de derecha, y más aún de extrema derecha, nos coloca frente al desafío de entender y/o explicar fenómenos respecto de los cuales sentimos una distancia radical. Dicho en otros términos, a construir reflexividad en la relación a una otredad ideológica. El texto de Mark Goodale que abre el dossier reflexiona específicamente sobre los desafíos de estudiar desde una mirada interpretativa -etnográfica- actores de extrema derecha. A partir de su experiencia de estudio del movimiento falangista en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, vuelve de manera crítica sobre los obstáculos epistemológicos que la antropología política comprometida trae al estudio de lo desagradable (Shoshan, 2015). ¿Qué efectos tiene sobre la comprensión del etnógrafo abandonar terrenos de movimientos con los que se tiene simpatía –lo que imbrica antropología y activismo– para abordar grupos conservadores? Para Goodale es necesario llevar a cabo una antropología política “no comprometida” que, a la vez que se toma en serio el punto de vista y los valores defendidos por los grupos conservadores, los interroga críticamente desde lo que el autor llama una “antropología del prejuicio”. Queda como incógnita saber cómo “regresa” esta perspectiva a los estudios “comprometidos”, es decir cómo esa interrogación de los grupos conservadores en términos de prejuicio puede impactar en el modo en que estudiamos a movimientos por los que sentimos afinidad.

A propósito de estos desafíos especulares del estudio de movimientos conservadores en relación a los movimientos progresistas, el trabajo de Angela Alonso da cuenta del desarrollo de nuevos movimientos conservadores en Brasil que ganan la calle a partir de las protestas contra la organización del Mundial de Fútbol en ese país. La autora muestra como estos movimientos se apoyan en las promesas pendientes de las reformas realizadas por el PT así como en las resistencias que esas reformas provocaron en los grupos conservadores para producir una politización a la derecha que culmina en la elección de Jair Bolsonaro a la presidencia. Esta politización es dominada por una agenda que combina posiciones anti-distributivas con autoritarias. Los componentes de esta agenda abren interrogantes que son retomados por los siguientes trabajos del dossier. El artículo de Mariana Caminotti y Constanza Tabbush desmonta precisamente una mirada demasiado simplista sobre la reacción cultural a la agenda de derechos sexuales y de género. Las autoras muestran que la agenda conservadora del backlash tiene componentes, por así decirlo, creativos, que impiden pensarla como pura reacción y que, al contrario, ayudan a explicar la ampliación de las alianzas establecidas por los conservadores en el contexto del fin del giro a la izquierda. Sostienen que el encuadre de la “ideología de género” y su uso estratégico fue un modo exitoso de aglutinar diferentes grupos y de construir una posición ofensiva antes que defensiva frente a otras amenazas a la definición de la familia y de la sociedad como orden jerárquico. Las siguientes dos contribuciones retoman la otra cuestión identificada en el trabajo de Alonso sobre la movilización conservadoras: el regreso de apoyos al autoritarismo, que históricamente ha sido un rasgo característico de las derechas. El trabajo de Noam Lupu, Virginia Oliveros y Luis Schiumerini analiza a través de datos de encuestas la evolución de la adhesión a valores autoritarios en la región. Por un lado, el texto muestra que el fin del giro a la izquierda a nivel de los gobiernos no se vio acompañado, en toda la región, por un giro a la derecha en la sociedad. Esta situación es diferente en el Cono Sur, donde se advierte un crecimiento de las personas que se identifican con la derecha, incluso en Argentina, donde históricamente el electorado declaradamente conservador era limitado (Catterberg, 1989). Este crecimiento de la identificación con la derecha tiene como correlato, en Brasil y en Chile, el aumento de adhesión a posiciones autoritarias. En definitiva, el giro a la derecha y el autoritarismo no parecen ser tendencias uniformes en América Latina, pero los casos en los que estas se manifiestan funcionan, en un contexto de crisis como el actual, como espejo posible para los demás países. En el mismo sentido, el artículo de Ilka Treminio y Adrián Pignataro muestra un crecimiento de posiciones autoritarias y antiigualitarias en los jóvenes en Costa Rica, lo que se correlaciona con un crecimiento del apoyo de este segmento a las opciones electorales asociadas con la derecha radical, que tuvieron fuerte presencia en las elecciones presidenciales de 2018. Esto es coincidente con lo que muestran los estudios en Europa sobre la pregnancia de los movimientos de extrema derecha en los jóvenes. Asimismo, el texto tiene dos hallazgos que obligan a revisar lo que sabemos hasta ahora sobre los movimientos conservadores. Por un lado, muestra que las mujeres jóvenes apoyaron más opciones de derecha radical que sus pares hombres. Esto contradice los hallazgos en otros países, donde entre los que apoyan a la ultraderecha hay más varones que mujeres y más en general, la idea de que las diferencias de género están siempre correlacionadas con posiciones ideológicas. Por otro lado, Treminio y Pignataro encuentran que los jóvenes antiigualitarios y autoritarios son menos conservadores en el plano cultural que los no jóvenes, en especial en relación a su posición frente al matrimonio igualitario. Sabemos que posiciones frente a asuntos culturales y frente a los económicos no están necesariamente alineadas en América Latina. Este hallazgo obliga además a repensar la relación entre posiciones progresistas frente a tópicos culturales y las adhesiones autoritarias, así como a tomar en cuenta el valor desigual de la democracia en diferentes países y contextos.

El número cierra con una reflexión de Nitzan Shoshan en clave comparada. El autor interroga las diferentes contribuciones a la luz de su experiencia de estudio de las extremas derechas en Europa, y propone, como creemos lo hace este dossier, combinar métodos, perspectivas y disciplinas para estudiar las derechas de manera situada, aunque sin perder de vista la riqueza de la mirada comparativa. Esperamos que algo de este propósito haga eco en los/las lectores/as de este dossier.