“How is why”,

Charles Tilly (citado en Tarrow, 2008).

"Nueva derecha", "neofascismo", "neocons" y otras expresiones similares son frecuentes en las explicaciones de la política contemporánea. Esos términos combinan un adverbio que marca la innovación y un sustantivo que reconoce una permanencia esencial. Es una explicación por reducción a lo conocido. Brasil sigue la regla, con ensayos abundantes sobre la "nueva derecha" (Villazón, 2015; Codato, Bolognesi y Roede, 2015; Rocha, 2016; Ortellado y Solano, 2016; Cepêda, 2018).^[1]

Sin embargo, declaraciones, acciones y asociaciones civiles con esa agenda no son una novedad en Brasil, sino parte de una tradición nacional (véase, por ejemplo, Alonso, 2015). La acción conservadora ha sido políticamente menos visible porque hubo, por largo tiempo, poca necesidad de defender el statu quo. Como argumenta Hirschman (1991), una acción política colectiva defensiva solo se requiere cuando hay intentos fuertes de reforma.

Desde la redemocratización del país, en los años 1980, el reformismo político ha sido hegemónico en las instituciones políticas y en el espacio público, con un abanico de movimientos sociales demandando la activación de derechos, la democratización social y la liberalización de costumbres, sancionadas en la Constitución de 1988. Las reacciones al nuevo reglamento constitucional y a los movimientos de reforma fueron pequeñas en un primer momento, pero se acumularon a lo largo de las décadas siguientes, originando manifestaciones públicas, asociaciones civiles y contra-movimientos de resistencia a los cambios.^[2]

A lo largo de tres décadas, esa política de reacción creció lentamente, sin que las ciencias sociales brasileñas se interesaran por ella. La agenda de investigación se focalizaba en la "consolidación” y la radicalización de la democracia, y en los movimientos "progresistas", de los cuales muchos investigadores participaban. Las grandes protestas de 2013 fueron interpretadas, bajo esa mirada, como una "nueva ola" de democratización social, planteando un cambio radical del sistema representativo (Nobre, 2013; Avritzer, 2016). Sin embargo, tiempo después, las manifestaciones mostraron una fisonomía alejada de la izquierda, vieja o nueva. Los mismos intérpretes entonces migraron hacia la tesis del "secuestro" de la movilización "progresista" de 2013 por la “ola conservadora” en 2015 (Tatagiba, Trindade y Teixeira, 2015; Telles, 2016), y la renombraron como “nueva derecha".

Mi argumento es que esa tesis de la irrupción súbita de una nueva derecha en Brasil no se sustenta. Los movimientos de reacción a reformas (Hirshman, 1991) empezaron a manifestarse desde el inicio de la redemocratización, como ha sido el caso de la Unión Democrática Brasileña (UDR) en contra a la reforma agraria. Este artículo sostiene, al contrario, que la reacción al reformismo ha crecido poco a poco desde el proceso de redemocratización de los años 1980 y que se aceleró a partir de un evento decisivo: la elección, en 2003, del primer presidente de la República de izquierda desde el golpe de 1964.

En los 12 años de presidencia petista los contra-movimentos crecieron en reacción a reformas que afectaban equilibrios centrales de la vida social: la redistribución de recursos y oportunidades, los parámetros aceptables para las moralidades pública y privada, y los límites de la violencia legítima. Alrededor de esos temas se formaron grandes zonas de conflicto en los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff. La reacción en defensa del statu quo en las tres zonas generaría grandes manifestaciones en las calles y sustentaría una candidatura de extrema derecha a la presidencia en 2018.

El artículo se basa en la perspectiva teórica de la política contenciosa desarrollada por McAdam, Tarrow y Tilly (2001). Los datos mencionados provienen de tres bases de datos: 1) Base de Eventos de Protesta (BEP), con información sobre 1399 eventos de protesta que tuvieron lugar en 287 ciudades brasileñas entre 2013 y 2016, con 36 variables; 2) Base de Asociaciones Civiles y Agrupaciones Políticas (BACO), con información sobre 389 actores colectivos organizados y activos en las protestas en Brasil desde 2011, con 42 variables. BEP y BACO contienen informaciones recolectadas en el más importante diario nacional, Folha de Sao Paulo, y completadas, cuando fue necesario, con datos de otros periódicos (G1, Estado de São Paulo, O Globo, UOL, BBC Brasil, El País Brasil), sitios web y redes sociales oficiales de los actores colectivos;^[3] 3) 50 entrevistas con líderes de protesta, y autoridades políticas y policiales realizadas en Salvador, Belo Horizonte, San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia por Paulo Markun y Angela Alonso entre 2018 y 2019. Puesto que el enfoque adoptado en este artículo es narrativo y su intención es proporcionar una visión de conjunto del proceso político, se presentan solo algunos de los datos en los que se basa el argumento.

En las páginas que siguen presento la relación de la política callejera brasileña reciente con el sistema político, con énfasis en la manera en que movimientos a favor de reformas y contra-movimientos reactivos a ellas disputaron el control de la calle. La primera sección presenta los intentos de reforma llevados a cabo por los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva (2003-2010), que suscitaron la organización de contra-movimientos. La sección siguiente describe la acción callejera de movimientos y contra-movimientos descontentos con el primer gobierno de Dilma Rousseff (2011-2014), argumentando que las protestas de 2013 fueron muy heterogéneas en composición y agenda. La tercera sección describe la agenda y los clivajes del campo patriota, que tomó las calles como protesta contra el segundo gobierno de Dilma (2015-2016). La última sección conecta ese largo ciclo político con su desenlace: la elección de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República en 2018.

La reacción a la agenda petista en los años de Lula

La elección en 2003 de un sindicalista, preso político, creador del Partido de los Trabajadores, socialista y católico a la presidencia de la República produjo un cambio radical en las relaciones entre los movimientos sociales y el gobierno de Brasil en tres sentidos. Primero, la política callejera perdió, en manos de la política institucional, a su más importante líder desde la redemocratización, lo que abrió terreno para nuevos líderes, pero también para la competencia entre candidatos a ocupar su posición. Segundo, Lula reclutó para posiciones técnicas y políticas de su gobierno a activistas del campo de los movimientos de orientación socialista, que, así, pasaron a involucrarse más en el gobierno que en la protesta. Tercero, bajo un gobierno de izquierda, la calle quedó más disponible para movimientos reactivos a cambios, que antes se expresaban principalmente de formas no callejeras (mediante think tanks, lobbies, etc).

La agenda del gobierno petista impuso también un cambio en los temas del debate público. Si bien no todas sus políticas llegaron a ser implementadas o fueron exitosas, la agenda petista produjo discusiones sobre los fundamentos tácitamente aceptados de la sociedad brasileña en los temas de la redistribución de recursos y oportunidades, de los principios orientadores de las moralidades pública y privada, y de los límites legítimos y aceptables del uso de la violencia estatal.

En cuanto a la redistribución, el gobierno de Lula privilegió el avance de las políticas sociales correctivas de la pobreza material (como el programa Bolsa-Familia) y de otras formas de desigualdad, ampliando el acceso a la educación universitaria por fuera de la élite social y creando políticas de acción afirmativa para afrodescendientes.^[4] En contra de esa orientación, surgieron asociaciones y movimientos de crítica al "asistencialismo" estatal. Se manifestaban en contra del "exceso" de impuestos necesario para mantener a los programas sociales y de la “racialización” de la sociedad brasileña que el gobierno estaría promoviendo. Surgieron, mientras gobernaba Lula, reacciones en la prensa e internet, y pequeñas manifestaciones callejeras, como por ejemplo la manifestación del "Día de la libertad de impuestos" en 2004.

Hubo reacciones callejeras también desde el otro lado del espectro político. Aliados de antaño juzgaron a las políticas sociales petistas como insuficientes y denunciaron la concesión del PT (Partido de los Trabajadores) al statu quo. Una facción dejó el partido en el primer año de gobierno, en protesta contra la reforma previsional, y creó un nuevo partido, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), donde confluyeron nuevos movimientos sociales redistribucionistas que se habían desencantado –o nunca se habían encantado– con Lula. Por otra parte, el espacio cedido al agronegocio en su gobierno le hizo perder a Lula el apoyo de los ambientalistas e incluso, en 2008, a su ministra y vieja camarada, Marina Silva, que más adelante crearía otro partido de oposición al PT, la Red Sustentabilidad. Así, en el frente de la redistribución, el gobierno ganó dos oposiciones institucionales y callejeras, una en contra de la redistribución y otra a favor de su ampliación.

Lo mismo pasó con otro tema, la moralidad. Por el lado de la moralidad privada, hubo desde un comienzo una coalición entre el movimiento feminista y el gobierno de Lula para avanzar en la ampliación del derecho al aborto. Luego, debido a una fuerte resistencia de la sociedad y las instituciones, la agenda no fue llevada adelante. Por otra parte, los movimientos LGBT se fueron constituyendo, mientras el gobierno seguía poco atento a una generación de jóvenes para la cual las identidades sexuales se volvieron centrales. Además de la agenda de las costumbres, explotó, en 2005, la de la corrupción. Con el escándalo del “Mensalão” –la utilización de dinero público para subvencionar a los candidatos del partido del presidente– empezaron las primeras protestas anticorrupción relevantes desde la caída de Fernando Collor en 1992, que combinaron demandas por las moralidades pública y privada. Un ejemplo es el Movimento Endireita Brasil (Movimiento Endereza Brasil), de empresarios y abogados, articulados en 2006 por Ricardo Salles (entonces diplomático y después ministro de medioambiente de Jair Bolsonaro), en defensa de la reducción del Estado y de la "moralización de la vida pública", pero también de la vida privada, con énfasis en la punición del aborto y del consumo de drogas,^[5] y de una ley de pena de muerte. Ese tema de la moralidad privada llevó el significativo número de 20 mil manifestantes a la calle en 2007. En cambio, no hubo protestas de magnitud en defensa de la moralidad pública, a pesar de las denuncias de corrupción en el “Mensalão”. Así, la corrupción no puede ser tomada por única causa de las protestas en los años siguientes. Al final del gobierno de Lula estaban en formación dos oposiciones movimientistas en el campo de la moralidad, una en contra de las políticas que enfrentaban a la moralidad tradicional (las costumbres), otra en contra del Estado “grande y corrupto”.

El tercer tema irrumpió en el debate público en los años de Lula: la violencia estatal legítima. El gobierno intentó crear una Comisión Nacional de la Verdad para la investigación de los crímenes de Estado cometidos durante el gobierno militar que produjo reclamos entre hombres de armas y políticos de derecha. En 2006, el coronel Carlos Brilhante Ustra, figura emblemática de la tortura, presentó el segundo volumen de sus memorias: La verdad sofocada, la historia que la izquierda no quiere que Brasil conozca. Allí presentaba una versión benigna de la dictadura y heroica del ejército como salvador de la patria contra la amenaza comunista. El libro circuló en internet –principalmente en los medios militares– y fue difundido por parlamentarios, como el diputado y ex militar Jair Bolsonaro. Frente a las reacciones, Lula postergó el proyecto de promover la investigación del período de la dictadura, pero la llaga quedó abierta.

El otro cuestionamiento asociado a la cuestión de la violencia legítima se relaciona con la política de seguridad pública. Lula sufrió ahí dos fracasos. El primero, en 2005, en el plebiscito por el desarme de la sociedad, cuando se organizaron dos coaliciones parlamentarias: el “Frente Brasil Sin Armas” y el “Frente por el Derecho a la Legítima Defensa”. El segundo frente venció al primero y al gobierno. Lula fracasó también en su plan de reformar a las policías. En 2007, lo intentó otra vez con el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía, que, por su énfasis en los derechos humanos, contó con simpatías en la izquierda y rechazos en la derecha, que lo juzgó más preocupado por los derechos de los "delincuentes" que por la seguridad de los "ciudadanos de bien".

En los tres temas –redistribución, moralidad y violencia legítima– hubo manifestaciones y se formaron pequeños movimientos que no llevaron multitudes a las calles. La manifestación más grande durante los dos gobiernos de Lula se produjo en torno al asunto de la moralidad tradicional, con la “Marcha por Jesús”, que en 2008 tuvo 1,2 millones de participantes.^[6] En 2009, Lula oficializó la marcha en el calendario de fiestas nacionales.^[7] La maniobra le costó dejar de lado la agenda moral –aborto y derechos de minorías sexuales– de la izquierda.

Sin embargo, todas estas pequeñas movilizaciones fueron importantes para crear organizaciones y redes interpersonales sólidas en contra del gobierno de Lula, principalmente entre miembros de estratos sociales altos y medios, que crecerían en intensidad y en poder de movilización durante el gobierno de su sucesora.

Lula terminó su segundo gobierno con una gran popularidad, en parte por privilegiar la agenda de la redistribución, dejando sin solución las cuestiones de moralidad (pública y privada) y de regulación de la violencia legítima (en la seguridad pública y en la política). Su sucesora, Dilma Rousseff, ganó la presidencia, pero también ganó zonas de conflictos no disipados. Los disensos morales en torno a la redistribución, la moralidad y la violencia estatal legítima dividían a la sociedad y, en los años siguientes, serían los ejes del debate público y de la política callejera.

Las protestas en el primer gobierno de Dilma Rousseff (2011-2014)

A Dilma Rousseff le tocó gobernar en tiempos desfavorables. Además de los problemas revueltos –pero no resueltos– por Lula, asumió el gobierno en 2011 mientras se desencadenaba un ciclo de protestas en Europa.^[8] La prensa y los intelectuales, una vez más, vieron ahí una ola progresista –la nueva “primavera de los pueblos” –. Sin embargo, ese ciclo empezó antes, en el año 2009, cuando en los Estados Unidos el Tea Party desafió al gobierno de Obama con símbolos patrios y religiosos, demandando la baja de los impuestos, y de la intervención estatal en la actividad económica y en la vida privada. Se superponían, entonces, los temas de la moralidad privada –con la afirmación de la familia, de la religión y la patria– y los de la moralidad pública –menos intervención del Estado en las esferas privada y económica–. Así, el tercer gobierno consecutivo de un partido de izquierda en Brasil comenzó en un contexto internacional en el que había modelos de performances políticas callejeras de izquierda, de los campos autonomista y socialista, pero también otros contra la izquierda: el Tea Party ofreció un modelo patriótico de protesta.

La moralidad, tanto pública como privada, volvió al debate público por acción del Supremo Tribunal Federal. La corrupción regresó con el inicio de los procesos judiciales del “Mensalão” en agosto de 2012 (se extenderían hasta 2014), y la sexualidad, con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en mayo de 2013. El proceso del “Mensalão” empujó a la corrupción al corazón del debate mediático, en una creciente campaña de moralización pública que conquistaba portavoces en internet y en el parlamento. En el primer año del gobierno de Rousseff, se organizaron 12 movimientos anticorrupción. Una coalición de ellos, que incluía grupos de izquierda, tomó las calles en el "Día del Basta". El año siguiente, el mismo evento ocupó 12 capitales de estado. En la capital, Brasilia, 20 mil personas marcharon con trajes de los colores nacionales, como hicieron los miembros del movimiento “Patria Minha” (Mi Patria). En el día de la independencia nacional, el 7 de septiembre de 2012, a las protestas se sumaron símbolos nacionales, religiosos y militares. En capitales de varios estados tuvieron lugar manifestaciones con la misma agenda. Entre el inicio del gobierno de Rousseff, en enero de 2011, y mayo de 2013, surgieron 25 movimientos –16 en el sudoeste, la región más rica del país– que tenían por "misión", en primer lugar, la lucha contra la corrupción (11). Sin embargo, la patria (7), la seguridad pública (2) y las costumbres (5) tenían relevancia en sus textos y slogans.

En torno al tema de las costumbres, tanto los movimientos de izquierda que se alejaron del PT a partir del gobierno de Lula como los que se fueron formando en el período organizaron manifestaciones expresivas de estilos de vida anti-tradicionales. Además de la habitual Marcha Gay, se sumaron las marchas de las "Vadias" (putas), y de la Marihuana, las dos en mayo de 2012.

La despenalización de las drogas y los derechos de las minorías sexuales estaban lejos de ser aceptables para la otra parte organizada de la sociedad, que hizo sus propias manifestaciones multitudinarias, articulando las dos corrupciones: la estatal y la moral. La “Marcha por Jesús”, organizada por las iglesias neo-pentecostales en julio de 2011, condenó al casamiento gay, definiéndolo como un ataque a la familia tradicional. Diversos grupos religiosos organizaron la Marcha Nacional de la Ciudadanía por la Vida una manifestación que venían realizando ya desde 2007, cuando el gobierno de Lula empezó el debate acerca del aborto.

En cuanto a la violencia estatal legítima, Dilma Rousseff, una ex-guerrillera, con una trayectoria diferente a la de Lula, insistió en instaurar la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) que, bajo resistencias parlamentarias, empezó a funcionar en mayo de 2012, abriendo la caja de Pandora del ajuste de cuentas con el pasado dictatorial. Movimientos asociados con los desaparecidos políticos reclamaron por el paradero de los cuerpos, la indemnización de las víctimas y el enjuiciamiento de los torturadores.^[9] Todo esto hizo regresar a la escena pública a quienes, desde la redemocratización, se habían alejado de ella: los militares. Emergieron las voces de ex-miembros de los gobiernos autoritarios, objetando la "amnistía de una sola parte", ya que el gobierno no proponía castigar a los "terroristas" de izquierda.^[10]

A la discusión sobre la legalidad y los límites de la violencia política se sumó otra en torno a la seguridad pública, que Lula tampoco había logrado saldar. Cuando Dilma Rousseff asumió, los crímenes de tráfico de armas y de drogas, así como los delitos comunes, suscitaron manifestaciones tanto de los movimientos por la paz social y el desarme –como fue el caso de “Viva Rio”– como de aquellos que reclamaban por más seguridad pública, más policía y acceso a armas para la autodefensa, como el Instituto de Defensa, creado en 2011.^[11]

El eje de conflictos en torno a la redistribución reapareció, centrándose en las cuestiones de la propiedad y el uso de la tierra. El nuevo Código Forestal, que venía de debates interminables desde los años 1990, fue tratado en octubre de 2012. La presidenta fue, entonces, bombardeada por demandas opuestas y no fácilmente compatibles, de parte de movimientos campesinos, ambientalistas, comunidades indígenas, y del agronegocio –el líder del Frente Parlamentario Agropecuario lo resumió como "un golpe"–.^[12] Hubo una campaña desde la izquierda –el "Veta Dilma"– y, del otro lado, un movimiento por la amnistía a los deforestadores. El gobierno cedió a los segundos (otorgando el perdón por la deforestación pasada) más que a los primeros, pero la versión final del Código no satisfizo a nadie.

La cuestión de la tierra motivó también un conflicto de visibilidad internacional alrededor de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, demandada por empresarios rurales como indispensable para el desarrollo. La opinión de ambientalistas y comunidades indígenas era la opuesta. El conflicto escaló, con grupos ambientalistas extranjeros participando de la campaña en contra. La situación llegó al conflicto directo, en mayo de 2013, cuando el movimiento indígena invadió la hidroeléctrica (Zhouri, 2012; Fleury y Almeida, 2013). También la tierra urbana estuvo en disputa. Movimientos de los “sin hogar” protestaron contra el desplazamiento de poblaciones para la construcción de estadios de fútbol para la Copa del Mundo, planeada para 2014 en Brasil.

La igualdad racial, otro tema en el eje redistributivo, fue la que provocó mayores malestares. La ley 12.711, de 2012, introdujo acciones afirmativas en la educación superior, garantizando el 50% de la matrícula en 59 universidades y 38 institutos federales a los estudiantes de la escuela pública, respetando la proporción étnica de la población, lo que significó un inédito acceso de negros a un espacio antes cautivo de la élite social. Encomiada por el movimiento negro, la ley, por otro lado, suscitó reclamos entre los estratos sociales altos, los intelectuales y la prensa, en contra a la "racialización" de Brasil a la manera norteamericana.^[13] En esa línea de búsqueda de disminución de la desigualdad social, el gobierno avanzó sobre la esfera familiar, afectando a una institución heredera de la esclavitud: las empleadas domésticas. En abril de 2013, una enmienda constitucional les garantizó los mismos derechos conferidos a los demás trabajadores. La medida causó resistencia, en especial en la clase media, la más afectada por los adicionales a pagar. Jair Bolsonaro, único diputado que votó en contra, fue vocero de esas resistencias en el parlamento.

Entre esos temas, fue la corrupción –tema omnipresente en la prensa y en las redes sociales– el que la presidenta tomó más en serio. En diciembre de 2011, declaró la "tolerancia cero".^[14] Esa sintonía le brindó una momentánea seguridad política. En marzo de 2013, el 65% de los brasileños tenía una buena consideración de su gobierno.^[15] Muchos de ellos eran beneficiarios de programas sociales que se profundizaron durante el tercer gobierno petista. Su problema estaba en la otra punta de la escalera social: los estratos más altos no veían a Dilma Rousseff como lo hacían los estratos bajos. No aprobaban las políticas inclusivas en las universidades, las de promoción de la igualdad racial, ni el generoso sueldo mínimo. Les preocupaba la economía "heterodoxa", alejada de sus principios liberales, la corrupción, que elevaba el "costo Brasil", y, sobre todo, la crisis económica mundial que veían en el horizonte. Cuando empezó junio de 2013, el apoyo al gobierno entre los más ricos cayó de 67% a 43%.^[16] La presidenta supo entonces que toda seguridad política es provisoria.

Las protestas multitudinarias de junio de 2013 fueron una sorpresa tanto para la presidenta y para el país, como para los que las preparaban. Calificadas de inmediato como la irrupción de una nueva izquierda, tenían una heterogeneidad interna. En la política callejera se articularon tres distintos campos políticos estratégicos^[17] de opositores al gobierno petista, cada uno con capacidad de movilización propia, pero que solos no habrían podido llevar tanta gente a manifestarse a la vez. La protesta simultánea de campos heterogéneos es lo que explica la magnitud. Sus agendas eran desarrollos, reacciones o derivaciones de las problemáticas puestas en debate público por los gobiernos de Lula y no resueltas en los inicios del mandato de su sucesora. Cada campo llevaba sus técnicas de protesta y simbologías, distinguibles por la mayor incidencia de símbolos anarquistas, socialistas o patriotas en las performances políticas de los manifestantes (Alonso y Mische, 2015; Alonso, 2019).

El campo socialista estaba compuesto por movimientos y sindicatos establecidos –sobre todo de empleados públicos– que no se sentían bien representados por el gobierno en cuestiones económicas. Muchos de ellos habían estado largo rato en alianzas con el PT, mientras era el partido de oposición más importante, pero se habían alejado, en la medida que el PT ajustó su programa económico hacia líneas que consideraban "neoliberales". Los movimientos de ese campo, surgidos durante el gobierno de Lula, se vincularon al partido creado por disidentes petistas, el PSOL, o a uno aún más pequeño, como el Partido de la Causa Operaria (PCO). Su foco estaba en los temas laborales, principalmente en las demandas por la redistribución.

Otro campo, que fascinó a la prensa y a los científicos sociales, fue el autonomista, compuesto por una variedad de pequeños colectivos y movimientos. En gran parte, estaban formados por jóvenes de la élite social, blancos, cosmopolitas, universitarios y sin representatividad social. Planteaban nuevas formas de deliberación política contra las jerarquías de cualquier tipo, con una retórica de la horizontalidad decisoria. Proponían, también, una nueva moralidad: formas anti-tradicionales de relacionamiento interpersonal y sexual, la liberalización de las costumbres y la afirmación de identidades sexuales y étnicas. Disputaban, más bien, la orientación moral de la sociedad que entró en el debate público durante el gobierno de Lula.

Un tercer campo no fue, en un principio, advertido por la prensa y los analistas. Sin unidad y sin un único líder, lo que mantenía a los movimientos bajo un mismo paraguas eran los símbolos nacionales, La elección de la simbología patriota remite a las manifestaciones recientes del Tea Party, pero también permitía distinguirse del rojo petista. Los colores de la nación también los ponían en una continuidad histórica. Mientras en la movilización por la redemocratización del país en 1984, vestirse de amarillo había sido un símbolo de la crítica a un gobierno de derecha, en 2013 marcó la distancia de uno de izquierda. Ese campo patriota aglutinó a movimientos que se habían creado aislados desde el inicio del gobierno de Lula y que eran una plétora de movimientos de defensa de la propiedad, de la seguridad pública, de la reducción de la intervención del Estado en la economía y en la vida privada, con la propuesta común de moralizar a la sociedad, lo que para algunos significaba la moralización en las costumbres y para otros, la moralización de la administración del Estado. Sin embargo, desde 2011, encontraban un tema común alrededor del cual agruparse: la corrupción.

Los tres campos –socialista, autonomista, patriota– venían manifestándose en las calles por separado. En junio de 2013, se manifestaron al mismo tiempo. Solamente compartían su adversario: el gobierno petista que "no los representaba", pero por razones muy distintas. La crítica a la manera petista de abordar las cuestiones redistributivas e identitarias aglutinaba a los campos socialista y autonomista, en tanto que los déficits de moralidad y seguridad eran más bien temas del campo patriota. Todos reaccionaron, por lo tanto, a las cuestiones que los petistas habían puesto en la agenda pública en sus casi 10 años de gobierno (Alonso y Mische, 2017; Alonso, 2019). No impugnaban al sistema representativo, a la democracia y a los partidos en general, como se dijo y se repitió. Impugnaban lo que tenían delante de sí, el muy tangible gobierno de Dilma Rousseff. Asimismo, lo que explotó en Brasil, en 2013, no fue una portentosa nueva izquierda. Es verdad que se configuró un campo autonomista, pero era pequeño y compartía la calle con otros dos que ocupaban más espacio. Este ciclo de protestas^[18] no conformó un único movimiento, sino que más bien fue un ciclo mosaico, de movimientos autonomistas, socialistas y patriotas, manifestándose en simultáneo, pero en distintas direcciones.

Fuente: Banco de Asociaciones Civiles y Grupos Políticos activos en protestas - BACO/Cebrap.

Cuadro 1 Asociaciones activas en el ciclo mosaico (02-29/06/2013), por campo político estratégico^[19] 

Como muestra el cuadro 1, los movimientos más activos en las manifestaciones de junio de 2013 muestran a los autonomistas –entonces llamados "nueva izquierda"– como la punta del iceberg, inclusive en el interior de la izquierda, donde los grupos socialistas eran más numerosos. El rasgo más importante es el retorno de los defensores del statu quo a la calle, donde no tenían una presencia fuerte desde los años 1960. Durante el gobierno de Lula, fueron organizándose y estructurando a una red de asociaciones, sitios web y apoyos que les posibilitó convocar a millones en los años de Dilma Rousseff. Los dos slogans más oídos en 2013 se originaron en ese campo. El hashtag "Ven a la calle", iniciado como una campaña de internet antes de dominar los carteles de los manifestantes, se institucionalizó el año siguiente. El movimiento de ese nombre fue, poco después, uno de los organizadores de la movilización callejera por el impeachment de la presidenta. Contribuyó también a ello el movimiento “NasRuas” (En las calles). Su líder, Carla Zambelli, hoy diputada bolsonarista, reivindicó la autoría del slogan más representativo de esas manifestaciones: "No es por los 20 centavos".^[20]

Desde ese punto de vista, el saldo más relevante de 2013 fue la visibilidad nacional del campo patriota, que venía formándose en reacción a las políticas redistributivas, de liberalización de las costumbres y de derechos humanos desde la redemocratización. Se trataba, así, de un único y largo campo de contra-movimientos muy diversos, pero todos ellos a la derecha del gobierno de Dilma Rousseff, luchando contra hechos que juzgaban inmorales o anti-patrióticos, o las dos cosas a la vez.

Hipertrofia y diferenciación del campo patriota

Dilma Rousseff logró recuperarse del duro golpe de las calles en 2013 e, inclusive, ser reelegida a fines de 2014. Sin embargo, su victoria no fue aceptada por el candidato perdedor y la oposición no la dejó gobernar en paz desde el parlamento, el poder judicial y la calle. La izquierda volvió a importunarla con protestas pequeñas mientras se jugaba la Copa del Mundo en el país. Los problemas para el gobierno se intensificaron en marzo de 2015, cuando el campo patriota volvió a manifestarse solo. Ese fue el punto de viraje de la hegemonía callejera en la historia reciente de Brasil. La izquierda, dueña absoluta de las protestas desde la redemocratización, cedió el paso, abismada, a una multitud superior en número a la que se había manifestado por “Dios, la familia y la propiedad” en 1964. Más grande también que la que, poco más de un año antes, la izquierda considerara una multitud propia. En junio de 2013, la suma de los manifestantes fue 2,4 millones, distribuidos en 128 ciudades. En el ciclo patriota de 2015, 5,2 millones protestaron en 102 ciudades brasileñas,^[21] como se grafica en la figura 1.

El hecho de que tantas personas hubieran tomado las calles en contra del PT simultáneamente no supuso que se conformara un único movimiento o una “nueva derecha”. Participaron de las manifestaciones movimientos constituidos hacía más de una década: 28 habían sido creados antes de 2003, en tanto 66 surgieron mientras gobernaba el PT (entre 2003 y 2014). Esa red asociativa sirvió para estructurar una movilización nacional anti-petista en marzo de 2015, como en los años anteriores y posteriores.

Varios ensayos sobre ese periodo caricaturizaron a los movimientos de la derecha de la misma manera que, en 2013, exaltaron a los posicionados a la izquierda del gobierno. Lejos de estar aislados entre sí, los dos momentos son partes de un mismo proceso político y ninguno de ellos puede reducirse a sus grupos extremos –el campo socialista no se compone únicamente de movimientos chavistas, como tampoco el campo patriota es reductible a sus grupos autoritarios–.

Fuente: Banco de Eventos de Protesta - BEP/Cebrap; N: 810 eventos.

Figura 1 Manifestantes en la calle, ciclos mosaico (02-29/06/2013) y patriota (23/02- 22/04/2015)^[22] 

En lugar de reducir la diversidad de los movimientos a la derecha del PT en categorías ómnibus –"nueva derecha", "neofascismo", "neocons"– aquí se optó por analizarlos empíricamente. El cuadro 2 registra las autodefiniciones de los movimientos que formaron parte de las protestas de marzo de 2015, considerando lo que en sus sitios web presentan como sus "misiones". A partir de los términos más frecuentes, se distinguen 5 ejes retóricos.

El eje más importante reivindica para el campo patriota la prerrogativa de representar a la nación. Las palabras "Brasil" y “sociedad”, y aquellas que se les asocian (como "pueblo" y "bandera"), indican una definición de la nacionalidad como unidad cohesionada. De igual modo, señalan al nacionalismo como simbología común, lo que les permite formar una coalición de representantes auténticos de los brasileños, distanciados del rojo petista. La disyuntiva es la nación contra el partido. Sin embargo, cuando se presentaban como "apartidarios" en sus "misiones" (o decían "no nos representa" en las calles), no se referían a todos los partidos, sino al que gobernaba el país. En tanto se proclamaban los reales representantes de la nación, no lo hacían en nombre de un ideal unificado. Convivían tres modelos tanto en la definición del perfil de liderazgo como de la línea de gobierno deseada: el autoritario, el conservador y el liberal.

Fuente: Banco de Asociaciones Civiles y Grupos Políticos activos en protestas - BACO/Cebrap.

Cuadro 2 Ejes retóricos del campo patriota - ciclo patriota (23/02-22/04/2015)^[23] 

Otro de los ejes analizados presenta una disyuntiva similar respecto a los principios morales y los modelos de organización social valorados: la moralidad, la propiedad, el trabajo y la cultura mestiza. No son valores homogéneos: hay una cepa liberal –que aprecia al mercado, al individuo, al mérito y a la educación–, un subgrupo conservador–concentrado en comunidad, familia y religión– y otro autoritario –que estima la prudencia, la autoridad y el respeto–.

Lo que sí tienen en común es el enemigo, los elementos presentados como amenazas a la nación. Ahí está el gobierno petista, asociado a formas de ataque al orden social, político y económico. El petismo es visto como un retorno de ideologías pasadas totalitarias (comunismo, socialismo, nazismo) o como un avance de las contemporáneas (bolivarianismo, el Foro de São Paulo, anarquismo, colectivismo). Ese pánico moral reacciona ante los males de la administración estatal (corrupción) y las amenazas a la seguridad pública (el crimen común, el tráfico de drogas). La lucha contra la manera petista de conducir al Estado y la sociedad es, así, el punto que une al campo patriota.

Esos ejes tratan, entonces, de mostrar lo que está en juego. Los otros dos, a su vez, marcan el terreno de la lucha y la manera de luchar.

Las instituciones políticas están en el corazón de esa disputa, son lo que se pretende cambiar. La Constitución y la democracia son valoradas, pero la vía electoral no aparece como una alternativa fiable. En el terreno institucional, el poder judicial y los gobernadores de estados opositores (el énfasis en la “federación”) son presentados como caminos de resistencia. El juez Sergio Moro lo simbolizaba, estampado como héroe en los carteles de las manifestaciones con los slogans: "¡Lava Jato: guerra a los corruptos!", "¡Sergio Moro y Policía Federal: esperanza de los ciudadanos!”. También se contestaban las maneras petistas de abordar los temas redistributivos, la propiedad de la tierra y los impuestos.

El último eje señala las maneras no institucionales de luchar. Las calles se presentan como la estrategia para presionar a las instituciones, con palabras de incentivo a la movilización de los ciudadanos comunes y por la salida de la presidenta: “¡Impeachment!", "¡Que se vaya, Dilma!", "¡Que se vaya el PT!".

Por lo tanto, las grandes concentraciones temáticas de las protestas de 2015 son las que se presentaban embrionarias en 2013 y que venían configurándose desde los años de Lula: reacciones a las políticas petistas y a su modo de gobernar. Todas esas tensiones estaban en el debate público desde que Lula ganó su primera elección, pero tomó tiempo hasta que la insatisfacción difusa adquiriera expresiones organizadas. Cuando Dilma Rousseff se convirtió en presidenta, ese descontento ya tenía una base organizacional, que creció durante su primer mandato, dándose a conocer en 2013. Sin embargo, fue en 2015 que ganó su máxima envergadura callejera en protestas multitudinarias.

Esa reacción encontró una unidad precaria y provisoria en su oposición compartida a la manera petista de gobernar. Esa línea se expresó en el uso común de los símbolos nacionales, en su presentación como los verdaderos patriotas. Todavía no era un campo homogéneo. Había una diferenciación interna –que se volvería más obvia en los años siguientes, hasta con confrontaciones intestinas– en tres grandes subcampos, también ellos compuestos por movimientos particulares.

Fuente: Banco de Asociaciones Civiles y Grupos Políticos activos en protestas - BACO/Cebrap

Cuadro 3 Asociaciones patriotas activas en el ciclo patriota (23/02 - 22/04/2015), por subcampo político estratégico 

El cuadro 3 muestra que el subcampo más amplio aglutinaba a los movimientos orientados por principios políticos y morales liberales, con énfasis en las libertades individuales y en la supremacía del mercado. Otro, más chico, era conservador en las costumbres y veía al Estado como relevante en la reglamentación de la vida colectiva. El tercero, autoritario, aún más pequeño que el conservador, combinaba la defensa de la moral tradicional en la vida privada, y la concentración de la autoridad política en un gobierno fuerte y moralizador.

Lo que los juntó fue, por un lado, una idea compartida de salvación nacional. Frente a un partido, entendido como la particularización de una idea de Brasil, hicieron hincapié en el principio de la nación unitaria, que no se divide, y que, por lo tanto, no puede ser representada por partidos (que parten a la sociedad), sino por los ciudadanos mismos. Por otro lado, confluyeron en el diagnóstico de que el problema central del país no era, como decía el PT, la desigualdad y la pobreza, sino, al contrario, la corrupción. El encuadramiento de la corrupción permitió compartir un diagnóstico del presente superponiendo dos órdenes de problemas: la corrupción política, que afectaba al Estado y a la economía, y que los movimientos liberales combatían; y la corrupción moral, que para los movimientos conservadores y autoritarios dañaba a la familia y a la religión. Así fue como movimientos liberales, conservadores y autoritarios, con visiones distintas –y hasta contradictorias– del futuro, lograrían una alianza en el presente.

Confrontación y desenlace

La manifestación del campo patriota en la calle no ha sido un fenómeno efímero. Por el contrario, sus protestas continuaron hasta el impeachment de la presidenta. Esa presión fue contrarrestada por los campos socialista y autonomista, que volvieron a la calle en gran número. Lo hicieron preocupados por la posibilidad de la caída de Dilma Rousseff, cuando empezó el proceso de destitución en el parlamento en abril de 2016. No fue una defensa enfática porque tampoco era su gobierno predilecto, pero entonces comprendieron que Dilma Rousseff, con todos los defectos que se le atribuían, se hallaba cerca de los campos autonomista y socialista cuando el enemigo era el campo patriota. Por su parte, los movimientos del campo patriota intensificaron acciones callejeras y de lobby, en negociaciones con políticos de derecha, como el presidente de la Cámara de Diputados y el vicepresidente de la República.

Hubo, entonces, un nuevo ciclo de protestas. Fue distinto al ciclo mosaico de 2013, cuando todos los descontentos con el gobierno petista, a la izquierda (autonomista, socialista) y a la derecha (patriota) del gobierno, se encontraron en las calles, aunque por razones opuestas. Se distinguió, a su vez, del ciclo patriota de 2015, cuando solo los movimientos liberales, conservadores y autoritarios estuvieron en contra de Dilma Rousseff. En 2016 no hubo tres campos como antes, sino dos: el patriota hizo la campaña callejera y en internet "Tchau, querida" (Adiós, querida), por la salida de la presidenta; el otro, sumando los campos socialista y autonomista, organizó la protesta contraria “Não vai ter golpe" (No al golpe). Así, en lugar de una sola gran protesta, hubo un vaivén, con los campos alternándose –y peleando– en la calle, en manifestaciones a favor y en contra de Dilma Rousseff, polarizadas y robustas, hasta la aprobación, en agosto de 2016, de lo que uno de los lados llamó "impeachment" y el otro, "golpe".

La mayoría del sistema político votó en coincidencia con la parte patriota de la calle. Los discursos parlamentarios de la oposición se llenaron de expresiones de los subcampos liberal, conservador y autoritario, si bien el léxico de los dos últimos se destacó, con invocaciones a “Dios” (59) y a la “familia” (136), con más del doble de menciones que a la "corrupción" (65), otra evidencia de que, en el terreno de la moralidad, la vida privada importaba más que la pública.^[24]

Además de la simbología nacional compartida, el subcampo autoritario contribuyó a que se asociara el impeachment a un golpe cívico-militar. Mientras daba su voto, el diputado Jair Bolsonaro homenajeó al torturador Brillante Ustra, su ídolo personal. Así se manifestó el futuro presidente:

Perdieron en [19]64. Perdieron ahora en 2016. Por la familia y por la inocencia de los niños en las escuelas, que [en el gobierno d]el PT jamás hubo. En contra del comunismo, por nuestra libertad, en contra el foro de São Paulo, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma Rousseff.^[25]

Fue una ocasión llena de profecías, síntesis y epílogos, no solo de los tres ciclos de protesta de 2013 a 2016, sino también de todo el proceso político desencadenado por los reformas –las hechas y las solo imaginadas– de los gobiernos petistas desde la asunción de Lula en 2003.

En ese largo recorrido, muchos actores colectivos, incluso de la izquierda, contribuyeron a convertir a la corrupción en el problema nacional más importante y a definir a la nación como una unidad moral superior a los partidos. La prensa, por ejemplo, asoció la patria, en esos años, más a los jueces que a los políticos. Así, se estigmatizó no solo a los petistas, sino a todos los políticos profesionales, dejando abierta la puerta presidencial para un "verdadero" representante de la nación. Uno que, distante de los políticos corrompidos, se hiciera cargo de la dirección moral del país.

Hay que concederle a Jair Bolsonaro, un político profesional secundario, su sentido de la oportunidad. Vistió su identidad alternativa, de militar, para presentarse como el salvador de la patria maltratada por el PT. Obtuvo el 55,13% de los sufragios, no de una masa indiferenciada y movida por impulsos irracionales, sino de ciudadanos que se alinearon con la movilización de una parte de la élite social, que organizaba movimientos, asociaciones y protestas en contra los gobiernos petistas desde 2003.

No es un episodio fortuito –el cuchillazo que sufrió en la campaña electoral– o la súbita aparición de una "ola conservadora", una "nueva derecha" o un "neofacismo" lo que explica la situación actual de Brasil. El éxito electoral bolsonarista se basa en un fenómeno de constitución lenta pero incesante desde la redemocratización y que se aceleró en los gobiernos petistas. Los derechos y prerrogativas garantizados por la Constitución de 1988 –cuando fueron puestos en práctica, aunque sea parcialmente– alteraron la balanza de poder social. Diversas pequeñas reacciones políticas fueron organizándose entre quienes perdían poder, recursos, oportunidades o status relativo. Así, surgieron contra-movimientos sociales, de reacción a los cambios. Estuvieron un largo período acumulando fuerzas hasta salir a la calle y ganar el gobierno.

Su articulación se presentó como una moderna, eficiente y bien estructurada red de movimientos. Allí radica la importancia de la revolución tecnológica. Internet permitió que grupos pequeños y movimientos independientes se conociesen y se conectasen, como explicó un miembro de uno de esos grupos “conocimos gente que pensaba como nosotros, no estábamos solos en el mundo. Ella [internet] sirve como una tremenda red de identificación e intercambio de ideas, eso no pasaba antes de la invención de internet”.^[26]

La utilización competente de los medios más modernos de comunicación, que en Brasil los grupos a derecha lograron más temprano que los de izquierda, les confirió una ventaja comparativa. A través de las redes sociales se coordinaron entre sí y llamaron a millones a las calles.

No lo hicieron por compartir un "proyecto de poder" o un "proyecto de sociedad" idénticos. El campo patriota era, y sigue siendo, muy diversificado, con clivajes respecto a la orientación de la economía (desde movimientos pro-mercado hasta partidarios de la intervención estatal), de la política (un gradiente de demócratas a autoritarios), y de la moralidad (desde los muy modernos en las costumbres hasta los tradicionalistas). La unión nació y permaneció para hacerse cargo de una guerra en contra del gobierno del PT. Fue una alianza estratégica. Los unió un ímpetu común de reacción, como dejó claro el líder de un movimiento liberal y ahora diputado anti-bolsonarista: "Voto por Bolsonaro, pero es un voto útil. No es el escenario ideal, existen personas más preparadas, pero desafortunadamente es lo que hay". Era su manera, aseveró, de evitar un gobierno de izquierda más, lo que sería, a su juicio, "una amenaza a la democracia".^[27]

Lo que sí es una "amenaza a la democracia" hoy en Brasil es el gobierno de Bolsonaro. La elección de un militar de extrema derecha para la presidencia no nació de una ola de “nueva derecha”. Fue un terremoto preparado por una larga secuencia de choques subterráneos entre las placas tectónicas que se disputaron los rumbos del país desde 2003. Es una tragedia, pero no una sorpresa.

Traducción: Juan Grandinetti