Introducción

El 10 de agosto de 2018, bajo la presidencia de centroderecha de Mauricio Macri en Argentina, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lideró una masiva movilización en las afueras del Congreso mientras se debatía el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Aunque entonces la iniciativa no cosechó los votos necesarios para convertirse en ley, en las elecciones de 2019 surgieron candidaturas embanderadas en la defensa de la vida “desde la concepción”. En Costa Rica, las polémicas en torno del matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto moldearon la competencia electoral entre el conservador Fabricio Alvarado, de procedencia evangélica, y Carlos Alvarado, identificado con la centroizquierda. En 2019, al prestar juramento como presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro prometía combatir la “ideología de género” frente a líderes internacionales que presenciaban su asunción. Poco después, la titular del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos –una pastora evangélica conservadora– anunciaba su propósito de hacer de Brasil un país sin aborto y se hacía conocida por declarar que las niñas debían vestir de rosa y los niños de azul. Estos eventos, lejos de ser anécdotas desconectadas, ilustran un rasgo saliente en la escena latinoamericana actual, donde los posicionamientos frente al género y la sexualidad son parte medular del debate político.^[1]

A veinticinco años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, las feministas enfrentan un contexto político muy diferente. Tanto en el norte como en el sur global hay actores que se movilizan para desacreditar el enfoque de género, poniendo en cuestión marcos normativos y acuerdos internacionales (Zaremberg, Tabbush y Friedman, 2021; UN ECOSOC/Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2019). En América Latina, Vaggione y Campos Machado (2020) conceptualizan la difusión regional de un activismo neoconservador conformado por complejas alianzas entre actores religiosos y laicos que defienden visiones patriarcales y heteronormativas del orden social. El neoconservadurismo pone en juego una moralidad fuertemente reguladora de la sexualidad, que se sustenta en la familia heterosexual legitimada por su potencial reproductivo (Vaggione y Campos Machado, 2020). Siguiendo tendencias similares a las europeas, las campañas contra el género como categoría socialmente construida se expanden en América Latina a partir de 2016 (Biroli y Caminotti, 2020).^[2] Los actores neoconservadores que impugnan las políticas de educación sexual integral o de diversidad sexual interpelan a la población y a los gobiernos con movilizaciones callejeras y campañas masivas en defensa de la familia “tradicional” (mujer madre y cuidadora / varón proveedor).

En mayor o menor medida, siempre ha existido oposición a las políticas de género (Friedman 2003), aunque no todas ellas han sido blanco de reacción neoconservadora. El concepto de backlash refiere a una oposición virulenta que se define como reactiva (Vaggione, 2017) y busca hacer retroceder compromisos y avances feministas, ya sean reales o percibidos (Piscopo y Walsh, 2020; Faludi, 1991). Esta dialéctica entre un movimiento que avanza y un contra-movimiento que reacciona incorpora a un tercer actor central que es el Estado, puesto que los anteriores intentan acceder a la política institucional e incidir en el diseño y la implementación de leyes y políticas.^[3] Partiendo de esta concepción, el presente trabajo reconstruye los vaivenes de las políticas de género en un período de intensa politización.^[4]

Históricamente, el activismo anti-género centró su oposición en un tipo específico de políticas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o los programas de educación sexual integral, que conmueven doctrinas religiosas o tradicionales sacralizadas (Htun y Weldon, 2018). En las páginas que siguen mostramos que, durante el giro a la izquierda en América Latina, la oposición organizada a las políticas de género se centró casi con exclusividad en ellas. Aunque varios gobiernos de izquierda apoyaron avances en los derechos de las mujeres y de lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y queer (en adelante, LGBTIQ+), no siempre fueron receptivos a las demandas feministas de autonomía corporal, ni siquiera en los países más secularizarizados como Uruguay (Johnson, Rodríguez Gustá y Sempol, 2020; Pérez Betancur, 2019).^[5] Sin embargo, este foco temático se expande con el fin de aquel ciclo político.

El artículo argumenta que el activismo neoconservador encuentra en el contexto de mayor auge de las derechas una ventana de oportunidad para el despliegue de estrategias que cuestionan el género como categoría construida y legítima, expandiendo su oposición más allá de las agendas doctrinales que habían sido su campo privilegiado de actuación. En este marco, la “ideología de género” proporciona un framing (Corredor, 2019, p.616-617) efectivo para conectar intereses heterogéneos en apoyo de proyectos que naturalizan desigualdades, reducen el rol estatal y buscan reestablecer jerarquías sexo-genéricas (así como de clase o étnicas) (Biroli, 2019; Corrêa, 2018b). Existen pocas discusiones sistemáticas sobre las formas que asume esta ampliación de la agenda anti-género a un campo más amplio de políticas de igualdad y reconocimiento. Este trabajo contribuye a saldar esa laguna a partir del análisis de eventos y campañas que cuestionan derechos de las mujeres y LGBTIQ+ por socavar la familia “tradicional” y las bases de la nación.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar se presenta la perspectiva teórica que sustenta la investigación. En segundo término se analiza el devenir de las demandas feministas y LGBTIQ+ durante el giro a la izquierda, mostrando que la oposición a la igualdad de género en dicho período estuvo acotada a asuntos “doctrinales”. A continuación, se argumenta que el fin del giro a la izquierda ha sido fértil para la emergencia de cuestionamientos a la categoría de género y que, por medio de la construcción de framing o encuadres que apelan a las emociones y provocan pánico moral, se erosiona la legitimidad de las políticas que cuestionan los fundamentos del orden heteronormativo y patriarcal. Para ilustrar este argumento se analizan dos casos: el conflicto en torno de la incorporación de un enfoque de género en los acuerdos de paz en Colombia y la discusión de un proyecto de ley de paridad política en Paraguay.

En los casos analizados se desencadenaron procesos reactivos para frenar el avance de demandas de feministas y movimientos LGBTIQ+ en contextos políticos conservadores. Metodológicamente, estos casos representan instancias donde se observa una ampliación de la oposición al género más allá de las políticas doctrinales y, por lo tanto, ofrecen una oportunidad única para explorar cómo sucede este fenómeno. En este sentido, se trata de pathway cases (Gerring 2007) y el análisis no es comparativo sino aditivo, ampliando la evidencia más allá de un único país. La investigación se basa en el análisis extensivo de fuentes secundarias, datos recolectados en portales de internet, sitios oficiales y de organizaciones sociales, y notas publicadas en la prensa disponibles on line.^[6]

Políticas de igualdad de género: un campo multifacético y diferenciado

Las políticas de igualdad de género articulan un campo diverso de demandas y pueden agruparse en dos ejes, de acuerdo con el tipo de desigualdad que abordan. Siguiendo la propuesta conceptual de Htun y Weldon (2018), un primer eje (de clase) refiere a la desigualdad socioeconómica, mientras un segundo eje (de estatus) se relaciona con la condición jurídica y social de las mujeres y LGBTIQ+. En el eje de clase se encuentran las políticas que promueven un mayor acceso a los recursos económicos, tales como el financiamiento público de los servicios de cuidado. Dichas políticas no suelen despertar oposición reactiva de grupos conservadores; de hecho, varias organizaciones religiosas han promovido la expansión de políticas sociales para mujeres que cuidan y trabajan, o que distribuyen recursos económicos y brindan acceso a servicios básicos. En el eje de estatus se ubican las políticas que buscan socavar prácticas que definen a las mujeres o LGBTIQ+ como grupos subordinados y vulnerables a la violencia, la marginalización y otras injusticias sociales.

Mientras que la distinción entre medidas que buscan remediar desigualdades de estatus y de clase no permite predecir una mayor o menor oposición conservadora, la distinción más relevante para el análisis del backlash se da en una segunda dimensión, donde se contraponen las políticas que cuestionan la fe, la doctrina religiosa o tradicionales codificadas (“doctrinales”), y las que no lo hacen (“no doctrinales”) (Htun y Weldon, 2018). Las políticas doctrinales –o contraculturales (Goetz y Jenkins, 2015)– cuestionan las cosmovisiones o sistemas de valores imperantes e inciden en la relación entre el Estado y la religión organizada. Estas políticas han sido el blanco principal de oposición conservadora y suelen referirse a la regulación de la reproducción, la vida íntima y el parentesco.

Ahora bien, la definición de qué temas se consideran doctrinales en una sociedad depende de procesos de politización de las demandas y es, por tanto, contextual. De hecho, aquello que se considera doctrinal en una región o en un país puede no serlo en otro (Htun y Weldon, 2018). Del mismo modo, aquello que en un momento es visto como contrario a la tradición o la doctrina religiosa, puede no serlo años después. Por ejemplo, en la década de 1980 el divorcio fue un tema doctrinal que suscitó un gran debate nacional en Argentina, dividiendo aguas en la sociedad y en el arco político (Htun, 2003), mientras en el presente dicha práctica se encuentra institucionalizada y expandida. Si una temática se construye como contraria a una cierta cosmovisión o sistema de valores imperante se generan mayores barreras para su liberalización o reconocimiento, porque conlleva un conflicto social más pronunciado. En este escenario los avances normativos requieren de un amplio debate público y parlamentario, que exige pronunciamientos de todas las fuerzas políticas con argumentos frecuentemente emotivos (Htun, 2003).

Al presentarse como una reacción organizada a los avances en temáticas consideradas “doctrinales”, el backlash de género suele caracterizarse en términos de un contra-movimiento (Corredor, 2019) que surge para socavar los avances de otro movimiento social, en este caso, los feminismos y movimientos LGBTIQ+ (Faludi, 1991). Sin embargo, la dinámica del backlash no se reduce al campo de la sociedad civil, sino que implica una relación dinámica entre movimientos progresistas, contra-movimientos y Estado (Roggeband y Krizsán, 2020). Aun cuando los contra-movimientos se enfoquen en aquellas políticas contrarias a la doctrina religiosa o la tradición, pueden pasar de la defensiva a la ofensiva y producir una expansión del campo “doctrinal” a partir de una mayor presencia en puestos de poder y la construcción o movilización de marcos de sentido. Como resultado de estos procesos de re-encuadre, ciertas temáticas que anteriormente no concitaban mayor oposición pueden tornarse fuertemente conflictivas y contraculturales.

Es justamente esta dimensión contextual y dinámica de los procesos de definición de una política de género como doctrinal lo que Htun y Weldon (2018) dejan sin teorizar. En este trabajo postulamos que, en contextos donde los grupos neoconservadores cobran incidencia en la política institucionalizada, la expansión del campo doctrinal depende de su capacidad de proponer encuadres que permitan construir relatos movilizadores, conectar demandas y actores, y persuadir a colectivos más amplios, proporcionando nuevos sentidos y significados. Como se verá en la tercera sección, en oposición al género como categoría construida (Scott, 1986), el encuadre de la “ideología de género” afirma la existencia de un orden sexual natural y proporciona tanto una respuesta epistemológica frente a los marcos emancipatorios de los feminismos (Corredor, 2019), como una herramienta política para deslegitimar sus demandas (Garbagnoli, 2018; Bracke y Paternotte, 2018). En este sentido, el encuadre de la “ideología de género” permite ampliar el campo doctrinal, tornado conflictiva una gama potencialmente amplia de políticas de igualdad de género. Los movimientos feministas que cuestionan la tradición (el orden patriarcal) son percibidos como una amenaza para los valores tradicionales, religiosos y la identidad nacional.

Para analizar esta manifestación del backlash de género en América Latina, las siguientes secciones analizan la oposición neoconservadora en dos ciclos políticos recientes: el de la “marea rosa” y el de mayor auge de gobiernos y partidos identificados con las derechas.

Los vaivenes de las agendas de igualdad de género durante la “marea rosa”

Investigadoras/es y analistas suelen sostener una visión lineal del backlash de género en la que un periodo de avances progresistas es seguido por una reacción (neo)conservadora. Esta narrativa identifica el ciclo de predominio de gobiernos de izquierda, conocido como “marea rosa” latinoamericana (o Pink Tide), como un momento de expansión de derechos (Blofield, Ewig y Piscopo, 2017; Friedman y Tabbush, 2020) y asocia la oposición neoconservadora a las políticas de género y sexualidad con el fin del período.

Sin dudas, el período de la marea rosa estuvo caracterizado por proyectos políticos que prometieron enfrentar desigualdades arraigadas (Friedman y Tabbush, 2020) y donde la incidencia política de los movimientos feministas y LGBTIQ+ se tradujo en legislación y logros significativos. Pero en dicho período también se produjo el paulatino ascenso de actores neoconservadores a través de alianzas electorales y la formación de un contra-movimiento incipiente que circunscribía su oposición a temáticas como la educación sexual integral, los derechos reproductivos de las mujeres y el reconocimiento de LGBTIQ+. Sobre este telón de fondo, el triunfo electoral de candidatos identificados con las derechas en el último lustro –entre los que se encuentran Mauricio Macri en Argentina (2015), Sebastián Piñera en Chile (2018), Jair Bolsonaro en Brasil (2018) o Luis Lacalle Pou en Uruguay (2019)– ha sido un campo fértil para el auge y expansión de los antagonistas. Al acceder a puestos de toma de decisión o ganar influencia en las instituciones, los actores (neo)conservadores amplían su campo de oposición y cuestionan la igualdad de género como objetivo de política pública. Como se verá a continuación, no se observa una historia simple y lineal de avances y retrocesos, sino una relación entre Estado, movimientos progresistas y (neo)conservadores más contradictoria y compleja, en parte por el carácter multifacético de las políticas de género. Los vaivenes de las políticas de género son el foco de interés principal de este artículo.

Contradicciones de la marea rosa: avances legislativos sustantivos y oposición a los derechos sexuales y (no) reproductivos

La llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en el año 2000 inauguró un “giro a la izquierda” (Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, 2010; Weyland, 2010) caracterizado por el triunfo electoral de candidatos apartados de la ortodoxia neoliberal que había dominado la política latinoamericana en la década previa. Hacia 2009, “casi dos tercios de la población latinoamericana estaba gobernada por fuerzas políticas de izquierda y nunca antes tantos países de la región habían confiado los asuntos de Estado a líderes asociados con la izquierda política” (Letitsky y Roberts, 2011: p.1). Esta ola de gobiernos variados, pero con programas orientados a la reducción de la desigualdad, se caracterizó por la revaloración del papel del Estado, la nacionalización de recursos naturales y la implementación de programas de protección social de amplia cobertura (Cacciamali, Curyly y Campos, 2014). Junto al énfasis en la desigualdad económica, estas agendas contemplaron otras fuentes de discriminación y generaron oportunidades para la incorporación de demandas de trabajadores/as informales, pueblos originarios, feministas y LGBTIQ+. Con miras a construir una ciudadanía social universal, se consideraron los derechos de grupos desatendidos por la izquierda tradicional (Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, 2010).^[7]

Fuente: elaboración propia sobre la base de Levitsky y Roberts (2011).

Cuadro 1 Gobiernos del “giro a la izquierda” latinoamericano 

En un marco regional de crecimiento económico, las políticas sociales y redistributivas de los gobiernos del giro a la izquierda favorecieron la autonomía económica de las mujeres (Martínez Franzoni y Filgueiras, 2017). Las luchas de los movimientos feministas y LGBTIQ+ se tradujeron en leyes integrales contra la violencia de género, paridad política, matrimonio igualitario, identidad de género y aborto (Lind, 2019; Pecheny, Jones y Ariza, 2016; Tabbush et al., 2016). Aun así, lejos de una proliferación de cambios radicales –como alertan las campañas anti-género– las reformas “doctrinales” fueron excepcionales entre estos gobiernos (Ewig y Blofield, 2017; Pérez Betancur, 2019).

Las leyes de liberalización del aborto y de matrimonio entre personas del mismo sexo fueron una excepción y no la regla (Ewig y Blofield, 2017). Durante el mandato de José Mujica (Frente Amplio, 2010-2015), Uruguay legalizó el aborto sin causales y, en Chile, Michelle Bachelet (Partido Socialista, 2006-2010/2014-2018) logró la aprobación de una ley que lo liberaliza en casos de peligro para la vida de la mujer, violación o anencefalia del feto. En cambio, la oposición ideológica y moral de actores de la coalición oficialista en Argentina puso un freno al tratamiento de sucesivos proyectos de legalización del aborto presentados durante los mandatos de Cristina Fernández (Frente para la Victoria, 2007-2015) (Pérez Betancur, 2019; Tabbush et al., 2016).

Los gobiernos del giro a la izquierda tampoco tuvieron un posicionamiento uniforme en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo. Únicamente en dos países se aprobaron leyes de matrimonio igualitario a nivel nacional –Argentina durante la primera presidencia de Cristina Fernández y Uruguay durante la administración de Mujica–, mientras en otros éste se logró por vías judiciales o se otorgó algún reconocimiento a las uniones civiles sin modificar la institución del matrimonio, como en Chile bajo la segunda presidencia de Bachelet (UN Women, 2019).

Entre los gobiernos del giro a la izquierda, la identificación y los vínculos de algunos presidentes con actores conservadores religiosos los llevaron a confrontar con feministas (Friedman y Tabbush, 2020; Wilkinson, 2019), generando hostilidad y enfrentamiento. En Ecuador, Rafael Correa (Movimiento Revolución Ciudadana, 2007-2017) incluyó a feministas en su gobierno al asumir, pero sus relaciones se deterioraron y muchas de ellas se habían retirado de los cargos un año después, acusándolo de sexista. A ello se sumó la adopción de decisiones contrarias a las demandas de los feminismos –por ejemplo, la Constitución de 2008 garantizó el “derecho a la vida desde la concepción” (Wilkinson, 2019). En un clima de tensión con sus anteriores aliadas, el presidente Correa desacreditó a las feministas y atacó públicamente la “ideología de género” en su programa de TV semanal (Corrêa, 2018a).

Bajo la presidencia de Daniel Ortega (Frente Sandinista de Liberación Nacional, 2006-) Nicaragua ha sido uno de los países donde los enfrentamientos del gobierno con los movimientos feministas alcanzaron su expresión más extrema.^[8] Días antes de la elección de Ortega, la bancada del FSLN fue determinante para que el Congreso aboliera el aborto terapéutico (Kampwirth, 2008), restringiendo severamente los derechos de las mujeres en el país. A lo largo de sus gobiernos, y en una estrecha alianza con la jerarquía católica, Ortega y su esposa Rosario Murillo emprendieron violentas campañas contra el movimiento feminista, difamaron a sus líderes en la prensa, las persiguieron y atacaron (Kampwirth, 2011).

En Brasil, si bien el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, 2003-2010) cooperó con el movimiento feminista “como ningún otro gobierno brasileño lo había hecho antes” (Zanotta Machado, 2016, p.13), en paralelo selló alianzas con conservadores religiosos que impidieron legislar e institucionalizar políticas de igualdad de género. Frente al escándalo del mensalão, el gobierno petista buscó apoyo de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y dejó de promover la legalización del aborto. Hacia el fin de la presidencia de Dilma Rousseff se habían formado nuevos frentes en el Congreso federal, como el Frente Parlamentario Unido por la Familia y la Defensa de la Vida, y el Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y la Familia (Zanotta Machado, 2016). Por su parte, en Uruguay, Tabaré Vázquez anunció que vetaría la ley de interrupción voluntaria del embarazo por sus convicciones religiosas, oponiéndose a la voluntad expresada por la mayoría de su fuerza política en el Parlamento (Johnson et al., 2020). En 2014, por primera vez fueron electos tres diputados evangélicos por las listas del Partido Nacional, dando paso a una bancada evangélica en un país caracterizado por su laicidad.

Por otro lado, no todos los gobiernos identificados con las derechas se opusieron a la ampliación de derechos de las mujeres. La legislación contra la violencia se generalizó en el período (Rodríguez Gustá y Madera, 2017) y la de paridad política avanzó bajo gobiernos de distinto signo ideológico (Piscopo, 2016; Caminotti y Del Cogliano, 2019).

En suma, el antagonismo a los derechos sexuales y reproductivos, definidos como doctrinales, se hizo visible tanto fuera como al interior de los países de la marea rosa, cuando distintos actores neoconservadores negociaban con gobiernos, ocupaban posiciones en el Estado o hacían su ingreso a la política institucional. En países que no experimentaron reformas contraculturales emergieron antagonistas influenciados por los cambios en países vecinos. Por ejemplo, la legalización del matrimonio igualitario en Argentina generó una reacción en Paraguay e inspiró la creación del movimiento Queremos Papá y Mamá, conformado por federaciones de padres y educativas, profesionales, mujeres de los partidos Liberal y Colorado, y organizaciones cristianas, que se hizo público en un festival a favor de la familia (Szwako, 2014). La legalización del aborto en la Ciudad de México durante la administración de Marcelo Ebrard (Partido de la Revolución Democrática, 2006/2012) provocó que dieciocho estados del país incorporaran en sus constituciones “el derecho a la vida desde la concepción” (Zaremberg, 2020).

La expansión de lo doctrinal

En América Latina, el fin de la “marea rosa” generó un nuevo contexto político y social donde los grupos neoconservadores amplían o consolidan alianzas (Corrêa, 2018a, 2008b; Biroli y Caminotti, 2020), se conectan, expanden los contornos de la agenda anti-género y generan estrategias renovadas de incidencia en las políticas públicas. Aunque estos grupos no carecían de influencia, en el cambio de ciclo político se observa la irrupción de manifestaciones masivas y campañas orquestadas para impedir reformas, interrumpir programas o restringir derechos de mujeres y LGBTIQ+ (Balieiro, 2018; Carvalho y Sívori, 2017; Corrêa, 2018a; Miskolci, 2018; Vaggione, 2017).

En este contexto, el backlash de género adquiere dos características. Por un lado, la oposición a los derechos sexuales y (no)reproductivos recrudece y se masifica en las calles. El año 2016 marca el inicio de una serie de campañas públicas contra la educación sexual integral en las escuelas y en defensa de la familia “natural” (Corrêa, 2018a), un campo tradicional de oposición doctrinal. En Perú, el colectivo Con mis hijos no te metas, originado en Lima a partir de una alianza entre sectores evangélicos, organiza una multiplicidad de manifestaciones. Este movimiento y sus consignas se difunden en Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia, México y Uruguay (Rosseau, 2020). En México, el Frente Nacional para la Familia utiliza recursos similares para cuestionar la iniciativa “matrimonio sin discriminación” que se proponía autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en todas las entidades federativas del país (Zarenberg, 2020). Aunque muchos grupos se declaran no partidarios, generalmente tienen vínculos estrechos con iglesias y organizaciones políticas (Vaggione y Campos Machado, 2020).

Por otro lado, en un contexto más permeable al ideario neoconservador, el encuadre de la “ideología de género” y su uso estratégico permite edificar una posición más ofensiva y ampliar la oposición al género hacia políticas que hasta el momento no habían generado reacción. El llamado a combatir una mentada “ideología de género” impuesta por feministas, líderes de izquierda y agencias de Naciones Unidas, que sería expresión de un pensamiento totalitario que pretende instaurar un nuevo orden mundial y hace peligrar las bases de la sociedad, es un elemento común de las distintas campañas y demostraciones. El encuadre de la “ideología de género” como amenaza a la familia, la sociedad y la nación, además de ser una estrategia efectiva para desacreditar agendas de derechos sexuales y demandas de autonomía física, ofrece un marco de interpretación persuasivo que vuelve peligrosa cualquier política que cuestione las jerarquías y el orden patriarcal.

La batalla contra la ideología de género aglutina a grupos neoconservadores religiosos y laicos y les permite disputar un arco cada vez más amplio de derechos consagrados en marcos constitucionales, convenciones internacionales e instrumentos de derechos humanos. Los casos de Colombia y Paraguay ofrecen ejemplos ilustrativos de la expansión de esta oposición hacia políticas que van más allá de la sexualidad y permiten entrever cómo los contextos de auge de las derechas se vuelven un campo fértil para esta operación.

La “ideología de género” en las discusiones de la paz en Colombia

Colombia no formó parte de la “marea rosa” latinoamericana en los años 2000, pero cuenta con principios constitucionales, normas y políticas que garantizan la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos. El Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía (PESC) –desarrollado durante la presidencia del conservador Álvaro Uribe (2002-2010)– lleva más de una década de implementación formal, si bien débil (Caminotti et al., 2019). La Corte Suprema jugó un papel central al confirmar la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo y liberalizar el acceso al aborto con causales (Reuterswärd et al., 2011).

En las últimas décadas la sociedad colombiana experimentó elevados niveles de violencia política en medio de una guerra que involucró a grupos armados, paramilitares y el Estado (Corredor, 2021). Entre 2012 y 2016, bajo la presidencia centroderechista de Juan Manuel Santos (Partido de la U, 2010-2018), el país transitó un proceso de negociaciones de paz que finalizó con la convocatoria a un plebiscito y la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Duradera (Caminotti et al., 2019). En 2012 se conformó una subcomisión encargada de transversalizar un enfoque de género para garantizar “la inclusión y el ejercicio de iguales derechos y condiciones para toda la sociedad, específicamente para mujeres y población LGBTI” (citado en Corredor, 2021, p.52).

Como en otros países de América Latina, el encuadre de la ideología de género irrumpió con fuerza en la escena pública en 2016, meses antes del referéndum, para cuestionar una reforma de manuales escolares que buscaba prevenir la discriminación por género y orientación sexual en los establecimientos educativos. Tras el suicidio de Sergio Urrego, un estudiante gay que había sufrido discriminación en una escuela de Bogotá en 2014, su madre interpuso una demanda y en 2015 la Corte Constitucional solicitó al Ministerio de Educación la revisión de los manuales de convivencia a lo largo del país, garantizando el respeto de la orientación sexual y la identidad de género (Viveros Vigoya, 2016).^[9]

El Ministerio de Educación, bajo la conducción de Gina Parody, contó con el apoyo de agencias de Naciones Unidas para la revisión de manuales y esto supuso instancias de consultas con docentes, estudiantes, padres y madres.^[10] El proceso despertó una reacción liderada por sectores católicos y evangélicos, con figuras visibles como el Procurador General Alejandro Ordóñez (cercano al Opus Dei) y apoyo de partidos de derecha. La difusión del material en el portal Web del Fondo de Población de las Naciones Unidas durante el proceso de validación despertó un amplio y coordinado movimiento de rechazo en las redes sociales, junto a masivas demostraciones callejeras en defensa de la familia en una veintena de ciudades. Se pregonaba que estos nuevos manuales incentivaban la homosexualidad, utilizando dibujos e imágenes pornográficas tomadas de historietas gay de otras latitudes.

Representantes de colegios católicos, iglesias cristianas y grupos pro-familia denunciaron una “colonización homosexual” y la introducción de una ideología de género en las políticas educativas (Serrano Amaya, 2017). A medida que la retórica de la ideología de género cobraba más fuerza en el debate público, con portavoces en el Congreso y en organismos del Estado, la crisis llegó a los máximos niveles políticos. Tras reunirse con el Cardenal Rubén Salazar, el Nuncio Apostólico Ettore Balestrero y monseñor Fabio Suescún, Obispo castrense de Colombia, el Presidente Santos se manifestó públicamente contra la “ideología de género”, afirmando que los materiales cuestionados no eran oficiales. En términos de Viveros Vigoya (2016, p.s/p),

así emergieron en el debate campos que se fueron polarizando en torno a la comprensión de las diferencias sexuales generado tensiones que se expresan no sólo en términos religiosos sino ciudadanos ya que la expresión ‘ideología de género’ ha sido utilizada para obstaculizar políticas públicas, cambios sustantivos en la sociedad colombiana orientados a garantizar la equidad de género y más recientemente, la refrendación los Acuerdos de Paz mediante plebiscito.

A mediados de 2016 finalizaron las negociaciones de paz en La Habana y el 26 de septiembre se firmó el Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En un hecho inédito, el acuerdo incorporaba un enfoque de género y garantizaba la inclusión de mujeres y LGBTIQ+, reconociendo el impacto diferencial de la guerra y la discriminación que habían experimentado estos grupos (Viveros Vigoya, 2016). Las negociaciones de paz se llevaron a cabo en un ambiente de fuerte polarización entre los partidarios de Santos y los promotores de la “campaña por el no” (Caminotti et al., 2019), entre ellos grupos evangélicos conservadores, partidos de derecha, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC y figuras como el ex presidente y senador Álvaro Uribe. La Iglesia Católica, en cambio, no formó parte de esta coalición (Corredor, 2021).

En un contexto donde estaba en juego la pacificación del país, y con el exitoso antecedente de movilizaciones previas, la denuncia de la introducción de ideología de género en el acuerdo con las FARC resultó una herramienta efectiva para movilizar la opción por el “no” en el plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016, que cosechó el 50,2% de los votos. Esta estrategia favoreció la alianza entre la derecha política y grupos conservadores religiosos, aglutinando y conectando demandas e intereses independientes y diversos (Serrano Amaya 2017).^[11]

La ofensiva contra la paridad democrática en Paraguay

Paraguay es un país que se caracteriza por un fuerte legado autoritario y una de las transiciones a la democracia más tardía de la región. La Constitución de 1992 reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como los derechos a la educación, a la información y a planes de salud reproductiva. La Ley 5777 establece la protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia, contemplando la figura del feminicidio y la violencia obstétrica. Durante las presidencias del ex Obispo católico Fernando Lugo (Frente Guasú), el país formó parte de la marea rosa. Sin embargo, Lugo fue destituido, dando paso a la presidencia del conservador Horacio Cartes (Partido Colorado, 2013-2018). Pese a ser uno de los países de América Latina con menor representación de mujeres en el Congreso, el proyecto de ley de paridad democrática no prosperó, gracias al éxito de una oposición organizada que logró presentarla como un ataque a la moral nacional. Para comprender cómo se desencadenó dicha campaña es preciso retrotraerse a los debates sobre sexualidad que tuvieron lugar durante el giro a la izquierda.

Bajo la presidencia de Lugo, el Ministerio de Educación elaboró un Marco Rector para la Educación Integral de la Sexualidad que resultó duramente criticado con argumentos pro-familia. A pocos días de su publicación, el Consejo Nacional de Educación y Cultura manifestó que el documento violaba derechos fundamentales como la libertad de enseñanza, la responsabilidad insustituible de la familia en la educación de los hijos y el derecho a la objeción de conciencia. También se denunció la intención de ideologizar a docentes, estudiantes y funcionarios (Caminotti et al., 2019). Rápidamente, a los debates que se desarrollaron dentro del Estado se sumó el reclamo de grupos conservadores religiosos. Como resultado, la socialización y aplicación del marco quedaron sin efecto (Szwako, 2014).

En 2017 un nuevo episodio selló la suerte de la educación sexual en el país. Bajo la presidencia del conservador Cartes, y a petición de la iglesia católica e iglesias evangélicas, una resolución ministerial prohibió la difusión de material alusivo a la “ideología de género” en las instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (Resolución Ministerial 29664/2017). Aunque grupos de jóvenes, organizaciones de mujeres y LGBTIQ+ se movilizaron y conformaron la Alianza “Género SÍ”, la educación sexual integral no llegó a implementarse y creció la influencia neoconservadora en las decisiones ministeriales (Caminotti et al., 2019).

En la campaña electoral de 2018, los derechos de las mujeres y de los colectivos LGBTIQ+ marcaron líneas divisorias. El entonces candidato Mario Abdo Benítez –quien resultaría electo para la presidencia por el Partido Colorado (2018-2023)– se manifestó contrario a los proyectos que hicieran peligrar la familia (Posa Guinea et al., 2018, p.94). En el mes de septiembre, la Sala Bicameral del Congreso fue sede de un encuentro de pastores evangélicos de varios países que incluyó la celebración de un ritual religioso.^[12] También en 2018, en un hecho novedoso tanto para el país como de manera más amplia en la región, el ataque a la “ideología de género” fue empleado contra un proyecto de ley de paridad en la participación política que se estaba siendo tratado en el Congreso, y que buscaba incorporar criterios de igualdad en la legislación electoral sin despertar oposición religiosa ni cuestionamientos pro-familia hasta entonces.^[13]

Aunque las primeras iniciativas de paridad se remontan al año 2003 (CDE, 2014) la campaña cobró vigor una década más tarde bajo el liderazgo de organizaciones feministas con el slogan Somos la mitad, queremos paridad. El proyecto de ley de Paridad Democrática presentado por el Grupo Impulsor ingresó al Senado el 8 de marzo del 2016,^[14] con el objetivo de establecer la paridad de género con alternancia en cargos de elección popular, en otros organismos del sector público y al interior de los partidos políticos.^[15] El 8 de marzo de 2018 la Cámara de Senadores votó el proyecto de ley con modificaciones, estableciendo que el porcentaje de 50 por ciento de mujeres en las listas regiría para los comicios partidarios internos y no para las elecciones generales.^[16] El 12 de junio, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Paridad en general, pero realizó modificaciones significativas que la redujeron a la capacitación y formación de las mujeres en los partidos políticos. Finalmente, el proyecto aprobado fue vetado por el poder ejecutivo.^[17]

Los opositores al proyecto vincularon la demanda de igualdad política de las mujeres con el “colonialismo cultural” y con una tentativa de disolución de la familia tradicional. La iglesia católica realizó una activa campaña contra la paridad, asociándola con “formas de vida y pautas culturales que privilegian el éxito individual, la posesión de bienes materiales y la ausencia de compromisos con principios trascendentes”, como lo manifestó el arzobispo Edmundo Valenzuela (aliado de la facción cartista del Partido Colorado) en una misa.^[18] En las dos cámaras legislativas, los argumentos contra la paridad conectaron la igualdad de las mujeres en la política, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la vida desde la concepción. A título de ejemplo, el diputado José María Ibáñez (Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana) manifestó que detrás del proyecto “hay lobbies internacionales de ideología de género, organizaciones a favor de la legalización del aborto, del matrimonio igualitario y grupos que pretenden despenalizar la pedofilia”.^[19] Mientras un grupo de personas se reunía en la Plaza de Armas de Asunción para rezar por la no aprobación del proyecto de ley, el diputado colorado Bernardo Villalba mostraba un vídeo de Juan Pablo II en contra del aborto.^[20] Los promotores del proyecto fueron calificados de “abortistas”, “anti-vida” y “anti-familia” por sus detractores. En declaraciones públicas, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasú) llamaba la atención sobre la estrategia de conexión de temas que llevaban a cabo los grupos opositores:

[…] hubo una fuerte campaña de sectores anti-derechos, mucha discusión desde sectores fundamentalistas y se debatió allí con argumentos como que la ley que presentamos permitía la pedofilia, el matrimonio gay, que era la destrucción de la familia, una cosa descabellada […]. Acá vos hablas de la lactancia materna y terminamos hablando del matrimonio igualitario, es casi como una cuestión alevosa, no sé cómo tienen la capacidad de asociar la lactancia materna al matrimonio igualitario…^[21]

Conclusiones

En América Latina, la reacción a las políticas de derechos de mujeres y LGBTIQ+ se está ampliando más allá de los temas que habían sido el foco tradicional de oposición conservadora. En un contexto de auge del activismo anti-género tanto en el norte como en el sur global (Corredor, 2019), en este trabajo argumentamos que lo novedoso del actual backlash de género en la región latinoamericana no es la oposición a las políticas que tradicionalmente se consideraban “doctrinales”, sino su expansión hacia políticas que no contravienen creencias religiosas o valores morales, pero ponen en tensión el papel subordinado de mujeres y colectivos LGBTIQ+.

Durante el “giro a la izquierda” de la década de los 2000, los movimientos feministas y LGBTIQ+ lograron incidir en el sistema político y obtuvieron importantes conquistas en los países de la marea rosa. Pero en dicho período también comenzó a cobrar forma un incipiente contra-movimiento opositor a la ampliación de derechos sexuales y (no) reproductivos. Hacia 2015/2016, la derrota electoral de las izquierdas y el ascenso de gobiernos identificados con las derechas ha sido un campo fértil para el auge y expansión de estos antagonismos.

En contextos donde los grupos neoconservadores tienen incidencia en la política institucionalizada, el encuadre de la “ideología de género” y su uso estratégico permite aglutinar a una oposición más ofensiva hacia políticas que hasta el momento no habían generado reacción. El framing de la ideología de género como amenaza a la familia, la sociedad y la nación, junto al despliegue de estrategias retóricas amenazantes, permite conectar actores e intereses diversos y expandir el campo “doctrinal”, es decir, aquellas políticas de género que cuestionan sistemas de valores y cosmovisiones imperantes. Esta expansión torna peligrosas no solo las políticas que regulan la sexualidad y la reproducción, sino cualquier medida que cuestione las jerarquías de género y el orden heteronormativo y patriarcal.

La descripción de los procesos de backlash en los casos de Colombia y Paraguay revelan cómo, bajo gobiernos de derecha, se generan ventanas de oportunidad para legitimar la retórica de la ideología de género, permitiendo a grupos neoconservadores expandir su campo de activismo opositor. La disputa por definir como una puja de cosmovisiones y valores (doctrinal) a un campo mucho más amplio de políticas de igualdad de género y sexualidad es un aspecto poco estudiado, pero significativo, de la avanzada neoconservadora actual. Esta expansión plantea retos prácticos y también analíticos, puesto que hace peligrar políticas establecidas o bien plantea renovados obstáculos para el avance de agendas feministas y de derechos humanos.

Como se ha buscado evidenciar en este artículo, estos procesos reactivos no remiten hoy a una disputa al interior de un campo limitado a las políticas de género y sexualidad, ni afectan únicamente a mujeres y personas de los colectivos LGBTIQ+. Más bien, el backlash de género contemporáneo expresa una disputa entre proyectos políticos con visiones progresistas o jerárquicas de sociedad que delimitan el contenido de la ciudadanía, los alcances de la autoridad de la religión y el papel del Estado democrático en la región.