Introducción

La violencia, junto con los asesinatos de mujeres en el estado de Guanajuato, va al alza. En el año 2020 (al 29 de junio, que fue la fecha de cierre para esta investigación) la cifra de muertes violentas de mujeres llegó a 225 casos; en 2019 fueron asesinadas 208 mujeres; en 2017, 298, y en 2016, 103. En años anteriores las cifras se habían mantenido relativamente bajas; por ejemplo, en 2010 fueron asesinadas 40 mujeres; en 2009, 43, y en 2008, 41 (^{Rosas, 2014}).

El 29 de septiembre de 2020, a las siete de la mañana en un bar de Jaral del Progreso, en el Estado de Guanajuato, fueron asesinados siete hombres y cuatro mujeres que ahí trabajaban (^{Ágora, 27 de septiembre de 2020}); algunos medios publicaron que las mujeres eran bailarinas del lugar. Llegó un comando armado y disparó sobre quienes aún se encontraban en ese lugar. Ejemplos como este muestran que, en Guanajuato, se disputan el territorio varios cárteles, al menos dos locales -el de Santa Rosa de Lima y la Unión de León- y los otros foráneos -porque se habla de que han entrado al territorio el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa-, todos compitiendo por el territorio utilizando diversas formas de violencia. A la violencia que de por sí ya vivían las mujeres en el estado, se le suma una más, ya que ellas se encuentran en ese territorio en disputa y son presas de esos grupos, no solo al ser asesinadas o desaparecidas, sino como consumidoras de droga y como vendedoras, finalmente consumidas por el poder patriarcal y necrofílico de los cárteles.

^{Rita Segato (2016)} habla de agencias no estatales que compiten con el Estado -en este caso, el mexicano- por el control del territorio. Pero la forma de concebir el territorio ha cambiado; la territorialidad en red que “es un dispositivo a través del cual los sujetos son atraídos a la pertenencia, reclutados y marcados” (^{Segato, 2016, p. 67}), lo cual va más allá de la territorialidad geográfica. Las agencias no estatales pueden ser bélico-mafiosas, entre otras, y no ajustarse a los términos legales:

El cuerpo y muy especialmente el cuerpo de las mujeres, por su afinidad arcaica con la dimensión territorial, es, aquí, el bastidor o tableta sobre el cual los signos de adhesión son inscritos. Codificados atributos de pertenencia son burilados o anexados al mismo. Y en él, en especial en el cuerpo femenino y feminizado, los enemigos de la red graban con saña las señales de su antagonismo. (^{Segato, 2016 p. 69})

La violencia hacia las mujeres ha aumentado en Guanajuato, tal como lo indican las diversas encuestas que ha realizado a nivel nacional el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) (Encuesta Nacional sobre la Dinámica al Interior de los Hogares [Endireh]¹ 2006, 2011 y 2016). Aunque los feminicidios y los asesinatos de mujeres iban en aumento, a finales 2016 y en 2017, 2018, 2019 y lo que va de 2020² (véase tabla 3), los asesinatos de mujeres se han detonado de manera muy alarmante. Si bien no todos, según la ley, pueden calificarse de feminicidios, sí requieren una explicación y, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tratarse de crímenes violentos deberían ser investigados como feminicidios. Analizaremos estos crímenes de mujeres a partir de las aportaciones teóricas de Rita Segato, en varias de sus obras, y el detonante de la violencia en el estado, sin olvidar la desigualdad de género en la que viven las mujeres; asimismo, incluiremos algunas aportaciones de ^{Sayak Valencia, sobre todo Capitalismo Gore, necropolítica y sujetos endriagos (2010)}.

Violencia de género y violencia extrema en Guanajuato

En el estado de Guanajuato, como se mencionó anteriormente, se observa que la violencia de género va al alza. Ya señalamos las distintas encuestas nacionales que el gobierno mexicano ha realizado (Endireh, 2003, 2006, 2011 y 2016) y que nos muestran cifras alarmantes, tanto entre mujeres casadas o alguna vez unidas, como entre mujeres solteras.

De acuerdo con la Endireh, de 2006 a 2011 la violencia hacia las mujeres bajó. Por ejemplo, la violencia emocional alcanzó en 2006 un 38.4%, mientras que en 2011, bajó a 36.7% (una baja ligera de aproximadamente dos puntos porcentuales). Sin embargo, dicho tipo de violencia volvió a subir en 2016, cuando se realizó la nueva encuesta, alcanzando el nivel de 44.5%. Esta situación no ocurrió con la violencia económica, la cual subió de 2006 a 2011, pero luego volvió a bajar en 2016, quedando en niveles similares a los de 2006.

En otros tipos de violencia, los niveles bajaron en 2011 y volvieron a subir en 2016; la cuestión es saber si, en efecto, subió la violencia contra las mujeres o más bien ocurre que las mujeres se han atrevido a hablarlo más (las cifras se pueden ver en la tabla 1):

Tabla 1 Prevalencia de los tipos de violencia según las Endireh 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Endireh 2016.

Si a lo anterior sumamos la creciente violencia en general, la que incluso puede llevar a la muerte, la situación es muy grave. Es también a finales de 2016 cuando la violencia entre cárteles de la droga en el estado se recrudece y los asesinatos de mujeres comienzan a acelerarse más. Es decir, las estructuras de poder (legales y no) impactan en la vida y en la muerte de las mujeres (^{Segato, 2010)}.

El alto porcentaje de violencias hacia las mujeres, además de su normalización, ya que “se aprende a vivir con ella y de alguna forma pierde gravedad, ya que su frecuencia cotidiana la vuelve paradójicamente invisible” (Joas, 2005 en ^{Agoff et al., 2013, p. 9}), hacen que el fenómeno alcance un alto grado de impunidad y además se pongan las bases para que los feminicidios también aumenten año con año. Aunque el aumento en los últimos tres años ha sido diferente y más alto, la normalización de la violencia hacia las mujeres hace que los feminicidios sean considerados en el estado como algo no grave o que pasa poco, y que muchos asesinatos no sean considerados con el tipo penal de feminicidio³. Se ha normalizado tanto la violencia, que en Guanajuato la sociedad justifica y, con ello, puede estimular las situaciones de riesgo; esto se origina porque la violencia contra las mujeres no se agota en su simple expresión, sino que tiene por finalidad última “hacer ostensible un orden y afianzarlo, reforzar el orden asimétrico establecido, en contra de la que tiene el papel de débil o inferior” (Gutiérrez, 2008 en ^{Ochoa y Calonge, 2014, p. 127}).

Acercamiento metodológico

Para realizar esta investigación hemos recurrido al análisis hemerográfico digital, por lo que se realizó la revisión diaria de varios periódicos locales en el estado de Guanajuato, y algunos nacionales. La búsqueda se inició desde 2015 y se terminó el 30 de junio de 2020; buscamos en la sección policiaca o de nota roja, aunque actualmente, con el auge de la violencia perpetrada por el crimen organizado, estas noticias han llegado incluso a la primera plana de los diarios locales y nacionales. Los periódicos consultados, en sus versiones digitales, fueron: Periódico Correo, El Sol del Bajío, El Sol de León, La Jornada, La Nota Roja. Además de portales digitales de noticias como Guanajuato Sur Noticias, Al día, Ágora, Código postal.com, entre otros.

De la revisión hemerográfica se seleccionaron las notas donde apareciera una muerte violenta de mujer, con lo que se realizó una base de datos. Las muertes se clasificaron según el lugar y la fecha del evento, la forma del asesinato, si se conoce o no a quienes llevaron a cabo el delito, qué tipo de arma se usó, en qué lugar se encontró el cuerpo, entre otras categorías. Con estos datos, incluso se puede mapear la situación en conjunto con algunas conclusiones ya expresadas en otros trabajos (^{Rosas, 2014}).

Seguramente nuestros datos diferirán de los que se tienen en los ministerios públicos, pues son las notas que se publican en los periódicos, y algunos casos podrían quedar fuera. Además, la prensa “selecciona ciertos eventos y fenómenos de la realidad, los traduce al lenguaje periodístico y los transforma en noticia. Durante este trayecto, escoge ciertos interlocutores, les otorga un espacio de enunciación en sus notas, les brinda legitimidad o los desautoriza” (^{Angélico et al., 2014, p. 288}). Es decir que la prensa interpreta un hecho y lo presentan desde su propia perspectiva, pero es la manera más sencilla, en estos momentos, de acercarnos a los asesinatos de mujeres, sobre todo enmarcados en las luchas que los grupos del crimen organizado realizan entre sí.

La prensa no solo es el medio por el cual nos enteramos de los hechos violentos, sino que esta información es un input de alto valor para la objetivación de la violencia, particularmente en regiones del país donde el trabajo de campo conlleva situaciones de riesgo (^{Zavaleta, 2020}).

En la situación actual, por la violencia que atraviesa el estado de Guanajuato y por los últimos acontecimientos del sur del estado (hallazgos de fosas clandestinas a finales de 2020 en Salvatierra, Acámbaro y Cortazar), además de la pandemia por el Covid-19, es muy dificil hacer trabajo de campo en los ministerios públicos y en otros lugares, en especial porque es un «secreto a voces» la intervención de los grupos criminales en las policías municipales y estatales.

Es probable que el número de asesinatos de mujeres (sean considerados feminicidios o no) sea mayor que el recuento que hemos hecho, ya que, seguramente, no todas las muertes violentas de mujeres se registran en los medios de comunicación locales.

Además de la revisón hemerográfica digital, se revisaron las Endireh 2006, 2011 y 2016 en tanto que constituyen bases de datos nacionales referentes a la medición de la violencia hacia las mujeres.

Feminicidios

El feminicidio puede definirse como el “asesinato misógino de mujeres cometido por hombres” (^{Radford, 2006, p. 33}). Radford considera este delito dentro del continuum de la violencia sexual que ocurre de los hombres hacia las mujeres, en la cual lo que buscan no es el placer, sino demostrar el dominio y poder que tienen sobre los cuerpos femeninos. Al utilizar los cuerpos de ellas de diversas formas, incluyendo las sexuales, las convierten en objetos, les quitan su humanidad. Para quienes hacen eso, las mujeres son objetos desechables y reemplazables, lo que, al parecer, sucede en el país, dado el creciente número de mujeres asesinadas:

El concepto de feminicidio abarca más allá de su definición legal de asesinato, e incluye situaciones en las cuales se acepta que las mujeres mueran como resultado de actitudes misóginas o de prácticas sociales. (^{Radford, 2006, p. 41})

Por eso proponemos que muchos de los asesinatos de mujeres que hoy ocurren en el estado de Guanajuato deberían ser investigados como feminicidios y no como homicidios ligados al crimen organizado -ya que, al clasificarse así, no se investigan-. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de Mariana Lima Buendía, declaró que toda muerte violenta de mujeres debería ser investigada como feminicidio, para evitar omisiones:

f) En el caso de violencia contra las mujeres, el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales, ya que los estados deben investigar con perspectiva de género. Esta obligación se refuerza con lo dispuesto en el “Protocolo de investigación del delito de homicidio desde la perspectiva del feminicidio” (zona borrada), con el cual se buscó que los servidores públicos investiguen los homicidios de mujeres con perspectiva de género y garanticen la plena vigencia de los derechos consagrados a nivel nacional e internacional. Para cumplir con los objetivos de dicho protocolo, toda muerte de una mujer debe ser investigada como posible feminicidio, contrario al caso particular en el que la investigación se realizó considerando un suicidio. (^{SCJN, 2015, p. 35})

Siguiendo con la definición de feminicidio, Lagarde lo define de la siguiente forma:

[…] conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres, y que estos fuesen identificados como crímenes de lesa humanidad. El feminicidio es el genocidio de las mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres. (^{Lagarde, 2011, p. 19})

Las condiciones socioeconómicas desfavorables proporcionan en gran medida las bases para que los feminicidios se perpetren y queden impunes. Lagarde afirma que condiciones como el machismo, la misoginia, las políticas poco incluyentes, la nula o escasa impartición de justicia para las mujeres, la inseguridad, la pobreza y otras pueden desencadenar los feminicidios, además de que en entornos así, la sociedad se inclina a desestimarlos, lo que asegura la impunidad de los asesinatos y la justificación de la violencia hacia las mujeres (^{Lagarde, 2011}).

Las violencias hacia las mujeres son invisibilizadas en función de formas de violencia que se manifiestan contra otros miembros de la sociedad. Lo mismo sucede con los feminicidios perpetrados -real o supuestamente- por el crimen organizado; si los integrantes varones de la familia pertenecen a cierto grupo, a las mujeres cercanas se las incluye, aunque ellas no pertenezcan a dicha entidad delictiva.

Para Rita Segato, los feminicidios no son producto únicamente de la misoginia, sino:

[…] estoy convencida de que la víctima es el desecho del proceso, una pieza descartable, y de que condicionamientos y exigencias extremas para atravesar el umbral de la pertenencia al grupo de pares se encuentra por detrás del enigma de Ciudad Juárez. Quienes dominan la escena son los otros hombres y no la víctima, cuyo papel es ser consumida para satisfacer la demanda del grupo de pares. (^{Segato, 2013, p. 25})

Para algunos crímenes contra mujeres, la explicación de Segato puede aplicarse en los casos de mujeres desaparecidas y posteriormente encontradas asesinadas, pero también en otro conjunto de crímenes, cometidos por hombres ligados a grupos de la delincuencia organizada, debido a que las mujeres son asimiladas como miembros de un cierto grupo criminal, aunque no participen en él: se secuestra, tortura o asesina a las mujeres o niñas -hijas, madres, esposas o concubinas-, a veces solas, a veces con los hombres a quienes están ligadas. En este caso, dice ^{Segato (2013)}, son rehenes de las que se dispone para mostrar el poder frente a los competidores.

La Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia define la violencia de género como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” (^{DOF, 17 de diciembre, 2015: 2}); asimismo, define la violencia feminicida como “[…] la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” (^{DOF, 17 de diciembre, 2015, p. 12}). Tratándose de feminicidios, esta Ley nos remite al Código Penal Federal:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. (Código Penal Federal, 2021, p. 110)

Por otra parte, para que se designe como feminicidio un asesinato de mujer, los ministerios públicos del estado de Guanajuato se basan en el Código Penal del Estado de Guanajuato, donde se define el feminicidio de la siguiente forma:

ARTÍCULO 153.- Habrá feminicidio cuando la víctima del homicidio sea mujer y la privación de la vida se cometa por razones de género, considerándose que existen éstas, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos en agravio de la víctima: I. Que haya sido incomunicada; II. Que haya sido violentada sexualmente; III. Que haya sido vejada; IV. Que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes aún respecto del cadáver; V. Que hayan existido amenazas, acoso, lesiones o violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar o cualquier otro que implique supra o subordinación del sujeto activo en contra de ella; VI. Que exista o haya existido con el activo relación íntima, de convivencia, de confianza, noviazgo, parentesco, matrimonio o concubinato; ó VII. Que su cuerpo sea expuesto o arrojado en lugar público. (^{Código Penal del Estado de Guanajuato, 2021, p. 33})

^{Jill Radford (2006)} afirma que hay asesinatos de mujeres que no son considerados legalmente feminicidios, pero debieran serlo, y debemos analizar los impactos de las estructuras de poder existentes (legales, culturales o ilegales) en la vida y muerte de las mujeres. En el estado de Guanajuato solamente unos cuantos casos de asesinatos de mujeres son considerados feminicidios, es decir que suceden bajo alguno de los siete anteriores supuestos.

Desarrollo humano y muertes violentas de mujeres

El 18 de septiembre de 2020, en Celaya, Guanajuato , cinco mujeres fueron asesinadas por un comando armado mientras velaban el cuerpo de un joven que había sido asesinado en el mismo lugar unos días antes (^{La Jornada, 18 de septiembre, 2020}). Aquí se observa cómo los cuerpos de las mujeres y de este joven son territorio de las acciones violentas del otro grupo, que pretende demostrar su poder: “El cuerpo inscrito como territorio y su afinidad con el biopoder es la última forma de control y completa la comprensión de la nueva territorialidad” (^{Segato, 2016, p. 69}).

La nueva territorialidad se inscribe en los cuerpos. Los cuerpos son los territorios de las agencias no estatales mafiosas. Un ejemplo es el caso de una joven del sur del estado, en situación de pobreza y escasa educación; a los quince años, ella se hace adicta a la «piedra»⁴, después es seducida por un vendedor menor, que la embarazó, posteriormente se hace o la hacen vendedora, además de adicta. Es vendedora, sobre todo de «piedra», por pagos ínfimos, pero si no cumple la matarán, aun cuando su deuda sea de mil pesos. Ella no eligió ser vendedora, la obligaron quienes primero le ofrecieron la droga con la que se hizo adicta, y además por un sistema socioeconómico que no le ofrece oportunidades de una mejor vida.

Las vidas y cuerpos de mujeres y hombres jóvenes son la carne de cañón que utilizan los cárteles para la venta de drogas y asesinatos a contrato. La vida de ellas y ellos no importa y tienden a vivir menos de treinta años. Ingresan a los grupos delincuenciales para encontrar dinero y consumir, ya que por otros medios no lo pueden hacer, y se convierten en lo que Sayak Valencia denomina jóvenes “endriagos”⁵. Son sujetos que viven en las periferias de ciudades que pueden ser boyantes en cuanto a su crecimiento económico, quienes son a su vez productores y consumidores de la violencia que ha llegado a dichas zonas.

De acuerdo con las estadísticas que tenemos, y que coinciden con las que ofrece la geofísica ^{María Salguero (2020)}, es en el corredor industrial del estado donde más feminicidios se han perpetrado; además, es donde más violencia en general existe, por lo que en este apartado mostraremos que es en las zonas menos marginadas del estado donde se produce, actualmente, la mayor violencia que consume cuerpos femeninos y masculinos. Y, además, sigue siendo la zona donde más feminicidios y crímenes violentos de mujeres se han perpetrado.

En 2010, México se clasificó como país de alto desarrollo humano, con un Índice de desarrollo humano (IDH) de 0.739, donde el 1 es el valor más alto. El desarrollo humano supone “la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables, y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten” (PNUD, 2014, p. 13).

Para construir el Índice de desarrollo humano se toma en cuenta tres dimensiones, según Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014): a) una vida larga y saludable; b) capacidades para adquirir conocimientos, y c) tener recursos, para que se lleve un nivel de vida digno. Este índice es un promedio de las condiciones en los países.

Si bien el estado de Guanajuato presenta un alto Índice de desarrollo humano, hay regiones donde dicho índice es más bajo, donde las condiciones de vida son malas. A diferencia del corredor industrial del estado, en Guanajuato los municipios con menor Índice de desarrollo humano son Xichú (0.582), Atargea (0.587) y San Diego de la Unión (0.597).

El Índice de desarrollo humano se estima con los índices de salud, educación e ingreso. En este sentido, los municipios con menos Índice de desarrollo humano en cuanto a salud son Atargea (0.751), Victoria (0.752) y San Felipe (0.767). En la parte de educación, son los municipios de Xichú (0.435), Ocampo (0.457) y Manuel Doblado (0.458) los que presentan un menor índice. Como se observa, la mayor parte de dichos municipios son del norte de Guanajuato (figura 1). En cuanto a los municipios con menor índice de ingreso, están Xichú (0.552), Atarjea (0.557) y Santa Catarina (0.566), también ubicados en el norte del estado. Según el PNUD, es en educación donde existe la mayor brecha en Guanajuato.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014, p. 56)

Figura 1 Índice de desarrollo humano, por municipio, en el estado de Guanajuato 

En el mapa anterior observamos que los municipios del corredor industrial tienen mayor Índice de desarrollo humano (municipios en verde), pero también es ahí donde la violencia ha aumentado de manera alarmante.

En la tabla 2, el PNUD nos muestra los municipios con los índices más altos en los componentes de salud, educación e ingreso. Como se corrobora, es en el componente de educación el que está más bajo.

Tabla 2 Dimensiones del desarrollo humano en Guanajuato (2010) 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2014, p. 57)

Se parte del supuesto de que en lugares con alta marginación es donde la violencia permea o es más alta, pero tal afirmación no necesariamente se observa en Guanajuato. En este estado, son los municipios como Celaya, Irapuato, León, Villagrán, Silao y Salamanca, que integran el corredor industrial, los que tienen altos índices de desarrollo humano (IDH), así como los mejores índices de salud, educación e ingreso. Y, sin embargo, es en esos municipios donde los mayores hechos de violencia se han presentado y donde los cárteles de la droga están peleando por esos territorios; donde más asesinan mujeres, también es en los municipios de León y Celaya. ¿Qué pasa en esos municipios?, ¿cómo analizar lo que sucede? Hay que tener en cuenta que los hechos delictivos ocurren, muchas veces, en colonias marginadas de esas zonas, no olvidemos que el IDH es un promedio y no refleja todas las realidades de las zonas. En el siguiente mapa, se observa la llegada y control del territorio de grupos delincuenciales en Guanajuato (figura 2).

Fuente: Saucedo, David (2019) en PopLab Periodismo y opinión pública⁶

Figura 2 Mapa de la guerra de los cárteles en Guanajuato, México 

En el mapa anterior se observan las zonas de combate con mayor intensidad (se ilustran con fuego). La mayor parte de ellas están en el corredor industrial: León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y los Apaseos -aunque hay más municipios al sur-, y San Miguel de Allende.

Dentro de estas zonas de alto desarrollo se encuentran otras, las que sostienen dicho desarrollo, las colonias marginadas de las que salen las personas a trabajar en las industrias de esos municipios, y que no alcanzan los niveles de ingreso que se presentan en el PNUD. Y también la mano de obra que sale de los municipios menos afortunados. Cada día, en tres horarios diferentes, llegan los autobuses de las industrias de Celaya a colonias y pueblos de Salvatierra y de otros municipios aledaños, ubicados en el sur del estado. De ahí la importancia de analizar los datos a la luz del nivel micro y no solamente de promedios.

Esta zona del estado, formada por los municipios con más alto Índice de desarrollo humano (los que están en verde en el mapa), llamada el corredor industrial del estado, es donde no solamente se producen enfrentamientos violentos, sino que, desde antes del 2016, es la zona donde más asesinan mujeres. Antes de la violencia que generan estos grupos, ya era una zona de alarma para la vida de las mujeres; ahora es la región donde más mujeres han sido asesinadas.

Si nos atenemos a las cifras que presenta ^{María Salguero (2020)}, hay un incremento exponencial en los feminicidios en el estado de Guanajuato, como lo muestra la figura 3:

Fuente: ^{Salguero, M. (2020})

Figura 3 Feminicidios en Guanajuato, por año, desde 2015 

Las muertes violentas de mujeres no son nuevas en el estado, se han perpetrado desde antes de 2010, pero se observa una especie de uniformidad (es decir, las cifras no variaban mucho y, antes de 2016, no pasaron de 100 casos, que de por sí ya son muchos). Pero hacia finales de 2016 e inicios del 2017, este patrón cambió; las cifras se elevaron, superando los cien casos (figura 4). ¿Qué fue lo que ocurrió?

Fuente: ^{Salguero, M. (2020)}

Figura 4 Acercamiento de Guanajuato del Mapa de los feminicidios en México, realizado por María Salguero 

A diferencia de los años anteriores, a finales de 2016 y los años que siguieron, los asesinatos de mujeres han cambiado de patrón y se han disparado, comparados, como ya lo dijimos, con años anteriores, si bien es cierto que la violencia hacia las mujeres, la violencia feminicida, iba en aumento, tal como lo señalan las estadísticas de las Endireh, como se observa en las notas de los periódicos locales.

El patrón que habíamos observado en otros años, donde había más mujeres asesinadas en el corredor industrial del estado de Guanajuato, se mantiene, solamente que ahora, debido a la lucha entre los diferentes grupos por el control de los territorios a los que se les ha llamado el triángulo del «huachicol»⁷, las muertes de ellas aumentaron. Los asesinatos de mujeres, solamente a junio del 2020, alcanzaron la cifra récord de 156, de un total de 225. Los datos, obviamente, ya cambiaron; en esta zona incluimos León, Irapuato, Silao, Salamanca, Celaya, Cortazar, Apaseo El Alto y Apaseo El Grande.

Si bien es cierto que es en esa zona donde existe un mayor número de mujeres asesinadas, en todo el estado los asesinatos están presentes, de una forma o de otra. Muchas de las mujeres asesinadas tienen vínculos con hombres perseguidos o que son el foco central del atentado. Lo mismo relata ^{Estela Casados (2016)} para el estado de Veracruz, donde ella afirma que cuando la violencia perpetrada por el crimen organizado aumentó, también aumentaron los feminicidios, pero no fueron clasificados así porque las autoridades decían que eran «ajustes de cuentas», lo que hace que exista un subregistro de los casos.

Pero analizar la violencia de género y los feminicidios en el estado no está separado de lo que ocurre en la sociedad guanajuatense, con el aumento de la violencia en la que participan, mayormente, los hombres, ya que los crímenes contra mujeres se basan fundamentalmente en esas condiciones de vida (^{Lagarde, 2006, p. 28}):

Es imposible hoy el problema de la violencia de género y la letalidad en aumento de las mujeres, como si fuera un tema separado de la situación de intemperie de la vida, con la suspensión de las normativas que dan previsibilidad y amparo a las gentes dentro de una gramática compartida. (^{Segato, 2018, p. 14})

Coincidimos con Segato, ya que en el estado de Guanajuato los crímenes contra las mujeres han aumentado, como se observa en la tabla 3, porque las condiciones sociales y de impunidad así lo han permitido, y dichos asesinatos siguen perpetrándose porque las condiciones de vida de las mujeres son muy precarias y no existe ese sustento social de la vida de ellas. Esta zona del país se ha caracterizado por su ideología machista enraizada muy profundamente en la sociedad, además de ser un estado profundamente conservador y religioso, lo que no apoya a los derechos de las mujeres ni otros grupos, como los LGBTQI⁸.

En 2019, con el nuevo gobierno federal, comenzó la lucha contra los «huachicoleros», quienes roban la gasolina y la venden en el mercado negro, propiciando grandes pérdidas para la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Se trató de eliminar a las mafias que se posicionaron en Guanajuato, encabezadas por José Antonio Yépez Ortiz, alias «el Marro», líder del Cártel de Santa Rosa, y parecen perder ingresos por esas actividades ilícitas. Al mismo tiempo que crecen los asesinatos de mujeres (supuestamente ligadas a actividades ilícitas), repunta, de manera repentina, la modalidad del secuestro de mujeres. En una sola semana de 2020 secuestraron a diez mujeres de los municipios de Celaya y Salamanca, más las que se han sumado en estos meses, a pesar de la pandemia⁹. En las redes sociales se observan cada vez más denuncias de mujeres desaparecidas, en su mayoría muy jóvenes. Se han encontrado algunos cuerpos femeninos, aunque una de ellas regresó con vida y muy golpeada. Entonces surge la interrogante: si el negocio del «huachicol» va en declive, ¿por qué no seguir en actividades ilícitas, utilizando los cuerpos de las mujeres? Pensamos que este repunte del secuestro de mujeres puede deberse, entre otros motivos, al problema de la trata de personas:

La trata de mujeres y niños para su explotación sexual representa al 87% de las víctimas no contabilizadas (UNODOC, 2006: 33). La trata de mujeres y niñas forzadas abastece todas las formas de la industria del sexo, prostíbulos, prostitución callejera y acompañantes, clubes de strippers pornografía, prostitución militar y sitios turísticos de la prostitución (^{Jeffreys, 2011, p. 191}).

Rita Segato afirma que “en la trata y en los feminicidios propios del orden bélico mafioso y de la esfera paraestatal que se expande en el continente, no es únicamente la materialidad del cuerpo de la mujer lo que domina y comercia, sino su funcionalidad en el sostenimiento del pacto del poder” (^{Segato, 2016, p. 22}).

Pareciera que en Guanajuato hay un cambio positivo en las condiciones económicas del estado; por un lado existe una zona de muy fuerte empuje económico -la zona del corredor industrial-, pero con bajos niveles salariales, lo que crea un caldo de cultivo idóneo para la producción de sujetos endriagos. Se produce una precarización, pero al mismo tiempo hay un bombardeo para el consumo, el cual se convierte también en una forma de reconocimiento social.

Los sujetos endriagos, entonces, utilizan la violencia para hacerse de recursos económicos para el consumo, pero la violencia se ha convertido también en una mercancía, en algo que se consume a diario en esta sociedad (^{Valencia, 2010}).

Rita Segato habla del deseo de las cosas por los individuos despojados:

Sólo con sujetos desgajados y vulnerables, el mundo de las cosas se impone: las lecciones de las cosas, la naturaleza cosa, el cuerpo cosa, las personas cosas, y su pedagogía de la crueldad que va imponiendo la estructura psicopática, de pulsión no vincular, sino instrumental, como personalidad modal de nuestros tiempos. (^{Segato, 2016, p. 30})

No es solamente la producción y consumo de bienes. Hay un consumo de cuerpos masculinos y femeninos, aunque los cuerpos de las mujeres son, y siempre han sido, para el consumo de los hombres, mientras que los masculinos han sido víctimas de una lucha entre diversos cárteles o grupos delincuenciales.

A decir de Segato, el clima que se vive en la actualidad es el del Estado compitiendo con las instancias no estatales por el control de la población (Segato, 2016), lo cual se observa claramente en el caso de Guanajuato, donde diversos cárteles compiten por la venta de hidrocarburos, drogas y cuerpos:

Por el efecto del paradigma del biopoder, la red de los cuerpos pasa a ser el territorio, y la territorialidad pasa a ser una territorialidad del rebaño en expansión. El territorio, en otras palabras, está dado por los cuerpos […] la jurisdicción es el propio cuerpo, sobre el cuerpo y en el cuerpo, que debe ser ahora el bastidor en que se exhiben las marcas de la pertenencia. (^{Segato, 2016, p. 67})

En el caso de los cuerpos de las mujeres guanajuatenses, la práctica del «pastoreo» es cada vez más utilizada. El 2 de octubre de 2020, en la comunidad de Juan Martín, de la ciudad de Celaya, dejaron el cuerpo de una mujer junto a la iglesia del lugar; la dejaron boca arriba, con mucha sangre y su cabeza (desprendida del cuerpo) sobre una cartulina con un mensaje de amenaza de algún grupo del crimen organizado (Código Postal, 2 de octubre, 2020).

También se puede decir que esa forma contemporánea de territorialidad en red es un dispositivo a través del cual los sujetos son atraídos a la pertenencia, reclutados y marcados. (^{Segato, 2016, p. 67})

Para muchos guanajuatenses, pertenecer a un cártel -si no se está en el bando ganador- es sinónimo de muerte prematura. En esta guerra que se libra en el estado, octubre de 2020 inició sangriento, como todos los meses. Hombres y mujeres han sido asesinados, 77 en cinco días, 17 en un solo día (El Universal, 16 de octubre, 2020); la nota periodística dice que limpiarán el estado, se entiende que del otro o de otros cárteles, como el cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo cabecilla ahora está en la cárcel. En estos hechos, al menos tres mujeres han sido asesinadas; sus cuerpos fueron debidamente reconocidos, aunque de los restantes no se sabe si son hombres o mujeres: varios de los restos han sido encontrados en bolsas negras de basura.

La nueva forma de territorialización se desplaza fuertemente hacia el cuerpo de las mujeres por ser éste, históricamente, parte de las prácticas de propiedad, orientadas a la ganancia o pérdida de territorio (^{Segato, 2016}). Los cuerpos son el nuevo territorio y el control de ellos es la última forma de vigilancia; las nuevas guerras accionan en ese territorio ya que “los cuerpos y su ambiente espacial inmediato constituyen tanto en el campo de batalla de los poderes en conflicto como el bastidor donde se cuelgan y exhiben las señales de su anexión” (^{Segato, 2016, p. 70}).

El problema es que quienes integran los grupos delictivos¹⁰, con lo que ganan no alcanzan a ser consumidores de cosas (por lo que no tienen el reconocimiento social que buscan), y no tienen poder económico. Viven en condiciones, muchas veces, paupérrimas, de manera que son sus cuerpos los consumidos, y cuando sean asesinados, llegarán otros que los sustituyan, y también mujeres muy jóvenes. En este caso, Valencia (2016) afirma que los sujetos endriagos combinan la lógica de la carencia con la lógica del exceso y de la frustración, por lo que buscan modos de acción ilegítimos para compensar sus carencias y cumplir con su rol de “macho proveedor”.

¿Narcofeminicidios?

Como mencionamos arriba, los asesinatos de mujeres se han disparado desde finales de 2016. En la tabla 3 se pueden apreciar los datos. En contextos como el guanajuatense, donde la violencia derivada de grupos delictivos se ha acrecentado, “aumenta la gravedad de los hechos violentos y los asesinatos de mujeres, al mismo tiempo que disminuye la denuncia por parte de los familiares de mujeres asesinadas por el temor de que sus hijas-víctimas sean asociadas con estas organizaciones criminales” (^{Ochoa y Calonge, 2014} en ^{Ramos et al., 2016, p. 660}).

Tabla 3 Número de asesinatos de mujeres en el estado de Guanajuato (2016-2020) 

Fuente: Elaboración propia con base en la revisión hemerográfica de medios locales.

De acuerdo con las autoridades estatales, muchas de estas mujeres han sido asesinadas por la cercanía que tenían con hombres ligados a actividades ilícitas, pero oficialmente solo 14 de estos asesinatos son considerados feminicidios con respecto del Código penal. En esta parte del trabajo, analizamos a las 115 mujeres cuyas muertes se pueden considerar feminicidios legales; es decir, en acuerdo con los criterios que propone el Código penal del estado de Guanajuato, descrito arriba.

En 2020, de los casos que hemos contabilizado a junio, al menos 115 podrían ser considerados feminicidios legales, aunque solamente se reconocen 14. La menor de ellas tenía apenas 24 horas de nacida. Muchas fueron asesinadas con armas de fuego y con el modus operandi del narco, es decir, a través de sicarios en carros o motos que les disparan. Dos de ellas eran policías de dos municipios distintos. Dejaron sus cuerpos en carros, caminos vecinales, en cerros, calles de ciudades, carreteras, en un hotel y, a algunas, en sus casas. Hubo una mujer descuartizada y dos quemadas. Muchas de ellas tenían huellas de tortura. A una de las mujeres la colgaron en un puente en Celaya y le pusieron una cartulina con un mensaje. De algunas, los medios dijeron que vendían droga. Solamente dos hombres fueron señalados en estos 115, como responsables de dos feminicidios. El resto de los asesinatos pueden quedar impunes, sobre todo si se les relaciona con el crimen organizado.

En el caso de las mujeres asesinadas en Juárez, ^{Segato (2013)} afirma que la impunidad puede entenderse como un subproducto de los crímenes del narcotráfico, al tiempo que los crímenes son un motor de reproducción de la impunidad, lo cual se puede aplicar también para los casos que ocurren en Guanajuato, aunque las condiciones y situaciones no sean iguales.

Mujeres y narco

En la literatura se distinguen varias categorías en cuanto a mujeres que participan en organizaciones criminales: mujeres que participan activamente (de alto o bajo rango criminal); mujeres «trofeo», entre las que se encuentran las esposas y amantes de narcos, narquillos, vendedores menores y sicarios de todos los niveles, y las que son familia de ellos, sobre todo madres e hijas, además de las esposas (^{Proaño, 2018}). También se habla de las «buchonas»¹³, al estilo de las sinaloenses, y de sicarias. Se han publicado libros sobre la participación de mujeres en los grupos del crimen organizado, quizá mezcla de realidad y de ficción, escritos por periodistas (^{Nieto, 2013} y ^{Santamaría, 2012}). Sin embargo, al menos en el sur del estado de Guanajuato, que es desde donde escribimos, aún no se han reconocido mujeres que estéticamente puedan ser fácilmente identificables; en esta parte, todavía no es tan clara la existencia de «buchonas» ni hemos encontrado referencias periodísticas sobre mujeres sicarias, pero sí vendedoras y consumidoras, además de las que tienen relaciones familiares o sentimentales con hombres participantes en esos grupos.

Mencionamos el tipo de mujeres que “tradicionalmente” se relacionan con hombres de la delincuencia organizada, porque varias de las que han sido asesinadas en Guanajuato son vendedoras, consumidoras o parejas de los hombres relacionados con grupos delictivos.

Por ejemplo, en el sur del estado han asesinado a mujeres adictas, que no vendían pero que estaban con hombres pertenecientes a alguno de los grupos delictivos, aunque no todas como pareja, en el momento en que fueron asesinados. El 16 de enero de 2018, los periódicos locales¹⁴ informaron de un múltiple asesinato; la noche anterior, un comando armado irrumpió a las 10:15 p.m. en el domicilio y abrió fuego contra seis personas que se encontraban en el lugar. Tras el ataque, cayeron muertas tres mujeres y dos hombres en el lugar, uno de ellos fue trasladado para recibir atención médica en un hospital de la localidad. Por informantes de la comunidad de origen de ellas, se sabe que eran solamente consumidoras, pero las mataron junto con los hombres ligados al narco.

Otras mujeres han sido asesinadas por ser testigos de ejecuciones, es decir que estuvieron en el lugar equivocado. Una de ellas, maestra de primaria, vio cómo se llevaron a un joven de un puesto de comida; posteriormente la mataron. Otra mujer, vendedora de periódicos, quien supuestamente vio algo que no debía, fue secuestrada y más tarde encontraron su cuerpo desmembrado.

También ocurren asesinatos por mantener un negocio de narcomenudeo, como el caso de una mujer que fue asesinada, junto con su hija de 12 años, meses después de que su esposo fuera ejecutado. Se decía que ella se había quedado con el negocio de venta de drogas (ventas de menor escala, pues no eran personas con grandes recursos económicos). En Silao también se reportó, en 2018, el asesinato de una mujer, supuestamente vendedora de droga; en estos dos casos, los asesinos iban directamente a matarlas, no murieron porque fueran acompañantes de algún hombre.

^{Segato (2013)} afirma que los hombres que violentan a las mujeres lo hacen con el fin de reafirmar su dominio. Se trata de un acto de ostentación de la interpretación más extrema de la masculinidad, la capacidad de agresión, que demuestran mediante el asesinato tanto de los oponentes como de las mujeres. Como explica ^{Arteaga (2010)}, estos hombres son «patriarcas despojados», cuya única forma de reafirmarse como «hombres» (violentos y controladores) es por medio de la violencia y del asesinato de sus esposas. En este caso, los miembros del cártel (si ganan, los «más machos»), al asesinar a mujeres y hombres reafirman su superioridad sobre los hombres del grupo contrario, les enseñan “quién manda”. Para Segato, los feminicidios son actos comunicativos, hay un autor y un público que recibe el mensaje de sus actos violentos y feminicidas.

En otras palabras, en este escenario, los actos de violencia son una forma de lenguaje, claramente comprendido por quienes participan del contexto (^{Segato, 2013, p. 31}). Esto se mostró, incluso para los no entendidos, cuando exhibieron el cuerpo de una mujer colgando de un puente en la ciudad de Celaya, con un mensaje dirigido a otro grupo. Con estos asesinatos se les dice a «los otros» que este es su territorio y que pueden matar para demostrarlo, y de hecho, lo hacen. Matan a las mujeres ligadas, real o supuestamente, a miembros de cárteles o de la policía, para demostrar quién controla a quién.

Sin embargo, en estos y otros crímenes, la sociedad general tiene una especie de malestar, que urge una explicación para la violencia. Si “debe haber una razón”, entonces se culpa a la víctima: las matan porque estaban con los grupos del crimen organizado, porque robaban, porque se drogaban, porque eran prostitutas, porque vestían de cierta forma, porque… son mujeres que supuestamente pertenecen a los «otros bandos».

En las guerras modernas -por ejemplo, la de Bosnia-, para aniquilar a los enemigos violaban a las mujeres de esos grupos: “Las mujeres pueden ser vulnerables si se las considera como símbolos de la identidad cultural y étnica y como procreadoras de futuras generaciones” (^{Moreyra, 2007, p. 161}). En el caso de Guanajuato, ellas son asesinadas.

Reflexiones finales

Queda claro que, debido a la disputa por el territorio que tienen los cárteles, tanto los locales como los foráneos que han ingresado al estado, las violencias hacia las mujeres han aumentado de forma alarmante. Ya que gran parte de esa violencia está ligada al crimen organizado, cuando ocurren asesinatos de mujeres éstos no son clasificados como feminicidios ni investigados como tales, aun cuando pudieran cumplir con algún criterio expresado en el Código penal del estado de Guanajuato, a los cuales nosotras los llamamos «feminicidios legales».

Definir el feminicidio legal a partir de una perspectiva exclusivamente jurídico-penal, puede incluso omitir la realidad que se esconde en diversas situaciones. Es decir que dicha definición legal, que además es interpretada por los peritos, jueces y abogados, hace que no se reconozcan muchos asesinatos como feminicidios, lo cual enmascara una realidad donde hay, efectivamente, como dice Marcela Lagarde, un genocidio contra las mujeres, donde el contexto social permite y facilita los feminicidios y los deja impunes.

En Guanajuato, de la mayoría de los asesinatos de mujeres, se desconoce al perpetrador; pero, además, el hecho de que las asesinen junto a hombres relacionados con el crimen organizado automáticamente les resta su carácter de feminicidio, por lo que tampoco se investigan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en el caso de Mariana Lima Buendía, que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio; con ello sentó un precedente, pero en la realidad no se lleva a cabo. No hay tiempo, no se entiende el concepto de feminicidio (o no se quiere entender) ni tampoco se comprende qué es investigar con perspectiva de género en estos y otros casos.

Segato afirma que los crímenes ocurridos en Ciudad Juárez han sido perpetrados por un segundo Estado, un Estado paralelo al legal, que es lo que ahora ocurre en Guanajuato. Estos grupos dominan el territorio geográfico, imponen sus reglas y sus tiempos y dominan también los cuerpos de hombres y mujeres, que son expuestos a la violencia que ellos mismos producen.

Los asesinos no solo buscan matar a los contrarios, sino borrar todo rastro que quede de ellos, por eso matan a las clientas, a las esposas, a niñas, niños y bebés, así como a mujeres embarazadas, que no tienen otra culpa que vivir o estar en compañía de esos hombres.

A pesar de la pandemia que sacude al mundo, al país y a Guanajuato, los asesinatos de mujeres y hombres no han dejado de ocurrir; la curva de éstos también parece no tener fin. Recientemente, ha sido capturado el jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz (^{El Universal, 2 de agosto, 2020}), aunque dos días después hubo diez asesinatos y continúa la violencia, así como las desaparecidas y luego encontradas en fosas clandestinas.

Insistimos en que la lucha entre los grupos delictivos aumenta los asesinatos de mujeres, pero también aumenta su impunidad, pues no son investigados, aun cuando muchos de ellos pueden ser considerados feminicidios legales. Sin embargo, el resultado de esta violencia y de la impunidad es la facilidad que encuentran los hombres para asesinar a las mujeres, incluso bajo la complicidad de una misoginia internalizada de la sociedad en la que se perpetran tales crímenes.