DEBATES

Presentación
Aborto: Aportes jurídico - políticos

El interés de Mora en retomar el estado de situación de la problemática del aborto en la Argentina, se remonta en su génesis a la discusión propuesta por la revista en 2002, momento en que se sancionó la Ley 25.673 y por la que se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Éste tuvo como contexto una intensa discusión parlamentaria, precedida por la sanción de la Ley 418 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un marco de alta conflictividad con fuerte incitación por parte de grupos integristas confesionales
     Desde entonces, se ha recorrido un camino muy intenso y enriquecedor a lo largo del cual se procuró suscitar una discusión reflexiva, que permitiera arribar finalmente a la despenalización del aborto y a su inclusión seria en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos, en lugar de localizar la cuestión en el campo de la moralidad religiosa.
     Desde el Ministerio de Salud, el estado argentino ha reconocido que los daños derivados de las prácticas de abortos clandestinos realizadas sin el control sanitario correspondiente, constituyen un problema de salud pública que afecta a la salud reproductiva de las mujeres y que debe incorporarse al debate en torno de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y varones, así como de otras identidades sexuales.
     Por ello, hemos decidido centrar el debate en la arena política y sobre todo jurídico-política. Desde 2002, la Argentina cuenta con leyes nacionales, como la de la ciudad de Buenos Aires, que han sido el motor de transformaciones a las que luego se fueron sumando las provincias. Ante la existencia de leyes que reconocen los derechos de mujeres y varones a decidir cómo y cuándo tener hijos, y al haber reconocido el Estado su responsabilidad sanitaria en el cuidado de la salud reproductiva, diferenciándola así de la salud sexual, sólo restaba lograr una instancia que sanitariamente debió ser previa, pero cuya tardía sanción revela la intensidad del debate ideológico-político: la sanción de la Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Este plan fue sistemáticamente cuestionado por diversos sectores del campo social, político y religioso que ya habían hecho oír sus voces -no siempre en forma tolerante y democrática- en los ámbitos parlamentarios de discusión de los proyectos. Con el pretexto de evitar el temido desenlace de la sanción de una ley del aborto, diversos grupos políticos y de la sociedad civil, en clara sintonía con los intereses de los sectores más conservadores de la iglesia católica, y entre los que no estuvieron ausentes otros grupos confesionales, intentaron detener el debate que finalmente derivó en la sanción de la Ley Nacional en octubre de 2006, en forma casi simultánea a la Ley 2.110 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
     En este sentido, 2007 es un año clave para que el conjunto abrumador de leyes (Ley 23.849 de Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; Ley 23.179 de Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Ley 26.061 de protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras) finalmente guíe y respalde la gestión de los funcionarios públicos hacia un efectivo respeto por los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Democratizar el derecho de todas las personas (tanto infantes como adultas) a conocer los procesos biopsicológicos de la reproducción humana para que las niñas, los niños, las y los jóvenes puedan elegir en libertad la forma y los medios por los cuales deseen ejercer su sexualidad o evitar la reproducción no deseada en forma autónoma, es tal vez el desafío más importante que deben enfrentar de ahora en más las funcionarias y los funcionarios.
     En esa dirección, debemos destacar el papel decisivo e impulsor de los movimientos de mujeres en la Argentina, y el modo en que su práctica ha permitido enriquecer un debate que va más allá de la ley del aborto para ubicar el problema en la conflictiva arena de los derechos sexuales y reproductivos, tributarios de la existencia de los derechos humanos para el conjunto de los miembros de la sociedad.
     Por las razones expuestas, invitamos a participar del presente dossier a tres funcionarias, cuya responsabilidad en la esfera pública las ubica en la inquietante posición de producir los cambios que la práctica ciudadana está demandando desde hace ya muchas décadas y que la práctica jurídica e ideológico- política reproduce obstinadamente en detrimento de los grupos sociales más desprotegidos, con alto costo de vidas femeninas y con una cuota de responsabilidad incluso a veces criminal por parte de amplios sectores de las instituciones públicas y privadas de la sociedad argentina.
     La doctora Mabel Gabarra aborda críticamente la situación del aborto en la Argentina dentro del campo del Derecho, a partir de la gestión de las organizaciones feministas en Rosario (Santa Fe) y en el nivel nacional. Es integrante de la comisión que articula las discusiones entre el movimiento de mujeres y los organismos del Estado (poder judicial, legislativo y ejecutivo). Por su parte, la doctora Graciela Rosso reconoce el status de alarma sanitaria en la morbimortalidad de mujeres en edad reproductiva, tanto por causas directas como indirectas vinculadas a la práctica clandestina del aborto y como asignatura pendiente en el marco de los derechos sexuales y reproductivos para la ciudadanía.
     Finalmente, la licenciada Ana González desarrolla el estado actual de los procesos por los que el estado argentino ha intervenido en los foros internacionales. Incorpora en su análisis los cambios necesarios para transformar viejas estructuras jerárquicas de poder: interpersonales, locales e institucionales que aún esperan la incorporación efectiva de las convenciones y los estatutos internacionales de los que la Argentina es miembro firmante.
     Es nuestro interés poner en evidencia que el tiempo transcurrido desde 2002 hasta la fecha ha requerido un gran esfuerzo colectivo y la participación activa de mujeres y varones comprometidos en la lucha por el ejercicio de una democracia real, en la que los derechos de las personas no permanezcan como mera expresión declamatoria en el espíritu de los documentos del Estado, sino que se concreten efectivamente en las prácticas cotidianas de la ciudadanía.

Ana Domínguez Mon